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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05258-00

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05258-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la señora Lucila Saldaña Rojas contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05258-00

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

26 de octubre de 2023

Demandante: Lucila Saldaña Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05258-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05258-00
Demandante: LUCILA SALDAÑA ROJAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA PRIMERA
DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial – Sanción moratoria por pago
tardío de cesantías en casos de docentes oficiales –
Improcedencia por falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo presentada por la señora Lucila
Saldaña Rojas contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de
Decisión.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito presentado el 22 de septiembre de 2023, la señora Lucila Saldaña
Rojas, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión, con el fin de reclamar
el amparo de sus derechos fundamentales al «debido proceso, derecho a la
seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la
seguridad social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio
constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento
de precedente judicial vertical».

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala
Primera de Decisión el 27 de junio de 2023, mediante la cual se confirmó el fallo
dictado por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja el 19 de
agosto de 2022, que negó las pretensiones de la demanda que presentó la señora

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Demandante: Lucila Saldaña Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05258-00

Lucila Saldaña Rojas, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) y el departamento de
Boyacá, identificado con el radicado 15001-33-33-010-2022-00009-01.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por
mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos
en los siguientes expedientes: […]1.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Lucila Saldaña Rojas labora al servicio de la Secretaría de
Educación del departamento de Boyacá.

5. El 15 de febrero de 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte del
Ministerio de Educación Nacional. Por ello, solicitó el 26 de julio de 2021, ante el
Fomag el pago de estas, así como de la sanción por mora.

6. Mediante acto administrativo del 26 de agosto de 2021, la entidad negó la
petición de reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación
oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990 y la indemnización
consagrada en las leyes 52 de 1975, 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de 1991.

7. En consecuencia, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fomag y el departamento de Boyacá, con el objeto de que: (i) se
declarara la nulidad del acto administrativo en mención; (ii) se reconocieran y
pagaran las cesantías anualizadas que se causaron en el año 2020; al igual que (iii)
la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de
2021 hasta el día en que se efectuara la consignación de la prestación, y (iv) la

1 Transcripción literal que puede contener errores.

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Demandante: Lucila Saldaña Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sala Primera de Decisión
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indemnización que prevé la Ley 52 de 1975 por el pago extemporáneo de los
intereses sobre las cesantías.

8. En primera instancia, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja, en sentencia del 19 de agosto de 2022, negó las pretensiones de la demanda.

9. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de
Decisión, a través del fallo del 27 de junio de 2023, confirmó la decisión del a quo, al
considerar que:

74. En consecuencia, como estas penalidades no pertenecen al régimen especial de
los docentes, teniendo en cuenta la fecha en la que la parte demandante se vinculó al
servicio de educación, no resulta procedente su imposición. Además, aunque la
vinculación se produjera después del 30 de junio de 2000, lo cierto es que los
supuestos de hecho de las sanciones son de imposible ocurrencia para estos
servidores.

[…]

87. Por lo tanto, desde la perspectiva del principio de legalidad de las faltas y
sanciones, los supuestos de hecho de las penalidades que reclama la demanda son
incompatibles con los procedimientos presupuestales que prevé la legislación para la
financiación y pago de las cesantías y sus intereses. Esto, sin mencionar que los
docentes no poseen cuentas individuales dentro del FOMAG y, por ende, la
administración de los recursos a su interior no sigue los mismos parámetros que rigen
a los fondos privados de cesantías.

[…]

97. Como se vio, para el caso de los docentes no existen varias fuentes de derecho
que prevean consecuencias jurídicas disímiles respecto de las consecuencias del
desembolso extemporáneo de las cesantías anualizadas o de sus intereses a favor
de los docentes oficiales, porque de hecho, este régimen no contemplaba las
penalidades que reclama la demanda, de acuerdo con la fecha de vinculación de la
parte actora, a saber, 20 de enero de 1997 (para ese momento no existía una norma
en el régimen especial que pudiera compararse con las del general). Y, por eso
mismo, no puede hablarse de dudas interpretativas serias y objetivas, pues para
disiparla cualquier inquietud basta verifica las normas que regulan el auxilio de
cesantía a favor de este grupo específico de servidores.

[…]

99. Todas las anteriores razones llevan al Tribunal a concluir que los cargos de la
apelación no tienen prosperidad y, por ende, debe confirmarse la sentencia de
primera instancia que desestimó las pretensiones de la demanda, Cabe destacar que
el criterio que acoge esta providencia atiende la posición que asumió la Sala Plena de
esta Corporación en sesión del 15 de marzo de 2023

10. Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 4 de julio de 2023.

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Demandante: Lucila Saldaña Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05258-00

1.4. Fundamentos de la vulneración

11. El apoderado judicial de la tutelante indicó que, el Tribunal Administrativo de
Boyacá – Sala Primera de Decisión no aplicó el régimen de cesantías pertinente al
caso concreto, dado que ella pertenecía al sistema anualizado consagrado en las
leyes 50 de 1990; 91 de 1989 y 344 de 1996, de manera que el no pago oportuno de
dicha prestación generaba la sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento
jurídico.

12. Por lo tanto, adujo que el tribunal incurrió en violación directa de la
Constitución y en un defecto sustantivo, ya que, en virtud del valor normativo
superior, los jueces deben aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y
su desarrollo jurisprudencial en todo momento.

13. Agregó que, la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de
cesantías a los docentes, y con base en la jurisprudencia, era dable concluir que: i) el
pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es
protegida por la Constitución, y ii) los docentes oficiales son empleados públicos,
teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se
encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento «por lo tanto tienen
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías».

14. Adicionalmente, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente al no tener en cuenta la sentencia SU-098 del 17
de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en ella se estableció que la Ley 50 de
1990 era aplicable a los docentes adscritos al Fomag y, en consecuencia, tenían el
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación
tardía de las cesantías anuales.

15. Asimismo, argumentó que la providencia en cuestión desconoció más de 202

2 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2013- 00666-01,
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001-23- 31-000- 2009-00867- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
17.06.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-04617-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-03449-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
28.06.19. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00208-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00132-01.

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Demandante: Lucila Saldaña Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05258-00

sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones de los
demandantes al aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag y por
tener en cuenta la condición más favorable respecto de los derechos laborales de los
mismos.

16. Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de
cesantías, necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad
social. Aunado a lo anterior, expuso que esta acción de tutela en ningún momento se
interponía como una tercera instancia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

17. La magistrada ponente en auto del 5 de octubre de 2023: i) admitió la
demanda; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Boyacá, y iii) vinculó en calidad de terceros con interés, a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al
departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, a la Agencia Nacional de

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00254-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-31-000-2014- 00815-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23-31-000-2015-00331-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001-23-40-000-2017-00134-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001-23-33-000-2015-00445-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23-40-000-2015-90008-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-40-000-2014-90022-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
20.01.22. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-33-000-2017-00931-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
03.03.22. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00075- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001-23-31-000-2012-00212-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001-23- 33- 000-2013- 00756-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
26.01.23. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 47001-23-33-000-2018-00231-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00376-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00359-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.08.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00509-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33-000- 2015-90124- 01.

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Defensa Jurídica del Estado y al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja.

18. Así mismo, le reconoció la personería para actuar al abogado Yobany Alberto
López, en calidad de apoderado judicial de la señora Lucila Saldaña Rojas.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:

1.6.1. Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja
19. Por medio de correo electrónico remitido el 10 de octubre de 2023, la juez de
primera instancia del proceso ordinario sostuvo que la solicitud de amparo no tenía
vocación de prosperidad, toda vez que las decisiones cuestionadas se profirieron con
fundamento en la normativa y la jurisprudencia aplicable al caso.

20. Aseguró que no se incurrió en alguno de los defectos que indicó la accionante
y que la solicitud de amparo era improcedente, comoquiera que ninguna de las
providencias judiciales cuestionadas fue caprichosa y, por el contrario, estuvieron
debidamente argumentadas.

21. Así las cosas, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela o, en su
defecto, se negaran las pretensiones de la demanda.

1.6.2. Departamento de Boyacá

22. A través de documento allegado el 11 de octubre de 2023, el ente territorial
describió el procedimiento para las transferencias de los recursos de la Nación al
Fomag para pagar las cesantías, las actuaciones que adelantó el departamento, la
inaplicabilidad de la Ley 50 de 1990 y lo considerado en la sentencia SU-098 de
2018 de la Corte Constitucional.

23. Aseguró que en el trámite del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho se garantizó el debido proceso de la accionante y que el juez de tutela
no debía emitir un nuevo pronunciamiento de fondo, máxime cuando «no se cuenta
con decisión de unificación por parte del Órgano de Cierre de lo Contencioso
Administrativo».

24. Señalo que la solicitud de amparo se pretendía utilizar como una instancia
adicional del proceso ordinario, con el fin de desconocer que las decisiones
cuestionadas se sustentaron en análisis juiciosos y debidamente razonados.

25. En ese orden de ideas, pidió que se negara el amparo requerido.

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1.6.3. Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión

26. Mediante escrito enviado el 11 de octubre de 2023, el magistrado ponente de
la sentencia de segunda instancia cuestionada consideró que la acción de tutela no
cumplía con el requisito de la relevancia constitucional, de conformidad con lo
expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019.

27. Al respecto, manifestó que el reconocimiento de la sanción moratoria de los
docentes oficiales era un asunto meramente legal y con carácter económico, razón
por la cual no se perseguía efectivamente la protección de una garantía
constitucional.

28. Indicó que la accionante pretendía «reabrir un debate legal para discutir los
asuntos de índole probatorio y/o de interpretación de la ley» y que el Consejo de
Estado actuara «como una tercera instancia».

29. Así las cosas, pidió que la solicitud de amparo se declarara improcedente.

1.6.4. Ministerio de Educación

30. Por medio de correo electrónico remitido el 11 de octubre de 2023, el jefe de la
Oficina Jurídica de la entidad sostuvo que la señora Lucila Salda Rojas buscaba que
el juez de tutela realizara «una nueva revisión del problema jurídico que sometió a la
jurisdicción contenciosa administrativa» y desconocer las presunciones de legalidad
y acierto de las providencias judiciales.

31. Señaló que las decisiones cuestionadas respetaron sus derechos
fundamentales y se sustentaron en una interpretación «legítima» de las normas
aplicables a la controversia planteada en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

32. Aseguró que, de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional SU-
573 de 2019, le mecanismo de amparo constitucional no superaba el requisito de la
relevancia constitucional y, por ello, no había lugar a conceder la protección que
requirió.

33. En ese orden de ideas, pidió que se declarara improcedente la acción de
tutela.

1.6.5. Fiduprevisora S.A.

34. A través de documento allegado el 11 de octubre de 2023, la coordinadora de
tutelas de la entidad, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fomag, mencionó que en dicho fondo no hay cuentas individuales
para los docentes y los valores que corresponden a las cesantías no se consignan,

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pues están presupuestados y se trasladan al fondo desde el primer mes de cada
vigencia.

35. Por ende, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley
50 de 1990, artículo 99, para el escenario del Fomag, ya que lo que castiga la ley en
mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la
posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del Fomag, se
descarta algún tipo de sanción.

36. Precisó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la
Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas
en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para
la accionante y que reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se
cuestionó una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en el retardo de la
consignación de las cesantías.

37. En este caso, la demandante reclamó la consignación extemporánea de sus
cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por pago
inoportuno de los intereses, frente a lo cual, es imposible que se cause una demora
respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen especial
de los docentes, ya que resulta inviable realizar una consignación ante la ausencia
de cuentas individuales por cada afiliado.

38. En consecuencia, indicó que la acción constitucional resultaba improcedente,
toda vez que las autoridades judiciales del proceso ordinario actuaron conforme a la
normativa y la jurisprudencia establecida. Por lo cual, manifestó que no era dable
afirmar que se hubiera presentado una transgresión a las garantías fundamentales
de la accionante.

39. Así las cosas, pidió que se declarara improcedente la acción de tutela y se le
desvinculara del trámite de la referencia por carecer de legitimación en la causa por
pasiva.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

40. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Lucila Saldaña Rojas, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del
artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021.

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Demandante: Lucila Saldaña Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05258-00

2.2. Solicitud de desvinculación

41. La Fiduprevisora S.A. solicitó la desvinculación de este trámite constitucional
porque, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, esta
petición será negada, en tanto, la vinculación al proceso se realizó en calidad de
tercero, y no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el reparo
señalado por la accionante, en atención al interés que le asiste en las resultas del
proceso.

2.3. Problema jurídico

42. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial, en especial el
relacionado con la relevancia constitucional?

43. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, la Sala analizará lo
siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión vulneró los
derechos fundamentales al «debido proceso, derecho a la seguridad social,
situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad
social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio
constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al
desconocimiento de precedente judicial vertical» de la señora Lucila Saldaña
Rojas, con ocasión de la sentencia del 27 de junio de 2023 que confirmó el
fallo dictado el 19 de agosto de 2022 por el Juzgado Décimo Administrativo
del Circuito Judicial de Tunja, a través del cual se negó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías?

44. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, en caso de
superarlos; (iii) el estudio del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

45. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
3
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.

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Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su
procedencia5.

46. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.

47. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa,
motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.

48. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional6

49. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia del
mecanismo de amparo, dado que carece de relevancia constitucional al no cumplir
con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de
20227.

4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
6 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección

Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
7 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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2.5.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

50. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede
de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

51. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

(…) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.

52. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una
corrección del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este
instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo
anterior como un eje fundamental para:

(…) lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

53. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(…) (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal8 (Énfasis de la Sala).

54. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse

8 Sentencia SU-573 de 2019.

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exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico9; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional10”.

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”11 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”12
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto13, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal14. (Resaltado de la Sala)

55. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado
por RTI S.A.S. no cumplía con este postulado. Lo anterior, porque: (i) no tenía la
identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal;
(iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con
la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.

9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-103 de 2022.
12 Sentencia SU-128 de 2021.
13 Sentencia SU-573 de 2019.
14 Ibid.

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2.6. Caso en concreto

56. Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la sala colige que la acción de
tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de
relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.

57. La controversia propuesta por la señora Lucila Saldaña Rojas no tiene
relevancia constitucional, al tratarse de un asunto que versó sobre el reconocimiento
de la sanción moratoria por el presunto pago extemporáneo de las cesantías en un
proceso judicial que resultó desfavorable a sus intereses.

58. Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son
expuestos en el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías
constitucionales, no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la
intromisión del juez constitucional. Máxime por cuanto no se evidencia prima facie
vulneración de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial
accionada.

59. Lo anterior, toda vez que el caso obedece a una situación con presupuestos
fácticos análogos a los estudiados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la
sentencia SU-573 del 2019, mediante la cual declaró la improcedencia de tres
acciones constitucionales seleccionadas para revisión por revestir de una naturaleza
eminentemente legal y patrimonial. En dicho falló se indicó:

Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma
de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al
fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento
de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la
intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de
los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de
reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo
vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo
laboral con el Departamento del Atlántico –como se refiere, igualmente, en el
apartado que sigue-

60. En efecto, los argumentos de la accionante, independientemente bajo qué
yerros fueron articulados, están encaminados a determinar si la sanción moratoria
por la consignación tardía de las cesantías, prevista en el numeral 3.º del artículo 99
de la Ley 50 de 1999 es aplicable a su condición de docente afiliado al Fomag, es
decir que pretende que se dirima un asunto de mera legalidad y de naturaleza
económica.

61. Además, la decisión de la autoridad judicial accionada no se encuadra, en un
comportamiento arbitrario, defecto sustantivo, violación directa a la Constitución o en

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un desconocimiento del precedente judicial, pues consideró las normas relevantes y
aplicables a los docentes oficiales así como la jurisprudencia vigente, a partir de lo
cual concluyó que no era procedente seguir el criterio señalado en la sentencia SU-
098 de 2018, por cuanto en dicha providencia se analizó un asunto de presupuestos
fácticos y jurídicos diferentes al que es objeto de examen, con lo que se observa que
introdujo una carga argumentativa suficiente y razonable sobre dicho aspecto.

62. Del mismo modo, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. Esto, pues la competencia de este
juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

63. Conforme lo anterior, la pretensión de la accionante refleja un inconformismo
con las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se no
implica una trasgresión de los derechos fundamentales.

64. Finalmente, se destaca que a partir de la sentencia de unificación SUJ-032 del
11 de octubre de 2023, la Sección Segunda del Consejo de Estado como órgano de
cierre en la materia, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la
Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al Fomag, al efecto indicó:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como quiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, el personal docente en servicio activo que no esté afiliado a
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

65. Así las cosas, aunado a los argumentos expuestos, el asunto que se debate
en esta oportunidad carece de relevancia constitucional, por cuanto la Sección
Segunda del Consejo de Estado determinó en sede de unificación que los docentes
estatales afiliados al Fomag no tienen derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías. Por tanto, el asunto que se discute ya
fue definido por el juez natural de la causa y, en tal sentido, no es competencia del
juez constitucional estudiar la controversia en cuestión.

2.7. Conclusión

66. Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional,
toda vez que la parte actora pretende que el juez constitucional realice nuevamente
el estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de los

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derechos fundamentales sobre los que invocó su protección.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida
por la señora Lucila Saldaña Rojas contra el Tribunal Administrativo de Boyacá –
Sala Primera de Decisión.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081».

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