Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05329-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-05329-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05329-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05329-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
5 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05329-01
Accionante: Aída Cristina Uriza Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir un debate estrictamente legal y económico al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural – reconocimiento de la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las cesantías a favor de los docentes oficiales afiliados
al Fomag.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte accionante en
contra de la sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 por la Sección Quinta del
Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo por no acreditar
el requisito general de procedencia atinente a la relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 22 de septiembre de 2023, la señora Aída Cristina Uriza Ramírez, a través de
apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Boyacá, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 16 de junio de 2023,
proferida por dicha autoridad judicial en el marco del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho 1 , que promovió contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2 y el
departamento de Boyacá, con el propósito de que se declarara la nulidad del acto
administrativo a través del cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, así como el pago de la indemnización
por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52
de 1975, por los servicios prestados en su calidad de docente oficial durante el año
2020.
1 Identificado con número de radicado 15001-33-33-001-2022-00108-02.
2 En adelante Fomag.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05329-01
Accionante: Aída Cristina Uriza Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
2.- El asunto le correspondió para su conocimiento al Juzgado Primero
Administrativo Oral del Circuito de Tunja, el cual mediante sentencia del 16 de
diciembre de 2022 negó las pretensiones de la demanda. Esa decisión fue
confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, a través de fallo del 16 de junio
de esa misma anualidad, al estimar que: (i) a la demandante no le son aplicables las
disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las
cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, ya que su situación jurídica
se encuentra regulada por el régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de
1989; (ii) no es posible aplicar -por favorabilidad- disposiciones normativas de uno y
otro régimen, ya que el principio de inescindibilidad normativa impide el
fraccionamiento de dos regímenes diferentes; y (iii) la sentencia SU-98 de 2018 y
las demás providencias que sustentaron el recurso de apelación no constituyen
precedente judicial para el caso concreto, debido a que no guardan similitud fáctica.
3.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la
administración de justicia3, al:
(i) Incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a
partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-98 de 2018, la Corte Constitucional y
el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio de
favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones
consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido
con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe
ser consignado en el Fomag a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su
causación.
(ii) Desconocer las reglas fijadas en las sentencias SU-98/2018, SU-332/2019 y
SU41/2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación proferido por
el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-23-33-000-
2013-00666-01 y las sentencias proferidas por esta misma corporación en los
procesos: 76001-23-31-000-200900867-01, 11001-03-15-000-2018-04617-01,
11001-03-15-000-2018-04679-01, 11001-0315-000-2018-03499-01, 08001-23-33-
000-2014-00173-01, 08001-23-33-000-2014-00208-01, 08001-23-31-000-2014-
00254-01, 08001-23-33-000-2014-00132-01, 08001-23-31-000-2014-00815-01,
08001-23-33-000-2015-00331-01, 19001-23-33-000-2015-00445-02, 08001-23-33-
000-2014-01127-01, 40001-23-40-000-2017-00134-01, 080001-23-40-000-2015-
90008-01, 080001-23-40-000-2014-90022-01, 080001-23-33-000-2017-00931-01,
080001-23-33-000-2015-00075-01, 76001-23-33-000-2013-00756-01, 080001-23-
40-000-2017-00795-01, 47-001-23-33-000-2019-00359-01, 47-001-23-33-000-
3 También invocó la garantía de la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05329-01
Accionante: Aída Cristina Uriza Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
2019-00376-01, 08001-23-33-000-2015-00509-01 y 08001-23-33-000-2015-90124-
01, 76001-23-31-000-2012-00212-02 y 47001-23-33-000-2018-00231-01.
4.- Finalmente, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado ha sido acogida por los jueces administrativos en diversas
decisiones4.
B. Sentencia de primera instancia
5.- Mediante sentencia del 26 de octubre de 2023, la Sección Quinta del Consejo de
Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela al estimar que carece de
relevancia constitucional, toda vez que, de acuerdo al criterio fijado por la Corte
Constitucional en sentencia SU-573 de 2019, la controversia suscitada por la parte
accionante se reduce a una cuestión de interpretación netamente legal y económica
que no tiene impacto en la garantía de derechos fundamentales sino patrimoniales.
6.- Con todo, precisó que mediante sentencia SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de
octubre de 2023, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó la postura
respecto a la aplicabilidad de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 y de la indemnización de la Ley 52 de 1975 a favor de los docentes
oficiales afiliados al Fama, en el sentido de indicar que estos últimos no tienen
derecho al reconocimiento de la penalidad en cuestión.
C. La impugnación
7.- Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso impugnación. Para
tal efecto reiteró los argumentos expuestos en la demanda y, además, sostuvo que,
contrario a lo expuesto por el A quo, la solicitud de amparo sí satisface el presupuesto
de relevancia constitucional, toda vez que en anteriores pronunciamientos 5 , esta
Corporación analizó unos casos similares al que nos ocupa, encontrando
acreditados todos los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial y resolvió conceder el amparo deprecado. Por esa razón, solicitó
que se profiera una decisión en igual sentido.
8.- Aunado a ello, indicó que en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho identificado con radicado número 76001-23-31-000-2012-00212-01, el
19 de enero de 2023, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado
profirió fallo en el que “ratificó su postura en el tema de sanción moratoria de la
cesantías anualizadas para los docentes”.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
4 Visibles a folios 92 a 101 y 105 del escrito de tutela.
5 Para tal efecto, citó las sentencias de tutela de 28 de julio, 29 de julio de 2019, 23 de marzo y 17 de abril de
2023.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05329-01
Accionante: Aída Cristina Uriza Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
9.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19916.
E. Análisis del caso concreto
10.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que
se formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las
pruebas arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala
estima que la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito
de relevancia constitucional, conclusión que no varía de cara a los argumentos
traídos por la accionante en su escrito de impugnación. Lo anterior, debido a que:
(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas que
regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por la
Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda
ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su
naturaleza estrictamente económica.
(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de tutela,
es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
11.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la correcta
interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998 y el
numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag.
12.- La parte actora sostiene que en virtud de la aplicación del principio de
favorabilidad las normas referidas son extensibles a los docentes afiliados al Fomag,
razón por la cual la autoridad judicial accionada debía reconocer y ordenar el pago
de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad judicial accionada consideró que
al encontrarse cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989, las disposiciones consagradas en los Decretos 344 de 1996 y 1582 de
1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables al caso de la demandante.
6 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05329-01
Accionante: Aída Cristina Uriza Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
13.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria generada por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho
fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es accesoria
al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su reconocimiento
es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser accesorio, el no
reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo, una afectación al
derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los accionantes se
encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren necesarias para
demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados derechos.
14.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre
si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta
a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que, por
demás, la accionante hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y pago
de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital o
comprometiera gravemente su existencia o supervivencia.
15.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente, carece de relevancia constitucional. En primer
lugar, porque las sentencias proferidas por jueces de igual o menor jerarquía no
pueden ser asumidas como precedentes aplicables al caso concreto.
16.- En segundo lugar, las siguientes providencias no guardan identidad fáctica con
el caso resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no es posible que se
alegue su desconocimiento como precedentes: sentencias SU-332 de 2019 y SU-
041 de 2020 de la Corte Constitucional, y los fallos dictados por el Consejo de Estado
en los procesos 08001-23-33-000-2013-00666-01, 19001-23-33-0002015-00445-02,
40001-23-40-000-2017-00134-01 y 080001-23-40-000-2015-90008-017. Además, la
sentencia emitida por esta Corporación en el proceso 11001-0315-000-2018-03499-
01 tampoco resulta aplicable al caso concreto, pues fue proferida en el marco de una
acción de tutela y solo produce efectos inter partes.
17.- Por último, el alegato relacionado con el desconocimiento de la Sentencia SU-
098 de 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional y de las otras
sentencias enlistadas por la parte accionante en el escrito de tutela, proferidas por la
Sección Segunda de esta Corporación, a primera vista, no permite evidenciar la
7 Los fundamentos fácticos relevantes de estos casos, así como los problemas jurídicos resueltos en tales
providencias se exponen en las sentencias proferidas por esta subsección en los procesos 11001-03-15-000-
2023-00518-00 y 11001-03-15-000-2023-00704-00, entre otros.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05329-01
Accionante: Aída Cristina Uriza Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
existencia de una afectación desproporcionada del derecho a la igualdad o a la
seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.
18.- Así, el Tribunal accionado, siguiendo las pautas establecidas por la Corte
Constitucional, según las cuales en virtud del principio de autonomía los jueces
pueden apartarse del precedente judicial o constitucional, siempre que cumplan con
los principios de transparencia y de razón suficiente, lo cual exige de ellos una
especial carga argumentativa 8 , no ignoró la solicitud del reconocimiento de los
precedentes que la accionante alegó como desconocidos. Por el contrario, se
pronunció sobre ellos y expuso las razones por las cuales consideraba que no eran
aplicables al caso objeto de estudio.
19.- Para tal efecto, en aplicación de la técnica distinguishing, utilizada por la Corte
Constitucional en la sentencia de unificación SU-573 de 2019, la autoridad judicial
procedió analizar los supuestos fácticos que fueron tenidos en cuenta para la
resolución de los casos citados como precedentes y los comparó con los hechos que
fundamentaron el asunto sometido a su consideración. Sin embargo, a partir de ese
método de comparación, encontró que ninguna de las decisiones referenciadas por
la demandante constituían precedente para el caso concreto, dado que no
guardaban similitud fáctica.
20.- En primer lugar, realizó el estudio de la sentencia SU-98 de 2018, que sustentó
principalmente el recurso de apelación, bajo los siguientes criterios: (i) tipo de
vinculación del docente; (ii) vigencia del vínculo laboral; (iii) afiliación al Fomag;
reclamación efectiva del pago de las cesantías; y (iv) clase de sanción moratoria
reclamada. Analizado lo anterior, evidenció que en esa decisión se abordó el estudio
de un docente que no fue afiliado al Fomag y el consecuente desamparo de sus
derechos laborales como trabajador, mientras que la aquí actora si fue afiliada al
aludido fondo y sus derechos laborales no se han menoscabado pues,
independientemente del momento en que fueron transferidos los recursos por parte
de la entidad competente, sus cesantías se encuentran a su disposición para cuando
pretenda su retiro parcial o definitivo.
21.- Asimismo, reconoció la existencia de aquellos pronunciamientos en que el
Consejo de Estado reconoció –por favorabilidad- la sanción objeto de reclamo, en
aplicación del criterio de unificación adoptado por la Corte Constitucional en la
sentencia SU-98 de 2018. No obstante, a partir de los mismos criterios de
comparación utilizados anteriormente, encontró que tampoco existía identidad
fáctica entre aquellos y el caso concreto, pues allí también se cuestionaba la omisión
en la que incurrió la entidad territorial demandada de afiliar al demandante (docente)
al Fomag.
8 Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al
precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si
nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por
un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05329-01
Accionante: Aída Cristina Uriza Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
22.- Incluso, resaltó que la misma Corte, en sentencia SU-573 de 2019, resolvió no
aplicar el aludido fallo de unificación, al considerar que el mismo no tenía efectos
intercomunis, ya que verso sobre el estudio de un asunto en el que el docente no se
encontraba vinculado al respectivo fondo, por lo que las consideraciones allí
expuestas distan de las que les atañe aquellos que si se encuentran afiliados al
Fomag.
23.- Con fundamento en lo expuesto, se observa que el Tribunal enjuiciado concluyó
de forma razonada y suficiente que ante las diferencias fácticas evidenciadas en los
casos analizados, las providencias que se alegaron como precedentes no
comportaban tal carácter para el caso sometido a su consideración, cumpliendo con
ello las cargas de transparencia y argumentación que se ha exigido para esos
efectos.
24.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por la
accionante tendientes a demostrar la ocurrencia de un defecto por desconocimiento
del precedente no implican la existencia de una restricción desproporcionada del
derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte actora. Por el contrario, la
Sala encuentra que el presunto desconocimiento del precedente busca reabrir un
debate de naturaleza legal y económica que fue resuelto por los jueces de lo
contencioso administrativo y que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la
decisión adoptada en sede de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a una mera discrepancia
valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es susceptible de
admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues siempre que se trate de
interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado a fijar aquella
que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los criterios de la sana crítica
y en virtud de su autonomía e independencia.
25.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando quiera
que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una razonable
interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una valoración
adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría una intromisión
arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los principios
constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en forma precisa,
habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal9.
26.- Sin perjuicio de lo anterior, tal como lo indicó el A quo, se debe resaltar que si
bien para la fecha en que se profirió la decisión acusada no existía una tesis
unificadora por parte del Consejo de Estado, como máximo órgano de lo contencioso
administrativo, que permitiera zanjar de manera definitiva la discusión en torno al
reconocimiento de la sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
a favor de los docentes oficiales que se encuentran afiliados al Fomag, lo cierto es
9 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05329-01
Accionante: Aída Cristina Uriza Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
que en un reciente pronunciamiento10 la Sección Segunda esta Corporación unificó
la jurisprudencia sobre la materia bajo el siguiente criterio:
<< Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley
91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado
al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.>>
27.- Finalmente, cabe precisar que el análisis efectuado por la Sala en lo atinente al
requisito de relevancia constitucional, no varía de cara a los argumentos que trajo a
colación el accionante en su escrito de impugnación, ya que pretende que se tengan
en cuenta otras sentencias de tutela proferidas por esta Corporación, para dar por
satisfecho el aludido presupuesto. No obstante, se debe reiterar las decisiones a que
se hizo referencia en el escrito contentivo de impugnación carecen de fuerza
vinculante, pues únicamente tienen efectos inter partes, por lo que al contar con un
alcance personal y concreto solo pueden ser tenidas como un criterio auxiliar de
interpretación, que en este caso no será acogido por la Subsección.
28.- Por lo reseñado anteriormente, la acción de tutela que se examina no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional, máxime si se tiene en cuenta
que su objeto es reabrir un debate estrictamente legal y económico que ya fue
resuelto en las instancias respectivas, lo que desnaturaliza su finalidad como
mecanismo supletivo de protección de los derechos fundamentales. En
consecuencia, la Sala habrá de confirmar la sentencia del 26 de octubre de 2023,
proferida por la Sección Quinta de esta Corporación.
29.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido el 26 de octubre de 2023, por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
10 Sentencia de unificación SU-032-CE-S2 del 11 de octubre de 2023.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05329-01
Accionante: Aída Cristina Uriza Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE11
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
11 VF
9
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.