Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05392-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05392-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2023-05392-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
4 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá DC, 4 de marzo de 2024
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05392-01
Demandante: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa
Demandado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de única instancia que negó las
pretensiones de la demanda (nulidad simple), en el que se solicitó la nulidad de unas
disposiciones contenidas en unos actos administrativos proferidos por el Consejo Superior
Universitario de la Universidad de Córdoba, a través de las que se amplió el periodo del
Rector y los miembros del Consejo Superior.
De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 9 de
noviembre de 2023, por la cual la Sección Cuarta del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo2.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 25 de septiembre de 2023, Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa, mediante
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra la Sección Quinta del
Consejo de Estado, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y
seguridad jurídica, con ocasión de la Sentencia de 13 de abril de 2023,
proferida por la autoridad accionada en el proceso de nulidad simple No.
11001-03-24-000-2020-00387-00.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):
“1. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la justicia
y seguridad jurídica de mi representado, vulnerados por la Sección Quinta de la
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “1. Declarar improcedente la acción de tutela que ejerció el señor Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa contra el
Consejo de Estado, Sección Quinta”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05392-01
Demandante: Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa
Demandado: Sección Quinta del Consejo de Estado
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirma improcedencia
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Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, al proferir la
sentencia del trece (13) de abril de 2023, dentro del proceso de nulidad simple
con radicado No. 11001-03-24-000-2020-00387-00, en el cual mi poderdante
actúa como demandante.
2. En consecuencia, DECLARAR la NULIDAD de los Acuerdos 106 del siete (7) de
junio de 2017 y 270 del doce (12) de diciembre de 2017, expedidos por el
Consejo Superior Universitario de la Universidad de Córdoba.”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) El 24 de junio de 1994, el Consejo Superior de la Universidad de
Córdoba profirió el Acuerdo No. 21, mediante el cual se adoptó el Estatuto
General por el cual se regiría la universidad. El artículo 38 del mencionado
acuerdo dispuso que la duración del periodo institucional del rector de la
universidad sería de 3 años3.
5. 2) Mediante Acuerdo No. 118 de 18 de diciembre de 2015, el Consejo
Superior de la Universidad de Córdoba designó en el cargo de rector a Jairo
Miguel Torres Oviedo, por un periodo de 3 años contados desde el 29 de
diciembre de 2015, hasta el 18 de diciembre de 2018.
6. 3) Mediante el Acuerdo No. 106 de 17 de junio de 20174, el Consejo
Superior de la Universidad aumentó el periodo previsto para el cargo de
rector a 4 años, a su vez dispuso que este acuerdo se aplicaría al periodo
institucional en curso, luego, Jairo Miguel Torres Oviedo continuaría en el
ejercicio del cargo como rector hasta el 18 de diciembre de 2019. Dicho
acuerdo también amplió el periodo de los miembros del Consejo Superior a
4 años y señaló que esa modificación sería aplicable para quienes en ese
momento integraban ese cuerpo colegiado.
7. 4) Mediante Acuerdo No. 270 de 12 de diciembre de 2017, la
Universidad de Córdoba adoptó un nuevo Estatuto General, el cual dispuso
diversas modificaciones, entre esas, ampliar el período del cargo de rector
a 5 años5 y que la reforma del plazo se aplicaría al periodo institucional en
3 “ARTÍCULO 38. El Rector de la Universidad de Córdoba será designado para un período de tres (3) años, contados
a partir de la fecha de su posesión y podrá ser removido por las causales establecidas en la Ley y en estos Estatutos.
Se posesionará ante el Consejo Superior universitario, en reunión de este organismo convocada para tal fin.”
4 “Artículo 1. Modifíquese el artículo 38 del Acuerdo 0021 de 1994. Estatuto General de la Universidad de Córdoba
el cual quedará así: “Artículo 38: El Rector de la Universidad de Córdoba será designado para un periodo de cuatro
(4) años, contados a partir de la fecha de su posesión y podrá ser removido por las causales establecidas en la
Ley y en estos Estatutos. Se posesionará ante el Consejo Superior Universitario, en reunión de este organismo
convocada para tal fin. // Parágrafo: Podrá haber reelección por un periodo rectoral; en todo caso se prohíbe la
reelección por más de un periodo adicional, al periodo inicial”. Artículo segundo. “La decisión anterior cobija el
presente periodo rectoral el cual finalizará el 18 de diciembre de 2019”.
Artículo tercero. “Modifíquese el artículo 1o del Acuerdo 017 de 2012, en el que se establece la naturaleza del
cargo del rector, el cual quedará así: Naturaleza del empleo: funcionario público de periodo fijo por cuatro (4)
años. Reelegible hasta por un periodo adicional”. Artículo cuarto. “El presente Acuerdo rige a partir de la fecha
de su expedición y deroga el artículo 38 del acuerdo número 0021 del 24 de junio de 1994 Estatuto General de la
Universidad de Córdoba y el artículo 1 del Acuerdo 017 del 23 de mayo de 2012 que modificó el Manual Específico
de Funciones, Requisitos Mínimos y Competencias Laborales de la Universidad de Córdoba y las demás
disposiciones que le sean contrarias.”
5 Artículo 41.
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Decisión: Confirma improcedencia
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curso, por lo que, se amplió nuevamente por un año el periodo del señor
Torres Oviedo, es decir, que culminaría el 18 de diciembre de 2020.
8. 5) Por lo anterior, Rafael Ricardo Cogollo Pitalúa, Everaldo Joaquín
Montes, Pierre Augusto Peña Salgado y Omar Andrés Pérez Sierra
presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de nulidad simple,
para obtener la nulidad del Acuerdo No. 106 de 7 de junio de 2017, del
parágrafo transitorio del artículo 29 del Acuerdo No. 270 de 12 de diciembre
de 2017 y, del inciso primero y parágrafo transitorio del artículo 41 del
Acuerdo No. 270 de 12 de diciembre de 2017, tras considerar que dichas
disposiciones vulneraron garantías constitucionales. La ampliación de los
periodos del rector y de los miembros del Consejo Superior se dieron de
manera irregular en la medida en que fueron proferidos a través de un acto
de carácter general y no de un acto de contenido electoral; hubo
desviación de poder por la alteración “súbita” del periodo electoral y; a su
juicio, dichas actuaciones buscaban fines distintos al interés general y a la
buena prestación del servicio público.
9. 6) Mediante Sentencia de 13 de abril de 2023, la Sección Quinta del
Consejo de Estado negó las pretensiones de la demanda. Como
fundamento de su decisión, indicó que no se transgredió el ordenamiento
superior, toda vez que las reformas hechas mediante los acuerdos indicados
estaban amparadas en la autonomía universitaria dentro de los límites del
ordenamiento jurídico y que se realizaron con la finalidad de modernizar la
gestión administrativa. Además, agregó que el plan de gobierno de dicha
autoridad, como ruta de navegación, contemplaba dentro de sus metas a
conseguir, la ampliación de tales periodos.
10. Se evidenció que la ampliación del periodo de las autoridades de la
Universidad de Córdoba obedeció a un plan de gobierno trazado por esa
institución, por lo cual fue posible determinar que la actuación reprochada
no tenía un objeto distinto a la mejora en la calidad del servicio y no estaba
demostrado que dicha reglamentación se expidiera de manera irregular, ni
con desviación de poder, pues tales acuerdos fueron proferidos con la
finalidad de realizar una revisión y actualización de los procesos
administrativos.
11. 7) La anterior decisión fue recurrida por el demandante, mediante
memorial de 13 de abril de 2023, en el que puso de presente que debió
declararse la nulidad del artículo 29 del Acuerdo No. 270 de 2017, pues, se
evidenció que hubo un indebido ejercicio de la autonomía universitaria, y,
que se debía velar por la participación activa de la comunidad universitaria.
12. 8) Mediante Auto de 26 de abril de 2023, la autoridad accionada
rechazó por improcedente el recurso conforme con lo previsto en el artículo
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243A de la Ley 1437 de 20116, pues, en el caso estudiado se tramitó bajo la
competencia establecida en el numeral 1 del artículo 149 de la Ley 1437 de
2011, es decir, única instancia.
13. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que los
Acuerdos No. 106 y 270 de 2017 se encontraban en contravía de lo dispuesto
en los artículos 6, 29 y 121 de la Constitución porque hubo una extralimitación
de las atribuciones conferidas por la autonomía universitaria, adicional a ello
indicó que consideraba que el acto fue expedido irregularmente y que
hubo una desviación de poder en la medida en que se buscó privilegiar
intereses particulares.
14. En esa medida concluyó que los acuerdos respecto de los que
mostraba su inconformidad vulneraban los principios de irretroactividad de
la ley, seguridad jurídica, confianza legítima, proporcionalidad, elegir y ser
elegido, primacía del interés general y autonomía universitaria.
1.2. Fallo de primera instancia e impugnación
15. Mediante Sentencia de 9 de noviembre de 2023, la Sección Cuarta
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo. Para
ello, manifestó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, realizó un
estudio de legalidad amplio y suficiente respecto de los actos
administrativos acusados, y concluyó que se ajustaron al orden jurídico en
abstracto. Adicional a ello advirtió que, conforme con lo previsto en el
numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, se debía declarar
improcedente la solicitud de amparo presentada por Rafael Ricardo
Cogollo Pitalúa, pues pretendía cuestionar una decisión con efectos erga
omnes y no una situación de carácter particular y concreta.
16. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora presentó
escrito de impugnación, en el que indicó que, la autoridad judicial de primer
grado no realizó un estudio a profundidad de los hechos y los fundamentos
de derecho que se indicaron al momento de presentar la acción de nulidad
simple, argumentos que igualmente fueron plasmados en el escrito de
tutela.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido. 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusiones.
6 “ARTÍCULO 243A. PROVIDENCIAS NO SUSCEPTIBLES DE RECURSOS ORDINARIOS. <Artículo adicionado por el artículo
63 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> No son susceptibles de recursos ordinarios las siguientes
providencias:
1. Las sentencias proferidas en el curso de la única o segunda instancia. (…)”
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2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial7
17. La Sala confirmará la Sentencia de primera instancia que declaró
improcedente la acción de tutela, pero por no superar el requisito de
relevancia constitucional, pues, a pesar de que la parte demandante indicó
en qué consistía su reparo, lo cierto es que se evidenció que pretendía poner
de manifiesto su desacuerdo con la sentencia de única instancia de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, con los mismos argumentos que
planteó en la acción de nulidad simple No. 11001-03-24-000-2020-00387-00,
sin encuadrar dichos reparos en un defecto. En otras palabras, lo pretendido
por la parte no fue otra cosa que imponer su criterio sobre la decisión del
juez de la nulidad.
18. La Sala Mayoritaria no comparte la postura según la cual la acción de
tutela no era procedente contra decisiones judiciales con efecto erga
omnes8, comoquiera que (1) no hay una razón constitucionalmente válida
para excluir del control de tutela los juicios de legalidad que se hacen sobre
actos administrativos en virtud del medio de control de simple nulidad, (2) la
causal contenida en el numeral 5 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991
está referida expresamente a la improcedencia de la tutela contra actos de
contenido general, impersonal y abstracto, no contra los controles de
legalidad que sobre estos se haga, y (3) el precedente contenido en la
Sentencia SU-391 de 2016 está referido al control abstracto de
constitucionalidad en virtud del medio de control de nulidad por
inconstitucionalidad más no al de legalidad de la simple nulidad.
19. En ese orden, debe indicarse que, la relevancia constitucional es uno
de los requisitos que deben concurrir para que resulte procedente la acción
de tutela contra providencias judiciales, pues, en los términos de la Corte
Constitucional, (se trascribe) “el juez constitucional no puede entrar a
estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia
constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones”9.
20. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 201410, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere (1) la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela11 y que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de
7 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia
T-66 de 2019.
8 El voto disidente de la Sala corresponde al magistrado Martín Bermúdez Muñoz.
9 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
10 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01
11 Ídem. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela
que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
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obtener una nueva instancia12; y (2) que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad13.
21. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten derechos fundamentales e impedir que esta se convierta
en una instancia adicional14.
22. Lo anterior obedece a que, si bien, la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional toda vez que la solicitud
de amparo giró en torno a la protección de las garantías fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia y seguridad jurídica,
las cuales consideró vulneradas por la Sección Quinta del Consejo de Estado
al proferir la Sentencia de 13 de abril de 2023, lo cierto es que tal afirmación
no resulta suficiente para explicar por qué era necesaria la intervención del
juez de tutela, de cara a la decisión adoptada por el juez de la nulidad
simple, pues se presentó, como diferencias o discrepancias interpretativas
respecto de la decisión del juez natural de la causa.
23. Además, la parte accionante no encuadró sus reparos en un defecto
de tutela en contra de una providencia judicial, por lo tanto, la Sala
considera que la intención del demandante era poner de presente su
desacuerdo con la decisión cuestionada con fundamento en que las
disposiciones demandadas estaban en contravía de la Constitución, los
periodos del rector y los miembros del Consejo Superior fueron ampliados de
manera irregular, que se generó una aparente desviación de poder, mismos
reparos que indicó para interponer la acción de nulidad simple, y a partir de
ello reabrir el debate respecto de la legalidad del Acuerdo No. 106 de 7 de
junio de 2017, del parágrafo transitorio del artículo 29 del Acuerdo No. 270
de 12 de diciembre de 2017 y, del inciso primero y parágrafo transitorio del
artículo 41 del Acuerdo No. 270 de 12 de diciembre de 2017.
24. Esos reparos fueron abordados y resueltos por la Sección Quinta del
Consejo de Estado a través de la Sentencia de 13 de abril de 2023, en la
cual la referida autoridad judicial, analizó lo relacionado con la legalidad
de los actos administrativos demandados.
25. En ese sentido, hizo referencia a que no era posible acceder a esa
solicitud del demandante (declarar nulidad de los actos administrativos y las
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
12 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
13 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
14 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
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disposiciones cuestionadas) comoquiera que fueron proferidos acorde al
ordenamiento jurídico, indicó que no se evidenció que las disposiciones
acusadas trasgredieran la Constitución, además de indicar que con la sola
ampliación del período para los cargos de rector y miembros del Consejo
Superior de la Universidad de Córdoba no se buscó un propósito particular,
al contrario, dicha facultad estaba dentro de los límites de la autonomía
universitaria15.
26. Aunado a ello, la autoridad judicial concluyó que la ampliación del
periodo del rector y los miembros de la junta directiva obedeció a lo
dispuesto en un plan de gobierno de dicha autoridad administrativa que
tenía como propósito modernizar la gestión administrativa.
27. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien puso de presente las razones por las cuales
consideró que no existían fundamentos para declarar la nulidad del
Acuerdo No. 106 de 7 de junio de 2017, del parágrafo transitorio del artículo
29 del Acuerdo No. 270 de 12 de diciembre de 2017 y, del inciso primero y
parágrafo transitorio del artículo 41 del Acuerdo No. 270 de 12 de diciembre
de 2017.
28. Cabe indicar que a pesar de que la parte demandante estableció
unos argumentos por los cuales consideró que la controversia suscitaba
relevancia constitucional, lo cierto es que no fueron suficientes para
demostrar que sus reparos realmente podían configurar algún tipo de
defecto, y que no se trataban de una simple inconformidad respecto de la
decisión proferida por la autoridad judicial accionada.
29. Así las cosas, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional.
2.2. Conclusión
30. La Sala procederá a confirmar la sentencia impugnada, pero por no
superar el requisito de relevancia constitucional.
15 “En este contexto, tampoco se evidencia ni se demostró desviación de poder alguna, puesto que se reitera, la
prórroga se hizo para acoplar los periodos que se estaban ejerciendo a los nuevos estatutos, y que los diferentes
planes de gobierno que se estaban ejecutando se llevaran a buen término. Por lo expuesto, este cargo tampoco
está llamado a prosperar y en consecuencia esta Sección negará las pretensiones de la demanda."
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3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 9 de noviembre de 2023, por la cual
la Sección Primera del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo, pero por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin16.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
16 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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