Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05399-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05399-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05399-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
1 de febrero de 2024
Demandante: Lina Fernanda Romero Ortiz
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05399-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., primero (1°) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2023-05399-01
Demandante: LINA FERNANDA ROMERO ORTIZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Y OTROS
Temas: Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la
sentencia del 2 de noviembre de 2023, dictada por el Consejo de Estado,
Sección Primera mediante la cual declaró improcedente el amparo solicitado.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
Con escrito radicado en la ventanilla virtual del Consejo de Estado, la señora
Lina Fernanda Romero Ortiz, actuando en nombre propio, ejerció acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de
Decisión, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, al trabajo
y a la seguridad social.
La actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 31 de mayo de 2023, proferida por la Sala Segunda
de Decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33-33-021-
2016-00038-00/01, que adelantó contra el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario – en adelante INPEC, debido a su desvinculación de dicha entidad.
1.2. Pretensión
Con base en lo anterior, la accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
(…) se deje sin efectos la Sentencia del 31/05/2023, dictada por el
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL
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Demandante: Lina Fernanda Romero Ortiz
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05399-01
CAUCA – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN en segunda instancia, dentro
del proceso con radicación 76001-33-33-021-2016-00038- 00;
providencia notificada el 28/06/2023.
TERCERA: Que se ordene al TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA – SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN que, en un término de treinta (30) días, o en el que ustedes
tengan a bien señalar, profiera una decisión de reemplazo de la
Sentencia de segunda instancia dictada el 31/05/2023, dentro de la
Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con Radicación
76001-33-33-021-2016- 00038-00; en la que: -CONFIRME la Sentencia
No. 124 del 03 de septiembre de 2019, proferida por el Juzgado 21
Administrativo del Circuito de Cali, mediante la cual se accedió de
manera parcial a las pretensiones de la demanda formulada dentro del
asunto con Radicado 76001-33-33-021-2016-00038- 00.1
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para
la decisión que se adoptará en la sentencia:
La señora Romero Ortiz pertenece a la comunidad negra del Corregimiento de
Bocas del Palo del municipio de Jamundí - Valle. Por su parte, el Complejo
Penitenciario y Carcelario de Alta y Media Seguridad de Jamundí – en adelante
COJAM-, queda ubicado en territorios que pertenecen a las Comunidades Negras
de los Corregimientos de Bocas del Palo y San Isidro de Jamundí.
Antes de la construcción del centro penitenciario se llevó a cabo la diligencia de
consulta previa en cumplimiento de la Ley 70 de 19932 y el Decreto 3770 de
20083, entre el INPEC, delegados del Ministerio Interior y de Justicia de aquél
entonces, y los representantes del Consejo Comunitario de las comunidades
negras de los corregimientos de Bocas del Palo y San Isidro del Municipio de
Jamundí.
En acta de protocolización del 24 de junio de 2010 acordaron que 40 cupos de
trabajo serian asignados a las comunidades involucradas (20 para cada
comunidad), mientras se mantuviera en funcionamiento dicho complejo
carcelario. En caso de incrementarse su planta de personal, también
aumentarían los cupos de trabajo a favor de las comunidades. También se indicó
en ese documento que las personas serían «nombradas en provisionalidad y son
de orden nacional».
Mediante Resolución No. 008362 del 13 de julio de 2010, la Dirección General
del INPEC dispuso de unos nombramientos provisionales, incluido el de la
1 Transcripción del texto original con posibles errores.
2 Ley de las Comunidades Negras se desprendió el Decreto 1745 de 1995, por el cual se adoptó
el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la propiedad colectiva de las “tierras de
las comunidades negras”.
3 Por el cual se reglamenta la Comisión Consultiva de Alto Nivel de Comunidades Negras,
Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras; se establecen los requisitos para el Registro de
Consejos Comunitarios y Organizaciones de dichas comunidades y se dictan otras disposiciones.
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Demandante: Lina Fernanda Romero Ortiz
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
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accionante en el cargo de Secretaria Código 4178 - Grado 13, para prestar sus
servicios personales en el COJAM, sin que se efectuara alguna consideración
que involucrara el cumplimiento del acuerdo logrado vía consulta previa.
La Comisión Nacional de Servicio Civil en cumplimiento de los artículos 4º y 6º
de la Ley 909 de 2004, mediante Acuerdo No. 297 del 11 de diciembre de 2012,
convocó a concurso abierto de méritos para proveer 2100 vacantes definitivas
dentro la planta de personal administrativo del INPEC, bajo la Convocatoria 250
del 2012.
Adelantadas sus distintas etapas, se profirió la Resolución 1849 de 2014 por la
cual se conformó la lista de legibles para proveer 29 vacantes de Secretario,
Código 4178, Grado 13, en cumplimiento de ello, el INPEC a través de
Resolución 02002 del 09 de junio de 2015, en el que, entre otras, dio por
terminado el nombramiento en provisionalidad de la señora Lina Fernanda
Romero Ortiz, quien entregó su cargo el 05 de agosto de 2015.
Inconforme con lo anterior, la accionante inició demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho por cuanto la resolución se
dictó sin consideración ni respeto al derecho fundamental de la consulta previa
a las Comunidades de los corregimientos San Isidro y Bocas del Palo de
Jamundí, por lo que consideró que el INPEC debía reintegrarla y pagar sus
salarios y demás prestaciones dejadas de percibir, ante el incumplimiento de lo
pactado en la consulta previa que se adelantó para la construcción del complejo
carcelario.
El proceso le correspondió por reparto al Juzgado 21 Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cali, que a través de fallo del 3 de septiembre de 2019
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda y ordenó la nulidad de
la resolución en lo que involucra la terminación del nombramiento en
provisionalidad de la señora Lina Fernanda Romero Ortiz.
Lo anterior pues consideró que el acto que la desvinculó no estaba
correctamente motivado, en el sentido que desconoció el acuerdo entre el INPEC
y las comunidades negras de la región, en el que se garantizó 40 cargos, dentro
de los que se encuentra el de la actora, puestos que están revestidos de
protección constitucional y supeditados al funcionamiento del establecimiento
carcelario, más no a la provisión en carrera.
De otra parte, la sentencia de primera instancia afirmó que aun existiendo cargos
libres y susceptibles de ser provistos en provisionalidad la entidad decidió
desvincular a la señora Romero Ortiz sin importar las calidades especiales que
alegó.
La demandada interpuso recurso de apelación resuelto en sentencia del 31 de
mayo del 2023, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda
de Decisión que centró su estudio en i) la motivación que tuvo el INPEC para
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retirar del servicio de la demandante y ii) la confrontación entre el derecho
fundamental a la consulta previa y los derechos de carrera administrativa.
Respecto del acto administrativo indicó que se encontraba debidamente
motivado en razón a la aplicación de la lista de elegibles en virtud del concurso
público de méritos, misma que constituye justa causa para dar por terminada la
vinculación de los servidores públicos que ingresaron a la entidad en
provisionalidad, por lo que los cargos de falsa motivación y desviación de poder
atribuidos por la demandante, fueron descartados.
En relación con el segundo planteamiento, la providencia indicó que la Corte
Constitucional en sentencia C-208 de 2007 señaló que el tratamiento especial
que deben tener las comunidades étnicas, no implica que la ley deba hacer una
discriminación racial, étnica o cultural sobre las formas de acceso, permanencia
o retiro de la función pública en razón al principio «de igualdad de oportunidades
en el acceso al servicio público, como también a la estabilidad laboral y el
derecho a la promoción en la carrera».
Afirmó que, en ese orden, los acuerdos pactados en la consulta previa no pueden
ir en contra del ordenamiento jurídico y, en oposición a lo expuesto por el juez de
primera instancia, no es posible reprochar a la entidad demandada el no
mantener la vinculación provisional de la demandante, debido a que la Comisión
Nacional del Servicio Civil, en la Resolución No. 1849 del 8 de septiembre del
2014 conformó y adoptó la lista de elegibles para el empleo ofertado con el No.
202711 denominado Secretario, código 4178, Grado 13, conformada por más de
144 elegibles quienes lograron el puntaje para ostentar dicha calidad, mientras
que las vacantes a proveer eran 29, cantidad que evidencia la ausencia de
cargos libres.
La sentencia cuestionada se notificó por medio electrónico el 28 de junio de
2023.
1.4. Sustento de la vulneración
La actora expuso que antes de proceder a la desvinculación de los servidores el
INPEC no surtió el requisito de la consulta previa con las Comunidades Negras
de los corregimientos de Bocas del Palo y San Isidro del municipio de Jamundí,
requisito que consideró obligatorio e indispensable para proceder con el retiro de
las personas incorporadas a dicha planta de cargos en cumplimiento de los
acuerdos suscritos con dicha población antes de la construcción del
establecimiento carcelario.
Destacó que la sentencia de segunda instancia desconoció los lineamientos
jurisprudenciales de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, respecto
del derecho a la consulta previa en providencias como: «C- 030 de 2008, T-769
de 2009, C-175 de 2009, C-317 de 2012. MP. María Victoria Calle Correa, C-077
de 2017. MP. Luis Ernesto Vargas Silva; SU 123 de 2018, Consejo de Estado –
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Demandante: Lina Fernanda Romero Ortiz
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otros
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05399-01
Sentencia 05 agosto de 2010 Exp. No, 2007-00039, Consejo de Estado
Subsección Tercera C radicación No. 11001-03-26-000- 2014-00143-00(52149),
Consejo de Estado Sentencia 15 Noviembre 2018 Rad, 05001-23-33-000-2013-
01754-01 (4450-16)B, Providencia del 30 de agosto de 2016 Sala de Consulta y
Servicio Civil del Consejo de Estado, Rad.: 11001- 03-06-000-2016-00057-
00(2290) Actor: Ministerio del Interior y C.P. Álvaro Namén Vargas., Consejo de
Estado, Sección Segunda, C.P.: César Palomino Cortés, Sentencia del 22 de
marzo de 2018, Rad.: 25000-23-42-000-2013-01621-01(3660-14), Actor: Harvey
Eduardo Franco Laverde., Sentencia T-186 de 2013 (MP Luis Ernesto Vargas
Silva), Sentencia de Unificación SU – 446 de 2011».
Igualmente consideró que se desconocieron las providencias proferidas en los
siguientes procesos:
«Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral Demandante:
Marsuli Ortiz Ortiz Demandando: Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario
“Inpec” Radicado: 76001-33-33-005-2016-00052-00 Asunto/litigio: Reintegro
empleada desvinculada sin consideración y respeto al derecho fundamental de
la consulta previa a las Comunidades de San Isidro y Bocas del Palo de
Jamundí. Sentido del fallo: Sentencia del 10/06/2020: Confirmó la sentencia de
primera instancia No. 30 del 06/03/2019 proferida por el Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cali en el sentido de acceder parcialmente a las
pretensiones de la demanda al dar por demostrado que cuando se dejó sin
efecto el nombramiento provisional de la demandante se vulneró el derecho
fundamental a la consulta previa de su comunidad y el ordenamiento jurídico
superior porque no todas las vacantes fueron provistas con lista de elegibles y
la señora ORTIZ ORTIZ tenia prelación en permanecer en el servicio. –
• Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho Laboral Demandante:
Edgar Ignacio Saldaña Demandando: Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario “Inpec” Radicado: 76001-33-33-005-2016-00033-00 Asunto/litigio:
Reintegro empleado desvinculada sin consideración y respeto al derecho
fundamental de la consulta previa a las Comunidades de San Isidro y Bocas
del Palo de Jamundí. Sentido del fallo: Sentencia No. 107 del 08 de julio de
2020, que modificó el numeral segundo de la Sentencia No. 171 del 06 de
septiembre de 2018, proferida por el Juzgado Doce Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Cali - Valle que accedió a las pretensiones de la demanda
al ordenar al INSTITUTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC, reintegrar
al señor EDGAR IGNACIO SALDAÑA GONZALEZ identificado con C.C.
1.112.471.102 de Jamundí, al empleo de Auxiliar Administrativo, Código 4044,
Grado 11 o, a uno igual o equivalente, al que venía desempeñando al momento
del retiro del servicio siempre que persista en provisionalidad alguno de la
misma categoría y el consecuente pago de los salarios y prestaciones sociales
desde el momento de la desvinculación hasta el reintegro efectivo..»
A renglón seguido, la actora indicó que su caso satisface los requisitos generales
de procedencia de la tutela contra providencia judicial. Específicamente, frente a
la relevancia constitucional, indicó que en el asunto planteado se involucran
derecho a la igualdad, buena fe, confianza legítima, consulta previa, dignidad
humana respecto de la protección reforzada que tienen las comunidades negras.
Continuó su argumentación indicando que se configuraron los siguientes
defectos específicos:
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Decisión sin motivación: luego de realizar la definición del defecto adujo que
la autoridad judicial accionada erró al señalar que por la resolución 1849 del 8
de septiembre del 2014, en la que la Comisión Nacional del Servicio Civil,
conformó y adoptó la lista de elegibles para el empleo ofertado y que, por tanto,
era una justa causa para dar por terminado su nombramiento. Lo anterior pues,
a su juicio, desconoció completamente que se debía consultar previamente a las
comunidades negras de Bocas del Palo y San Isidro para modificar lo pactado
antes de construirse la cárcel, ya que sin esa aceptación no existiera en centro
penitenciario.
Desconocimiento del precedente: Consideró que el fallo cuestionado
desconoció el precedente jurisprudencial de las altas cortes, al no tenerse en
cuenta distintas posturas frente a la consulta previa y falta de motivación,
desviación de poder, estabilidad laboral, entre otras orientadas a la protección
de las comunidades negras. Transcribió apartes de las siguientes decisiones:
• «Providencia del 30 de agosto de 2016 Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, Rad.: 11001- 03-06-000-2016-00057-00(2290) Actor:
Ministerio del Interior y C.P. Álvaro Namén Vargas,
(…)
• C- 030 de 2008, la Corte Constitucional señaló el deber de consulta
contemplado en el literal a del artículo 6 del Convenio 169 Organización
Internacional del Trabajo OIT, referido a las medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectar a comunidades indígenas,
(…)
• T-769 de 2009: La consulta previa resulta obligatoria cuando las medidas
que se adopten sean susceptibles de afectar específicamente a las
comunidades indígenas en su calidad de tales
(…)
• C- 317 de 2012 MP. María Victoria Calle Correa y C077 de 2017. MP. Luis
Ernesto Vargas Silva
• Sentencia C-077 de 2017
(…)
• SU 123 de 2018
• Consejo de Estado – Sentencia 05 agosto de 2010 Exp. No, 2007- 00039,
Consejero Ponente doctor Rafael Ostau de Lafont Pianeta de la sección
Primera
(…)
• Sentencia No. 124 del 29/09/2022: JUZGADO TRECE ADMINISTRATIVO
CIRCUITO DE CALI.
(…)
• Sentencia del 10/06/2020 proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CUACA – SALA DE DECISIÓN:
Confirmó la sentencia de primera instancia No. 30 del 06/03/2019 proferida
por el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Cali
(…)
• CE Consejo de Estado Sentencia 15 Noviembre 2018 Rad, 05001-23-33-
000-2013-01754-01 (4450-16)B, Medio de control: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho. Ley 1437 /de 2011, Sentencia O2018/2018
(…)
• Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P.: César Palomino Cortés,
Sentencia del 22 de marzo de 2018, Rad.: 25000-23-42-000-2013- 01621-
01(3660-14), Actor: Harvey Eduardo Franco Laverde., Otro aspecto a tener
en cuenta, ha dicho el Máximo Tribunal Administrativo, es el deber de motivar
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las decisiones que retiran del empleo público a los funcionarios, como
garantía del debido proceso, interpretando
(…)
• Corte Constitucional mediante Sentencia T-186 de 2013 (MP Luis Ernesto
Vargas Silva)
(…)
• Corte Constitucional Sentencia de Unificación SU – 446 de 2011 - MP Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub; SV Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván
Palacio Palacio y Humberto Antonio Sierra Porto; AV Luis Ernesto Vargas
Silva. En esta ocasión correspondió a la Corte, entre otros».
-
Violación directa de la constitución: Manifestó que el fallo cuestionado
desconoció los mandatos constitucionales que reconocen el carácter de sujetos
de especial protección que se ha otorgado a las comunidades afrodescendientes
y los derechos relativos a la adopción de medidas de protección a favor de
grupos vulnerables y personas en condición de debilidad manifiesta, reconocidas
a las madres cabeza de familia, los niños, las personas de la tercera edad y las
personas con discapacidad.
De manera que atentar contra el derecho a la consulta previa, resulta una
afectación directa generada a pueblos indígenas y comunidades
afrodescendientes lo que evidencia el desconocimiento de la obligación
constitucional e internacional de realizar una consulta previa.
1.5. Admisión de la demanda
El magistrado ponente (E1) mediante auto del 29 de septiembre de 2023: i)
admitió la demanda; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, Sala Segunda de Decisión, y iii) vinculó, en calidad de terceros con
interés al Juzgado 21 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali y al INPEC.
De otra parte, solicitó a las autoridades judiciales la remisión del expediente No.
76001-33-33-021-2016-00038-01, contentivo del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido por la actora contra el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario -INPEC-.
1.6. Intervenciones
1.6.1. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-
La entidad vinculada como tercero con interés indicó que no se han agotado
todos los mecanismos de defensa judicial, en este caso se refirió al recurso
extraordinario de revisión, por lo que señaló que la acción constitucional ha de
declararse improcedente o negarse ante la existencia de este medio idóneo para
la defensa de sus intereses.
Afirmó que la acción de tutela no es el único mecanismo previsto por el
ordenamiento jurídico para la defensa de los derechos fundamentales, pues
existen otros instrumentos idóneos para lograr su protección. Así las cosas, los
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conflictos jurídicos en los que se alegue la vulneración de derechos
fundamentales, en principio, deben ser resueltos a través de los distintos medios
ordinarios de defensa previstos en la ley y, solo ante la ausencia de dichos
mecanismos o cuando los mismos no resulten eficaces para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, es procedente acudir, de manera directa, a la
solicitud de amparo constitucional.
Igualmente, consideró que no se satisface el requisito de inmediatez, sin
embargo, solo transcribió alguno apartes sobre el mencionado requisito. En el
mismo sentido, se refirió a las generalidades de la figura de la cosa juzgada y la
autonomía del juez para adoptar sus decisiones.
1.6.2. Juzgado 21 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali
La autoridad vinculada aportó el expediente del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho y manifestó que el proceso ordinario cuya sentencia
se discute siguió el trámite ordinario dispuesto en la Ley 1437 de 2011 y culminó
con sentencia condenatoria del 03 de septiembre de 2019, la cual fue revocada
mediante sentencia proferida el 31 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de Decisión.
De manera que los hechos que se alegan como violatorios de derechos
fundamentales no se originan en una actuación esa dependencia judicial, en
consecuencia, se solicitó comedidamente la desvinculación del presente asunto.
1.6.2 Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala de Segunda de
Decisión
La autoridad judicial accionada indicó que la actora le atribuye a la sentencia un
defecto fáctico al no valorar el alcance del acta de acuerdo entre el INPEC y la
comunidad, y el desconocimiento del precedente. Sin embargo, alegó que en el
fallo cuestionado se valoró la mencionada acta y su alcance a la luz de la
Sentencia C-208 de 2007, en donde la Corte Constitucional al estudiar el estatuto
docente y su regulación con comunidades étnicas, manifestó que a pesar ser
titulares de un tratamiento especial, no los exime de ser sujetos de las normas
constitucionales sobre las formas de acceso, permanencia y retiro de la función
pública.
En lo que tiene que ver con las sentencias de altas cortes que enlistó como
desconocidas resaltó que la parte demandante no señaló cómo dichos
precedentes son determinantes para cambiar la decisión adoptada por esta Sala
y si bien tienen que ver con la consulta previa, no se refieren a la desvinculación
por no realizarse una consulta previa.
Ahora, en cuanto al desconocimiento de precedente horizontal, ninguno de los
procesos fue resuelto por la Sala Segunda de Decisión, y aunque se respetan
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las decisiones que se hayan tomado, no son vinculantes a la Sala en razón al
principio de independencia y autonomía judicial.
1.7. Sentencia de primera instancia
Por medio de fallo proferido el 2 de noviembre de 2023, la Sección Primera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia de la acción de tutela al no
encontrar superado el requisito de relevancia constitucional y, a su vez, se negó
la solicitud de desvinculación del Juzgado 21 Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Cali.
Precisó que la tutelante pretende i) usar la acción de tutela como una tercera
instancia; ii) los defectos enunciados no superan la carga argumentativa mínima;
y iii) el objeto de debate no versa sobre el núcleo esencial de un derecho
fundamental por lo que no se satisface el requisito citado anteriormente.
Expuso detalladamente los motivos que fundamentaron la decisión cuestionada
mediante esta acción constitucional y sostuvo que los cargos formulados por la
tutelante ya fueron resueltos por el juez ordinario.
Adicionalmente, destacó que los defectos planteados en el sub judice no superan
la carga argumentativa mínima, toda vez que, en primera medida, la accionante
se limitó a enlistar un conjunto de sentencias presuntamente transgredidas sin
precisar cuáles fueron: (i) las reglas y subreglas jurisprudenciales que se fijaron
en las providencias que se aducen desatendidas; y (ii) no se explicaron las
situaciones fácticas relacionadas y los precedentes presuntamente
desconocidos.
La sentencia de primera instancia fue notificada por correo electrónico el 10 de
noviembre de 2023.
1.8. Impugnación
Mediante memorial remitido el 15 de noviembre de 2023, la señora Romero Ortiz
impugnó el fallo de primera instancia y solicitó que se accediera a las
pretensiones de la demanda.
La accionante, como sustento de su impugnación, reiteró integralmente los
hechos expuestos en el escrito inicial de tutela. Además, adujo que no pretende
utilizar la acción de tutela para reabrir debate probatorio.
Afirmó que para la Corte Constitucional, existe un nexo muy claro entre la
consulta como mecanismo de participación, y la defensa de la integridad cultural
de las comunidades étnicas, por lo que existe una afectación directa cuando la
ley altera el estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque le impone
restricciones o gravámenes, o, por el contrario, le confiere beneficios
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05399-01
Lo anterior, en sentir de la actora, evidencia que pretende evitar que se continúe
con la presunta vulneración de sus derechos fundamentales y que no existe otro
medio de defensa que le permita ser reintegrada a la entidad accionada. De otra
parte, destacó que su proceso ordinario tardó 7 años en la jurisdicción
contenciosa administrativa.
Insistió que a pesar de que agotó todas las instancias tanto administrativas como
judiciales, el único mecanismo con el que cuenta para evitar la vulneración de su
derecho a una consulta previa como miembro de una comunidad minoritaria es
la acción de tutela.
En este orden de ideas, solicitó revocar la sentencia constitucional de primera
instancia y que se le ordene al accionado proferir un nuevo fallo en el que se
confirme el del 03 de septiembre de 2019, proferido por el Juzgado 21
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Cali, mediante la cual se accedió de
a las pretensiones de la demanda formulada dentro del asunto con Radicado
76001-33-33-021-2016- 00038-00. Lo anterior, «con la respectiva condena en
costas por parte del Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca al
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC por haber sido vencida en
juicio; y para que se ORDENE al accionado acatar la orden de manera inmediata,
expidiendo los autos correspondientes, ello, teniendo en cuenta que se vulneró
mi derecho fundamental a la consulta previa.»
1.9. Trámite en segunda instancia
El proyecto de fallo fue presentado en la sala del 14 de diciembre de 2023. Sin
embargo, no alcanzó la mayoría necesaria para su aprobación. Razón por la cual
se ordenó el sorteo de dos conjueces para adoptar la decisión en el asunto de la
referencia.
En dicha diligencia, fueron sorteados los doctores Germán Lozano Villegas y
Pedro Luis Blanco, el primero, como conjuez principal y, el segundo, como
suplente.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la parte
actora contra la sentencia 2 de noviembre de 2023, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Primera de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de
la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el artículo 13 del
Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
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2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de
primera instancia proferida el 2 de noviembre de 2023, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Primera, a través de la cual se declaró la improcedencia del
amparo solicitado, para lo cual se deberán resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial?
De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:
• ¿Vulneró el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Sala Segunda de
Decisión los derechos fundamentales invocados al revocar la sentencia
de primera instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que adelantó la accionante contra el INPEC, debido a su
desvinculación de dicha entidad?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizará: el criterio de la
Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; ii) análisis de los requisitos generales de procedibilidad y, iii)
caso en concreto.
2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5 y declaró
su procedencia.6
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia
constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez, y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.
María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena
antes reseñado.
6 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
Igualmente, se debe manifestar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para
revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del
juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la
referencia.
2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.4.1. Relevancia constitucional7
Cabe destacar que la Corte Constitucional desde la sentencia C-590 de 2005
incluyó como requisitos genéricos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial que (i) la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que
se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable,
(iii) se cumpla el requisito de la inmediatez, y (iv) no se trate de sentencias de
tutela.
El concepto de relevancia constitucional se refiere a un método objetivo de
procedencia de la acción de tutela, pues busca excluir, en el estudio de
procedibilidad, las vulneraciones de derechos fundamentales que no tengan tal
relevancia.
Ello comprende una carga para el actor de la acción de tutela contra providencia
judicial, de justificar la vulneración del derecho fundamental con una
argumentación diferente de la que se expuso en el proceso ordinario y que se
dedique a la lesión de la garantía fundamental invocada.
Respecto de la acción de tutela contra providencia judicial, dicha figura implica
un quebrantamiento parte del núcleo esencial del derecho fundamental alegado
7 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00;
Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-
03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
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por la actora y que no fue tenido en cuenta por aquella autoridad judicial, por las
razones anteriormente anotadas.
En atención a la definición anterior, para determinar si en un caso concreto se
encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, el juez debe
realizar el test de procedibilidad en relación con las pretensiones de la demanda
y la carga argumentativa y probatoria que justifica la protección de los derechos
fundamentales invocados por la accionante. Lo anterior, desde la perspectiva del
núcleo esencial de las garantías fundamentales invocadas y los casos
anteriormente ejemplificados.
Dicha postura fue acogida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en
sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, en la que se indicó que para
determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial
se debían analizar dichos requisitos.
En concreto sobre la relevancia constitucional, en aquella oportunidad señaló
que este requisito tiene dos cometidos fundamentales: i) proteger el principio
constitucional de la autonomía funcional de los jueces; y ii) evitar que la acción
de tutela se torne en un instrumento para involucrarse en asuntos que
corresponde a otras jurisdicciones.
En la sentencia SU-215 de 20229, el alto tribunal unificó los criterios que se deben
analizar a la hora de determinar si un asunto reviste o no de relevancia
constitucional, de acuerdo precisamente a los fines acogidos hasta ese
momento.
Por su parte, esta Sección en sentencia del 29 de septiembre de 202210 modificó
su postura en relación con la relevancia constitucional frente a aquellos casos en
los que se hace evidente que los argumentos propuestos por los tutelantes se
limitan a desarrollar aspectos de índole legal o económico, sin que se propongan
razones de importancia para la interpretación y aplicación de la Constitución ante
la posible vulneración de derechos fundamentales, que amerite el estudio del
fondo del asunto.
8 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9 A través de esta decisión judicial, la Corte Constitucional revisó las sentencias proferidas en
primera y segunda instancia por las Secciones Quinta y Primera del Consejo de Estado, dentro
de una acción de tutela formulada por Producciones RTI S.A.S. contra la Sección Cuarta de este
mismo órgano de cierre. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que
reproche una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no cumplía con este
postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental; (ii) involucraba un
debate eminentemente legal; (iii) planteaba una discusión preponderantemente económica; y,
(iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave
violación de los derechos fundamentales invocados.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 29
de septiembre de 2022. Rad. 11001-03-15-000-2022-03365-01, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil.
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De esta manera, esta Sala de Decisión en esa oportunidad, planteó que el
estudio de la relevancia constitucional debía estar acompasado con los criterios
establecidos por la Corte Constitucional y acogidos por esta Corporación, que en
concreto se refieren a:
«que el actor cumpla su carga argumentativa, en donde justifique
suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, ya que no basta que se aduzca la vulneración de aquellos;
que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, puesto que este
mecanismo sólo está instituido para proteger derechos fundamentales y no
para discutir la discrepancia que el actor tenga frente a la decisión judicial. Por
ende, no debe ser un debate exclusivamente legal; y
que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se advierta
la tensión entre las decisiones que se enjuician y una vulneración ostensible
de un derecho fundamental. Lo anterior porque estas controversias
corresponde definirlas a los jueces ordinarios y la tutela no puede convertirse
en una tercera instancia».
La carga argumentativa como criterio para determinar cuándo un asunto
reviste de relevancia constitucional
De acuerdo con la Corte Constitucional, este presupuesto implica que el
accionante cumpla con una carga explicativa mínima al identificar: (i) los
derechos fundamentales afectados; (ii) los hechos que generan la vulneración; y
(iii) los motivos por los que considera que la autoridad judicial accionada ha
incurrido en uno de los defectos.
Frente a este último punto, la referida autoridad judicial ha sido enfática en
señalar que no es suficiente alegar una violación a un derecho fundamental con
base en una simple relación de los hechos, sino que se exige demostrar de
manera razonable una restricción desproporcionada de aquella11.
A su turno, el Consejo de Estado en diferentes oportunidades ha considerado
que tratándose de la carga argumentativa como requisito sine qua non para
definir la procedibilidad de la acción de tutela, existe un deber de sustentar en
términos jurídicos el defecto en el que la autoridad judicial accionada incurrió.
Por esto, el peticionario está obligado a exponer de manera detallada las
razones que sustentan su demanda de amparo y los motivos que, en su criterio
explican la configuración de una causal especifica de procedencia.
2.5. Caso concreto
La señora Lina Fernanda Romero Ortiz en su escrito de impugnación reiteró los
argumentos expuestos en su demanda de tutela y, además, presentó las razones
por la cuales, en su sentir, no pretende reabrir el debate de instancia y sus
11 Corte Constitucional. Sentencia SU-103 de 2022.
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pretensiones tienen relevancia constitucional. Entre otras, señaló que no cuenta
con otro mecanismo para ser reintegrada al cargo que ostentaba y del que se
apartó con lo que, a su juicio, se desconocieron los acuerdos a los que se llegó
en la consulta previa adelantada para permitir la construcción del establecimiento
penitenciario en una zona donde habitan varias comunidades negras, una de
ellas a la cual pertenece.
Ahora bien, revisados los argumentos reiterados en la impugnación esta Sala
encuentra que tal y como lo señaló la Sección Primera del Consejo de Estado no
se satisface el requisito de relevancia constitucional, ya que las pretensiones que
eleva la actora están encaminadas al reintegro al cargo que venía
desempeñando, a la condena en costas e incluso presenta argumentos en los
que considera que la sentencia enjuiciada carece de motivación suficiente para
revocar la sentencia de primera instancia que le fuera favorable.
Sin embargo, la controversia propuesta en el escrito de tutela no expone las
razones tendientes a demostrar una vulneración de derechos fundamentales por
parte de la autoridad judicial con ocasión de la providencia proferida en segunda
instancia. En efecto, las inconformidades presentadas están dirigidas a
evidenciar que, a su juicio, se le desvinculó del cargo que desempeñaba sin
motivación alguna con desconocimiento del derecho a la consulta previa y los
acuerdos a los que habían llegado los representantes de las comunidades
negras del sector y el INPEC para la construcción y funcionamiento del COJAM.
No obstante, se tiene que dicho aspecto fue zanjado por la autoridad judicial
accionada quien advirtió que las medidas de protección de las minorías no
pueden ir con contravía de las normas de orden nacional e incluso constitucional
que establecen la manera de proveer cargos en el sector público. Por tal razón,
la autoridad judicial accionada consideró que el acto administrativo que
desvinculó a la actora estaba motivado en la existencia de un concurso de
méritos que finalizó con la lista de elegibles para proveer los cargos que estaban
siendo desempeñados por funcionarios en provisionalidad, como una forma
válida de acceder al empleo público.
De tal forma, pese a que en el escrito de tutela se planteó la violación directa de
la constitución y la configuración de una decisión sin motivación, lo cierto es que
los argumentos presentados por la actora se traducen en una única
inconformidad, que consiste en que se desconoció el derecho a la consulta
previa que en su sentir se debió adelantar para dar finalizar su nombramiento en
provisionalidad, problema que fue resuelto de manera razonable por la autoridad
judicial accionada, quien explicó de manera detallada que aunque las
comunidades negras y demás sujetos de especial protección son destinatarios
de medidas afirmativas de protección, tales medidas no pueden desconocer la
forma de proveer empleos públicos.
Por tanto, en este caso no se supera el requisito de la relevancia constitucional
porque el debate propuesto obedece al mismo asunto discutido en el proceso
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ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho en relación con que, a juicio
de la tutelante, no se debió ofertar el cargo por ella desempeñado ya que lo
obtuvo en cumplimiento de los acuerdos pactados con la entidad y las
comunidades por lo que solo con autorización previa de ellas se le podía apartar
del servicio, es decir, se advierte su simple inconformidad con respecto a la
decisión adoptada por el juez de segunda instancia, que revocó la decisión del a
quo.
Por lo expuesto, es posible concluir que la línea argumentativa en sede
constitucional apunta a convertir la acción de tutela en una tercera instancia,
máxime cuando los fundamentos que expone, se basan en la aplicación de una
interpretación razonable de la autoridad accionada cómo se explicó, lo que
evidencia su déficit argumentativo frente al yerro invocado que no le corresponde
suplir a este juez constitucional y que le impide realizar la labor necesaria de
contraste entre los supuestos fácticos, argumentos y las correspondientes
prerrogativas jurisprudenciales.
En este punto, debe reiterarse el carácter excepcional y restringido del
mecanismo de amparo cuando se dirige contra providencias judiciales, conforme
se puso de presente en líneas anteriores, ya que este supone un esfuerzo
argumentativo considerable por parte de quien considere que con lo resuelto en
una sentencia se incurrió en una vía de hecho.
Ahora bien, la accionante también alegó el desconocimiento del precedente y la
vulneración de su derecho a la igualdad. Frente al primero la Sala destaca que
cuando se pretende su configuración en una providencia judicial el tutelante debe
cumplir con la carga mínima de identificar: (i) la decisión que considera
desatendida; (ii) la ratio de esta aplicable a la solución del nuevo caso que se
somete a la jurisdicción dada la analogía con la litis anterior y (iii) la incidencia
de esta en la decisión final que adopte el fallador de instancia.
Lo anterior cobra importancia, máxime si tiene en consideración que para
determinar si un precedente es relevante o no se deben tener en cuenta factores
como que: i) en la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla
relacionada con el caso a resolver posteriormente, ii) la ratio debió haber servido
de base para solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión
constitucional semejante, y iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la
sentencia anterior deben ser semejantes o plantear un punto de derecho
semejante al que debe resolverse posteriormente. En este sentido será
razonable que «cuando en una situación similar, se observe que los hechos
determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez esté legitimado
para no considerar vinculante el precedente»12.
De conformidad con lo expuesto, la señora Romero Ortiz tenía la carga de,
además de identificar la sentencia que invoca como desconocida, señalar la
12 Corte Constitucional, Sentencia T-292 de 2006.
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regla de derecho que resulta aplicable al caso en concreto, aspecto que la Sala
no encuentra acreditado en tanto, se limitó a transcribir algunos apartes de las
decisiones del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional que enlistó.
Sobre este aspecto, se considera que, aunque la parte accionante cumple con
la carga de identificar las providencias que alude como desconocidas por la
sentencia objeto de análisis, lo cierto es que no se esbozan los argumentos que
tienden a demostrar porque esas sentencias resultaban aplicables a su situación
particular, de hecho, se refieren a la importancia de la realización de la consulta
previa, pero en situaciones completamente diversas a la planteada en el proceso
ordinario.
En ese orden de ideas, se advierte que el escrito tutelar no hace referencia a esa
regla determinante para el sentido de la decisión en el caso en concreto, tampoco
se indica la ratio decidendi que justifica el fallo adoptado en sede de tutela. Como
se señaló en líneas precedentes, la actora se limitó a identificar las providencias
que aduce como desconocidas y a citar extractos de las mismas.
Con tales precisiones, se tiene que este cargo tampoco supera el requisito de
relevancia constitucional, en la medida en que: i) no se cumple la carga
argumentativa necesaria para que esta Sala advierta la vulneración a los
derechos fundamentales del accionante, y que en consecuencia, se haga
necesario el estudio de fondo de este cargo respecto a la sentencia reprochada
y ii) la acción de tutela se erige como una instancia adicional al proceso ordinario.
Así, el simple alegato de una vulneración a los derechos fundamentales, como
en el caso en cuestión, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del
juez de tutela revista necesariamente relevancia constitucional, pues para ello se
requiere que en el escrito inicial medie un ejercicio hermenéutico y argumentativo
que permita entrever que la controversia gira en torno al alcance, contenido o
goce de un derecho fundamental. Esto, pues la competencia de este juez se
restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter legal o a estudiar una mera inconformidad con las
decisiones adoptadas por los jueces naturales.
Respecto al segundo supuesto en relación con el precedente, esto es, la
presunta vulneración del derecho a la igualdad consistente en que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en otros casos de supuestos fácticos
similares, accedió a las pretensiones de la demanda, la Sala resalta que la
conformación de la autoridad judicial que profirió las decisiones es diferente; a
saber, las providencias que accedieron a las pretensiones de los demandantes
fueron proferidas por la Sala conformada por los magistrados: Ana Margoth
Chamorro Benavides, Victor Adolfo Hernández y Zorany Castillo Otálora; por su
parte, la decisión reprochada en sede de tutela fue dictada por la Sala Segunda
de Decisión de dicho tribunal, que esta conformada por Jhon Erick Chaves
Bravo, Fernando Augusto García Muñoz y Ronald Otto Cedeño Blume.
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Lo expuesto evidencia que no es posible realizar un juicio de igualdad en la
medida que los fallos considerados como desentendidos fueron dictados por una
sala de decisión diferente a la que profirió la sentencia controvertida y en tal
sentido, dicha conclusión no puede ser impuesta al órgano colegiado que
resolvió el sub examine, en garantía del principio de autonomía funcional e
independencia que rige la administración de justicia.
Finalmente, en gracia de discusión, si la inconformidad de la accionante radicara
en la ausencia de motivación de la providencia enjuiciada, como se podría inferir
del título de uno de los cargos planteados, no sería la acción de tutela el medio
idóneo para discutir tal situación, por cuanto, la señora Romero Ortiz tendría a
su alcance el recurso extraordinario de revisión, en el cual se permite revisar las
sentencias que están revestidas por el principio de cosa juzgada y de ser el caso
podrán invalidarse ante la demostración de ser decisiones injustas por incurrir en
alguna de las causales que taxativamente consagra la ley.
Según el artículo 248 del CPACA, el recurso extraordinario de revisión 13 procede
contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las Secciones y Subsecciones
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los
Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos y, debe interponerse
mediante demanda que debe reunir los requisitos prescritos por el artículo 162
de ese mismo Estatuto Procesal, con indicación precisa y razonada de la causal
en que se funda, acompañada de los documentos necesarios y las pruebas
documentales que el recurrente tenga en su poder y pretenda hacer valer
(artículo 252).
2.5. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto en los párrafos precedentes, se confirmará la
sentencia del 2 de noviembre de 2023 dictada por la Sección Primera del
Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la tutela promovida por la
actora, al no superarse el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 2 de noviembre de 2023 proferida por
el Consejo de Estado, Sección Primera, por medio de la cual se DECLARÓ LA
13 Ver al respecto la sentencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado, del 12 de septiembre
de 2019. M.P. Luís Alberto Álvarez Parra. Rad. 11001-03-15-000-2019-03291-01, sentencia del
14 de febrero de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2018-04760-00,
sentencia del 12 de diciembre de 2019. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2019-
03853-01.
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IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo, de conformidad con las
consideraciones de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado (E1)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
(Con salvamento de voto)
GERMÁN LOZANO VILLEGAS
Conjuez
PEDRO LUIS BLANCO JIMÉNEZ
Conjuez
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme
a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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