Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05319-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05319-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05319-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
26 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05319-00
Demandante: Piedad Prada García
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05319-00
Demandante: PIEDAD PRADA GARCÍA
Demandados: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, CONSEJO
SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOGOTÁ, OFICINA DE
ARCHIVO CENTRAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE BOGOTÁ Y
JUZGADO ONCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
Temas: Tutela contra autoridad administrativa y judicial. Solicitud de
desarchivo de proceso ejecutivo. Derecho fundamental de petición
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Piedad Prada García1 contra el Consejo Superior de la
Judicatura -Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional
de la Judicatura de Bogotá, la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá y el Juzgado Once Laboral del
Circuito de Bogotá, con el objeto de que se acceda al amparo constitucional del
derecho fundamental de petición, el cual considera vulnerado por la falta de
respuesta a la solicitud presentada el 12 de mayo de 2023, en la que pidió el
desarchivo del expediente que contiene las actuaciones del proceso ejecutivo con
radicado No. 11001-31-05-011-2009-00821-00.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante indicó que en el mes de octubre de 2009 presentó demanda
ejecutiva laboral contra la sociedad Los Castores y Cía, la cual le correspondió por
reparto al Juzgado Once Laboral de Circuito de Bogotá (radicado No. 11001-31-
05-011-2009-00821-00).
Relató que la última actuación que se registra en el expediente es la remisión al
archivo central que data de 31 de agosto de 2015 (paquete No. 187), y archivo
definitivo desde el 11 de septiembre de 2015.
Sostuvo que ha gestionado distintas actuaciones y requerimientos con el fin de
que se proceda al desarchivo del expediente, para lo cual remitió la solicitud al
correo electrónico: notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co, a la que se le
asignó el número de radicado 49-2023.
1 Presentada el 22 de septiembre de 2023.
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Demandante: Piedad Prada García
Manifestó que el desarchivo fue solicitado de manera presencial en las
instalaciones y ventanillas del edificio Hernando Morales Molina, así como en otras
oficinas indicadas por empleados de las distintas dependencias.
Señaló que le proporcionaron otra dirección electrónica para enviar la solicitud de
desarchivo (info@cendoj.ramajudicial.gov.co), desde la que se le informó que el
traslado a las competentes no tuvo éxito.
Refirió que tiene 53 años, vive sola, no recibe ayuda económica y se encuentra
desempleada. Agregó que ha agotado todos los canales de búsqueda, pero en
ninguno ha obtenido resultado.
Por último, aseveró que el desarchivo del expediente se requiere con carácter
urgente dado que necesita unas piezas procesales para fines judiciales y los
términos se le están agotando, causando un perjuicio a su economía y patrimonio.
2. Fundamentos de la acción
La demandante, quien actúa en nombre propio, presentó acción de tutela “como
mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable”,
con el objeto de que se ampare su derecho fundamental de petición por acceso a
la información, el cual considera vulnerado por la falta de resolución a la solicitud
formulada el 12 de mayo de 2023, por medio de la cual solicitó el desarchivo del
expediente que contiene las actuaciones del proceso ejecutivo con radicado No.
11001-31-05-011-2009-00821-00.
Expresó que agotó todos los canales de búsqueda que le fueron indicados, pero
ninguno arrojó resultado, sin que a la fecha le hayan resuelto el derecho de
petición. De manera específica, señaló que “(...) requiero con URGENCIA el
“desarchivo del expediente” por cuanto requiero unas piezas procesales autenticadas
para fines judiciales y los términos se me están agotando. Esto me causaría un grave
perjuicio a mi economía y patrimonio”.
3. Pretensiones
En el escrito de tutela la demandante formuló las siguientes:
“1. Amparen mis derechos legales y constitucionales.
2. Se ORDENE a las accionadas DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
JUDICIAL – ARCHIVO CENTRAL RAMA JUDICIAL, CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA, Y JUZGADO ONCE (11) LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
se ordene el “desarchivo prioritario” del expediente número
110013105011200900082100 y sea remitido en forma inmediata al Juzgado Once
(11) Laboral del Circuito de Bogotá”.
4. Pruebas relevantes
En el expediente reposan los siguientes documentos:
• Copia de la imagen que da cuenta de la solicitud de desarchivo presentada el 12
de mayo de 2023 por el aplicativo en línea.
• Correo electrónico de 13 de junio de 2023, a través del cual solicitó el desarchivo
del expediente y de la remisión de la solicitud a las autoridades competentes.
• Correo electrónico de la solicitud de desarchivo enviado el 11 de agosto de 2023.
• Correo electrónico de 5 de octubre de 2023, por medio del cual se otorga
respuesta a la demandante.
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5. Trámite procesal
Por auto de 26 de septiembre de 2023, la magistrada sustanciadora dispuso la
admisión de la acción de tutela y ordenó notificar el contenido de esa providencia
a la demandante, a las entidades demandadas -Consejo Superior de la Judicatura
-Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá, la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá y el Juzgado Once Laboral del
Circuito de Bogotá-, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, a quienes se les remitió copia de la solicitud de amparo.
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones Nos. 104293 a
104298 y 104405 de 28 de septiembre de 2023, con el fin notificar a las partes2.
6. Oposición
6.1. Respuesta de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bogotá
6.1.1. En escrito remitido por correo electrónico el 3 de octubre de 2023, el director
seccional de administración judicial de Bogotá indicó que el día anterior, por medio
de correo electrónico solicitó al grupo de archivo central que se pronunciara sobre
los hechos de la presente acción.
Señaló que mediante Resolución No. DESAJBOR22-6741 de 1º de diciembre de
2022, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá,
Cundinamarca y Amazonas, dispuso el cierre temporal del archivo central por el
término de noventa días desde el 5 de diciembre de 2022, con el fin de realizar el
traslado de los expedientes a espacios especializados para el almacenamiento del
archivo, de conformidad con lo previsto en la Ley 594 de 2000.
Sostuvo que para cumplir lo anterior se suscribieron contratos de arrendamiento
de unas bodegas entre ellas la de “Santo Domingo”, como lo concerniente al
contrato de transporte el cual se extiende desde la preparación, organización,
transporte y ubicación final de los expedientes. Agregó que los parámetros
establecidos en el contrato no se dieron en los términos fijados, por lo que la
controversia se encuentra en conocimiento del juez natural para su resolución. Por
ello, consideró que no es posible la ubicación inmediata de los procesos que no se
encuentran digitalizados y que reposan en la referida bodega, situación que,
según informó, es de público conocimiento.
Manifestó que esa entidad es consciente de la afectación que se está presentando
para los usuarios, por lo que ha dispuesto toda la capacidad con la que cuenta
para ubicar el expediente. Añadió que el archivo fue abierto el 12 de mayo de
2023, fecha desde la que han recibido sin número de peticiones, lo que, sumado al
cierre temporal, supera la capacidad operativa y hace que sea imposible atender
todas las solicitudes en el plazo estimado.
Así las cosas, solicitó que se amplíe el término otorgado para brindar respuesta de
fondo a la solicitud de tutela.
6.1.2. Por medio de oficio allegado el 11 de octubre de 2023, la entidad manifestó
que en el caso se configura la carencia actual de objeto por hecho superado,
2 Las partes demandante y demandada fueron notificadas a las siguientes direcciones de correo electrónico:
pasado70@gmail.com; presidencia@consejosuperior.ramajudicial.gov.co;
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co;
juzgado11laboraldelcircuitodebogot@cendoj.ramajudicial.gov.co; deajnotif@deaj.ramajudicial.gov.co y
rgomezd@deaj.ramajudicial.gov.co.
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Demandante: Piedad Prada García
atendiendo que se logró establecer que esa Seccional con apoyo del Grupo de
Archivo Central otorgó respuesta a la accionante mediante correo electrónico
remitido el 5 de octubre de 2023, en el que informó que se continúa en la
búsqueda y una vez se encuentre el proceso solicitado le sería comunicado.
6.2. Respuesta del Consejo Superior de la Judicatura
En memorial allegado a través de correo electrónico de 5 de octubre de 2023, la
magistrada auxiliar de la oficina de la Presidencia pidió que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, que se desvincule del
trámite constitucional, teniendo en cuenta que las acciones que manifiesta la
demandante como vulneradoras recaen en la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, en razón a que, solo tiene custodia del archivo
y de sus actuaciones administrativas, tales como actas, resoluciones, oficios,
circulares y demás.
Indicó que, en virtud de la desconcentración de funciones realizada por el Consejo
Superior de la Judicatura, no es la autoridad competente para proceder con el
desarchivo del expediente, toda vez que las funciones asignadas por el artículo
257 de la Constitución Política y el artículo 85 de la Ley Estatutaria 270 de 1996,
son las de trazar las políticas y direcciones estratégicas que han sido
desconcentradas en diferentes órganos.
Señaló que el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991 contempló que el
cumplimiento del fallo lo debe dar la autoridad que sea responsable de la
vulneración alegada, que para el caso no es el llamado a responder, máxime
cuando de las pruebas allegadas se tiene que la solicitud radicada el 13 de junio
de 2023 fue remitida a los correos electrónicos:
atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co;
notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co;
bodmontev01bta@cendoj.ramajudicial.gov.co y
bodmontev02bta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Para terminar, citó una sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado en
el que se declaró la falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto la
petición no había sido radicada en el Consejo Superior de la Judicatura.
6.3. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bogotá y el Juzgado Once Laboral del Circuito de Bogotá, a pesar
de haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y el 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Cuestión previa
El Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se declare la falta de legitimación
en la causa por pasiva, debido a que la petición frente a la cual se reclama el
amparo no le fue remitida.
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Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política y el 5 del Decreto
2591 de 1991, “la acción de tutela procede en contra de las autoridades públicas o
particulares que amenacen o vulneren derechos fundamentales”. Bajo esa línea, la
Corte Constitucional en la sentencia T-005 de 20223 señaló que dicho requisito
“hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser la
llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en caso de
que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala accederá a la desvinculación del Consejo
Superior de la Judicatura, debido a que no fue la entidad ante la que se presentó
la solicitud respecto de la cual se alega la supuesta vulneración del derecho
fundamental de petición.
3. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala establecer si la Oficina de Archivo Central de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá vulneró a la
demandante el derecho fundamental de petición, al no resolver la solicitud de
desarchivo del expediente que contiene las actuaciones del proceso ejecutivo con
radicado No. 11001-31-05-011-2009-00821-00, formulada por medio de correo
electrónico el 12 de mayo de 2023 bajo el No. DESCLF23-0049.
4. El derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política establece que “[t]oda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá
reglamentar su ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los
derechos fundamentales”.
En lo atinente al núcleo esencial del derecho de petición, la Corte Constitucional
ha precisado que:
“(…) el derecho de petición se satisface cuando concurren los siguientes
elementos que constituyen su núcleo esencial: (i) la posibilidad cierta y efectiva de
elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se
nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; (ii) la respuesta debe ser pronta y
oportuna, es decir, la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, que
debe ser lo más corto posible, así como clara, precisa y de fondo o material, que
supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la
solicitud y de manera completa y congruente, es decir sin evasivas, respecto a todos
y cada uno de los asuntos planteados y (iii) una pronta comunicación de lo decidido
al peticionario, independiente de que la respuesta sea favorable o no, pues no
necesariamente se debe acceder a lo pedido.
Respecto del último punto, la Corte ha sido enfática en señalar que la satisfacción de
este derecho no sólo se materializa mediante una respuesta clara, precisa y de fondo o
material dentro del término previsto en la ley:
‘Cabe recordar que el derecho de petición, se concreta en dos momentos
sucesivos, ambos subordinados a la actividad administrativa del servidor que
conozca de aquél. En primer lugar, se encuentra la recepción y trámite de la
petición, que supone el contacto del ciudadano con la entidad que, en principio,
examinará su solicitud y seguidamente, el momento de la respuesta, cuyo
significado supera la simple adopción de una decisión para llevarla a
conocimiento directo e informado del solicitante.
De este segundo momento, emerge para la administración un mandato explícito
de notificación, que implica el agotamiento de los medios disponibles para
informar al particular de su respuesta y lograr constancia de ello.
3 M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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Por lo anterior es dable afirmar que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte, el
derecho de petición se concreta con la respuesta clara, concisa y de fondo a lo
solicitado y cuando se cumple con la obligación de notificar al particular sobre la
respuesta adoptada por la entidad”4. (destacado fuera de texto)
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, sustituido por el artículo 1º de
la Ley 1755 de 2015, establece los términos en los que deben resolverse las
peticiones, incluyendo una posibilidad excepcional de resolver por fuera del
mismo, en cuyo caso, tal circunstancia debe ser informada por la autoridad, antes
del vencimiento del término, señalando expresamente los motivos de la demora
así como el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá
exceder del doble del inicialmente previsto. La citada disposición establece:
“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo
norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse
dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término
especial la resolución de las siguientes peticiones:
1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los
diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al
peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha
sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de
dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán
dentro de los tres (3) días siguientes.
2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos
aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y
señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no
podrá exceder del doble del inicialmente previsto”.
En definitiva, la garantía del derecho fundamental de petición conlleva el deber
constitucional y legal de dar respuesta a las peticiones de fondo, en forma clara,
precisa y congruente con lo solicitado, dentro de los términos establecidos por la
ley, siendo así que su inobservancia, hace procedente la protección por el juez
constitucional, a través de la acción de la tutela. Empero, la autoridad respectiva,
en caso de no ser competente para atender la solicitud, tiene el imperativo legal de
remitirla a quien sí lo sea, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la
Ley 1437 de 20115.
5. Estudio y solución del caso concreto
5.1. La señora Piedad Prada García presentó acción de tutela en defensa del
derecho fundamental de petición, el cual considera vulnerado por la Oficina de
Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá, al no haber dado respuesta a la solicitud formulada el 12 de mayo de
2023, en la que pidió el desarchivo del expediente que contiene las actuaciones
del proceso ejecutivo radicado bajo el No. 11001-31-050-11-2009-00821-00.
De conformidad con las pruebas allegadas con la demanda de tutela, la solicitud
con data 12 de mayo de 2023, fue presentada a través del formulario de recepción
4 Sentencia T-527 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
5 La disposición en cita establece: “ARTÍCULO 21. FUNCIONARIO SIN COMPETENCIA. <Artículo modificado
por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. El nuevo texto es el siguiente:> Si la autoridad a quien se dirige la
petición no es la competente, se informará de inmediato al interesado si este actúa verbalmente, o dentro de
los cinco (5) días siguientes al de la recepción, si obró por escrito. Dentro del término señalado remitirá la
petición al competente y enviará copia del oficio remisorio al peticionario o en caso de no existir funcionario
competente así se lo comunicará. Los términos para decidir o responder se contarán a partir del día siguiente
a la recepción de la Petición por la autoridad competente”.
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Demandante: Piedad Prada García
de solicitudes de desarchivo en línea, disponible en la página web de la Oficina de
Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bogotá6, lo cual, como ya lo ha precisado esta Sala7, implica el ejercicio del
derecho fundamental de petición, en tanto de conformidad con el artículo 13 de la
Ley 1755 de 2015 –Ley Estatutaria del Derecho de Petición–, “toda actuación que
inicie cualquier persona ante las autoridades implica el ejercicio del derecho de petición
(…), sin que sea necesario invocarlo”.
Mediante correo electrónico de 12 de mayo de 2023, la referida Oficina de Archivo
Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
acusó el recibo de la solicitud y le informó a la actora lo siguiente:
“(...)
Su solicitud de desarchive del proceso 110013105011-20090082100 de Piedad Prada
García contra Los Castores y Cía fue recibida con éxito.
Según la información por usted suministrada Archivo Central realizará la búsqueda en
el paquete o caja 187 del año 2015 enviado al Archivo Central por el Juzgado 11
LABORAL.
Señor(a) Piedad Prada García le informamos que las solicitudes de desarchive son
remitidas al Archivo Central el día siguiente hábil a su radicación, en adelante cualquier
trámite relacionado con la misma, deberá ser tratado directamente con esa área, que
es la encargada de realizar el desarchive del expediente solicitado.
Así las cosas, si no recibe respuesta de su desarchive en un plazo de 60 días hábiles,
puede solicitar información en la dirección de correo electrónico
notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co recuerde que debe adjuntar el
presente correo como evidencia de la radicación de su solicitud”.
A su vez, está demostrado que el 13 de junio de 2023 la demandante insistió en el
desarchivo del expediente radicado con el No. 110013105011200900082100 por
medio correo electrónico remitido a la dirección: info@cendoj.ramajudicial.gov.co,
en el que manifestó lo siguiente:
“1. Ante la ausencia de Atención al Público de la Entidad Archivo Central de Bogotá,
durante los meses Diciembre de 2022 hasta el día 11 del mes de Mayo de 2023 no he
podido obtener información con respecto del expediente de la referencia.
2. Aunado a lo anterior se me indico la siguiente dirección electrónica:
notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co -donde adelantarían la búsqueda del
desarchivo del Número de proceso de la referencia, a hoy sin obtener resultado de
ninguna clase de gestión. Toda vez que agoté y cumplí los requisitos estrictamente
indicados por la Ventanilla de servicio en el Edificio Hernando Morales ubicado en la
carrera 10 # 14-33 de la ciudad de Bogotá, obteniendo de vuelta como respuesta el
pantallazo de que la solicitud se hubo radicado exitosamente.
3. Ante la ausencia de respuesta a partir de que me fuera otorgado exitosamente el
trámite de radicación del Número de Proceso de la referencia he malogrado la
búsqueda yendo personalmente a las Instalaciones Físicas, para obtener algún tipo de
información. (he visitado varias Entidades en las que me han indicado posible lugar que
pudiera tener el número de paquete de la referencia). con lo anterior deseo manifestar
‘Ir de un lado para otro’ sin obtener algún éxito en la búsqueda.
4. En una de las Entidades visitadas me informan el día jueves 08 de Junio de 2023
que en la dirección inicialmente proporcionada por los funcionarios de atención al
público el pasado 11 de Mayo de 2023 en el Edificio Hernando Morales realizó un
cambio en la dirección electrónica y que por tanto debo iniciar la búsqueda del Número
6 Disponible en:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLosYviA80GN9Y65mQFZi1fTBb6jYmxNrzMbNoTHe
OVURFpKRFVPRFlNRFpRQjEyUjREVkdVNVJJOS4u.
7 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, exp. No. 11001-03-15-000-2020-
04110-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez (E).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 7
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05319-00
Demandante: Piedad Prada García
de Proceso de la referencia en una nueva dirección electrónica así:
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
5. Han transcurrido más de 180 días en la búsqueda del Número de Proceso de la
referencia sin que sea atendida mi solicitud, ni mucho menos informado que la
dirección electrónica inicial hubo realizado cambios, es decir más de 180 días
esperando obtener un resultado sin ningún tipo de éxito, quiero manifestar: ‘resultados
de búsqueda del Número de Proceso de la referencia sin Respuesta Alguna a Mi
Solicitud’.
6. Por lo anteriormente expuesto solicito a quien corresponda actuar con celeridad para
obtener Respuesta a mi Solicitud, o indicarme el sitio, el lugar, la Entidad, que me
indique, que me sea entregada la información bajo los principios de calidad, de
claridad, de celeridad y cumplimiento que deben ser garantizados en concordancia a
mis derechos fundamentales como ‘Ciudadana Colombiana’. Con el fin de que sea
desarchivado y entregado al juzgado el expediente bajo el Número de Proceso de la
Referencia, en el menor tiempo posible”.
Esa solicitud fue remitida por competencia a las siguientes direcciones
electrónicas: atencionalusuariobogota@cendoj.ramajudicial.gov.co;
notificacionesacbta@cendoj.ramajudicial.gov.co; bodmontev01bta@cendoj.ramajudicial.gov.co;
bodmontev02bta@cendoj.ramajudicial.gov.co y bodfontibonbta@cendoj.ramajudicial.gov.co
Por su parte, el 16 de junio de 2023 la Mesa de Apoyo remitió la solicitud con
destino al correo electrónico:
solicitudesarchivocentraldesajbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
La Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá, con el segundo informe rendido a este trámite
constitucional, aportó copia de la respuesta dispensada a la demandante el 5 de
octubre de 2023, en la cual le informó lo siguiente:
“Respetada
PIEDAD PRADA GARCIA
Me permito informar que, revisada la base de datos de solicitudes radicadas a través
del formulario en línea para requerir desarchives, se evidencia petición No. 23-49 y 23-
12400, en la cual se solicita el desarchive del proceso 2009-821 del JUZGADO 11
LABORAL donde figuran las siguientes partes: Demandante: PIEDAD PRADA GARCIA
Demandado: LOS CASTORES Y CIA S.A. Y OTRO.
De acuerdo a la información suministrada por la bodega SANTO DOMINGO, quien
elaboró las labores administrativas de búsqueda se informa que, se presenta un
resultado NEGATIVO en la búsqueda a corto plazo. No obstante, en la bodega Santo
Domingo se continúa realizando la gestión de búsqueda, y al momento de hallar el
juzgado y/o el proceso solicitado, estaremos informando por este medio.
Finalmente, se precisa que, con este mensaje Archivo Central no acredita que de
encontrarse el paquete o caja el proceso se encuentre en su interior”.
5.2. De conformidad con lo anterior, la Sala evidencia que la Oficina de Archivo
Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá
no vulneró el derecho fundamental de petición de la demandante, por las
siguientes razones:
Según se desprende de la petición de la cual se solicita el amparo, la misma está
encaminada a que la autoridad desarchive el proceso ejecutivo laboral No.
110013105011200900082100. En ese orden, de la respuesta brindada se extrae
que la accionada realizó una búsqueda a corto plazo con el fin de comunicar a la
demandante el estado del trámite administrativo y le indicó de manera precisa que
continuará realizando gestiones con el fin de ubicar el expediente y que una vez
sea encontrado, le será comunicado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia 8
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05319-00
Demandante: Piedad Prada García
Asimismo, es importante destacar que la tardanza de la Oficina de Archivo Central
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá en
culminar el proceso de búsqueda del expediente requerido, tiene fundamento en la
clausura temporal de la bodega donde funciona el archivo que se dio por medio de
la Resolución No. DESAJBOR22-6741 de 1º de diciembre de 2022, en la cual se
resolvió lo siguiente:
“ARTÍCULO 1°. Disponer el cierre temporal del archivo central de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá́ , Cundinamarca y
Amazonas de expedientes judiciales de las especialidades Civil, Laboral,
Familia, Penal y de la Jurisdicción Disciplinaria de Bogotá́ , por el término de
noventa (90) días desde el 5 de diciembre de 2022.
PARÁGRAFO 1°. A partir de la fecha de cierre, y hasta tanto se prolongue el
mismo, solamente se atenderá el desarchivo de expedientes que sean
requeridos por autoridades judiciales en acciones de tutela en los que se haya
concedido medidas provisionales u otras actuaciones en las cuales se esté
decidiendo sobre la libertad de personas.
PARÁGRAFO 2°. Durante el cierre temporal del archivo central, se cerrarán los
canales de recepción de solicitudes ordinarias.
PARÁGRAFO 4°. Las transferencias documentales durante el cierre temporal
del archivo central quedarán suspendidas. Por tanto, las unidades productoras
deberán preparar y ajustar sus cronogramas de entrega y las gestiones
pertinentes para garantizar la preservación de los archivos”.
Del acto administrativo antes relacionado se concluye que el archivo central de
expedientes judiciales tuvo un cierre temporal a partir del 5 de diciembre de 2022 y
que, conforme se evidenció en la información publicada el 9 de mayo de 2023 por
la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá8, no había
sido superado para dicha oportunidad. Allí se indicó que “La Dirección Seccional de
Administración Judicial de Bogotá se encuentra trabajando en un proyecto para el traslado
de los procesos judiciales en archivo, según las normas que exige el Archivo General de
la Nación. En desarrollo del proyecto se presentaron dificultades con algunos de los
contratistas que han generado un déficit operacional en la organización de dicho archivo.
La Dirección Seccional está realizando las acciones administrativas y contractuales
correspondientes para superar las dificultades y continuar con la implementación de un
nuevo modelo operacional que permita optimizar las condiciones del archivo de los
procesos ya fallados de Bogotá, que se encuentran en bodegas”.
De conformidad con lo expuesto, la Sala observa que la Oficina de Archivo Central
de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá no
vulneró el derecho fundamental de petición, pues si bien solo emitió respuesta en
el curso de la acción de tutela, allí se indicó que, por lo pronto, no ha sido ubicado
el expediente, pero que continuará con la búsqueda y que para el momento en el
que se encuentre el expediente solicitado, será oportunamente informado, con la
precisión de que puede ocurrir que al ubicarse el paquete o caja, el expediente no
esté allí.
Ahora bien, como quiera que el propósito de la petición es que la accionante tenga
certeza de que el expediente fue o no ubicado para fines de desarchivo, la Sala
instará a la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bogotá para que una vez culmine la búsqueda del
expediente No. 110013105011200900082100, se informe de manera oportuna el
resultado de la misma a la accionante.
8 Fuente: https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-superior-de-la-judicatura/-/direccion-seccional-de-
administracion-judicial-de-bogota-trabaja-para-superar-deficit-operacional-en-archivo-de-procesos-ya-fallados
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05319-00
Demandante: Piedad Prada García
Finalmente, se debe indicar a la parte actora que en caso de que no se llegare a
ubicar el referido expediente, puede acudir al trámite de reconstrucción previsto en
el artículo 126 del Código General del Proceso.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
la Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- DESVINCÚLASE de la presente acción de tutela al Consejo Superior
de la Judicatura, en virtud de lo expuesto en esta providencia.
Segundo.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela incoada por la
señora Piedad Prada García, quien actúa en nombre propio, por las razones aquí
expuestas.
Tercero.- ÍNSTASE a la Oficina de Archivo Central de la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración Judicial de Bogotá, para que una vez culmine la
búsqueda del expediente No. 110013105011200900082100, se informe de
manera oportuna el resultado de la misma a la accionante.
Cuarto.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible,
como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
Sexto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente
de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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