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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05260-01

Fecha
29 de enero de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05260-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 20 de octubre de 2023, por la cual la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional, por las razones aquí descritas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier 15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023. 16 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018. 9 de 10 Radicación: 11001-03-15-000-2023-05260-01 Demandante: Rosa Evelia Rubio Rojas Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia Decisión: Confirmar _____________________________________________________________________________________________________________ solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin17. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-05260-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

29 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 29 de enero de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05260-01
Demandante: Rosa Evelia Rubio Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que
confirmó la decisión de primer grado que negó las pretensiones de la demanda dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se reclamó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías, en su
calidad de docente vinculada al FOMAG.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 20 de
octubre de 2023, por la cual la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia
constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 22 de septiembre de 2023, Rosa Evelia Rubio Rojas, mediante
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a
la administración de justicia, así como de los principios de seguridad
jurídica y (se trascribe) “perpetuatio jurisdictionis, desconocimiento del
precedente vertical” y situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho,
con ocasión de la Sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por la

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte

motiva de la presente providencia”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05260-01
Demandante: Rosa Evelia Rubio Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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autoridad accionada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 15001-33-33-009-2022-00003-00/01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia
proferida el día 6/29/2023, en el expediente rad. No.
15001333300920220000301, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA
SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no
se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes: (…)”.

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:

4. 1) Rosa Evelia Rubio Rojas trabaja como docente oficial y se vinculó
al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) después de
1990, por lo que, a su juicio, le debían reconocer y pagar las cesantías bajo
el régimen anualizado.

5. 2) El 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no
consignó al FOMAG las cesantías por los servicios que prestó la señora
Rubio Rojas en 2020.

6. 3) El 26 de julio de 2021, la parte actora solicitó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, por la no consignación oportuna de las cesantías, así como la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

7. 4) Mediante el acto administrativo de 29 de agosto de 2021, la
Secretaría de Educación de Boyacá negó lo solicitado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05260-01
Demandante: Rosa Evelia Rubio Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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8. 5) Por lo anterior, la señora Rubio Rojas presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
para obtener la nulidad del aludido acto administrativo, tras considerar
que se desconoció la norma aplicable al caso en concreto, a saber, el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, junto con el principio de favorabilidad.

9. 6) Mediante Sentencia de 15 de noviembre de 2022, el Juzgado 9
Administrativo de Tunja negó las pretensiones de la demanda. Como
fundamento de su decisión, indicó que no le era aplicable la sanción
contenida en las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975, ya que a la parte
demandante le cobijaba el régimen especial contenido en la Ley 91 de
1989, el cual excluye la aplicabilidad de regímenes diferentes, bajo el
principio de inescindibilidad de la norma. En ese orden de ideas, señaló
que la situación fáctica planteada en la Sentencia SU 98 de 2018 es disímil
a la expuesta en la presente acción de tutela y, por lo tanto, sus efectos no
podían extenderse al caso concreto. Agregó que los recursos del FOMAG
provenían de aportes patronales, aportes de los docentes y aportes
adicionales del Gobierno Nacional, los cuales se rigen por el principio
presupuestal de unidad de caja, administración diferente a la de los
fondos privados.

10. 7) La anterior decisión fue apelada por el demandante, quien
consideró que no sólo la ley sino la jurisprudencia constitucional y del
Consejo de Estado, contemplaron la aplicación, de manera pacífica, de la
Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, en igualdad de condiciones al
resto de empleados públicos.

11. 8) En Sentencia de 29 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Boyacá confirmó la sentencia apelada, tras determinar que el acto
administrativo demandado fue expedido conforme con la Ley 91 de 1989,
cuerpo normativo que regla el reconocimiento y pago de las cesantías y
sus intereses a los docentes afiliados al FOMAG, el cual no prevé una fecha
límite para su consignación. Previsión que contempla el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, esto es, una norma que no forma parte del
régimen especial de los docentes vinculados al FOMAG. Aunado a lo
anterior encontró el Tribunal que no había lugar al reconocimiento de la
indemnización prevista en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, toda vez que
la misma no le era aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, a
pesar de que estos fueran funcionarios públicos, pues dicha ley tampoco
forma parte del régimen especial de la Ley 91 de 1989.

12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que el
Tribunal accionado incurrió en violación directa de la Constitución por: (1)
la no aplicación del principio de favorabilidad y, con ello, el
desconocimiento del artículo 13 y 53 de la Constitución Política; y (2) la

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05260-01
Demandante: Rosa Evelia Rubio Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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falta de reconocimiento de la sanción moratoria contemplada en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación del auxilio de
cesantías en el respectivo fondo. Cargo que, además, adujo, se
encuadraba en un defecto sustantivo.

13. Señaló, igualmente, que se desconoció el precedente, toda vez que,
tanto la Corte Constitucional3 como el Consejo de Estado4, reconocieron a
favor de los docentes oficiales el derecho a la sanción por mora en el
pago del auxilio de cesantías, es decir, aplicaron las disposiciones de la Ley
50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad y la ausencia de
regulación. Incluso citó providencias de tribunales y juzgados
administrativos en las que también se reconoció ese derecho.

14. Manifestó que hubo una interpretación restrictiva sobre la aplicación
de la sanción moratoria por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá en
la decisión reprochada, puesto que (se trascribe) “a los maestros deben
tratarse en igualdad de condiciones, que al resto de empleados públicos
del país”5. En esa medida indicó que, el Ministerio de Educación Nacional
debía consignar las cesantías al FOMAG antes del 15 de febrero de cada
anualidad, so pena de incurrir en mora.

15. Frente a los argumentos del tribunal demandado de que no existía
norma jurídica que contemplara la sanción moratoria, ni un precedente
consolidado que obligara a acatarlo, precisó que la Ley 50 de 1990 se
aplicaba a los docentes por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y
344 de 1996, así como los Decretos 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de
2003. Además, señaló que no se requería de una sentencia de unificación,
sino de (se trascribe) “una clara aplicación del contenido de la ley, los
decretos y la interpretación regularmente aceptada por el H. Consejo de
Estado en torno a la materia”.

16. Adicionalmente, afirmó que la tutela tenía relevancia constitucional
porque no se debatía un asunto de simple legalidad, sino aspectos como
la ausencia de garantía de igualdad en el trato jurídico, los principios de

3 Sentencias de Unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019, SU-41 de 2020.
4 Sentencias de 6 de agosto de 2020, Rad. 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019, Rad.

76001-23-31-000-2009-00867-01 (4854-2014); 29 de julio de 2019, Rad. 11001-0315-000-2018-03499-01; 2 de
diciembre de 2019, Rad. 08001-23-33-000-2014-00173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020, Rad. 08001-23-33-000-2014-
00208-01; 22 de octubre de 2020, Rad. 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017); 12 de noviembre de 2020, Rad.
08001-23-33-000-2014-00132-01; 17 de junio de 2021, Rad. 08001-23-31-000-2014-00815-01 y Rad. 08001-23-33-000-
2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, Rad. 19001-23-33-000-2015-00445-02 (0483-20); 25 de noviembre de 2021,
Rad. 08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002-2021) y Rad. 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020); 11 de
noviembre de 2021, Rad. 080001-23-40- 000-2015-90008-01 (2387-2020) y Rad 080001-23-40-000-2014-90022-01
(5154-2016); 20 de enero de 2022, Rad. 080001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021); 28 de abril de 2022, Rad.
76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020); 9 de mayo de 2022, Rad. 080001-23-40-000-2017-00795-01 (2659-2020);
19 de mayo de 2022, Rad. 47001-23-33- 000-2019-00359-01 (4004-2021); 1 de julio de 2022, Rad. 47001-23-33- 000-
2019-00376-01 (4462-2021); 22 de agosto de 2022, Rad. 08001-23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020); 22 de
septiembre de 2022, Rad. 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020); 19 de enero de 2023, Rad. 76001-23-31-000-
2012-00212-02 (4470-2021) y 26 de enero de 2023, Rad. 47001-23-33-000-2018-00231-01 (0871-2020).
5 En concordancia, expresó que (se trascribe) “(…) las cesantías anualizadas de los maestros oficiales se liquidan

de la misma forma, como se liquidan a los a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia
radica en los intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el saldo acumulado”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05260-01
Demandante: Rosa Evelia Rubio Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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seguridad jurídica y confianza legítima respecto de la existencia de varias
posturas de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en lo atinente a
la aplicación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías a los
docentes oficiales, y la trasgresión del derecho a la seguridad social y al
principio de favorabilidad. En ese orden de ideas, señaló que la acción
constitucional no fue presentada como una instancia adicional.

1.2. Fallo de primera instancia e impugnación

17. Mediante Sentencia de 20 de octubre de 2023, la Sección Primera
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Para ello, manifestó
que la inconformidad planteada por la señora Rubio Rojas giró en torno a
la falta de reconocimiento de la sanción moratoria como docente
vinculado al FOMAG, en los términos de la Ley 50 de 1990, asunto que no
involucraba la afectación de derechos fundamentales, sino que era de
naturaleza eminentemente económica y previamente decidido por el juez
natural de esa causa.

18. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora
presentó escrito de impugnación, en el que indicó que, en distintas
providencias de tutela con situaciones fácticas similares, esta corporación
ha tenido por superado el requisito de relevancia constitucional6. Manifestó
que el asunto era de relevancia constitucional, comoquiera que versaba
en torno al derecho fundamental a la seguridad social, el cual se garantiza
a través de las prestaciones sociales, específicamente, las aquí
controvertidas, las cesantías y sus intereses.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusión.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7

19. La Sala confirmará la Sentencia de tutela de primera instancia, a
través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

20. Para la Corte Constitucional, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates legales. En

6 Sin indicar radicados ni fechas
7 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-66 de 2019.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05260-01
Demandante: Rosa Evelia Rubio Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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consecuencia, el juez debe analizar (se trascribe): “(i) que el asunto tenga
la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales”8.

21. Además, ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales9.

22. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para
el juez de tutela10 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto
de obtener una nueva instancia11; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad12.

23. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que el
accionante (1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para
determinar los motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia
constitucional y (2) pretendió revivir un debate propio del juez natural. Así,
buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiara un aspecto que ya
fue resuelto, es decir, utilizarla como una instancia adicional.

24. Lo anterior obedece a que no advirtieron razones suficientemente
ponderadas que justificaran el por qué era necesaria la intervención del
juez de tutela, por ser la aplicabilidad de la sanción moratoria, prevista en
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a docentes oficiales
afiliados al FOMAG, un asunto económico y de simple legalidad.

8 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 215 de 2022.
9 Ibidem.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El

primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
11 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
12 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05260-01
Demandante: Rosa Evelia Rubio Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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25. Además, se evidenció que la parte actora reiteró los mismos
argumentos que expuso en el proceso ordinario, concretamente, en la
demanda13 y en el recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia14. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiara un
aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como una instancia
adicional. Tales argumentos fueron abordados y resueltos por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en los siguientes términos (se trascribe):

“Ahora bien, con el fin de proteger el derecho a la igualdad y promover el
sistema financiero, se permitió que algunos empleados de naturaleza pública
accedieran a los fondos privados. Así, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996,
excluyendo expresamente, entre otros, a los docentes regidos por la Ley 91 de
198925, estableció el régimen de cesantías para las personas que se
vincularan a los órganos y entidades del Estado; aquella norma fue
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, el cual permitió que los servidores
públicos del nivel territorial vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996,
con las exclusiones indicadas, se afiliaran a los fondos privados de cesantías,
quienes, en consecuencia, se regían por los artículos 99, 102, 104 y demás
normas concordantes de la Ley 50 de 1990. Con posterioridad, el Decreto 1252
de 2000 extendió este régimen a los demás servidores que se vincularan a
partir de su vigencia, siempre que no estuvieran afiliados al Fondo Nacional
del Ahorro ni al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

(…) Los docentes no tienen la posibilidad de elegir a cuál régimen pertenecer,
toda vez que, por disposición legal, deben afiliarse al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, el cual tiene una naturaleza y
racionalidad de funcionamiento diferente a los fondos privados, en la medida

13 “Tanto el Honorable Consejo de Estado, como la Corte Constitucional, no habían tenido la oportunidad de

pronunciarse, antes del año 2018 de MANERA UNIFICADA sobre la aplicabilidad o no del contenido del artículo
99 de la ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, habiendo encontrado que no existe ninguna razón para que una
vez vencido el 15 de febrero de cada anualidad, las cesantías de los maestros de régimen anualizado no sean
consignadas al FOMAG, pues el régimen de cesantías de los docentes y los demás servidores públicos del país es
exacto, de hecho, el cambio de régimen retroactivo a régimen anualizado, fue efectuado desde el 29 de
diciembre de 1989 a los maestros, cuando el resto de servidores públicos del país fue realizado un año con
posterioridad. (…) A partir del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, se establece el régimen anualizado de cesantías
para los servidores públicos del orden nacional e incluso claramente se determina QUE SIN IMPORTAR LO QUE
EXPRESE LA LEY 91 DE 1989 (…). Así mismo procedió la H. Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-336
del 18 de mayo de 2017 (…) precisó que los docentes oficiales hacen parte de la categoría de empleados
públicos(…), concluyendo entonces que les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen
especial y específicamente advirtió, que cuando el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 establece que el pago de las
cesantías de los docentes oficiales se rige por la normatividad vigente y aquellas que se expidan en el futuro
para los empleados públicos del orden nacional, se refiere a la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006, así como a la ley 50 de 1990 y ley 344 de 1996, que resultan aplicable a toda categoría de empleado
público nacional o territorial, incluyendo entonces claramente a los docentes, que contempla la posibilidad de
reconocer a favor de sus destinatarios, la sanción por el pago tardío de las cesantías ya sea por: 1. Su inoportuna
consignación antes del 15 de febrero de cada año, 2. El no pago de intereses antes del 30 de enero de cada
año o, 3. La demora en su reconocimiento y pago cuando ha sido solicitado su acumulado para ser utilizado
para compra de vivienda, pago de sus estudios o pago de hipoteca, como lo contempla la utilización de las
misma en la ley”.
14 “(…) la parte demandante presentó recurso de apelación, al señalar que los docentes tienen derecho a la

aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 en virtud de la sentencia SU – 098 de 2018 de la Corte
Constitucional, la cual ha sido acatada por el Consejo de Estado. (…) Los docentes son empleados públicos y
legalmente no existe una razón que justifique que no tienen los mismos derechos que un servidor público, o que
sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo extemporáneo, la interpretación dada por el a quo
desprotege a los docentes oficiales y se continua con una restricción de que tengan un pago oportuno de sus
cesantías, y lo que derive de las mismas. (…) La aplicación de la norma general del artículo 99 de la ley 50 de
1990, no resulta incompatible con el régimen especial que regula la figura del auxilio de cesantías de los
docentes porque no afecta los requisitos, términos y competencia para su reconocimiento ni afecta el derecho
de los docentes a esta prestación como tampoco genera exclusiones entre los docentes del magisterio. (…)
Adicionalmente, cabe anotar que, como quedó visto, una interpretación restrictiva de la aplicación de la
sanción moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros trabajadores del Estado que
gozan de la sanción como garantía de la prestación. Esta distinción viola el derecho a la igualdad toda vez que
los docentes tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica dentro de los trabajadores
estatales, lo cual no constituye un motivo valido en sí mismo para negar su acceso. (…) Allegó una serie de
sentencias dictadas por el Consejo de Estado, que señalan que es procedente aplicar la Ley 50 de 1990 al
personal docente oficial.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05260-01
Demandante: Rosa Evelia Rubio Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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en que es una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial,
contable y estadística, cuyos recursos son manejados por una entidad
fiduciaria, guiados por el principio de unidad de caja.

No es posible concluir que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio en materia de cesantías funciona de forma similar o con la misma
racionalidad que los fondos privados, comoquiera que, en ese último caso, los
recursos se remiten a una cuenta individual a nombre del correspondiente
empleado, los cuales son administrados por las sociedades de fondos de
cesantías.

(…) Los recursos de las cesantías de los docentes afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio llegan a un fondo que no está
clasificado o dividido por cada docente o servidor. Así, la transferencia de los
dineros por ese concepto a cada docente en particular se hace efectiva
previo agotamiento de un trámite administrativo regulado en la Ley 1071 de
2006, únicamente cuando el servidor solicita la liquidación de las cesantías
definitivas o parciales. En este caso, si se incurre en mora, la entidad obligada
debe reconocer de sus propios recursos al beneficiario un día de salario por
cada día de retardo hasta que se haga efectivo el pago de estas.

(…) En suma, la Sala considera que no es posible aplicar el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

Por contera, tampoco resulta procedente el reconocimiento de la
indemnización prevista en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, toda vez que, se
insiste, esa normativa no forma parte del régimen especial previsto para los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

(…) Para la Sala, el acto administrativo acusado no puede ser anulado en la
medida en que atendió la normativa que regula el reconocimiento y pago de
las cesantías y sus intereses a los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio que, como se estudió en los acápites
anteriores, no prevé como fecha máxima para su consignación el 15 de
febrero de cada año, pues el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no
forma parte del régimen especial de esos servidores públicos.

Tampoco es posible acceder al reconocimiento de la indemnización prevista
en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975, toda vez que, se insiste, esa normativa no
forma parte del régimen especial previsto para los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.”

26. En virtud de lo anterior, así como en su momento lo manifestó la
Sección Primera del Consejo de Estado en el fallo impugnado, debe
señalarse que no se evidenció la necesidad de la intervención del juez de
tutela en un asunto que ya fue resuelto por el juez natural, quien se
pronunció sobre los reparos que formuló la parte actora contra la
sentencia apelada. En ese orden, se reitera que lo pretendido por la
accionante fue reabrir el debate jurídico y someterlo a una instancia
adicional, pese a que el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con fundamento normativo y jurisprudencial, dejó claro que la
sanción moratoria, prevista en la Ley 50 de 1990, por la consignación
extemporánea de cesantías anualizadas o de sus intereses, no cobijaba a
los docentes oficiales, determinación que lo llevó a apartarse de la
Sentencia SU-98 de 2018 de la Corte Constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05260-01
Demandante: Rosa Evelia Rubio Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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27. Aunando a lo anterior, no puede perderse de vista que,
recientemente, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su
postura frente al tema que aquí interesa y dispuso (se trascribe)

“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente
en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de
1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de
protección social en favor del docente estatal.”15

28. Así las cosas, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por
qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional16.

2.2. Conclusión

29. La Sala procederá a confirmar la sentencia impugnada, tras
corroborar que no se superó el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 20 de octubre de 2023, por la cual
la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la
solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional, por las razones
aquí descritas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier

15 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023.
16 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05260-01
Demandante: Rosa Evelia Rubio Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin17.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

17 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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