Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05324-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05324-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05324-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
5 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05324-01
Accionante: Óscar Leandro Osorio Torres
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL – Falta de carga argumentativa.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora, contra la
sentencia proferida el 30 de octubre de 2023, por la Sección Tercera – Subsección
B del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la solicitud de
amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 22 de septiembre de 2023, el señor Óscar Leandro Osorio Torres presentó
acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio
y el Tribunal Administrativo del Meta, con el fin de que se le ampararan sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad,
defensa y seguridad jurídica. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas
con ocasión de la expedición de los autos de 30 de agosto y 7 de septiembre de
2023, proferidos por dichas autoridades judiciales dentro del incidente de desacato1
promovido por la señora Yaneth Mercedes Cuero Sánchez contra el municipio de
Villavicencio y Piedemonte E.I.C.M. Como presupuestos fácticos se tienen los
siguientes:
Acción de Tutela 2018-00322-00/01
2.- En el año 2018, las señoras Yaneth Mercedes y Martha Liliana Cuero Sánchez
presentaron acción popular contra la Secretaría de Planeación Municipal de
Villavicencio, la Inspección Cuarta de Policía de Villavicencio y Villavivienda E.I.C.M
hoy Piedemonte E.I.C.M. Con la misma, pretendía la protección de sus derechos
1 Radicado: 50001333300320180032200/01.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05324-01
Accionante: Óscar Leandro Osorio Torres
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
fundamentales, entre otros, a la igualdad y vivienda digna, que consideraron
vulnerados con motivo de la decisión de la Inspección de Policía accionada de
suspender, por falta de licencia de construcción, la obra que estaban ejecutando en
su vivienda, ubicada en el lote 1 de la manzana 61 del asentamiento humano 13 de
mayo. Según lo indicado por las mencionadas señoras, no contaban con el
mencionado documento por una causa ajena a ellas, pues la administración
municipal y Villavivienda E.I.C.M no habían adelantado los procesos de escrituración
del asentamiento humano, que había sido legalizado desde 2015.
3.- El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Villavicencio, luego de
adecuar la actuación y tramitarla como una acción de tutela, mediante sentencia de
15 de noviembre de 2018 amparó los derechos fundamentales de las actoras, al
advertir que a través de la Resoluciones 1000-56-11/244 de 2015 y 1000.56/065 de
2016 se legalizó y regularizó urbanísticamente el asentamiento humano “Trece de
mayo” y se asignaron responsabilidades tanto al municipio como Villavivienda
E.I.C.M. En consecuencia (i) ordenó al municipio de Villavicencio y a Villavivienda
E.I.C.M. (Hoy Piedemonte E.I.C.M.) que de manera conjunta prestaran un
“asesoramiento real, conciso, efectivo y verificable a las señoras Yaneth Mercedes y
Martha Liliana Cuero Sánchez dentro del trámite de legalización, escrituración y
construcción del lote 1 manzana 61 del asentamiento humano trece de mayo”, (ii)
concedió un término de 30 días a la accionante para que se tramitara la licencia de
construcción respectiva y, (iii) suspendió el proceso sancionatorio 024/2017 que se
adelantó contra las actoras. La decisión fue confirmada el 13 de diciembre de 2018
por el Tribunal Administrativo del Meta.
Incidente de desacato 2018-00322-00/01
4.- En cumplimiento de la sentencia de tutela, la Alcaldía de Villavicencio expidió la
Resolución 1000-56-11/154 del 30 de septiembre de 2019 mediante la cual transfirió
a favor de las demandantes el bien inmueble ubicado en la manzana 61 lote 1 del
asentamiento humano 13 de mayo de Villavicencio, pero las señoras Yaneth
Mercedes y Martha Liliana Cuero Sánchez interpusieron recurso de reposición,
resuelto mediante la Resolución 1000-67.20/235 del 30 de diciembre de 2019, el cual
confirmó en todas sus partes la decisión cuestionada.
5.- El 14 de julio de 2021, la señora Yaneth Mercedes Cuero Sánchez presentó
incidente de desacato manifestando que con la mencionada resolución se le cedió el
terreno identificado con matrícula inmobiliaria 230-189667, que no corresponde a su
vivienda, sino a un bien de uso público denominado “ÁREA AFECTACIÓN V 15”.
6.- Con ocasión del incidente de desacato, la Alcaldía de Villavicencio expidió la
Resolución 1000-67.20/175 del 5 de septiembre de 2022, a través de la cual corrigió
la parte resolutiva de la Resolución 1000-56-11/154 de 2019. Frente a esta
resolución las actoras de nuevo interpusieron recurso de reposición, el cual conllevó
a que la Alcaldía municipal expidiera la Resolución 1000.67-20/190 de 30 de
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05324-01
Accionante: Óscar Leandro Osorio Torres
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
septiembre de 2022, en la que revocó todos los anteriores actos, con base en el
argumento que el terreno real y material donde se ubica el lote 1 de la manzana 61
del asentamiento humano 13 de mayo de Villavicencio es propiedad de Piedemonte
E.I.C.M y, por lo tanto debe ser esa entidad la que debe entregar a título gratuito el
predio a las señoras Cuero Sánchez.
7.- Tras haber escuchado a los involucrados, y revisar los documentos aportados,
por auto de 30 de agosto de 2023 el Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio
declaró que el gerente de Piedemonte E.I.C.M incurrió en desacato y le impuso una
orden de arresto de 3 días y una multa de 10 salarios mínimos legales mensuales
vigentes, al estimar que es aquella entidad quien ostenta la propiedad del terreno
donde las accionantes tienen su vivienda, por lo que es quien debe dar cumplimiento
material al fallo de tutela de 15 de noviembre de 2018.
8.- En grado jurisdiccional de consulta, el Tribunal Administrativo del Meta mediante
auto de 7 de septiembre de 2023 sostuvo que, independientemente de quién ostente
la propiedad del inmueble respecto del cual ha de realizarse la transferencia de la
propiedad a las accionantes, ambas entidades han de responder por el cumplimiento
del fallo de tutela en su totalidad, según la orden allí dada. No obstante, por tratarse
del grado jurisdiccional de consulta, su competencia recae únicamente respecto de
la sanción impuesta al gerente de Piedemonte E.I.C.M., por lo que confirmó la
decisión del Juzgado, al verificar que el fallo de tutela a la fecha no ha sido cumplido.
Acción de Tutela actual
9.- En su escrito de tutela, el señor Oscar Leandro Osorio Torres sostuvo que el
Juzgado Tercero Administrativo de Villavicencio incurrió en varios errores de
razonamiento y en una errónea valoración probatoria, que lo llevaron a concluir
erróneamente que Piedemonte E.I.C.M. ostenta la propiedad del predio en cuestión.
Principalmente cuestiona el hecho de que el referido despacho tomara como
fundamento para su decisión el folio de matrícula inmobiliaria 230-176642 que
correspondía al globo de terreno en el que se adelantó el proyecto urbanístico, y
algún momento estuvo a nombre de Piedemonte E.I.C.M., pues omitió considerar
que: (i) en virtud del proceso de urbanización llevado a cabo en 2015 se dio la
segregación del predio, y el consecuente cierre de ese folio de matrícula para abrir
otros nuevos; (ii) entre los nuevos folios de matrícula se encuentra el 230-189667
que se denomina “AREA AFECTACION V -15” y es donde se ubica la vivienda de
las accionantes, es decir, el lote 1 de la manzana 61, que es una vía de uso público
propiedad del municipio de Villavicencio; y (iii) ese inmueble y otros mas por estar
destinados a uso público fueron cedidos al Municipio.
10.- En esa medida, consideró que como Piedemonte E.I.C.M no es propietario del
bien donde se encuentra ubicada la vivienda de las señora Cuero Sánchez, y el
mismo está clasificado legalmente como una vía pública, al señor Óscar Leandro
Osorio Torres en su calidad de gerente de dicha empresa le es material y legalmente
imposible efectuar la cesión a favor de las incidentantes, por lo que no es procedente
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
ni viable que se declare que incurrió en desacato y mucho menos que se le sancione.
Además, que atendiendo que el municipio de Villavicencio es el real propietario del
predio al que hace relación el folio inmobiliario 230-189667, es a dicha entidad
territorial a quien le compete responder por el desacato y acudir ante el Concejo
Municipal de Villavicencio, a fin de solicitarles la desafectación del referido bien y
convertirlo en un bien fiscal titulable.
11.- Finalmente manifestó que aunque Piedemonte E.I.C.M fuera el verdadero
dueño del predio, es legalmente imposible cederle el bien inmueble ya que en virtud
del artículo 2 de la Ley 1001 de 2005 está prohibida la cesión de los bienes de uso
público.
B. Sentencia de primera instancia
12.- Mediante sentencia 30 de octubre de 2023, la Sección Tercera – Subsección B
del Consejo de Estado resolvió declarar improcedente el amparo solicitado, al
considerar que el asunto no supera el requisito general de relevancia constitucional,
pues a su juicio el actor pretende convertir esta acción constitucional en una instancia
adicional, ya que todos sus planteamientos se dirigieron de manera exclusiva a
discutir argumentos que ya fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en
el trámite del incidente de desacato.
13.- El consejero Martín Bermúdez salvó voto e indicó que el amparo debió
concederse, por cuanto en el fallo de tutela objeto del desacato no se ordenó ceder
un determinado terreno, sino le ordenó a las entidades accionadas que definieran de
manera concreta, real y efectiva la situación del bien de las accionantes y les
concedió un término de 30 días para que se tramitara la licencia de construcción
respectiva de la vivienda de las accionantes; por lo que no era procedente sancionar
al accionante con fundamento en algo que no fue ordenado en la sentencia de tutela,
y menos aun cuando este, en cumplimiento del fallo de tutela, acreditó haber
informado a las señoras Yaneth Mercedes Cuero Sánchez y Martha Liliana Cuero
Sánchez que el bien ubicado en la manzana 61 lote 1 del asentamiento humano 13
de mayo de Villavicencio no era propiedad de Piedemonte, sino que su dueño era el
municipio de Villavicencio.
C. La impugnación
14.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación, en
la cual sostuvo que no pretende una instancia adicional del asunto, sino que busca
protección constitucional, en la medida en que se presentaron serias falencias en las
decisiones acusadas. Además indica que la acción de tutela está debidamente
sustentada y se precisa con claridad los errores cometidos en el curso del incidente
de desacato. Señaló que los yerros puestos de presente en esta acción los manifestó
durante todo el trámite del incidente de desacato, sin embargo, el juez optó por hacer
caso omiso y seguir adelante con el incidente el cual culminó con una decisión en su
contra.
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15.- Adujo que al revisar detenidamente los documentos que obran en el
expediente, no solo dentro del incidente de desacato, sino también durante toda la
actuación de la acción de tutela, es evidente que el análisis que realizó el juez
respecto del certificado de tradición de la matrícula inmobiliaria 230-189667 fue
equívoco, tan es así que la misma administración territorial emitió el Oficio 1102-
19.18/831 el 4 de octubre de 2023, suscrito por el señor Hervy Jovany Mondragón
Peñuela, en su calidad de Director de Apoyo a la Gestión de la Secretaría de
Desarrollo Institucional de la Alcaldía de Villavicencio, en el que expresamente
señaló que “se certifica que el inmueble con matricula inmobiliaria No. 230-189667
es de propiedad del municipio de Villavicencio”, prueba que aduce es sobreviniente.
16.- Reiteró que en múltiples oportunidades informó y advirtió al operador judicial
que en su condición de representante legal de la Piedemonte E.I.C.M le resultaba
imposible cumplir con las órdenes impuestas en fallo de tutela, por no ser el titular
del derecho de dominio sobre el predio en el cual se encuentra ubicado el inmueble
peticionado por las señoras Cuero Sánchez, sin que las autoridades judiciales
tomaran las medidas necesarias a efectos de corregir los errores cometidos.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
17.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.
E. Análisis del caso concreto
18.- La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, en el sentido de declarar
improcedente el amparo.
19.- Lo anterior, teniendo en cuenta que no se encuentra acreditado el presupuesto
de relevancia constitucional, que para el caso de las acciones de tutela contra
providencia judicial, supone la presentación ante el juez constitucional de un
conflicto que trascienda las discusiones legales, con incidencia directa en las
garantías ius fundamentales, y en ese sentido demanda de quien acude a esta
acción una carga mínima de argumentación orientada a exponer en forma clara y
precisa la manera en que se configuran los yerros alegados. Ello a efectos de poder
verificar que lo pretendido no es activar una suerte de instancia adicional al proceso
en que se profiere el proveído censurado, y que la intervención del juez
constitucional es absolutamente necesaria para salvaguardar las garantías ius
fundamentales de quien recurre a la tutela.
2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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20.- La lectura íntegra de los argumentos expuestos por el accionante tanto en su
escrito de tutela como en la impugnación, permite advertir que los mismos se
orientan a cuestionar la decisión de 30 de agosto de 2023 proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito de Villavicencio, a través de la cual fue
sancionado con 3 días de arresto y una multa de 10 SMLMV. En contraste con ello,
no presenta ningún reproche en torno al auto de 7 de septiembre de 2023, dictado
por el Tribunal Administrativo del Meta, a través del cual se confirmó en grado
jurisdiccional de consulta la sanción y se dio por terminada la litis del asunto de forma
definitiva. Si bien en las pretensiones se solicita la revocatoria de ambas
providencias, claramente los esfuerzos argumentativos del actor se enfocan en
cuestionar la tesis con la que el juzgado impuso la sanción, que como se expondrá
más adelante, no coincide con la ratio decidendi del auto del 7 de septiembre de
2023 proferido por el Tribunal.
21.- En la sentencia SU-034 de 2018 la Corte Constitucional indicó que uno de los
requisitos especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
proferidas en el marco de incidentes de desacato, es que la decisión que se censura
se encuentre ejecutoriada, aspecto que a más de ser una obviedad reitera el
carácter subsidiario de la acción de tutela. En ese sentido, el descontento del
accionante por la imposición de la sanción de desacato debió canalizarse a través
de un cuestionamiento directo al auto de 7 de septiembre y no al de 30 de agosto
de 2023, por cuanto con aquel quedó ejecutoriada la decisión.
22.- Según ha expuesto la Corte Constitucional de manera pacífica, el incidente de
desacato puede concluir de dos formas, la primera, con la expedición de una
decisión adversa al accionado, circunstancia en la cual debe surtirse el grado
jurisdiccional de consulta ante el superior jerárquico con el propósito de que revise
la actuación de primera instancia, y definir si deja en firme o no la decisión para que
proceda su ejecución; y la segunda, con la emisión de un proveído que no impone
sanción alguna, evento en el cual se da por terminado el respectivo incidente con
una decisión ejecutoriada 3. Es decir, sólo en los casos en que no se impone la
sanción, la decisión definitiva es la del juez de primera instancia pues contra ella no
procede recurso ni se consulta, pero en aquellos en que el a quo sanciona, la
providencia definitiva es la del juez de segunda instancia que confirma o revoca.
23.- En esa medida, como la parte actora no expuso ningún tipo de argumento, ni
defecto, contra el auto que cerró definitivamente la litis de asunto, es decir, el dictado
en el trámite del grado jurisdiccional de consulta (7 de septiembre de 2023), no existe
reparo alguno que deba ser analizado por esta Corporación a través de este
mecanismo constitucional; en esa medida solo resta declarar improcedente la
solicitud de amparo ante la carencia de argumentos contra la decisión de cierre
proferida al interior del incidente de desacato.
3 Corte Constitucional sentencias T-957 de 2004, T-171 de 2009, T-271/15, A300-19, entre otras.
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24.- No puede el juez de tutela emprender el análisis sobre la supuesta concreción
de una violación de derechos a través de una providencia, partiendo de reproches
que tienen como sustento las consideraciones de otra decisión, que no estaba en
firme. Máxime si se tiene en cuenta que los argumentos que llevaron al Juzgado
Administrativo a sancionar son diferentes de aquellos que sustentaron la decisión
del Tribunal de confirmar tal sanción, pues aunque en esencia el fundamento de la
decisión es el incumplimiento del fallo de tutela, la consideración que los llevó a
concluir que se había incurrido en esa condición de desacato es diferente.
25.- El accionante acierta al señalar que el fundamento de la decisión del Juzgado
Tercero Administrativo de Villavicencio fue que en la Resolución 1000-56-11/244 de
2015 se indica que el proyecto urbanístico se desarrollaría en el globo de terreno
definido en el folio de matrícula inmobiliaria 230-176642, que para esa fecha era
propiedad de Villavivienda E.I.C.M. (Hoy Piedemonte E.I.C.M.); y que en esa medida
los inmuebles derivados de la segregación eran de propiedad de esa empresa,
incluido aquel en que se encuentra la vivienda de las accionadas (a pesar de que no
se ha podido establecer su ubicación concreta). De ahí que su defensa en esta tutela
se oriente a cuestionar esos argumentos relativos a la propiedad del predio para
desligarse de la obligación de cumplir el fallo.
26.- No obstante ello, se observa que los argumentos esbozados en el escrito de
tutela e impugnación no tienen relación con los esgrimidos por el Tribunal
Administrativo del Meta en el auto de 7 de septiembre de 2023, quien señaló que las
entidades incidentadas no han logrado definir de manera concreta, real y efectiva la
situación del bien de las accionantes, trasladándose la competencia entre ambas en
relación con la propiedad del inmueble respecto del cual ha de realizarse la
transferencia, pero que, independientemente de quién ostente la propiedad del
mismo, ambas entidades deben responder por el cumplimiento de la tutela en su
totalidad, ya que la orden dada fue que de manera conjunta el municipio de
Villavicencio y Piedemonte E.I.C.M prestaran un acompañamiento real, conciso,
efectivo y verificable a las señora Cuero Sánchez dentro del trámite de legalización,
escrituración y construcción del lote 1 Manzana 61 del asentamiento humano 13 de
Mayo de la ciudad de Villavicencio, obligaciones que nacen de la Resolución 244 de
20154; situación que estimó no se ha dado.
27.- Es decir, el Tribunal accionado no determinó en su decisión si el bien estaba
en cabeza del municipio o de Piedemonte E.I.C.M., pues su análisis se centró en
que independiente de quien ostente la titularidad mismo, el fallo se debe cumplir,
pues la orden fue dada para que las dos incidentadas de forma coordinada y
conjunta cumplan la decisión, de acuerdo a las obligaciones que cada una de ellas
adquirió cuando se legalizó el asentamiento humano “Trece de Mayo”, lo cual valga
recalcar, no se ha hecho hasta la fecha a pesar de que la orden se impartió desde
2018.
4 Por medio de la cual se legaliza y regulariza urbanísticamente el asentamiento denominado trece de mayo.
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28.- Teniendo claro lo anterior, es visible que el señor Osorio Torres efectivamente
no cuestionó ninguno de los argumentos que el Tribunal Administrativo del Meta
utilizó en su decisión de cierre para confirmar la sanción impuesta. Pues su defensa
se centró en explicar que la entidad que representa no es propietaria del bien, siendo
que para el Tribunal la condición de propietario no es la que determina la obligación
impuesta en el fallo de tutela, de manera que su argumentación no giró en torno a
ese aspecto; lo cual denota una incongruencia entre la ratio decidendi del auto de 7
de septiembre de 2023 y los reproches formulados por el accionante en su tutela.
29.- Aunado a lo anterior, la Sala destaca que los argumentos expuestos en el
escrito de tutela están referidos a una serie de situaciones puntuales sobre la
propiedad del predio inicial en el que se adelantó el proyecto urbanístico, y su
posterior segregación y transferencia de dominio al Municipio o a las personas que
integraban el asentamiento humano. Pero todo eso sucedió antes de 2018, que fue
la fecha en que se profirió el fallo de tutela. Es decir, la Resolución a través de la
cual se legalizó el asentamiento humano fue proferida en el año 2015 y en la misma
se asignaron a las dos entidades una serie de obligaciones, que al parecer para el
2018 no habían sido cumplidas, y que llevaron a que el Juzgado Tercero
Administrativo de Villavicencio, en el fallo de tutela de 15 de noviembre de ese año
amparara los derechos de las señoras Cuero Sánchez. Según se puede ver en el
fallo, en aquel momento la defensa del Municipio y de Villavivienda no se centró en
la propiedad de los predios, a pesar de que ya se habían dado las transferencias de
dominio hoy alegadas; sino en las obligaciones fijadas en la resolución, y conforme
a ello se adoptó el fallo de tutela, frente al cual según se indica en los autos del
incidente de desacato, Villavivienda no presentó impugnación.
30.- En ese sentido, una discusión que desde el principio giró en torno a las
obligaciones que se derivan de una resolución, pretende ser reabierta 5 años
después con argumentos nuevos relativos a la propiedad de los predios, con la
nefasta consecuencia de que durante todo ese tiempo no se ha cumplido el fallo de
tutela. Al respecto resulta oportuno recordar las razones puntuales que llevaron al
juez de tutela a impartir la orden de amparo a ambas entidades:
<<La Resolución 244 de 2015, contiene como obligaciones a cargo Villavivienda, (...)
realizar todas las gestiones que sean necesarias para llevar a cabo la transferencia de
la propiedad y titulación de los inmuebles en favor de los habitantes del 13 de mayo",
de lo que se concluye con certeza que es a esa entidad a quien le corresponde la
obligación alegada por las demandantes encontrándose la empresa industrial y
comercial del Estado-Villavivienda están en mora de realizar las gestiones para la
transferencia y titulación de bienes cuando han transcurrido casi tres años desde la
expedición del acto administrativo de legalización del asentamiento, sin que comparta
este estrado judicial la justificación expuesta por la entidad accionada VILLAVIVIENDA,
cuando aceptando su obligación manifestó:
"si bien es cierto que manifiestan que es obligación de VILLAVIVIENDA, adelantar
el proceso de escrituración, también lo es que ni la Resolución 244 de 2015, ni
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ninguna otra, establece el procedimiento que se deberá seguir para llevar a
cabo esta labor, ni determina quién y cuándo asignara el presupuesto para la
misma, lo que conlleva a que VILLAVIVIENDA, este imposibilitada para
adelantar el proceso, ya que no puede disponer de sus recursos, para realizar
labores que son propias del ente territorial (...). (Negrita por el Despacho)
De otro lado, en el artículo 26 de la mencionada Resolución 244 se dispuso que es
deber de la administración municipal brindar la asesoría técnica y jurídica que le
permita a los poseedores obtener el título de propiedad de los predios bien sea través
de la obtención de un título traslaticio de dominio o por la declaración judicial de
pertenencia, de lo que se colige que también compete al municipio obligación con el fin
de legalizar la titulación de los bienes a los poseedores del asentamiento 13 de mayo.
La omisión de la administración municipal y de la empresa industrial y comercial del
Estado, ha causado una violación flagrante de los derechos fundamentales de las
accionantes, al punto que resulta incomprensible que el Municipio de Villavicencio
legalice un asentamiento humano, sin siquiera darle la posibilidad a los moradores de
dichos terrenos de construir o legalizar las edificaciones que se encontraban al
momento de la expedición del correspondiente acto administrativo, incumpliendo lo
dispuesto en la ley 1848 de 2017, y por su parte, que Villavivienda se ampare en la
ausencia de partida presupuestal para dejar frustrada la materialización del acto
administrativo.>>
31.- Como se observa la discusión sobre cuál de las entidades debía garantizar a
las entonces accionantes la titulación de su predio, había sido planteada desde el
fallo del 28 de noviembre de 2018, y en ese momento el juez de tutela advirtió que
las entidades ya estaban en mora de cumplir con las obligaciones fijadas en la
resolución de 2015, y conforme a ello impartió la orden a ambas para que “de
manera conjunta, presten un acompañamiento real, conciso, efectivo y verificables
a las señoras YANETH MERCEDES CUERO SÁNCHEZ y MARTHA LILIANA
CUERO SÁNCHEZ dentro del trámite de legalización, escrituración y construcción”
de su vivienda, que fue legalizada mediante la resolución antes indicada.
32.- Como ya se indicó, un análisis similar fue el que hizo el Tribunal Administrativo
del Meta en el auto del 7 de septiembre de 2023, que confirmó la sanción, no bajo
el argumento de que Piedemonte E.I.C.M. es el propietario del predio (como lo hizo
el Juzgado), sino tras considerar que independientemente de quien ostente la
propiedad, ambas entidades deben concurrir al cumplimiento del fallo, en virtud de
lo indicado en el fallo de tutela.
33.- Aun cuando la desidia en el cumplimiento del fallo haya determinado el
transcurso de varios años, en los cuales pudieron haber cambiado los presupuestos
fácticos o jurídicos que dieron lugar al amparo, y pueda haber lugar a que el juez de
tutela evalúe la necesidad de modular el fallo para hacer viable su cumplimiento; eso
en definitiva es una decisión que corresponde a dicho juez, no a esta Sala, pues
además de no contar con esa competencia, los argumentos expuestos son
insuficientes para ello y para acceder a la pretensión de dejar sin efectos la sanción
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Accionante: Óscar Leandro Osorio Torres
Accionado: Tribunal Administrativo del Meta y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de desacato, pues se reitera el actor acude a argumentos que no guardan
correspondencia con la ratio decidendi de la decisión. De ahí que se predique la
carencia de carga argumentativa y la consecuente declaratoria de improcedencia
por falta de relevancia constitucional.
34.- Por lo expuesto anteriormente, esta Sala confirmará la sentencia de 30 de
octubre de 2023 proferida por la Sección Tercera – Subsección B del Consejo de
Estado.
35.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia proferida el 30 de octubre de 2023 por la
Sección Tercera – Subsección B del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ5
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR
que aparece a la derecha. Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los
abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema Samai.
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