Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-05220-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-05220-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-05220-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
25 de enero de 2024
Demandante: Rashid Hernando Ali Cárcamo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración
de la Carrera Judicial y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05220-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05220-01
Demandante: RASHID HERNANDO ALI CÁRCAMO
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN DE LA CARRERA JUDICIAL Y OTRO
Temas: Acción de tutela contra la convocatoria 27 de la Rama Judicial. Se
cuestionan las decisiones proferidas en el marco del concurso para
jueces y magistrados de la Rama Judicial. Se confirma la decisión
de primera instancia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación formulada por la parte accionante, contra la sentencia
proferida el 9 de noviembre de 2023, dictada por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado que negó el amparo deprecado del derecho fundamental de petición porque la
respuesta fue clara, congruente y conforme a lo solicitado. Así mismo, declaró la
improcedencia de la acción de tutela solicitada al no satisfacer el requisito de
subsidiariedad.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Mediante escrito presentado el 20 de septiembre de 20231, el señor Rashid Hernando
Ali Cárcamo actuando en nombre propio instauró acción de tutela en contra del
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y la
Universidad Nacional, con el fin de que le sean amparados sus derechos
fundamentales de petición, debido proceso administrativo, acceso a cargos públicos,
trabajo e igualdad.
El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la exclusión efectuada por la entidad accionada en el concurso de méritos
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Acción de tutela presentada por medio de correo electrónico dirigido a cseradmcvifml@cendoj.ramajudicial.goc.co.
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Demandante: Rashid Hernando Ali Cárcamo
Demandados: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración
de la Carrera Judicial y otro
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denominado convocatoria 27, bajo las causales número 3.1. y 3.52 del artículo 3 del
reglamento de la convocatoria.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
2) DEJAR SIN EFECTO parcialmente la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero
de 2023, mediante la cual se admitió al concurso de méritos a algunos aspirantes,
al tiempo que rechazó mi postulación por supuestamente no acreditar las calidades
señaladas en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018, específicamente respecto de
la exclusión de aspirantes del concurso Convocatoria 27 por la configuración de
las causales de rechazo 3.1 y 3.5. del artículo 3° del Acuerdo PCSJA18-11077 del
16 de agosto de 2018, y en su lugar, ORDENAR a la unidad de administración de
la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este pronunciamiento,
emita un nuevo acto administrativo, adelantando los trámites a que haya lugar,
para permitirme continuar con el concurso.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
Mediante el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior
de la Judicatura convocó a concurso de méritos para la provisión de cargos de
funcionarios de la Rama Judicial (Convocatoria Nro. 27). El señor Ali Cárcamo participó
en el referido concurso de méritos obteniendo 803.46 puntos en las pruebas de
aptitudes y conocimientos.
El Consejo Superior de la Judicatura mediante la Resolución CJR23-0061 decidió la
admisión de los aspirantes al concurso a la luz del cumplimiento de los requisitos
mínimos requeridos. En la referida resolución se excluyó al accionante con fundamento
en las causales de rechazo 3.1. y 3.5. del Acuerdo PCSJA18-11077, las cuales son:
no acreditar la condición de colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio y no
presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e
incompatibilidades.
El 9 de febrero de 2023 el señor Rashid Hernando Ali Cárcamo presentó solicitud de
verificación de los documentos cargados a la plataforma debido a que este
consideraba que sí había digitalizado copia de la cédula de la ciudadanía y la
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3. CAUSALES DE RECHAZO Serán causales de rechazo, entre otras:
3.1. No acreditar la condición de colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio.
3.5. No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades.
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declaración de no estar incurso en inhabilidades e incompatibilidades para el ejercicio
del cargo.
A través de oficio CJO23-763 del 20 de febrero de 2023, la Unidad de Administración
de Administración de Carrera Judicial comunicó al peticionario sobre los documentos
cargados en la plataforma «Kactus» durante el periodo de inscripción.
Además, por medio del oficio CJO23-1638 del 17 de marzo de 2023, la Unidad de
Administración de Carrera Judicial comunicó una nueva respuesta a la solicitud
presentada y advirtió que revisados los documentos aportados durante la fase de
inscripción no se evidenció que se aportaran los documentos en formato PDF de la
cédula de ciudadanía por ambas caras, ni la declaración juramentada de ausencia de
inhabilidades e incompatibilidades.
De acuerdo con el referido oficio, se dispuso que no era posible generar el estado de
admitido del accionante. La Corte Suprema de Justicia en sentencia de tutela el 31 de
mayo de 2023 amparó los derechos fundamentales de las personas excluidas de la
connotaría 27 con fundamento en el numeral 3.5.
Como consecuencia de lo anterior, dejó parcialmente sin efectos la Resolución CJR23-
0061 del 8 de febrero de 2023 y ordenó a la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura que, expidiera un nuevo acto
administrativo en el que permita que las personas favorecidas y cobijadas por esta
decisión puedan continuar con el concurso.
1.4. Fundamentos de la vulneración
Explicó que la acción de tutela es procedente en cuanto a que cumple con los
requisitos de relevancia constitucional, subsidiariedad e inmediatez. Así mismo indicó
que, existe un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto por vulneración del
derecho fundamental al debido proceso.
Lo anterior debido a que, la exclusión del accionante se dio por la causal 3.1. del
artículo 3 del reglamento de la convocatoria 27, sin importar que probó en multiplicidad
de situaciones su identidad, nacionalidad y el goce de estar en ejercicio pleno de sus
derechos civiles. Esto, en razón a que, el señor Ali Cárcamo creó un aplicativo
correspondiente con sus datos de identificación.
Además, en la prueba de aptitudes y conocimientos se le solicitó físicamente el
documento de identidad, firmó los formularios respetivos y plasmó su huella digital. De
otra parte, los documentos aportados como soporte de estudio y experiencia laboral
corroboraran su identidad y nacionalidad.
Sumado a lo dicho, afirmó que el Decreto 019 de 2012 «Por el cual se dicta normas
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para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios
existentes en la Administración Pública» en su artículo 9 dispuso la prohibición de
exigir documentos que reposan en la entidad.
El accionante sostuvo que sí aportó la cedula de ciudadanía, así como la tarjeta
profesional y los demás documentos como certificados de las entidades solicitadas
frente a los que la entidad accionada guardó silencio. Reiteró que, existen otros
documentos que daban plena certeza de la identificación, nacionalidad y ejercicio de
los derechos civiles. Por lo tanto, excluirlo del concurso por no haber aportado la cédula
es una vulneración a un derecho sustancial con lo cual se materializa un defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
Argumentó que el artículo 127 de la Ley 270 de 1996 estableció los requisitos para
desempeñar los cargos de funcionarios de la Rama Judicial como ser colombiano de
nacimiento, ciudadano en ejercicio, estar en pleno goce de sus derechos civiles y no
estar incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad.
En esa medida, explicó que, ante la aceptación de la entidad demandada del
certificado de empleado de la Fiscalía General de la Nación desde el 16 de marzo de
2017, en el cargo de fiscal delegado ante Jueces Penales Municipales y Promiscuos,
en criterio del accionante, el referido certificado corroboraba que es un ciudadano
colombiano de nacimiento y en pleno ejercicio de los derechos civiles y que no se
encontraba incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad. Por tanto, solicitó la
primacía del derecho sustancial sobre el formal.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El magistrado ponente en primera instancia, por auto del 27 de septiembre de 2023,
dispuso: i) admitir la acción de tutela; ii) negar la medida provisional solicitada, y iii)
notificar a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura y a la Universidad Nacional de Colombia.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:
1.6.1. Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrerea
Judicial
A través de memorial presentado el 4 de octubre de 2023, la entidad sostuvo que no
ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante. Esto, en razón a que las
funciones atribuidas por la Constitución Política de Colombia a esta tienen la potestad
para administrar la carrera judicial y en virtud a esto expidió el Acuerdo PCSJA18-
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11077 del 16 de agosto de 2018 «Por medio del cual se adelanta el proceso de
selección y se convoca al concurso de méritos para la provisión de los cargos de
funcionarios de la Rama Judicial»
En esa medida, explicó que, las personas que decidieron inscribirse al concurso se
obligaron a cumplir los lineamientos de su convocatoria. Entonces revisada la
plataforma «Kactus» se verificó que el accionante no aportó los documentos en
formato PDF contentivos a la cédula de ciudadanía por ambas caras y la declaración
juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades como lo estableció el
Acuerdo de la Convocatoria.
Sostuvo que «el Decreto 019 de 2012, “Por el cual se dictan normas para suprimir o
reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública.” no es de aplicación a los concursos de méritos de la Rama
Judicial, en los cuales la carga de la prueba está a cargo de la persona que se inscribe
a una convocatoria, máxime cuando el cargo es para funcionario de la Rama Judicial,
evento en el cual, se deben acreditar todos los requisitos mínimos.»
Además, explicó que, de acuerdo con la orden judicial contenida en la providencia del
31 de mayo de 2023, la cual resolvió dejar sin efecto parcialmente la Resolución
CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023. «Por lo tanto, de conformidad con lo anterior y
en cumplimiento de una orden judicial, la Unidad de Administración de la Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura expidió la Resolución CJR23-0213 de 8
de junio de 2023, en la que se admitió a los aspirantes que únicamente habían sido
excluidos por dicha causal. Dentro del caso particular, se hace necesario precisar que
el aspirante RASHID HERNANDO ALI CÁRCAMO no fue incluido, toda vez que
tampoco acreditó en debida forma la condición de colombiano de nacimiento y
ciudadano en ejercicio.»
Argumentó que, existe en fenómeno del hecho superado en la acción de tutela, pues
la entidad ya le dio respuesta a la petición elevada el 9 de febrero de 2023 con los
oficios CJO23-763 del 20 de febrero de 2023 y CJO23-1628 del 17 de marzo de 2023,
las cuales le fueron notificadas al accionante.
Ahora bien, indicó que, existe incumplimiento del requisito de inmediatez, ya que, el
acto administrativo cuestionado se notificó hace más de 7 meses. También explicó
que, no se satisfacía con el requisito de subsidiariedad al existir un mecanismo idóneo
para controvertir las inconformidades presentadas. Por tanto, solicitó que, se negará
la protección constitucional solicitada o se declarara la improcedencia de la acción por
no cumplir con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad.
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1.6.2. Universidad Nacional de Colombia
Mediante memorial presentado el 3 de octubre de 2023, la institución universitaria
afirmó que la acción de tutela era improcedente por configurarse el fenómeno de la
carencia actual de objeto, pues al accionante mediante el oficio CJO23-1638 del 17 de
marzo de 2023 le informaron por las razones concretas de su exclusión del concurso
de méritos en base a las causales 3.1. y 3.5. del Acuerdo de la Convocatoria.
Además, indicó que la acción de tutela es improcedente al no satisfacer el principio de
subsidiariedad, en razón a que el acto administrativo que lo excluyó del concurso de
méritos es pasible de control judicial y esto se debe realizar por el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho. Sumado a lo expuesto, afirmó que el
accionante no demuestra un perjuicio irremediable para que habilite la procedencia de
la acción constitucional. Así mismo, indicó que, no cumple con el requisito de
inmediatez y de subsidiariedad de manera que es improcedente la acción de tutela.
1.7. Sentencia de primera instancia
El Consejo de Estado, Sección Cuarta, el 9 de noviembre de 2023 profirió sentencia
de primera instancia en la que negó el amparo deprecado por considerar que la
petición presentada el 9 de febrero de 2023 fue resuelta de fondo, de manera
congruente y conforme a lo solicitado. Así mismo, la respuesta fue debidamente
notificada al peticionario.
De otra parte, se declaró la improcedencia de la acción de tutela en relación con los
cargos contra el Acuerdo CJR-0061 del 8 de febrero de 2023, pues no se cumplió con
los requisitos de subsidiariedad, en consideración que existe otro medido de defensa
idóneo y eficaz que el actor puede acudir para ventilar sus inconformidades ya que no
argumentó que fuera utilizado como un mecanismo transitorio dado que no acreditó la
configuración de un perjuicio irremediable.
1.8. Impugnación
El señor Alí Cárcamo mediante memorial presentado el 20 de noviembre impugnó la
decisión en concreto. Sostuvo que, en la sentencia del 31 de mayo de 2023 de la Corte
Suprema de Justicia se pronunció frente al requisito de subsidiariedad en el cual indicó
que si un proceso está en curso y en este no se haya agotado la intervención de la
autoridad judicial competente el interesado tiene la facultad de exigir el respeto de las
garantías constitucionales del procedimiento establecido.
Explicó que, la Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023 debe considerar un
acto administrativo de trámite o preparatorio por lo cual no es susceptible de ser
demandado. A pesar de esto, sostuvo que, la Sección Tercera de la Corporación ha
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afirmado que sí son susceptibles de controversia a través del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho y cuya caducidad es de 4 meses.
A pesar de lo anterior, explicó que, la Corte Constitucional en sentencia T-059 del 2029
que la existencia del medio aludido medio de defensa no envuelve la improcedencia
automática y absoluta de la acción de tutela como mecanismo de los derechos
fundamentales. Por lo tanto, los jueces constitucionales deben llevar a cabo un análisis
de idoneidad y eficacia en concreto del caso.
Indico que la Corte Constitucional estableció 3 reglas para la procedencia de la tutela
contra los concursos de méritos de la Rama Judicial. Y terminó diciendo:
En conclusión, la Corte Constitucional definió que pese a la existencia de la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho resulta procedente la tutela contra la
Convocatoria 27 ante la configuración de un perjuicio irremediable y el
planteamiento de un problema constitucional excepcional. Dicho debate involucra
la garantía de acceso a la función pública frente a la de legalidad, un tema que
desborda el marco de competencias del juez administrativo.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por el
señor Rashid Hernando Alí Cárcamo, de conformidad con lo establecido en el artículo
86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el
Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos. En primer lugar,
se debe determinar si, ¿es procedente la acción de tutela contra las Resoluciones
CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, proferidas por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura?
En segundo lugar, en el evento de que se habilitara el estudio de las pretensiones del
presente amparo, le correspondería a la Sala analizar si: ¿las accionadas vulneraron
los derechos fundamentales del accionante al adoptar la decisión antes indicada?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:(i)
panorama general de la acción de tutela; (ii) la procedencia excepcional de la acción de
tutela frente a actos administrativos pasibles de control ante el juez contencioso
administrativo; (iii) la acción de tutela en concurso de méritos, y (iv) el análisis del caso
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concreto.
2.3. Panorama general de la acción de tutela
El artículo 86 de la Constitución Política, estableció que las personas pueden ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas, o de los particulares en los casos previstos en el
Decreto 2591 de 1991.
Conforme a la disposición constitucional, el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia,
la procedencia de esta acción está determinada por la inexistencia de otro medio de
defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho fundamental, salvo
que el interesado invoque y demuestre estar frente a un perjuicio irremediable, hecho
que hace procedente la tutela como mecanismo transitorio.
2.4. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su procedencia excepcional
frente a actos administrativos susceptibles de control ante el juez contencioso
administrativo
El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1.º del artículo 6.º del Decreto
Ley 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de cada
proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la jurisprudencia.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus derechos,
no puede desconocer las acciones judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico,
ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas a las del funcionario que
conoce de un asunto de su competencia3.
3
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los
derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior.
Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de
las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los
instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones”
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El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991, de donde
se deriva que la protección de los derechos fundamentales no es un asunto reservado
exclusivamente a la acción de tutela, ya que todos los mecanismos judiciales deben,
en principio, buscar la defensa de aquellos y todos los operadores judiciales deben
cumplir su función jurisdiccional como jueces de convencionalidad, de
constitucionalidad y de legalidad.
Por tanto, esta Sala reitera su posición en el sentido de que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar frente a un acto administrativo, en atención a la
existencia de los medios de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del
derecho, en los cuales se pueden solicitar medidas cautelares en los términos de los
artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 20114.
Ahora bien, lo expuesto no desconoce que, en determinadas oportunidades, el
mecanismo de defensa judicial principal no resulta idóneo ni eficaz para otorgar la
protección solicitada, toda vez que puede emitirse una decisión administrativa que,
pese a encontrarse protegida por la presunción de legalidad, esta resulte
absolutamente arbitraria, discriminatoria o que su aplicación práctica vulnere el núcleo
esencial de los derechos fundamentales. En esos casos, el recurso de amparo se torna
procedente y desplaza al mecanismo principal para conjurar la afectación de las
garantías superiores.
Finalmente, es preciso mencionar que, esta acción constitucional podría ser
procedente, de manera transitoria, para evitar la ocurrencia de un perjuicio
irremediable. En este evento, le corresponde al juez de tutela verificar que concurran
los elementos identificados por la Corte Constitucional, así se requiere que: i) el daño
sea inminente, esto descarta la mera posibilidad de que se va a producir el perjuicio;
(ii) el perjuicio sea grave, esto implica que la afectación sea de gran intensidad sobre
la persona afectada; (iii) se requiera la adopción de medidas urgentes para evitar que
ocurra; y (iv) que sean impostergables, pues si se aplazaran la protección sobre los
derechos se tornaría ineficaz por inoportuna.5
2.5. La acción de tutela en los concursos de méritos
Para determinar la procedencia de la acción de tutela contra actuaciones ocurridas en
el marco de un concurso de méritos, la jurisprudencia constitucional ha establecido
que le corresponde al juez determinar la naturaleza del acto que se acusa de vulnerar
4
La posesión contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015.
C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-01 y del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad
66001-23-33-000-2016-00293-01.
5
Corte Constitucional. Sentencias T-003 de 2022, SU-508 de 2020, T-190 de 2020 y T-235 de 2018, entre muchas otras.
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las garantías ius fundamentales, con el objetivo de establecer si existe o no un
mecanismo judicial idóneo y eficaz para intervenir en la problemática identificada por
el ciudadano.
En ese contexto, es preciso identificar la etapa en la que se encuentra el proceso de
selección y, a partir de ello, establecer el carácter general o particular de los actos
administrativos que, eventualmente, podrían ser susceptibles de control por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de los medios de control de
nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho, respectivamente.
En cualquier caso, le corresponde al juez de tutela valorar la idoneidad y eficacia del
mecanismo judicial ordinario para conjurar la posible afectación de los derechos
fundamentales, lo que debe valorarse en cada asunto particular, e implica verificar si
las herramientas de la jurisdicción contencioso-administrativa otorgan una protección
real del derecho cuyo amparo se reclama. En la sentencia T-081 de 2022, la Corte
Constitucional explicó que las medidas cautelares del artículo 230 y siguientes de la
Ley 1437 de 2011 exigen examinar: “(i) el contenido de la pretensión y (ii) las
condiciones de los sujetos involucrados”.
Tanto la Corte Constitucional6 como el Consejo de Estado7 han sostenido que, por
regla general, el amparo no es el dispositivo judicial apto para controvertir los actos
proferidos en el marco de un concurso de méritos, cuando estos son susceptibles de
ser demandados ante los jueces administrativos al involucrar un debate de legalidad y
el cumplimiento de actos normativos (como leyes, reglamentos o la misma
convocatoria). Por ejemplo, este aspecto ha tomado protagonismo cuando se acciona
en contra de los actos proferidos en las fases eliminatorias o de la lista de elegibles.
En la misma línea de lo anterior, el Consejo de Estado8 ha señalado que los actos
administrativos de calificación que eliminan a los participantes definen la posición
jurídica del aspirante, por lo que son susceptibles de ser controvertidos ante los jueces
administrativos. Sobre el particular, se ha dicho lo siguiente:
“(…) al igual que la lista de elegibles «son actos típicamente definitorios de
situaciones jurídicas, en la medida en que al asignar un puntaje o establecer la
ubicación de los convocados para efectos de proveer un cargo en propiedad,
otorgan un estatus al participante y afectan su interés de acceder a la carrera
administrativa». En el presente caso, se demanda la nulidad del artículo 7.° de la
Resolución 749 del 20 de junio de 2012 que señaló los resultados totales de las
diferentes pruebas dentro del Concurso de Méritos y conformó la lista de elegibles
para los cargos de curador urbano 2 y 3. En él se declaró que la señora (…) no
superó la prueba de conocimientos y que, por ende, no podía ser incluida en dicha
6
Corte Constitucional, sentencias T-388 de 1998, T-095 de 2002, SU-913 de 2009, T-556 de 2010, T-169 de 2011, T-156 de
2012, T-604 de 2013, T-180 de 2015, T-610 de 2017, T-438 de 2018, T-227 de 2019, T-425 de 2019, entre otras.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B. Radicación número: 23001-23-33-000-2012-00067-01, Sentencia del 29
de noviembre de 2012.
8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 5 de noviembre de
2020, Rad. 25000-23-41-000-2012-00680-01(3562-15), M.P. Rafael Francisco Suarez Vargas.
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de la Carrera Judicial y otro
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lista. También se enjuició el artículo 1.° de la Resolución 0896 del 9 de julio de
2012 que decidió el recurso de reposición interpuesto en contra del primer acto
administrativo. En los actos referidos se calificaron todas las pruebas adelantadas
en el concurso, incluida la de conocimientos. También se sumaron los resultados
y se definió la lista de elegibles. En consecuencia, sí son demandables, en la
medida que excluyeron a la señora (…) de la posibilidad de ocupar esta y
definieron su situación jurídica”.
No obstante, la Corte Constitucional ha identificado algunas excepciones a la anterior
regla, cuando: (i) el empleo ofertado en el proceso de selección cuenta con un periodo
fijo determinado por la Constitución o por la ley9; (ii) se imponen trabas para nombrar
en el cargo a quien ocupó el primer lugar en la lista de elegibles10; (iii) el caso presenta
elementos que podrían escapar del control del juez de lo contencioso administrativo,
por lo que tiene una marcada relevancia constitucional11; y, finalmente, (iv) cuando por
las condiciones particulares del accionante (edad, estado de salud, condición social,
entre otras), a este le resulta desproporcionado acudir al mecanismo ordinario.
Bajo los anteriores derroteros jurisprudenciales, se estudiarán las pretensiones del
presente amparo con el objetivo de determinar si se acredita el requisito de la
subsidiariedad.
2.6. Caso en concreto
La Sala anticipa que la decisión de primera instancia será confirmada en su
integridad, en razón a que el análisis que se efectuará solo se centrará en los
argumentos traídos en el escrito de impugnación presentado por el accionante, la
cual se enfocó en el cumplimiento de la subsidiariedad en el caso en concreto y la
procedencia de la acción de tutela contra el acto administrativo.
En esa medida, la Sala advierte que tal como lo planteó el a quo en el presente
asunto, no se supera el requisito de subsidiariedad, en atención a los siguientes
argumentos:
La acción de tutela contra actos administrativos proferidos en el marco del concurso
de méritos, por regla general, es improcedente, en la medida que definieron la
posición jurídica del aspirante frente a la Convocatoria 27. Dicho de otro modo, las
Resolución CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, es un acto administrativo que
contienen una decisión de la administración pasible de control.
Las inconformidades del accionante frente a la citada manifestación de la
9
Corte Constitucional, sentencias T-509 de 2011, T-604 de 2013, T-748 de 2013, SU-553 de 2015, T-551 de 2017, T-610 de 2017
y T-059 de 2019.
10
Corte Constitucional, sentencias SU-136 de 1998, T-455 del 2000, T-102 de 2001, T-077 de 2005, T-521 de 2006, T-175 de
2009, T-556 de 2010, T-156 de 2012, entre otras.
11
Corte Constitucional, sentencias T-785 de 2013, T-160 de 2018, entre otras.
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administración, pueden plantearse ante el juez de lo contencioso administrativo, a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011:
ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda
persona
que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales
establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse
el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular
demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo,
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la
notificación de aquel”. (Resaltado y subrayado fuera del texto)
Para la Sección, el escenario descrito es idóneo y eficaz para formular los reparos
presentados en esta acción constitucional, y por medio de estos controvertir la
decisión de la administración.
En ese contexto, es preciso mencionar que el tutelante puede solicitar las medidas
cautelares previstas en los artículos 229 y 230 de la Ley 1437 de 2011. Es decir que,
junto con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, podría solicitar,
como medida cautelar, la suspensión de los efectos de la Resolución CJR23-0061
del 8 de febrero de 2023.
Lo anterior se refuerza si se tiene en cuenta que, pese a que el demandante formuló
esta acción en clave de vulneración de sus derechos fundamentales, para la Sala, los
argumentos que plantea corresponden a cuestiones legales que prima facie, no
involucran la grave afectación de una garantía de naturaleza constitucional.
Finalmente, en este caso, tampoco se acreditó ninguna de las circunstancias
excepcionales que la jurisprudencia ha admitido como válidas para superar el requisito
de la subsidiariedad. Esto es así porque:
I. El cargo al que aspira el señor Alí Cárcamo es el de Juez Administrativo, es
decir, no se trata de un cargo de periodo fijo determinado por la Constitución o
por la ley.
II. En este caso no se imponen trabas para nombrar en el cargo a quien ocupó el
primer lugar en la lista de elegibles, puesto que aún no se ha llegado a esa
etapa de la convocatoria 27.
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III. Aunque se exhiben circunstancias que podrían afectar los derechos
fundamentales de los concursantes, no hay evidencia de que las pretensiones
y la afectación puedan escapar del control del juez de lo contencioso
administrativo, es decir, no se acreditó que este asunto contenga “una
marcada relevancia constitucional”.
IV. El actor no advirtió ni en el proceso se demostró que se encontrara bajo
condiciones particulares de edad, estado de salud, condición social u otras, por
las cuales resultase desproporcionado exigirle acudir al mecanismo ordinario
ante los jueces administrativos.
En consecuencia, al existir un medio principal de protección de sus intereses y no
acreditarse ninguna situación excepcional, le corresponde a la Sala concluir que el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo es idóneo y eficaz para obtener la protección de los
derechos fundamentales.
Esto porque en ese escenario judicial pueden presentarse los argumentos para
invalidar los actos e, incluso, solicitarse medidas cautelares para evitar la ocurrencia
de un perjuicio que pudiere tornarse irreparable.
2.7. Conclusión
48. Corolario de lo expuesto, la acción promovida no satisface el requisito de la
subsidiariedad, razón por la cual se confirmará la sentencia de primera instancia en su
integridad proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de fecha 9 de
noviembre de 2023.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRMERO: CONFIRMAR la sentencia del 9 de noviembre de 2023, proferida por la
Sección Cuarta de la Corporación, al interior de la acción de tutela interpuesta por el
señor Rashid Hernando Alí Cárcamo contra el Consejo Superior de la Judicatura,
Unidad de Administrativa de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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