Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05399-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Improcedente: la solicitud de amparo no satisface el requisito general de
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05399-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05399-00
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
2 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., dos (2) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05399-00
Accionante: LINA FERNANDA ROMERO ORTIZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE – La solicitud de amparo no satisface el requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.
Sentencia de primera instancia
La Sala decide la acción de tutela presentada por la señora Lina Fernanda Romero
Ortiz en contra de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle
del Cauca.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Laseñora Lina Fernanda Romero Ortiz solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y a la consulta previa, cuya
vulneración le atribuyó a la sentencia de 31 de mayo de 2023, proferida por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
76001-33-33-021-2016-00038-00/01.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente1:
2.1. Indicó que pertenece a la Comunidad Negra del Corregimiento de Bocas del Palo
del Municipio de Jamundí.
2.2. Relató que el Complejo Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad de
Jamundí Valle – COJAM, en adelante COJAM, queda ubicado en el territorio de las
1 Folios 3 a 7 del escrito de tutela disponible en el índice 2 del aplicativo SAMAI, dentro del proceso con radicado
núm. 11001-03-15-000-2023-05399-00.
2
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Accionante: Lina Fernanda Romero Ortiz
comunidades negras de los Corregimientos de Bocas del Palo y San Isidro de
Jamundí.
2.3. Precisó que para la construcción del referido complejo carcelario se llevó a cabo
el procedimiento de consulta previa con las comunidades negras de los
corregimientos de Bocas del Palo y San Isidro de Jamundí.
2.4. Señaló que, como resultado del proceso consultivo, se suscribió el Acta de
Protocolización de 24 de junio de 2010, en la que el INPEC se comprometió a «[…]
mantener 40 cupos de trabajo permanentes bajo nombramientos provisionales (20
para cada comunidad), mientras se mantuviera en funcionamiento dicho complejo
carcelario; y en caso de incrementarse su planta de personal, también aumentarían
los cupos de trabajo a favor de las comunidades […]».
2.5. Indicó que la Dirección General del INPEC, mediante Resolución núm. 008362
de 13 de julio de 2010, la nombró en provisionalidad en el cargo de secretaria,
código 4178 - grado 13, para prestar sus servicios en el COJAM y que el 2 de agosto
del mismo año tomó posesión del cargo.
2.6. Señalóque, mediante Acuerdo núm. 297 de 11 de diciembre de 2012, «se
dispuso la ejecución de un concurso público de méritos para proveer los cargos del
INPEC en propiedad».
2.7. Indicó que, mediante la Resolución núm. 02002 de 9 de junio de 2015, el INPEC
dio por terminado su nombramiento.
2.8. Señaló que, debido a lo anterior, presentó la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho núm. 76001-33-33-021-2016-00038-00/01 en contra
del INPEC, para que se declarara la nulidad parcial de la Resolución núm. 02002
de 9 de junio de 2015, se ordenara su reintegro y se condenara a la demandada al
pago de los salarios dejados de percibir.
2.9. Indicó que el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali, mediante
sentencia de 3 de septiembre de 2019, accedió a las pretensiones de la demanda y
declaró la nulidad parcial de la Resolución núm. 02002 de 9 de junio de 2015 y, a
título de restablecimiento del derecho, le ordenó al INPEC reintegrarla.
2.10. Manifestó
que contra el fallo de primera instancia se interpuso recurso de
apelación y que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante sentencia
de 31 de mayo de 2023, recovó la decisión apelada.
2.11. Adujoque la sentencia de 31 de mayo de 2023 vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y a la consulta previa porque incurrió
en una violación directa de la Constitución, en una decisión sin motivación y en un
desconocimiento del precedente.
2.12. Respecto al desconocimiento del precedente, expresó que el fallo objeto de
tutela se apartó de «los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Constitucional y
3
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Accionante: Lina Fernanda Romero Ortiz
del Consejo de Estado, respecto del derecho a la consulta previa».
Específicamente, sostuvo que se desconocieron las sentencias C-030 de 20082, T-
769 de 20093, C-175 de 20094, C-317 de 20125, C-077 de 20176, SU 123 de 20187,
proferidas por la Corte Constitucional, y las providencias de 5 agosto de 2010, de
15 noviembre 2018, de 30 de agosto de 2016, de 22 de marzo de 2018, de 10 de
junio de 2020 y de 8 de junio de 2023, proferidas por esta Corporación.
2.13. En cuanto a la decisión sin motivación, señaló que el Tribunal accionado erró al
concluir que la Resolución núm. 1849 de 8 de septiembre de 20148, expedida por la
Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, constituía una justa causa para dar
por terminado su nombramiento.
2.14. Frente a la violación directa de la Constitución, expuso que se desconoció su
derecho fundamental a la consulta previa porque entre el INPEC y el Consejo
Comunitario de la Comunidad Negra del Corregimiento de Bocas del Palo existía un
compromiso suscrito y protocolizado en el Acta de 24 de junio de 2010, que no podía
incumplirse.
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones9:
«[…] PRIMERA: Se TUTELEN mis derechos fundamentales a la IGUALDAD,
[sic] DEBIDO PROCESO, [sic] ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, [sic]
SEGURIDAD SOCIAL, [sic] DERECHO AL TRABAJO, [sic] CONSULTA
PREVIA DE COMUNIDADES Y GRUPOS ETNICOS [sic] y de todos aquellos
que me están siendo vulnerados por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN, con ocasión de la expedición el 31 de mayo de 2023, de la
Sentencia de segunda instancia dentro del proceso con radicación 76001-33-
33-021-2016-00038-00; providencia notificada por correo electrónico el día 28
de junio de 2023.
SEGUNDA: En consecuencia, se deje sin efectos la Sentencia del 31/05/2023,
dictada por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN en segunda instancia, dentro
del proceso con radicación 76001-33-33-021-2016-00038-00; providencia
notificada el 28/06/2023.
TERCERA: Que se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL VALLE DEL CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN que, en un
término de treinta (30) días, o en el que ustedes tengan a bien señalar, profiera
una decisión de reemplazo de la Sentencia de segunda instancia dictada el
2 Corte Constitucional, Sala Plena. Exp. No. D-6837, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
3 Corte Constitucional, Sala Plena. Exp. No. T-2315944, Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinlla.
4 Corte Constitucional, Sala Plena. Exp. No. D-7308, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas Silva.
5 Corte Constitucional, Sala Plena. Exp. No. D-8636 y D-8637 (acumulados), Magistrada Ponente: María Victoria
Calle Correa.
6 Corte Constitucional, Sala Plena. Exp. No. D- 11275 y D-11276, Magistrado Ponente: Luis Ernesto Vargas
Silva.
7 Corte Constitucional, Sala Plena. Exp. No. T- 4.926.682, Magistrados Ponente: Alberto Rojas Ríos y Rodrigo
Uprimny Yepes.
8 «Por la cual se conforma y adopta la lista de elegibles para proveer el empleo de carrera denominado
Secretario, Código 4178, Grado 13».
9 Folios 9 a 10 del escrito de amparo.
4
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Accionante: Lina Fernanda Romero Ortiz
31/05/2023, dentro de la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con
Radicación 76001-33-33-021-2016-00038-00; en la que:
-CONFIRME la Sentencia No. 124 del 03 de septiembre de 2019, proferida por
el Juzgado 21 Administrativo del Circuito de Cali, mediante la cual se accedió
de manera parcial a las pretensiones de la demanda formulada dentro del
asunto con Radicado 76001-33-33-021-2016-00038-00.
CUARTA: Seguidamente se ORDENE al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA CONDENAR en COSTAS a la
entidad INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
por haber sido vencida en juicio.
QUINTA: Se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
VALLE DEL CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN que una vez recibido
el nuevo fallo proferido por CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMNISTRATIVO procedan a OBDECER y CUMPLIR DE
MANERA INMEDIATA con lo ordenado por el superior jerárquico.
Pretensión Subsidiaria:
Subsidiariamente a las anteriores, y si a bien lo tiene el CONSEJO DE ESTADO
– SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO se ordene al INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC, a reconocer y pagar
a la suscrita las demás pretensiones incoadas en la demanda y que no fueran
reconocidas en primera instancia por el JUZGADO VEINTIUNO
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CALI […]». (Negrilla, cursiva y
subrayado original del texto)
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. Mediante auto de 29 de septiembre de 2023, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. En la misma
providencia, se vinculó como terceros con interés directo en las resultas del proceso,
al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC- y al Juzgado Veintiuno
Administrativo del Circuito de Cali.
V. INTERVENCIONES
5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad judicial accionada y a los vinculados, se
allegaron los siguientes informes:
5.1. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca – Sala Segunda de Decisión,
por conducto del magistrado ponente de la sentencia tutelada10, precisó que la
presente controversia giraba en torno la presunta configuración de los defectos
fáctico por la falta de valoración del Acta de 24 de junio de 2010, suscrita entre el
INPEC y el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Corregimiento de
Bocas del Palo, y de desconocimiento del precedente judicial.
5.2. Respecto al defecto fáctico, indicó que en la sentencia tutelada se valoró el Acta
de Protocolización de consulta previa de 24 de junio de 2010 y que, conforme a la
10 Doctor Jhon Erick Chaves Bravo.
5
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Accionante: Lina Fernanda Romero Ortiz
sentencia C-208 de 2007, este documento «no desvirtúa su [sic] sometimiento a las
normas constitucionales sobre las formas de acceso, permanencia y retiro de la
función pública».
5.3. En cuanto al desconocimiento del precedente, señaló que la parte actora no
cumplió con la carga mínima argumentativa porque (i) no señaló cómo dichos
precedentes eran determinantes para cambiar la decisión adoptada, y (ii) no eran
vinculantes por ser «disanológicos», respecto del caso estudiado en el proceso
contencioso administrativo.
5.4. Por
todo lo anterior, concluyó que no se habían vulnerado los derechos
fundamentales de la parte accionante.
5.5. El Juez Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali solicitó la desvinculación
del presente proceso porque los presuntos hechos constitutivos de la vulneración no
eran atribuibles a esa sede judicial.
5.6. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a través de apoderado
judicial, solicitó que se declarara improcedente la presente acción de tutela porque
no cumplía con el requisito general de procedencia de subsidiariedad, por cuanto
«el actor hasta el momento no ha agotado la ACCION [sic] DE REVISIÓN».
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VI.1. Competencia
6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 del 19 de noviembre
de 199111, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm. 1069 de 26
de mayo de 201512, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333 de 6 de abril
de 202113, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 201914.
VI.2. Cuestión previa
7. La Sala advierte que, previamente a la definición del problema jurídico que se
habrá de resolver, resulta necesario pronunciarse sobre la solicitud de
desvinculación procesal propuesta el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito
de Cali.
8. En criterio de esta Sección, la desvinculación elevada no tiene vocación de
prosperidad, habida cuenta de que la autoridad judicial fungió como juez de primera
instancia en el proceso contencioso administrativo y, en consecuencia, profirió la
sentencia que fue revocada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a
través de la providencia cuestionada en esta sede constitucional.
11 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».
13 «Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela».
14 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».
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Accionante: Lina Fernanda Romero Ortiz
9. En atención a lo dicho, la Sala negará la solicitud de desvinculación procesal
propuesta por el Juzgado Veintiuno Administrativo del Circuito de Cali.
VI.3. Problemas jurídicos
10. Teniendo en cuenta la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Y, si ello es así, se deberá determinar:
b) Si la sentencia de 31 de mayo de 2023, proferida por la Sala Segunda de
Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
76001-33-33-021-2016-00038-01, vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte actora, al haber incurrido, presuntamente, en los
defectos de violación directa de la Constitución, decisión judicial sin
motivación y de desconocimiento del precedente.
11. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; procediendo
posteriormente a ii) resolver el caso concreto.
VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad
12. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201215, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.
13. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:
14. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.
15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia
de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
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Accionante: Lina Fernanda Romero Ortiz
15. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial16, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución17.
16. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»18 que encaje en dichos
parámetros.
17. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.
18. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.
VI.5. El caso concreto
19. Laseñora Lina Fernanda Romero Ortiz solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al acceso a la
administración de justicia, a la seguridad social y a la consulta previa, cuya
vulneración le atribuyó a la sentencia de 31 de mayo de 2023, proferida por la Sala
Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número
76001-33-33-021-2016-00038-00/01.
16 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado
Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera
absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por
demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera
directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
18 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado
Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Lina Fernanda Romero Ortiz
VI.5.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional
20. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en torno
al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental19 y no cuando guarda
relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico que
deberán ser definidos por otras jurisdicciones20.
21. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales21, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces22.
22. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación23, sostuvo lo siguiente:
«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional
por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito
de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos
cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene
tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so
pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional […]».
(Negrilla fuera del texto)
23. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202224
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:
«[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
19 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado
Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
20 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de
agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
21 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para
efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
22 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra
Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
23 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez.
24 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
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Accionante: Lina Fernanda Romero Ortiz
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental.
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal.
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún
derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra
providencias judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos
pensionales; (ii) pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…)
entre otras materias que implican pretensiones económicas, la Corte ha
reconocido la relevancia constitucional del asunto siempre que se advierta con
claridad que la acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un
derecho fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales […]». (Negrilla original del texto)
24. Valga destacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de Revisión
de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de 2023.
25. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que asunto tenga relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
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Accionante: Lina Fernanda Romero Ortiz
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la mera
legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial que no
involucre derechos fundamentales25.
26. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el presente caso, la
parte actora alegó que la autoridad accionada vulneró sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad, al trabajo, al acceso a la administración de justicia,
a la seguridad social y a la consulta previa porque incurrió en una violación directa
de la Constitución, en una decisión sin motivación y en un desconocimiento del
precedente.
27. Como fundamento de la decisión sin motivación, se señaló que el Tribunal erró al
concluir que la desvinculación fue legal porque se fundamentó en la Resolución
núm. 1849 de 2014, mediante la cual se conformó y adoptó la lista de elegibles para
el cargo de secretaria, código 4178 Grado 13, en el Complejo Penitenciario y
Carcelario de Alta y Media Seguridad de Jamundí – COJAM.
28. Respecto del desconocimiento del precedente judicial, se sostuvo que se
transgredieron las sentencias C-030 de 2008, T-769 de 2009, C-175 de 2009, C-
317 de 2012, C-077 de 2017, SU 123 de 2018, proferidas por la Corte
Constitucional, y las providencias de 5 agosto de 2010, de 15 noviembre 2018, de
30 de agosto de 2016, de 22 de marzo de 2018, de 10 de junio de 2020 y de 8 de
junio de 2023, proferidas por esta Corporación.
29. Frente a la violación directa de la Constitución, indicó que se vulneró el derecho
fundamental a la consulta previa porque el INPEC desconoció los compromisos
adquiridos con el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra del Corregimiento
de Bocas del Palo y que se encuentran consignados en el Acta de 24 de junio de
2010.
30. Conforme con lo expuesto, la Sala considera que la presente controversia carece
de relevancia constitucional porque: (i) la acción de tutela está siendo utilizada
como una tercera instancia; (ii) los defectos denunciados no superan la carga
argumentativa mínima; y (iii) el objeto de debate no versa sobre el núcleo esencial
de un derecho fundamental.
31. En primer lugar, se aprecia que la autoridad judicial accionada, en la sentencia
31 de mayo de 2023, resolvió los puntos de controversia que eleva la accionante
en esta instancia constitucional:
«[…] PROBLEMA JURÍDICO
25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de
2015 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad.
núm.: 2016-002244-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia
del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Rad. núm.: 2016-03249-
00).
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Determinar si el acto administrativo objeto de litigio, esto es, la Resolución No.
02002 del 19 de junio de 2015 se encentra viciado o no de nulidad por falsa
motivación y desviación del poder, y en consecuencia si hay lugar a ordenar el
reintegro de la demandante al cargo que venía desempeñando o a uno de
mayor categoría sin solución de continuidad, en conjunto, con el pago de los
salarios y prestaciones sociales que se generaron desde el 05 de agosto de
2015 hasta que se haga efectivo el reintegro y, el pago de aportes a pensión y
salud en nombre de la actora por el tiempo en que quedó cesante.
Para resolver adecuadamente el problema jurídico se analizarán los siguientes
aspectos:
NATURALEZA Y FUNDAMENTO NORMATIVO DEL DERECHO
FUNDAMENTAL A LA CONSULTA PREVIA.
La Corte Constitucional en una providencia que por su importancia se permite
hacer referencia, hace un importante recorrido normativo sobre la consulta
previa, esbozó lo siguiente:
“(…) La consulta previa se desprende de que Colombia se constituye como una
república democrática, participativa y pluralista (C.P. art. 1), que reconoce y
protege la diversidad étnica y cultural como un valor constitucional (C.P. arts. 7
y 70) y que las comunidades étnicas gozan de plenos derechos constitucionales
fundamentales. Además [sic] la Constitución reconoce la autodeterminación de
los pueblos indígenas en sus territorios (CP art. 330), por lo cual Colombia es
un Estado multicultural y multiétnico, y la consulta previa es un instrumento y un
derecho fundamental para amparar esos principios constitucionales. Por eso
esta Corte ha establecido que "la participación de las comunidades indígenas
en las decisiones que puedan afectarlas en relación con la explotación de los
recursos naturales ofrece como particularidad (...) que la referida participación,
a través del mecanismo de la consulta, adquiere la connotación de derecho
fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la
integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades de indígenas
y para asegurar, por ende, su subsistencia como grupo social.
(…)
No obstante, la Corte Constitucional colombiana en la sentencia C-208 de 2007
en un caso análogo que gira en torno a la demanda de inconstitucionalidad
contra el Decreto 1278 de 2002, (…) que dicta el mecanismo idóneo para la
regulación de la forma de acceso al servicio educativo estatal y acoge el
sistema de carrera por concurso de méritos, pero no incluye una
regulación especial para la vinculación de los docentes indígenas y
directivos al servicio educativo estatal, señaló, que si bien se incurre en
una omisión legislativa por no incluir la regulación especial sobre la
vinculación de los docentes indígenas pero que no resulta contrario a la
Constitución, Pues [sic]: Aun cuando las comunidades indígenas, en virtud
de los derechos a la identidad cultural y educativa, son titulares de un
tratamiento especial en relación con la vinculación, administración y
formación de docentes y directivos docentes estatales, ello no desvirtúa
su sometimiento a las normas constitucionales sobre las formas de
acceso, permanencia y retiro de la función pública, las cuales, además,
buscan brindarles a todos los docentes estatales, sin distingo de razas,
las garantías propias de los sistemas de administración de personal como
son la igualdad de oportunidades para el acceso al servicio público, la
capacitación, la estabilidad laboral y la posibilidad de ascender dentro de
la carrera. (Corte Constitucional, Sentencia C-208 de 2007, Numeral 8) [sic]
Por ello, pese al tratamiento especial, ello no implica que la ley deba hacer
discriminación racial, étnica o cultural sobre las formas de acceso, permanencia
o retiro de la función pública en razón al principio “de igualdad de oportunidades
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en el acceso al servicio público, como también a la estabilidad laboral y el
derecho a la promoción en la carrera”.
(…)
CASO CONCRETO
(…)
De la jurisprudencia citada anteriormente, así como la del Consejo de Estado,
y teniendo de presente la relevancia de la carrera administrativa se observa que
el acto administrativo por el cual se dio por terminado el nombramiento en
provisionalidad de la señora Lina Fernanda Romero Ortiz, se encuentra
debidamente motivado, en razón a que la aplicación de la lista de elegibles
en virtud del concurso público de méritos constituye justa causa para dar
por terminado la vinculación de servidores públicos que ingresaron a la
entidad en provisionalidad, descartándose los cargos de falsa motivación y
desviación de poder atribuidos por este aspecto.
Sobre el segundo aspecto, observa la Sala que en el Acta de Protocolización
que obra en folios 126 al 131 del cuaderno No. 01, se pactó el derecho por
parte de la comunidad de la que hace parte la demandante de 40 cupos de
trabajo de las comunidades negras de Bocas del Palo y San Isidro
Corregimientos de Jamundí, no obstante, en el acto de nombramiento de
la demandante de cargo de secretaria Código 4178 Grado 13 no hace
alusión a tal aspecto, lo cierto es que fue nombrada en provisionalidad en
un cargo de carrera en la planta del INPEC, pero infiriéndose que dicha
relación y condición si existió para ser nombrada.
En este escenario, se debe resolver si el ejercicio del derecho fundamental a la
consulta previa debe prevalecer al mérito relacionado con el retiro del servicio
en virtud del ejercicio de los derechos de carrera como consecuencia de la
convocatoria a concurso a fin de proveer los cargos.
Para lo anterior, como se señaló la [sic] Corte Constitucional colombiana en la
sentencia C-208 de 2007 en un caso análogo señaló que el tratamiento especial
que deben tener las comunidades étnicas, ello no implica que la ley deba hacer
discriminación racial, étnica o cultural sobre las formas de acceso,
permanencia o retiro de la función pública en razón al principio de
igualdad de oportunidades en el acceso al servicio público, como también
a la estabilidad laboral y el derecho a la promoción en la carrera, mientras
no se expida un estatuto especial que regule la materia.
Lo anterior, soportaría una prueba documental aportada al expediente como era
el oficio del 26 de mayo de 2015, con el cual el director (E) de asuntos para
Comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, se pronunció
frente a la consulta efectuada por la subdirección de talento humano, indicando
en forma concreta que la Dirección de las mencionadas comunidades no
pueden ir en contra del ordenamiento jurídico.
Adicionalmente, como se probó en el proceso más allá de las inferencias
del juez de primera instancia por medio de la resolución 1849 del 8 de
septiembre del 2014, la Comisión Nacional del Servicio Civil, conformó y
adoptó la lista de elegibles para el empleo ofertado con el No. 202711
denominado Secretario, código 4178, Grado 13, conformada por más de
144 elegibles quienes lograron el puntaje para ostentar dicha calidad, para
proveer veintinueve vacantes, personas que han sido nombradas en
periodo de prueba por cumplir con los méritos exigidos dentro del
proceso de concurso, en esa medida la entidad demandada no habría
tenido margen de actuación a efecto de mantener la vinculación
provisional de la demandante.
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Siendo así, observa este despacho que mientras no se expida un estatuto
especial, la situación debe regularse por las normas generales aplicables,
y por ello se ve la Sala en la necesidad de revocar la decisión del A quo,
toda vez que la Actora ocupaba el cargo de SECRETARIO, código 4178,
Grado 13 en carácter provisional, el cual fue provisto de la lista de
elegibles conformada en virtud del concurso público de méritos-
convocatoria 250 de 2012, lo que implica justa causa para dar por
terminado el nombramiento de conformidad con la Ley 909 de 2004 y
demás normas concordantes […]». (Cursiva original del texto y Negrilla fuera
del texto)
32. Según lo anterior y como lo concluyó el Tribunal, el acto administrativo que
desvinculó a la accionante no estaba viciado de nulidad porque la finalización de la
relación laboral de la accionante fue consecuencia de la conformación de la lista de
elegibles, mediante la Resolución núm. 1849 de 8 de septiembre del 2014, emitida
por la Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC, en virtud del Concurso de
Méritos núm. 250 de 2012.
33. Asimismo, expuso el ad quem en la sentencia tutelada que los derechos y
obligaciones que nacieron del ejercicio de la consulta previa no podían prevalecer
sobre los principios del mérito y de la carrera administrativa, en tanto que la Corte
Constitucional en la sentencia C-208 de 200726, al estudiar la constitucionalidad del
Decreto núm. 1278 de 19 de junio de 2002, había precisado lo siguiente: «[…] la
Constitución acogió el mérito como el criterio imperante para el acceso al servicio
público, buscando mantener con ello un sistema efectivo de nombramiento y
provisión de cargos que permita cumplir con los fines y programas de la
organización del Estado […]». En virtud de esto, concluyó la Corte que: «[…] aun
cuando las comunidades indígenas (…) son titulares de un tratamiento especial (…)
ello no desvirtúa su sometimiento a las normas constitucionales sobre las formas
de acceso, permanencia y retiro de la función pública, las cuales, además, buscan
brindarles a todos (…), sin distingo de razas, las garantías propias de los sistemas
de administración de personal como son la igualdad de oportunidades para el
acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad laboral y la posibilidad de
ascender dentro de la carrera […]».
34. Así las cosas, esta Sala de Decisión considera que la parte accionante, a través
de este mecanismo de amparo, busca reabrir el debate jurídico y probatorio que fue
zanjado por el juez de lo contencioso administrativo.
35. Adicionalmente, se destaca que los defectos planteados en el sub judice no
superan la carga argumentativa mínima, toda vez que, en primera medida, la parte
accionante se limitó a enlistar un conjunto de sentencias presuntamente
transgredidas sin precisar cuáles fueron: (i) las reglas y subreglas jurisprudenciales
que se fijaron en las providencias que se aducen desatendidas; y (ii) no se
explicaron las situaciones fácticas coligadas entre este caso y los precedentes
presuntamente desconocidos27.
26 M.P. Rodrigo Escobar Gil.
27 Respecto de la carga argumentativa del defecto de desconocimiento del precedente ver: Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de abril de 2021, expediente número
11001-03-15-000-2021-00999-00, C.P. Hernando Sánchez Sánchez.
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36. Por último, se resalta que el máximo la Corte Constitucional señaló que además
de la obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados
y de explicar los motivos por los cuales se configuró el defecto alegado, el extremo
accionante debe hacer una exposición a partir de la cual se evidencie que el caso
en cuestión: (i) tiene la «[…] entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental […]»; (ii)
que el alcance de la controversia «[…] no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas
[…]», y (iii) que se «[…] justifique razonablemente una afectación desproporcionada
a derechos fundamentales […]».
37. En ese orden de ideas, y siguiendo el precedente precisado por la Corte en la
sentencia SU-215 de 2022, esta Sección considera que el desarrollo argumentativo
de la presente acción constitucional no devela que la presente discusión gire en
torno al alcance, aplicación y desarrollo de un derecho fundamental.
38. Todo lo anterior, le permite a la Sala de Decisión considerar que la discusión que
se expone a través del escrito de tutela no tiene relevancia constitucional porque el
núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos que fueron debatidos en
su sede natural y no se aprecia que la decisión dictada haya incurrido en una
arbitrariedad judicial.
39. Finalmente, es importante señalar que el cumplimiento del requisito de relevancia
constitucional es un presupuesto indispensable para que el juez de tutela pueda
ahondar en el fondo del asunto, ya que el mecanismo de amparo contra
providencias judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales una tercera
instancia, sino un mecanismo de protección y garantía de sus derechos
fundamentales, eventualmente lesionados por un pronunciamiento judicial. De aquí
que su procedencia sea excepcional28, toda vez que lo contrario atentaría contra la
autonomía de los funcionarios judiciales, la seguridad jurídica y el principio de cosa
juzgada29.
40. En conclusión, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de amparo de
la referencia, al inobservar el requisito general de procedibilidad de la relevancia
constitucional.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación procesal elevada por el Juzgado
Veintiuno Administrativo del Circuito Judicial de Cali.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre
de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo Vargas
Ayala).
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre
de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P.
Dr. Guillermo Vargas Ayala).
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Accionante: Lina Fernanda Romero Ortiz
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la presente solicitud de amparo, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFÍQUESE a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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