Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05267-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05267-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05267-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
9 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento y pago de sanción moratoria
a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG). Aplicación por favorabilidad de la Ley 50 de 1990. No se
configura el defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial ni la
violación directa a la Constitución.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
La señora Martha Lucía Vargas López, por medio de apoderado, interpone acción de
tutela contra la sentencia del 27 de junio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá que confirmó el fallo del 14 de diciembre de 2022, dictado
por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.
1.2. Pretensiones
La accionante formula las siguientes súplicas:
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
i) Se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social,
a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, así como el principio de la perpetuatio jurisdictionis y a la
seguridad jurídica.
ii) En consecuencia, se deje sin efectos la sentencia del 27 de junio de 2023, emitida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento con radicación 15001 33 33 007 2022 00100 01 y, en su lugar, se
ordene proferir una nueva decisión en la que se atienda la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria ha edificado
tanto la Corte Constitucional como la Sección Segunda del Consejo de Estado, así:
3. CORTE CONSTITUCIONAL
Nº. RADICADO
EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS
SENTENCIA DE
1 Exp. T- 17 de octubre de 2018 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO UNIFICACIÓN 098/2018
6.736.200 DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T-5904426 SENTENCIA DE
2 y otros 25 de julio de 2019 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO UNIFICACIÓN 332/2019
DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T- SENTENCIA DE
3 7.182.312 y 6 de febrero de 2020 Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ UNIFICACIÓN 041/2020
otros DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
CONSEJO DE ESTADO
Nº. RADICADO
EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS
FIRMANTES
SENTENCIA DE
1 08001-23-33-000- 6 de agosto de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA UNIFICACIÓN DEL
2013-00666-01 CONSEJO DE ESTADO
(0833-16)
76001-23-31-000- Dr. CÉSAR PALOMINO
2 2009-00867-01 24 de enero de 2019 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – Dr.
[…] 4854-2014 CARMELO PERDOMO
CUÉTER
11001-03-15-000- Dr. JAIME ENRIQUE
3 2018-04617-01 17 de junio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS Dr.
GUILLERMO SÁNCHEZ
LUQUE
11001-0315-000- Dr. NUBIA MARGOTH
4 2018-04679-01 28 de junio de 2019 Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS PEÑA GARZÓN - Dr.
HERNANDO SÁNCHEZ
3
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
SÁNCHEZ
11001-0315-000- Dr. JAIME ENRIQUE
5 2018-03499-01 29 de julio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS Dr.
GUILLERMO SÁNCHEZ
LUQUE
Dr. WILLIAM
6 08001 23 33 000 2 de diciembre de 2019 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr.
2014 00173-01 GABRIEL VALBUENA
(1688-16) HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
7 08001-23-33-000- 10 de junio de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – Dr.
2014-00208-01 CARMELO PERDOMO
CUÉTER
08001-23-31-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
8 2014-00254-01 22 de octubre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
(4960-2017) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-33-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
9 2014-00132-01 12 de noviembre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-31-000- Dr. WILLIAM
10 2014-00815-01 17 de junio de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ -
(4979-2017) Dr. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS-
Dr. SANDRA LISSET
11 08001-23-33-000- 17 de junio de 2021 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ – Dr.
2015-00331-01 CARMELO PERDOMO
CUÉTER
19001-23-33-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
12 2015-00445-02 4 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(0483-20) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
13 08001-23-33-000- 25 de noviembre de 2021 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – Dr.
2014-01127-01 CARMELO PERDOMO
(1002-2021) CUÉTER
40001-23-40-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
14 2017-00134-01 25 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(2208-2020) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-40-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
15 2015-90008-01 11 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(2387-2020) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-40-000- Dr. WILLIAM
16 2014-90022-01 11 de noviembre de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ -
(5154-2016) Dr. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS-
08001-23-33-000- Dr. WILLIAM
17 2017-00931-01 20 de enero de 2022 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ -
(1001-2021) Dr. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS-
08001-23-33-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
18 2015-00075-01 3 de marzo de 2022 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(2660-2020) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr CÉSAR PALOMINO
19 76001-23-33-000- 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER CORTÉS – Dra.
2013-00756-01 SANDRA LISETH IBARRA
(2224-2020) VÉLEZ
Dr. WILLIAM
20 08001-23-40-000- 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr.
2017-00795-01 GABRIEL VALBUENA
(2659-2020) HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
21 47001-23-33-000- 19 de mayo de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – Dr.
2019-00359-01 CARMELO PERDOMO
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
(4004-2021) CUÉTER
Dr. CÉSAR PALOMINO
22 47001-23-33-000- 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – Dr.
2019-00376-01 CARMELO PERDOMO
(4462-2021) CUÉTER
Dr. SANDRA LISSET
23 08001-23-33-000- 22 de agosto de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ – Dr.
2015-00509-01 CARMELO PERDOMO
(2140-2020) CUÉTER
Dr. SANDRA LISSET
24 08001-23-33-000- 22 de septiembre de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ – Dr.
2015-90124-01 CARMELO PERDOMO
(2394-2020) CUÉTER
76001-23-31-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
25 2012-00212-02 19 de enero de 2023 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(4470-2021) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
26 47001-23-33-000- 26 de enero de 2023 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNÁNDEZ GÓMEZ Dr.
2018-00231-01 GABRIEL VALBUENA
(0871-2020) HERNÁNDEZ
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, la accionante a través de su apoderado señala los
siguientes:
i) Labora en la entidad territorial certificada en educación del departamento de
Boyacá y su ingreso se dio después de 1990; en consecuencia, tiene derecho al
reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado.
ii) El 15 de febrero de 2021, la Nación (Ministerio de Educación Nacional) no trasladó
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG) las cesantías
correspondientes al año 2020.
iii) Transcurridos cinco meses sin que se realizara la consignación efectiva, solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, que fue negado mediante Oficio 1.2.5.1.1 – 38 del 27 de agosto de 2021,
por la Secretaría de Educación de Boyacá.
iv) Contra el referido acto impetró medio de control de nulidad y restablecimiento que
se surtió ante el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
que, a través de sentencia del 14 de diciembre de 2022, denegó las súplicas de la
demanda.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
v) Al Tribunal Administrativo de Boyacá le correspondió el conocimiento del asunto
en segunda instancia y, el 27 de junio de 2023 profirió sentencia confirmando la
providencia del a quo, decisión que no se apareja con el contenido de la ley ni de la
abundante jurisprudencia constitucional y del órgano de cierre de la jurisdicción
contenciosa.
1.4. Fundamentos jurídicos
La accionante alega que con la providencia objeto de censura se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, así como
el principio de la perpetuatio jurisdictionis y el precedente vertical, por las siguientes
razones:
i) En el presente asunto se configura la violación directa de la Constitución por la
inaplicación del principio de favorabilidad. De acuerdo con la Sentencia SU-098 de
2018, en virtud de los postulados de igualdad y de in dubio pro operario no se debe
excluir al sector oficial docente de lo previsto en la Ley 50 de 1990, ya que por tener el
carácter de servidores públicos son beneficiarios de la sanción moratoria. Además, el
problema jurídico es de índole constitucional, porque acarrea el pago o consignación
oportuna del auxilio de cesantía, que necesariamente tiene un alcance al derecho a la
seguridad social.
ii) Los argumentos de la sentencia censurada señalan a) que no existe norma jurídica
que contemple la sanción moratoria a favor de los educadores, b) que no hay un
precedente consolidado que obligue a acatarlo; y c) que acceder a lo pretendido
implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en lo que respecta
a la administración de los recursos —principio presupuestal de unidad de caja—
desconociendo el propósito del legislador.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
iii) Pues bien, los dos primeros razonamientos ya fueron superados por la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las veintidós
sentencias proferidas en sus Subsecciones, en las que se estableció que la Ley 50 de
1990, sí se aplica a los docentes, por disposición de las leyes 91 de 1989 y 344 de
1996, y los decretos 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.
iv) El Consejo de Estado acogió una interpretación favorable, en el sentido de indicar
que la Ley 50 de 1990 cobija a los docentes oficiales, como lo señaló la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018. Ahora, que el Tribunal estime que
esa providencia estudia otra situación fáctica y jurídica, no resulta cierto, toda vez que
la norma ibidem castiga la no consignación de la cesantía en el fondo no la falta de
afiliación, es por ello, que los maestros deben tratarse en igualdad de condiciones que
al resto de empleados públicos del país.
v) Causa extrañeza que el Tribunal dicte una decisión que afecta derechos
fundamentales, toda vez que con una justificación objetiva, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, en los años 2021, 2022 y 2023 resolvió unificar en sus dos
Subsecciones la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los
educadores vinculados después del 1.º de enero de 1990, lo que significa que el
empleador, en este caso el Ministerio de Educación Nacional debía trasladar antes del
15 de febrero de 2021, la cesantía correspondiente a 2020.
vi) Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que esta corporación ha determinado
—en distinta jurisprudencia— que se deben emplear los criterios vigentes para la fecha
de ocurrencia de los hechos; por consiguiente, se deben respetar las leyes y los
precedentes existentes al momento de causación del derecho reclamado.
vii) Así mismo, la obligación tanto del Gobierno nacional como de las entidades
territoriales, las cajas nacional y departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro de
trasladar los dineros respectivos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) —nacionalizados, territoriales o nacionales—, no está en
discusión, ya que esta fue la intención y la orden impartida desde la expedición de la
Ley 91 de 1989; sin embargo, en el asunto sub examine se indicó que existe unidad
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
de caja, lo que no es cierto, porque los recursos ya fueron consignados efectivamente
a la entidad. Si bien, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, establece la unidad de caja
de los recursos del fondo para el pago de las prestaciones sociales no significa que se
predique este principio de los recursos del Ministerio de Educación y del FOMAG.
viii) El Tribunal concluyó que la jurisprudencia del Consejo de Estado no era aplicable,
pues las materias allí analizadas trataban de docentes no afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), mientras que, en el sub judice, la
educadora sí lo estaba, argumento errado comoquiera que los supuestos fácticos
sobre los cuales se emitieron los fallos de la alta corporación se efectuaron sobre la
base de la procedencia de la consignación para docentes afiliados al fondo.
ix) Con todo, expresar tal situación es como permitir que las entidades territoriales
vincularan docentes sin autorización de la Nación (Ministerio de Educación Nacional)
y luego se responsabilizara a esa entidad por el impago de las cesantías, cuando fue
lo que expresamente se prohibió en el artículo 6.º de la Ley 60 de 1993. No puede
vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal que fueron
aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación, sin que
previamente estuviera aprobado por la Nación, pues precisamente existía una
vinculación automática al FOMAG para que se trasladaran las cesantías causadas
anualmente como lo prevé la Ley 91 de 1989 a todos los educadores, como ocurre en
su caso, que se vinculó después del 1.º de enero de 1990.
x) A los docentes le son aplicables los decretos 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848
de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978 y las demás normas expedidas en el futuro —
así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como son las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996,
que expresamente señalan la obligación del empleador de consignar las cesantías de
los docentes oficiales en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.
1.5. Actuación procesal
La acción de tutela se admitió mediante providencia del 29 de septiembre de 2023,
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyacá, como
demandados. Así mismo, se dispuso la notificación a la Nación (Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y a
todas las personas que intervinieron dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 15001 33 33 007 2022
00100 00 [01] como terceros interesados en las resultas de este proceso, para que
dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el
respectivo informe.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Del Tribunal Administrativo de Boyacá. El magistrado Dayán Alberto Blanco
Leguízamo pide se declare la improcedencia de la tutela, o en su defecto, se nieguen
las pretensiones formuladas por la señora Martha Lucía Vargas López, al respecto
alega lo siguiente:
i) El asunto versa sobre prerrogativas eminentemente legales y de carácter
económico, como son la sanción moratoria por la consignación extemporánea de las
cesantías anualizadas y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías.
ii) Dichos conceptos laborales no tienen una relación directa con un derecho
fundamental. En este sentido, el Tribunal expresamente analizó y desestimó el
argumento relacionado con el presunto desconocimiento del principio de favorabilidad
en materia laboral.
iii) En ningún momento la parte actora afirma que esté en entredicho su mínimo vital,
máxime cuando mantiene una relación legal y reglamentaria de la que se deriva una
remuneración habitual y periódica.
iv) La parte actora redunda en el mismo debate que planteó ante la jurisdicción
administrativa, pues esgrime casi idénticamente los razonamientos que
fundamentaron la demanda ordinaria y que ya se estudiaron en dos instancias.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
v) El fallo atacado resolvió todos los cargos de la apelación de manera amplia y
razonada. Además, desarrolló expresamente los motivos que impedían aplicar la
posición que expuso la sentencia SU-098 de 2018, debido a que sus supuestos
fácticos no eran similares.
vi) El fallo atacado también adelantó un extenso análisis legal y jurisprudencial no solo
de la normativa aplicable al docente respecto de sus cesantías anualizadas, de
acuerdo con su fecha de vinculación, sino también de los elementos necesarios para
la configuración de la sanción moratoria y su incompatibilidad con el régimen docente,
competencias y dinámica presupuestal.
vii) Con base en lo anterior, se puede concluir que la tutela busca que el Consejo de
Estado actúe como una tercera instancia, pese a que, como lo indica la jurisprudencia
constitucional, la acción de tutela contra providencias judiciales es concebida como un
«juicio de validez» y no […] de corrección» del proveído cuestionado, lo que se opone
a que se use indebidamente como una nueva oportunidad para la discusión de los
asuntos de índole probatoria o de interpretación del derecho legislado.
1.6.2. La Gobernación de Boyacá, por medio de apoderada, solicita se denieguen
las pretensiones de la demanda, por lo siguiente:
i) Los cargos que formula la accionante no están debidamente soportados, en la
medida en que el fallo objeto de censura se halla suficientemente estudiado por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, lo cual se refleja en la sentencia emitida.
ii) La labor del juez constitucional, se limita a determinar si la actuación de la autoridad
es producto de una actitud arbitraria y contraria al ordenamiento jurídico, pero no hace
parte de sus funciones invadir el trámite de un proceso judicial, tomando decisiones
paralelas a las que cumple quien en ejercicio de su función constitucional lo conduce,
pues no se pueden desconocer los conceptos y principios de autonomía,
independencia de los jueces, acceso a la administración de justicia, seguridad jurídica
y vigencia del Estado social de derecho. El juez, dentro del ámbito de su competencia
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
goza de plena libertad para interpretar las disposiciones legales aplicables a un caso
concreto, aun cuando aquella sea contraria a los intereses de las partes.
iii) El Tribunal fundamentó su decisión de manera razonable y plausible, por tanto, no
constituye una vía de hecho, asunto distinto es que la accionante no comparta el
criterio expuesto por el ad quem; sin embargo, no es la acción de tutela un mecanismo
que permita interferir en la autonomía judicial.
iv) Por último, la tutela como mecanismo transitorio y excepcional no constituiría un
instrumento dable y garantista para acceder a las pretensiones, pues el Tribunal en
ejercicio de los criterios de transparencia y suficiencia se apartó de las decisiones
proferidas por el Consejo de Estado, dado que el órgano de cierre de lo contencioso-
administrativo no ha expedido una sentencia de unificación que zanje esta discusión;
por consiguiente, no es válido que a través de solicitudes de amparo se persiga el
reconocimiento de derechos que tienen vacíos legales e interpretativos vulnerando la
seguridad jurídica, además de la transcendencia económica que impactaría los
recursos del nivel nacional.
1.6.3. De la Nación (Ministerio de Educación Nacional). El jefe de la Oficina
Asesora Jurídica aduce que no se encuentra satisfecho el requisito general de
relevancia constitucional, ya que si bien es cierto la accionante alega la presunta
vulneración del derecho al debido proceso y de algunos principios de naturaleza
constitucional, también lo es que debe cumplir con una carga argumentativa suficiente
que demuestre que el asunto que se discute goza de una marcada importancia
constitucional. Advirtió que le corresponde al extremo activo de la litis probar la
existencia de una eventual transgresión de las garantías fundamentales que invoca.
1.6.4. De la FIDUPREVISORA, S. A. La señora Aidée Johanna Galindo Acero,
coordinadora de tutelas, solicita declarar improcedente la acción de tutela, toda vez
que las autoridades que conocieron del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho obraron según lo establecido en la normativa, sin que pueda alegarse el
desconocimiento de los pronunciamientos relacionados con el tema objeto de la
demanda. Tampoco es dable aducir la transgresión de las garantías fundamentales de
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
la accionante, pues las decisiones censuradas se expidieron con plena observancia
del debido proceso; es decir, las actuaciones judiciales se surtieron en debida forma y
atendiendo los procedimientos legales.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al
inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora
Martha Lucía Vargas López contra la sentencia del 27 de junio de 2023, que profirió el
Tribunal Administrativo de Boyacá dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 15001 33 33 007 2022 00100 00 [01].
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».
El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.
No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».
Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 20053, donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.
Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567
de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
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Demandante: Martha Lucía Vargas López
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.
El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.
Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.
2.4. Hechos probados
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,
expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:
2.4.1. El 22 de abril de 2022, la señora Martha Lucía Vargas López, por medio de
apoderada, interpuso demanda contra la Nación (Ministerio de Educación Nacional),
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) para que se
declarara nulo el Oficio 1.2.5.1.1. - 38 del 27 de agosto de 2021, mediante el cual le
negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990.6
2.4.2. El 14 de diciembre de 2022, el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito
de Tunja profirió fallo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 15001 33 33 007 2022 00100 00, en el que resolvió lo siguiente:7
PRIMERO: Declarar no probada la excepción de falta de legitimación en la causa
propuesta por el Departamento de Boyacá, por las razones expuestas en la parte
motiva.
SEGUNDO: Negar las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta sentencia.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
[…]
2.4.3 El 27 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, al desatar el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la decisión anterior,
dispuso lo siguiente:8
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 14 de diciembre de 2022, mediante
la cual el Juzgado Séptimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja negó
las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en precedencia.
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia.
[…]
6 Índice 10, del expediente electrónico.
7 Índice 10, del expediente electrónico.
8 Índice 2, del expediente electrónico.
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Demandante: Martha Lucía Vargas López
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
2.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela
2.5.1.1. El asunto en estudio «reviste suficiente relevancia constitucional», toda vez
que el debate planteado por la accionante gira en torno a la presunta vulneración de
sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
Sobre el particular, es de precisar que este despacho ponente, en anteriores
oportunidades,9 venía acogiendo el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019,
en la que se indicó que la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria
de la Ley 50 de 1990 no comportaba un asunto de relevancia constitucional «i) por
versar sobre un asunto meramente legal con una connotación patrimonial privada, ii)
no tener una relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental y
iii) buscar reabrir el debate concluido por el juez ordinario».
Sin embargo, a partir de la providencia del 26 de octubre de 2023, dictada dentro de
la acción de tutela con radicado 11001 03 15 000 2023 03988 01, el despacho modificó
esa postura y acogió el criterio mayoritario de la Sala respecto del cumplimiento del
referido requisito, en atención a la expedición de la sentencia SU-032-CE-S-2-2023 del
11 de octubre de 2023, por parte de la Sección Segunda del Consejo de Estado, al
encontrarse en juego prerrogativas constitucionales.
2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto
se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión propuesta
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento con radicación 15001 33 33
007 2022 00100 01.
9 Procesos de tutela con radicados 11001 03 15 000 2023 02216 00, 11001 03 15 000 2023 01500 01
y 11001 03 15 000 2023 04027 00, entre otros.
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Demandante: Martha Lucía Vargas López
2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», porque la decisión objeto de
reproche constitucional data del 27 de junio de 2023, se notificó electrónicamente a las
partes el 4 de julio de 2023,10 y la presente acción de tutela se radicó en la Secretaría
General de esta corporación el 22 de septiembre de 2023,11 es decir, dentro del
término de los seis meses que señaló el Consejo de Estado como prudencial para el
ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».
2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».
2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la sentencia del 27 de junio de 2023,
que emitió el Tribunal Administrativo de Boyacá.
2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela
2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo
La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.
De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
10 Índice 17, del expediente electrónico.
11 Índice 1, del expediente electrónico.
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providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.12
2.5.2.2. El defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de precedente
judicial
La Corte ha sostenido que se configura un defecto sustantivo en la modalidad de
desconocimiento de precedente judicial cuando se desacata aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de 1) patrones fácticos y 2) problemas jurídicos, y en las que en
su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.
En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para
identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: 1) la ratio
decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente; 2) se trata de un problema jurídico
similar o de una cuestión constitucional semejante y 3) los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia son análogos o plantean un punto de derecho
idéntico al que se debe resolver posteriormente.13
12 Corte Constitucional. Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
13 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
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La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes, en los que se tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia
previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias
fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el
precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o
en el marco constitucional.14
Para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción,15 y en los casos
en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.16
Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo
permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.
En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan
las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».17
14 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
15 Corte Constitucional. Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
16 Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
17 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
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De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin
debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso, a la
igualdad y a la buena fe.18
2.5.2.3. De la violación directa a la Constitución Política
La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».
La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.
Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,19 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
concurrían el recurso de apelación, la Corte Constitucional señaló que desconocer la
disposición constitucional que expresamente prohíbe al superior funcional «agravar la
pena impuesta cuando el condenado sea apelante único», suponía la materialización
del defecto sustantivo.20 Al respecto la Corte manifestó:
[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].
18 Corte Constitucional.Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.
19 Sentencia de 12 de diciembre de 2000, magistrado ponente Jairo Charry Rivas
20 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.
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Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:
«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].
Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en
la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:
« […] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].
Ahora bien, la jurisprudencia constitucional21 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.
21 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo
Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
Demandante: Martha Lucía Vargas López
En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.22
2.5.2.4. Desarrollo jurisprudencial de la procedencia del reconocimiento de la
sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, por la consignación inoportuna
del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
En un primer momento, la Sección Segunda de esta corporación consideró que los
docentes no estaban amparados por las disposiciones que regulan la liquidación anual
de las cesantías contempladas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de
tales previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de
1996, que en el artículo 13 ordenó el uso de las normas vigentes en materia de
cesantías, pero hizo la salvedad de que sería «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley
91 de 1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.
Postura que también había sido desarrollada por la Corte, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia C-928 de
200623 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a favor de los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG)
no era igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó que no se infringía
el derecho a la igualdad porque «simplemente la manera como se liquidan y pagan
aquellos24 es distinta a la regulada en la [norma ibidem], sin que por ello se configure
discriminación alguna.
Con posterioridad, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-098 de 2018, al resolver
22 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de l 31 de julio de 2014, radicado 2014 00861 00
magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso
23 Corte Constitucional. Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
24 Aludiendo a diferentes prestaciones, entre ellas, las cesantías.
22
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
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sobre la procedencia de la sanción moratoria reclamada por un educador oficial que
no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
refirió que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen
especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y
menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta
un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor
[provecho] para el empleado, pues esta será la que se ajuste a los postulados del
artículo 53 de la Carta Política».
En ese entendido, consideró que «los despachos judiciales accionados desconocieron
que aunque [el precepto] que establece la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías en los términos que contempla el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley
50 de 1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de
1998, y el Decreto 1252 de 2000, no esté expresamente consagrada a favor de los
miembros del Magisterio, en virtud del principio de interpretación conforme a la
Constitución y favorabilidad en materia laboral, les correspondía aplicar la
interpretación más beneficiosa para el trabajador, esto es, que los docentes sí son
destinatarios de la norma que consagra la referida sanción, pues esta es la
interpretación que más se ajusta a la Constitución».
Con fundamento en el anterior pronunciamiento, las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad fijado en sede
constitucional, para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes,
al amparo de lo preceptuado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.25
Sin embargo, a través de la Sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional declaró
improcedentes las acciones de tutela impetradas contra fallos del Consejo de Estado
sobre este asunto e indicó que la regla jurisprudencial establecida en la Sentencia SU-
098 de 2018, solo constituye precedente en el evento en que se omita la afiliación del
docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG), de
25 Ver sentencias del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001 23 33 000 2014 00132 01 (1689-
2018); del 28 de abril de 2022, radicado 76001 23 33 000 2013 00756 01 (2224-2020), entre otras.
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manera que en aquellos casos en los que se pretende la sanción por la falta de
consignación de las cesantías de los beneficiarios de esa entidad, no existe una
providencia de unificación con efectos vinculantes que pueda aplicarse a las
situaciones con similitud fáctica y jurídica.
Ahora, la Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente, con el fin de unificar
o sentar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria de
la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG, en virtud de lo establecido en el
artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la sentencia de unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 del 11 de octubre de 2023, radicación 66001 33 33 001 2022 00016 01 (5746-
2022), en la que se dispuso lo siguiente:
156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron
la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías
a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo
caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la
consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema
especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento.
157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida
en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de
la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción
moratoria derivada del incumplimiento del empleador.
158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.
159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.
160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes
de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron
providencias en las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente
contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación
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con el derecho de los docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción
moratoria regulada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la
consignación del auxilio de cesantías, tal y como se expuso en el auto del 24 de
agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento del asunto.
161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia
SU-573 de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia
llevan a la Sala a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla
de interpretación aquí definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y
razonado de los sistemas administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir
que el primero resulta incompatible con la sanción moratoria por la falta de
consignación oportuna de las cesantías.
En suma, se colige que la posición actual de la Sección Segunda de esta corporación,
en atención al referido pronunciamiento de unificación consiste en que los docentes
estatales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
no tienen derecho a la sanción moratoria que prevé el ordinal 3.º del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, toda vez que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.
2.5.2.5. Los defectos alegados
La señora Martha Lucía Vargas López alega la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, así como los
principios de la perpetuatio jurisdictionis y de seguridad jurídica, por el Tribunal
Administrativo de Boyacá al dictar la sentencia del 27 de junio de 2023.
Igualmente, porque desobedeció la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado en la que se determinó que a los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) se les puede aplicar la Ley
50 de 1990, en virtud de una interpretación favorable a las prerrogativas de las que
goza el trabajador y, por ello, tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 ejusdem, derivada de la consignación tardía de la
cesantía anual. Así mismo, incurrió en defecto sustantivo al desconocer el artículo 53
constitucional y en violación directa de la Constitución.
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Pues bien, el Tribunal en la providencia objeto de reproche para examinar el asunto
puesto a su consideración en virtud de la alzada formulada contra el fallo del 14 de
diciembre de 2022, que denegó las pretensiones de la demanda, en primer lugar,
estudió el marco normativo de las cesantías establecido en favor de los docentes del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el contemplado en
la Ley 50 de 1990, así como el principio de favorabilidad; y, en segundo lugar, analizó
las sentencias que la accionante alega como precedente judicial vinculante aplicable
en su caso. Al respecto hizo el siguiente pronunciamiento:
95. El principal argumento de la apelación se refiere a la extensión de las
penalidades gracias a los principios de favorabilidad e igualdad, con fundamento
en la sentencia SU-098 de 2018. No obstante, esa providencia no constituye
precedente para este caso y, además, la naturaleza meramente económica del
asunto hace que no tenga trascendencia constitucional.
96. Al respecto, la Corte Constitucional reiteradamente ha explicado que el
precedente se define como «la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un
caso determinado, que por su pertinencia y semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo»[…] . A partir de este concepto, el alto tribunal ha
señalado que para que una decisión judicial se considere precedente es necesario
que reúna tres requisitos:
«(…) i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se encuentre una regla
jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva un
problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos
del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente. (…)»[…] (Subraya
fuera del texto original)
97. Teniendo en cuenta lo anterior, la referida sentencia SU-098 de 2018
efectivamente extendió la sanción moratoria que prevé la Ley 50 de 1990 a favor
de una docente oficial (no se pronunció sobre la indemnización por el pago tardío
de los intereses a las cesantías), pero sus condiciones particulares no son
similares a las que presenta este caso, en concordancia con el análisis que efectuó
la sentencia SU-573 de 2019.
98. En el proceso que conoció la alta corporación, la demandante se retiró del
servicio y en ese momento descubrió que la entidad territorial respectiva no la afilió
al Fomag ni a ningún fondo de cesantías por un error administrativo, lo que significó
que nunca consignó a su favor sus cesantías anualizadas. Por esa razón, demandó
al municipio respectivo para que reconociera y pagara la sanción moratoria
correspondiente, ya que no trasladó al Fomag la obligación de depositar los
dineros.
99. En este asunto, la parte demandante sigue vinculada al servicio, la entidad
territorial realizó su afiliación al Fomag oportunamente y en debida forma, no se
reprocha la falta de consignación de las cesantías, y las entidades señaladas como
responsables de las penalidades son tanto el Departamento de Boyacá como el
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Demandante: Martha Lucía Vargas López
Ministerio de Educación, sin precisar sus competencias específicas respecto de la
supuesta aplicabilidad de la sanción (cuestión que sí era clara en el otro caso).
100. Estas diferencias tienen la suficiente relevancia como para descartar el
carácter de precedente para este asunto, pues los hechos de los casos no son
equiparables.
101. Adicionalmente, la Corte Constitucional modificó el criterio de la sentencia SU-
098 de 2018 con la sentencia SU-573 de 2019, que ya se mencionó. Esta última
decisión, para lo que interesa a este análisis, sostuvo que la discusión relativa a la
aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 (i) versa sobre una
cuestión meramente legal, con una connotación de contenido patrimonial, y (ii) no
involucra la protección de derechos fundamentales.
[…]
106. Todas las anteriores razones llevan al Tribunal a concluir que los cargos de
la apelación no tienen prosperidad y, por ende, la sentencia de primera instancia,
que desestimó las pretensiones de la demanda, debe confirmarse. Cabe destacar
que el criterio que acoge esta providencia atiende la posición que asumió la Sala
Plena de esta Corporación en sesión del 15 de marzo de 2023.
107. Finalmente, no se desconoce que desde el año 2020 la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha emitido algunas sentencias que extienden a favor de
docentes oficiales la sanción moratoria por la consignación extemporánea de
cesantías anualizadas (no hacen referencia a la indemnización por pago tardío de
los intereses a las cesantías), con fundamento en la sentencia SU-098 de 2018.
Sin embargo, con los argumentos que acaban de exponerse, la Sala se aparta
respetuosamente de esa posición, con el cumplimiento de los criterios de
transparencia y suficiencia18. Esto, sin perjuicio de resaltar que la alta corporación
no ha expedido una sentencia de unificación que zanje definitivamente la discusión
y cuyos efectos sean vinculantes y obligatorios para todas las autoridades
administrativas y jurisdiccionales.
Con fundamento en esas consideraciones el Tribunal Administrativo de Boyacá
determinó que en el caso de la señora Martha Lucía Vargas López no era aplicable la
sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías establecida en
el régimen de la Ley 50 de 1990, ya que los supuestos de hecho de la penalidad
reclamada son incompatibles con las particularidades administrativas con las que
funciona el depósito de dicha prestación al interior del régimen especial previsto para
los docentes en la Ley 91 de 1989.
Así las cosas, advierte la Sala que la autoridad demandada al confirmar la decisión
que denegó el reconocimiento de la sanción reclamada por la accionante no
desconoció precedente alguno, sino que, de manera razonada expuso los argumentos
por los cuales consideró que en el caso de la accionante no había lugar al
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reconocimiento, comoquiera que dentro del régimen especial de docentes se
estableció una forma diferente de liquidación y pago, bajo un procedimiento propio, de
las cesantías, criterio que coincide con la regla jurisprudencial que fijó el máximo
órgano de lo contencioso-administrativo en la sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-
2023 del 11 de octubre de 2023, en la que, se itera, que a los educadores estatales
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG) no les
asiste el derecho a percibir la penalidad prevista en el ordinal 3.º del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, debido a su incompatibilidad con el sistema de administración de
cesantías creado en la Ley 91 de 1989.
En todo caso, valga precisar, que si bien es cierto la sentencia cuestionada se dictó
antes de la expedición del fallo de unificación, también lo es que para ese momento
no existía una posición consolidada en el Consejo de Estado, por lo que la autoridad
accionada, en ejercicio de sus facultades de autonomía e independencia judicial,
reconocidas en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política podía optar por la
postura que estimara más apropiada para resolver el asunto sometido a su escrutinio,
conforme al ordenamiento y exponer las razones para ello, lo cual como se expuso,
ocurrió en el presente asunto.
Ahora, la accionante en el escrito de tutela cita un gran número de proveídos, los
cuales no constituyen jurisprudencia en vigor, pues aunque en uno de ellos se acogió
lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 199026
no lo es menos que en otros se analizaron las circunstancias fácticas de docentes no
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG),27 como
lo relacionado con la liquidación de cesantías,28 y en la mayoría se trató lo relativo al
término de prescripción de la sanción moratoria,29 de aquí que se deba dar la razón al
Tribunal cuando afirmó que para el momento en que se profirió la sentencia en juicio
no existía posición consolidada ni sentencia de unificación a aplicar sobre el particular.
26 Radicado 0871-2020.
27 Expedientes 4854-2014, 2224-2020 y 40004-2021.
28 Radicado 0483-2020.
29 Expedientes 0833-2016, 1002-2021, 2208-2020, 2387-2020, 5154-2016, 1001-2021, 4462-2021 y
2394-2020.
28
Radicado: 11001 03 15 000 2023 05267 00
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Tampoco la autoridad accionada estaba obligada a acoger lo dispuesto en la sentencia
del 29 de julio de 2019, proferida dentro del proceso con radicación 11001 03 15 000
2018 03499 01, por cuanto esa decisión se emitió en sede de tutela, por lo cual, en
principio, no tiene efectos más allá del caso objeto de controversia, es decir, inter
partes.
En igual sentido, en relación con las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y
SU-041 de 2020, se advierte que la Corte Constitucional con respecto a la primera,
únicamente examinó la procedencia de la aplicación de la sanción moratoria a un
docente oficial que no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) por el ente territorial, debido a errores internos, lo cual acarreaba
la responsabilidad del último de los mencionados por la totalidad de las prestaciones
sociales, según lo preceptuado en el artículo 1.º del Decreto 3752 de 2003, y, en
cuanto a las dos últimas, estudió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por
pago tardío de las cesantías definitivas, prevista por la Ley 244 de 1995, modificada
por la Ley 1071 de 2006, pero el pago de la sanción moratoria por la no consignación
oportuna de las cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, situaciones que difieren del
caso de la accionante y, en esa medida, no es exigible su aplicación.
Así las cosas, la Sala no evidencia el desconocimiento del precedente judicial
invocado, sino que por el contrario, se avizora que la decisión adoptada por el Tribunal
se encuentra debidamente motivada y, además, coincide con la regla jurisprudencial
establecida recientemente por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en los
casos en los que se discute el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), por lo que no advierte la vulneración de las garantías
fundamentales invocadas.
En cuanto a la violación directa de la Constitución y el defecto sustantivo que aduce la
accionante se configura en la providencia objeto de censura, porque no se atendió lo
dispuesto en el artículo 53, según el cual debe emplearse la situación más favorable
al trabajador, en caso de duda en la interpretación de las fuentes formales del derecho.
29
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Al respecto, la Sala considera que, contrario a lo afirmado por la parte actora, en el
presente asunto el Tribunal no ignoró el principio de favorabilidad, sino que determinó
que no era posible examinar las pretensiones formuladas bajo ese criterio, porque se
trataba de un debate puramente económico y tampoco se daban los escenarios
señalados por la Corte Constitucional30 para su aplicación. Sobre el particular resolvió
lo siguiente:
[…] no sea procedente analizar la regulación de los docentes bajo los principios de
favorabilidad e igualdad, pues el carácter meramente económico de la discusión
impide que el asunto trascienda al plano constitucional. El Consejo de Estado ha
acogido esta posición en sede de tutela, como, por ejemplo, en el siguiente
pronunciamiento:
«(…) conviene indicar que la Sala Plena de la Corte Constitucional, en sentencia
SU-573 de 2019, afirmó que la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a
la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, por lo que no
comporta relevancia constitucional por tratarse de un ‘reconocimiento de fuente
legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del juez
de tutela’. En esta providencia también se indicó que solo será procedente la
acción de tutela en la que se discuta la sanción moratoria por pago tardío de
cesantías, cuando su falta de pago conlleve la vulneración al mínimo vital o
seguridad social del accionante. (…)»3115 (Negrilla fuera del texto original)
103. Adicionalmente, este Tribunal considera que la alusión al principio de
favorabilidad es improcedente en estos escenarios. […] La Corte Constitucional
describe los elementos de este mandato de optimización, así:
«(…) 36. La aplicación del principio de favorabilidad obra en dos
escenarios: cuando se presentan diversas fuentes de derecho que se
contraponen en sus consecuencias jurídicas o cuando concurren
distintas interpretaciones de una misma disposición y que llevan a
consecuencias igualmente diferentes. En ambos casos debe preferirse
aquella disposición o interpretación, según el caso, que otorga un mayor grado
de protección a los derechos del trabajador […]
104. Como se vio, para el caso de los docentes no existen varias fuentes de
derecho que prevean consecuencias jurídicas disímiles respecto del desembolso
extemporáneo de las cesantías anualizadas o de sus intereses a favor de los
docentes oficiales, porque, de hecho, este régimen no contemplaba las
penalidades que reclama la demanda, de acuerdo con la fecha de vinculación de
la parte actora (para ese momento no existía una norma en el régimen especial
que pudiera compararse con las del general). Y, por eso mismo, no puede hablarse
de dudas interpretativas serias y objetivas, pues para disiparla cualquier inquietud
basta verificar las normas que regulan el auxilio de cesantía a favor de este grupo
específico de servidores.
30 Sentencia SU-138 de 2021.
31 «C.E., Sec. Cuarta, Sent. 2022-03170, oct. 27/2022. M.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello».
30
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105. Así las cosas, la supuesta concurrencia de interpretaciones es apenas
aparente, pues parte del presupuesto relativo a la existencia de un vacío legal, que
en realidad representa la intención del legislador de establecer un régimen
particular y propio para los educadores, con dinámicas y beneficios diferentes a los
que cobijan a los demás empleados públicos. Esto también significa que los grupos
de trabajadores que pretenden compararse no se encuentran en el mismo plano
de igualdad, que es el paso previo e imprescindible para aplicar el juicio integrado
de igualdad […]
En ese orden de ideas, se tiene que la autoridad demandada explicó las razones por
las cuales no procedía el principio de favorabilidad, ya que en el caso de los docentes
oficiales no concurren varias fuentes de derecho que prevean consecuencias jurídicas
distintas respecto de la tardanza en el depósito de las cesantías anualizadas o de sus
intereses, por cuanto el régimen que gobierna esa prestación no contempla sanciones
como la deprecada por la accionante, dado que para la fecha de su vinculación no
existía un precepto en el ordenamiento especial que pudiera compararse con los del
general y, por ello, no puede hablarse de dudas interpretativas serias y objetivas, toda
vez que para disipar cualquier inquietud basta con verificar las normas que
reglamentan el auxilio de cesantía a favor de ese grupo específico de servidores.
Finalmente, debe aclararse que el Tribunal no confundió el régimen de cesantías de
los docentes, sino que a partir de un estudio minucioso del marco normativo del
beneficio precitado en favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) resolvió que las particularidades
administrativas con las que funciona la consignación de dicha prestación al interior del
régimen especial aplicable a los docentes en la Ley 91 de 1989, son incompatibles y,
por tanto, no pueden encuadrarse en los supuestos de hecho que establece el ordinal
3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, tal y como se explicó en acápites previos.
3. Conclusión
La Sala concluye que en la providencia del 27 de junio de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá que confirmó el fallo del 14 de diciembre de 2022
dictado por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, no se
incurrió en los defectos aducidos por la accionante.
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Demandante: Martha Lucía Vargas López
En tal sentido, la Sala procederá a negar el amparo que solicita la señora Martha Lucía
Vargas López.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Denegar el amparo que solicita la señora Martha Lucía Vargas López,
conforme a la parte considerativa que antecede.
Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM
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