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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05355-00

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05355-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la Fiduprevisora S.A. SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por el señor Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los términos señalados por la ley. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05355-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

2 de noviembre de 2023

Radicación: 11001 03 15 000 2023 05355 00
Accionante: Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05355 00
Accionante: ÓSCAR AYONEL CASTAÑEDA RODRÍGUEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE
DECISIÓN NRO. 6

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el debate
planteado por la parte actora es de naturaleza legal y
económica.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por el señor Óscar Ayonel
Castañeda Rodríguez contra la sentencia proferida el 14 de julio de 2023
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión nro. 6, en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado nro. 15001 33 33 004 2022 00148 01.

1. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez, actuando por conducto de
apoderado, promovió acción de tutela en contra de la precitada sentencia,
y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

1
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05355 00.
1

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 05355 00
Accionante: Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez

“[…] 1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
BOYACÁ en la sentencia proferida el día 7/14/2023, en el
expediente rad. No. 15001333300420220014801, transgredió
los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A
LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL
TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO,
GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO
CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la (sic) accionante, por
considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los
postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional
y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el
tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17
de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de
Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento
y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda
[…]”. [Mayúsculas y negrillas en el escrito de tutela].

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte actora informó que es docente y que labora para el departamento
de Boyacá, con vinculación posterior al año de 1990, razón por la que
considera tiene derecho al reconocimiento y pago de las cesantías por el
régimen anualizado, con pago de interés cada año.

Aseveró que el 15 de febrero de 2021 no le fueron consignadas las
cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, fondo al que pertenece
por los servicios prestados en el año 2020.

Manifestó que el 2 de agosto de 2021 solicitó al precitado ente territorial
el pago de las cesantías y el reconocimiento de la sanción por mora
establecida por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
2

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Accionante: Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez

Señaló que por acto administrativo nro. 1.2.5.1.1.-38 del 26 de agosto
de 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá le negó el reconocimiento
y pago de la sanción por mora por la no consignación oportuna de las
cesantías y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías.

El accionante, actuando por conducto de apoderado, presentó demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación –
Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio - FOMAG - y el departamento de Boyacá, con el fin que se
declarara la nulidad del acto administrativo nro. 1.2.5.1.1.-38 del 26 de
agosto de 2021 que le negó el reconocimiento y pago de la sanción por
mora por la no consignación oportuna de las cesantías establecidas en la
Ley 50 de 1990.

La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto Administrativo
de Oralidad del Circuito de Tunja que, en sentencia del 15 de febrero de
2023, negó las pretensiones, decisión contra la que la hoy accionante
interpuso recurso de apelación, y el Tribunal Administrativo de Boyacá en
sentencia del 14 de julio de 2023 la confirmó.

La parte actora indicó que “(…) de acuerdo con la sentencia SU 098 de
2018, en virtud del principio de igualdad, in dubio pro operario y de
conformidad con la Ley 244 de 1995 adicionada por la Ley 1071 de 2006
no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50
de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públicos, son
beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a
modo de correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el
pago oportuno de la prestación social (…)”2.

Anotó que, en el trámite del proceso ordinario, los juzgadores de manera
caprichosa no aplicaron el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes
del sector oficial en calidad de servidores públicos, y que dicha decisión

2
Ibidem.
3

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Accionante: Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez

no sólo vulneró su derecho fundamental a la igualdad, sino también el
derecho a la seguridad social.

Expuso que “(…) la decisión por parte del órgano colegiado en la
jurisdicción contencioso administrativo del Departamento del Quindío
(sic), partió del desconocimiento del derecho (…) para adoptar una
decisión, desconociendo toda la legislación del sector docente oficial de
antaño (…)”3.

Sostuvo que la sentencia cuestionada no fue proferida acorde con la
normatividad que regula la materia y la jurisprudencia y afirmó que el
tribunal accionado no tuvo en cuenta “(…) las últimas 21 sentencias del
Consejo de Estado, donde esta alta jurisdicción contenciosa
administrativa se hace la pregunta ¿le es aplicable sí o no, la Ley 50 de
1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de Estado, al
unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por
sus 6 consejeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han
expedido sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido
siempre positiva (…)”4.

Al respecto, hizo una relación de las sentencias proferidas por la Sección
Segunda de esta Corporación el 6 de agosto de 20205, 24 de enero de
20196, 17 de junio de 20197, 28 de junio de 20198, 29 de julio de 20199,
2 de diciembre de 201910, 10 de junio de 202011, 22 de octubre de 202012,
12 de noviembre de 202013, 17 de junio de 202114, 4 de noviembre de

3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2013 00666 01.
6
Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2009 00867 01.
7
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04617 01.
8
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 04679 01.
9
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2018 03499 01.
10
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00173 01.
11
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00208 01.
12
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 31 000 2014 00254 01.
13
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2014 00132 01.
14
Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 31 000 2014 00815 01 y nro.
08001 23 33 000 2015 00331 01.
4

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Accionante: Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez

202115, 25 de noviembre de 202116, 11 de noviembre de 202117, 20 de
enero de 202218, 3 de marzo de 202219, 28 de abril de 202220, 9 de mayo
de 202221, 19 de mayo de 202222, 1 de julio de 202223, 22 de agosto de
202224, 22 de septiembre de 202225, 19 de enero de 202326 y 26 de enero
de 202327.

Agregó que también se desconoció lo dispuesto por la Corte Constitucional
en las sentencias SU-098 del 17 de octubre 2018, SU-332 del 25 de julio
2019 y SU-041 del 6 de febrero 2020.

Explicó que, en sede de tutela, la Subsección B, Sección Segunda del
Consejo de Estado, en providencia proferida el 23 de marzo de 202328
“(…) analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa,
encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y de
manera específica consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió
en desconocimiento del precedente (…)”29, por lo tanto, solicitó que en el
presente asunto se dicte sentencia de tutela en igual sentido.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes, fueron las siguientes:

15
Proceso identificado con el radicado nro. 19001 23 33 000 2015 00445 02.
16
Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 33 000 2014 01127 01 y 40001
23 40 000 2017 00134 01.
17
Procesos identificados con los radicados nro. 08001 23 40 000 2014 90022 01 y
080001 23 40 000 2015 90008 01.
18
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2017 00931 01.
19
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00075 01.
20
Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 33 000 2013 00756 01.
21
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 40 000 2017 00795 01.
22
Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00359 01.
23
Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2019 00376 01.
24
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 00509 01.
25
Proceso identificado con el radicado nro. 08001 23 33 000 2015 90124 01.
26
Proceso identificado con el radicado nro. 76001 23 31 000 2012 00212 02.
27
Proceso identificado con el radicado nro. 47001 23 33 000 2018 00231 01.
28
Proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00.
29
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05355 00.
5

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 05355 00
Accionante: Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez

3.1. La tutela fue radicada el 25 de septiembre de 2023 a través de la
ventanilla virtual de esta Corporación y correspondió por reparto a la
Sección Primera que, por auto del 27 de septiembre de 202330 la admitió
y dispuso notificar a los magistrados de la Sala de Decisión nro. 6 del
Tribunal Administrativo de Boyacá, así como vincular a la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), al departamento de Boyacá, y al
Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja, como
terceros interesados en el resultado del proceso31.

De igual forma, solicitó al Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del
Circuito de Tunja y/o al Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión nro. 6, que allegaran copia digital o el hipervínculo de consulta
del proceso identificado con el radicado nro. 15001-33-33-004-2022-
00148-00/01, el cual fue remitido32.

3.2. La titular del Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito
de Tunja rindió informe33 en el que ratificó las razones expuestas en la
sentencia del 15 de febrero de 2023, toda vez que, a su juicio, no se
cumplen los supuestos de hecho previstos en el numeral 3 del artículo 99
de la Ley 50 de 1990 para el reconocimiento de la sanción por la
consignación extemporánea de las cesantías anualizadas a favor del ahora
accionante, teniendo en cuenta que el empleador no realiza una
consignación por concepto de las cesantías en una cuenta individual del
docente ante el fondo que este elija, sino que el rubro de cesantías de
descuenta de los recursos del SGP en educación y se traslada de manera
global al FOMAG, al cual obligatoriamente debe afiliarse.

30
Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05355 00.
31
Esta orden se cumplió el 9 de octubre de 2023. Visto en el índice 8 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
05355 00.
32
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05355 00.
33
Visto en el índice 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05355 00.
6

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 05355 00
Accionante: Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez

Mencionó que no existe una sentencia de unificación en materia de
sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías anualizadas a
favor de los docentes, por lo que no ha incurrido en desconocimiento del
artículo 10 de la Ley 1437 de 2011.

3.3. El jefe de la oficina asesora jurídica del Ministerio de Educación
Nacional allegó informe34 en el que solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela.

Señaló que “(…) el accionante pretende que el alto tribunal como juez
constitucional realice una nueva revisión del problema jurídico que
sometió a la jurisdicción contenciosa administrativa el cual ya fue resuelto
con el debido cumplimiento de las formas propias del procedimiento y con
decisiones que ostentan fuerza de cosa juzgada y presunción de acierto y
legalidad, proferidas por el respectivo juez natural del asunto (…)”.

3.4. El magistrado ponente de la decisión de segunda instancia en el
proceso ordinario rindió informe35, en el que indicó que la acción de tutela
de la referencia es improcedente toda vez que lo que se pretende es
reabrir un debate zanjado en sede ordinaria por el juez natural. Agregó
que no se señaló de forma precisa en qué consiste la afectación de los
derechos fundamentales invocados.

Señaló que la decisión de segunda instancia fue debidamente motivada,
el sustento jurídico y jurisprudencial en el que se cimentó la decisión fue
pertinente y abordó con suficiencia el problema jurídico que se determinó
en primera instancia en conjunto con el estudio detallado de los
argumentos de la apelación.

34
Visto en el índice 10 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05355 00.
35
Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05355 00.
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Accionante: Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez

3.5. La coordinadora de tutelas de Fiduprevisora S.A. radicó escrito36 en
el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela y se
desvincule a dicha entidad del trámite tutelar, por no estar legitimados en
la causa por pasiva.

Manifestó que las autoridades judiciales que conocieron el proceso
actuaron conforme a la normativa establecida, sin que se pueda aducir
que el tribunal accionado haya desconocido, entre otros, los precedentes
judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda.

3.6. La apoderada del departamento de Boyacá allegó escrito37 en el que
solicitó que se desestimen las pretensiones de la accionante por no existir
vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Indicó que la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al FOMAG, en
razón a que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial
en materia de reconocimiento y pago de cesantías que no contempla la
sanción.

Adujo que la sentencia SU-098 de 2018 proferida por la Corte
Constitucional no es aplicable al asunto de la accionante, dado que no
guarda identidad fáctica o jurídica.

Agregó que no se puede desconocer la existencia de una sentencia
emitida en derecho que le impide al juez constitucional pronunciarse
frente a hechos ya debatidos al interior de un proceso ordinario.

Mencionó que el Tribunal Administrativo de Boyacá fundamentó su
decisión de manera razonable y que cosa distinta es que la actora no
comparta el criterio del juez de segunda instancia.

36
Visto en los índices 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05355 00.
37
Visto en los índices 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05355 00.
8

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Accionante: Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez

3.7. El expediente ingresó al despacho para fallo el 19 de octubre de
202338.

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA

4.1. COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad
con lo previsto por el artículo 37 del Decreto 2591 del 19 de noviembre
de 199139 y el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de
201540, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de
202141, así como con fundamento en el artículo 13 del Acuerdo nro. 080
del 12 de marzo de 201942 proferido por la Sala Plena del Consejo de
Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

4.2. CUESTIÓN PREVIA

En relación con la solicitud de desvinculación presentadas por la
coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. se advierte que dicha
petición no es procedente debido a que el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – FOMAG, cuyos recursos son administrados por
la Fiduprevisora S.A., fue vinculado al trámite tutelar por tener interés en
el resultado del proceso, atendiendo a que la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, objeto de esta acción, fue promovida en su
contra.

38
Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 05355 00.
39
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política”
40
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del
derecho” y establece las reglas de reparto de la acción de tutela.
41
“Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto
1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las
reglas de reparto de la acción de tutela”.
42
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado,
publicado el 1 de abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
9

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Radicación: 11001 03 15 000 2023 05355 00
Accionante: Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez

4.3. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente43:

4.3.1. El señor Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez, actuando por conducto
de apoderado, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG y el
departamento de Boyacá, con el fin que se declarara la nulidad del acto
administrativo nro. 1.2.5.1.1-38 del 27 de agosto de 2021, mediante el
cual le negaron el reconocimiento y pago de la sanción por mora por la
no consignación oportuna de las cesantías, establecida en la Ley 50 de
1990; así como, la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías dispuesta en la Ley 52 de 1975.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condenara a las
demandadas a reconocer y pagar la sanción por mora establecida en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y a la indemnización por el pago tardío
de los intereses a las cesantías, que se encuentra establecida en el artículo
1 de la Ley 52 de 1975, en la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de
1991.

4.3.2. La demanda correspondió por reparto al Juzgado Cuarto
Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja que, en sentencia del 15
de febrero de 2023 negó las pretensiones.

4.3.3. En contra de la precitada decisión, la hoy accionante interpuso
recurso de apelación y el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión nro. 6, en sentencia del 14 de julio de 2023 la confirmó.

43
Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con el radicado nro. 15001 33 33 004 2022 00148, aportado por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Tunja. Visto en el índice 9 de la Sede
Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 11001 03 15 000 2023
05355 00.
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Accionante: Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez

4.4. ANÁLISIS DE LA SALA

Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una
cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin
de evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera
de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada,
debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar
es la relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los
criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional, para luego, analizarlos en el (ii) caso concreto.

4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha
desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte
de evidente relevancia constitucional44

La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno
de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial es que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,
el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué
la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las
partes”45.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar
claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia

44
Este requisito general de procedencia de la acción de tutela fue denominado en esos
términos en la sentencia C – 590 de 2005.
45
Corte Constitucional. Sentencia C – 590 del 8 de junio de 2005. M.P.: Jaime Córdoba
Triviño.
11

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constitucional; de otro modo, si no lo hace, estaría involucrándose en
aspectos que le corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta
es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia
constitucional46.

A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia
constitucional ha sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, y en la sentencia SU – 573 de 2019 explicó que este
requisito persigue tres finalidades47:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional
deben estar reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la
relevancia48. De manera que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la
acción de tutela será improcedente por no superar la relevancia
constitucional.

46
En ese mismo sentido, en la sentencia C – 590 de 2005, la Corte Constitucional precisó
que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben
aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez
debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
47
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado, verbigracia, en las sentencias SU 128 de
2021 y SU 103 de 2022.
48
Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la
sentencia del 29 de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de
Estado. Expediente nro. 11001 0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
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4.4.2. Caso concreto

La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, se
detendrá en el examen del segundo criterio que la compone, el cual busca
preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

Frente al segundo elemento la Corte Constitucional ha dicho que49 “(…) la
controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional,
las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de
índole económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos
ordinarios dispuestos para su trámite, dado que “le está prohibido al juez
de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter
netamente legal o reglamentario”, so pena de “involucrarse
en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones” (…)”.

En ese sentido, anotó que50 “en tales términos, un asunto carece de
relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la
discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un
derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma “de
rango reglamentario o legal”, salvo que de esta “se desprend[a]n
violaciones a los derechos y deberes constitucionales” o (ii) cuando sea
evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una
controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o
privadas, “que no representen un interés general”.

La Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU – 573 de 2019
revocó los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado que confirmaron la decisión de primera instancia en la que fueron

49
Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos
Bernal Pulido.
50
Ibidem.
13

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negados los amparos y, en su lugar, declaró improcedentes las tutelas
por no cumplir el requisito de relevancia constitucional.

En dicha oportunidad, los accionantes promovieron las solicitudes de
amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la
Subsección B, Sección Segunda del Consejo de Estado que, en el marco
de los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho adelantados
por las allí tutelantes, negaron el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías prevista por
el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996.

Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía
relevancia constitucional con fundamento, entre otras razones, porque la
“sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías no es
un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de una garantía
de naturaleza constitucional”, a lo que agregó que cualquier pago
adicional que no corresponda con la finalidad de las cesantías, sino una
penalidad para el empleador que no las consigna al fondo o las paga al
trabajador, es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente
patrimonial.

La Sala considera que, en este evento, no se cumple el requisito de
relevancia constitucional, comoquiera que el segundo elemento que la
compone, esto es, preservar la competencia y la independencia de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto,
evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera
legalidad o de naturaleza económica, no está superado.

Lo anterior, debido a que la discusión planteada por la parte actora es de
naturaleza legal y económica porque involucra determinar si se debe
condenar a la parte demandada del proceso ordinario al reconocimiento y
pago de la sanción por mora establecida por el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 por el no pago oportuno de las cesantías del año 2020, bajo la
consideración que “(…) no se debe excluir al sector oficial docente de la
aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de
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servidores públicos, son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en
dichas disposiciones (…)”51.

En esa medida, se trata de un debate meramente legal porque conlleva
la discusión sobre el alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, y es de
naturaleza económica, dado que el objeto del litigio en el proceso
ordinario giró en torno al reconocimiento y pago de la sanción por mora
por el no pago oportuno de las cesantías, discusión que no compromete
derecho fundamental alguno.

En este punto, se destaca que la inconformidad de la parte actora radica
en que las autoridades judiciales resolvieron el caso sin atender la
jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado; sin
embargo, en el escrito de tutela se limitó a enlistar las providencias que
estima eran aplicables, pero no identificó frente a cada una de ellas la
regla que estima fue desatendida, lo que implicaba señalar el problema
jurídico que fue resuelto en uno y otro caso, así como la identidad de los
hechos y fundamentos de derecho, comparados con el asunto que es
objeto de tutela, tal y como lo ha considerado esta Sala, en asuntos
similares52.

En cuanto al fallo de tutela proferido el 23 de marzo de 2023 por la
Subsección B, Sección Segunda, del Consejo de Estado, en la acción de
tutela con radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00, que el
accionante citó en el escrito de tutela, es preciso indicar que mediante
providencia dictada el 16 de junio de 202353 fue declarada la nulidad de
lo actuado en dicha tutela a partir del auto proferido el 1 de marzo de
2023 que admitió tal acción, decisión cuyos efectos cobijaron el precitado

51
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 04648 00.
52
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia
del 7 de julio de 2023. C.P. Oswaldo Giraldo López. Expediente radicación nro. 11001
03 15 000 2023 02776 00; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Primera. Sentencia del 31 de agosto de 2023. C.P. Oswaldo Giraldo López.
Expediente radicación nro. 11001 03 15 000 2023 02496 01.
53
Visto en el índice 31 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con
radicado nro. 11001 03 15 000 2023 01063 00.
15

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fallo; y en todo caso, se resalta que los fallos de tutela tienen efectos inter
partes. Además, se trata de una decisión que no fue proferida por esta
Sala, por lo que no resultaría vinculante.

Por último, la Sala destaca que la Sección Segunda de esta Corporación
en sentencia del 11 de octubre de 202354 unificó la jurisprudencia del
Consejo de Estado en el sentido de precisar que “(…) los docentes
estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera
que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en
servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50
de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo
de protección social en favor del docente estatal (…)”. Adicionalmente,
dispuso que la regla jurisprudencial se aplicará a todos los casos
pendientes de solución tanto en vía administrativa como judicial, a través
de acciones ordinarias, en los términos de los artículos 10 y 102 del
CPACA, con la salvedad de aquellos en los que haya operado la cosa
juzgada, los cuales, en función del principio de seguridad jurídica, son
inmodificables.

Por lo anotado, sin ser necesario descender en otras consideraciones, la
Sala declarará improcedente la acción de tutela por cuanto no cumple con
el requisito general de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

54
Proferida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho nro. 66001 33
33 001 2022 00016 01.
16

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Accionante: Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez

FALLA

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación formulada por la
Fiduprevisora S.A.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada
por el señor Óscar Ayonel Castañeda Rodríguez, según lo expuesto en la
parte considerativa de esta sentencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente en los
términos señalados por la ley.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

17

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