Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05239-00
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Acción de tutela contra providencias judiciales: no procede estudio de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05239-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05239-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
10 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05239-00
Demandante: JACQUELINE BARRERA OROZCO Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEL HUILA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de
fondo porque no se acreditó el requisito de relevancia constitucional. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el
debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen
La Sala decide la acción de tutela instaurada por los señores Jacqueline Barrera
Orozco, Yuli Tatiana Ordóñez Barrera, Diego Fernando Ordóñez Barrera, Vitelio
Barrera Benavides, Rosalba Barrera Orozco y Luis Fernando Ordóñez Peña contra
el Tribunal Administrativo del Huila.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1.1. Pretensiones
El 22 de septiembre de la presente anualidad 1, los señores Jacqueline Barrera
Orozco, Yuli Tatiana Ordóñez Barrera, Diego Fernando Ordóñez Barrera, Vitelio
Barrera Benavides, Rosalba Barrera Orozco y Luis Fernando Ordóñez Peña
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, por
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y a la
igualdad, con ocasión de la sentencia proferida el 14 de febrero de 2023, en el
proceso de reparación directa con radicado 41001-33-33-005-2013-00468-00.
Formularon las siguientes pretensiones:
PRIMERO: SE AMPAREN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO
1 Se advierte que, el 9 de octubre de 2023, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05239-00
Demandante: Jacqueline Barrera Orozco y otros
Demandado: Tribunal Administrativo del Huila
Sentencia de tutela de primera instancia
PROCESO, NO REFORMATIO IN PEJUS, IGUALDAD Y PRESUNCIÓN DE
INOCENCIA de los accionantes JACQUELINE BARRERA OROZCO, YULY
TATIANA ORDOÑEZ BARRERA, DIEGO FERNANDO ORDOÑEZ BARRERA,
VITELIO BARRERA BENAVIDES, ROSALBA BARRERA OROZCO y LUIS
FERNANDO ORDOÑEZ PEÑA, los cuales han sido violados por el accionado
Tribunal Administrativo del Huila con los defectos fáctico y sustantivo que
adolece la sentencia de fecha 14 de Febrero del año 2023, expedida dentro del
proceso de Reparación Directa con radicación No.41001 33 33 005 2013 00468
01, además por el desconocimiento del precedente judicial tal como viene de
explicarse en líneas atrás.
SEGUNDO: COMO CONSECUENCIA DEL AMPARO DEPRECADO SE DEJE
SIN EFECTO LA MENTADA SENTENCIA DE FECHA 14 DE FEBRERO DE
2023 dictada por el tribunal accionado dentro del proceso de reparación directa
41001 33 33 005 2013 00468 01, la cual fuere notificada el día 22 de marzo del
año 2023.
TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNESE al accionado
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, QUE DICTE UNA SENTENCIA DE
REEMPLAZO A TRAVÉS DE LA CUAL SE GARANTICEN Y RESPETEN LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES AL DEBIDO PROCESO, NO REFORMATIO
IN PEJUS, IGUALDAD, PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, AL IGUAL QUE SE
GARANTICEN PRINCIPIOS COMO SEGURIDAD JURÍDICA Y LEGÍTIMA
CONFIANZA que tienen íntima relación con los mentados derechos
fundamentales.
1.2. Hechos
De la demanda de tutela y de las pruebas aportadas, la Sala extrae los siguientes
supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
En ejercicio del medio de control de reparación directa, la señora Jacqueline Barrera
Orozco y su núcleo familiar demandaron a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación, con el fin de que se declararan patrimonialmente
responsables por los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación
injusta de la libertad que aquella soportó.
Narra la demanda que la señora Jacqueline Barrera fue investigada y acusada
penalmente por los delitos de homicidio, lesiones personales e incendio con fines
terroristas y que, en el trámite del proceso penal, fue injustamente privada de su
libertad, en los siguientes extremos temporales: del 31 de enero de 2004 hasta el 3
de febrero del mismo año y del 26 de junio de 2007 hasta el 16 de enero de 2008.
El 16 de enero de 2008, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pitalito otorgó la
libertad provisional a la demandante y, el 22 de julio de 2011, la misma autoridad
judicial dictó sentencia en virtud de la cual, en aplicación del principio constitucional
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Demandante: Jacqueline Barrera Orozco y otros
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de in dubio pro reo, la señora Barrera Orozco fue absuelta de los cargos que se le
formularon.
El proceso de reparación directa correspondió por reparto al Juzgado Quinto
Administrativo de Neiva y posteriormente, por motivos de descongestión, fue
remitido al Juzgado Noveno Administrativo de Neiva, el que mediante sentencia del
23 de marzo de 2018 negó las pretensiones de la demanda por considerar
configurado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima.
Inconforme con la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, el
cual fue desatado en sentencia del 14 de febrero de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Huila, que revocó la decisión de declarar configurado el eximente
de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima y confirmó la de negar las
pretensiones de la demanda, luego de no encontrar acreditada la antijuridicidad del
daño alegado por la demandante.
1.3. Argumentos de la tutela
La parte demandante alegó que el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en un
defecto fáctico porque realizó una valoración probatoria «manifiestamente arbitraria
y defectuosa», dado que las pruebas que utilizó para concluir que no estaba
acreditada la antijuridicidad del daño, en realidad daban cuenta de la privación
injusta de la libertad de la señora Barrera Orozco.
Indicó que el errado análisis probatorio efectuado por la autoridad judicial
demandada la condujo a hacer aseveraciones propias del juicio penal, tendientes a
volver a calificar la conducta preprocesal de la demandante; y que la decisión de no
encontrar acreditada la antijuridicidad del daño se fundamentó en pruebas que
incluso habían sido desestimadas en el proceso penal por su carencia de
congruencia.
Sostuvo que el estudio valorativo de procedencia de la medida de aseguramiento
en contra de la demandante se fundamentó en la supuesta conducta preprocesal
de la señora Barrera; insistió en que la sentencia absolutoria no fue valorada
adecuadamente, porque allí se estableció que el testimonio que daba cuenta de las
supuestas amenazas proferidas por la demandante en contra de la occisa había
sido desestimado por contener serias contradicciones.
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Asimismo, adujo que el Tribunal accionado incurrió en un defecto sustantivo o
material porque, en su criterio, existe una contradicción entre los argumentos y la
decisión, en tanto si bien, en las consideraciones, se tuvo como probado el daño
causado a la señora Jacqueline y a su familia, lo cierto es que posteriormente se
negaron las pretensiones de la demanda, por considerar que aquel no fue
antijurídico. Indicó que en el caso concreto debió aplicarse el régimen de
responsabilidad objetivo; de manera que para obtener sentencia favorable a sus
intereses sólo le correspondía demostrar la vinculación y detención de la señora
Barrera, su posterior absolución y los perjuicios que le fueron causados.
Señaló que la providencia cuestionada también incurrió en una violación directa a
la Constitución porque desconoció el principio constitucional de la no reformatio in
pejus, consagrado en el artículo 31 superior, en su criterio, el juez de la segunda
instancia se extralimitó porque la antijuridicidad del daño ya había sido definida por
el juez a quo y no fue objeto del recurso de apelación.
Por último, precisó que el fallo acusado desconoció el precedente jurisprudencial
vertical y horizontal, el primero porque, a su juicio, el hecho de que la Corte
Constitucional, en sentencia SU- 072 de 2018, se hubiera apartado del criterio fijado
por el Consejo de Estado en sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 en
relación con dos de los cuatro supuestos de hecho para la procedencia de la
aplicación del régimen objetivo de responsabilidad, no implicaba que ésta última
providencia hubiera perdido su vigencia, motivo por el que solicitó su aplicación en
el caso de estudio.
En cuanto al precedente horizontal refirió que el mismo Tribunal Administrativo del
Huila había aplicado el régimen objetivo de responsabilidad en otros casos fáctica
y jurídicamente similares al de la señora Barrera Orozco, accediendo a las
pretensiones de la demanda; sin embargo, en el caso concreto la decisión fue
distinta.
2. Trámite impartido e intervenciones
Mediante auto del 27 de septiembre de 2023, el Despacho sustanciador admitió la
solicitud de amparo y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran
el Tribunal Administrativo del Huila, como parte demandada, y al director ejecutivo
de Administración Judicial y al fiscal general de la Nación, como terceros con
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interés. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado
2.1. El 3 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del Huila rindió el informe
pertinente y solicitó la declaratoria de improcedencia de la petición de amparo por:
i) carencia del requisito de inmediatez, a su juicio, la sentencia acusada fue
notificada el 22 de marzo de 2023 y la petición de amparo se presentó transcurridos
más de seis meses después de notificada la decisión y ii) por carencia del requisito
de relevancia constitucional porque la parte actora se limitó a expresar su
inconformidad en relación con los argumentos de la providencia cuestionada y, pese
a que los erigió como defectos, lo cierto es que no acreditó con precisión y claridad
que el asunto estuviera revestido de relevancia constitucional y que por tanto
amerite la intervención del juez constitucional.
2.2. La Fiscalía General de la Nación intervino solicitando la improcedencia de la
petición de amparo por falta de acreditación de los defectos alegados y por carencia
del requisito de subsidiariedad, señaló también que no existió la vulneración al
debido proceso que alega el demandante y que lo que se evidencia es su intención
de «retrotraer en el tiempo las etapas de un proceso que ya surtió su trámite».
2.3 Los demás vinculados guardaron silencio, a pesar de haber sido notificados del
auto admisorio de la demanda.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
1. Problema Jurídico
En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos
generales de la tutela contra providencia judicial. De acreditarse, se abordará el
estudio de fondo, con el fin de establecer si la sentencia dictada el 14 de febrero de
2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Huila, vulneró los derechos
fundamentales de los accionantes.
2. Análisis del caso
2.1. Requisitos generales de procedibilidad
2.1.1. Inmediatez: la tutela cumple con este requisito, toda vez que la sentencia de
segunda instancia fue proferida el 14 de febrero de 2023 y notificada el 22 de marzo
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siguiente, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 22 de septiembre del
año en curso, es decir, seis meses después de la notificación. Este término resulta
razonable.
2.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.
2.1.3. Subsidiariedad: la Sala estima que este requisito también está acreditado,
pues se agotaron todos los recursos procedentes.
2.1.4 De la relevancia constitucional: la Sala considera necesario referirse
brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin
de establecer si se cumple o no en el presente asunto.
El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los
derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga (i) una carga
argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.
La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.
La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.
En efecto, en este caso, la señora Jacqueline Barrera Orozco y su núcleo familiar
presentaron demanda de reparación directa, atribuyéndole a la Rama Judicial y a la
Fiscalía General de la Nación de los daños derivados de una s upuesta privación
injusta de la libertad. El 23 de marzo de 2018 el Juzgado Noveno Administrativo de
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Neiva declaró configurado el eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la
víctima y negó las pretensiones de la demanda; y en segunda instancia, el Tribunal
Administrativo del Huila revocó lo concerniente a la culpa exclusiva de la víctima,
pero confirmó la decisión desestimatoria de las pretensiones, luego de no encontrar
acreditado el daño antijurídico.
En la sentencia del 14 de febrero de 2023, el Tribunal accionado consideró que, de
acuerdo con las pruebas recaudadas al momento de imposición de la medida de
aseguramiento en contra de la señora Barrera Orozco, existían al menos dos
indicios graves en su contra, lo que permitió a la fiscalía inferir razonablemente su
participación o autoría en el punible y por ende ordenar su detención preventiva.
Puntualmente, expuso lo siguiente:
Fue en la resolución de acusación proferida el 11 de noviembre de 2005 por la
Fiscalía Veintiséis Seccional de Pitalito (f. 89 a 98, C. 1) que se dictó la medida
de aseguramiento contra la citada señora y para el efecto adujo la procedencia
de la misma al amparo del artículo 357-1 de la Ley 600 del 2000 (C.P.P.)
cumpliéndose así el requisito de Legalidad de la medida.
El fundamento de la decisión partió de valorar el informe de bomberos sobre la
ocurrencia del incendio de una casa de habitación que en tiempo anterior se le
remató a la imputada, sin evidencia de fallas en el sistema eléctrico o en las
redes de suministro de gas natural ni la presencia de elementos de ignición o
conflagración (velas, veladoras, etc.) y evidencia de olor a combustible junto con
un residuo plástico quemado.
A lo anterior se agregó la valoración de un nutrido grupo de testimonios, que
hicieron referencia a amenazas proferidas contra las personas que actuaron en
el remate el predio de aquella y no le restituyeron el mobiliario que había a su
interior, de lo cual coligió la existencia de una idea criminosa que señalaba a la
imputada como su autora y, por ende, ameritaba la medida de aseguramiento.
En virtud de lo expuesto, este despacho encuentra que la medida de
aseguramiento impuesta a Jacqueline Barrera Orozco cumplió con las
exigencias legales vigentes para la época de los hechos, puesto que, según
como lo expresa el artículo 356 de la Ley 600 del 2000 la existencia de al menos
dos indicios graves es causal para impartir medida de aseguramiento, por lo
cual la Fiscalía con las pruebas recolectadas infirió razonablemente la posible
autoría de la señora Jacqueline por los delitos ya mencionados.
De otro lado, estima la Sala que la medida así tomada fue razonable atendiendo
los hechos investigados, no sólo porque se trató del incendio de una vivienda
con sus moradores al interior y que dio lugar al deceso de una de ellas y la
lesión de la otra, implicando una conducta grave del presunto autor de la misma
que ameritaba su internamiento en establecimiento carcelario. En esas
condiciones, se dieron los supuestos fácticos, jurídicos, probatorios y de
conveniencia para que se emitiera la medida de privación de la libertad de la
señora Jacqueline Barrera Orozco y por la tanto la misma no tiene el carácter
antijurídico necesario para la configuración del daño y de la responsabilidad
pues dicha señora estaba en la obligación jurídica de soportar la restricción a la
libertad en razón de su actuar.
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Así pues, al no estar demostrado el daño antijurídico no hay lugar a analizar la
imputabilidad a los órganos de la demandada que fueron citados al proceso y
en las mismas condiciones, no puede señalarse que se rompió el nexo causal
por culpa exclusiva de la víctima, ya que ello se predica frente a la imputabilidad
que en este caso no tiene lugar.
Se evidencia entonces que, una vez valoradas las pruebas allegadas al proceso de
reparación directa, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca concluyó que la
privación de la libertad de la señora Jacqueline Barrera Orozco estuvo ajustada a
derecho, por cuanto, en ese momento, se contaba con los elementos de juicio
suficientes para colegir razonablemente que aquella podía haber sido autora o
partícipe del punible y que, por tanto, tenía el deber de soportar la imposición medida
de aseguramiento.
Sobre el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable en eventos
de privación injusta de la libertad, en la sentencia de unificación SU 72 de 2018 2, la
Corte Constitucional precisó que ni el artículo 90 de la Constitución Política, ni el
artículo 68 de la Ley 270 de 1996, que establece la privación injusta de la libertad
como un evento resarcible, así como tampoco la sentencia C-037 de 1996, que
determinó la exequibilidad condicionada de ese artículo, determinan un régimen
específico de responsabilidad patrimonial del Estado aplicable a los eventos de
privación injusta de la libertad 3.
En esa oportunidad, la Corte Constitucional reiteró que en materia de reparación
directa se acepta la aplicación del principio iura novit curia, de acuerdo con las
particularidades de cada caso. Por tanto, definir de manera rigurosa el título de
imputación en estos eventos, como lo pretende la parte actora, contraviene la
interpretación del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y, de contera, el régimen general
de responsabilidad estatal del artículo 90 de la Constitución Política 4.
De conformidad con la referida providencia de unificación, el juez puede escoger
entre un régimen de responsabilidad subjetivo u objetivo, de acuerdo con el carácter
demostrativo de la prueba recaudada o la absoluta inexistencia de la misma y
2 Corte Constitucional, sentencia SU 072/18 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes
Cuartas.
3 Ibidem. Acápite 117 y 118.
4 Ibidem, Acápites 119 y 120.
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agrega que las causales de privación injusta de la libertad no se agotan en las que
prescribía el derogado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991 5.
Así las cosas, se tiene que el fundamento sobre el cual el juez natural edificó el
estudio de la privación de la libertad no fue el de la conducta preprocesal de la
señora Barrera Orozco, pues, se repite, el motivo por el cual negó las pretensiones
de la demanda derivó del análisis de la legalidad, razonabilidad y proporcionalidad
de la decisión a través de la cual se impuso la medida de aseguramiento a la hoy
demandante, lo cual no merece reproche alguno desde el punto de vista
constitucional.
A partir del anterior análisis, se concluye que la solicitud de amparo deviene en
improcedente, justamente porque la parte actora pretende revivir la discusión del
proceso ordinario, relacionado con la valoración de las pruebas que obraban en el
expediente y el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado.
La Sala advierte que la providencia cuestionada no es arbitraria, ni caprichosa, sino
que estuvo precedida de un análisis integral, razonado y conjunto de las pruebas
que obraban en el expediente. Se reitera que la acción de tutela no puede
convertirse en el único y el preferido medio de la parte que pierde el pleito u obtiene
una decisión contraria a sus intereses, para que se revise la decisión como si se
tratara de una instancia adicional. Ello atenta contra las reglas previstas por el
legislador quien dentro de su margen de configuración normativa elige y decide las
instancias ordinarias que debe impartirse a un proceso. Pretender que la acción de
tutela se convierta en la instancia adicional de todos los procesos judiciales no solo
le resta vigor a este mecanismo de amparo constitucional, sino que termina por
desconocer los principios de autonomía judicial y del juez natural 6.
El argumento del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que
le negó las pretensiones de la demanda es el mismo en el que soportó las
pretensiones de la solicitud de amparo, cual si se trata de una tercera instancia o
instancia adicional a las que se surtieron de conformidad con el procedimiento
previsto por el legislador.
5 Ver sentencia del 3 de octubre de 2019, radicado 50001-23-31-000-2006-10260-01(54095),
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia del 25 de
febrero de 2016, expediente No. 2016-03419-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Que la parte actora esté inconforme con el raciocinio utilizado por la autoridad
judicial accionada no es un hecho que concierna al juez constitucional, pues por la
forma en que se presentaron los argumentos queda claro que la demanda se
contrae a un desacuerdo con el razonamiento de la autoridad judicial accionada y
una reiteración de los cargos del recurso de apelación, circunstancia que no justifica
la intervención del juez de tutela, porque lo pretendido, se insiste, es revivir un
debate que ya se clausuró, a fin de obtener a toda costa una alternativa de decisión
en la que se resuelva favorablemente su visión del litigio y, compártase o no la
decisión de los jueces naturales, la Sala no advierte que sus conclusiones se tornen
irracionales, absurdas o caprichosas.
La parte demandante también sostuvo que la providencia acusada violó el principio
constitucional de la no reformatio in pejus, porque el Tribunal estudió la
antijuridicidad del daño pese a que ésta ya había sido definida por el juez de la
primera instancia y no fue objeto de reproche en el recurso de apelación. En relación
con éste argumento, es menester recordar que esta Corporación 7 ha sostenido que
la responsabilidad del Estado se erige sobre dos elementos fundamentalmente: i) el
daño antijurídico y, ii) la imputación del mismo a una autoridad en sentido lato o
genérico; de manera que para atribuir responsabilidad al Estado resulta
imprescindible acreditar la antijuridicidad del daño, pues de no ser así, como en
efecto concluyó razonablemente el Tribunal accionado, es jurídicamente inviable
estudiar la imputabilidad del mismo al Estado 8.
Ahora bien, esta Subsección advierte que no es de recibo el argumento esbozado
por la parte demandante sobre la vigencia y aplicación de la sentencia de unificación
del 17 de octubre de 2013, porque, si bien en aquel momento se sostuvo dicha
postura jurisprudencial, lo cierto es que luego de la sentencia de unificación 072 del
5 de julio de 2018, la jurisprudencia de esta Corporación y la del alto tribunal
constitucional han coincidido en señalar que corresponde al juez de la causa,
atendiendo a las particularidades del caso concreto, determinar si aplica uno u otro
régimen de responsabilidad. Similar criterio han venido acogiendo los jueces y
tribunales administrativos del país, lo que también explica el cambio de sus posturas
en estas controversias relativas a la responsabilidad del Estado por eventos de
privación de la libertad. De ahí que, en el caso particular, no se advierta la
configuración del desconocimiento del precedente vertical ni horizontal alegado.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia del 5 de octubre de 2011, expediente No. (20170), M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
8 Ver sentencia del 6 de agosto de 2020, radicado 66001-23-31-000-2011-00235-01 (46947),
Sección Tercera, Subsección A, del Consejo de Estado.
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Con todo, nótese que la decisión cuestionada no se fundamentó en la consideración
de inexistencia de una falla en el servicio a la luz de la responsabilidad subjetiva;
por el contrario, la desestimación de las pretensiones del demandante obedeció a
que no se acreditó la antijuridicidad del daño alegado, razón por la cual ni siquiera
se estudió la posible atribución del mismo a las entidades demandadas.
Por su parte, en cuanto al supuesto desconocimiento de la garantía de presunción
de inocencia, considera la Sala que el Tribunal Administrativo del Huila no vulneró
dicha prerrogativa constitucional. En efecto, los argumentos expuestos en la
providencia del 14 de febrero de 2023 se muestran suficientes y razonables, dado
que allí se consideró que la medida de aseguramiento cumplió con los requisitos
establecidos en el artículo 356 de la Ley 600 de 2000 para su imposición, pues se
verificó que existía una inferencia razonable de autoría, se trataba de un delito
investigable de oficio y, además, de la afectación a los bienes jurídicos tutelados.
Finalmente, se precisa que la autoridad judicial accionada no efectuó una nueva
valoración de la conducta preprocesal de la señora Barrera, sino que se limitó a
realizar el estudio de responsabilidad extracontractual del Estado bajo los
parámetros de la legalidad o no de la medida de aseguramiento, de conformidad
con lo dispuesto por el Código de Procedimiento Penal vigente al momento de la
restricción de la libertad.
En conclusión, la Sala encuentra que la acción de tutela promovida por la señora
Jacqueline Barrera Orozco y otros no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, razón por la cual se declarará improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por los señores
Jacqueline Barrera Orozco, Yuli Tatiana Ordóñez Barrera, Diego Fernando Ordóñez
Barrera, Vitelio Barrera Benavides, Rosalba Barrera Orozco y Luis Fernando
Ordóñez Peña, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.
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SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. De no ser impugnada la presente providencia, envíese a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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