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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05280-00

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05280-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por la señora María Inelda Leguízamo Carranza, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05280-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

9 de noviembre de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05280-00
Accionante: María Inelda Leguízamo Carranza

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05280-00
Accionante: María Inelda Leguízamo Carranza
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6.

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
que se confirmó la decisión de negar el reconocimiento de la
sanción moratoria, por la consignación inoportuna de las cesantías
anualizadas de un docente. Ausencia de los defectos invocados.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora María Inelda Leguízamo
Carranza en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora María Inelda Leguízamo Carranza, por intermedio de apoderado
judicial, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad social y,
junto con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio
jurisdictionis y seguridad jurídica.

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Accionante: María Inelda Leguízamo Carranza

Como consecuencia de lo anterior, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, dejar sin efectos la sentencia proferida el 16 de
junio de 2023 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 15001-33-33-001-2022-00096-00/02, para, en su lugar, proferir una nueva
decisión, en la que se aplique el precedente judicial fijado por la Corte Constitucional,
en la sentencia SU-098 de 2018, y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en
su reiterada jurisprudencia, con el fin de reconocer y pagar la sanción moratoria en
los términos en que fue solicitada en la demanda.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

i) La señora María Inelda Leguízamo Carranza labora con posterioridad al año 1990
como docente en el departamento de Boyacá, por lo que tiene derecho al
reconocimiento y pago de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada
año.

ii) El 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no consignó las
cesantías correspondientes a los servicios que aquella prestó en el año 2020, al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG).

iii) Por lo anterior, el 27 de julio de 2021, al haber transcurrido 5 meses sin que fuera
realizada la respectiva consignación, solicitó a la Secretaría de Educación de
Boyacá, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, aquella entidad, mediante el Oficio
núm. BOY2021EE029638 del 28 de agosto de igual anualidad, resolvió de manera
desfavorable ese pedimento.

iv) La señora María Inelda Leguízamo Carranza instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG y del departamento de Boyacá, Secretaría de Educación, con el fin
de obtener la nulidad del acto administrativo precitado y, adicionalmente, a título de
restablecimiento del derecho, solicitó a) el reconocimiento y pago de la sanción

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moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de
salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha en
que debió consignarse el valor correspondiente a las cesantías del año 2020 en el
respectivo fondo, y hasta el momento en que se efectúe el pago de la prestación; y b)
la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, prevista en las
Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

v) El 16 de diciembre de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja negó las pretensiones de la demanda, por lo cual la parte demandante
interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.

vi) El 16 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
núm. 6, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que a la
demandante no le era aplicable la sanción moratoria por la consignación tardía de las
cesantías establecida en el régimen de la Ley 50 de 1990, comoquiera que no se
configuraban los supuestos legales, en atención a las particularidades
administrativas con que funciona la consignación de la prestación al interior del
régimen especial aplicable a los docentes en la Ley 91 de 1989.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
núm. 6, al expedir la sentencia del 16 de junio de 2023, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en
materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Para el efecto, expuso
lo siguiente:

i) En el presente asunto se cumplen cada uno de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, en
particular, el requisito de relevancia constitucional, por cuanto lo que se busca es la
protección de los derechos fundamentales de los docentes del sector oficial, pues,
según la Sentencia SU-098 de 2018, en virtud del principio de igualdad e in dubio pro
operario, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de

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1990, ya que al tener también el carácter de servidores públicos, son beneficiarios de
la sanción moratoria.

ii) En la providencia cuestionada se configuró una violación directa de la Constitución
Política y un defecto sustantivo, comoquiera que la autoridad accionada aplicó una
postura restrictiva y con ello desconoció el artículo 53 constitucional, según el cual
debe aplicarse la situación más favorable al trabajador, en caso de duda en la
interpretación de las fuentes formales del derecho.

iii) El Tribunal desatendió el contenido de la ley y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional1 y del Consejo de Estado2, en las que se definió que la Ley 50 de
1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al FOMAG y, por ello, tienen
derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de la consignación tardía
de las cesantías anuales.

iv) Igualmente, la corporación precitada confundió los regímenes de cesantías de los
docentes con la obligación del empleador de consignar las cesantías de los
trabajadores del sector de la educación al fondo al cual se encuentran afiliados, a
pesar de que son dos cosas diferentes. Al respecto, mencionó los antecedentes
normativos sobre las cesantías de liquidación anual y el reconocimiento de intereses
y, precisó que, a partir de la expedición de la Ley 91 de 1989, el FOMAG tiene a su
cargo las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados y debe consignar

1 Citó las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020.
2 Concretamente, mencionó las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 76001-

23-31-000-2009-00867-01 y del 6 de agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, y
los pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de
junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001-
03-15-000-2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173-01; 10
de junio de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente
08001-23-31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-
00132-01; 17 de junio de 2021, expedientes 08001-23-31-000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-
2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00445-02; 11 de
noviembre de 2021, expedientes 080001-23-40-000-2015-90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-
01; 25 de noviembre de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-01127-01 y 40001-23-40-000-
2017-00134-01; 20 de enero de 2022, expediente 080001-23-33-000-2017-00931- 01; 3 de marzo de
2022, expediente 080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-
000-2013-00756-01; 9 de mayo de 2022, expediente 080001-23-40-000-2017-00795-01; 19 de mayo
de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47-001-23-33-
000-2019-00376-01; 22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00509-01; 22 de
septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de enero de 2023, expediente
76001-23-31-000-2012-00212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00231-
01.

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las cesantías que la Nación, como patrono, previamente le traslada, antes del 15 de
febrero de 2021 y, en caso de no hacerlo, en virtud del principio de igualdad, de
favorabilidad y en atención al precedente reiterado de las altas cortes, reconocer la
sanción moratoria.

v) El Tribunal no tuvo en cuenta las sentencias proferidas entre el 2021 y el 2023 por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que resolvió de manera positiva el
problema jurídico relativo a si es aplicable o no la Ley 50 de 1990 a los docentes
afiliados al FOMAG y, en ese sentido, contrario a la conclusión de la autoridad
accionada, sí existe la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año
las cesantías y, en caso de no hacerlo, es viable reconocer la indemnización por su
pago inoportuno.

vi) Se desconoció el principio de seguridad jurídica, pues a pesar de la copiosa
jurisprudencia existente sobre la posibilidad de aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 al personal docente vinculado al FOMAG, no atendió esa postura y, por el
contrario, otorgó un trato diferencial a situaciones iguales. Por esa última razón,
considera necesario que en esta sede constitucional se defina la posición
jurisprudencial y, de esta forma, protejan los derechos fundamentales de los
docentes.

1.2. Actuación procesal

El 28 de septiembre de 2023, el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió la
acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión núm. 6, (ii) vinculó a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, FOMAG, y
al departamento de Boyacá, Secretaría de Educación, y (iii) comisionó al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja, para que notificara a todos los
sujetos que intervinieron dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 15001-33-33-001-2022-00096-00/01, a excepción de la
señora María Inelda Leguízamo Carranza y de las entidades precitadas y,
adicionalmente, remitiera copia digital del expediente referido.

1.3. Contestación de la demanda

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1.3.1. Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla Cáceres, afirmó que en
el presente asunto no se encuentra satisfecho el requisito general de relevancia
constitucional, puesto que, si bien es cierto que la accionante alega la presunta
vulneración del derecho al debido proceso y de algunos principios de naturaleza
constitucional, también lo es que debe cumplirse con una carga argumentativa
suficiente que demuestre que el asunto que se discute goza de una marcada
importancia constitucional. Además, señaló que el debate que se presenta es de
naturaleza estrictamente económica, pues involucra intereses privados, situación que
excede la competencia del juez de tutela, por lo que requirió declarar improcedente la
presente acción.

1.3.2. Departamento de Boyacá

El apoderado judicial de la entidad territorial referida Iván Felipe Niño Becerra indicó
que no es viable que el Consejo de Estado, en sede de tutela, emita un nuevo
pronunciamiento sobre los hechos debatidos en el proceso ordinario, máxime cuando
no se cuenta con una sentencia de unificación por parte de esa corporación como
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Adicionalmente, manifestó que en las actuaciones adelantadas en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho se garantizó el derecho al debido
proceso de los intervinientes y, además, que la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá estuvo soportada en las situaciones fácticas y jurídicas
probadas en el proceso, distinto es que la accionante no comparta la postura acogida
por la autoridad judicial precitada.

Finalmente, sostuvo que emitir un pronunciamiento en las condiciones que expone el
demandante se aparta totalmente de los principios de la confianza legítima y la
seguridad jurídica que deben estar presentes en todas las actuaciones judiciales. Por
tanto, solicitó negar todas las pretensiones formuladas en la presente acción.

1.3.3. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6.

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El magistrado Félix Alberto Rodríguez Riveros, luego de hacer un recuento de las
actuaciones judiciales adelantadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, afirmó que en el presente asunto no se acreditó el requisito de relevancia
constitucional, comoquiera que la parte accionante solo se refirió a la aplicación de
las normas de la Ley 50 de 1990, sin señalar de manera precisa en qué consiste la
afectación o amenaza de sus derechos fundamentales.

Sobre el particular, resaltó que el Consejo de Estado en reciente pronunciamiento,
determinó que no es procedente la acción de tutela si lo pretendido es que con
fundamento en precedentes de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado se
aplique lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que tal
pretensión no cumple con la exigencia general de procedibilidad mencionada.

Adicionalmente, frente a las providencias invocadas por la accionante para sustentar
la aplicación de la norma precitada, en virtud del principio de favorabilidad, precisó
que en el fallo cuestionado se pronunció sobre ese aspecto, concluyendo que los
precedentes invocados comportan supuestos fácticos distintos a los que se
presentan en el caso que hoy se estudia. Por lo anterior, solicitó desestimar las
pretensiones formuladas en la acción de amparo.

1.3.4. Fiduprevisora S.A.

La coordinadora de tutelas, Aidee Johanna Galindo Acero, indicó que las autoridades
judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
actuaron conforme a la normativa establecida sin que pueda aducirse un
desconocimiento de los pronunciamientos relacionados con el tema objeto de la
demanda. Además, señaló que no es dable inferir que se haya presentado
transgresión alguna en contra de las garantías fundamentales, pues las actuaciones
judiciales fueron adelantadas con plena observancia del debido proceso. En
consecuencia, peticionó declarar improcedente el presente mecanismo.

1.3.5. Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Tunja

La secretaria Liliana Colmenares Tapiero indicó que no es posible realizar la
notificación ordenada en el auto admisorio, comoquiera que los sujetos vinculados en

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la presente acción constituyen todos los intervinientes del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-001-2022-00096-00/02.
Además, remitió copia digital del expediente precitado.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal
5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del
Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del
16 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión núm. 6, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 15001-33-33-001-2022-00096-02. En caso afirmativo, se analizará, en
segundo lugar, si se configuraron los defectos de desconocimiento de precedente
judicial, sustantivo y violación directa de la Constitución Política, y, por ende, si se
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y seguridad social de la accionante.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

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La jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590
de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para
que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

3 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

2.4.1. En cuanto al requisito de relevancia constitucional, debe precisarse que el
despacho del magistrado ponente de la presente decisión, en anteriores
oportunidades,5 venía acogiendo el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019,
en la que se indicó que la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria
de la Ley 50 de 1990, no comportaba un asunto de relevancia constitucional « i) por
versar sobre un asunto meramente legal con una connotación patrimonial privada, ii)
no tener una relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental y
iii) buscar reabrir el debate concluido por el juez ordinario».

Sin embargo, a partir de la providencia del 26 de octubre de 2023, proferida dentro
del expediente 11001-03-15-000-2023-03988, el despacho modificó la anterior
posición y acogió el criterio mayoritario de la Sala de decisión respecto del
cumplimiento del referido requisito. Ello, atendiendo a la expedición de la Sentencia
de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por parte de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

En esa medida, se colige que el caso bajo estudio reviste una marcada importancia
constitucional, comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social y del principio de favorabilidad por
parte del Tribunal Administrativo de Boyacá, con ocasión de la expedición de la
providencia del 28 de junio de 2023, sin un inadecuado análisis jurisprudencial y
normativo, argumentos que la accionante encuadró en los defectos de
desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y violación directa de la
Constitución Política, por lo que de encontrarse acreditados conduciría a considerar
lesivos los intereses de aquella.

2.4.2. Se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, comoquiera que se
agotaron todos los mecanismos de defensa judicial, por cuanto la decisión

5 Procesos de tutela con radicado 11001 03 15 000 2023 02216 00, 11001 03 15 000 2023 01500 01 y

11001 03 15 000 2023 04027 00, entre otros.

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cuestionada es una sentencia que puso fin a la discusión planteada dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4.3. Se cumple la exigencia de inmediatez, puesto que la providencia objeto de
censura fue notificada el 22 de junio de 2023 y la acción de tutela fue instaurada el
22 de septiembre de igual anualidad, esto es, en el término de los seis meses
previstos jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en
contra de providencias judiciales.

2.4.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el
hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis jurisprudencial.

2.4.5. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos
fundamentales.

2.4.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto
que la providencia que pretende controvertirse fue proferida dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-001-2022-00096-00/02, la
Sala de decisión establece lo siguiente:

2.5.1. La señora María Inelda Leguízamo Carranza, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda en contra de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y del departamento de Boyacá, con el fin
de obtener la nulidad del Oficio núm. BOY2021EE029638 del 28 de agosto de 2021
y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó a) el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde
el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió consignarse el valor correspondiente a
las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, y hasta el momento en que se

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efectúe el pago de la prestación; y b) la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías, prevista en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990
y el Decreto 1176 de 1991.

2.5.2. El 16 de diciembre de 2022, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja declaró no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva del departamento de Boyacá y, adicionalmente, negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la señora María Inelda Leguízamo
Carranza no tiene derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías anualizadas, comoquiera que el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 no resulta aplicable a los docentes vinculados al FOMAG, dado el
régimen especial que los cobija y que se encuentra contenido en la Ley 91 de 1989.

2.5.3. Inconforme con la anterior decisión, el 12 de enero de 2023, la parte
demandante interpuso recurso de apelación, puesto que la ley y la jurisprudencia
constitucional y de lo contencioso administrativo desde el año 2021 despejaron las
dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales.

2.5.4. El 16 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá confirmó la
sentencia de primera instancia, con fundamento en los argumentos que se
expondrán más adelante.

2.6. Análisis del caso en concreto

2.6.1. Desconocimiento del precedente judicial

En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente6, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas

6 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-

087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.

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jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En esa lógica, en la Sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios
a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente7; b) que se trate de un problema
jurídico o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho
parecido al que se debe resolver con posterioridad.8

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o
magistrado a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente
horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
misma jerarquía o por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente
vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción
o a nivel constitucional.9

En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligatorio cumplimiento por
los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.10 Sin
embargo, en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de
las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.11

7 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa

de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos
vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el
conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar
la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi
expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no
puede ser desconocido por los jueces».
8Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
9Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
10Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
11Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.

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En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en
atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las
siguientes reglas: «(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que
significa que no pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga
argumentativa seria, mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada,
los motivos por los cuales consideran que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».12

En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales, en
virtud del acatamiento de los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.13

2.6.2. Desarrollo jurisprudencial de la procedencia del reconocimiento de la
sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 por la consignación
inoportuna del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al FOMAG

En un primer momento, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que
los docentes no estaban amparados por las disposiciones de liquidación anual de las
cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales
previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de 1996,

12Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
13Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-

634 de 2011, entre otras.

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en cuyo artículo 13 dispuso la aplicación de las normas vigentes en materia de
cesantías, pero hizo la salvedad de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la
Ley 91 de 1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal
docente.

Postura que también había sido desarrollada por la Corte, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia C-928 de
200614 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a favor de
los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no
era igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó que no se
configuraba violación del derecho a la igualdad porque «simplemente la manera
como se liquidan y pagan aquellos15 es distinta a la regulada en la Ley 50 de 1990,
sin que por ello se configure discriminación alguna».

Posteriormente, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-098 de 2018, al estudiar
la procedencia de la aplicación de la sanción moratoria a un docente oficial que no
fue afiliado al FOMAG por parte del ente territorial, refirió que el «hecho de que los
docentes se encuentren amparados por un régimen especial, no implica el
desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata
de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso
en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor beneficio para el
empleado, pues esta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de la
Carta Política»; por lo cual, en esa oportunidad consideró que «los despachos
judiciales accionados desconocieron que aunque la norma que establece la sanción
moratoria por la no consignación de las cesantías en los términos que contempla el
numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996
y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, y el Decreto 1252 de 2000, no esté
expresamente consagrada a favor de los miembros del Magisterio, en virtud del
principio de interpretación conforme a la Constitución y favorabilidad en materia
laboral, les correspondía aplicar la interpretación más beneficiosa para el trabajador,
esto es, que los docentes sí son destinatarios de la norma que consagra la referida
sanción, pues esta es la interpretación que más se ajusta a la Constitución».

14 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
15 Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.

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Con fundamento en el anterior pronunciamiento, las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad
aplicado en sede constitucional, para resolver las controversias relacionadas con el
reconocimiento de sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de
199016.

No obstante, por medio de la sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional
declaró improcedente las acciones de tutela interpuestas contra fallos del Consejo de
Estado sobre este asunto e indicó que la regla jurisprudencial fijada por medio de la
sentencia SU-098 de 2018 solo constituye precedente en el evento en que se omita
la afiliación del docente al FOMAG, de manera que en los casos que se pretende la
sanción por la falta de consignación de las cesantías a los beneficiarios del señalado
fondo, no existe una providencia de unificación con efectos vinculantes que pueda
aplicarse a las situaciones con similitud fáctica y jurídica.

Por lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente, con el fin
de unificar o sentar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de
Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, expediente 66001-33-
33-001-2022-00016-01 (5746-2022), en la que expuso lo siguiente:

«[…] 156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es
incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía
del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece
unas normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el reconocimiento
de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no
existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con

16
Ver Sentencias del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01 (1689-
2018); del 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), entre otras.

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fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada del
incumplimiento del empleador.

158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la
Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias en
las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la
sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de los
docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada por el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio de
cesantías, tal y como se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual la
Sección avocó conocimiento del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU573
de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a la Sala
a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de interpretación aquí
definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y razonado de los sistemas
administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir que el primero resulta
incompatible con la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las
cesantías […]»

En suma, se colige que la posición actual de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en atención al pronunciamiento de unificación mencionado, consiste en que
los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989.

2.6.3. Análisis de la posición adoptada por el Tribunal accionado

La señora María Inelda Leguízamo Carranza solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en
materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, los cuales estimó

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vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, al
expedir la providencia del 16 de junio de 2023, comoquiera que desatendió el
contenido de la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los
docentes vinculados al FOMAG y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la
sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales

Pues bien, con el fin de resolver el anterior desacuerdo y los relativos al defecto
sustantivo y a la violación directa de la Constitución Política, resulta necesario
analizar los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo de Boyacá, para
confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja el 16 de diciembre de 2022, que negó las pretensiones de la
demanda.

Así, se observa que la corporación judicial accionada, en la sentencia del 16 de junio
de 2023, en primer lugar, estudió los marcos normativos de las cesantías establecido
en favor de los docentes afiliados al FOMAG y de las cesantías establecido en la Ley
50 de 1990 y el principio de favorabilidad y principio de inescindibilidad de la norma;
y, en segundo lugar, procedió a analizar las sentencias que la demandante
consideraba como precedente judicial vinculante aplicable al caso en concreto, para
lo cual textualmente sostuvo:

«[…] La principal sentencia citada por la demandante como supuesto precedente
vinculante al caso en concreto lo es la Sentencia de la Corte Constitucional SU-098 de
2018, luego procede la Sala mediante la siguiente tabla a comprar los supuestos
fácticos de dicho caso y el sub júdice […]

De la anterior comparación se determina que no existe identidad fáctica entre el caso
estudiado en la Sentencia SU 098 DE 2018 y el presente asunto principalmente porque
en el sub examine la demandante si fue afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio y las entidades demandadas no han menoscabado sus
derechos laborales pues los recursos independientemente del momento en que fueron
transferidos por parte del Ministerio responsable de su giro, se encuentran a
disposición de la docente para cuando pretenda su retiro parcial o definitivo.

En el caso analizado por la Corte Constitucional se aplicó la Ley 50 de 1990 como
herramienta para sancionar la omisión de afiliación en que incurrió la Entidad territorial
y el desamparo de los derechos laborales del trabajador. Pues (sic) la afiliación de los
docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio es obligatoria
para la entidad territorial.

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Contrario sensu, en el presente caso no se logra acreditar violación alguna de
derechos laborales del trabajador, que permita justificar la imposición de sanciones en
su favor.

Señala la demandante que dicho precedente fue aplicado por el Consejo de Estado, no
obstante, advierte la Sala que si bien si ha sido aplicado por el Consejo de Estado lo ha
sido en casos en donde la entidad territorial omitió la afiliación del Docente al FOMAG,
situación que se insiste dista de la analizada en el presente asunto en donde la
demandante si fue debidamente afiliado al FOMAG, esto en garantía de sus derechos
prestacionales.

Como ejemplo de lo anterior se relaciona tabla comparativa entre el caso en concreto y
la sentencia del Consejo de Estado de fecha 24 de enero de 2019 al interior del
radicado No.76001233100020090086701(4854) MP Sandra Liseth Ibarra […]

A su vez se procede a comparar el caso en concreto con los supuestos fácticos
analizados en la Sentencia proferida por el Consejo de Estado de fecha 10 de junio de
2020 al interior del radicado 080012333000201400208-01 (Radicado interno 0324-
2016) MP Sandra Liseth Ibarra […]

De las anteriores comparaciones se determina que no existe identidad fáctica entre el
caso estudiado en aquellas oportunidades por el Consejo de Estado y el presente
asunto, pues en aquellos la entidad territorial demandada incumplió su obligación de
afiliar a la demandante al FOMAG, omitió consignar las cesantías en su favor y por
ende no trasladó al FOMAG la responsabilidad respecto del pago de la
prestación, presupuesto sobre el cual se hizo acreedor a la sanción moratoria
establecida en la Ley 50 de 1990 extendida por la Corte Constitucional en la citada
sentencia de unificación SU 098 de 2018 con el propósito de sancionar la negligencia
administrativa de la Entidad Territorial.

Sumado a lo anterior, téngase en cuenta que la misma Corte Constitucional omitió
aplicar dicho precedente al interior de la sentencia SU-573 de 2019 al considerar que
en la Sentencia SU-098 no tenía efectos inter comunis pues se trató del tema de un
docente que no se encontraba vinculado al respectivo FONDO, por lo que las
consideraciones distan de los afiliados al FOMAG.

Del análisis anterior la Sala considera que el precedente no debe ser seguido toda vez
que el asunto analizado en el presente escenario procesal no recae dentro del radio de
acción de la ratio decidendi de la Sentencia SU-098 de 2018 debido a las diferencias
fácticas relevantes entre los casos analizados al interior de dicha Sentencia y el
presente asunto. Esto impide otorgar un trato igual y por tanto la solución jurídica es
diferente. Luego no es posible aplicar dicho precedente al caso en concreto, debido a
que no guarda similitud fáctica con el caso estudiado.

Conforme a todo lo anterior, no hay lugar a revocar la decisión de primera instancia
pues los derechos de la demandante no han sido violados por parte de las entidades
demandadas; la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
establecida en el régimen de la Ley 50 de 1990 no le es aplicable al demandante pues
las particularidades administrativas con que funciona la consignación de la prestación
al interior del régimen especial aplicable a los docentes en la Ley 91 de 1989 no
configura los supuestos legales para que resulte procedente la aplicación de sanción
por consignación luego del 15 de febrero siguiente a la causación; no resulta
procedente en virtud del principio de favorabilidad aplicar disposiciones normativas de
uno y/o régimen pues este principio está limitado por el principio de inescindibilidad de
la norma que impide el fraccionamiento de los diferentes regímenes; no existe
precedente vinculante al caso concreto que deba ser aplicado por esta corporación

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pues los supuestos fácticos analizados en la Sentencia SU 098 de 2018 distan
considerablemente de los aquí estudiados

También se confirmará la decisión adoptada respecto a negar la indemnización
solicitada en los términos de la Ley 52 de 1975 pues revisados los extremos de la Ley
91 de 1989, disposición especial aplicable al demandante en virtud de su condición
como docente se advierte que no prevé indemnización alguna por el no pago oportuno
de los intereses de las cesantías a los docentes […]».

De la anterior transcripción se desprende que la corporación judicial accionada
determinó que a la señora María Inelda Leguízamo Carranza no le era aplicable la
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías establecida en el
régimen de la Ley 50 de 1990, comoquiera que los supuestos de hecho de la
penalidad reclamada son incompatibles con las particularidades administrativas con
que funciona la consignación de dicha prestación al interior del régimen especial
aplicable a los docentes en la Ley 91 de 1989.

En esos términos, la Subsección advierte que el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión núm. 6, al confirmar la decisión de negar el reconocimiento de
dicha sanción, no desconoció precedente alguno, pues de manera razonada expuso
los argumentos por los cuales consideró que en el caso de la accionante no había
lugar al reconocimiento de dicha penalidad, comoquiera que dentro del régimen
especial de docentes se estableció una forma diferente de liquidación y pago, bajo un
procedimiento propio, de las cesantías, criterio que coincide con la regla
jurisprudencial fijada por el máximo órgano de lo contencioso administrativo en la
Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en la que,
se itera, se dispuso que los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho
a la sanción moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989.

Sobre esto último, valga precisar, que, si bien es cierto que la sentencia hoy
cuestionada fue proferida antes de haberse expedido el proveído de unificación
mencionado, también lo es que para ese momento no existía una posición
consolidada en el Consejo de Estado, por lo que la autoridad judicial accionada, en
ejercicio de sus facultades de autonomía e independencia judicial, reconocidas en los
artículos 228 y 230 de la Constitución Política, podía optar por la posición que
consideraba más apropiada para resolver el asunto sometido a su conocimiento,

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conforme al ordenamiento jurídico, y exponer las razones para ello, lo cual, como se
vio, ocurrió en el presente asunto.

Ahora, se observa que la accionante, en el escrito de tutela, citó un gran número de
proveídos, los cuales no constituyen jurisprudencia en vigor, pues aunque en uno de
ellos se acogió lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990,17 no lo es menos que en otros se analizaron las circunstancias
fácticas de docentes no afiliados al FOMAG,18 como lo relacionado a la liquidación de
cesantías,19 y en la mayoría se trató lo relativo al término de prescripción de la
sanción moratoria,20 de aquí que se deba dar la razón al Tribunal accionado cuando
afirmó que para el momento que se profirió la sentencia en juicio no existía posición
consolidada ni sentencia de unificación a aplicar sobre el particular.

Sumado a lo expuesto, el Tribunal tampoco estaba obligado a realizar un juicio de
comparación con la sentencia del 29 de julio de 2019 proferida en el proceso con
radicado 11001-03-15-000-2018-03499-01, comoquiera que esta fue emitida en sede
de tutela, por lo cual, en principio, no tienen efectos más allá del caso objeto de
controversia, es decir, inter partes.

Igualmente, en relación con las Sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-
041 de 2020, se advierte que la Corte Constitucional, con respecto a la primera,
únicamente analizó la procedencia de la aplicación de la sanción moratoria a un
docente oficial que no fue afiliado al FOMAG por parte del ente territorial, debido a
errores internos, lo cual implicaba la responsabilidad del último de los mencionados
por la totalidad de las prestaciones sociales correspondientes, en los términos del
artículo 1.° del Decreto 3752 de 2003, y, en cuanto a las dos últimas, estudió el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
definitivas, prevista por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006,
pero el pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las

17 Expediente 0871-2020.
18 Expedientes 4854-2014, 2224-2020 y 4004-2021.
19 Expediente 0483-20.
20Expediente 0833-2016, 1002-2021, 2208-2020, 2387-2020, 5154-2016, 1001-2021, 4462-2021 y
2394-2020.

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cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, situaciones que difieren del caso de la
accionante y, en esa medida, no es exigible su aplicación.

Así las cosas, la Sala no evidencia la configuración del desconocimiento del
precedente judicial invocado, que habilite la procedencia del amparo deprecado, sino
que, por el contrario, observa que la decisión adoptada por la autoridad accionada se
encuentra debidamente motivada y, además, coincide con la regla jurisprudencial
fijada recientemente por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en los casos en
que se discute el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías a los docentes afiliados al FOMAG, por lo que no advierte la vulneración de
los derechos fundamentales invocados.

2.6.4. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso;
3) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación
contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del
precedente judicial —horizontal o vertical— sin justificación suficiente o 5) se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta
de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las
partes en el proceso.11

2.6.5. Violación directa de la Constitución Política

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En la sentencia SU 495 de 2020,21 la Corte Constitucional señaló los parámetros
para la configuración de la mentada causal en los siguientes términos:

«[…]78. Violación directa de la Constitución. El defecto específico de violación de la
Constitución se entendía subsumido como una de las variantes del defecto sustantivo.
Sin embargo, la sentencia T-084 de 2010 empezó a dotarlo de autonomía al considerar
que la inaplicación de la “norma de normas” merece un lugar particular en la acción de
tutela contra providencias judiciales. En tal sentido, destacó lo dispuesto en el artículo
4° de la Carta y el poder normativo directo de ella:

“7.2.8. Violación directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de
tutela que se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que
desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política. A este respecto,
debe insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados
eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una
decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.

79. Con sustento en lo expuesto la jurisprudencia ha afirmado que, aunque se
produce la misma distorsión, el desconocimiento de la Constitución puede darse, al
menos, por dos vías. De un lado, cuando las reglas o principios que deben ser
extraídos de su texto son, por completo, desobedecidos o no son tomados en
cuenta en el razonamiento jurídico explicita, ni implícitamente. De otra parte, cuando
las reglas y los principios son tomados en consideración, al menos implícitamente, pero
se les da un alcance insuficiente, como así quedó planteado en la sentencia T-084 de
2010.

80. Sin embargo, ellos no son los únicos supuestos en los cuales las decisiones
jurisdiccionales terminan por violar la Constitución, pues también se ha reconocido que
el hecho de no acudir a la excepción de inconstitucionalidad también puede dar lugar a
ello. En efecto, “(…) siempre que un juez se encuentra ante una norma que contraría lo
estipulado por la Constitución, éste tiene el deber de inaplicar dicha norma bajo la
excepción de inconstitucionalidad realizando un trabajo argumentativo en el cual
determine claramente que el contenido normativo de la regla resulta contrario a la
Constitución Política”.

81. En consecuencia, el hecho de que una providencia incurra en violación
directa de la Constitución es un defecto autónomo y específico, que determina la
procedencia de la acción de tutela. Puede darse, entre otros, cuando (i) se ignora por
completo principios o reglas constitucionales; (ii) se le da un alcance insuficiente a
determinada disposición de la Constitución; o (iii) se omite aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, en aquellos eventos en los cuales ello sea procedente […]».

2.6.6. Estudio del desconocimiento del principio de favorabilidad

21 Ibidem pie de página 6.

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La señora María Inelda Leguízamo Carranza afirmó que el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, en la providencia cuestionada, incurrió en los
defectos de violación directa de la Constitución Política y de defecto sustantivo, al
desconocer el artículo 53 constitucional, según el cual debe aplicarse la situación
más favorable al trabajador, en caso de duda en la interpretación de las fuentes
formales del derecho.

Al respecto, debe precisarse que, contrario a lo afirmado por la accionante, en el
presente asunto la autoridad accionada no desconoció ningún precepto
constitucional, ni realizó una interpretación de la normatividad contraria a la
Constitución Política, sino que al analizar el principio de favorabilidad, determinó que
este no era absoluto, sino que se encontraba limitado por el principio de
inescindibilidad de la norma, por lo que no podían aplicarse dos regímenes para
tomar los aspectos favorables de uno y de otro, pues ello implicaría un
desmembramiento de las normas legales, conclusión que no resulta arbitraria ni
contraria al ordenamiento jurídico.

Finalmente, debe aclararse que el Tribunal no confundió el régimen de cesantías de
los docentes, sino que, todo lo contrario, a partir de un análisis minucioso del marco
normativo de la prestación precitada en favor de los docentes afiliados al FOMAG, fue
que determinó que las particularidades administrativas con que funciona la
consignación de dicha prestación al interior del régimen especial aplicable a los
docentes en la Ley 91 de 1989, son incompatibles y, por tanto, no podían
encuadrarse en los supuestos de hecho que establece el ordinal 3.° del artículo 99
de la Ley 50 de 1990, tal y como se explicó en acápites previos.

De todo lo expuesto, se concluye que la corporación accionada, al expedir la
sentencia controvertida, no incurrió en ninguna de las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, por lo que se
negará el amparo solicitado por la señora María Inelda Leguízamo Carranza.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y

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jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que no se estructuraron las causales específicas de procedibilidad aquí
estudiadas y, en ese sentido, negará el amparo solicitado por la señora María Inelda
Leguízamo Carranza.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por la señora María Inelda Leguízamo
Carranza, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 6, de conformidad con los
argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
A.R.F.

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