Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05331-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05331-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05331-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
15 de julio de 2024
Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05331-00 (8577)
CONSEJO DE ESTADO
SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SALA ESPECIAL DE DECISIÓN DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA Nro. 13
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá, quince (15) de julio de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia Pérdida de investidura
Radicación 11001-03-15-000-2023-05331-00 (8577)
Accionante ALI BANTÚ ASHANTI
Accionado MIGUEL ABRAHAM POLO POLO
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 1881 de 2018, procede la Sala
Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Nro. 13 a decidir, en primera
instancia, la solicitud de pérdida de la investidura de la referencia.
ANTECEDENTES
1. Solicitud de pérdida de investidura1
1.1. El 22 de septiembre de 20232 el ciudadano Ali Bantú Ashanti solicitó se
decretara la pérdida de investidura del Representante a la Cámara por la
Circunscripción Especial Afrodescendiente, periodo 2022-2026, señor Miguel
Abraham Polo Polo, porque había “exigido o solicitado a miembros de su Unidad de Trabajo
Legislativo -UTL, parte de sus salarios, supuestamente para cubrir gastos operacionales de su
actividad, labor o funciones, entre otras, como representante a la Cámara”.
Bajo ese entendido, sostuvo que se configuró la causal de desinvestidura prevista
en el numeral 4 del artículo 183 constitucional, relativa a la “indebida destinación de
dineros públicos” 3, pues “solicitarles a los miembros de su UTL la entrega de dineros
correspondientes a parte de sus salarios para cubrir gastos generados por su actividad como
congresista implica que el uso o destinación que se les está dando a tales sumas de dineros es
muy diferente al que legal y constitucionalmente corresponde, como es, que se trata de dineros
destinados a compensar la labor o trabajo de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo
cuya única y exclusiva destinación es la de suplir las necesidades de estas personas y de sus
familias” 4. (sic para toda la cita).
1.2. Como sustento fáctico, en el memorial de subsanación de la demanda5, se
manifestó, en síntesis, que:
1 Índice 2 del Samai.
2 Correo remitido a la dirección de la Secretaría General de la Corporación el 22 de septiembre a las 6.15
p.m.
3 Es cierto que en la solicitud inicial de desinvestidura se hizo mención a la causal de tráfico de influencias
debidamente comprobado, consagrada en el numeral 5 del artículo 183 Superior. Empero, no lo es menos,
que en el memorial de subsanación de la demanda -que se allegó en cumplimiento de lo ordenado en el
auto inadmisorio del 28 de septiembre de 2023-, el actor señaló expresamente que suprimía dicha causal.
4
Apartado de “FUNDAMENTOS DE DERECHO”, consignado en el memorial de subsanación.
5 Índices 9 y 10 del Samai.
1
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Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05331-00 (8577)
• La situación mencionada se registró, al parecer, desde la posesión del
congresista, quien exigió, solicitó verbalmente o indujo a que las personas
que pasan a relacionarse le entregaran mensualmente las siguientes sumas
de su salario: (i) Orlando Luis Álvarez Ladeutt, $4.500.000; (ii) Dayi Merlen
Sedano González, $4.500.000; y, (iii) Carlos Reinel Merchán Torres,
$1.500.000.
• “La forma inicial de entrega de dineros fue la de envíos por la plataforma financiera nequi y
transferencias bancarias a las cuentas del demandado y posteriormente mediante entregas
en efectivo”. (Hecho 3.8 del acápite de “PRESUPUESTOS FÁCTICOS
INTEGRADOS”).
• Los miembros de la UTL mencionados accedían “a las pretensiones del
denunciado para no ver en riesgo su permanencia en el cargo y por el temor ante el poder o
la autoridad que representa el congresista demandado, lo que evidencia también que su
influencia le permite realizar esas prácticas ilegales para obtener parte del salario de sus
subalternos”. (Hecho 3.15 del acápite de “PRESUPUESTOS FÁCTICOS
INTEGRADOS”).
• El 8 de septiembre de 2023 se radicó denuncia ante la Corte Suprema de
Justicia por la posible comisión del delito de concusión. (Hecho 3.17 del
acápite de “PRESUPUESTOS FÁCTICOS INTEGRADOS” )
1.3. Finalmente, el actor consideró que al caso concreto resultaban aplicables
los presupuestos de configuración de la causal de pérdida de investidura
relacionados en las sentencias del 20 de septiembre de 20116 y del 15 de marzo
de 20187, proferidas por esta corporación.
2. Oposición8
El accionado se opuso a la pretensión de desinvestidura, en orden a lo cual señaló
que no le constaban varios hechos, que el fundamento de la solicitud correspondía
a apreciaciones subjetivas, y que existía una animadversión del accionante en su
contra.
Adicionalmente, solicitó la exclusión de la grabación aportada con la demanda por
tratarse de una prueba ilícita y allegó unos extractos de productos bancarios a su
nombre.
3. Exclusión probatoria
Mediante providencia del 3 de noviembre de 20239, se decidió sobre el decreto de
pruebas y, para lo que a estos efectos interesa, se rechazó, de plano, la
grabación allegada con el libelo introductor, así como el documento en el que se
adujo transcribir su contenido.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Ruth Stella Correa Palacio,
sentencia del 20 de septiembre de 2011, radicado Nro.: 11001-03-15-000-2010-01357-00. En palabras del
actor: “Se destaca que la sentencia referenciada anteriormente, se aplica de manera exacta en el caso
concreto, pues en también el representante a la Cámara demandado, MIGUEL ABRAHAM POLO POLO,
a pesar de que no es nominador, destina recursos económicos del sueldo de sus trabajadores para sus
fines personales u otra destinación diferente a la encomendada legalmente, lo cual le genera un
enriquecimiento injustificado en su patrimonio” (Resalto del original).
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M..P.: Hernando Sánchez
Sánchez, sentencia del 15 de marzo de 2018, radicado Nro.: 13001-23-33-000-2016-01107-01.
8
Índice 19 del Samai.
9 Índice 24 del Samai.
2
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Pérdida de investidura
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05331-00 (8577)
Todo, porque se trataba de una prueba ilícita, bien que su validez se analizara a
la luz de la tesis sostenida por la Corte Suprema de Justicia -Sala Penal10- o de la
prohijada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-371 de 202111.
Contra la anterior decisión, el actor, el 10 de noviembre de 2023, presentó recurso
de reposición y en subsidio recurso de súplica, petición que fue desestimada por
el Despacho el 21 de noviembre de 202312. Luego de readecuarse el recurso
interpuesto al de apelación, el Magistrado asignado confirmó la exclusión a través
del auto del 19 de enero de 202413
4. Audiencia pública 14
El 19 de junio de 2024 tuvo lugar la audiencia pública de que trata el artículo 11
de la Ley 1881 de 2018, con la participación del apoderado del actor, la
Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado, el congresista y su
apoderado y las Magistrados que conforman la Sala Especial de Decisión de
Pérdida de Investidura Nro. 13.
4.1. Intervención del apoderado del solicitante15
4.1.1. El apoderado del señor Bantú Ashanti solicitó se decrete la pérdida de
investidura.
Luego de reiterar como aplicable al caso el pronunciamiento del 20 de septiembre
de 2011, proferido por esta corporación, estimó que los hechos imputados en la
demanda sí ocurrieron, razón por la cual se estructuró la causal de indebida
destinación de dineros públicos.
De una parte, porque los recursos públicos estaban destinados a cubrir los
salarios de los miembros de la UTL, no para “temas personales o de la gestión del
representante a la cámara… Entonces, no debe el demandado incumplir los principios de la
administración pública consagrados en la constitución y sus deberes como congresista, al utilizar
su condición dominante y pedir a sus subalternos una parte significativa de sus sueldos con la
finalidad de presuntamente de cubrir gastos operacionales de su actividad, labor o funciones como
representante a la Cámara entre otras, por esa razón la destinación que se está utilizando va en
contra de la ética y del objeto de esos recursos, que además, puede tipificar en el delito de
concusión, de que trata el artículo 404 del código penal colombiano”. De otra, puesto que “el
simple hecho de exigirles o solicitarles a los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo una
parte de sus salarios, el representante a la cámara demandado tiene un incremento patrimonial
personal obtenido de manera arbitraria de sus trabajadores en razón a que con su posición
dominante, logra que ellos le entreguen parte significativa de sus sueldos”.
4.1.2. Con relación al material probatorio, el mencionado profesional:
(i) Destacó el carácter parcializado, en defensa del representante a la Cámara, de los
testigos Dayi Merlen Sedano González -respecto de quien resaltó, además,
10 Porque la grabación no se efectuó por quien se consideraba víctima de un delito.
11 No se dio cuenta del cumplimiento de los requisitos, concurrentes, establecidos por la corporación, ya que
(i) no fue posible establecer que quien realizó la grabación fuera un receptor legítimo de la información
respectiva; (ii) no se allegó elemento que diera cuenta, al momento de realizar el registro, de la firme
convicción, de la creencia calificada, acerca de la existencia de una falta; y, (iii) no se demostró que el
sujeto grabado se encontrara en ejercicio de funciones públicas al momento del registro de su voz.
12 Índice 34 del Samai.
13
Índice 4 del Samai del proceso de radicado Nro. 11001-03-15-000-2023-05331-01, correspondiente a la
segunda instancia del presente asunto.
14
Índice 142 del Samai.
15
Según lo manifestado por la parte en la audiencia pública y lo consignado en el memorial obrante en el
índice 143 del Samai.
3
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Pérdida de investidura
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el tono de voz airado que utilizó al contestar- y Orlando Luis Álvarez Ladeutt,
ya que el accionado es su jefe inmediato y sus trabajos “depende[n] de él” 16;
(ii) Cuestionó el rechazo de la pregunta que formuló al señor Carlos Reinel
Merchán Torres acerca del “destino de los dineros que pedía el demandado” . El
deponente, pese a la exclusión probatoria, podía abordar el tema por
encontrarse en los hechos de la demanda, y conforme con el numeral 10 del
artículo 180 del C.P.A.C.A., modificado por la Ley 2080 de 2021;
(iii) Advirtió el “ocultamiento de la verdad” por parte del señor Álvarez Ladeutt. Al
preguntársele “… si tuvo conversaciones con el señor JOSÉ ENRIQUE PADILLA
ENRIQUEZ, respondió que nunca conversaron, con una persona que durante seis
meses, fue escolta del demandado y se tuvieron que ver, además, el mismo Padilla
Enríquez, dice que si (sic) conversaron…” (Resalto del original); y,
(iv) Manifestó que el señor Padilla Enríquez en algunas ocasiones fue evasivo
en responder.
Agregó, que aun cuando el despacho “limitó” la respuesta del declarante
respecto de la conversación con el señor Álvarez Ladeutt, lo cierto es que el
deponente dio “a entender que sí conversaron del asunto dando un tono irrelevante pero
dando a entender que los hechos sí ocurrieron y que era verdad lo que allí se decía”.
Por demás, este testigo “ni siquiera negó la existencia del video, el cual si bien salió del
debate probatorio, evidenció que los hechos sí ocurrieron, no por lo que se grabó, sino por
lo que manifestó ante el Despacho”.
(v) Puso de presente que la magistrada sustanciadora del proceso negó la
“trazabilidad financiera” de ciertos elementos con los que se podía “demostrar las
consignaciones que recibió el demandado por parte de los miembros de su UTL, el
argumento negatorio fue la protección al derecho a la intimidad y el tema de habeas data” ;
asunto frente al cual estimó que bien puede hacerse uso de la facultad
contemplada en el numeral 10 del artículo 180 del C.P.A.C.A.
Y, finalmente, expresó su desacuerdo con la determinación de negar las
pruebas en mención.
4.2. Intervención del Ministerio Público17
La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó que se
denegara la pretensión de desinvestidura al no demostrarse la indebida
destinación de dineros públicos.
En tal sentido, adujo la ausencia de documentos que dieran cuenta de
“transferencias de la plataforma Nequi y/o consignaciones a la cuenta personal del demandado por
alguno de los miembros de la UTL señalados en los hechos de la demanda”.
Adicionalmente, refirió que la prueba testimonial practicada en el proceso
tampoco acreditaba los supuestos fácticos relacionados en la solicitud de
desinvestidura.
Así, los señores Merchán Torres, Álvarez Ladeutt y Sedano González,
pertenecientes a la UTL del congresista, fueron “coincidentes al expresar que el señor
16 “… la sola situación de acceder a las pretensiones de esta demanda, implicaba para [ellos] quedarse sin
trabajo y su[s] testimonio[s] se [realizaron] en ese sentido, proteger al demandado y así su trabajo”.
17
De acuerdo con lo manifestado por la parte en la audiencia pública y lo consignado en el memorial obrante
en el índice 141 del Samai.
4
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Pérdida de investidura
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Polo Polo no les ha solicitado o exigido que del dinero que perciben como salario por su labor en
la UTL, deban pagar, consignar o entregarlo para cubrir gastos operativos de su función como
miembro de la Cámara de Representante”. También manifestaron que no les constaba ni
presenciaron o tuvieron conocimiento que el hoy accionado solicitara o exigiera a
algún integrante de la misma unidad la entrega de sumas mensuales entre
$1.500.000 y $4.500.000.
Por su parte, el señor Padilla Enríquez no mencionó elemento que acreditara la
conducta anómala imputada al congresista: su labor consistió en garantizar la
seguridad del hoy convocado por pasiva cuando se encontraba en campaña
electoral, y, según sus dichos, el trato que sostuvo con el señor Álvarez Ladeutt
fue esporádico.
4.3. Intervención del apoderado del congresista18
El apoderado judicial del accionado intervino para solicitar que se denegara la
pretensión de desinvestidura, porque no se acreditó la exigencia de dineros por
parte del congresista a miembros de su UTL.
En su sentir, las pruebas válidamente aportadas y practicadas demostraron lo
contrario: la ausencia de solicitud de dineros para cubrir gastos operacionales o
erogaciones de otro tipo, tal como lo informaron los testigos Sedano González,
Álvarez Ladeutt, y Merchán Torres, cuya imparcialidad defendió.
En la misma línea argumentativa, destacó que el señor José Enrique Padilla
Enríquez señaló no constarle la exigencia de dádivas por parte del representante
demandado, y no detentar prueba alguna sobre el mismo asunto.
CONSIDERACIONES
1. Presupuestos procesales. Competencia, legitimación y oportunidad de
la acción
La Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Nro. 13 del Consejo de
Estado es competente para conocer, en primera instancia, de las solicitudes de
pérdida de investidura de los congresistas, en virtud de lo dispuesto en los
artículos 18419 y 237-520 de la Constitución Política, 37-721 de la Ley 270 de 1996,
222 de la Ley 1881 de 2018 y el Acuerdo 011 de 31 de enero de 2018, proferido
por la Sala Plena de esta corporación.
18 Conforme con lo expresado en la audiencia pública.
19 Artículo 184. La pérdida de la investidura será decretada por el Consejo de Estado de acuerdo con la ley y
en un término no mayor de veinte días hábiles, contados a partir de la fecha de la solicitud formulada por la
mesa directiva de la cámara correspondiente o por cualquier ciudadano.
20 Artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: (…). 5. Conocer de los casos sobre pérdida de la
investidura de los congresistas, de conformidad con esta Constitución y la ley.
21 Artículo 37. De la sala plena de lo contencioso administrativo. La Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo tendrá las siguientes funciones especiales: (…). 7. Conocer de los casos de la pérdida de
investidura de los Congresistas, de conformidad con la Constitución y la ley. Las sentencias que ordenen
la pérdida de la investidura deberán ser aprobadas por los miembros de la Sala Plena y por las causales
establecidas taxativamente en la Constitución
22
Artículo 2. Las salas especiales de decisión de pérdida de investidura del consejo de estado conocerán en
primera instancia de la pérdida de investidura de los congresistas a solicitud de la mesa directiva de la
cámara correspondiente o de cualquier ciudadano y por las causas establecidas en la constitución. La Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo será competente para decidir el recurso de apelación frente a la
sentencia de primera instancia, sin la participación de los magistrados que decidieron el fallo recurrido.
5
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En el expediente se encuentra debidamente acreditada la calidad de ciudadano
colombiano de Ali Bantú Ashanti, solicitante de la pérdida de investidura, al ser
portador de la cédula de ciudadanía Nro. 1.064.487.586.
Igualmente está demostrado que el señor Miguel Abraham Polo Polo fue elegido
como Representante a la Cámara por la circunscripción de Comunidades
Afrodescendientes, en representación del Consejo Comunitario “Fernando Río
Hidalgo” 23, periodo 2022-2026.
De ahí, entonces, que se encuentre probada la legitimación por activa y por pasiva
de quienes concurren al presente proceso.
También se observa que la solicitud de pérdida de investidura se presentó dentro
del término otorgado por el legislador para el efecto, esto es, dentro de los 5 años,
contados a partir del día siguiente a la ocurrencia del hecho generador.
De acuerdo con la demanda, los supuestos fácticos imputados se registraron, al
parecer, desde la posesión del congresista, la cual tuvo lugar el 20 de julio de
202224, razón por la que no han transcurrido 5 años para la fecha de presentación
de la demanda de la referencia.
Así las cosas, se encuentran acreditados los presupuestos procesales del
presente medio de control.
2. Ausencia de vulneración del debido proceso de la parte actora
2.1. Según se anotó, en la audiencia pública, el apoderado del demandante
refirió que el despacho encargado del trámite del asunto no accedió al decreto de
pruebas relacionadas con la denominada trazabilidad financiera de los pagos
referenciados en la demanda, y, adicionalmente, rechazó, sin fundamento, una de
las preguntas formuladas al testigo Carlos Merchán Torres.
2.2. Con base en tales aspectos no se estructuró un reproche o cargo concreto.
Empero, la Sala Especial de Decisión estima que no existió afectación del
derecho al debido proceso de la parte actora, específicamente del derecho a
aportar los elementos de convicción que soportaran sus pretensiones, según pasa
a explicarse.
2.2.1. El solicitante no formuló peticiones probatorias orientadas a establecer la
trazabilidad de información financiera.
En el texto de la demanda inicialmente presentada no obra una solicitud sobre el
particular, misma que tampoco se incorporó al momento de subsanar los defectos
advertidos en el auto inadmisorio, tal como se puso de presente en el proveído del
21 de noviembre de 2023, a través del cual, entre otros, se decidió el recurso de
reposición interpuesto por el actor en contra del decreto de pruebas.
No se pierde de vista que, dentro del proceso, la magistrada sustanciadora sí
aludió al deber de reserva de información financiera. Sin embargo, ello tuvo lugar
al negarse la solicitud, del colectivo de abogados Justicia Racial (entidad que no
23 Páginas 23-24 del archivo contentivo de la demanda, obrante en el índice 2 del Samai.
24
Fecha relacionada en los considerandos de la Resolución Nro. 1648 del 21 de julio de 2022, “Por medio de
la cual se hacen unos nombramientos en la Unidad de Trabajo Legislativo de la Cámara de
Representantes”, contenida en los anexos de la demanda obrantes en el índice 2 del Samai.
6
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es parte en el proceso) orientada a obtener el traslado de unos extractos
bancarios que se allegaron con la contestación de la demanda25.
De ahí, entonces, que esa negativa -la de otorgar el traslado de los elementos-
tampoco correspondiera a la decisión de no acceder a una petición probatoria.
Fue por ello, incluso, que el juez de segunda instancia, en auto del 19 de enero de
2024, manifestó que no procedía la apelación para “controvertir la decisión sobre el
traslado de los documentos allegados con la contestación de la demanda”.
2.2.2. Ahora bien, en la audiencia de testimonios del 3 de abril del año en curso,
durante la declaración del señor Carlos Reinel Merchán Torres, la magistrada
sustanciadora rechazó la pregunta orientada a establecer si el declarante asumió,
de su propio pecunio, el pago de gastos operacionales en favor del accionado.
Esa actuación no lesionó los derechos del actor. Primero, porque, al tenor de lo
previsto en el artículo 220 del C.G.P.26, el juez se encuentra habilitado para
rechazar, entre otras, las preguntas manifiestamente impertinentes.
Segundo, porque el ejercicio de esa competencia no fue irrazonable. Se orientó a
impedir que se interrogara acerca de hechos sobre los que no se edificó la causal
de desinvestidura invocada.
Los supuestos fácticos relacionados por el actor correspondieron a la solicitud o
exigencia de dineros a miembros de la UTL con el fin de cubrir gastos
operacionales del demandado; sumas que, según el mismo actor, fueron
entregadas al congresista mes a mes, inicialmente vía transferencia electrónica y
posteriormente en efectivo. Así lo consignó en la demanda de desinvestidura27 y
en el memorial por el que procedió con su corrección28.
Luego, nada se refirió acerca del hecho según el cual servidores de la UTL
sufragaban gastos operacionales directamente y de su propio pecunio. Por lo
tanto, una pregunta en dicho sentido no guardaba correspondencia con el
supuesto fáctico de la causal endilgada.
3. Delimitación del problema jurídico
De conformidad con lo establecido en la demanda de pérdida de investidura, a
esta Sala Especial de Decisión le corresponde definir si el Representante a la
Cámara por la Circunscripción Especial Afrodescendiente para el periodo 2022-
2026, señor Miguel Abraham Polo Polo, destinó indebidamente dineros públicos.
Para el efecto, procederá a realizar algunas anotaciones sobre el alcance del
elemento objetivo de la causal de pérdida de investidura mencionada y,
posteriormente, examinará el caso concreto a la luz de ese contenido.
4. Indebida destinación de dineros públicos. Elemento objetivo de la
causal
El numeral 4 del artículo 183 de la Constitución Política prevé que los
congresistas perderán su investidura “[p]or indebida destinación de dineros
25 Petición del 1° de noviembre de 2023. Índice 23 del Samai.
26
Aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 1881 de 2018.
27
Hechos 3.5; 3.8; y 3.9 del acápite FUNDAMENTOS FÁCTICOS.
28 Hechos 3.5; 3.7; 3.8; 3.9; y 3.10 del apartado PRESUPUESTOS FÁCTICOS INTEGRADOS.
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públicos”; causal reproducida en el numeral 4 del artículo 296 de la Ley 5 de
1992.
Pese a ello, ninguna de las previsiones define con exactitud los elementos
normativos que estructuran la falta, ni especifica los supuestos de hecho que le
dan origen. Por ello, la jurisprudencia de esta corporación ha sostenido que se
trata de una causal de textura abierta o indeterminada.
Sin embargo, el Consejo de Estado, como juez natural de la pérdida de
investidura, ha venido delimitando y precisando su alcance y contenido; labor en
desarrollo de la que ha sostenido que para su configuración se requiere acreditar:
(i) la condición de congresista; (ii) que se esté frente a dineros públicos; y, (iii) que
tales recursos sean destinados indebidamente29.
Así, en palabras de la Corporación30:
“En esta oportunidad, estima la Sala pertinente clarificar que de acuerdo a la estructura
de la norma y los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, para que se configure la causal se
requieren tres presupuestos o elementos:
(i) Que se ostente la condición de congresista;
(ii) Que se esté frente a dineros públicos; y
(iii) Que estos sean indebidamente destinados.
(…) 2.5.2.1. Que se ostente la condición de congresista
La Sala concluye que el sujeto de la oración de la causal contemplada en el artículo
183.4 de la Constitución Política es cualquier congresista, sea este ordenador de gasto,
en condición de presidente de Cámara y Senado, o sin esa atribución, como cuando
tiene injerencia en la destinación de dineros públicos a través de la contratación,
anticipos, autorizaciones o certificaciones, pues como se ha dicho ‘(…) no es necesario
que el sujeto activo de la causal ostente la condición de nominador u ordenador del
gasto, basta con que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez
que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar su menoscabo’. 31
(…) 2.5.2.2. Que se esté frente a dineros públicos
(…) En síntesis, habrá de concluirse que los recursos recaudados del público por los
canales de las autoridades fiscales del Estado ingresan como dinero en sentido amplio y
se transforman en recursos públicos cuando son administrados por aquellos servidores
que señale la ley o el reglamento, según el caso.
29
Lo que se presenta cuando el parlamentario “al ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos estatales establecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados o a otros
sí autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados”. Consejo de Estado,
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Ruth Stella Correa Palacio, sentencia del 20 de
septiembre de 2011, radicado Nro.: 11001-03-15-000-2010-01357-00.
Indebida destinación que puede presentarse en los siguientes eventos: “a. Cuando destina los dineros
públicos a objetos, actividades o propósitos no autorizados. // b. Cuando los destina a objetos, actividades
o propósitos autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se encuentran asignados. // c. Cuando
aplica los dineros a objetos, actividades o propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la ley o
el reglamento. // d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o injustificadas. // f. Cuando la
destinación tiene la finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros. // g. Cuando la
destinación tiene la finalidad de derivar un beneficio no necesariamente económico en su favor o en el de
terceros”. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Rafael Francisco Suárez
Vargas, sentencia del 28 de marzo de 2017, radicado Nro.: 11001-03-15-000-2015-00111-00.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas,
sentencia del 28 de marzo de 2017, radicado Nro.: 11001-03-15-000-2015-00111-00.
31
Nota original: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo
de 2014, consejero ponente: Enrique Gil Botero, expediente: 11001-03-15-000-2013-00865-00,
accionante: Carlos Mario Isaza Serrano, accionado: Roy Leonardo Barreras Montealegre.
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(…) 2.5.2.3. Que los dineros públicos sean indebidamente destinados
(…) la causal se materializa cuando el congresista, en su condición de servidor público,
de manera directa o indirecta, destina dinero público, a fines diferentes a los establecidos
en la Constitución, la ley o el reglamento, en provecho propio o de un tercero,
independientemente de que dicha actuación configure un delito penal 32. Lo importante
es que la conducta del congresista sea determinante del detrimento patrimonial del
Estado, al aplicar los dineros públicos a un fin no autorizado.” 33
5. Caso concreto. No configuración de la causal de pérdida de investidura
5.1. Para lo que aquí interesa, los elementos de convicción obrantes en el
proceso corresponden a los siguientes34:
• Oficio S.G. 2-1176.22 del 2 de agosto de 2022 mediante cual se remitió
copia de la credencial que declara la elección del señor Miguel Abraham
Polo Polo.
• Resolución Nro. 1648 del 21 de julio de 2002, “POR MEDIO DE LA CUAL SE
HACEN UNOS NOMBRAMIENTOS EN UNAS UNIDADES DE TRABAJO LEGISLATIVO DE
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES”.
• Denuncia presentada por Ali Bantú Ashanti, en su condición de
representante legal del colectivo de abogados Justicia Racial, en contra del
hoy demandado por la presunta comisión del delito de concusión.
• Extractos bancarios de julio de 2022 a septiembre de 2023 de una cuenta de
ahorros a nombre del demandado en el Banco Davivienda.
• Extractos bancarios de agosto de 2022 a septiembre de 2023 del producto
financiero Nequi a nombre del accionado.
• Testimonios de Dayi Merlen Sedano González, Carlos Reinel Merchán
Torres, Orlando Luis Álvarez Ladeutt, y, José Enrique Padilla Enríquez.
5.2. El examen de esos medios de prueba permite concluir que, en el caso
concreto, no se demostró el elemento objetivo de la causal de pérdida de
investidura en tanto no se acreditaron los supuestos fácticos en los que ella se
estructuró.
No se probó la exigencia, solicitud verbal o inducción que el accionado realizó A
miembros de su UTL para que le entregaran mensualmente parte de su salario
(primero por transferencia bancaria y posteriormente en efectivo).
5.2.1. Prueba documental y su valoración
5.2.1.1. Los documentos aportados válidamente al expediente dan cuenta: (i) de la
calidad de congresista del demandado, a la que ya se aludió al verificar la
32 Nota original: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 22 de
noviembre de 2016, consejero ponente: Carlos Enrique Moreno Rubio, expediente: 11001-03-15-000-
2015-02938-00, accionante: Juan Carlos Arango, accionado: Luciano Grisales Londoño.
33 Nota original: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 24 de febrero
de 2004, consejero ponente: Alier Hernández Enríquez, expediente: 11001-03-15-000-2003-1149-01,
accionante: Álvaro Gutiérrez Marenco, accionado: Dieb Nicolás Maloof Cuse.
34 No se relacionan los medios rechazados mediante providencia del 3 de noviembre de 2023, a saber: la
grabación aportada por la parte actora con la demanda, así como el documento en el que se adujo
transcribir su contenido; y, las publicaciones de la red social X, y la noticia publicada por la W el 8 de
marzo de 2023, aportados por el demandado.
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legitimación por pasiva; (ii) del nombramiento de Orlando Luis Álvarez Ladeutt y
Carlos Reinel Merchán Torres, en su orden, en los cargos de Asistente V y Asesor
V, para hacer parte de la UTL del señor Polo Polo; (iii) de la radicación de una
denuncia en contra del hoy congresista; y, (iv) de la realización de diferentes
operaciones bancarias en productos a nombre del accionado en Nequi y
Davivienda.
5.2.1.2. En los extractos de Nequi, las operaciones se relacionan en orden
cronológico descendente y cuentan con las leyendas Fecha; Descripción; Valor; y,
Saldo.
Cabe anotar, en relación con las transacciones que implican ingresos o abonos al
producto del congresista, que la mayoría de ellas se describe simplemente como
RECARGA NEQUI PSE, lo que impide identificar quién las efectuó. Este es el caso de
las que tuvieron lugar en las siguientes fechas:
RELACIÓN OPERACIONES RECARGAS NEQUI PSE35
AÑO MES DÍAS
AGOSTO 19, 28, 30, y 31
SEPTIEMBRE 1, 7, 16, 26, y 28
2022
OCTUBRE 7, 9, 16, 19, 21, 22, y 28
DICIEMBRE 1, 5, 7, 8, 27, y 29
ENERO 1, 5, 6, 6, 8, y 28
FEBRERO 3, 20, 24, 25, y 25
MARZO 2, 6, 24, y 27
ABRIL 4, 4, 12, 22, 22
2023 MAYO 11, 15, 21, y 22
JUNIO 5, 16, 21, y 26
JULIO 27
AGOSTO 11, 11
SEPTIEMBRE 3, 4, y 16
En algunas transacciones que tuvieron lugar en los meses de febrero 36, junio37, y
septiembre38 de 2023, el extracto contiene el nombre de quien, al parecer, las
efectuó. No obstante, ninguno de los sujetos relacionados en esos documentos
corresponde a alguna de las personas relacionadas en la demanda como
pertenecientes a la UTL del Representante a la Cámara.
5.2.1.3. Tampoco es posible establecer quién realizó las operaciones en el
producto del Banco Davivienda39.
35 La repetición de fechas indica la realización de varias operaciones de interés para el presente proceso en
el mismo día.
36 Abono del día 12.
37
Abonos de los días 28 y 30.
38 Abonos de los días 8 y 16.
39
No se incluyen las atinentes a: deducciones compras de establecimiento, rendimientos financieros, abono
por gravamen movimiento financiero, abonos por avance de tarjeta de crédito, reversiones, y, abonos
realizados por la Dirección Tesoro Nacional/Cámara de Representantes.
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Existen incrementos por transferencias de fondos a través de la app
transaccional40, depósitos en efectivo con volante oficina41, abono por pago de
proveedores42, y transferencia recibida de Daviplata43, pero de ello no se sigue
que hubieren sido efectuados por miembros de la UTL del representante.
Así las cosas, la prueba documental no demuestra la transferencia de dineros
reseñada en la demanda.
5.2.2. Prueba testimonial y su apreciación
5.2.2.1. Dentro del proceso se encuentra acreditado que, para el momento de sus
declaraciones, los testigos Dayi Merlén Sedano González44, Orlando Luis Álvarez
Ladeutt, y Carlos Reinel Merchán Torres hacían parte de la UTL del hoy
convocado por pasiva. Asimismo, la relación de amistad existente entre ellos45.
De ahí, pues, que se demostraran las relaciones de “dependencia, sentimientos o
interés en relación con las partes” a que alude el artículo 211 del C.G.P., razón por la
cual debe darse por probada la tacha correspondiente.
5.2.2.2. Lo anterior impone un análisis más severo con respecto a cada uno de los
dichos de los testigos para determinar el grado de credibilidad que ofrecen;
examen con ocasión del cual esta Sala Especial de Decisión estima que las
respuestas que brindaron no dan cuenta de la intención de beneficiar o defender
al congresista como mecanismo para conservar su empleo.
5.2.2.3. Agréguese a ello, que lo expresado por tales personas converge en que el
hoy demandado no les ha exigido ni solicitado entregarle dineros de su salario,
así como tampoco saben o les consta que lo haya hecho con otros miembros de
la Unidad de Trabajo Legislativo.
En este sentido, la señora Dayi Merlen Sedano González declaró:
“PREGUNTADO: Desde la fecha de tu posesión, 1° de agosto de 2022, hasta el 25 de
septiembre de 2023, fecha en la que fue presentada la solicitud de pérdida de investidura, el
representante Polo Polo le ha solicitado la entrega de dineros de su salario, específicamente
la suma de $4.500.000. RESPONDIÓ: Nunca (…) PREGUNTADO: ¿Sabe o le consta si el
representante, Miguel Polo Polo, ha inducido o solicitado a otros miembros de su UTL la
entrega de dineros de su salario? RESPONDIO: Todos los miembros de la UTL somos
amigos de Miguel y jamás nos ha pedido plata para apropiarse del dinero”.
Por su parte, el señor Carlos Reinel Merchán Torres señaló:
“PREGUNTADO: Quisiera que nos relate si conoce o le consta sobre los hechos
mencionados. RESPONDIÓ: No, lo desconozco por completo su Señoría. (…)
PREGUNTADO: Desde el 21 de julio del 2022 hasta el 25 de septiembre de 2023, fecha en
la que fue presentada la solicitud de pérdida de investidura ¿el representante Polo Polo le ha
solicitado la entrega de dineros de su salario? RESPONDIÓ: No, señora. PREGUNTADO:
40 Los cuales tuvieron lugar en las siguientes fechas: (i) agosto 18; y, 6 y 13 de octubre de 2022; y, (ii) 17 de
febrero y 7 de marzo 2023.
41 Los cuales tuvieron lugar en las siguientes fechas: (i)5 de septiembre; 21, y 28 de octubre de 2022; y, (iii)
13 de febrero de 2023.
42 El cual tuvo lugar el 9 de mayo de 2023.
43
La que tuvo lugar el 30 de mayo de 2023.
44 Quien dijo pertenecer a la UTL del congresista, y quien a lo largo del proceso ha sido identificada como tal
por demandante y demandado en diversos actos procesales.
45
Así lo puso de presente la testigo Sedano González al señalar dentro de su declaración que: “…Todos los
miembros de la UTL somos amigos de Miguel…”.
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¿Le ha solicitado la suma de $1.500.000 mensuales? RESPONDIÓ: No, señora.
PREGUNTADO: Señor Merchán Torres ¿sabe usted o le consta si el representante a la
Cámara, Miguel Abraham Polo Polo, ha solicitado o ha inducido a miembros de su UTL a la
entrega de dineros de su salario, para que sean girados a él? RESPONDIÓ: No, señora”.
Y el señor Orlando Luis Álvarez Ladeutt manifestó sobre el particular lo siguiente:
“PREGUNTADO: Quisiera que nos relate si conoce o le consta sobre los hechos
mencionados RESPONDIÓ: No su Señoría, no me constan. Del contexto que me narra, no
me constan. PREGUNTADO: Desde el 21 de julio de 2022 hasta el 25 de septiembre de
2023, fecha en la que fue presentada la solicitud de pérdida de investidura ¿el
representante a la Cámara Miguel Abraham Polo Polo le ha solicitado la entrega de dineros
de su salario? RESPONDIÓ: No, su Señoría. PREGUNTADO: Le ha solicitado
específicamente la entrega de $4.500.000 RESPONDIÓ: No, su Señoría. PREGUNTADO:
¿Sabe o le consta si el representante a la Cámara, Miguel Abraham Polo Polo, ha solicitado
a miembros de su UTL a la entrega de dineros de su salario? RESPONDIÓ: No su Señoría,
no tengo conocimiento de una situación de ese tipo.
(…)
PREGUNTADO: El testigo ha tenido conocimiento y de qué manera sobre las presuntas
solicitudes del representante Miguel A. Polo Polo a cualquier otro funcionario que ha hecho
a otros compañeros para gastos operacionales, o sea no lo circunscribo al monto de
$4.500.000 ó $1.500.000, sino si a cualquier suma de dinero que haya tenido que aportar
como empleado de la UTL, para gastos operacionales de la UTL RESPONDIÓ: No he
tenido conocimiento de esa circunstancia PREGUNTADO: No ha tenido conocimiento o
tampoco le han solicitado, la pregunta está dirigida a si ha tenido conocimiento
RESPONDIÓ: La pregunta que usted me dice si la entendí bien es si he tenido conocimiento
que él haya solicitado a algún miembro de la UTL dinero, le digo: no tengo conocimiento de
que esa circunstancia se esté dando”.
Cabe anotar que en lo referido por el señor Álvarez Ladeutt no se observa
contradicción frente al conocimiento y relación que dijo tener con el señor Padilla
Enríquez. Ambos sujetos manifestaron que (i) se conocieron en el contexto de la
campaña electoral del hoy congresista; y (ii) su relación era la de compañeros de
trabajo46.
46 Sobre el particular, el señor Álvarez Ladeutt afirmó lo siguiente en la audiencia de testimonios:
“PREGUNTADO: ¿Usted conoce al señor Jorge Enrique Padilla Enríquez? RESPONDIÓ: Sí, su Señoría.
Él era escolta de Miguel en la campaña. PREGUNTADO: ¿Desde cuándo lo conoció? RESPONDIÓ: Pues
no te podría decir la fecha exacta. Simplemente sé que era escolta de él en la, o sea lo conocí en el
contexto de la campaña electoral PREGUNTADO: ¿Qué tipo de relación tienen? ¿Desde la campaña no
se han vuelto a hablar o qué tipo de relación tiene con él? RESPONDIÓ: No, ninguna relación,
compañeros de trabajo en su momento, pues que yo trabajaba en la campaña de Miguel también y ya
PREGUNTADO: ¿Ha conversado usted con el señor José Enrique Padilla sobre presuntos dineros que el
señor Miguel Abraham Polo Polo les pedía? RESPONDIÓ: No recuerdo haber tenido ese tipo de
conversaciones con él. (….) PREGUNTADO: ¿Cómo lo conoció? RESPONDIÓ: Lo conocí en el contexto
de la campaña, como lo dije: él era el escolta de Miguel y yo trabajaba también en la campaña con Miguel
PREGUNTADO: La otra pregunta que le hice fue el tipo de relación que tenían RESPONDIÓ: Sí, le dije
que era compañeros de trabajo PREGUNTADO: En algún momento conversó con José Enrique Padilla
Enríquez sobre los presuntos dineros que el señor Miguel Abraham Polo Polo les exigía RESPONDIÓ: Te
respondí que no recordaba haber tenido algún tipo de conversación al respecto con José acerca de ese
tema.
Por su parte, el señor Padilla Enríquez manifestó: “(…) PREGUNTADO: ¿Usted conoce al señor Orlando
Luis Álvarez Ladeutt? RESPONDIÓ: Lo conocí por el tema de que él era el abogado del señor Miguel,
pero de que lo conozca de años atrás o algo así no, solamente cuando estuvo en el tema de la campaña
PREGUNTADO: Más o menos en qué fecha RESPONDIÓ: Sí, cuando fue la campaña de él, cuando fue la
campaña. Si él lleva más o menos 1 año de congresista y algo, pues o sea pues lo conocí en ese lapso de
tiempo, nada más cuando estuvo en la campaña PREGUNTADO: Qué tipo de relación ha tenido con el
señor Orlando Luis Álvarez RESPONDIÓ: No, realmente ninguna, pues como le repito él no hacía parte
del esquema, él era, hacía parte de la UTL del señor Miguel, pero más no yo tenía que ver con la
seguridad de él, yo tenía que ver por la seguridad del señor Miguel, por lo tanto me compete es solamente
la seguridad del señor Miguel (…)”.
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5.2.2.4. Por demás, el señor José Padilla Enríquez, quien prestó servicios de
seguridad al hoy congresista en la costa, aseveró que no se le solicitó dinero, y
puso de presente que no le constaba la exigencia de sumas a miembros de la
UTL.
En sus palabras:
“…PREGUNTADO: Durante ese periodo en que usted tenía esa vinculación con el señor
Polo Polo, en la que le prestaba seguridad ¿sabe si el señor Miguel Polo Polo, primero, si el
señor Miguel Polo Polo le solicitó la entrega de dinero de su salario? RESPONDIÓ: A mí no,
jamás, jamás me pidió él dádivas o algo por mantenerme ahí en el esquema, jamás
PREGUNTADO: Entonces, también, en ese tiempo de la vinculación ¿sabe o le consta si el
señor Miguel Polo Polo solicitó o indujo a miembros de su UTL a que le entregaran dineros
de su salario? RESPONDIÓ: Como lo dije al principio, no me consta porque nunca lo vi, o
sea, yo no trabajaba de UTL por lo tanto de la UTL no sé nada; yo sé solamente de su
seguridad de él como tal…”
Así las cosas, los testimonios practicados dentro del proceso y los documentos
aportados al mismo no demuestran los supuestos fácticos pretendidos por el actor
en la acción de pérdida de investidura.
Por lo anterior, es claro que al expediente no se allegó prueba válida que
acreditara los hechos imputados y sobre los que se estructuró la causal de
desinvestidura.
6. Petición de prueba de oficio
En la audiencia pública, el apoderado de la parte actora afirmó que, en el caso
concreto, era procedente acudir a lo previsto en el numeral 10 del artículo 180 del
C.P.A.C.A. para obtener elementos que dieran cuenta de la trazabilidad financiera
de ciertas operaciones, e interrogar al testigo Merchán Torres sobre el “destino de
los dineros que pedía el demandado”.
Esa disposición no es aplicable al proceso de pérdida de investidura, pero la Sala
Especial de Decisión entiende que lo pretendido es solicitar el decreto oficioso de
pruebas.
Ahora bien, es preciso observar que en procesos de pérdida de investidura, la
posición mayoritaria de esta Corporación ha admitido la facultad de decretar
pruebas de oficio, según se señaló en providencia del 11 de mayo de 202147.
No obstante, se advierte que el ejercicio de esa facultad no permite reemplazar a
las partes en el cumplimiento de la carga de la prueba que les corresponde, de
acuerdo con el artículo 167 del C.G.P., aplicable en virtud de lo consagrado en el
artículo 21 de la Ley 1881.
En el sub judice, según se anotó, no se acompañó prueba válida que acreditara
los hechos imputados, de modo que no se observa la existencia de puntos
oscuros o difusos de la contienda que deban esclarecerse por parte del Juez, por
lo que no es procedente acudir a la prueba de oficio.
47
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, M.P.: Gabriel Valbuena Hernández, auto
del 19 de mayo de 2021, radicado Nro.: 11001-03-15-000-2020-04001-00.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05331-00 (8577)
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sala Especial de Decisión Pérdida de Investidura Nro. 13,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1. Negar la solicitud de pérdida de investidura del Representante a la Cámara
Miguel Abraham Polo Polo, promovida por el señor Ali Bantú Ashanti, por las
razones expuestas en esta providencia.
2. Conforme con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 1881 de 2018, contra
esta sentencia procede el recurso de apelación que deberá interponerse y
sustentarse ante la Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Nro.
13, dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación.
3. En firme esta providencia, remitir copia de la misma a la Mesa Directiva de
la Cámara de Representantes, al Consejo Nacional Electoral y al Ministerio
del Interior para lo de su cargo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 15 de la Ley 1881 de 2018.
4. En firme esta providencia, archívese el expediente.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala Especial
Decisión de Pérdida de Investidura No. 13 en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Magistrada Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
(Firmado electrónicamente)
OMAR BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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