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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05273-00

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Gabriel Valbuena Hernández

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05273-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por la señora Olga Janeth Piñeros Ruiz en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05273-00

Consejero ponente: Gabriel Valbuena Hernández

2 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN “A”
Consejero Ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05273-00
Accionante: OLGA JANETH PIÑEROS RUIZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ
Tema: Tutela por presunta vulneración del derecho
fundamental al debido proceso, seguridad social,
igualdad, acceso a la administración de justicia,
seguridad jurídica y desconocimiento del precedente
judicial / medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho / reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por el retardo en la
consignación de las cesantías docentes

Sentencia de primera instancia

La Sala de Subsección decide la acción de tutela instaurada por la
señora Olga Janeth Piñeros Ruiz, quien actúa por intermedio de
apoderado, en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, por la
presunta vulneración de derechos fundamentales ocurrida con ocasión
de la expedición de la sentencia del 28 de junio de 2023 proferida
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado número 15001-33-33-004-2022-00124-01, de
conformidad con lo establecido en el Decreto 333 de 2021.

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ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05273-00
Accionante: Olga Janeth Piñeros Ruiz

I. ANTECEDENTES

La accionante invoca la protección de los derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia, seguridad jurídica y desconocimiento del precedente judicial
con fundamento en los siguientes:

1. HECHOS

1.1. Fue vinculada como docente en el departamento de Boyacá
después de 1990 hasta la fecha, por lo que su régimen de cesantías era
anualizado.

1.2. No obstante, el 15 de febrero de 2021 no le fue consignado al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG el
auxilio de cesantías por sus servicios prestados correspondientes al año
2020.

1.3. Por lo anterior, el 26 de julio de 2021 la accionante formuló
petición ante el FOMAG, a fin de obtener el reconocimiento de la sanción
por mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, solicitud que
fue negada mediante el oficio 1.2.5.1.1 - 38 notificado el 29 de agosto
de 2021.

1.4. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho la accionante demandó el acto administrativo en mención,
proceso que por reparto correspondió al Juzgado Cuarto Administrativo
Oral del Circuito de Tunja, dependencia judicial que, mediante
sentencia del 13 de diciembre de 2022 resolvió negar las súplicas de la
demanda.

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Accionante: Olga Janeth Piñeros Ruiz

1.5. Inconforme con la anterior decisión, interpuso recurso de
apelación el cual fue resuelto desfavorablemente por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, a través de la sentencia del 28 de junio de
2023, al considerar que no le es aplicable la sanción moratoria prevista
en la Ley 50 de 1993 a los docentes oficiales, porque se rigen por la
disposición normativa prevista en la Ley 91 de 1989 que no contempló
la sanción por no consignación de cesantías en una cuenta individual
antes del 14 de febrero del año correspondiente.

2. FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN

Sostiene que el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, dado
que no aplicó la disposición normativa contemplada en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, relacionada con el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por la no consignación de las cesantías al respectivo
fondo.

Asimismo, señala que la autoridad judicial accionada desconoció el
precedente contenido en la sentencia SU 098 del 17 de octubre de 2018
de la Corte Constitucional, en la que se estableció que la Ley 50 de
1990 es aplicable a los docentes adscritos al FOMAG y, en
consecuencia, tienen el derecho al reconocimiento de la sanción
moratoria que deviene de la consignación tardía de las cesantías
anuales.

Además, argumenta que la providencia en cuestión desconoció 26
sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la
Sección Segunda del Consejo de Estado en las que accedió a las
súplicas de la demanda y en consecuencia reconoció la sanción por
mora prevista en la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG.

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3. PRETENSIONES

Con fundamento en lo anterior, solicita:

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la
sentencia proferida el día 6/28/2023, en el expediente rad. No.
15001333300420220012401, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN
MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE
DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD
JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y
de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que
se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en
el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las
sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H.
Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y
pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los
postulados establecidos en los siguientes expedientes: (…)». (Sic en toda la cita).

4. INFORMES

Mediante auto del 26 de septiembre de 2023 se admitió la acción de
tutela de la referencia y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo
de Boyacá como accionado y a la Nación - Ministerio de Educación -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG y al
Departamento de Boyacá como terceros interesados en las resultas del
proceso.

4.1. La Fiduprevisora S.A. en calidad de vocera y administradora del
patrimonio autónomo del FOMAG, solicitó ser desvinculada del presente
proceso por falta de legitimidad en la causa por pasiva.

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Por otra parte, señaló que por disposición del artículo 2.° del Decreto
1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por
la Ley 50 de 1990 podían administrar en cuentas individuales los
recursos para el pago de las cesantías.

No obstante, indicó que el FOMAG es una entidad creada por la Ley 91
de 1989 bajo el principio de unidad de caja, por lo que la totalidad de
recursos constituían un patrimonio autónomo administrado a través de
un esquema fiduciario en donde los valores que corresponden a las
cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y
trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

Por otra parte, sostuvo que las circunstancias fácticas relacionadas en
la sentencia SU 098 de 2018 no corresponden a las mismas en que se
fundamentaron la demanda que resultó desfavorable a las pretensiones
de la accionante, puesto que en el asunto bajo estudio no se cuestionó
la afiliación inoportuna al FOMAG que ocasionó el retardo en la
consignación del auxilio de cesantías.

Finalmente, trajo a colación la sentencia de unificación del 11 de
octubre de 2023 en la que se precisó que los docentes afiliados al
FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral
3.° de la Ley 50 de 1990.

4.2. El Ministerio de Educación Nacional, a través del jefe de la
oficina jurídica de la entidad, solicitó se declare improcedente la acción
de tutela, puesto que no se acreditó el requisito de relevancia
constitucional.

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En ese sentido, considera que lo que pretende la parte actora con la
interposición del amparo de tutela era reabrir un debate jurídico que
fue zanjado en la jurisdicción correspondiente.

4.3. El departamento de Boyacá, mediante apoderado judicial,
solicitó desestimar las pretensiones, toda vez que no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora en la demanda
de tutela.

Al respecto, señaló que la sanción moratoria establecida en el artículo
99 de la Ley 50 de 1990 no era aplicable a los docentes oficiales
afiliados al Fomag, porque tienen un régimen especial en materia de
reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción.

Por otro lado, indicó que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte
Constitucional es un criterio que no resulta vinculante en el presente
asunto, porque no guarda identidad fáctica o jurídica con el que se
debatió en el proceso ordinario.

4.4. No se rindieron más informes.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico

De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el
problema jurídico se circunscribe a determinar si el Tribunal
Administrativo de Boyacá, al proferir la sentencia del 28 de junio de
2023 que negó el reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación de las cesantías de la accionante, incurrió en un defecto
sustantivo y en un desconocimiento del precedente judicial, y por

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consiguiente, en la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración
de justicia y seguridad jurídica.

2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales

En términos generales y de acuerdo con la doctrina constitucional
vigente1 aceptada mayoritariamente por la Sala Plena de esta
corporación2, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la
protección material de los derechos fundamentales, cuando éstos
resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en
atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del
poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los
valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y
en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de
administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese
mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la carta le
impone.

Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y
residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de
quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio
natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos
destinados a la eficacia de los mismos y en esa medida las controversias
que allí surjan, son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que
la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de
la acción de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano

1
Corte Constitucional. Sentencia C-590-05.
2
Sentencia de treinta y uno (31) de julio de dos mil doce (2012). Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-
01(IJ) Actor: Nery Germania Álvarez Bello. C.P. María Elizabeth García González.

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propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de
seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para
interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los
derechos constitucionales fundamentales.

Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la
tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su
interposición, como son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que en el proceso se
hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como
extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el
amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio
irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el
requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en
sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de
la parte actora.; (v) que se identifique la situación fáctica; y (vi) que
no se trate sentencias de tutela.

En ese orden, la doctrina constitucional ha señalado las causales
especiales, indicando que la acción resulta procedente únicamente en
aquellos eventos en los cuales se vean afectados derechos
fundamentales, al verificar la ocurrencia de uno de los siguientes
eventos: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental, (ii) defecto
fáctico, (iii) error inducido, (iv) decisión sin motivación, (v) violación
directa de la Constitución, y (vi) desconocimiento del precedente.

2.1. En el presente caso, la pretensión de amparo constitucional
cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

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En efecto, (i) esta Sala considera que los hechos que generaron la
vulneración como los derechos quebrantados se encuentran
plenamente individualizados; (ii) la accionante no cuenta con recursos
ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional; (iii)
se advierte, igualmente, que la interposición del mecanismo
constitucional se dio en un lapso razonable y proporcionado, pues no
transcurrieron más de 6 meses, incluso, desde que se profirió de la
decisión cuestionada (28 de junio de 2023) hasta la radicación de la
acción de tutela; y (iv) el asunto a resolver es de marcada relevancia
constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible
vulneración iusfundamental como consecuencia de los defectos
procedimental y sustantivo en que, presuntamente, incurrió la
autoridad judicial cuestionada.

2.2. Del defecto material o sustantivo

De conformidad con la jurisprudencia constitucional3, el defecto
material o sustantivo se origina en primer término, cuando la autoridad
judicial, ya sea juez o tribunal que dicta sentencia, fundamenta su
decisión en normas que son inexistentes o inconstitucionales4, es decir,
se da en los casos en que la autoridad judicial se basa en, «(i) una
norma no aplicable al caso, ya sea, porque la norma, (a) no es
pertinente de aplicación, (b) se empleó cuando fue derogada y como
consecuencia perdió su vigencia, (c) es inexistente, (d) ha sido
declarada contraria a la Constitución, (e) está vigente y es
constitucional pero no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó,
(ii) su interpretación no se encuentra dentro del margen de
interpretación razonable o es errada, (iii) no se da aplicación a las

3
Véase: Sentencias SU-647 de 2017, SU-072 de 2018, SU-168 de 2017, SU-210 de 2017, SU-567 de 2015, entre otras.
4
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Córdoba Triviño.

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sentencias con efecto erga omnes, que son aquellas de aplicación
general, (iv) la norma aplicada se torna injustificadamente regresiva o
contraria a la Constitución, y finalmente, (v) cuando un poder
concedido al juez por el ordenamiento jurídico se utiliza para un fin no
previsto en la disposición»5.

En segundo lugar, el defecto material o sustantivo se origina cuando en
la estructura de la sentencia, se presenta una contradicción evidente y
grosera entre la decisión y los fundamentos que la explican.

En este orden de ideas, se produce cuando la decisión «(vi) se funda
en una hermenéutica no sistémica de la norma, es decir, con omisión
del análisis de otras disposiciones que regulan el caso; (vii) cuando
desconoce la norma constitucional o legal aplicable al caso en concreto;
(viii) no se encuentra debidamente justificada y por ende afecta
derechos fundamentales; (ix) cuando sin un mínimo de argumentación
se desconoce el precedente judicial; y (x) cuando el juez no aplica la
excepción de inconstitucionalidad frente a una manifiesta violación de
la Constitución»6.

Este defecto, se presenta ante situaciones excepcionales, por lo que se
debe demostrar que la decisión judicial es irrazonable,
desproporcionada, arbitraria o caprichosa, pues de no ser así, la acción
de tutela resultaría improcedente7.

2.3. Desconocimiento del precedente

En materia de decisiones judiciales, se destaca el respeto por el
principio de igualdad (artículo 13 de la C.P.) el cual implica no

5
Corte Constitucional. Sentencia SU-416 de 2015. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
6
Corte Constitucional. Sentencia SU-034 de 2018. Magistrado Ponente: Alberto Rojas Ríos.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-367 de 2018. Magistrada Ponente: Cristina Pardo Schlesinger.

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solamente el trato ante la ley sino también de protección por parte de
las autoridades y específicamente en la interpretación y aplicación de
la ley por parte de las autoridades judiciales, preservándose de esta
manera la seguridad jurídica y con ella la certeza en que los jueces van
a decidir los casos iguales de la misma forma8. En ese sentido, el
precedente judicial9 es la figura jurídica que sirve como dispositivo de
preservación de la confianza de la ciudadanía en el ordenamiento, pues
no solo hace previsibles las consecuencias jurídicas de sus actos sino
también materializa la igualdad en la aplicación del derecho10.

En ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha diferenciado lo que
constituye un antecedente jurisprudencial y el precedente en estricto
sentido11. Por una parte, ha aclarado que antecedente es una decisión
de una controversia anterior a la que se estudia, que puede tener o no
algunas similitudes desde el punto de vista fáctico, pero lo más
importante es que contiene algunos puntos de derecho que guían al
juez para resolver el caso objeto de estudio y por tanto, tiene un
carácter orientador, lo que no significa que (a) no deba ser tenido en
cuenta por el juez al momento de fallar y (b) que lo exima del deber de
argumentar las razones para apartarse, en virtud de los principios de
transparencia e igualdad”12.

No obstante lo anterior, el sometimiento al precedente no puede
convertirse en una camisa de fuerza para el juzgador, por lo que la
jurisprudencia constitucional ha sostenido que las autoridades

8
Ver entre otras las sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571 de 2007, T-808
de 2007, T-766 de 2008 y T-014 de 2009.
9
En la sentencia SU-053 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado., la Corte Constitucional precisó que precedente
judicial se concibe como “la sentencia o el conjunto de ellas, anteriores a un caso determinado, que, por su pertinencia
y semejanza en los problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”.
10
MARINON, Luiz Guilherme. El precedente en la dimensión de la seguridad jurídica. Ius et Praxis, 2012, vol. 18, no
1, p. 249-266.
11
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
12
Sentencias T-830 de 2012 y T-714 de 2013. M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

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judiciales pueden apartarse válidamente de precedentes previos, bien
sean estos verticales u horizontales13, siempre y cuando cumplan con
(i) la carga de transparencia, de hacer referencia al precedente del
que se va a apartar, y (ii) la carga de argumentación que les impone
el deber de señalar una justificación razonable, seria, suficiente y
proporcionada, en la que manifiesten las razones por las cuales se
apartan de la regla jurisprudencial; elementos con los que, en palabras
de la misma Corte, se protege el carácter dinámico del derecho y los
principios de autonomía e independencia que caracterizan la labor
judicial14.

3. El caso concreto

Ahora bien, de conformidad con las piezas procesales que reposan en
el expediente de tutela, se advierte lo siguiente:

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en la providencia del 28 de junio
de 2023, confirmó la sentencia de primera instancia que negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación
de las cesantías a la demandante, bajo las siguientes consideraciones:

« Esta Sala de decisión confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda al considerar que la docente demandante se encuentra
cobijada por un régimen especial de cesantías contenido en la Ley 91 de 1989, la cual
no fijó un plazo máximo para consignar la prestación ni para pagar sus intereses.

Por su parte, la Ley 50 de 1990 que contempla la sanción moratoria por la consignación de
las cesantías con posterioridad al 14 de febrero de cada año, no es aplicable al régimen
docente por haber sido expedida con posterioridad a la Ley 91 de 1989, y porque los
supuestos fácticos exigidos por aquella norma no pueden evidenciarse en el caso de los
docentes, a quienes no se les consigna las cesantías en cuenta individual.

13
Se entiende por precedente vertical aquellas decisiones previas promulgadas por un superior jerárquico y que resultan
pertinentes para resolver el caso concreto, y por el horizontal aquellas decisiones fijadas por una autoridad judicial de
la misma jerarquía y que resultan relevantes para resolver un caso concreto. Al respecto ver la Sentencias T- 589 de
2007.
14
Sentencia T-109 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Al efecto, las cesantías de los docentes oficiales son transferidas de manera gradual (por
doceavas) de los recursos para educación provenientes del sistema general de
participaciones, los cuales son descontados de manera directa por el Ministerio de Hacienda
y Crédito Público, según el trámite establecido en la ley 715 de 2001, luego la transferencia
de dichos recursos no corresponde realizarla al Ministerio de Educación Nacional ni a la
Secretaría de Educación respectiva.

Bajo dicha anotación, las entidades demandadas no pueden soportar la sanción por la no
transferencia de los recursos de las cesantías porque ello vulneraría el principio de legalidad
propio del Estado Social de Derecho, ya que no se les puede castigar por el incumplimiento
de un plazo no contemplado en la norma especial que cobija a los docentes y porque la
omisión endilgada por la parte demandante, no les corresponde a estas cumplirla.

La Sala indicará que la sentencia SU 098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional no
constituye precedente aplicable a este caso por contener aquella, presupuestos fácticos
disímiles a los aquí analizados. Por su parte, el Consejo de Estado no ha proferido sentencia
de unificación frente al problema jurídico aquí analizado y no resulta aplicable abordar el
caso bajo los principios de favorabilidad e igualdad por no darse los presupuestos para el
efecto.

Bajo las mismas consideraciones, la Sala no accederá al reconocimiento de la
indemnización por el no pago de los intereses a las cesantías, contenida en la Ley 52 de
1975, dado que su reconocimiento y liquidación se encuentra contemplado en la Ley 91 de
1989, la cual no estableció plazo para la consignación, y dado el trámite propio de la
transferencia de recursos del sistema general de participaciones, se justifica que los mismos
sean pagados con posterioridad al mes de enero de cada anualidad.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia apelada que negó las pretensiones de la
demanda y para ello abordará el régimen de cesantías docente; estudiará la sanción
moratoria por consignación tardía de las cesantías contemplada por la Ley 50 de 1990 y su
inaplicabilidad a los docentes oficiales; los intereses a las cesantías y la indemnización por
su pago tardío; del trámite para la transferencia de los recursos provenientes del Sistema
General de Participaciones al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por
concepto de cesantías docentes; Inaplicabilidad de la sentencia SU-098 de 2018; y la
Improcedencia de la aplicación del principio de favorabilidad y de igualdad».

Así las cosas, es claro para la Sala que el Tribunal Administrativo de
Boyacá, al desatar el asunto bajo examen, realizó un estudio detallado
de los presupuestos fácticos y jurídicos del caso, lo que lo llevó a
concluir que el criterio contenido en la sentencia SU-098 de 2018 no
era aplicable al asunto puesto que, entre otras cosas, en dicha
providencia la Corte Constitucional se refirió a unos docentes que no
fueron afiliados al FOMAG, y no al reconocimiento de la sanción

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moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

En esa medida, concluyó que la sanción solicitada no era compatible
con la normatividad aplicable a los docentes, porque el régimen especial
docente dispuesto por la Ley 91 de 1989 prevé la forma como debe
liquidarse el interés de las cesantías y la fecha en que se debe realizar
el desembolso, sin que contemple sanción alguna.

Lo anteriormente expuesto permite a la Sala concluir que la posición
jurídica asumida por la autoridad judicial accionada no configura
ninguno de los defectos alegados por la parte accionante toda vez que,
a partir de la valoración integral del material probatorio obrante en el
proceso, la normatividad vigente y las providencias judiciales proferidas
al respecto, estableció que la sanción solicitada no era compatible con
la normatividad aplicable a los docentes, porque estos tienen un
régimen especial dispuesto por la Ley 91 de 1989; asimismo, que no
era dable seguir el criterio señalado en la sentencia SU098 de 2018,
por cuanto allí la Corte Constitucional se refirió sobre varios asuntos de
presupuestos fácticos diferentes, entre ellos, el hecho de que los
docentes allí demandantes no fueron afiliados al FOMAG, situación que
difiere del hoy accionante, que sí se encuentra vinculado a dicho fondo.

En este punto, es relevante destacar que la misma Corte Constitucional,
de manera posterior, al analizar un asunto similar al que ahora ocupa
la atención de la Sala, profirió la sentencia SU-573 de 2019, en la que
precisó:

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«58.- (…) De otra parte, porque no cualquier violación del debido proceso puede ser
impugnada en sede de tutela15, pues la intervención del juez constitucional se justifica para
“proteger a la parte procesal que ha quedado indefensa frente a los excesos del juez
ordinario” 16,ante “desvíos absolutamente caprichosos y arbitrarios –inobservancia de
precedentes o decisiones carentes de justificación o motivación jurídica”17. Para la Sala, el
presente asunto carece de relevancia constitucional, por esta segunda razón, ya que no se
advierte un escenario de afectación a la igualdad, seguridad jurídica y debido proceso de los
accionantes, por dos razones.

59.- La primera: las decisiones cuestionadas no constituyen desvíos caprichosos o
arbitrarios de la autoridad judicial, pues el Consejo de Estado motivó adecuadamente por
qué, en su criterio, los accionantes no eran beneficiarios de “los artículos 99, 102 y 104 de
la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la liquidación del valor liquidado
anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la sanción moratoria para el empleador
que incumpla esta obligación”.

60.- La segunda: en el presente caso no se está en presencia de “decisiones contradictorias
en casos idénticos”18, dado que el sub iudice no comparte identidad fáctica y jurídica con
las decisiones judiciales que sustentan el supuesto desconocimiento del precedente y, por
tanto, no es posible evidenciar prima facie un precedente que el órgano de cierre de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo hubiese podido desconocer. Lo dicho se puede
comprobar a partir de la comparación de la decisión cuestionada con los precedentes
presuntamente desconocidos:

Criterio Caso sub judice Sentencia del Sentencia SU- Sentencia T-
Consejo de 336 de 2017 008 de 2015
Estado19
Tipo de Sanción Sanción Sanción Sanción
sanción moratoria por la moratoria por moratoria por moratoria por
moratoria no el pago tardío el pago tardío la omisión
solicitada consignación de de sus cesantías de sus cesantías injustificada
cesantías en el definitivas. definitivas. en la
fondo afiliación al
correspondiente. FOMAG.

15
La Corte ha señalado que el debido proceso tiene por finalidad proteger las garantías esenciales o básicas
de cualquier proceso, a saber: (i) el derecho al juez natural, (ii) el derecho a presentar y controvertir pruebas,
(iii) el derecho de defensa, incluida la posibilidad de ejercer una defensa técnica, (iv) el derecho a la segunda
instancia en el proceso penal, (v) el principio de determinación de las reglas procesales o, en otros términos,
el principio de legalidad y (vi) el derecho a la publicidad en las actuaciones que se surten en el marco de un
proceso. Conforme a tal interpretación, en principio, solo serán objeto de revisión las decisiones judiciales
que se aparten de los elementos del debido proceso constitucional descritos y que, por tanto, conlleven
anular el ejercicio de la defensa y contradicción en el proceso, al restringir o enervar en forma grave el
equilibrio procesal entre las partes. Al respecto, ver las sentencias SU-1184 de 2001 y T-061 de 2007.
16
Sentencia T-685 de 2003.
17
Ibid.
18
Sentencia SU-053 de 2015.
19
Sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, proferida por la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

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Fundamento Artículos 99, Leyes 244 de Leyes 244 de Decretos
jurídico el 102 y 104 de la 1995 y 1071 de 1995 y 1071 de 3752 de 2003
reconocimiento Ley 50 de 1990 2006. 2006. y Decreto
de la sanción y la Ley 344 de 1582 de
1996, 1998, por el
reglamentada cual se
por el Decreto reglamentan
1582 de 1998. parcialmente
los artículos
13 de la Ley
344 de 1996 y
5 de la Ley
432 de 1998.
(…)
66.- Según los accionantes, las decisiones cuestionadas desconocieron el precedente fijado
por la Corte Constitucional en las sentencias SU-336 de 2017 y T-008 de 2015, así como
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, pues, en su
criterio, “les es aplicable el régimen general en lo no estipulado en el especial, en lo que
tiene que ver con el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías establecida en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, situación
que de acuerdo con lo establecido en los artículos 13 y 53 de la Constitución Política, es
aplicable, por analogía, de igual manera en cuanto a la Ley 344 de 1996”20. No obstante,
tal como se expuso supra, la ausencia de (i) hechos materiales análogos y (ii) elementos
jurídicos y normativos semejantes21 entre el sub iudice y las sentencias referidas por los
tutelantes -inexistencia de una regla jurisprudencial genuinamente análoga22-, impide
advertir, prima facie, la configuración de un defecto por desconocimiento del precedente.

67.- Lo anterior es evidente, teniendo en cuenta que en el presente asunto se debate la
aplicación de la Ley 50 de 1990, que regula la sanción moratoria por no consignación
oportuna de las cesantías, mientras que en las sentencias de unificación proferidas por la
Corte Constitucional y por el Consejo de Estado se discutió la aplicación de la sanción
moratoria por pago tardío de las cesantías, prevista por la Ley 244 de 1995, en casos en los
cuales los actores habían solicitado el pago efectivo de la prestación social. Así mismo, en
la Sentencia T-008 de 2015, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional resolvió
un asunto relativo a una solicitud de sanción moratoria por la no afiliación al fondo de
cesantías, que ya había sido liquidada en los términos del Decreto 1582 de 199823, pero no
cancelada.

68.- Ahora bien, durante el trámite de la acción de tutela, los accionantes allegaron ante el
juez de primera instancia la Sentencia SU-098 de 201824, por medio de la cual la Corte
Constitucional resolvió sobre el “pago de la sanción moratoria por la no consignación de

20
Fl. 3, Cdno. 1 de los expedientes de tutela.
21
Ibid.
22
Sentencia T-425 de 2019.
23
Por medio del cual se reglamentaron los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998.
24
Fls. 82-113, Cdno. 1 del expediente T-7.457.373, fls. 83-114, Cdno. 1 del expediente T-7.457.923 y fls.
77-108, Cdno. 1 del expediente T-7.466.562.

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las cesantías en la fecha indicada en la ley, así como de los intereses y los rendimientos
financieros que se causaron con dicho retardo”25. A pesar de no haber sido parte del debate
procesal en sede de tutela, esta sentencia tampoco constituye un precedente aplicable al
asunto sub examine respecto del cual se pueda evidenciar prima facie una amenaza de
vulneración a los derechos fundamentales de los tutelantes, por cuanto: (i) la decisión es
posterior a las providencias judiciales cuestionadas en sede de tutela y, (ii) no obstante la
Corte se pronunció sobre la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías
prevista por la Ley 50 de 1990, artículo 13 de la Ley 344 de 1996 y los Decretos 1582 de
1998 y 1252 de 2000, la ausencia de identidad fáctica también “impide aplicar el precedente
al caso concreto”26, como pasa a explicarse.

Criterios Sentencia SU-098 de 2018 Caso sub examine
Docentes inscritos en el escalafón
Vinculación Docente en provisionalidad. docente de carrera con
nombramiento en propiedad.
El vínculo del docente terminó,
dado que se acogió a lo dispuesto
en el Decreto 1278 de 2002. Por tal
razón, la Secretaría de Educación Actualmente, los docentes se
de este municipio expidió la encuentran vinculados con el
Vigencia del vínculo Resolución N° 4143.3.21.5447 del Departamento del Atlántico y su
laboral 22 de octubre de 2007, por la cual vínculo laboral se ha mantenido
reconoció el pago de las vigente sin solución de
prestaciones sociales definitivas e continuidad27.
informó que el pago se realizaría
en el respectivo Fondo de
Cesantías.
El docente nunca fue afiliado al
Fondo Nacional de Prestaciones
Afiliación al Los docentes sí fueron afiliados al
Sociales del Magisterio (FOMAG)
FOMAG FOMAG.
ni a otro fondo, por un error
interno.
Una vez culminó su relación
Los docentes no reclamaron el
laboral con el Municipio de
pago efectivo de las cesantías de
Santiago de Cali, al docente le
Reclamación los años 2001, 2002 y 2003. No
reconocieron el pago de las
efectiva de pago de obstante, sí solicitaron el pago de la
prestaciones sociales, entre
las cesantías sanción moratoria por no
estas, las cesantías.
consignación de las cesantías por
dicho periodo.

El docente solicitó el
Los docentes solicitaron el
reconocimiento, liquidación y
Tipo de sanción reconocimiento y pago de la
pago de la sanción moratoria por
moratoria sanción moratoria por la no
la no consignación de las
reclamada consignación oportuna de las
cesantías, los intereses a las
cesantías.
cesantías ni los rendimientos.

25
Sentencia SU-098 de 2018.
26
Sentencia SU-354 de 2017.
27
Fls. 63, 64, 67 y 71 del Cdno. Principal.

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69.- Finalmente, es preciso agregar que la Corte Constitucional expidió la Sentencia SU-
332 de 2019, en relación con el régimen prestacional de los docentes oficiales. En dicha
sentencia señaló que “los docentes oficiales, en tanto empleados públicos, tienen derecho
al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías”28,
prevista por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006. Con todo, esta
decisión no tiene efectos vinculantes frente al asunto decidido en esta oportunidad, por
cuanto: (i) esta providencia de unificación es posterior a las decisiones judiciales
cuestionadas por los accionantes29 y (ii) no existe identidad fáctica ni jurídica con el asunto
sub iudice, toda vez que los accionantes reclaman el pago de la sanción moratoria por no
consignación oportuna de las cesantías, prevista por la Ley 50 de 1990».

Es claro, entonces, que lo planteado en esta sede constitucional se
limita a evidenciar una diferencia de criterios frente a la interpretación
de una norma, lo que no es suficiente para calificar una providencia
como arbitraria o caprichosa, y menos aún, violatoria de derecho
fundamental alguno pues, el Tribunal resolvió el asunto bajo un análisis
plausible, con una carga de argumentación suficiente y razonable que
debe ser respetada en virtud de los principios de autonomía e
independencia judicial.

Señalado lo anterior, no encuentra esta Sala de Subsección que en el
presente asunto se haya configurado ninguna de las causales
específicas de procedibilidad alegadas, toda vez que las conclusiones a
las que llegó la autoridad judicial accionada para resolver el caso y
acceder a las súplicas de la demanda no obedecieron a un capricho o
arbitrariedad, ni se fundaron en su simple voluntad, sino que por el
contrario, se basaron en un razonable ejercicio de interpretación
normativa y jurisprudencial, contrastada con los contornos fácticos del
asunto.

28
Sentencia SU-332 de 2019.
29
Las providencias cuestionadas fueron dictadas por el Consejo de Estado el 7 de septiembre de 2018
(expediente T-7.457.373), el 24 de agosto de 2018 (expediente T-7.457.923) y el 16 de agosto de 2018
(expediente T-7.466.562), mientras que las sentencias SU-098 de 2018 y SU-332 de 2019 fueron proferidas
por la Corte Constitucional el 17 de octubre de 2018 y 25 de julio de 2019, respectivamente.

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De este modo se insiste que, en principio, la acción de tutela no procede
para resolver divergencias interpretativas de la ley, pues el criterio de
la autoridad judicial de conocimiento prevalece frente a la opinión del
juez constitucional, no sólo porque es el juez natural del asunto, sino
también porque este se encuentra amparado por los principios de
autonomía e independencia judicial que imponen el respeto por la cosa
juzgada.

Finalmente, resulta oportuno señalar que, de manera reciente, la
Sección Segunda del Consejo de Estado profirió la sentencia del 11 de
octubre de 2023 dentro del proceso con radicado número 66001-33-
33-001-2022-00016-01, en la cual unificó su jurisprudencia en el
sentido de precisar que «Los docentes estatales afiliados al FOMAG no
tienen derecho a la sanción moratoria prevista en el numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es incompatible con
el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la
sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal», criterio al cual, vale decir, se acompasa
la decisión que hoy se cuestiona.

Por lo expuesto, esta Sala de Subsección procederá negar el amparo
solicitado mediante la acción de tutela presentada por la parte
accionante en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá.

III.DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Segunda – Subsección “A” de la
Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado,

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administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la
ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela formulada por la señora Olga
Janeth Piñeros Ruiz en contra del Tribunal Administrativo
de Boyacá, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: De no ser impugnada esta providencia, ENVÍESE a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión
celebrada el dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Consejero de Estado

Con aclaración de voto
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado Consejero de Estado

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