Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05345-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05345-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-05345-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
5 de febrero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., cinco (05) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05345-01
Accionante: Jesús Hernando Huertas Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte
actora pretende reabrir el debate estrictamente legal y económico al no estar de
acuerdo con lo decidido por el juez natural – reconocimiento de la sanción moratoria
por el no pago oportuno de las cesantías a favor de los docentes oficiales afiliados
al Fomag.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el accionante en contra de
la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 22 de septiembre de 2023, el señor Jesús Hernando Huertas Vargas,
actuando a través de apoderado judicial, instauró acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, con el fin de que se dejara sin efectos la sentencia del 26
de mayo de 2023, proferida por dicha autoridad judicial al interior del proceso de
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Accionante: Jesús Hernando Huertas Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
nulidad y restablecimiento del derecho1 que promovió contra la Nación – Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio2
y el departamento de Boyacá, con el propósito de que se declarara la nulidad del
acto administrativo BOY2021EE028026 del 28 de agosto de 2021, así como el acto
ficto o presunto configurado el 2 de agosto de 2021, a través del cual se le negó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990,
así como el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a
las cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975, por los servicios prestados durante
el año 2020, en su calidad de docente oficial.
2.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al
Juzgado 3 Administrativo Oral del Circuito de Tunja, despacho que mediante
sentencia del 7 de octubre de 2022, negó las pretensiones de la demanda. Apelada
la decisión, la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, en
sentencia del 26 de mayo de 2023 conformó integralmente la decisión de primera
instancia. De manera concreta, argumentó que el régimen prestacional de los
docentes se rige por una norma especial y que, en ese orden de ideas, tanto el plazo
previsto para el pago de las cesantías en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como
la indemnización por su reconocimiento tardío dispuesta en la Ley 52 de 1975 no
es aplicable a estos empleados públicos.
3.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al
acceso a la administración de justicia3, al:
(i) Incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a
partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que, en virtud del principio
de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones
consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la
consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido
con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe
1 Identificado con número de radicado 15001-3333-003-2022-00017-00/01.
2 En adelante FOMAG.
3 También invocó la garantía de la “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho”, así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica.
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Accionante: Jesús Hernando Huertas Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
ser consignado en el FOMAG a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su
causación.
(ii) Desconocer las reglas fijadas en las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de
2019 y SU-041 de 2020 de la Corte Constitucional, así como el fallo de unificación
proferido por el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2020 dentro del proceso 08001-
23-33-000-2013-00666-01 y las sentencias proferidas por esta misma corporación
en los procesos: 76001-23-31-000-200900867-01, 11001-03-15-000-2018-04617-
01, 11001-03-15-000-2018-04679-01, 11001-0315-000-2018-03499-01, 08001-23-
33-000-2014-00173-01, 08001-23-33-000-2014-00208-01, 08001-23-31-000-2014-
00254-01, 08001-23-33-000-2014-00132-01, 08001-23-31-000-2014-00815-01,
08001-23-33-000-2015-00331-01, 19001-23-33-000-2015-00445-02, 08001-23-33-
000-2014-01127-01, 40001-23-40-000-2017-00134-01, 080001-23-40-000-2015-
90008-01, 080001-23-40-000-2014-90022-01, 080001-23-33-000-2017-00931-01,
080001-23-33-000-2015-00075-01, 76001-23-33-000-2013-00756-01, 080001-23-
40-000-2017-00795-01, 47-001-23-33-000-2019-00359-01, 47-001-23-33-000-
2019-00376-01, 08001-23-33-000-2015-00509-01, 08001-23-33-000-2015-90124-
01, 76001-23-31-000-2012-00212-02 y 47001-23-33-000-2018-00231-01.
4.- Finalmente, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado ha sido acogida por los Tribunales y jueces administrativos del
circuito en diversas decisiones4.
B. Sentencia de primera instancia
5.- La Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 26 de octubre de
2023 declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por no acreditar el
requisito de relevancia constitucional. Consideró que la controversia propuesta por
el accionante carece de carga argumentativa, por cuanto no se expone con
suficiencia los motivos de peso que justifican la intervención del juez constitucional.
C. La impugnación
6.- La parte accionante impugnó la sentencia de tutela de primera instancia,
insistiendo en los argumentos presentados en el escrito de tutela.De igual forma,
explicó que la acción de tutela acredita el requisito de relevancia constitucional, en
4 Visibles a folio 92 a 101 y 105 del escrito de tutela.
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Accionante: Jesús Hernando Huertas Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
la medida en que explica de manera clara y suficiente que la postura jurisprudencial
según la cual el plazo para el pago de las cesantías y la indemnización por su
reconocimiento tardío no es aplicable a los docentes por contar con un régimen
prestacional especial contradice los principios de favorabilidad e igualdad
dispuestos en la Constitución. En ese orden de ideas, considera que, con
fundamento en la sentencia SU-098 de 2018, no se debe excluir al sector oficial
docente de la aplicación de la Ley 50 de 1990, ya que estos también ostentan la
calidad de servidores públicos.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
7.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915.
E. Análisis del caso concreto
8.- Revisados y valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se
formulara el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, las pruebas
arrimadas por los extremos procesales y la decisión adoptada, la Sala estima que
la controversia propuesta por la accionante no cumple con el requisito de relevancia
constitucional debido a que:
(i) El debate propuesto en el escrito de demanda versa sobre la determinación de
aspectos legales, así como la correcta interpretación y aplicación de las normas
que regulan el reconocimiento y el pago de la sanción moratoria derivada de la
consignación tardía del beneficio de cesantías en el régimen prestacional de los
docentes oficiales, debate que de conformidad con el precedente establecido por
la Sala Plena de Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, no guarda
ningún tipo de relación con la garantía de derechos fundamentales, debido a su
naturaleza estrictamente económica.
(ii) Al realizar una revisión de los planteamientos expuestos en la demanda de
tutela, es posible advertir que su propósito es convertir el mecanismo de amparo
constitucional en una instancia adicional o complementaria al litigio contencioso
5 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
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Accionante: Jesús Hernando Huertas Vargas
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
administrativo tramitado y concluido, al pretender reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa por no estar de acuerdo con la decisión de negar las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.
9.- En relación con el carácter meramente legal y económico de la controversia
propuesta por la accionante, se tiene que el debate propuesto versa sobre la
correcta interpretación y la aplicación de las disposiciones establecidas en el
artículo 13 de la Ley 344 de 1996, reglamentado por el artículo 1° del Decreto 1582
de 1998 y el numeral 3° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados
al FOMAG.
10.- La parte actora sostiene que, en virtud de la aplicación de los principios de
favorabilidad y de igualdad, las normas referidas son extensibles a los docentes
afiliados al FOMAG, razón por la cual la autoridad judicial accionada debía
reconocer y ordenar el pago de la sanción moratoria. Por otra parte, la autoridad
judicial accionada consideró que al encontrarse cubierta por el sistema anualizado
de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989, las disposiciones consagradas en los
Decretos 344 de 1996 y 1582 de 1998 y en la Ley 50 de 1990, no eran aplicables
al caso de la demandante.
11.- La Sala advierte que la diferencia interpretativa planteada no tiene relevancia
constitucional, para lo que resulta pertinente reiterar la postura desarrollada por la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019, según la cual la sanción
moratoria generada por no consignación oportuna de cesantías no es un derecho
fundamental, ni está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza
constitucional. Esto debido a que: (i) al ser una penalidad, su naturaleza es
accesoria al derecho a recibir el pago del beneficio de cesantías, por lo que su
reconocimiento es de tipo legal y su carácter es netamente patrimonial y, (ii) al ser
accesorio, el no reconocimiento de la sanción moratoria no implica, en comienzo,
una afectación al derecho a la seguridad social o al mínimo vital, por lo que los
accionantes se encuentran obligados a aportar las pruebas que consideren
necesarias para demostrar cualquier tipo de afectación a los mencionados
derechos.
12.- Teniendo en cuenta lo anterior, el caso objeto de estudio no se proyecta de
manera directa como una vulneración al derecho a la seguridad social de la parte
actora que demanda su protección, pues, tal y como se indicó la sanción por mora
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Accionante: Jesús Hernando Huertas Vargas
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
establecida en la Ley 50 de 1990 es una cuestión económica cuya definición sobre
si está vinculada o no al derecho representado en el pago de la cesantía, no apunta
a la realización de un derecho de raigambre constitucional fundamental, sin que,
por demás, la accionante hubiera acreditado que la negativa del reconocimiento y
pago de la referida sanción produjera una afectación a su derecho al mínimo vital
o comprometiera gravemente su existencia o supervivencia.
13.- Sumado a lo anterior, la presunta configuración del defecto por
desconocimiento del precedente carece de relevancia constitucional. En primer
lugar, porque las sentencias proferidas jueces de igual o menor jerarquía no pueden
ser asumidas como precedentes aplicables al caso concreto, ni tampoco son útiles
para respaldar los alegatos propuestos en la demanda.
14.- En segundo lugar, las siguientes providencias no guardan identidad fáctica
con el caso resuelto por el Tribunal accionado, razón por la cual no es posible que
se alegue su desconocimiento como precedentes: los fallos proferidos por el
Consejo de Estado en los procesos 08001-23-33-000-2013-00666-01, 19001-23-
33-0002015-00445-02, 40001-23-40-000-2017-00134-01 y 080001-23-40-000-
2015-90008-016. Además, las sentencias de tutela con el número 11001-0315-000-
2018-03499-01, 11001-03-15-000-2018-04617-01 y 11001-03-15-000-2018-
04679-01 tampoco resultan aplicables al caso concreto, pues solo producen efectos
inter partes.
15.- Por último, el alegato relacionado con el desconocimiento de la Sentencia SU-
098 de 2018, proferida por la Sala Plena de la Corte Constitucional, a primera vista,
no permite evidenciar la existencia de una afectación desproporcionada del derecho
a la igualdad o a la seguridad jurídica que tenga relevancia constitucional.
16.- Así, el Tribunal accionado, siguiendo las pautas establecidas por el Tribunal
Constitucional, según las cuales en virtud del principio de autonomía los jueces
pueden apartarse del precedente judicial o constitucional, siempre que cumplan con
los principios de transparencia y de razón suficiente, lo cual exige de ellos una
especial carga argumentativa7, reconoció la existencia de la Sentencia SU-098 de
6 Los fundamentos fácticos relevantes de estos casos, así como los problemas jurídicos resueltos en tales
providencias se exponen en las sentencias proferidas por esta subsección en los procesos 11001-03-15-000-
2023-00518-00 y 11001-03-15-000-2023-00704-00, entre otros.
7 Al respecto, la Corte ha señalado que “[e]l principio de transparencia exige que el juez haga «referencia al
precedente que abandona, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si
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Accionante: Jesús Hernando Huertas Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
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2018. Sin embargo, estimó que dicha providencia no constituye precedente para el
caso concreto, toda vez que no guarda identidad fáctica con el asunto objeto de
análisis, pues en ese caso se abordó el estudio de un docente que se retiró del
servicio y que, además, nunca fue afiliado al FOMAG ni a ningún otro fondo,
mientras que el aquí actor si fue afiliado al FOMAG y se le han reconocido y
liquidado sus cesantías anualmente, tal como lo sostuvo la misma Corte en el fallo
SU-573 de 2019.
17.- En los términos precedentes, la Sala estima que los alegatos propuestos por
el accionante tendientes a demostrar la existencia de un defecto por
desconocimiento del precedente no implican la existencia de una restricción
desproporcionada del derecho a la igualdad y la seguridad jurídica de la parte
actora. Por el contrario, la Sala encuentra que el presunto desconocimiento del
precedente busca reabrir un debate de naturaleza legal y económica que fue
resuelto por los jueces contencioso administrativos y que las presuntas deficiencias
alegadas respecto de la decisión adoptada en sede de segunda instancia dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, responden, en realidad, a
una mera discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que
no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues
siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural
el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a
los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.
18.- Cabe destacar que la jurisprudencia constitucional no ha considerado factible
la procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales, cuando
quiera que estas se fundamentan en un determinado criterio jurídico, en una
razonable interpretación de las normas que son aplicables a la causa y en una
valoración adecuada de las pruebas allegadas, ya que de no ser ello así, habría
una intromisión arbitraria del juez de tutela que menoscabaría de manera grave los
principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, los cuales, en
forma precisa, habilitan al juez para aplicar la ley sustancial y procesal8.
19.- Sin perjuicio de lo anterior, no sobra resaltar que si bien para la fecha en que
se profirió la decisión acusada no existía una tesis unificadora por parte del Consejo
nunca hubiera existido» y el principio de razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los
motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por
un juez de igual o superior jerarquía”. Sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022.
8 Cfr. Sentencia T-1015 de 2010 de la Corte Constitucional.
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05345-01
Accionante: Jesús Hernando Huertas Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de Estado, como máximo órgano de lo contencioso administrativo, que permitiera
zanjar de manera definitiva la discusión en torno al reconocimiento de la sanción
moratoria por la consignación tardía de las cesantías a favor de los docentes
oficiales que se encuentran afiliados al FOMAG, lo cierto es que en un reciente
pronunciamiento9 la Sección Segunda esta Corporación unificó la jurisprudencia
sobre la materia bajo el siguiente criterio:
<< Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la
Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté
afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción
moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente
estatal.>>
20.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO. – CONFIRMAR la sentencia del 26 de octubre de 2023 proferida por la
Sección Quinta del Consejo de Estado.
SEGUNDO.– NOTIFICAR la presente decisión a las partes e interesados, por el
medio más expedito.
TERCERO.- ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
9 Sentencia de unificación SU-032-CE-S2 del 11 de octubre de 2023.
10 VF
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05345-01
Accionante: Jesús Hernando Huertas Vargas
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES (E)
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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