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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05293-01

Fecha
7 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05293-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN propuesta por la Fiduprevisora S.A. SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión del 26 de octubre de 2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la acción instaurada por la señora Aida Patricia Méndez Cuevas. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05293-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

7 de diciembre de 2023

Demandante: Aida Patricia Méndez Cuevas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05293-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADO PONENTE (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Paipa (Boyacá), siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05293-01
Demandante: AIDA PATRICIA MÉNDEZ CUEVAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE
DECISIÓN No. 2

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial –– Sanción moratoria
por pago tardío de cesantías - Falta de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la señora Aida Patricia
Méndez Cuevas contra la sentencia del 26 de octubre de 2023 del Consejo de Estado,
Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la acción.

I.ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

La señora Aida Patricia Méndez Cuevas, actuando por medio de apoderado judicial,
interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo Boyacá, con el fin de que
sean amparados sus derechos fundamentales «al debido proceso, derecho a la
seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad
social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de
la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente
judicial vertical.»

2. La parte accionante consideró vulnerada dicha garantía constitucional con ocasión
de la sentencia del 28 de junio de 2023, que confirmó la providencia del 25 de enero
de 2023, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Tunja, que negó las pretensiones de la demanda. Lo anterior, en el marco del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-004-2022-00138-
01, instaurado contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag-, departamento de Boyacá.

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Demandante: Aida Patricia Méndez Cuevas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05293-01

3. Con base en lo anterior, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y como
consecuencia pidió:

(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ dejar sin efectos
la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo
la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte
Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la
Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones
ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada
en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes.

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes hechos que, a juicio de la Sala,
son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

La señora Aida Patricia Méndez Cuevas presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contra Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
FOMAG-, departamento de Boyacá, con el objeto de que se declarara la nulidad del
acto ficto configurado el 29 de agosto de 2021, mediante el cual se le denegó el
reconocimiento y pago (i) de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, y (ii) de la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías, contemplada en la Ley 52 de 1975 y en el Decreto 1176 de 1991.

El Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja mediante
sentencia proferida el 25 de enero de 2023, negó las suplicas de la demanda al
considerar que la sanción moratoria reclamada no es aplicable a los docentes afiliados
al FOMAG, quienes cuentan con norma regulatoria en la materia, esto es, la Ley 91 de
1989.

Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el cual fue
resuelto mediante sentencia del 28 de junio de 2023 por el el Tribunal Administrativo
Boyacá, que confirmó la decisión del a quo.

En síntesis, consideró el ad quem que la sanción moratoria contemplada en la Ley 50
de 1990 no es aplicable a los docentes como quiera que fue expedida con posterioridad
a la Ley 91 de 1989. Aunado a ello, señaló que las cesantías, en estos casos son
transferidas de manera gradual, por parte de la Secretaría de Educación respectiva.

Así mismo indicó que no resultaba aplicable el fallo SU 098 de 2018 y que a la fecha
del fallo no existía sentencia de unificación dictada por el Consejo de Estado en la
materia, por lo que no era posible abordar el asunto bajo los principios de favorabilidad
e igualdad, al no darse los presupuestos para ello.

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Respecto de la indemnización por el no pago oportuno de las cesantías adujo que su
reconocimiento y liquidación estaban contemplados en la misma legislación, en la que
no se estableció plazo para la consignación, y dado el trámite propio de la transferencia
de recursos del sistema general de participaciones, se justificaba que los mismos
fueran pagados con posterioridad al mes de enero de cada anualidad.

1.3. Fundamentos de la vulneración

Desconocimiento de precedente: La actora adujo que la decisión enjuiciada
desatendió «la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte
Constitucional y la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenando el reconocimiento y
pago de la sanción por mora cómo fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes:»

• Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-098 de 2018. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
• Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-332 de 2019. M.P. Gloria Stella
Ortiz Delgado.
• Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-041 de 2020. M.P. Luis
Guillermo Guerrero Pérez.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-
2013- 00666-01,
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001-23- 31-000-
200900867- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.
Sentencia del 29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-0315- 000-
2018- 03499-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23
33 000 2014 00173-01
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-
2014- 00208-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33-
000-2014- 00132-01
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31
000 2014 00815 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 27.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001 23 31 000
2014 00815 01.

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Demandante: Aida Patricia Méndez Cuevas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05293-01

• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001-23- 33-
000-2015- 00445- 02
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31
000 2014 00815 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 25.11.21. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-
2014- 01127-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001-23- 40-
000-2017- 00134-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 0080001-23- 33-
000- 2015- 00075-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31
000 2014 00815 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001-23- 33-
000-2013- 00756-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 09.05.22. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 080001-23-
40-000- 2017- 00795-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001 23 31 000 2014
00815 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000-
2019- 00376-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 22.08.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33- 000-
2015- 00509-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33-000-
2015-90124- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001-23-31-
000-2012- 00212-02
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda.
Sentencia del 26.01.23. M.P. Rafael Francisco Gomez. Exp. 47001-23-33- 000-
2018-0231- 01

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Explicó que la falta de aplicación de estas sentencias proferidas por el máximo órgano
de cierre de la jurisdicción contencioso administrativo, «es una abierta contradicción de la
seguridad que el Consejo de Estado generó, traduciéndose en una vulneración al principio de
igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica, unidad, coherencia del ordenamiento jurídico
y falta de aplicación del principio de favorabilidad a un caso concreto.»

Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto la
sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de cesantías,
que necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad social.
Aunado a lo anterior, expuso que esta acción constitucional en ningún momento fue
interpuesta como una tercera instancia, sino que solo se circunscribe a buscar la
protección de los derechos fundamentales de los docentes del sector oficial, tales
como, la igualdad, la seguridad social y la favorabilidad.

Citó una amplia línea jurisprudencial de la Corte Constitucional en la cual, a su juicio,
se ha establecido de manera pacífica que el auxilio de cesantías es una obligación a
cargo del empleador y que en principio, fue creada con la finalidad de proteger al
trabajador en dado caso de pérdida del empleo; «ahora, su función consiste una figura
jurídica que responde a una clara orientación social en el desarrollo de las relaciones entre
trabajador y empleador, es decir, que debe ser vista como un mecanismo que busca en primer
lugar, contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben afrontar los asalariados
ante el cese de su actividad, y en segundo lugar, cubrir sus necesidades de capacitación y
vivienda.»

Manifestó que los docentes se encuentran en la categoría de empleados públicos,
razón por la cual, no era admisible la distinción con los demás servidores públicos a
que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo, como lo es, el auxilio de
cesantías, «así, una interpretación contraria, conllevaría una restricción en la posibilidad de
gozar de la garantía del pago oportuno del auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones
ya mencionadas que se derivan de esa prestación, lo que conlleva una connotación de
relevancia constitucional, ya que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes,
respecto de otros servidores públicos.»

Violación directa de la Constitución y defecto sustantivo: Adujo que, en virtud del
valor normativo superior de los preceptos constitucionales, los jueces deben aplicar
las disposiciones consagradas en la Constitución y su desarrollo jurisprudencial en
todo momento.

Agregó que, la interpretación y aplicación de normas relacionadas con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías
a los docentes, y con base en la jurisprudencia constitucional, era dable concluir que
i) el pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es
protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos,
teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se
encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento «y por lo tanto tienen

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derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías.»

Hizo una amplia explicación, entre otros, de los siguientes acápites relativos a:

• ANTEDENTES HISTÓRICOS DE LA OBLIGACIÓN DEL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL DE CONSIGNAR DE MANERA EFECTIVA LAS
CESANTÍAS DE LOS DOCENTES VINCULADOS DESPUÉS DEL 1 DE ENERO DE
1990 EN EL FOMAG, ANTES DEL 15 DE FEBRERO DE CADA ANUALIDAD

• CESANTÍAS CAUSADAS de los docentes que estaban vinculados COMO
DOCENTES NACIONALES ANTES DEL 1 DE ENERO DE 1990, y quienes ya
venían con un régimen de cesantías de liquidación anual y el reconocimiento de
intereses a las cesantías desde la expedición del Decreto – Ley 3118 de 1968.

• CESANTÍAS QUE SE CAUSARON DE LOS DOCENTES VINCULADOS
DESPUES DEL 1 DE ENERO DE 1990 (independientemente si su vinculación se
realizaba por las entidades territoriales o por la Nación), y quienes se les comenzó
a liquidar las cesantías con un régimen anualizado y el reconocimiento de intereses
a las cesantías.

• CUÁL HA SIDO LA POSICIÓN DEL CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN
SEGUNDA Y DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN LAS ÚLTIMAS SENTENCIAS
EN TORNO AL ESTUDIO DE LA LEY 91 DE 1989, LA LEY 50 DE 1990 Y LA LEY
344 DE 1996?

1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio
Mediante auto del 27 de septiembre de 2023 se admitió la demanda de tutela y se
dispuso su notificación tanto a la parte accionante, al Tribunal Administrativo de
Boyacá como autoridad judicial demandada.

Igualmente, se ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio -Fomag-, departamento de Boyacá - Secretaría de Educación y al Juzgado
Cuarto Oral Administrativo del Circuito Judicial de Tunja.

Así mismo, se reconoció al abogado Yobany Alberto López Quintero como apoderado
de la parte actora.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes intervenciones:

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1.5.1. El Tribunal Administrativo de Boyacá

Solicitó se declarara la improcedencia de la acción, pues se estaba usando como
tercera instancia del proceso, aunado a que el asunto bajo examen era de carácter
legal y económico. Por tanto, no se cumplían los requisitos de procedencia de tutela
contra providencia judicial.

1.5.2. La Fiduprevisora S.A.

Requirió declarar la improcedencia de la acción y su desvinculación del presente
trámite constitucional por carecer de legitimación en la causa por pasiva, al considerar
que:

La tutela resulta improcedente toda vez que las autoridades judiciales que conocieron
el proceso actuaron conforme a la normativa establecida sin que se pueda aducir que
los funcionarios judiciales accionados hayan desconocido entre otros, los precedentes
judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

De otra parte, aseguró que no era dable afirmar que se haya presentado trasgresión
alguna contra las garantías fundamentales de la accionante, pues se observaron las
normas en garantía al principio del debido proceso, es decir, que las actuaciones
judiciales fueron adelantadas en debida forma y atendiendo los procedimientos
legales.

En consecuencia y teniendo en cuenta que las partes tienen derecho a la protección
de las formas propias de cada juicio, tal y como lo establece el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia, «se reitera que la acción de tutela interpuesta por
la accionante resulta improcedente.»

1.5.3. Ministerio de Educación

Solicitó declarar la improcedencia de la acción por no acreditar el requisito de
relevancia toda vez que, a su juicio el juez de tutela no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

Refirió que, no existió una eventual transgresión de derechos que pudiera generar que
la decisión judicial expedida por el juez de conocimiento se aparte del ámbito de
legalidad, para desplegar actuaciones de hecho que resulten contrarias al
ordenamiento jurídico.

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1.5.4. Departamento de Boyacá

Indicó que a los docentes afiliados al FOMAG no les aplica el régimen contenido en la
Ley 50 de 1990. Precisó que no tenía competencia para resolver las reclamaciones
relacionadas con las cesantías.

A su juicio, la decisión del Tribunal Administrativo de ese departamento no contiene
irregularidades. Pidió fueran tenidas en cuenta las decisiones que se han adoptado en
casos similares, en las que se ha declarado la improcedencia del mecanismo
constitucional.

1.5.5. Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja

Dicha autoridad judicial realizó el recuento de las actuaciones adelantadas en esa sede
y concluyó que no ha desconocido el precedente, como quiera que no había sentencia
de unificación en punto a la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías
anualizadas a favor de los docentes, advirtiendo que con la acción de tutela se
pretendía reabrir un debate jurídico ya zanjado. Por tanto, solicitó negar el amparo
invocado.

1.6. Sentencia de primera instancia

El Consejo de Estado, Sección Cuarta mediante sentencia del 26 de octubre de 2023
declaró la improcedencia de la acción por no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional.

Advirtió que, en este asunto la acción de tutela estaba siendo utilizada como una
instancia adicional, como quiera que se trataba de la reiteración de los argumentos
presentados dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en
el que fungió como demandante, los cuales fueron resueltos en las instancias judiciales
pertinentes.

1.7. Impugnación

Mediante escrito presentado el 3 de noviembre de 20231 la parte actora impugnó el
fallo de primera instancia y reiteró in extenso los argumentos expuestos en el escrito
inicial, a saber, el defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente.

1
En término teniendo en cuenta que la decisión se notificó por medio electrónico el 31 de octubre de 2023.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

El Consejo de Estado, Sección Quinta es competente para conocer la impugnación
interpuesta por la señora Méndez Cuevas contra la sentencia del 26 de octubre de
2023 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la
improcedencia de la acción, de conformidad con lo establecido en los Decretos 2591
de 1991, 1069 de 2015 y 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Solicitud de desvinculación

Se tiene que la Fiduprevisora S.A. solicitó su desvinculación del presente trámite
constitucional, pues, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva. Esta,
petición será denegada en atención a que se llamó a integrar este proceso en calidad
de tercero debido al interés que le asiste en las resultas del presente trámite, dado que
fungió como parte pasiva en el proceso ordinario que se discute en sede constitucional.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes: ¿hay lugar a
revocar, modificar o confirmar la sentencia de primera instancia proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado el 26 de octubre de 2023?

¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción
de tutela contra providencia judicial?

De ser positiva la respuesta anterior, la Sala analizará lo siguiente:

¿El Tribunal Administrativo de Boyacá vulneró los derechos fundamentales al «debido
proceso, derecho a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad
social, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la
perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial
vertical» con ocasión de la sentencia del 28 de junio de 2023, que confirmó la decisión
del a quo, que negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el pago
tardío de las cesantías?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i)
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) análisis del
caso concreto.

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2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20122 unificó
la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra
providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena
habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su procedencia.4

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela
contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo
solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la
materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de
los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad
o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la
que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido
de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones
o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores
directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la improcedencia del
mecanismo de amparo, dado que carece de relevancia constitucional puesto que no
cumple con las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215
de 20225 y la sentencia SU-573 del año 20196.

2.5.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
5 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
6 Corte Constitucional, Sentencia SU-573, 27.11.19, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05293-01

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos generales de
procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela formulada contra
la Sección Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:

el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica,
sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización
del principio de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del
fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal7
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto reviste
relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico8; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional.”9

7 Sentencia SU-573 de 2019.
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.

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(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”10 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”11
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto12, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal13. (Resaltado de la Sala)

Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o
desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental;
(ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión
preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga argumentativa y
explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los derechos
fundamentales invocados.

Por su parte, en asuntos como el caso en concreto, esta Sala ha sostenido que las
pretensiones que versen sobre derechos de índole estrictamente económico, al no
encontrarse ligados a la satisfacción de una garantía de naturaleza fundamental, se
tornan improcedentes frente al amparo constitucional14.

10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-128 de 2021.
12 Sentencia SU-573 de 2019.
13 Ibid.
14 En relación con la improcedencia de las pretensiones de índole meramente económico, ver los
siguientes fallos del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, con
ponencia de Rocío Araujo Oñate: Sentencia del 20.02.21, Expediente: N°11001-03-15-000-2019-04788-
12

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Frente a este último punto, la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que no
es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con base en una simple
relación de los hechos, sino que se exige demostrar de manera razonable una
restricción desproporcionada de aquella15.

A su turno, esta Corporación en diferentes oportunidades ha considerado que
tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para definir la
procedibilidad de la acción de tutela, existe un deber de sustentar en términos jurídicos
el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió. Por esto, el peticionario
está obligado a exponer de manera detallada las razones que sustentan su demanda
de amparo y los motivos que, en su criterio explican la configuración de una causal
especifica de procedencia.

2.6. Caso en concreto

La sala confirmará la decisión del a quo, dado que la controversia propuesta por la
señora Méndez Cuevas no tiene relevancia constitucional, al tratarse de un asunto que
versó sobre el reconocimiento de la sanción moratoria por pago extemporáneo de las
cesantías en un proceso judicial que resultó desfavorable a sus intereses. Lo anterior,
toda vez que el caso obedece a una situación con presupuestos fácticos análogos a
los estudiados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del
2019, mediante la cual declaró la improcedencia de tres acciones constitucionales
seleccionadas para revisión por revestir de una naturaleza eminentemente legal y
patrimonial.

En la sentencia en mención, el máximo tribunal constitucional expuso que el carácter
irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación
patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede
temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, «solo en la medida en que lo
reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su
falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador».

En relación con lo anterior, señaló la Corte Constitucional en aquella sentencia
unificadora que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada por
las cesantías, sino que está relacionado con una penalidad impuesta al empleador por
el no pago o pago tardío de las mismas y cuenta con una naturaleza estrictamente
patrimonial, de manera que se hace innecesaria la intervención del juez de tutela.

En efecto, las pretensiones de la parte actora se limitan al reconocimiento de dicha
suma dineraria, la cual fue negada por el Tribunal Administrativo de Boyacá en su

01; Sentencia del 7.05.20, Expediente: 11001-03-15-000-2019-04762-01 y sentencia del 20.05.21,
Expediente: 11001-03-15-000-2021-01836-00.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.

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calidad de juez natural de la causa. Esto, con independencia de los argumentos
desarrollados por el demandante en relación con el desconocimiento del precedente
alegado pues, tal como fue reiterado el escrito de tutela, lo buscado por medio del
mecanismo de amparo interpuesto es el reconocimiento de la sanción moratoria
aludida.

Por tanto, conforme con el criterio del máximo órgano de la jurisdicción constitucional,
la cuantía correspondiente a la penalidad por una sanción moratoria no tiene
relevancia de este tipo, toda vez que esta tiene el carácter de ser una simple prestación
adicional de naturaleza eminentemente patrimonial, que no da lugar a la intervención
del juez de tutela

A su vez, se pone de presente que la tutelante no acreditó encontrarse en una situación
de especial sujeción o vulnerabilidad o de violación o amenaza de su derecho
fundamental al mínimo vital, lo que imposibilita una flexibilización del criterio reiterado
por esta Sección en relación con el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional en asuntos como el estudiado.

Aunado lo anterior, formular un simple desacuerdo con una decisión judicial o alegar
la vulneración de unas garantías fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto
en conocimiento del juez de tutela revista necesariamente relevancia constitucional.
En estos asuntos, se requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio argumentativo
que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o goce de
un derecho fundamental.

Esto, pues la competencia de este juez se restringe a la protección efectiva de las
garantías constitucionales y no a problemas de carácter económico, legal o patrimonial
o a estudiar una mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales.

Finalmente, se destaca que a partir de la sentencia de unificación SUJ-032 del 11 de
octubre de 2023, la Sección Segunda del Consejo de Estado como órgano de cierre
en la materia, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la
Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al Fomag, al efecto indicó:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como quiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, el personal docente en servicio activo que no esté afiliado a
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

Por tanto, el asunto que se discute ya fue definido por el juez natural de la causa y, en
tal sentido, no es competencia del juez constitucional estudiar la controversia en
cuestión.

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2.7. Conclusión

En ese orden de ideas, para el caso en concreto, la Sala acoge la tesis establecida a
partir del precedente unificado de la Corte Constitucional, según el cual, las
pretensiones de índole meramente económico y cuya falta de reconocimiento no
compromete un derecho fundamental, carece de relevancia constitucional; por lo
anterior, se declarará improcedente el amparo solicitado.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRMERO: NEGAR LA SOLICITUD DE DESVINCULACIÓN propuesta por la
Fiduprevisora S.A.

SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión del 26 de octubre de 2023 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Cuarta, que declaró la improcedencia de la acción
instaurada por la señora Aida Patricia Méndez Cuevas.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de
conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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