Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05380-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05380-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05380-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
9 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05380-00
Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05380-00
Demandante: SEBASTIÁN PINEDA RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra providencia que
improbó acuerdo conciliatorio. Requisitos generales de
procedibilidad.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Sebastián Pineda
Rodríguez, en nombre propio, de conformidad con lo establecido en el artículo 1°
del decreto 333 del 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Sebastián Pineda Rodríguez, en nombre propio, interpuso acción de tutela
contra el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Tercera y el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, por
estimar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a
la defensa, de acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y el
principio de seguridad jurídica. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
«PRIMERA. - Que se amparen y reivindiquen mis derechos fundamentales invocados en la
presente acción de tutela.
SEGUNDA. - Que se deje sin efectos la providencia de fecha 22 de junio de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera Subsección “A”, dentro del
proceso de aprobación de conciliación, Expediente: 110013336036-2022-00158-01.
TERCERA.- Que como consecuencia de lo anterior, se emita directamente por el Consejo de
Estado o se ORDENE al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Tercera
Subsección “A”, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación del fallo de la presente
Acción de tutela, emita una nueva providencia, acatando los preceptos Constitucionales y
jurisprudenciales aplicables a este caso, que garanticen mis derechos, de acuerdo con los
resultados y conclusiones de la Junta Médico Laboral No. 122565 de fecha diciembre 1 de
2021.
CUARTA. - Que, en subsidio de lo anterior, y por tratarse de un tema en el cual se definió mi
situación medico laboral, se ordene lo que el señor juez de tutela considere pertinente para la
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
defensa y garantía de mis derechos laborales, haciendo uso de sus facultades extrapetita y
ultrapetita que rigen en materia laboral».
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
El señor Sebastián Pineda Rodríguez prestó el servicio militar obligatorio en el
Ejército Nacional y, en desarrollo de las actividades del servicio, por acta 122565
del 1 de diciembre de 2021, la Junta Médica Laboral fue diagnosticado con
leishmaniasis1, lo que, aduce, le produjo cicatrices en su cuerpo.
Por lo anterior, en aras de agotar requisito de procedibilidad para demandar el
medio de control de reparación directa, inició trámite de conciliación prejudicial que
correspondió a la Procuraduría 97 Judicial I para asuntos administrativos, que, en
diligencia celebrada el 26 de mayo de 2022, expidió acta de acuerdo conciliatorio,
la cual fue remitida para su correspondiente control.
El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Tercera, en auto
del 14 de junio de 2022, improbó el acuerdo conciliatorio, entre otras razones, por
considerarlo lesivo para el patrimonio público, con fundamento en que se
desconoció la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014 del Consejo de
Estado, en relación con las condiciones para la tasación del perjuicio moral en
casos de lesiones personales. Igualmente, porque el acuerdo al que llegaron las
partes no fue sujeto a una valoración juiciosa y equitativa de las secuelas
generadas por la enfermedad, pues, únicamente se tuvo en cuenta la decisión
consignada en el acta de la Junta Médica del Ejército Nacional y no, que las
lesiones causadas a partir de la leishmaniasis cutánea, que no generaron secuelas
funcionales que implicaran una verdadera pérdida de capacidad laboral y no se
allegó prueba adicional en ese sentido.
La Procuradora 97 Judicial I para asuntos administrativos formuló recurso de
apelación en contra de la decisión de primera instancia, para lo cual indicó que el
juez desconoció el valor del acta de la Junta Médica Laboral, a su juicio, ese
documento constituyó la prueba irrefutable de la pérdida de capacidad laboral del
demandante y las secuelas de la lesión sufrida y consideró que la parte demandada
aceptó tácitamente el resultado de la junta, pues no la impugnó. Adujo que si bien
es cierto, la jurisprudencia del Consejo de Estado otorga facultades discrecionales
a los operadores de justicia para la tasación del daño moral, no es menos cierto
que el alto tribunal ha definido parámetros para que esa discrecionalidad no afecte
los derechos de quienes acuden al sistema de justicia en búsqueda de su
protección.
En igual sentido, el apoderado de la parte convocante presentó recurso de
reposición y, en subsidio, de apelación contra el auto del 14 de junio de 2022, con
sustento en el desconocimiento del valor probatorio del acta de la Junta Médico
1 La Junta Médica Laboral, estableció: «A- diagnóstico positivo de las lesiones o afecciones: 1) leishmaniasis cutánea en el 2020
tratado con glucantime sin complicaciones valorado por soporte sivigila y medicina familiar que deja como secuela a) cicatrices en
economía corporal con leve defecto estético sin limitación funcional.
(...) C. Evaluación de la disminución de la capacidad laboral. Le produce una disminucion de la capacidad laboral del diez por ciento
(10%). D. Imputabilidad del Servicio afección 1 se considera enfermedad profesional, literal (B)(EP)».
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
Laboral, la cual no fue impugnada, adujo que la discrecionalidad judicial no podía
exceder las competencias en la valoración realizada por la referida junta.
El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección Tercera, en auto del
26 de agosto de 2022, dispuso “confirmar el auto del 14 de junio de 2022 (…)” y concedió
en efecto suspensivo los recursos de apelación presentados.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
en auto del 22 de junio de 2023, confirmó la decisión del juzgado por considerar
que no se configuró el daño moral respecto de los demandantes porque la afección
que sufrió el señor Pineda Rodríguez fue leve y tampoco existió certeza de que sus
familiares hubieran sufrido un daño por dicho concepto y derivado de la enfermedad
del demandante, por lo tanto, compartió la conclusión del juzgado, según la cual, el
acuerdo al que llegaron las partes fue desproporcionado e improcedente.
3. Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la parte actora, el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá,
Sección Tercera y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, vulneraron los derechos fundamentales invocados, con fundamento
en las razones que se pasan a resumir.
Cuestionó la conclusión, según la cual, en el marco de la prestación del servicio
militar obligatorio no se causó algún daño, ni tampoco a quienes conforman el
núcleo familiar cercano, pues, a su juicio, el material probatorio allegado al proceso,
que fue valorado y analizado por el comité de conciliación de la entidad convocada,
demostró lo contrario. Asimismo, dijo que, no fue desproporcionado el valor de
indemnización al cual se llegó de mutuo acuerdo y con arreglo a los lineamientos
de la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Considera que el Tribunal arribó a una convicción errada y limitó su decisión a
confirmar el fallo de primera instancia, a su juicio, no se realizó un análisis en
extenso de las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon el hecho
dañoso, como tampoco, se tuvo en cuenta las conclusiones a las que llegó la Junta
Medico Laboral, la cual está integrada por profesionales de la salud con amplia
experiencia y cuyas conclusiones son el producto de un análisis detallado de
conceptos médicos, análisis de antecedentes clínicos, etc.
Insistió en que está probado, con los resultados del Acta de Junta Médico Laboral,
el daño sufrido. Afirmó que sus resultados y conclusiones tienen carácter definitivo,
para determinar la pérdida de capacidad laboral de las lesiones adquiridas en el
servicio militar obligatorio.
Mencionó que la conciliación es un mecanismo alternativo de solución de conflictos
regulado por la legislación colombiana, mediante el cual, las partes, gestionan la
solución de sus diferencias y pretensiones, con la ayuda de un tercero neutral y
calificado, en este caso, la Procuraduría General de la Nación, en búsqueda de
evitar el escalamiento del conflicto, posibilitar la efectividad de justicia, acceder a la
administración de justicia en condiciones de equidad, restablecer el tejido social,
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
descongestionar los despachos judiciales, ahorrar tiempo y costos, entre otras
ventajas.
Dijo que la entidad convocada decidió presentar acuerdo conciliatorio, por lo que
considera que a la misma entidad supone que le asiste el derecho al convocante y
con dicha propuesta igualmente busca dar por finalizado el conflicto, a su juicio, si
este acuerdo hubiese sido considerado desproporcionado, la entidad no hubiera
propuesto formula de conciliación.
Agregó que, en casos similares como el suyo, los derechos de los uniformados han
sido protegidos, indicó que, se han aprobado los acuerdos conciliatorios propuestos
por el Misterio de Defensa, por lo que, sostuvo que improbar el acuerdo en su caso
es discriminatorio y vulnera el derecho a la igualdad.
Afirmó que, es un hecho probado, que durante la prestación del servicio militar
obligatorio sufrió lesiones que dejaron como secuela definitiva la pérdida o
disminución de la capacidad laboral equivalente a un 10 %, razón por la cual, aduce
que, tiene derecho a una indemnización por concepto de daño a la salud, daño
moral y daño material y en, general, insistió en que el acuerdo logrado entre las
partes y avalado por la Procuraduría General de la Nación, como agente del Estado,
se encuentra ajustado a derecho.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 27 de septiembre de 2023, admitió la acción
de tutela, ordenó notificar al demandante, a los magistrados que conforman la
Sección Tercera, Subsección A del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Adicionalmente, al titular del Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y a los señores Sanith
del Carmen Rodríguez Payares y Luis Felipe Pineda Rodríguez, como terceros
interesados en el resultado del proceso. Asimismo, publicar en la página web del
Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros
interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
5. Oposición
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
manifestó que la providencia objetada se fundamentó en el presupuesto para la
prosperidad de la conciliación consistente en que el acuerdo no sea lesivo para el
patrimonio público.
Explicó que en la providencia se hizo énfasis en que se aplicaría el criterio de la
proporcionalidad de la indemnización, acogido por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, según el cual, el juez debe realizar la cuantificación del perjuicio moral
de manera proporcional al daño sufrido y debe tener en cuenta las circunstancias
particulares del origen de la lesión, así como sus consecuencias, de acuerdo con
el material probatorio.
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
Que, en orden a lo anterior, concluyó que en el citado caso no se configuró el daño
moral respecto de los demandantes, porque la afección que sufrió el señor Pineda
Rodríguez es leve y tampoco existió certeza de que sus familiares hubieran sufrido
un daño por dicho concepto y derivado de la enfermedad del demandante, motivo
por el cual el acuerdo al que llegaron las partes era desproporcionado e
improcedente, tal como lo expuso el juez de primera instancia.
Refirió que, la providencia hizo completa valoración de las pruebas allegadas, que,
la providencia se fundamentó en el acta de la Junta Médico Laboral para arribar a
las conclusiones expuestas, como se observa en los ordinales 2, 25, 26 y 27 de la
providencia.
Enfatizó que, esa evaluación probatoria permitió constatar que el acta de la Junta
Médica Laboral indicó que la leishmaniasis cutánea padecida por el señor
Rodríguez le causó una secuela leve consistente en cicatrices con un mínimo
defecto estético, sin que ello conllevara una limitación funcional, por lo cual, no se
configuró el daño moral respecto a los demandantes y se destacó que tampoco
existió certeza de que sus familiares hubieran sufrido un daño por dicho concepto
y derivado de la enfermedad del demandante.
En suma, dijo que, en el presente caso no se cumplió con el requisito de relevancia
constitucional, porque: (i) se planteó una situación inexistente cuando indicó que la
sentencia no valoró el acta de la Junta Medica Laboral; (ii) se alegó la presunta
vulneración de derechos y principios fundamentales, sin exponer de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales; (iii) la discusión propuesta en la demanda de tutela no se
refirió a las razones fundamentales de la decisión cuestionada; (iv) se controvierte
la providencia como si fuese una instancia adicional, pues el accionante usó
múltiples de los argumentos empleados en el recurso de reposición y en subsidio
apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia. Con fundamento
en lo cual señala que, la parte actora pretende usar la acción de tutela como una
tercera instancia.
El Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá envió el link del expediente
número 11001333603620220015800.
6. Intervención de los terceros interesados
La Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional y los señores Sanith del
Carmen Rodríguez Payares y Luis Felipe Pineda Rodríguez no se pronunciaron
sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional2, para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales3 y específicas4 de
procedencia de la acción de tutela.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción el señor Sebastián Pineda Rodríguez
pretende que se deje sin efecto la providencia del 22 de junio de 2023, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A,
que improbó el acuerdo conciliatorio del 26 de mayo de 2022, por considerar que
desconoció el material probatorio que obraba en el expediente y que daba cuenta
que el acuerdo de conciliación no fue desproporcionado, porque tuvo en cuenta la
pérdida de capacidad laboral determinada por la Junta Médico Laboral y el valor de
indemnización atendió a la jurisprudencia del Consejo de Estado.
Al respecto, la Sala advierte necesario determinar si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedencia para cuestionar providencias judiciales, en
particular el de relevancia constitucional y el de subsidiariedad, pues, solo en caso
afirmativo, será posible abordar el estudio de fondo de la causal específica de
procedencia invocada. Sin embargo, de manera previa, se hará referencia al
contenido del acuerdo conciliatorio.
2
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido
la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se
admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de
derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal
ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v)
Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se
transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no
se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los
siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin
motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación
directa de la Constitución.
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
Del acuerdo de conciliación
En diligencia celebrada el 26 de mayo de 2022, la Procuraduría 97 Judicial I para
asuntos administrativos indicó:
«Con fundamento en la información suministrada por el apoderado en la propuesta presentada, se
convoca a Conciliación Prejudicial a la Nación – Ministerio de Defesan Nacional – Ejército Nacional,
con el objeto de que se indemnicen y paguen los perjuicios ocasionados a los convocantes por las
lesiones padecidas por el Soldado Regular SEBASTIAN PINEDA RODRIGUEZ , quien durante la
prestación del servicio militar obligatorio contrajo Leishmaniasis. Mediante Acta de Junta Médico
Laboral N ° 122565 del 01 de diciembre de 2021, se le determinó una disminución de la capacidad
laboral del 10%.
El Comité de Conciliación por unanimidad AUTORIZA CONCILIAR de MANERA TOTAL, bajo la
teoría jurisprudencial del Depósito, con el siguiente parámetro:
PERJUICIOS MORALES:
Para SEBASTIAN PINEDA RODRIGUEZ, en calidad de lesionado, el equivalente en pesos de 14
Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
Para SANITH DEL CARMEN RODRIGUEZ PAYARES, en calidad de madre del lesionado, el
equivalente en pesos de 14 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
Nota: No se efectúa ofrecimiento a LUIS FELIPE PINEDA RODRIGUEZ, quien actúa en calidad de
hermano del lesionado, de conformidad con la política adoptada por el Comité de Conciliación en
sesión de fecha 21 de enero de 2016, modificada en sesiones del 30 de noviembre de 2017 y del 31
de enero de 2019.
DAÑO A LA SALUD
No se efectúa ofrecimiento por este concepto, toda vez que no se encuentra acreditada la causación
del daño a la salud, atendiendo a los criterios determinados por el Consejo de Estado, en sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2014.
PERJUCIOS MATERIALES: (Lucro Cesante Consolidado y Futuro)
No se efectúa ofrecimiento por perjuicios materiales, toda vez que, la incapacidad determinada al
lesionado no lo inhabilita para trabajar, por cuanto la autoridad Médico Militar determinó que es APTO
para ejercer la actividad militar, lo que permite concluir que puede realizar cualquier otro tipo de labor
común sin que se vea afectado su desempeño, y la pérdida de la capacidad determinada al
convocante, fue indemnizada en vía administrativa por la entidad, razón por la cual, efectuar un
reconocimiento adicional configuraría una doble erogación a cargo del Estado por la misma causa.
El pago de la presente conciliación se realizará de conformidad con lo estipulado en los artículos 192
y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011. (De conformidad con la Circular Externa N ° 10 del 13 de
Noviembre de 2014, de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado).
El Comité de Conciliación por unanimidad autoriza no repetir, por cuanto por estos hechos no se
evidencia responsabilidad a título de dolo o culpa grave de ningún funcionario. Así la cosas, se
establece que no se reúnen los presupuestos del artículo 90 de la Constitución Política de Colombia
y la Ley 678 de 2001.
Decisión tomada en Sesión de Comité de Conciliación y Defensa Judicial de fecha 06 de Mayo de
2022.
Seguidamente, de lo manifestado por el apoderado de la entidad convocada, se le corre
traslado a la parte convocante, quien al respecto manifiesta:
De manera atenta manifiesto a usted mi decisión de aceptar en su totalidad, la propuesta autorizada
por la secretaría técnica del comité de conciliación del Ministerio de Defensa Nacional-Ejército
Nacional.
Ruego al despacho, por favor corregir un error de digitación, en el cual involuntariamente se puso
como nombre de la madre del lesionado como Diana Johanna Mora Fajardo, cuando el que
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
corresponde en realidad es el de la señora SANITH DEL CARMEN RODRIGUEZ PAYARES.
CONSIDERACIONES MINISTERIO PÚBLICO: En mérito de las intervenciones precedentes la
procuradora judicial, corregirá primeramente lo solicitado por el apoderado de la parte convocante lo
cual efectivamente se pudo corroborar con los documentos allegados como prueba, por tanto, el
nombre de la progenitora del directamente afectado corresponde a SANITH DEL CARMEN
RODRIGUEZ PAYARES.
De otra parte, se considera que, el anterior acuerdo contiene obligaciones claras, expresas y exigibles,
en cuanto al tiempo, modo y lugar de su cumplimiento, (siendo claro en relación con el concepto
conciliado, cuantía y fecha para el pago) y reúne los siguientes requisitos: que la entidad convocada
NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL, se obliga a pagar las
siguientes sumas autorizadas bajo la teoría jurisprudencial del Depósito.
1. PERJUICIOS MORALES:
o Para SEBASTIAN PINEDA RODRIGUEZ, en calidad de lesionado, el equivalente en pesos de
catorce (14) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
o Para SANITH DEL CARMEN RODRIGUEZ PAYARES, en calidad de madre del lesionado, el
equivalente en pesos de catorce (14) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.
(…)».
Requisito de la relevancia constitucional como presupuesto general de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que
le corresponde resolver a otras jurisdicciones.
En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces
de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta,
para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se
debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya
fueron decididos por los jueces competentes.
De la falta de cumplimiento del requisito de relevancia constitucional en el
caso concreto frente al defecto fáctico invocado
La Sala advierte que la acción de tutela no satisface el requisito general de
relevancia constitucional, porque emplea el mecanismo como una instancia
adicional, para insistir en los mismos argumentos de inconformidad resueltos por
las autoridades judiciales demandadas, como se pasa a evidenciar.
Pues bien, como fundamento del recurso de apelación la parte actora expuso,
justamente, argumentos relacionados con el mecanismo alternativo de solución de
conflictos de la conciliación, que, durante la prestación del servicio sufrió afectación
en su salud, sobre el presunto desconocimiento del acta de la Junta Médico Laboral,
en la tasación de los perjuicios con fundamento en la jurisprudencia el Consejo de
Estado.
Idénticos argumentos a los que expuso como fundamento de la acción de tutela,
aunque en diferente orden, pero, tal como se pasa a dejar en evidencia en el
siguiente cuadro:
Argumentos del recurso de apelación Argumentos del escrito de tutela
1. La Conciliación, es un mecanismo alternativo de solución 9. La Conciliación, es un mecanismo alternativo de solución
de conflictos ampliamente regulado por la legislación de conflictos ampliamente regulado por la legislación
colombiana, mediante el cual, las partes, gestionan la colombiana, mediante el cual, las partes, gestionan la
solución de sus diferencias y pretensiones, con la ayuda de solución de sus diferencias y pretensiones, con la ayuda de
un tercero neutral y calificado, en este caso la Procuraduría un tercero neutral y calificado, en este caso la Procuraduría
General de la Nación, buscando evitar el escalamiento del General de la Nación, buscando evitar el escalamiento del
conflicto, posibilitar la efectividad de justicia, acceder a la conflicto, posibilitar la efectividad de justicia, acceder a la
administración de justicia en condiciones de equidad, administración de justicia en condiciones de equidad,
restablecer el tejido social, descongestionar los despachos restablecer el tejido social, descongestionar los despachos
judiciales, ahorrar tiempo y costos, entre otras ventajas. judiciales, ahorrar tiempo y costos, entre otras ventajas. La
Entidad Convocada luego de un juicioso análisis decide por
unanimidad presentar acuerdo conciliatorio, es decir, para
esta misma entidad le asiste el derecho al convocante y con
9
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
dicha propuesta igualmente busca dar por finalizado el
conflicto, si este acuerdo hubiese sido considerado
desproporcionado, con toda seguridad la entidad no
hubiera propuesta formula de conciliación. 2. Está probado que al Convocante SEBASTIAN PINEDA (…), es así́ como está probado, con los resultados del Acta
RODRIGUEZ, con motivo del cumplimiento de su deber de Junta Médico Laboral el daño sufrido en mi integridad
constitucional de la prestación del Servicio Militar física y la consecuente pérdida de capacidad laboral, el cual
Obligatorio, le fueron ocasionados perjuicios en su también afectó en sus bienes jurídicos tutelados a mi
integridad física, por afecciones a la salud derivadas de la núcleo familiar (padres y hermanos), al verme lesionado en
Enfermedad Profesional Leishmaniasis Cutánea, la cual la forma como lo estuve, reflejado en los dolores o
fue debidamente imputada en el Literal B del Artículo 24 del padecimientos sufridos a consecuencia de mi lesión; (…). Decreto 1796/2000 y como tal tiene derecho a que se le
indemnice a él y su núcleo familiar por los daños morales Corolario de lo anterior, se puede deducir sin temor a
sufridos. equivocaciones que, es un hecho probado que, durante la
prestación del Servicio Militar Obligatorio, sufrí lesiones que
dejaron como secuela definitiva, una Perdida o Disminución
de la Capacidad Laboral equivalente a un 10%, razón por
la cual tengo derecho a una indemnización tanto por daño
a la salud, daño moral y daño material, aun
(…)
4. El Acta de Junta Médico Laboral (JML), es un documento 10. El Acta de Junta Médico Laboral (JML), es un
de orden legal debidamente reglamentado (Decreto documento de orden legal debidamente reglamentado
1796/2000 y Decreto 094/1989), suficientemente idóneo y (Decreto 1796/2000 y Decreto 094/1989), suficientemente
que como tal, goza de absoluta presunción de legalidad y idóneo y que como tal, goza de absoluta presunción de
veracidad en todos y cada uno de sus aspectos, tal legalidad y veracidad en todos y cada uno de sus aspectos,
documento es elaborado con estricto rigor técnico - tal documento es elaborado con estricto rigor técnico -
científico, obedeciendo a procedimientos propios de la científico, obedeciendo a procedimientos propios de la
Autoridad Médico Laboral de la Institución Militar, por lo que Autoridad Médico Laboral de la Institución Militar, por lo
sus conclusiones no obedecen a criterios subjetivos o que, sus conclusiones no obedecen a criterios subjetivos o
caprichosos, sino a un análisis detallado de los caprichosos, sino a un análisis detallado de los
antecedentes, Historia Clínica y Conceptos Médicos antecedentes, Historia Clínica y Conceptos Médicos
Ordenados por Medicina Laboral, asimismo se evalúan las especializados Ordenados por Medicina Laboral,
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el asimismo, se evalúan las circunstancias de tiempo, modo y
exmilitar adquirió o sufrió́ las lesiones, por lo cual la lugar en las que el exmilitar adquirió o sufrió las lesiones,
Autoridad Medico Laboral, lo imputo como en el servicio, por lo cual la Autoridad Medico Laboral, lo imputó como en
con causa y razón del mismo. el servicio, con causa y razón del mismo. Desconocer dicho
documento, lo como lo hizo el Tribunal hoy accionando, es
incurrir en un error de hecho al no hacer una valoración del
material probatorio allegado.
(…). 6. La tasación económica estimada en la solicitud de 11.
La tasación económica estimada en la solicitud de
conciliación, está basada en criterios objetivos definidos, conciliación, está basada en criterios objetivos definidos,
aprobados y reiterados ampliamente por la jurisprudencia aprobados y reiterados ampliamente por la jurisprudencia
del Consejo de Estado, respetando los topes establecidos, del Consejo de Estado, respetando los topes establecidos,
tanto para el lesionado como para su núcleo familiar, según tanto para el lesionado como para su núcleo familiar, según
su relación afectiva y de consanguinidad, respetivamente; su relación afectiva y de consanguinidad, respetivamente;
a su vez, ya en el marco de la conciliación, la Entidad a su vez, ya en el marco de la conciliación, la Entidad
convocada, consciente de la responsabilidad que le asiste, convocada, consciente de la responsabilidad que le asiste,
tuvo a bien acceder a una mínima parte de las tuvo a bien acceder a una mínima parte de las
pretensiones, por cuanto no advirtió desproporción ni pretensiones, por cuanto no advirtió desproporción ni
lesividad de su patrimonio en las pretensiones impetradas lesividad de su patrimonio en las pretensiones impetradas
objetivamente, mucho menos en el acuerdo alcanzado. objetivamente, mucho menos en el acuerdo alcanzado. 7. Si bien es cierto que, la jurisprudencia del Consejo de 13. Si bien es cierto que, la jurisprudencia del Consejo de
Estado, otorga facultades discrecionales a los operadores Estado, otorga facultades discrecionales a los operadores
de justicia, no es menos cierto que el Alto Tribunal, ha de justicia, no es menos cierto que el Alto Tribunal, ha
definido parámetros para que esa discrecionalidad no definido parámetros para que esa discrecionalidad no
afecte los derechos de quienes acuden al sistema de afecte los derechos de quienes acuden al sistema de
justicia en búsqueda de su protección, por ello, en su justicia en búsqueda de su protección, por ello, en su
jurisprudencia unificada y ampliamente aceptada por los jurisprudencia unificada y ampliamente aceptada por los
diferentes despachos judiciales, ha establecido topes o diferentes despachos judiciales, ha establecido topes o
límites para los pedimentos según su gravedad o levedad y límites para los pedimentos según su gravedad o levedad y
la relación con la víctima y de esta como tal. Desconocer la relación con la víctima y de esta como tal. Desconocer
dichos antecedentes jurisprudenciales, sería atentar contra dichos antecedentes jurisprudenciales, sería atentar contra
el principio de seguridad jurídica, contra el acceso a la el principio de seguridad jurídica, contra el acceso a la
administración de justicia y discriminatorio para el administración de justicia y discriminatorio vulnerando el
lesionado frente a sus propios compañeros a quienes ya se principio de igualdad frene a mis compañeros con el mismo
les ha indemnizado precisamente en la misma proporción, tipo de afectaciones, a quienes ya se les ha indemnizado
pues esa es la política del comité de conciliación que utiliza precisamente en la misma proporción, pues esa es la
la entidad convocada, en casos similares. política del comité de conciliación que utiliza la entidad
convocada, en casos similares.
(...). 9. (…)
Así las cosas, no es desproporcionado el quantum 12. Así las cosas, no es desproporcionado el quantum
indemnizatorio del acuerdo logrado en la etapa indemnizatorio del acuerdo logrado en la etapa
10
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
conciliatoria, tampoco hay cabida para tildar de lesivo conciliatoria, tampoco hay cabida para tildar de lesivo
patrimonialmente dicho acuerdo, pues como se evidencia, patrimonialmente dicho acuerdo, pues como se evidencia,
lo acordado voluntariamente por ambas partes, equivale lo acordado voluntariamente por ambas partes, equivale
solo al 70% de lo pedido en una de las pretensiones (daño solo al 70% de lo pedido en una de las pretensiones (daño
moral), que como ya se advirtió, dicho pedimiento respetó moral), que como ya se advirtió, dicho pedimiento respetó
en todo momento los topes máximos establecidos en todo momento los topes máximos establecidos
jurisprudencialmente para la indemnización de lesiones en jurisprudencialmente para la indemnización de lesiones en
la integridad física y daño moral, como se corrobora en el la integridad física y daño moral, como se corrobora en el
siguiente cuadro diseñado y avalado por el máximo siguiente cuadro diseñado y avalado por el máximo
Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde el año Tribunal de lo Contencioso Administrativo desde el año
2014. 2014.
Corolario de todo lo anterior, se tiene que el acuerdo De la misma forma, se tiene que el acuerdo logrado entre
logrado entre las partes y avalado por la Procuraduría las partes y avalado por la Procuraduría General de la
General de la Nación como agente del Estado en defensa Nación como agente del Estado en defensa de sus
de sus intereses generales, se encuentra ajustado al marco intereses generales, se encuentra ajustado al marco legal
legal y dentro de las condiciones establecidas por el mismo y dentro de las condiciones establecidas por el mismo
Estado, y fue precisamente un Agente del Estado, la Estado, y fue precisamente un Agente del Estado, la
entidad convocada (MDN), la que propuso de manera entidad convocada (MDN), la que propuso de manera
unánime a través del comité definido para tales fines, los unánime a través del comité definido para tales fines, los
parámetros de conciliación lograda, por lo que, no parámetros de conciliación lograda, por lo que, no
aprobarlo sería supremamente injusto con quien otrora, en aprobarlo sería supremamente injusto con quien otrora, en
cumplimiento de su deber constitucional de manera leal y cumplimiento de mi deber constitucional de manera leal y
comprometida, sirviéndole al Estado, vio lesionado sus comprometida, acudí́ al servicio del Estado, viendo
bienes jurídicos tutelados; asimismo sería tanto como lesionado mis bienes jurídicos tutelados; asimismo sería
admitir que en el Estado social y democrático de derecho, tanto como admitir que en el Estado social y democrático
no todas las personas gozan de las mismas oportunidades, de derecho, no todas las personas gozan de las mismas
ni disponen de los medios que les permitan garantizar sus oportunidades, ni disponen de los medios que les permitan
derechos. De ahí la necesidad del papel activo del Estado garantizar sus derechos. De ahí la necesidad del papel
en a favor de aquellas personas ubicadas en situación de activo del Estado en a favor de aquellas personas ubicadas
desventaja social, económica y educativa, para compensar en situación de desventaja social, económica y educativa,
los profundos desequilibrios, mediante la acción estatal para compensar los profundos desequilibrios, mediante la
eficaz. acción estatal eficaz.
Resulta evidente que, exactamente, los mismos argumentos que el señor Pineda
Rodríguez expuso como fundamento del recurso de apelación del auto que improbó
la conciliación, son lo que ahora aduce a instancias de la acción de tutela de la
referencia, pero, a partir del denominado defecto fáctico.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A, al resolver los argumentos del recurso de apelación, confirmó la
decisión por considerar, igualmente, que el acuerdo al que llegaron las partes fue
desproporcionado e improcedente, tal como se evidencia de los siguientes apartes
de la providencia cuestionada.
«(…)
18. La sala recuerda que el acuerdo conciliatorio sometido a aprobación judicial versa sobre el perjuicio moral
solicitado por los demandantes y que fuera acordado en un monto equivalente a 14 S.M.L.M.V., para el señor
Pineda Rodríguez y su señora madre en una proporción igual.
19. En ese sentido, el juzgado de primera instancia indicó que las partes dieron un alcance errado a la sentencia
de unificación del Consejo de Estado que definió lo pertinente, en lo que atañe al perjuicio reclamado.
20. En tal sentido, la sentencia de unificación del 28 de agosto de 20145 establece que la indemnización a reconocer
por concepto de perjuicio moral a las víctimas directas o indirectas en los casos de lesiones personales se asigna
5 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.
11
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
según el nivel de relación afectiva, pero en función de la gravedad o levedad de la lesión y conforme a lo probado
en el proceso.
21. Así mismo, la sala ha aplicado el criterio de la proporcionalidad de la indemnización – acogido por la Sección
Tercera del Consejo de Estado6 –, según el que el juez debe realizar la cuantificación del perjuicio moral de manera
proporcional al daño sufrido y debe tener en cuenta las circunstancias particulares del origen de la lesión, así como
sus consecuencias, de acuerdo con el material probatorio7.
22. Lo anterior, con el fin de evitar que la determinación del valor del perjuicio sea una tarea mecánica en la que el
juez se limite a verificar únicamente la disminución de la capacidad laboral sin valorar las circunstancias propias
de los hechos probados8.
23. De esa manera, esta sala insiste en que la cuantificación del perjuicio moral debe realizarse por el juez de
acuerdo al arbitrio judicial, las reglas de la lógica, la sana crítica y de manera proporcional al daño sufrido, como
también se debe tener en cuenta las circunstancias particulares del origen de la lesión, así como sus
consecuencias, de acuerdo con el material probatorio.
24. Además, esa posición también se sustenta en la inexistencia de precedente jurisprudencial alguno o una
posición armónica que defina como se deben aplicar los criterios de unificación en estos casos. Por el contrario,
hay diversas tesis e interpretaciones de los parámetros fijados en la sentencia de unificación9.
25. Ahora bien, la sala reitera que en al acta de la Junta Médica Laboral del señor Sebastián Pineda Rodríguez se
da cuenta de que la leishmaniasis cutánea padecida, le causó una secuela leve consistente en cicatrices con un
mínimo defecto estético, sin que ello conllevara una limitación funcional.
26. Consta que el Ejército Nacional le brindó al demandante el tratamiento médico requerido con «glucantime». Y
si bien esa patología le generó al afectado la secuela indicada, esa atención médica fue suficiente.
27. Entonces. la sala considera que en este caso no se configura el daño moral respecto de los demandantes
porque, la afección que sufrió el señor Pineda Rodríguez – se reitera - es leve y tampoco hay certeza de que sus
familiares hubieran sufrido un daño por dicho concepto y derivado de la enfermedad del demandante.
28. Lo anterior se traduce en que el acuerdo al que llegaron las partes sea desproporcionado e improcedente, tal
como lo expuso el juez de primera instancia.
(…)».
De acuerdo con lo anterior, es evidente que la parte actora, como fundamento de
la acción de tutela, insiste en idénticos argumentos a los que propuso como
fundamento del recurso de apelación.
Como se anticipó, por más informal que sea la tutela y, aunque sus objetivos sean
la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de
interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones
de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional. Justamente por eso
6 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de septiembre de 2021, rad. 85001-23-31-
000-2011-00214-01 (52470), M.P. María Adriana Marín y sentencia del 08 de marzo de 2017, rad. 05001-23-31-000-2001-02458-
01(40098), M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
7 Ver entre otras: sentencia del 19 de octubre de 2017, Exp. 1100133430332015003790, M.P. Juan Carlos Garzón Martínez,
sentencia del 05 de octubre de 2017, rad. 1100133336 033 20120016501 M.P. Bertha Lucy Ceballos Posada y sentencia del 14 de
mayo de 2020, rad. 11001334303320150037901, M.P. Bertha Lucy Ceballos Posada.
8 En igual sentido se pronunció esta sala en las sentencias del 17 de noviembre de 2016, exp. 110013333603120140008201, 02 de
septiembre de 2016, exp. 11001333603820130039801, M.P. Bertha Lucy Ceballos Posada y 02 de junio de 2016, exp.
11001333603820130043501, M.P. Juan Carlos Garzón Martínez, entre otros.
9 Una de estas posiciones establece que la aplicación de la tabla que contiene los parámetros en mención debe ser aplicada de
manera uniforme, independiente a la gravedad de la lesión, siempre que se ubiquen en el mismo rango. Esta ratio decidendi se puede
observar en las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 16 de agosto de 2018, C.P:
Marta Nubia Velásquez Rico. Radicado 270012131000201110226-01(50776); Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección B,
sentencia del 06 de noviembre de 2018, C.P: Ramiro Pazos Guerrero. Radicado 81001233100020100005001(46434); Consejo de
Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 28 de marzo de 2019, C.P: Marta Nubia Velásquez Rico. Radicado
110010315000201803551 01 (AC).
Existe otra posición que determina que la indemnización debe obedecer al arbitrio judicial y a un juicio de proporcionalidad, siempre
y cuando no se modifique el parámetro establecido. Al respecto, consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sección
Tercera Subsección A, sentencia del 24 de mayo de 2018, M.P: Marta Nubia Velásquez Rico. Radicado 76001233100020080095901
(47004); Consejo de Estado, Sección Tercera Subsección A, sentencia del 13 de noviembre de 2018, M.P: Marta Nubia Velásquez
Rico. Radicado 52001233100020070046702 (60405); Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección B, sentencia del 07 de
noviembre de 2018, M.P: César palomino Cortés, Radicado 110010315000201803551 00 (AC).
12
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el trámite cuestionado,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
De acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que en el caso objeto de estudio la
acción de tutela es empleada para provocar un nuevo pronunciamiento sobre
exactamente la misma controversia planteada en el trámite acá cuestionado, lo cual
hace improcedente el ejercicio del mecanismo constitucional y, por ende, cualquier
pronunciamiento de fondo sobre el asunto por parte del juez de tutela.
Debe precisarse que, aunque lo relacionado con el desconocimiento al derecho a
la igualdad, si constituyó un argumento distinto a los expuestos en el recurso de
apelación, no tiene vocación de prosperidad, si se tiene en cuenta que las
providencias mediante las que se aprobó la conciliación de los soldados Enoc David
Orozco, Jhon Eber Parra y Miguel Ángel Oviedo, tales fueron proferidas por
juzgados administrativos, distintos al que correspondió el conocimiento del acuerdo
conciliatorio del aquí demandante, por lo que, no puede predicarse la alegada
vulneración.
Adicionalmente, debe indicarse que la solicitud de amparo tampoco cumple el
requisito general de subsidiariedad10, si se tiene en cuenta que, de acuerdo con los
lineamientos fijados por la jurisprudencia constitucional, «en principio, la tutela es
improcedente para controvertir los autos mediante los cuales los jueces efectúan el control de
validez de acuerdos de conciliación (…), bien sea que se trate de un auto que apruebe o impruebe
un acuerdo conciliatorio»11.
La Corte Constitucional, en sentencia T-296 de 2018, indicó que, por regla general,
en relación con los autos que imprueban el acuerdo conciliatorio, la tutela es
improcedente porque se trata de una providencia que se profiere para agotar el
requisito de procedibilidad de la conciliación, con el fin de acceder a un proceso
judicial, de manera que, sería preciso dar inicio al proceso correspondiente para
que sea el juez competente quien resuelva de fondo el asunto sometido a su
conocimiento en el marco del trámite previsto por el ordenamiento para el efecto,
salvo que, se acredite que (i) que el mecanismo no es idóneo ni eficaz, o (ii) que
“siendo apto para conseguir la protección, en razón a la inminencia de un perjuicio irremediable,
pierde su idoneidad para garantizar la eficacia de los postulados constitucionales, caso en el
cual la Carta prevé la procedencia excepcional de la tutela”.
10
Dentro de los requisitos generales de procedencia se encuentra el de subsidiariedad, consistente en “(…) (ii) Que se hayan agotado
todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (…)”.
Dicho requisito consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo
principal de protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la ley estipulan
una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 prevén como causal de
improcedencia de la acción de tutela la existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados. De
manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los mecanismos de protección que el ordenamiento
jurídico ha dispuesto para la protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales.
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo menos, probar que se agotaron los recursos que
tenía a su disposición, pues, de lo contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo involucra la
interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en
la acción de tutela.
Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede
resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos fundamentales». Asimismo, en
sentencia T-126 de 2019, la Corte indicó que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia de la
justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen procedente el amparo».
11 Ver, entre otras, las sentencias T-1114 de 2008 y T-832 de 2013.
13
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Demandante: Sebastián Pineda Rodríguez
Dado que ninguno de esos supuestos fue acreditado por la parte actora, en el
presente caso, no se satisface el requisito de subsidiariedad, porque el accionante
pudo continuar con el proceso ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
para lograr que estudie la procedencia de sus pretensiones reparatorias del daño
antijurídico que alega le fue causado.
En suma, en el presente caso no se cumple con los requisitos generales de
procedencia y, en esa medida, se impone declarar improcedente la acción que
tutela que ejerció el señor Sebastián Pineda Rodríguez contra el Juzgado Treinta y
Seis Administrativo de Bogotá, Sección Tercera y el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Sebastián Pineda
Rodríguez contra el Juzgado Treinta y Seis Administrativo de Bogotá, Sección
Tercera y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección A.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
14
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