Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-05385-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2023-05385-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2023-05385-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
22 de enero de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 22 de enero de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05385-01
Demandante: Janson Will Ortiz Velasco
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que
confirmó la decisión de primer grado que negó las pretensiones de la demanda dentro de
un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se reclamó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de cesantía a un
docente vinculado al FOMAG.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 19 de
octubre de 2023, por la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia
constitucional2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 25 de septiembre de 2023, Janson Will Ortiz Velasco, mediante
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a
la administración de justicia, así como de los principios de seguridad
jurídica y (se trascribe) “perpetuatio jurisdictionis[,] desconocimiento del
precedente vertical” y situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho,
con ocasión de la Sentencia de 16 de junio de 2023, proferida por la
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por Janson Will Ortiz Velasco, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. (…)”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05385-01
Demandante: Janson Will Ortiz Velasco
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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autoridad accionada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 15001-33-33-001-2022-00110-02.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia
proferida el día 6/16/2023, en el expediente rad. No.
15001333300120220011002, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA
SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no
se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en
las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda
del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes: (…)”
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:
4. 1) Janson Will Ortiz Velasco trabaja como docente oficial y se vinculó
al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) después de
1990, por lo que, a su juicio, le debían reconocer y pagar las cesantías bajo
el régimen anualizado.
5. 2) El 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no
consignó al FOMAG las cesantías por los servicios que prestó el señor Ortiz
Velasco en 2020.
6. 3) El 5 de agosto de 2021, la parte actora solicitó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, por la no consignación oportuna de las cesantías, así como la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.
7. 4) Mediante el acto administrativo No. 1.2.5.1.1-38 de 26 de agosto
de 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá negó lo solicitado.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05385-01
Demandante: Janson Will Ortiz Velasco
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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8. 5) Por lo anterior, el señor Ortiz Velasco presentó demanda orientada
a obtener la nulidad del mencionado acto administrativo, tras considerar
que se desconoció la norma aplicable al caso en concreto, a saber, el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, junto con el principio de favorabilidad.
9. 6) Mediante Sentencia de 16 de diciembre de 2022, el Juzgado 1
Administrativo de Tunja negó las pretensiones de la demanda. Como
fundamento de su decisión, adujo que el régimen de cesantías aplicable a
los docentes oficiales se encontraba contenido en la Ley 91 de 1989, el
cual era incompatible con la sanción del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
tras considerar que eran regímenes con dinámicas diferentes. A su vez,
señaló que el Legislador no previó, para los docentes oficiales, una sanción
como la solicitada, por lo cual no existía derecho a reconocer la misma e
indicó que la Sentencia SU-98 de la Corte Constitucional no podía
aplicarse al demandante por tratarse de supuestos fácticos diferentes.
10. 7) La anterior decisión fue apelada por el demandante, quien
consideró que no solo la ley sino la jurisprudencia constitucional y del
Consejo de Estado, tanto de 2021 como de 2022, contemplaron la
aplicación, de manera pacífica, de la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales, en igualdad de condiciones al resto de empleados públicos.
11. 8) En Sentencia de 16 de junio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Boyacá confirmó la sentencia apelada, tras determinar que los docentes
oficiales tienen un régimen particular, propio y diferente al que cobija a los
demás empleados públicos y particulares, por lo cual no podía aplicar el
principio de favorabilidad, ni remitirse al régimen de la Ley 50 de 1990.
Además, precisó que se apartaba de la posición tomada en la Sentencia
SU-98 de 2018 debido a que la Corte Constitucional, mediante Sentencia
SU-573 de 2019, indicó que aquella no constituía un precedente aplicable
a los docentes que estaban o están afiliados al FOMAG, por lo cual
inaplicó las Sentencia del Consejo de Estado que acogieron dicho
precedente.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que el
Tribunal accionado incurrió en violación directa de la Constitución por: (1)
la no aplicación del principio de favorabilidad y, con ello, el
desconocimiento del artículo 53 de la Constitución Política; y (2) la falta de
reconocimiento de la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 por la no consignación del auxilio de cesantías en el
respectivo fondo. Cargo que, además, adujo, se encuadraba en un
defecto sustantivo.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05385-01
Demandante: Janson Will Ortiz Velasco
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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13. Señaló, igualmente, que se desconoció el precedente, toda vez que,
tanto la Corte Constitucional3 como el Consejo de Estado4 reconocieron a
favor de los docentes oficiales el derecho a la sanción por mora en el
pago del auxilio de cesantías, es decir, aplicaron las disposiciones de la Ley
50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad y la ausencia de
regulación. Incluso, citó providencias de tribunales y juzgados
administrativos en las que también se reconoció ese derecho.
14. Manifestó que hubo una interpretación restrictiva sobre la aplicación
de la sanción moratoria por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá en
la decisión reprochada, puesto que (se trascribe) “a los maestros deben
tratarse en igualdad de condiciones, que al resto de empleados públicos
del país5”. En esa medida indicó que, el Ministerio de Educación Nacional
debía consignar las cesantías al FOMAG antes del 15 de febrero de cada
año, so pena de incurrir en mora.
15. Así las cosas, frente a los argumentos del tribunal demandado de
que no existía norma jurídica que contemplara la sanción moratoria ni un
precedente consolidado que obligara a acatarlo, precisó que la Ley 50 de
1990 se aplicaba a los docentes por disposición expresa de las Ley 91 de
1989 y 344 de 1996, y los Decretos 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de
2003. Además, señaló que no se requería de una sentencia de unificación,
sino de (se trascribe) “una clara aplicación del contenido de la ley, los
decretos y la interpretación regularmente aceptada por el H. Consejo de
Estado en torno a la materia”.
16. Adicionalmente, afirmó que la tutela tenía relevancia constitucional
porque no se debatía un asunto de mera legalidad sino aspectos como la
ausencia de garantía de igualdad en el trato jurídico, los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima respecto de la existencia de varias
posturas de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en lo atinente a
la aplicación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías a los
3 Sentencias de Unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019, SU-41 de 2020.
4 Sentencias de 6 de agosto de 2020, Rad. No. 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019,
Rad. No. 76001-23-31-000- 2009-00867-01, No. Interno: 4854-2014; 29 de julio de 2019, Rad. No. 11001-0315-000-
2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, Rad. No. 08001-23-33-000-2014-00173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020,
Rad. No. 08001-23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, Rad. No. 08001-23-31-000- 2014-00254-01 (4960-
2017); 12 de noviembre de 2020, Rad. No. 08001-23-33-000- 2014-00132-01; 17 de junio de 2021, Rad. No. 08001-23-
31-000-2014-00815-01 y Rad. No. 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, Rad. No. 19001-23-33-
000- 2015-00445-02(0483- 20); 25 de noviembre de 2021, Rad. No. 08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002- 2021) y
Rad. No. 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020); 11 de noviembre de 2021, Rad. No. 080001-23-40- 000-2015-
90008-01 (2387-2020) y Rad No. 080001-23-40-000- 2014-90022-01 (5154- 2016); 20 de enero de 2022, Rad No.
080001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021); 28 de abril de 2022, Rad. No. 76001-23-33-000- 2013-00756-01 (2224-
2020); 9 de mayo de 2022, Rad. No. 080001-23-40-000-2017- 00795-01 (2659-2020); 19 de mayo de 2022, Rad. No.
47-001-23-33- 000-2019-00359-01 (4004-2021); 1 de julio de 2022, Rad. No. 47-001-23-33- 000-2019- 00376-01 (4462-
2021); 22 de agosto de 2022, Rad. No. 08-001-23-33-000- 2015-00509-01 (2140-2020); 22 de septiembre de 2022,
Rad. No. 08-001-23-33-000- 2015-90124-01 (2394-2020); 19 de enero de 2023, Rad. No. 76-001-23-31-000-2012-00212-
02 (4470-2021) y 26 de enero de 2023, Rad. No. 47001-23-33-000-2018-00231-01 (0871-2020).
5 En concordancia, expresó que (se trascribe) “(…) las cesantías anualizadas de los maestros oficiales se liquidan
de la misma forma, como se liquidan a los a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia
radica en los intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el saldo acumulado”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05385-01
Demandante: Janson Will Ortiz Velasco
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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docentes oficiales, y la trasgresión del derecho a la seguridad social y al
principio de favorabilidad. En ese orden de ideas, señaló que la acción
constitucional no fue interpuesta como una tercera instancia.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
17. Mediante Sentencia de 19 de octubre de 2023, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Para ello, manifestó
que la parte actora, mediante la acción de amparo reiteró los argumentos
esgrimidos en el proceso ordinario respecto de la aplicación de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, discusión que fue
resuelta por la autoridad accionada, por lo que pretendió usar la tutela
como una instancia adicional.
18. Adicionalmente, señaló que, si bien la parte actora citó la Sentencia
de 23 de marzo de 20236 como fundamento de que el asunto tenía
relevancia constitucional, la Sección Primera de esta Corporación resolvió
la impugnación en contra de dicha decisión y declaró la nulidad de lo
actuado7. A su vez, expresó que la Corte Constitucional a través de
Sentencia SU-573 de 2019, en un caso similar al del demandante, sostuvo
que el asunto no tenía relevancia constitucional pues el mismo versaba
sobre una cuestión eminentemente legal y económica, la cual no
implicaba la protección de derechos fundamentales.
19. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora
presentó escrito de impugnación, en el que indicó, de un lado, que no era
cierto que el Consejo de Estado no hubiera fijado ya un criterio pacífico
sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales8 en las que
acogió la posición de la Corte Constitucional de la Sentencia SU-98 de
2018. Y por el otro, que en distintas providencias de tutela esta corporación
ha tenido por superado el requisito de relevancia constitucional9.
6 De la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, radicado 11001-03-15-000-2023-01063-00.
7 Mediante Auto de 16 de junio de 2023.
8 Rad. 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16); 76001-23-31-000-2009-00867-01 (4854-2014); 11001-03-15-000-2018-
04617-01; 11001-03-15-000-2018-04679-01; 11001-0315-000-2018-03499-01; 08001 23 33000 2014-00173-01 (1688-16);
08001-23-33-000-2014-00208-01; 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017); 08001-23-33-000-2014-00132-01; 08001-
23-31-000-2014-00815-01 (4979–2017); 08001-23-33-000-2015-00331-01; 19001-23-33-000-2015-00445-02 (0483-20);
08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002-2021); 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020); 080001-23-40-000-2015-
90008-01 (2387-2020); 080001-23-40-000-2014-90022-01 (5154-2016); 080001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021);
080001-23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020); 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020); 080001-23-40-000-2017-
00795-01 (2659-2020); 47001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021); 47001-23-33-000-2019-00376-01 (4462-2021);
08001-23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020); 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020); 76001-23-31-000-2012-
00212-01 (4470-2021); 47001-23-33-000-2018-00231-01 (0871-2020).
9 Sin indicar radicados sino fechas.
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusiones.
2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial10
20. La Sala confirmará la Sentencia de tutela de primera instancia, a
través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
21. Para la Corte Constitucional, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. En
consecuencia, el juez debe analizar (se trascribe): “(i) que el asunto tenga
la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales” 11.
22. Además, ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales12.
23. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para
el juez de tutela13 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto
10 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la
Sentencia T-66 de 2019.
11 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 215 de 2022.
12 Ibidem.
13 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El
primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
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Demandante: Janson Will Ortiz Velasco
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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de obtener una nueva instancia14; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad15.
24. De la revisión del escrito de tutela, tal como lo expresó el juez
constitucional de primer grado, la Sala evidenció que el accionante (1) no
cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los
motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia constitucional y (2)
pretendió revivir un debate propio del juez natural. Así, buscó que, a través
de la acción de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es
decir, utilizarla como una instancia adicional.
25. Lo anterior obedece a que, si bien, la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional, en razón a que (se
trascribe) “al no tener los docentes la garantía de la prestación claramente
vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, luego entonces, se
evidencia una clara vulneración de índole constitucional”, lo cierto es que
tal argumento no resulta suficiente para explicar por qué era necesaria la
intervención del juez de tutela, por ser la aplicabilidad de la sanción
moratoria, prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, a
docentes oficiales afiliados al FOMAG, un asunto económico y de mera
legalidad.
26. Además, aunque la parte accionante encuadró sus reparos en varios
defectos, la Sala evidenció que reiteró los mismos argumentos que expuso
en el proceso ordinario, concretamente, en la demanda16 y en el recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia17. Tales argumentos
14 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia
procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
15 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
16 “Tanto el Honorable Consejo de Estado, como la Corte Constitucional, no habían tenido la oportunidad de
pronunciarse, antes del año 2018 de MANERA UNIFICADA sobre la aplicabilidad o no del contenido del artículo
99 de la ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, habiendo encontrado que no existe ninguna razón para que una
vez vencido el 15 de febrero de cada anualidad, las cesantías de los maestros de régimen anualizado no sean
consignadas al FOMAG, pues el régimen de cesantías de los docentes y los demás servidores públicos del país es
exacto, de hecho, el cambio de régimen retroactivo a régimen anualizado, fue efectuado desde el 29 de
diciembre de 1989 a los maestros, cuando el resto de servidores públicos del país fue realizado un año con
posterioridad. (…) A partir del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, se establece el régimen anualizado de cesantías
para los servidores públicos del orden nacional e incluso claramente se determina QUE SIN IMPORTAR LO QUE
EXPRESE LA LEY 91 DE 1989 (…). Así mismo procedió la H. Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-336
del 18 de mayo de 2017 (…) precisó que los docentes oficiales hacen parte de la categoría de empleados
públicos(…), concluyendo entonces que les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen
especial y específicamente advirtió, que cuando el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 establece que el pago de las
cesantías de los docentes oficiales se rige por la normatividad vigente y aquellas que se expidan en el futuro
para los empleados públicos del orden nacional, se refiere a la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006, así como a la ley 50 de 1990 y ley 344 de 1996, que resultan aplicable a toda categoría de empleado
público nacional o territorial, incluyendo entonces claramente a los docentes, que contempla la posibilidad de
reconocer a favor de sus destinatarios, la sanción por el pago tardío de las cesantías ya sea por: 1. Su inoportuna
consignación antes del 15 de febrero de cada año, 2. El no pago de intereses antes del 30 de enero de cada
año o, 3. La demora en su reconocimiento y pago cuando ha sido solicitado su acumulado para ser utilizado
para compra de vivienda, pago de sus estudios o pago de hipoteca, como lo contempla la utilización de las
misma en la ley”.
17 “(…) la parte demandante presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, con
fundamento en que el llamado “régimen especial de cesantías para los docentes oficiales” no podía servir para
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05385-01
Demandante: Janson Will Ortiz Velasco
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el
cual confirmó la sentencia apelada, tras concluir que (se trascribe):
“ En suma, teniendo en cuenta una interpretación sistemática del
ordenamiento jurídico, no es posible concluir que el régimen de administración
de las cesantías a través de fondos individuales es equiparable al régimen
previsto para el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Por ello, resulta improcedente aplicar el principio de favorabilidad, toda vez
que no se presenta duda en la aplicación e interpretación de las normas
jurídicas que regulan el régimen de cesantías de los docentes afiliados al
F[OMAG] ni una falta de regulación en el reconocimiento y pago de las
cesantías y sus intereses, en la medida en que, mediante normas de carácter
legal y reglamentario, se ha establecido de forma clara y precisa la obligación
a cargo de las entidades demandadas de la liquidación, disponibilidad de los
recursos destinados a las cesantías y su consignación directamente a cada
docente.
Esta Sala precisa que la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018,
con fundamento en el principio de favorabilidad, aplicó el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 y reconoció la sanción moratoria por la falta de consignación
del auxilio de las cesantías en el término establecido por el legislador, a favor
de un docente que no estaba afiliado al [FOMAG], por lo que, en ese caso, no
era aplicable el régimen previsto en la Ley 91 de 1989.
Teniendo en cuenta lo anterior, es posible inferir que la sentencia SU-098 de
2018 no tiene identidad fáctica con el caso bajo estudio, en el cual, el
docente se encontraba afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, lo que impide aplicar ese precedente en esta oportunidad.
Precisamente, la Corte Constitucional, mediante la sentencia SU-573 de 27 de
noviembre de 2019, aclaró que la sentencia SU-098 de 2018 no constituía un
precedente aplicable para aquellos docentes que sí estaban o están afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Por las razones expuestas, la Sala inaplicará las sentencias proferidas por la
Sección Segunda del Honorable Consejo de Estado en las que se accedió a la
aplicación del numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para docentes
afiliados al F[OMAG], en la medida en que en las mismas se acudió a la
sentencia SU-098 de 2018, sin tener en cuenta el análisis sistemático de la
normativa aplicable y las consideraciones de la sentencia SU-573 de 27 de
noviembre de 2019.
Ahora bien, en gracia de discusión, se precisa que si se acude al numeral 3 del
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 debería aplicarse el régimen completo
previsto en esa normativa, comoquiera que no es posible escindirla o aplicar
secciones de la regulación. En este escenario, los docentes no podrían afiliarse
al F[OMAG], sino a fondos privados, lo que conllevaría al desconocimiento del
mandato legal previsto en la Ley 91 de 1989, según el cual los docentes del
servicio público oficial deben afiliarse obligatoriamente al F[OMAG] (…)
dar continuidad a la desigualdad de estos, frente a los demás servidores públicos, interpretando en perjuicio de
los docentes las disposiciones contenidas en la Ley 91 de 1989, cuando lo acertado era colmar esos vacíos
mediante la aplicación de la Ley 50 de 1990 en virtud del principio de la favorabilidad. (…) de la manera como
lo hizo la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, en la cual concluyó que la sanción moratoria por
el no pago oportuno de las cesantías podía concederse a los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (…) Consideró que en este caso no se presentaban antinomias, sino un
vacío legal, pues la normativa del régimen especial de docentes no reguló la materia de la sanción moratoria
por consignación tardía al fondo, pero tampoco sustrajo o excluyó expresamente ésta figura jurídica. Reiteró que
la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 no resultaba incompatible con el régimen especial de los
docentes porque no afectaba los requisitos, términos y competencia para su reconocimiento ni el derecho de
los docentes a esta prestación (…)”
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05385-01
Demandante: Janson Will Ortiz Velasco
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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Lo anterior desconocería la estructura y forma de funcionamiento del régimen
especial de los docentes oficiales, lo cual sería ilegal.”
27. En virtud de lo anterior, así como en su momento lo manifestó la
Sección Cuarta del Consejo de Estado en el fallo impugnado, debe
señalarse que no se evidenció la necesidad de la intervención del juez de
tutela en un asunto que ya fue resuelto por el juez natural, quien se
pronunció sobre los reparos que formuló la parte actora contra la
sentencia apelada. En ese orden, se reitera que lo pretendido por el
accionante fue reabrir el debate jurídico y someterlo a una instancia
adicional, pese a que el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, con fundamento normativo y jurisprudencial, dejó claro que la
sanción moratoria, prevista en la Ley 50 de 1990, por la consignación
extemporánea de cesantías anualizadas o de sus intereses, no cobijaba a
los docentes oficiales, determinación que lo llevó a apartarse de la
Sentencia SU-98 de 2018 de la Corte Constitucional.
28. Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que,
recientemente, la Sección Segunda del Consejo de Estado unificó su
postura frente al tema que aquí interesa y dispuso (se trascribe):
“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente
en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de
1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de
protección social en favor del docente estatal.”18
29. Así las cosas, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por
qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional19.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023.
19 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659
de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05385-01
Demandante: Janson Will Ortiz Velasco
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
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2.2. Conclusiones
30. La Sala procederá a confirmar la sentencia impugnada, tras
corroborar que no se superó el requisito de relevancia constitucional.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 19 de octubre de 2023, por la cual
la Sección Cuarta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo por falta de relevancia constitucional, por las razones aquí
descritas.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin20.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
20 secgeneral@consejodeestado.gov.co
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