Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05358-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05358-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05358-00
Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz
20 de octubre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05358-00
Accionante: Jaime Quijano Calderón
Se niega el amparo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Bogotá D.C. veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05358-00
Accionante: Jaime Quijano Calderón
Accionados: Presidencia de la República y otros
Temas: Acción de tutela por acción u omisión de autoridad pública / Se niega el
amparo porque no se advierte una vulneración de derechos fundamentales
particulares del accionante.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala resuelve la acción de tutela presentada por Jaime Quijano Calderón contra
la Presidencia de la República, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Policía
Nacional, el Ejército Nacional, la Comisión de la Verdad, el Congreso Nacional de
la República, la Sociedad de Activos Especiales y la Unidad Nacional de Protección.
La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015,
333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1.- El 21 de septiembre de 2023 Jaime Quijano Calderón presentó, en nombre
propio, una acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud, <<la verdad y a no ser discriminado ni sometido
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a tratos crueles y violentos>>, vulnerados, en su concepto, por la Presidencia de la
República, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Policía Nacional, el Ejército
Nacional, la Comisión de la Verdad, el Congreso Nacional de la República, la
Sociedad de Activos Especiales y la Unidad Nacional de Protección.
2.- Como pretensiones, el accionante formuló las siguientes (se transcribe):
<< Por este medio solicito a la JEP y la Comisión de la Verdad para que me permitan
hacer unas denuncias a fin de que se puedan cumplir realmente los objetivos de
verdad, reparación y no repetición de los hechos de violación de los derechos
humanos. Para que no se revictimicen a las víctimas (…)
Solicito al señor presidente de la República para que nos dé todas las garantías a las
víctimas, para que ayudemos a esclarecer estas verdades (…)
Al Congreso de la República, para que no pongan más obstáculos a las reformas, las
cuales son algunas de las garantías para la reparación a la población colombiana
popular, campesina, indígenas, afrodescendientes, indigentes y población vulnerable
(…)
A la SAE para que ejerza el efectivo control al patrimonio de los narcotraficantes,
políticos, gremios y comandantes del Ejército y Policía involucrados en la violencia
con los falsos positivos (…) a fin de que, con ese patrimonio, de estos y sus familias
en primer y segundo grado de consanguinidad, se pueda reparar el daño ocasionado
a las víctimas.
Que la JEP haga cumplir el compromiso real de la justicia especial para la paz, que
es contar toda la verdad (…) y no oculten la responsabilidad no solo de los altos
mandos, sino de los presidentes de la República (…)
Solicito a la UNP la protección, ya que lo que vemos es que esta entidad solo protege
es a los políticos corruptos, narcotraficantes, paramilitares y guerrilleros y para las
operaciones del transporte de armas o drogas y no para garantizar la protección a los
líderes sociales que velamos por la protección de los DDHH sin que tengamos que
demostrar este liderazgo por contraseña por ser parte de las JAC, sino que se nos
reconozca como líderes sociales solo por la labor que desempeñamos por defender
y alzar nuestra voz para pedir defender nuestros derechos.
Por el derecho a la vida, la salud, la verdad y a no ser discriminados ni sometidos a
tratos crueles y violentos, por la violación de los DDHH>>.
B. Hechos
3.- Si bien en la acción de tutela el accionante no precisó los hechos concretos, de
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la misma se desprende que es líder social y víctima del conflicto armado. Indica que,
a pesar de ello, no ha recibido protección alguna por parte de las autoridades
accionadas y que no se ha dado cumplimiento a los fines de la Jurisdicción Especial
para la Paz.
C. Fundamentos de la vulneración
4.- El accionante alega que la Presidencia de la República, la Jurisdicción Especial
para la Paz, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Comisión de la Verdad, el
Congreso Nacional de la República, la Sociedad de Activos Especiales y la Unidad
Nacional de Protección vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la salud,
a no ser sometido a tratos crueles ni violentos y a la verdad, en tanto no se le ha
brindado ninguna protección ni reparación en calidad de víctima y líder social.
4.1.- Señala que el Congreso de la República <<ha puesto obstáculos a las reformas
las cuales son algunas de las garantías para la reparación a la población colombiana
popular, campesina, indígenas, afrodescendientes, indigentes y población
vulnerable>>.
4.2.- Afirma que la Unidad Nacional de Protección no le ha brindado la protección
que requiere en calidad de líder social.
4.3.- Sostiene que la Jurisdicción Especial para la Paz no ha dado cumplimiento a
sus objetivos.
D. Oposiciones e intervenciones
5.- La Unidad Nacional de Protección (accionada) señaló que no ha vulnerado
derecho fundamental alguno del accionante, sino que, por el contrario, ha sido
garante de los mismos. Afirmó que el accionante elevó solicitud ante dicha autoridad
para que se realizara un estudio de nivel de riesgo a su favor; sostuvo que el Grupo
del Servicio al Ciudadano dio respuesta a dicha solicitud y le informó que remitió la
petición al procurador delegado para la Fuerza Pública, toda vez que a pesar de
que el actor alegó que ostentaba la condición de víctima del conflicto armado por
desplazamiento forzado, los hechos de amenaza que presentó no estaban
relacionados con las dinámicas del conflicto armado.
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6.- Agregó que existía un proceso ordinario para ser beneficiario de medidas de
protección. En esa medida, explicó que para la vinculación de una persona al
programa de protección liderado por dicha autoridad y para la asignación de
medidas de protección, el solicitante debía pertenecer a alguna de las poblaciones
objeto del programa y se debía surtir a su favor la respectiva evaluación de riesgo.
Finalmente, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela porque no
tenía relación con las pretensiones elevadas por el accionante.
7.- La Sociedad de Activos Especiales (accionada) solicitó que se negara el amparo
y que se le desvinculara de la presente acción de tutela porque no vulneró los
derechos fundamentales invocados por el actor. Agregó que, revisados los correos
y aplicativos oficiales de dicha autoridad, no se encontró petición alguna radicada
por el accionante.
8.- La Presidencia de la República (accionada) solicitó su desvinculación de la
presente acción de tutela, en tanto dicha autoridad no ha desplegado ninguna
acción u omisión relacionada con las situaciones fácticas indicadas por el actor, por
lo que no vulneró sus derechos fundamentales.
9.- La Jurisdicción Especial para la Paz (accionada) solicitó que se negara el
amparo. Indicó que dicha autoridad adelanta sus funciones constitucionales y
legales de administrar justicia de manera transitoria sobre las conductas cometidas
con anterioridad al 1º de diciembre de 2016 por causa, con ocasión o en relación
directa o indirecta con el conflicto armado; sin embargo, el accionante no señaló
cuál fue la conducta reprochada que afectó sus derechos fundamentales.
10.- Manifestó que el accionante presentó un derecho de petición el 29 de diciembre
de 2021, en calidad de director de la Asociación Nacional de Víctimas, capítulo
Norte de Santander, en el que solicitó ser aceptado por la jurisdicción con la finalidad
de comunicar la verdad sobre los hechos relacionados con <<falsos positivos>>,
<<falso testigo>> y <<alianzas de los agentes del Estado>>. Dicha solicitud fue
resuelta el 20 de enero de 2022, mediante escrito en el cual la Jurisdicción Especial
para la Paz explicó al accionante el mecanismo de acreditación de víctimas, de
conformidad con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1922.
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11.- La Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Comisión de la Verdad y el
Congreso Nacional de la República (accionados) pese a estar debidamente
notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
12.- La Sala negará el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
accionante porque no evidencia vulneración alguna por parte de las autoridades
accionadas.
12.1.- Si bien el accionante solicitó la protección de sus derechos fundamentales a
la vida, a la salud, <<a la verdad, a no ser discriminado ni sometido a tratos crueles
y violentos>>, lo cierto es que no indicó cómo las autoridades accionadas vulneraron
sus derechos.
12.2.- Además, la Sala evidencia que la acción de tutela se fundamentó en
circunstancias generales, de las cuales no es posible advertir una vulneración
concreta de los derechos fundamentales del actor, pues se limitó a manifestar que
es víctima del conflicto armado y expuso sus inconformidades frente a las
autoridades accionadas; sin embargo, no precisó las acciones u omisiones que
transgredieron sus derechos fundamentales.
13.- En todo caso, de los informes rendidos por la Unidad Nacional de Protección y
por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Sala evidencia que dichas autoridades
han dado respuesta a las peticiones presentadas por el accionante.
13.1.- En primer lugar, la Unidad Nacional de Protección indicó que el accionante
presentó una solicitud de protección. Al respecto, la autoridad accionada le informó
que la población objeto del Programa de Prevención y Protección de los derechos
a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad se encontraba establecida en el
artículo 2.4.1.2.6. del Decreto 1066 de 2015; añadió que los criterios para la
inclusión al programa de prevención y protección son (i) encontrarse dentro de la
población objeto del programa y (ii) el principio de causalidad.
13.2.- Igualmente, dicha autoridad indicó que quien considere que se le han
afectado sus derechos fundamentales a la vida, libertad, integridad y/o seguridad,
debe brindar su consentimiento y allegar los documentos requeridos, de acuerdo a
lo establecido en el artículo 2.4.1.2.2. del mencionado decreto. Así, la Unidad
Nacional de Protección iniciaría el correspondiente trámite, siempre que la
circunstancia constitutiva de afectación a los derechos fundamentales se enmarcara
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o cumpliera con las características del riesgo establecidas por la Corte
Constitucional en la sentencia T-718 de 2003.
13.3.- A su vez, la Jurisdicción Especial para la Paz le informó al actor que para la
acreditación como víctima requería (i) la manifestación expresa de ser víctima de
un delito y el deseo de participar en las actuaciones; (ii) prueba si quiera sumaria
de tal condición y (iii) un relato de los hechos que especificara, al menos, los hechos
y el lugar de su ocurrencia. Finalmente, señaló al accionante que si requería más
información sobre la Jurisdicción, podría ingresar a la página web www.jep.gov.co.
14.- De acuerdo con lo expuesto, la Sala advierte que, pese a que las mencionadas
autoridades informaron al accionante el trámite para obtener la protección, este no
demostró haber adelantado las actuaciones correspondientes.
15.- Finalmente, la Sala negará la solicitud de desvinculación elevada por la Unidad
Nacional de Protección, la Presidencia de la República y la Sociedad de Activos
Especiales, en tanto estas autoridades fueron vinculadas al presente proceso de
tutela en calidad de accionadas.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República
de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: NIÉGASE el amparo de los derechos fundamentales invocados por el
señor Jaime Quijano Calderón.
SEGUNDO: NIÉGANSE las solicitudes de desvinculación elevadas por la Unidad
Nacional de Protección, la Presidencia de la República y la Sociedad de Activos
Especiales.
TERCERO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.
CUARTO: Si esta decisión no fuere impugnada dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
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QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
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