Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05297-02
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05297-02
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05297-02
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
2 de mayo de 2024
Demandante: JPR
Demandados: Presidencia de la República y otros
Rad: 11001-03-15-000-2023-05297-02
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Bogotá, D. C., dos (2) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05297-02
Demandante: JPR1
Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
Temas: Acción de fondo. Confirma
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La sala decide la impugnación presentada por la parte demandada contra la
sentencia del 16 de noviembre de 2023, por la cual la Sección Cuarta del
Consejo de Estado resolvió:
1. Amparar los derechos fundamentales a la seguridad personal, a la
integridad personal y a la vida del accionante. En consecuencia,
2. Ordenar a la Unidad Nacional de Protección que dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia: (i)
garantizar al actor todos los componentes del esquema de protección que
le fue reconocido y, (ii) mientras haya lugar a ello, en razón al nivel de
1
Tal y como lo dispuso el a quo, no se hará referencia a los nombres del accionante, dado que,
según se relata en el escrito de tutela, es sujeto de medidas de protección por encontrarse en
nivel de riesgo extraordinario, se estima que su mención en la providencia podría vulnerar su
derecho a la intimidad, integridad y seguridad personal. En ese orden, se observa que, desde el
auto admisorio de la acción de tutela de la referencia se dispuso seg
consecuencia, se ordenó a la Secretaría Gener
cambio del nombre del demandante y que tal actuación se viera reflejada en los sistemas de
consulta de la Rama Judicial y SAMAI. Igualmente, que se restringiera el acceso a los
documentos que conforman el exped
entidades accionadas en sus respectivos informes.
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Demandante: JPR
Demandados: Presidencia de la República y otros
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riesgo extraordinario en el que se encuentra clasificado el demandante,
garantizar la continuidad de su esquema de seguridad, con el objeto de
que en el futuro no se presenten situaciones de retardo como la que
originó la presente acción de tutela, que amenacen o vulneren los
derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad personal del
accionante.
3. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
4. Notificar a las partes por el medio más expedito posible
…
I. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
El señor JPR, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la
Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz y
Unidad Nacional para la Protección (UNP), la Policía Nacional, la Fiscalía
General de la Nación, por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la
vida y a la honra.
El actor consideró que sus garantías constitucionales se vulneraron porque no
se ha dado cumplimiento a las medidas de pro “
x ”q
dicha unidad; por lo que mientras tanto expone su vida. Esto porque en su
condición de firmante del Acuerdo Final de Paz debe contar de manera
completa con el esquema de seguridad requerido para el riesgo extraordinario
en el que fue calificado, específicamente, los dos vehículos blindados.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora pretende:
PRIMERO: Sírvase reconocer H Magistrados esta ACCION DE TUTELA
COMO MECANISMO TRANSITORIO - POR LAVULNERACIÓN A LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES : DERECHO A LA VIDA, INTEGRIDAD
FISICA MIA Y DE MI FAMILIA AL DERECHO A LA PAZ -- DERECHO DE
PETICION, ART. 23 C.N. , EL DERECHO A NUESTRA INTEGRIDAD
FISICA Y A LA VIDA, TENIENDO EN CUENTA QUE A PESAR DE HABER
REALIZADO LAS RESPECTIVAS DENUNCIAS ANTE LAS
AUTORIDADES RESPECTIVAS, SE DESCONOCE QUE HAN HECHO
POR LA DEFENSA DE MIS DERECHOS, LA VIDA E Y LA INTEGRIDAD
FISICA -DE LEGALIDAD , DE FAVORABILIDAD –Y VIOLACION
DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE
PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA – COMO MECANISMO
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Demandante: JPR
Demandados: Presidencia de la República y otros
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TRANSITORIO – CONTRA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA - DR.
GUSTAVO PETRO PRESIDENTE, OFICINA DEL ALTO COMISIONADO
PARA LA PAZ Y UNIDAD NACIONAL DE LA PROTECCION, FISCALIA
GENERAL DE LA NACION, PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,
DIRECCION POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA, Y DEMAS
ENTIDADES PUBLICAS QUE RESULTEN INVOLUCRADAS DENTRO DE
LA PRESENTE ACCION DE TUTELA.
SEGUNDO: En virtud de lo expuesto anteriormente pido H.
MAGISTRADOS Sírvase ordenar y reconocer mediante providencia A
través de una sentencia judicial se ordene a PRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA y a la Unidad Nacional de Protección UNP SE BRINDE UN
ESQUEMA DE SEGURIDAD AL SUSCRIT0, SE ORDENE A LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION, A LA DIRECCION DE LA POLICIA
NACIONAL Y A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION SU
INTERVENCION INMEDIATA FRENTE A LAS AMENAZAS
DENUNCIADAS Y SE ORDENE SE DE CUMPLIMIENTO AL ESQUEMA
DE SEGURIDAD DONDE ME DEBEN ENTREGAR DOS VEHICULOS
BLINDADOS.
TERCERO: Desde ya solicito, en caso de mantener incólume su posición,
conceder el recurso de Apelación con el fin de que CONSEJO DE
ESTADO EN PLENO ENPLENO REVISE MIS DERECHOS
VULNERADOS y si es del caso sea revisada por la H. CORTE
CONSTITUCIONAL y se dirima la controversia aquí presentada.
La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:
1.3. Hechos
La parte actora sostuvo que fue firmante del acuerdo de paz y que su integridad
física, su vida y la de su familia y los escoltas, se encuentran en riesgo y que,
es de conocimiento público que han asesinado más de 300 firmantes del
acuerdo de paz.
Expuso que la Unidad Nacional de Protección realizó estudio de seguridad,
“ x ” q ñ q la
Jurisdicción Especial de Paz (JEP) le ordenó a la Presidencia de la República y
a la UNP que entregaran al señor JPR los dos vehículos blindados que le
fueron retirados de su esquema.
Adujo que, el 17 de abril de 2023, exmiembros del Bloque Sur de las FARC-EP
y sus apoderados solicitaron a la Presidencia de la JEP medidas en temas de
seguridad y sobre la situación jurídica de firmantes del Acuerdo Final de Paz,
que, por solicitud de la Presidencia de la JEP, mediante auto JLR 01 número
543 del 29 de mayo de 2023, se requirió al Equipo de Defensa de la Región Sur
y a los comparecientes firmantes de la solicitud, información de los casos
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concretos, resultados de lo cual, los peticionarios reportaron 17 casos
individuales de implementación defectuosa de medidas de seguridad personal
otorgadas por la UNP.
Reiteró que, los vehículos de protección aprobados no le han sido entregados.
Mencionó que la JEP requirió a la UNP para que presentara un informe sobre la
implementación de las medidas de protección personal que decretó en favor de
comparecientes y apoderados participantes en el macrocaso número 1 de la
SRVR, que presentara ante la Sección con Ausencia de Reconocimiento del
Tribunal para la Paz un informe sobre la gestión desarrollada respecto de los
casos reportados, además, remitió por competencia las situaciones de
seguridad reportadas y comunicó a la Sala Especial de Seguimiento del ECI la
falta de garantías de Seguridad para los firmantes del Acuerdo de Paz de la
Corte Constitucional, la Procuraduría delegada ante la JEP y a la Unidad de
Implementación del Acuerdo de Paz.
1.4. Sustento de la petición
La parte actora señaló que no tiene garantías para su integridad física, su vida y
la de su familia, pues no se siente protegido; por lo que, acude al presente
mecanismo como uno transitorio para pedir la protección del derecho a la paz.
Afirmó que no se ha dado cumplimiento a las medidas y que mientras tanto
expone su vida, pues no le han sido entregados los vehículos de protección
aprobados.
Resaltó que, esa situación lo ha puesto en peligro porque se ve en la obligación
de desplazarse en motos o en vehículos de servicio público, lo cual, pone en
riesgo a los pasajeros y usuarios del servicio de transporte público, así como a
los conductores.
Hizo referencia a las denuncias por el manejo de los carros blindados
asignados a esa institución para el cumplimiento de su función y que, el
gobierno nacional y sus delegados de la oficina del alto comisionado para la paz
y la UNP no han brindado las garantías para su protección.
1.5. Trámite en primera instancia
Mediante auto del 5 de octubre de 2023 se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se ordenó notificar al demandante, a la Presidencia de la
República, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, a la Unidad Nacional
para la Protección (UNP), a la Policía Nacional de Colombia, a la Fiscalía
General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación.
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Asimismo, se dispuso publicar en la página web del Consejo de Estado la
providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó
notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Adicionalmente, se ordenó a la Secretaría General de esta Corporación que
realizara el cambio del nombre del demandante y que tal actuación se viera
reflejada en los sistemas de consulta de la Rama Judicial y SAMAI. Igualmente,
que se restringiera el acceso a los documentos que conforman el expediente
digital de la solicitud de amparo, con el fin de salvaguardar la vida, seguridad e
integridad personal del actor, pues, el artículo 2.4.1.4.3 del Decreto 299 de
7 v “
información relativa a las personas solicitantes y protegidas del Programa
Especial de Seguridad y Protección, junto con las medidas planteadas y
v ”.
1.6. Contestaciones
1.6.1. Dirección de Protección y Servicios Especiales Asuntos Jurídicos de la
Policía Nacional
Esta entidad sostuvo que dentro de las funciones de esa dirección está la de
protección a personas con nivel de riesgo comprobado.
Agregó que, las peticiones del escrito de tutela están encaminadas a solicitar a
la UNP que cumpla con las medidas de protección adoptadas, toda vez que,
según afirmó el actor, le retiraron dos vehículos blindados que tenía
implementado por su análisis de riesgo, lo que, aduce, le ha generado que se
deba desplazar en vehículos particulares y de servicio público, sin que se haya
emitido respuesta por parte de la UNP, con fundamento en lo cual afirmó que,
dicho trámite le corresponde a la referida entidad, sin la Policía Nacional tenga
alguna injerencia en las decisiones que le corresponda asumir a la referida
unidad.
Mencionó que, no le concierne decidir sobre la continuidad o desmote de
esquemas de seguridad al ciudadano toda vez que, no se le han asignado
esquemas de protección, por lo que no tiene ninguna injerencia en las
decisiones que pueda o deba adoptar la UNP, con fundamento en lo cual,
solicitó la desvinculación de la presente acción por no estar legitimado en la
causa por pasiva.
1.6.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
Esta entidad sostuvo que la acción de tutela es improcedente respecto de esa
autoridad porque las pretensiones del accionante van dirigidas a que se cumpla
con el esquema de seguridad, sin embargo, dichas acciones son competencia
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de la UNP, que es la entidad designada y facultada para tratar los temas
relacionados con esquemas de seguridad.
Refirió que, respondió de manera sustancial, clara y dentro de su ámbito de
competencia la petición que ejerció ante esa dependencia, por medio del oficio
OFI23-00180678 / GFPU 13020000 del 28 de septiembre de 2023.
Adujo que, lo pretendido por el actor es la asignación del esquema de seguridad
por parte de la UNP y, por ende, solicitó su desvinculación.
1.6.3. Procuraduría General de la Nación
Este órgano de control alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva.
Hizo referencia a su función preventiva, de intervención y disciplinaria para
destacar que ninguno de los hechos constitutivos de la vulneración alegada es
imputable a la Procuraduría, que, en el presente caso la UNP es la encargada
de coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección de aquellas
personas que se encuentren en situación de riesgo extraordinario, de
conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 2.4.1.2.40 del Decreto
1044 de 2015.
1.6.4. Unidad Nacional de Protección
Esta entidad se opuso a lo pretendido por el actor, al considerar que para cubrir
la demanda de automotores en los esquemas de protección de los protegidos la
entidad debe adelantar procesos de selección abreviada para celebrar contratos
de arrendamiento de vehículos convencionales o blindados con empresas
privadas, quienes son las encargadas de suministrar los vehículos para la
protección de los beneficiarios del programa de protección.
Señaló que, en aras de dar cumplimiento al fin misional de la entidad, ha
adelantado reuniones con los representantes de las empresas privadas
arrendadoras de los vehículos, en las cuales se ha puesto de presente que
“ OV D 9 R U ”
afectan la falta de automotores a nivel mundial y el retraso en la producción de
vehículos, lo cual, adujo es una situación imprevisible e irresistible, ajena a la
entidad.
Manifestó que, a pesar de que existen mecanismos contractuales para solicitar
el cumplimiento oportuno por parte de las empresas arrendadoras, están
sujetos al debido proceso y al trámite de procesos sancionatorios a los
contratistas, por lo que solicitó vincular y conminar a la empresa privada para
que cumpla con la obligación de implementar las medidas solicitadas.
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1.7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 16 de noviembre de 2023, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado accedió al amparo solicitado; para lo cual ordenó a la
“…Unidad Nacional de Protección que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia: (i) garantizar al actor todos los
componentes del esquema de protección que le fue reconocido y, (ii) mientras
haya lugar a ello, en razón al nivel de riesgo extraordinario en el que se
encuentra clasificado el demandante, garantizar la continuidad de su esquema
de seguridad, con el objeto de que en el futuro no se presenten situaciones de
retardo como la que originó la presente acción de tutela, que amenacen o
vulneren los derechos fundamentales a la vida, seguridad e integridad personal
del accionante.”
Negó las solicitudes de desvinculació “F í G N
(sic)” P í N DAPRE
demanda constitucional.
Indicó que, la falta de diligencia de la UNP en la entrega de los vehículos
blindados que conforman el esquema de seguridad que fue concedido al
accionante evidencia la vulneración del derecho fundamental a la seguridad
personal y pone en grave riesgo sus derechos a la vida e integridad personal,
en la medida en que, la gestión que la entidad indicó haber adelantado con
miras a lograr la entrega de los automotores no es suficiente para concluir que
no es la responsable de la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante.
Afirmó que, la UNP no acreditó siquiera sumariamente que realizó alguna
actuación en el marco de los principios de eficacia, oportunidad y celeridad
previstos en el artículo 2.4.1.4.2. del Decreto 299 de 2017, mencionados en
precedencia, con el fin de que se garantice la completitud del esquema de
seguridad asignado al demandante.
Recordó que, las trabas o barreras administrativas que se puedan estar
ocasionando para la entrega de los vehículos blindados entre la Unidad
Nacional de Protección y el contratista, no pueden ser trasladadas al
demandante, pues, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.4.1.4.2. del
Decreto 299 de 2017, la atención a la población objeto de protección de ese
v x v “
v ”.
Indicó que, sin perjuicio de las competencias de las demás entidades
pertinentes, lo anterior no es una razón válida para poner en riesgo los
derechos a la seguridad e integridad personal un supuesto incumplimiento
contractual. Para el efecto, el ordenamiento jurídico la dota de herramientas
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jurídicas para que no se vea entorpecida su función, menos aun cuando está de
por medio la amenaza de un derecho de una valía como la vida de un firmante
del Acuerdo Final de Paz con las FARC-EP.
Agregó que, la Unidad Nacional de Protección no allegó ninguna otra prueba
que demostrara que activó algún mecanismo con el fin de garantizar la entrega
de los vehículos blindados que fueron adjudicados para el esquema de
seguridad del demandante y, de esta manera, asegurar la efectividad del
derecho a la seguridad personal del demandante.
Señaló que, el incumplimiento contractual a cargo del contratista o la supuesta
falta de vehículos a nivel mundial, no son por sí mismas razones suficientes
para justificar en este trámite constitucional la existencia de fuerza mayor.
Manifestó que, a pesar de que en el informe rendido por la mencionada unidad
justificó la omisión en una presunta fuerza mayor, lo evidente es que no
demostró que hubiera desplegado medidas en sentido positivo o negativo
tendientes a garantizar la debida conformación del esquema de seguridad que
fue asignado por la propia entidad, en concreto, los dos vehículos blindados.
Resaltó que, dicha entidad de protección vulneró el derecho a la seguridad
personal y pone en riesgo los derechos a la vida e integridad personal del
accionante, con la mora en la entrega completa del esquema de seguridad que
le fue reconocido, máxime cuando la entidad no demostró haber adelantado
acciones efectivas y eficientes con miras a disponer en integridad del esquema
de protección a favor del señor JPR.
Precisó que la “…solicitud de vinculación del contratista efectuada por la Unidad
Nacional de Protección en el informe rendido en este trámite constitucional, con
sustento en que es la obligada a brindar los vehículos blindados al esquema de
seguridad del demandante en virtud del contrato celebrado, no es de recibo
para la Sala ni la considera un vicio de nulidad, pues de acuerdo con todo lo
expuesto en esta providencia, es esa la entidad que ostenta la obligación y el
deber legal de otorgar el esquema de seguridad.”
Expuso que, la circunstancia de que la UNP celebre contratos con otras
personas jurídicas con el fin de que se suministren los componentes de los
esquemas de seguridad y que se presenten trabas en su ejecución, es un
asunto que no puede trasladarse al beneficiario de un esquema de seguridad, ni
tampoco le corresponde al juez constitucional entrar a resolver cualquier
contienda sobre el particular, pues ello desborda su marco de acción precisado
en el artículo 86 de la Constitución Política.
Agregó que es a la entidad administrativa a la que le corresponde activar los
diferentes mecanismos que el ordenamiento jurídico le dispensa, sin que ello
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pueda suponer una paralización de sus funciones y de velar porque los
esquemas de seguridad se asignen conforme la misma entidad lo ha indicado
en actos administrativos que gozan de presunción de legalidad.
1.8. Impugnación
La Unidad Nacional de Protección impugnó el fallo de primera instancia, para lo
cual indicó que, la Oficina Asesora Jurídica de dicha entidad le solicitó el
cumplimiento de la orden a la Subdirección Especializada de Seguridad y
Protección SESP (UNP), la cual mediante correo del 27 de noviembre de 2023
contestó sobre las medidas de protección del actor. En este comunicado se
refiere a un solo vehículo, así:
2. VEHÍCULO
M q v D… h
RENTADORA BLINSECURITY la asignación de un vehículo, no obstante,
a la fecha no se obtenida (sic) respuesta afirmativa por parte de la
rentadora, una vez la rentadora realice la asignación del vehículo se
informará por los canales autorizados para tal fin, se anexa requerimientos
a la RENTADORA BLINSECURITY.
Reiteró lo relacionado con el trámite de la renta de vehículos blindados, así
como los procesos de contratación para tal efecto, así como las circunstancias
“ ”q “ vv [ ] ” q afectan el objeto
y misión de la entidad como lo son la pandemia Covid 19 y la guerra entre
Rusia y Ucrania. Esto, para destacar que, en la actualidad la unidad no cuenta
con automotores de tales características.
Informó que le solicitó por correo interno a la empresa contratista la
implementación del vehículo faltante para el accionante; por lo que pidió la
vinculación de la rentadora Blinsecurity.
Sostuvo que, con dicha diligencia ante la mencionada rentadora queda
demostrado que la unidad no ha vulnerado derecho alguno del actor, sino que
por el contrario, requirió a la aludida contratista y además media la fuerza
mayor; lo cual, a su juicio, “
extracontractual alterada por el hecho del incumplimiento de la empresa
rentadora”.
Por lo expuesto, solicitó se revoque la sentencia impugnada para que, en su
. P “G
Automotores de la Subdirección Especializada de Seguridad y protección se
encuentra realizando las gestiones pertinentes y requirió a la Rentadora
encargada del sum .”
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Indicó que, en caso de confirmar la decisión, de conmine y vincule a la
B q “…es la única que debe dar cumplimiento a la orden
judicial e implementar la medida, en virtud del contrato suscrit UNP…”.
Para tal efecto, recordó que la falta de citación de los terceros con interés
legítimo en los “R BL NSE UR TY
genera la nulidad de la actuación surtida, en todo o en parte, dado que es la
única í h …”
del actor.
Expuso que, a pesar de que cuenta con el procedimiento sancionatorio para
“ q
cuenta con sus etapas y por estar en riesgo los derechos fundamentales del
señor JPR, la orden judicial es más efectiva que el procedimiento administrativo
q E …q q
BLINSECURITY a efectuar la entrega del vehículo al accionante y además
q … h v hí …”.
1.9. Trámite posterior en primera instancia
Mediante providencia del 13 de diciembre de 2023, el a quo rechazó la nulidad
propuesta por la Unidad Nacional de Protección por la falta de vinculación de la
“ v hí ” y,
concedió la impugnación.
E h q UNP q
“ ”
mismo documento alegó la nulidad por falta de notificación y vinculación de
terceros, en la que, si bien no relacionó la causal, se advierte que se enmarca
en las previsiones del numeral 8 del artículo 133 del Código General del
Proceso.
Indicó que, la UNP no está legitimada para alegar la supuesta nulidad por falta
de vinculación de la empresa Rentado BILINSECURITY, es ella a la que le
asiste la legitimación para proponerla, en los términos del artículo 135 del CGP
la “
”.
Expuso que, en cualquier caso, lo expuesto por la UNP fue propuesto como
argumento de inconformidad en la contestación de la acción de tutela, el cual
fue desatado en el fallo impugnado.
Señaló que, la unidad en mención emplea el incidente de nulidad para insistir
en un argumento que fue resuelto en el marco de la acción de tutela y con
ausencia de legitimación en la causa para proponer la causal de nulidad; pero
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que, sus argumentos no se enmarcan en los supuestos del citado numeral.
1.10. Trámite del impedimento
El 2 de febrero de 2024 el magistrado Omar Joaquín Barreto Suárez manifestó
su impedimento pues su cónyuge se desempeña como fiscal adscrita a una
unidad nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad que también fue
demandada por la parte accionante en esta acción de tutela.
Luego del trámite del nombramiento del conjuez, mediante providencia del 29
de febrero de 2024, se declaró infundado el impedimento manifestado, pues no
se advirtió un interés en el presente proceso por parte de la cónyuge del doctor
Barreto Suárez.
1.11. Trámite de solicitud de desistimiento del accionante
Mediante correo recibido en la Presidencia de esta corporación el 15 de febrero
4 ñ : “Asunto: DESISTIMIENTO DE LA A. TUTELA
POR QUE LA UNP YA ME ENTREGÓ EL VEHÍCULO RAD 2023-05297-02”2;
no obstante, no se aportó escrito adjunto que sirviera de sustento a lo
manifestado.
Por lo que, con auto del 14 de marzo de 2024, se requirió al actor para que
allegara el sustento de su solicitud de desistimiento de la acción de tutela.
Una vez surtidas las notificaciones de rigor3, se observó que, ni la parte actora
aportó lo requerido, ni la UNP como impugnante se pronunció al respecto.
Por consiguiente, mediante providencia del 5 de abril de 2024, el magistrado
ponente decidió:
Primero: Abstenerse de aceptar el desistimiento formulado por el
accionante JPR mediante correo electrónico del 15 de febrero de 2024.
Segundo: Comuníquese esta decisión a las partes e intervinientes en esta
acción de tutela.
Tercero: Ejecutoriada esta providencia, ingrese el expediente para dictar la
decisión correspondiente.
2
Remitido por el actor desde el correo suministrado para efectos de notificaciones en el escrito
de tutela: guzman.orjuela@gmail.com
3
Del 15 de marzo de 2024.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada contra la
decisión impugnada en atención a lo consagrado por el Decreto 2591 de 1991 4,
el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333
de 2021, así como por el Acuerdo 080 de 2019, artículo 25, de la Sala Plena de
esta corporación.
2.2. Problema jurídico
De conformidad con los antecedentes, corresponde a la Sala determinar si hay
lugar a confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
conforme a lo planteado por la parte impugnante.
Por tanto, se analizará si de conformidad con los argumentos expuestos en la
impugnación del fallo de primera instancia, la Unidad Nacional de Protección no
vulneró los derechos fundamentales del accionante con la omisión de brindarle
de manera completa el esquema de seguridad requerido para el riesgo
extraordinario en el que fue calificado, específicamente, los dos vehículos
blindados previamente aprobados según el riesgo extraordinario que se
determinó como firmante del Acuerdo Final de Paz.
3. Caso concreto
El señor JPR, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra la
Presidencia de la República, la Oficina del Alto Comisionado Para la Paz y
Unidad Nacional para la Protección (UNP), la Policía Nacional, la Fiscalía
General de la Nación, por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la
vida y a la honra, pues consideró que no se ha dado cumplimiento a las
“ x ”q
luego de su estudio de seguridad por parte de dicha unidad; por lo que mientras
tanto expone su vida; específicamente, por la omisión en la entrega de los dos
vehículos blindados aprobados.
El a quo accedió al amparo solicitado; para lo cual ordenó a la Unidad Nacional
de Protección que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
notificación del fallo:
(i) Garantizara al actor todos los componentes del esquema de protección que
le fue reconocido y,
4
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política
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(ii) mientras haya lugar a ello, en razón al nivel de riesgo extraordinario en el
que se encuentra clasificado el demandante, garantizara la continuidad de su
esquema de seguridad, con el objeto de que en el futuro no se presenten
situaciones de retardo como la que originó la presente acción de tutela, que
amenacen o vulneren los derechos fundamentales a la vida, seguridad e
integridad personal del accionante.
La UNP impugnó, para lo cual reiteró las circunstancias de fuerza mayor que se
“ vv [ ] ”q “v hí ”
actor, como lo son la pandemia Covid 19 y la guerra entre Rusia y Ucrania; de
igual manera, reiteró la solicitud de vinculación de la empresa rentadora de
dichos vehículos con los que tiene contrato para tal fin, pues a su juicio, es a
dicha contratista a la que le corresponde el cumplimiento de la orden de
amparo.
Para resolver, se considera lo siguiente:
La unidad impugnante fundó su recurso en dos asuntos puntuales, a saber: i) la
fuerza mayor por la pandemia Covid 19 y la guerra entre Rusia y Ucrania, así
“ v hí ”
contratista, los cuales le han impedido la entrega del vehículo de protección al
actor y, ii) la responsabilidad de dicha entrega en la empresa contratista y el
cumplimiento de la orden de amparo que a su juicio recae es en dicha
rentadora; por lo que, debe exonerarse de cualquier responsabilidad a la unidad
pues ha adelantado las gestiones administrativas ante dicha sociedad con la
cual suscribió un contrato para la renta de tales automotores.
Al respecto, debe precisarse que el siguiente estudio se centrará en tales
asuntos, pues la parte impugnante no cuestionó la aprobación de las medidas
de seguridad del actor, ni las razones por las cuales se le concedió la
“ x ” A F
Paz.
Entonces, respecto al primer punto, se precisa que el concepto de fuerza mayor
se encuentra definido en el artículo 64 del Código Civil, así:
Artículo 64. Fuerza mayor o caso fortuito. Se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto o que no es posible resistir, como un naufragio, un
terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos
por un funcionario público, etc.
A su vez, resulta pertinente traer a colación los elementos de imprevisión e
“ ”q
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2.1. Respecto de las dos primeras modalidades, el artículo 64 del Código
Civil considera como … fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no
es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de
enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc..
La unidad conceptual o sinonimia establecida por el legislador se explica
en que ‘no existe realmente diferencia apreciable en términos de la función
que ambas están llamadas a cumplir en el ámbito de la legislación civil
v ’5, refiriéndose ellas, en esencia, a acontecimientos anónimos,
imprevisibles, irresistibles y externos a la actividad del deudor o de quien
se pretende lo sea, demostrativos en cuanto tales, del surgimiento de una
causa extraña, no atribuible a aquel.
Por tanto, para poder predicar su existencia, se impone establecer que el
citado a responder estuvo en imposibilidad absoluta de enfrentar el hecho
dañoso, del cual él es ajeno, debido a la aparición de un obstáculo
insuperable.
Al respecto, se han considerado como presupuestos de tales situaciones
exonerativas de responsabilidad, la imprevisibilidad e irresistibilidad del
acontecimiento, entendida aquella como la irrupción súbita de un suceso
imposible de eludir, a pesar de la diligencia y cuidado observados con tal
fin, para cuya evaluación en cada caso concreto, deberán tenerse en
cuenta criterios como 1) El referente a su normalidad y frecuencia; 2) El
atinente a la probabilidad de su realización, y 3) El concerniente a su
carácter inopinado, excepcional y sorpresivo» (CSJ SC 6 ago. 2009, rad.
2001-00152-01).
La irresistibilidad, por su parte, atañe a la imposibilidad objetiva absoluta
de evitar el suceso imprevisto y sus consecuencias, no obstante los
medios empleados para contrarrestarlo o sobreponerse a él y a su
desenlace, o en otros términos, cuando en las mismas condiciones del
demandado y atendiendo la naturaleza del hecho, ninguna otra persona
hubiera podido enfrentar sus efectos perturbadores. En tales condiciones,
no sería viable deducir responsabilidad, pues nadie es obligado a lo
imposible. La imposibilidad relativa, por tanto, o viabilidad de que, con
algún esfuerzo, quien enfrenta la situación supere el resultado lesivo,
descarta la irresistibilidad.6
Por lo expuesto, se encuentra que los motivos sobre los que la unidad
impugnante sustentó “ v hí ”
como lo son la pandemia y la guerra en mención, no corresponden a un caso de
fuerza mayor o caso fortuito, puesto que, las llamadas “causas extraña ” no le
5
“Sentencia CSJ SC 26 nov. 1999, rad. 5220”.
6
Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente Luis Alonso Rico Puerta, sentencia SC1230-2018 de 25 de abril de
2018, radicación n.° 08001-31-03-003-2006-00251-01. Recurso de casación interpuesto por el Banco Agrario de
Colombia S.A., frente a la sentencia de 2 de diciembre de 2013, proferida por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario promovido por la Caja de Compensación Familiar –
CAJACOPI – Atlántico.
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era imprevisible o irresistible.
Esto, pues para la época de los hechos se había superado la pandemia y sus
restricciones y, el segundo, es un evento que, si bien puede tener implicaciones
a nivel mundial, la unidad impugnante no demostró fehacientemente su dicho,
esto es que, tal guerra le impidiera cumplir con sus objetivos y asuntos
misionales.
Asimismo, tampoco se configura tal evento por el hecho de que la empresa
h “ v hí ” , pues tal y como se
analizará más adelante, es deber legal de la UNP de garantizar efectivamente
el esquema completo de seguridad, sin trasladar sus obligaciones al actor, ni a
terceros contratistas. De modo que, no se trata de imprevistos a los que no es
posible resistir.
Al respecto, debe precisarse que la fuerza mayor no se refiere a cualquier
hecho, por sorpresivo o dificultoso que resulte, sino de uno que necesariamente
reúna los mencionados elementos, esto es, la imprevisibilidad e irresistibilidad;
lo cual requiere la necesidad de probar, de forma eficiente, clara y definitiva la
imposibilidad física o jurídica de llevar a cabo la orden original.
En ese orden, contrario a lo manifestado por la parte impugnante, los motivos
de causas extrañas sobre los que pretendió justificar su omisión no
corresponden a un caso de fuerza mayor o caso fortuito, puesto que, la llamada
causa extraña no le era imprevisible o irresistible a la unidad impugnante.
Adicionalmente, en cuanto al segundo punto de inconformidad que planteó la
unidad en su escrito de impugnación, se observa que, el a quo rechazó de la
nulidad que propuso con dicha alzada relacionada con la falta de vinculación de
la rentadora de vehículos con la cual tiene contrato.
Además, se advierte que, las gestiones administrativas que ha adelantado ante
la contratista para la entrega de dicha medida de seguridad al actor, no la exime
del cumplimiento de sus funciones, objetivos y misión como unidad de
protección.
En efecto, en el Decreto 299 de 2017, que se expidió en cumplimiento del punto
3.4.7.4 del Acuerdo Final de Paz, el Gobierno Nacional se comprometió a
implementar un programa de protección integral, entre otros, para los antiguos
integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida civil y para sus
familias, cuyo objeto se estableció así:
“O . P P E S
Protección, en virtud del cual la Unidad Nacional de Protección, el
Ministerio del Interior y demás entidades, dentro del ámbito de sus
competencias, incluirán como población objeto de protección, alas y los
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integrantes, del nuevo movimiento o partido político que surja del tránsito
de las FARC-EP a la actividad política legal, sus actividades y sedes, a las
y los antiguos integrantes de las FARC-EP que se reincorporen a la vida
civil, así como a las familias de todos los anteriores de acuerdo con el nivel
de riesgo. Serán población objeto de protección los menores de edad que
salgan de los campamentos de las FARC-EP…”.
A su vez, el artículo 2.4.1.4.2. ibidem contempla que todo lo relacionado con
medidas materiales y de prevención, será atendido por la Subdirección
Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección
y, en el artículo 2.4.1.4.3 se exige que el programa de protección se rija, entre
otros, por los siguientes principios:
a) Eficacia, según el cual la teleología de las medidas es la de prevenir la
materialización de riesgos y mitigar los efectos de una eventual consumación;
b) oportunidad, que exige que las medidas se otorguen de forma ágil y expedita
y; c) v “
aplicar las v
” v la materialización del riesgo.
Por tanto, el programa de protección no solo se circunscribe al seguimiento de
los cumplimientos contractuales de la unidad frente a sus contratistas, sino a
que debe evitar los trámites que dificulten o retrasen el acceso a las medidas
que lo materializan.
Finalmente, debe indicarse que, la unidad impugnante no desconoce que se
“… h ñ JPR” q
considera que, la orden judicial que a su juicio debe dirigirse en contra de la
“ v q v ”
lograr el cumplimiento del objeto contractual para la renta de los vehículos
blindados.
Al respecto, se precisa que la acción de tutela no es la vía alterna para lograr el
cumplimiento de las obligaciones contractuales de la unidad con terceros. Esto,
en razón de la naturaleza residual de estos medios de defensa constitucionales.
De modo que, la unidad impugnante en el cumplimiento de sus objetivos y
asuntos misionales de protección no puede asignarle una carga al accionante
que administrativamente no le corresponde asumir, ni fragmentar o trasladar
injustificadamente las responsabilidades administrativas en terceros
contratistas; pues es a la UNP a la que le compete la obligación y el deber legal
de otorgar el esquema de seguridad completo al actor con todos sus
componentes.
En consecuencia, se confirmará el fallo impugnado, pues la entidad no
demostró haber adelantado acciones efectivas y eficientes para disponer en su
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totalidad el esquema de protección aprobado en favor del señor JPR.
FALLA
PRIMERO: Confírmase sentencia del 16 de noviembre de 2023 de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado que accedió al amparo solicitado por
el accionante JPR.
SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los terceros en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, y envíese copia de esta al Despacho de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx
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