Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05263-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05263-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05263-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
30 de noviembre de 2023
Demandante: UGPP
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05263-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05263-00
Demandante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENIONAL
Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN
SOCIAL - UGPP
Demandado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
A
Temas: Tutela contra providencia judicial – incumplimiento del requisito de
subsidiariedad – omisión de pronunciamiento respecto de la
prescripción trienal en materia laboral
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la Sala a resolver la solicitud de amparo presentada por la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP contra el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito presentado el 22 de septiembre de 2023, la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
• UGPP, actuando a través de apoderado, ejerció acción de tutela contra el Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección A, con el fin de que le sean amparados
sus derechos fundamentales «al Debido Proceso y Acceso a la Administración de
Justicia en conexidad con el principio de Sostenibilidad Financiera del Sistema
Pensional».
La entidad consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión
de la sentencia del proferida por el Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A el 23 de marzo de 2023, mediante la cual revocó los numerales
primero, tercero y quinto del fallo dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C el 8 de abril de 2016 para, en su
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Demandante: UGPP
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
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lugar, ordenar reliquidar la pensión de vejez del señor Aldemar Luna Gordillo e incluir
en el ingreso base de liquidación la prima de riesgo que percibió.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
PRINCIPALES
Primero. AMPARAR los derechos fundamentales deprecados por la UGPP,
vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA – SUBSECCIÓN A por el evidente
detrimento del erario que se genera con el pago del retroactivo correspondiente por el
periodo del 1 de julio de 2006 al 1 de abril de 2011 por tratarse de mesadas
prescritas, a los cuales no se tiene derecho.
Segundo. Como consecuencia de lo anterior:
a.- DEJAR PARCIALMENTE sin efectos el fallo del 23 de marzo de 2023, dictado por
el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 25000-23-42-000-2014-01307-00, en razón a la inaplicación del
Decreto 3135 de 1968 articulo 41 y su Decreto Reglamentario 1848 de 1969 artículo
102; el artículo 187 del CPACA y así mismo por desconocer el precedente
jurisprudencial relacionado con la prescripción de mesadas pensionales.
b.- Se ORDENE al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA – SUBSECCIÓN A, modificar su sentencia
del 23 de marzo de 2023, que ordenó actualizar la mesada pensional del Señor
ALDEMAR LUNA GORDILLO sin resolver lo pertinente a la excepción de prescripción
y aplicar la prescripción de mesadas pensionales que en derecho corresponde, para
en su lugar declarar prescritas las diferencias de mesadas pensionales anteriores al 1
de abril de 2011.
SUBSIDIARIAS
En caso de que esa H. Magistratura no acceda a lo anterior en razón a no estar
superado el requisito de subsidiariedad solicitamos:
Primero. Sean amparados TRANSITORIAMENTE los derechos fundamentales
deprecados por la UGPP y vulnerados por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCION SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
Segundo. Como consecuencia de lo anterior se SUSPENDA PARCIALMENTE y de
MANERA TRANSITORIA el fallo del 23 de marzo de 2023 proferido en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho No. 25000-23-42-000-2014-01307-00, en lo
que se refiere al pago de porcentaje del retroactivo pensional irregular, hasta tanto se
resuelva el recurso extraordinario de revisión que se iniciaría en virtud de su orden
tutelar.
Además, como medida provisional, requirió:
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Conforme a la gravedad de la situación que se pone de presente ante su Despacho,
solicitamos se SUSPENDA la ejecución de la sentencia del 23 de marzo de 2023,
dictada dentro del proceso contencioso Rad. 25000-23-42-000-2014- 01307-00,
mientras se resuelve esta acción constitucional de amparo, ello para evitar pagar el
retroactivo que asciende a la suma aproximada de $ 31.543.431,83 M/cte al cual no
se tiene derecho y que se deriva del fallo judicial controvertido que omitió decretar la
prescripción de mesadas, retroactivo irregular que de pagarse, por tratarse de un
único pago, será imposible de recuperar al estar amparado el Señor ALDEMAR LUNA
GORDILLO del principio de buena fe dada la ejecutoria de la sentencia censurada en
esta tutela.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
El señor Aldemar Luna Gordillo1 presentó demanda, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP
y con el fin de que se accediera a las siguientes pretensiones:
Que se declare la nulidad de la Resolución No. 02490 del 24 de marzo de 2004, por
la cual se le reconoció pensión de vejez, de la Resolución No. 62599 del 20 de
diciembre de 2006, que reliquidó la pensión por nuevos tiempos de servicios y de la
Resolución No. UGM 014616 del 24 de octubre de 2011, mediante la cual se negó la
reliquidación de la pensión por retiro definitivo del servicio y con la inclusión de todos
los factores salariales devengados en el último año de servicios.
Que como consecuencia de la declaración anterior, y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la entidad demandada reliquidar su pensión de vejez con el
75% de todos los salarios devengados en el último año de servicios, incluyendo la
asignación básica, prima de clima, prima de servicios, prima de navidad, prima de
riesgo, bonificación por servicios, prima de servicios, prima ex funcionario y prima de
vacaciones, a partir del 1° de julio de 2006, fecha de retiro definitivo del servicio.
Que se ordene a la accionada a pagar las diferencias que resulten entre lo que se
viene cancelando y lo que se ordene cancelar en la sentencia.
Igualmente, se ordene cancelar los intereses moratorios conforme lo prescribe el
artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se ordene el cumplimiento de la sentencia en los
términos del artículo 195 del C.P.A.C.A. y se condene en costas a la entidad
accionada.
El proceso le correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C que, a través de fallo del 8 de
abril de 2016, resolvió:
Primero.- Declárase probada de oficio la excepción de prescripción respecto del pago
1 El señor Aldemar Luna Gordillo prestó sus servicios como detective en el Departamento
Administrativo de Seguridad – DAS por un lapso de 25 años, 4 meses y 12 días.
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de las diferencias de las mesadas pensionales anteriores al 21 de octubre de 2010,
de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo.- Declárase la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 02490 del 24 de
marzo de 2004 y 62599 del 20 de diciembre de 2006, por medio de las cuales la
entidad accionada reconoció la pensión de vejez al actor y le reliquidó la misma.
Igualmente, la nulidad del acto ficto negativo configurado por el silencio de la entidad
demandada frente a la petición de reliquidación presentada el 9 de febrero de 2009 y
la nulidad de la Resolución No. UGM 014616 del 24 de octubre de 2011, por la cual
se declaró la existencia del acto ficto anterior, y se resolvió un recurso de reposición
contra dicho acto, confirmándose en todas sus partes.
Tercero.- Como consecuencia de la declaración de nulidad de los actos acusados, y a
título de restablecimiento del derecho, LA UNIDADA ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL “UGPP”, reliquidará la pensión de vejez reconocida al señor
Aldemar Luna Gordillo, identificado con C.C. No. 17.385.519, en cuantía equivalente
al 75% del promedio mensual de los factores salariales devengados en el año anterior
al retiro del servicio (1° de julio de 2005 al 30 de junio de 2006), incluyendo además
de los ya reconocidos (asignación básica y bonificación por servicios), la prima de
riesgo, la prima de clima, (1/12 parte) de la prima de servicios, (1/12 parte) de la
prima de navidad y (1/12 parte) de la prima de vacaciones, a partir del primero (1°) de
julio de dos mil seis (2006), pero con efectos fiscales a partir del 21 de octubre de dos
mil diez (2010), por prescripción trienal, efectuando el descuento de los aportes
correspondientes a los factores salariales cuya inclusión se ordena y sobre los cuales
no haya efectuado la deducción legal, por todo el tiempo de la relación laboral,
debidamente indexados y sobre el monto equivalente para la financiación de la
pensión, de acuerdo al artículo 48 de la Constitución Nacional, modificado por el
artículo 1° del Acto Legislativo 01 de 2005, siempre que no se haya efectuado la
deducción legal, en la proporción que legalmente le corresponde al demandante.
Cuarto.- Ordenar a LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
“UGPP”, pagar al demandante las diferencias que resulten, con los reajustes de ley,
entre el valor de las mesadas pensionales que le ha reconocido y pagado, y las que le
debe pagar legalmente, diferencia indexada hasta la ejecutoria de este fallo, tal como
lo permite el inciso final del artículo 187 del CPACA, aplicando la fórmula explicada en
la parte motiva de este proveído.
Quinto.- Deniéganse las demás súplicas de la demanda.
[…]
Inconformes con lo anterior, el señor Aldemar Luna Gordillo y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP interpusieron recurso de apelación y la alzada le
correspondió resolverla al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A
que, mediante sentencia del 23 de marzo de 2023, dispuso:
PRIMERO. REVOCAR los numerales primero, tercero y quinto de la sentencia del 8
de abril de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección C que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda
en el proceso promovido por el señor Aldemar Luna Gordillo contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP,
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y en su lugar
SEGUNDO. ORDENAR reliquidar la pensión de vejez reconocida al señor Aldemar
Luna Gordillo incluyéndole en el ingreso base de liquidación del promedio de lo
devengado en los últimos diez años, la prima de riesgo desde el año 2003, pero
únicamente por el periodo que acreditó que la percibió de junio de 2005 a junio de
2006.
TERCERO. DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
[…]
Lo anterior, al concluir que:
Bajo ese entendido, y de conformidad con lo expuesto en el marco normativo y
jurisprudencial, concluye la Sala que debe aplicarse la sentencia del 28 de julio de
20222 de la Sección Segunda que unificó la posición, según la cual los factores
salariales para liquidar la pensión de vejez son los establecidos en el Decreto 1158 de
1994 y sobre los cuales se cotizó. En relación con la prima de riesgo debe incluirse en
el IBL a partir de la fecha en la que aparece demostrada que la devengó, es decir,
desde junio de 2005 a junio del 2006.
En conclusión, el demandante no tiene derecho a que se le reliquide la pensión con el
promedio de los factores salariales devengados en el último año.
En consideración a lo expuesto, la Sala revocará la sentencia proferida en primera
instancia en la que se accedieron a las súplicas de la demanda y en su lugar, negará
las pretensiones de la misma excepto en cuanto a la inclusión de la prima de riesgo
desde el año 2003 en el IBL pero únicamente por el último año que la acreditó, es
decir de junio de 2005 a junio de 2006.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El apoderado judicial de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, sostuvo que el Consejo
de Estado – Sección Segunda – Subsección A no se pronunció sobre la prescripción
trienal y ello generó que incurriera en una «VÍA DE HECHO», un «ABUSO DEL
DERECHO» y un «GRAVE PERJUICIO AL ERARIO».
Precisó que lo anterior produjo que se vulneraran los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia de la entidad y se configuraran los defectos
decisión sin motivación, sustantivo y desconocimiento del precedente.
Además, que se afectara el principio de sostenibilidad financiera del Sistema
Pensional, toda vez que debe hacer un «pago errado de $ 31.543.431,83 M/cte»,
conforme a la siguiente liquidación:
2 Ob. Cit. «Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia
del 28 de julio de 2022, SUJ-028-CE-S2-2022».
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Indicó que ello sería un «desfalco al Erario», debido a que el señor Aldemar Luna
Gordillo no tenía derecho a que se le reconocieran las diferencias de sus mesadas
pensionales antes del 1° de abril de 2011, toda vez que operó el fenómeno de la
prescripción trienal.
Consideró que la solicitud de amparo cumplía con todos los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales y en relación con
el de subsidiariedad, entre otras cosas, aseguró que el recurso extraordinario de
revisión no era idóneo para evitar un perjuicio irremediable, comoquiera que en ese
proceso no se podían solicitar medidas cautelares y debía cumplir con lo ordenado
en la sentencia del 23 de marzo de 2023.
Al argumentar el fondo de la vulneración, respecto de cada defecto, aclaró lo que se
indica a continuación:
• Decisión sin motivación
Sostuvo que se configuró esta irregularidad, toda vez que la autoridad judicial
accionada no expuso nada respecto de la prescripción trienal, a pesar de que ambas
partes del proceso ordinario lo pusieron de presente en sus recursos de apelación y
se consideró en el segundo problema jurídico que se debía resolver, por lo que se
desconoció el principio de congruencia.
• Defecto sustantivo
Advirtió que se incurrió en este yerro, comoquiera que al no pronunciarse sobre la
prescripción trienal se dejaron de aplicar los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968,
102 del Decreto 1848 de 1969 y 187 de la Ley 1437 de 2011.
• Desconocimiento del precedente
Señaló que este defecto se configuró, por cuanto no se tuvieron en cuenta las reglas
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de decisión relacionadas con la prescripción trienal establecidas en las sentencias de
la C-198 de 1998, C-230 de 1998, T-217 de 2013 y SU-140 de 2019 de la Corte
Constitucional.
Por otra parte, indicó que hubo un «ABUSO PALMARIO DEL DERECHO», porque la
omisión de la autoridad judicial accionada de pronunciarse sobre la prescripción
trienal genera que deba pagar un retroactivo al señor Aldemar Luna Gordillo, «por el
periodo comprendido entre el 1 de julio de 2006 hasta el 1 de abril de 2011», que no
corresponde con el ordenamiento jurídico.
Igualmente, señaló que la providencia cuestionada constituye un «FRAUDE A LA
LEY», debido a que no se aplicaron las normas relacionadas con la prescripción
trienal y, por ello, se trata de un «acto ilícito y/o ilegal».
Por último, estimó que la sentencia controvertida «AFECTA GRAVEMENTE LA
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA DEL SISTEMA PENSIONAL», toda vez que el
dinero que se debe pagar proviene de la cuenta del Fondo de Pensiones Públicas del
Nivel Nacional y se generaría un detrimento patrimonial, pues el señor Aldemar Luna
Gordillo no tiene derecho.
1.5. Trámite de la acción de tutela
El despacho sustanciador, mediante auto del 5 de octubre de 2023, negó la medida
provisional solicitada, admitió la demanda y ordenó notificar a los magistrados del
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, en calidad de autoridades
judiciales accionadas.
Igualmente, vinculó como terceros con interés al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y al señor Aldemar Luna Gordillo,
y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en los
términos y para los efectos previstos en el artículo 610 de la Ley 1564 de 2012.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:
1.6.1. Aldemar Luna Gordillo
Por medio de correo electrónico remitido el 23 de noviembre de 2023, sostuvo que
no se configuró «fraude a la ley ni abuso del derecho», toda vez que no operó la
prescripción trienal como lo argumentó en el recurso de apelación que interpuso
contra el fallo de primera instancia del proceso ordinario.
Aseguró que la omisión alegada por la entidad accionante tenía que debatirse a
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través del recurso extraordinario de revisión, pero «se subsanó al haberse resuelto
de fondo y en derecho el recurso del actor, que resultó prospero».
Expuso la manera como, a su juicio, se debían contabilizar los términos para aplicar
la prescripción trienal y advirtió que se buscaba abrir la controversia que resolvió el
juez natural de la causa.
Indicó que lo pretendido con la solicitud de amparo pudo haberse solicitado mediante
la adición de la sentencia del 23 de marzo de 2023, no obstante, el término de
ejecutoria de la providencia venció sin que se requiriera ello.
En ese orden de ideas, consideró que la acción de tutela era improcedente y pidió
que así se declarara.
El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C y la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a pesar de haber sido
notificados en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por la
señora Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el
numeral 7° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
Decreto 333 de 2021.
2.2. Problemas jurídicos
Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial, en especial el
relacionado con la subsidiariedad?
De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se analizará lo siguiente:
• ¿El Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con ocasión de
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la sentencia del 23 de marzo de 2023, mediante la cual revocó los numerales
primero, tercero y quinto del fallo dictado por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C el 8 de abril de 2016 para,
en su lugar, ordenar reliquidar la pensión de vejez del señor Aldemar Luna
Gordillo e incluir en el ingreso base de liquidación la prima de riesgo que
percibió?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) la naturaleza subsidiaria del mecanismo de amparo
constitucional y su improcedencia cuando existen otras vías judiciales disponibles y
eficaces; (iii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, en caso de
superarlos; (iv) el análisis del caso concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 3
unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su procedencia5.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin
que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o
razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de
instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
4 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.»
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considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4. La naturaleza subsidiaria del mecanismo de amparo constitucional y su
improcedencia cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces
En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución
consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.
Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos de
defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de los
derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no
a la tutela.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia6.
Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que la
protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.
2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Subsidiariedad
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP aseguró que el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A vulneró sus derechos fundamentales al debido
6 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció : «En efecto, la Constitución y
la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el
contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de
la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de
cada una de las jurisdicciones.»
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proceso y de acceso a la administración de justicia, comoquiera que en la sentencia
del 23 de marzo de 2023 omitió pronunciarse sobre la prescripción trienal de las
diferencias de las mesadas pensionales del señor Aldemar Luna Gordillo.
El señor Aldemar Luna Gordillo indicó que la acción de tutela era improcedente, toda
vez que el accionante no agotó los medios judiciales que tenía a su disposición para
debatir la omisión alegada y buscaba abrir la controversia que resolvió el juez natural
de la causa.
La autoridad judicial accionada, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Segunda – Subsección C y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, a pesar de haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.
Desde este panorama, la Sala advierte que declarará improcedente la acción de
tutela por las razones que se exponen a continuación:
Primero, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP pudo haber solicitado que se adicionara
la sentencia del 23 de marzo de 2023 y no lo hizo.
Al respecto, de conformidad con el artículo 2877 de la Ley 1564 de 2012, la adición
de providencias es el mecanismo judicial idóneo para pedirles a las autoridades
judiciales que, ante una omisión, se pronuncien sobre todos los extremos de la
controversia o sobre cualquier asunto que por disposición legal deba ser resuelto.
Ahora bien, la cuestión sobre la aplicación de prescripción trienal fue objeto de
apelación por ambas partes del proceso ordinario y, además, el Consejo de Estado –
Sección Segunda – Subsección A lo consideró en el segundo problema jurídico que
formuló, así:
En el evento que se admita que la reliquidación se debe efectuar con el ingreso base
de liquidación del último año se deberá examinar si ¿es procedente aplicar la
prescripción trienal a las mesadas causadas? (Negrita y subrayado fuera del
texto)
Lo anterior significa que la prescripción trienal constituía uno de los elementos del
debate jurídico a resolver y, en consecuencia, si la providencia cuestionada omitió
7 Artículo 287. Adición. Cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis
o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento,
deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a
solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.
El juez de segunda instancia deberá complementar la sentencia del inferior siempre que la parte
perjudicada con la omisión haya apelado; pero si dejó de resolver la demanda de reconvención o la de
un proceso acumulado, le devolverá el expediente para que dicte sentencia complementaria.
Los autos solo podrán adicionarse de oficio dentro del término de su ejecutoria, o a solicitud de parte
presentada en el mismo término.
Dentro del término de ejecutoria de la providencia que resuelva sobre la complementación podrá
recurrirse también la providencia principal.
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pronunciarse sobre ello era susceptible de ser adicionada, de oficio o a petición de
parte.
Sin embargo, la entidad accionante no presentó algún requerimiento en ese sentido
y, posteriormente, ejerció la acción de tutela.
Se pone de presente que cuando no se agotan los mecanismos judiciales dispuestos
en el ordenamiento jurídico para que una persona ejerza la defensa de sus intereses,
se excluye la posibilidad que la solicitud de amparo constitucional pueda operar. Ello,
de conformidad con la sentencia de la Corte Constitucional C-543 de 19928, en la
que se indicó:
Se comprende, en consecuencia, que cuando se ha tenido al alcance un medio
judicial ordinario y, más aún, cuando ese medio se ha agotado y se ha adelantado
un proceso, no puede pretenderse adicionar al trámite ya surtido una acción de tutela,
pues al tenor del artículo 86 de la Constitución, dicho mecanismo es improcedente
por la sola existencia de otra posibilidad judicial de protección, aún sin que ella
haya culminado en un pronunciamiento definitorio del derecho. Bien puede afirmarse
que, tratándose de instrumentos dirigidos a la preservación de los derechos, el
medio judicial por excelencia es el proceso, tal como lo acreditan sus remotos
orígenes […] (Negrita y subrayado fuera del texto).
Recientemente, la corporación de cierre en materia de derechos fundamentales, en
el fallo T-053 de 20229, respecto del requisito de subsidiariedad precisó:
En atención a su naturaleza excepcional y residual, la acción de tutela no fue creada
para ser utilizada en reemplazo de los medios judiciales disponibles en el
ordenamiento jurídico, ni para desplazar al juez natural de una determinada causa o
invadir su órbita decisional. Por tanto, salvo los casos en que se utilice como
mecanismo transitorio para prevenir un perjuicio irremediable, la decisión forzosa del
juez de tutela será la de declarar improcedente la acción si se advierte que se está
recurriendo a este mecanismo preferente y sumario como estrategia para eludir
los procedimientos y recursos ordinarios propios de cada proceso, o para
reparar la incuria en su interposición. (Negrita y subrayado fuera del texto)
Desde este panorama, se observa que la entidad accionante promovió la solicitud de
amparo para remediar su propia incuria o descuido al momento de pedir que se
adicionara la providencia judicial cuestionada en punto de la aplicación de la
prescripción trienal.
Lo anterior, por cuanto no se observa que hubiera presentado alguna situación que
impidiera que lo perseguido en la acción de tutela se le hubiere requerido
previamente al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.
8 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-543 del 01.10.92., M.P. José Gregorio Hernández
Galindo.
9 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-053 del 18.02.22., M.P. Alberto Rojas
Ríos.
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Por lo tanto, no es posible que ahora se utilice el mecanismo de protección
constitucional para corregir la desidia del proceso ordinario.
Segundo, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social – UGPP puede interponer el recurso
extraordinario de revisión contra la sentencia del 23 de marzo de 2023 y no lo ha
hecho.
Se advierte que la omisión sobre la que se erige la argumentación de la acción de
tutela puede debatirse a través del medio de impugnación excepcional previsto en el
artículo 248 de la Ley 1437 de 2011, ello en particular al invocar la causal 5ª del
artículo 250 de ese mismo estatuto, es decir, «existir nulidad originada en la
sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
En efecto, la entidad accionante aseguró en su demanda que:
La decisión del ad – quem no es consecuente ni congruente con la parte motiva,
dado que en ninguna parte de la sentencia de fecha 23 de marzo de 2023 se
expusieron por el Despacho los fundamentos ni facticos ni jurídicos para adoptar la
decisión de revocar el numeral primero y tercero de la sentencia de primera instancia
en lo relativo únicamente a la excepción de prescripción, que corresponde a la
inconformidad planteada en el presente escrito y además explicar o resolver en la
parte motiva su decisión, teniendo la obligación en el caso sub lite de hacerlo,
situación a todas luces vulneradora del derecho al debido proceso de esta entidad.
(Negrita y subrayado fuera del texto)
Al respecto, de acuerdo con la postura de la Sala Veintidós Especial de Decisión de
esta corporación10, el desconocimiento del principio de congruencia da lugar a la
nulidad originada en la sentencia. La tesis de la referida Sala Especial fue expuesta
en los siguientes términos:
2.5. Nulidad originada en la sentencia
El artículo 250 del CPACA consagra en su numeral 5º, como causal de procedencia
del recurso extraordinario de revisión “existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.
[…]
2.6. Desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de
la sentencia
Dentro del contexto expuesto en el acápite anterior, la jurisprudencia de la Sala Plena
Contenciosa ha indicado que debe aceptarse que la causal 6ª del artículo 188 del
C.C.A., hoy 5 del artículo 250 del CPACA, por nulidad originada en la sentencia, se
configura, entre otras razones, cuando al demandado se le condena por cantidad
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión,
M.P. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia 02.02.16, Rad. 11001-03-15-000-2015-02342-00.
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superior, o por objeto distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la
invocada en la misma.
Circunstancia que también podría encuadrarse en la causal de falta de competencia,
en este caso, en cuanto el juez se pronuncia por fuera de los límites impuestos en la
causa petendi.
[…]
En el primer caso, se trata de la congruencia externa de la sentencia. Se puede
identificar porque en líneas generales es lo que preceptuaba el artículo 170 del
C.C.A., y las normas del procesal civil, según los cuales el fallo debe estar en
armonía con lo pedido y alegado tanto por la parte demandante como por la parte
demandada. Y, en el segundo evento, corresponde a la congruencia interna, que es
la coherencia que ha de existir entre lo dispuesto en la parte resolutiva y lo argüido en
la parte motiva de la providencia.
[…]
En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo expuesto, que la
causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6 del
artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede
configurar cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o
la externa, pues, en uno y otro caso, el fallador incurre en una clara violación del
debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la providencia proferida en esos
términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en específico, la falta
de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar.
[…]
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta
al principio de congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa
o interna, razón suficiente para calificar de inválida la decisión, porque el fallador
excede su competencia, la que se repite está determinada por los cargos y
pretensiones de la demanda”.
En ese orden de ideas, el desconocimiento del principio de congruencia es un asunto
que debe ser objeto de pronunciamiento por parte de la autoridad judicial que
conozca del recurso extraordinario de revisión y le está vedado al juez de tutela
asumir esa competencia.
Además, debe recordarse que los recursos extraordinarios también son considerados
como de obligatorio agotamiento, antes de que se ejerza la acción consagrada en el
artículo 86 de la Norma Superior. Así lo consideró la Corte Constitucional:
En un principio, la jurisprudencia de la Corte entendía que quedaban agotados los
medios judiciales cuando el peticionario había interpuesto los recursos ordinarios
(reposición, apelación, nulidad). Sin embargo, con el fin de reforzar el carácter
subsidiario de la acción de tutela, así como el papel del juez ordinario como defensor
de los derechos fundamentales, hace algunos años la Corte comenzó la elaboración
de una doctrina, -hoy jurisprudencia consistente y reiterada-, en el sentido de exigir,
como requisito de procedencia de la acción, el agotamiento de todos los
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mecanismos de defensa previstos, ya sean ordinarios o extraordinarios11.
(Negrita y subrayado fuera del texto)
Desde este panorama, se observa que la entidad promovió la solicitud de amparo sin
interponer el recurso extraordinario de revisión que, de conformidad con lo expuesto,
es el mecanismo judicial idóneo para ejercer la defensa de sus derechos e intereses.
Por último, en cuanto al perjuicio irremediable la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP se
limitó a insistir en sus argumentos y aseguró:
La solicitud de protección de los derechos fundamentales es de urgente atención si se
tiene en cuenta que la sentencia objeto de controversia se encuentra ejecutoriada y
esta entidad en virtud de la legislación vigente debe darle cumplimiento inmediato, lo
que implica el desembolso de los valores anteriormente relacionados y a los que el
Señor ALDEMAR LUNA GORDILLO no tiene derecho a percibir, lo que hace que se
requiera la intervención inminente de esa H. Corporación para evitar ese grave
detrimento al Erario y más cuando cualquier pago que por este concepto se le haga al
Señor ALDEMAR LUNA GORDILLO, será imposible de recuperar posteriormente
en virtud del principio de buena fe que lo ampara. (Negrita y subrayado fuera del
texto)
Sin embargo, se advierte que la simple afirmación de la omisión alegada no significa
que se esté ante un perjuicio irremediable, comoquiera que hasta este momento la
providencia cuestionada goza de las presunciones de legalidad y acierto, razón por la
cual a primera vista se trata de una decisión razonable y que debe ser respetada por
las personas y el Estado.
En ese sentido, solo hasta que la autoridad judicial que conozca del recurso
extraordinario de revisión considere que hay lugar a infirmar el fallo cuestionado,
puede hablarse de la existencia de un perjuicio. Por lo que el amparo transitorio
requerido se sustenta en una situación futura e incierta.
Igualmente, se pone de presente que no se observa la urgencia e inminencia de la
suspensión provisional que requiere la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, máxime
cuando no ha utilizado los mecanismos que contempla el ordenamiento jurídico para
defender sus derechos e intereses.
2.6. Conclusión
La acción de tutela que ejerció la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP es
improcedente por no cumplir el requisito de subsidiariedad, toda vez que la entidad
no agotó todos los mecanismos judiciales que tenía a su disposición para defender
11 Corte Constitucional, Sala Novena de Decisión, Sentencia T-541 del 13.07.06., M.P. Clara Inés
Vargas Hernández.
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sus derechos fundamentales.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela que ejerció la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales – UGPP
contra el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081».
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