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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05401-00

Fecha
9 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05401-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Yolanda Yaneth Corredor Casas, a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Radicado: 11001-03-15-000-2023-05401-00 Accionante: Yolanda Yaneth Corredor Casas Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05401-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

9 de noviembre de 2023

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05401-00
Accionante: Yolanda Yaneth Corredor Casas

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05401-00
Accionante: Yolanda Yaneth Corredor Casas
Accionado: Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2.

Temas: Acción de tutela en contra de providencia judicial, emitida en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la
que se confirmó la decisión de negar el reconocimiento de la
sanción moratoria, por la consignación inoportuna de las cesantías
anualizadas de un docente. Ausencia de los defectos invocados.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por la señora Yolanda Yaneth Corredor
Casas en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, la señora Yolanda Yaneth Corredor Casas, por intermedio de apoderado
judicial, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y seguridad social y,
junto con ellos, los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio
jurisdictionis y seguridad jurídica.

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Accionante: Yolanda Yaneth Corredor Casas

Como consecuencia de lo anterior, requirió ordenar al Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, dejar sin efectos la sentencia proferida el 26 de
julio de 2023 en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 15001-33-33-011-2022-00041-01, para, en su lugar, proferir una nueva
decisión, en la que se aplique el precedente judicial fijado por la Corte Constitucional,
en la sentencia SU-098 de 2018, y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, en
su reiterada jurisprudencia, con el fin de reconocer y pagar la sanción moratoria en
los términos en que fue solicitada en la demanda.

1.1.2. Los hechos

El apoderado de la parte accionante narró como hechos relevantes los siguientes:

i) La señora Yolanda Yaneth Corredor Casas labora con posterioridad al año 1990
como docente en el departamento de Boyacá, por lo que tiene derecho al
reconocimiento y pago de cesantías del régimen anualizado y de los intereses cada
año.

ii) El 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no consignó las
cesantías correspondientes a los servicios que aquella prestó en el 2020, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG).

iii) Por lo anterior, el 26 de julio de 2021, al haber transcurrido 5 meses sin que fuera
realizada la respectiva consignación, solicitó a la Secretaría de Educación de
Boyacá, además de su pago, el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. Sin embargo, aquella entidad, mediante el Oficio
núm. BOY2021EE029479 del 27 de agosto de igual anualidad, resolvió de manera
desfavorable ese pedimento.

iv) La señora Yolanda Yaneth Corredor Casas instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG y del departamento de Boyacá, Secretaría de Educación, con el fin
de obtener la nulidad del acto administrativo precitado y, adicionalmente, a título de
restablecimiento del derecho, solicitó a) el reconocimiento y pago de la sanción

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moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, equivalente a un día de
salario por cada día de retardo, contados desde el 15 de febrero de 2021, fecha en
que debió consignarse el valor correspondiente a las cesantías del año 2020 en el
respectivo fondo, y hasta el momento en que se efectúe el pago de la prestación; y b)
la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, prevista en las
Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990 y el Decreto 1176 de 1991.

v) El 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Once Administrativo del Circuito Judicial
de Tunja negó las pretensiones de la demanda, por lo cual la parte demandante
interpuso recurso de apelación en contra de la anterior decisión.

vi) El 26 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
núm. 2, confirmó la sentencia de primera instancia, al considerar que no resultaba
procedente pretender el reconocimiento de una sanción a cargo de la Secretaría de
Educación Departamental y el Ministerio de Educación Nacional, a quiénes la ley no
les impuso un plazo específico para consignar de manera individual las cesantías y
pagar los respectivos intereses, por lo que no es posible sancionarlas por la mora
alegada, pues ello vulneraría uno de los principios fundamentales del Estado de
Derecho, esto es, la legalidad de la sanción.

1.1.3. Fundamentos de derecho

La accionante afirmó que el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
núm. 2, al expedir la sentencia del 26 de julio de 2023, vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en
materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica. Para el efecto, expuso
lo siguiente:

i) En el presente asunto se cumplen cada uno de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, en
particular, el requisito de relevancia constitucional, por cuanto lo que se busca es la
protección de los derechos fundamentales de los docentes del sector oficial, pues,
según la Sentencia SU-098 de 2018, en virtud del principio de igualdad e in dubio pro
operario, no se debe excluir al sector oficial docente de la aplicación de la Ley 50 de

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1990, ya que al tener también el carácter de servidores públicos, son beneficiarios de
la sanción moratoria.

ii) En la providencia cuestionada se configuró una violación directa de la Constitución
Política y un defecto sustantivo, comoquiera que la autoridad accionada aplicó una
postura restrictiva y con ello desconoció el artículo 53 constitucional, según el cual
debe aplicarse la situación más favorable al trabajador, en caso de duda en la
interpretación de las fuentes formales del derecho.

iii) El Tribunal desatendió el contenido de la ley y la jurisprudencia de la Corte
Constitucional1 y del Consejo de Estado2, en las que se definió que la Ley 50 de
1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al FOMAG y, por ello, tienen
derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de la consignación tardía
de las cesantías anuales.

iv) Igualmente, la corporación precitada confundió los regímenes de cesantías de los
docentes con la obligación del empleador de consignar las cesantías de los
trabajadores del sector de la educación al fondo al cual se encuentran afiliados, a
pesar de que son dos cosas diferentes. Al respecto, mencionó los antecedentes
normativos sobre las cesantías de liquidación anual y el reconocimiento de intereses
y, precisó que, a partir de la expedición de la Ley 91 de 1989, el FOMAG tiene a su
cargo las prestaciones de los docentes nacionales y nacionalizados y debe consignar

1 Citó las sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020.
2 Concretamente, mencionó las sentencias de unificación del 24 de enero de 2019, expediente 76001-

23-31-000-2009-00867-01 y del 6 de agosto de 2020, expediente 08001-23-33-000-2013-00666-01, y
los pronunciamientos del 17 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04617-01; 28 de
junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2018-04679-01, 29 de julio de 2019, expediente 11001-
03-15-000-2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, expediente 08001 23 33 000 2014 00173-01; 10
de junio de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, expediente
08001-23-31-000-2014-00254-01; 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-
00132-01; 17 de junio de 2021, expedientes 08001-23-31-000-2014-00815-01 y 08001-23-33-000-
2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, expediente 19001-23-33-000-2015-00445-02; 11 de
noviembre de 2021, expedientes 080001-23-40-000-2015-90008-01 y 080001-23-40-000-2014-90022-
01; 25 de noviembre de 2021, expedientes 08001-23-33-000-2014-01127-01 y 40001-23-40-000-
2017-00134-01; 20 de enero de 2022, expediente 080001-23-33-000-2017-00931- 01; 3 de marzo de
2022, expediente 080001-23-33-000-2015-00075-01; 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-
000-2013-00756-01; 9 de mayo de 2022, expediente 080001-23-40-000-2017-00795-01; 19 de mayo
de 2022, expediente 47001-23-33-000-2019-00359-01; 1.° de julio de 2022, expediente 47-001-23-33-
000-2019-00376-01; 22 de agosto de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-00509-01; 22 de
septiembre de 2022, expediente 08001-23-33-000-2015-90124-01, 19 de enero de 2023, expediente
76001-23-31-000-2012-00212-02, y 26 de enero de 2023, expediente 47001-23-33-000-2018-00231-
01.

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las cesantías que la Nación, como patrono, previamente le traslada, antes del 15 de
febrero de 2021 y, en caso de no hacerlo, en virtud del principio de igualdad, de
favorabilidad y en atención al precedente reiterado de las altas cortes, reconocer la
sanción moratoria.

v) El Tribunal no tuvo en cuenta las sentencias proferidas entre el 2021 y el 2023 por
la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que resolvió de manera positiva el
problema jurídico relativo a si es aplicable o no la Ley 50 de 1990 a los docentes
afiliados al FOMAG y, en ese sentido, contrario a la conclusión de la autoridad
accionada, sí existe la obligación de consignar antes del 15 de febrero de cada año
las cesantías y, en caso de no hacerlo, es viable reconocer la indemnización por su
pago inoportuno.

vi) Se desconoció el principio de seguridad jurídica, pues a pesar de la copiosa
jurisprudencia existente sobre la posibilidad de aplicar el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 al personal docente vinculado al FOMAG, no atendió esa postura y, por el
contrario, otorgó un trato diferencial a situaciones iguales. Por esa última razón,
considera necesario que en esta sede constitucional se defina la posición
jurisprudencial y, de esta forma, protejan los derechos fundamentales de los
docentes.

1.2. Actuación procesal

El 4 de octubre de 2023, el despacho del magistrado sustanciador (i) admitió la
acción de la referencia en contra del Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión núm. 2, (ii) vinculó a la Nación-Ministerio de Educación Nacional-FOMAG y al
departamento de Boyacá y (iii) comisionó al Juzgado Once Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja, para que notificara a todos los sujetos que intervinieron dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-
33-011-2022-00041-00/01, a excepción de la accionante y de las entidades
precitadas y, adicionalmente, remitiera copia digital del expediente referido.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. Departamento de Boyacá

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La apoderada judicial de la entidad territorial referida Ángela Patricia Zorro Cardozo
adujo que no es viable que el Consejo de Estado, en sede de tutela, emita un nuevo
pronunciamiento sobre los hechos debatidos en el proceso ordinario, máxime cuando
no se cuenta con una sentencia de unificación por parte de esa corporación como
órgano de cierre de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Adicionalmente, manifestó que en las actuaciones adelantadas en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho se garantizó el derecho al debido
proceso de los intervinientes y, además, que la sentencia emitida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá estuvo soportada en las situaciones fácticas y jurídicas
probadas en el proceso. Finalmente, sostuvo que emitir un pronunciamiento en las
condiciones que expone el demandante se aparta totalmente de los principios de la
confianza legítima y la seguridad jurídica, que deben estar presentes en todas las
actuaciones judiciales. Por tanto, solicitó desestimar las pretensiones formuladas en
la presente acción.

1.3.2. Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2.

El magistrado Luis Ernesto Arciniegas Triana, luego de hacer un recuento de los
argumentos expuestos en el escrito de tutela, afirmó que, de acuerdo con lo
dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, el presente
asunto no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, pues versa
sobre prerrogativas eminentemente legales y de carácter económico, como lo son la
sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y
la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, conceptos
laborales que no tienen relación directa con un derecho fundamental y, en ningún
momento, la accionante pone en entre dicho su mínimo vital, máxime cuando
mantiene una relación legal y reglamentaria de la que se deriva una remuneración
habitual y periódica.

En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, frente al defecto sustantivo y la violación
directa de la Constitución Política, aseguró que la Sala de decisión en el fallo
censurado estudió el argumento relacionado con el presunto desconocimiento del
principio de favorabilidad en materia laboral, así como el derecho a la igualdad.

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Además, indicó que se adelantó un amplio análisis legal y jurisprudencial no solo de
la normatividad aplicable al docente respecto de sus cesantías anualizadas, de
acuerdo con su fecha de vinculación, sino también de los elementos necesarios para
la configuración de la sanción moratoria y su incompatibilidad con el régimen docente
oficial, los intereses a las cesantías y la indemnización por su pago tardío,
competencias y dinámica presupuestal.

Ahora, con respecto al desconocimiento del precedente judicial, sostuvo que las 22
sentencias referidas en el escrito introductorio, en las cuales el Consejo de Estado,
Sección Segunda, accedió al reconocimiento de la sanción moratoria pretendida, no
representan precedente obligatorio para ese Tribunal, en la medida que no
constituyen una sentencia de unificación jurisprudencial, conforme a lo dispuesto en
los artículos 270 y 271 de la Ley 1437 de 2011. De igual forma, aseguró que se
expusieron expresamente los motivos que impedían aplicar la posición de la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, debido a que sus supuestos fácticos
no eran similares a los del presente asunto.

Así las cosas, solicitó declarar improcedente la acción de la referencia o, en su
defecto, negar las pretensiones formuladas, ante la ausencia de vulneración de los
derechos fundamentales reclamados.

1.3.3. Ministerio de Educación Nacional

El jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Walter Epifanio Asprilla Cáceres, afirmó que en
el presente asunto no se encuentra satisfecho el requisito general de relevancia
constitucional, puesto que, si bien es cierto que la accionante alega la presunta
vulneración del derecho al debido proceso y de algunos principios de naturaleza
constitucional, también lo es que debe cumplirse con una carga argumentativa
suficiente que demuestre que el asunto que se discute goza de una marcada
importancia constitucional. Además, resaltó que el debate que se presenta es de
naturaleza estrictamente económica, pues involucra intereses privados, situación que
excede la competencia del juez de tutela, por lo que solicitó declarar improcedente la
presente acción de tutela.

1.3.4. Fiduprevisora S.A.

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La coordinadora de tutelas, Aidee Johanna Galindo Acero, indicó que las autoridades
judiciales que conocieron el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
actuaron conforme a la normativa establecida sin que pueda aducirse un
desconocimiento de los pronunciamientos relacionados con el tema objeto de la
demanda. Además, señaló que no es dable inferir que se haya presentado
transgresión alguna en contra de las garantías fundamentales, pues las actuaciones
judiciales fueron adelantadas con plena observancia del debido proceso. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente el presente mecanismo de amparo.

2. Consideraciones

2.1. Competencia

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer la presente acción de tutela, de acuerdo con lo dispuesto en el ordinal
5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del
Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar, en primer lugar, si la presente acción de tutela
cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del
26 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión núm. 2, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 15001-33-33-011-2022-00041-01. En caso afirmativo, se analizará, en
segundo lugar, si se configuraron los defectos de desconocimiento de precedente
judicial, sustantivo y violación directa de la Constitución Política, y, por ende, si se
vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y seguridad social de la accionante.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

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La jurisprudencia constitucional3 ha evolucionado en torno a la consideración de la
procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial, y ha
desarrollado diferentes reglas para su estudio, consolidadas en la sentencia C-590
de 2005,4 en la que se hace distinción entre causales genéricas, aquellas que hacen
referencia a los requisitos que posibilitan la interposición de la acción, y causales
específicas de procedibilidad, que persiguen verificar la procedencia del amparo una
vez cotejada la validez de su interposición.

De esta forma, se señalaron como causales genéricas de procedencia las
siguientes: i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional; ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii) que se cumpla el
requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; iv)
que cuando se trate de una irregularidad procesal, se señale, de manera clara, que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales del solicitante del amparo; v) que la parte actora
identifique razonablemente tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos trasgredidos y que hubiere alegado tal violación en el proceso judicial,
siempre que esto hubiere sido posible; y vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Frente a estas causales el juez debe hacer un examen exigente y cuidadoso, al ser
precisamente la acción de tutela contra providencia judicial de naturaleza
«excepcional».

En igual sentido, se señalaron como causales específicas de procedibilidad,
aquellas que se centran en el estudio de la providencia que se ataca, las siguientes:
defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y
violación directa de la Constitución. La Corte hizo hincapié en el hecho de que para

3 Sentencias C-543 de 1992, T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de

1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de
2003, T-462 de 2003, T-589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
4 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

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que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de las
anteriores causales o defectos.

2.4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia

2.4.1. En cuanto al requisito de relevancia constitucional, debe precisarse que el
despacho del magistrado ponente de la presente decisión, en anteriores
oportunidades,5 venía acogiendo el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019,
en la que se indicó que la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria
de la Ley 50 de 1990, no comportaba un asunto de relevancia constitucional « i) por
versar sobre un asunto meramente legal con una connotación patrimonial privada, ii)
no tener una relación directa con la presunta afectación de un derecho fundamental y
iii) buscar reabrir el debate concluido por el juez ordinario».

Sin embargo, a partir de la providencia del 26 de octubre de 2023, proferida dentro
del expediente 11001-03-15-000-2023-03988, el despacho modificó la anterior
posición y acogió el criterio mayoritario de la Sala de decisión respecto del
cumplimiento del referido requisito. Ello, atendiendo a la expedición de la Sentencia
de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, por parte de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.

En esa medida, se colige que el caso bajo estudio reviste una marcada importancia
constitucional, comoquiera que el debate gira en torno a la presunta vulneración de
los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a la seguridad social y del principio de favorabilidad por
parte del Tribunal Administrativo de Boyacá, con ocasión de la expedición de la
providencia del 28 de junio de 2023, sin un inadecuado análisis jurisprudencial y
normativo, argumentos que la accionante encuadró en los defectos de
desconocimiento del precedente judicial, sustantivo y violación directa de la
Constitución Política, por lo que de encontrarse acreditados conduciría a considerar
lesivos los intereses de aquella.

5 Procesos de tutela con radicado 11001 03 15 000 2023 02216 00, 11001 03 15 000 2023 01500 01 y

11001 03 15 000 2023 04027 00, entre otros.

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Accionante: Yolanda Yaneth Corredor Casas

2.4.2. Se encuentra satisfecho el requisito de subsidiariedad, comoquiera que se
agotaron todos los mecanismos de defensa judicial, por cuanto la decisión
cuestionada es una sentencia que puso fin a la discusión planteada dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.4.3. Se cumple la exigencia de inmediatez, puesto que la providencia objeto de
censura fue notificada el 31 de julio 2023 y la acción de tutela fue instaurada el 26 de
septiembre de igual anualidad, esto es, en el término de los seis meses previstos
jurisprudencialmente como plazo prudencial para el ejercicio de la tutela en contra de
providencias judiciales.

2.4.4. En el presente asunto no se cuestiona una irregularidad procesal, sino el
hecho de realizarse un estudio del caso sin un adecuado análisis jurisprudencial.

2.4.5. En el escrito de tutela se identificaron razonablemente los hechos y
argumentos con fundamento en los cuales se alega la vulneración de derechos
fundamentales.

2.4.6. La acción de tutela no discute una sentencia de la misma naturaleza, puesto
que la providencia que pretende controvertirse fue proferida dentro de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.

2.5. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-33-33-011-2022-00041-01, la Sala
de decisión establece lo siguiente:

2.5.1. La señora Yolanda Yaneth Corredor Casas, en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, instauró demanda en contra de la Nación
– Ministerio de Educación Nacional – FOMAG y del departamento de Boyacá, con el fin
de obtener la nulidad del Oficio núm. BOY2021EE029479 del 27 de agosto de 2021
y, adicionalmente, a título de restablecimiento del derecho, solicitó a) el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados desde

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Accionante: Yolanda Yaneth Corredor Casas

el 15 de febrero de 2021, fecha en que debió consignarse el valor correspondiente a
las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, y hasta el momento en que se
efectúe el pago de la prestación; y b) la indemnización por el pago tardío de los
intereses a las cesantías, prevista en las Leyes 52 de 1975, artículo 1.°, y 50 de 1990
y el Decreto 1176 de 1991.

2.5.2. El 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Once Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el FOMAG
únicamente ostenta la condición de pagador del auxilio de cesantías de los docentes,
motivo por el cual no fue contemplada una sanción moratoria por tardanza en la
consignación de esa prestación, comoquiera que los recursos asignados provienen
de varios actores que intervienen en el proceso permanentemente para obtener
disponibilidad financiera con el objetivo único de pagar esa prestación, por lo que no
puede extenderse el régimen general de los trabajadores particulares y demás
servidores públicos que contempla la Ley 50 de 1990, donde es el empleador quien
reconoce y consigna la prestación y el fondo escogido voluntariamente por el
empleador quien es el encargado de realizar el pago, dado que esto atentaría
directamente contra el principio de inescindibilidad normativa, menoscabando de
paso gravemente la sostenibilidad financiera del sistema administrado por el FOMAG
para todo el cuerpo docente a nivel nacional.

2.5.3. Inconforme con la anterior decisión, el 24 de enero de 2023, la parte
demandante interpuso recurso de apelación, puesto que la ley y la jurisprudencia
constitucional y de lo contencioso administrativo desde el año 2021 despejaron las
dudas sobre la aplicación de manera pacífica de la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales.

2.5.4. El 26 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
núm. 2, confirmó la sentencia de primera instancia, con fundamento en los
argumentos que se expondrán más adelante.

2.6. Análisis del caso en concreto

2.6.1. Desconocimiento del precedente judicial

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En lo atinente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial —
horizontal o vertical— , se tiene que una providencia judicial incurre en esta causal
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta sin justificación suficiente6, vale decir,
desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con
un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de (i) patrones fácticos y (ii) problemas
jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la
controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En esa lógica, en la Sentencia T-794 de 2011, la Corte indicó los siguientes criterios
a tener en cuenta para identificar el desconocimiento de precedente judicial: a) que la
ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente7; b) que se trate de un problema
jurídico o una cuestión constitucional semejante; y, c) que los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho
parecido al que se debe resolver con posterioridad.8

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales
determinan el grado de obligatoriedad y sujeción que debe atender el juez o
magistrado a la hora de proferir su fallo. La primera de ellas es el precedente
horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias fijadas por autoridades de la
misma jerarquía o por el mismo operador judicial; la segunda, el precedente
vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción
o a nivel constitucional.9

En la mayoría de los asuntos, el precedente vertical, de obligatorio cumplimiento por

6 Corte Constitucional, sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-

087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
7 Corte Constitucional, Sentencia T-446 de 2013: «Es la ratio decidendi que es la base jurídica directa

de la sentencia, el precedente judicial que, en virtud del derecho a la igualdad, tiene efectos
vinculantes y debe ser aplicado para resolver casos similares, esto por cuanto ella constituye el
conjunto de argumentos jurídicos que permiten solucionar el problema debatido en el caso y explicar
la decisión adoptada a la luz de los hechos que lo fundamentan. De manera que la ratio decidendi
expresada en el precedente judicial constituye un importante límite a la autonomía judicial que no
puede ser desconocido por los jueces».
8Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
9Corte Constitucional, sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.

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los funcionarios judiciales, lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, en tanto órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción.10 Sin
embargo, en los casos donde la decisión no es susceptible de revisión por parte de
las autoridades mencionadas, son los tribunales los encargados de establecer los
criterios hermenéuticos para los operadores judiciales inferiores.11

En ese orden de ideas, cuando el contenido de las decisiones que profieren los
órganos de cierre, en cada una de sus jurisdicciones, sean de naturaleza unificadora,
los jueces resultan obligados por estas o por sus propias sentencias, en aquellos
eventos donde los casos resulten idénticos. No obstante, esta regla admite una
excepción, pues no es obligatorio aplicar el precedente cuando el caso presenta
situaciones no analizadas con anterioridad en otros fallos judiciales.

Las autoridades judiciales pueden apartarse de los precedentes judiciales en
atención a su autonomía y a su independencia, pero siempre que cumplan las
siguientes reglas: «(i) Deben hacer referencia al precedente que abandonan, lo que
significa que no pueden omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia); y, (ii) deben ofrecer una carga
argumentativa seria, mediante la cual expliquen, de manera suficiente y razonada,
los motivos por los cuales consideran que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».12

En definitiva, conforme al criterio vigente de la Corte Constitucional, el
desconocimiento del precedente judicial, sin debida justificación, configura un defecto
sustantivo, pues su respeto es una obligación de todas las autoridades judiciales, en
virtud del acatamiento de los principios al debido proceso, igualdad y buena fe.13

10Corte Constitucional, sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
11Corte Constitucional, sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
12Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
13Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-

634 de 2011, entre otras.

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2.6.2. Desarrollo jurisprudencial de la procedencia del reconocimiento de la
sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, por la consignación
inoportuna del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al FOMAG

En un primer momento, la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que
los docentes no estaban amparados por las disposiciones de liquidación anual de las
cesantías consagradas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de tales
previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de 1996,
en cuyo artículo 13 dispuso la aplicación de las normas vigentes en materia de
cesantías, pero hizo la salvedad de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la
Ley 91 de 1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal
docente.

Postura que también había sido desarrollada por la Corte, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia C-928 de
200614 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a favor de
los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no
era igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó que no se
configuraba violación del derecho a la igualdad porque «simplemente la manera
como se liquidan y pagan aquellos15 es distinta a la regulada en la Ley 50 de 1990,
sin que por ello se configure discriminación alguna».

Posteriormente, la Corte Constitucional, en la Sentencia SU-098 de 2018, al estudiar
la procedencia de la aplicación de la sanción moratoria a un docente oficial que no
fue afiliado al FOMAG por parte del ente territorial, refirió que el «hecho de que los
docentes se encuentren amparados por un régimen especial, no implica el
desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y menos aún si se trata
de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta un beneficio, caso
en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor beneficio para el
empleado, pues esta será la que se ajuste a los postulados del artículo 53 de la
Carta Política»; por lo cual, en esa oportunidad consideró que «los despachos
judiciales accionados desconocieron que aunque la norma que establece la sanción

14 Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
15 Refiriéndose a diferentes prestaciones, entre ellas las cesantías.

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moratoria por la no consignación de las cesantías en los términos que contempla el
numeral 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el artículo 13 de la Ley 344 de 1996
y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, y el Decreto 1252 de 2000, no esté
expresamente consagrada a favor de los miembros del Magisterio, en virtud del
principio de interpretación conforme a la Constitución y favorabilidad en materia
laboral, les correspondía aplicar la interpretación más beneficiosa para el trabajador,
esto es, que los docentes sí son destinatarios de la norma que consagra la referida
sanción, pues esta es la interpretación que más se ajusta a la Constitución».

Con fundamento en el anterior pronunciamiento, las Subsecciones A y B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad
aplicado en sede constitucional, para resolver las controversias relacionadas con el
reconocimiento de sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías
anuales a los docentes, al amparo de lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 50 de
199016.

No obstante, por medio de la sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional
declaró improcedente las acciones de tutela interpuestas contra fallos del Consejo de
Estado sobre este asunto e indicó que la regla jurisprudencial fijada por medio de la
sentencia SU-098 de 2018 solo constituye precedente en el evento en que se omita
la afiliación del docente al FOMAG, de manera que en los casos que se pretende la
sanción por la falta de consignación de las cesantías a los beneficiarios del señalado
fondo, no existe una providencia de unificación con efectos vinculantes que pueda
aplicarse a las situaciones con similitud fáctica y jurídica.

Por lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente, con el fin
de unificar o sentar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de
Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, expediente 66001-33-
33-001-2022-00016-01 (5746-2022), en la que expuso lo siguiente:

16
Ver Sentencias del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001-23-33-000-2014-00132-01 (1689-
2018); del 28 de abril de 2022, expediente 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020), entre otras.

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«[…] 156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron la
sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías a los
docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo caso, es
incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la consignación tardía
del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema especial que establece
unas normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el reconocimiento
de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida en que este no
existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de la Ley 50 de 1990 con
fundamento en el cual tendría derecho a la sanción moratoria derivada del
incumplimiento del empleador.

158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes de la
Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron providencias en
las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente contenido en la
sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación con el derecho de los
docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción moratoria regulada por el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la consignación del auxilio de
cesantías, tal y como se expuso en el auto del 24 de agosto de 2023, por el cual la
Sección avocó conocimiento del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia SU573
de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia llevan a la Sala
a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla de interpretación aquí
definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y razonado de los sistemas
administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir que el primero resulta
incompatible con la sanción moratoria por la falta de consignación oportuna de las
cesantías […]»

En suma, se colige que la posición actual de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en atención al pronunciamiento de unificación mencionado, consiste en que
los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es

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incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989.

2.6.3. Análisis de la posición adoptada por el Tribunal accionado

La señora Yolanda Yaneth Corredor Casas solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia y a la seguridad social y, junto con ellos, los principios de favorabilidad en
materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, los cuales estimó
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, al
expedir la providencia del 26 de julio de 2023, comoquiera que desatendió el
contenido de la ley y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado, en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los
docentes vinculados al FOMAG y, por ello, tienen derecho al reconocimiento de la
sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales

Pues bien, con el fin de resolver el anterior desacuerdo y los relativos al defecto
sustantivo y a la violación directa de la Constitución Política, resulta necesario
analizar los argumentos expuestos por el Tribunal Administrativo de Boyacá, para
confirmar la sentencia proferida por el Juzgado Once Administrativo del Circuito
Judicial de Tunja el 19 de diciembre de 2022, que negó las pretensiones de la
demanda.

Así, se observa que la corporación judicial accionada, en la sentencia del 26 de julio
de 2023, estudió (i) el régimen de cesantías de los empleados públicos y de los
docentes oficiales; (ii) la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías
contemplada por la Ley 50 de 1990 y su inaplicabilidad a los docentes oficiales; (iii) el
trámite para la transferencia de los recursos provenientes del Sistema General de
Participaciones al FOMAG por concepto de cesantías docentes; (iv) la inaplicabilidad
de la Sentencia SU-098 de 2018 y (v) la improcedencia de la aplicación del principio
de favorabilidad y de igualdad. En consecuencia, sostuvo lo siguiente:

«[…] Esta Sala de decisión confirmará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda al considerar que la docente demandante se encuentra
cobijada por un régimen especial de cesantías contenido en la Ley 91 de 1989, la
cual no fijó un plazo máximo para consignar la prestación ni para pagar sus intereses.

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Por su parte, la Ley 50 de 1990 que contempla la sanción moratoria por la
consignación de las cesantías con posterioridad al 14 de febrero de cada año, no es
aplicable al régimen docente por haber sido expedida con posterioridad a la Ley 91
de 1989, y porque los supuestos fácticos exigidos por aquella norma no pueden
evidenciarse en el caso de los docentes, a quienes no se les consigna las cesantías
en cuenta individual.

Al efecto, las cesantías de los docentes oficiales son transferidas de manera gradual
(por doceavas) de los recursos para educación provenientes del sistema general de
participaciones, los cuales son descontados de manera directa por el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, según el trámite establecido en la ley 715 de 2001, luego
la transferencia de dichos recursos no corresponde realizarla al Ministerio de
Educación ni a la Secretaría de Educación respectiva.

Bajo dicha anotación, las entidades demandadas no pueden soportar la sanción por
la no transferencia de los recursos de las cesantías porque ello vulneraría el principio
de legalidad propio del Estado Social de Derecho, ya que no se les puede castigar
por el incumplimiento de un plazo no contemplado en la norma especial que cobija a
los docentes y porque la omisión endilgada por la demandante, no les corresponde a
estas cumplirla.

Finalmente, […] la sentencia SU 098 de 2018 proferida por la Corte Constitucional no
constituye precedente aplicable a este caso por contener aquellos presupuestos
fácticos disímiles a los aquí analizados. Por su parte, el Consejo de Estado no ha
proferido sentencia de unificación frente al problema jurídico aquí analizado y no
resulta aplicable abordar el caso bajo los principios de favorabilidad e igualdad por no
darse los presupuestos para el efecto.

Bajo las mismas consideraciones, la Sala no accederá al reconocimiento de la
indemnización por el no pago de los intereses a las cesantías, contenida en la Ley 52
de 1975, dado que su reconocimiento y liquidación se encuentra contemplado en la
Ley 91 de 1989, la cual no estableció plazo para la consignación, y dado el trámite
propio de la transferencia de recursos del sistema general de participaciones, se
justifica que los mismos sean pagados con posterioridad al mes de enero de cada
anualidad […]».

De la anterior transcripción se desprende que la corporación judicial accionada
determinó que la señora Yolanda Yaneth Corredor Casas se encuentra cobijada por
un régimen especial de cesantías contenido en la Ley 91 de 1989, la cual no fijó un
plazo máximo para consignar la prestación ni para pagar sus intereses, por lo que no
resulta aplicable al régimen docente la Ley 50 de 1990, que contempla la sanción
moratoria por la consignación de las cesantías con posterioridad al 14 de febrero de
cada año, dado que esta se expidió con posterioridad a la Ley 91 de 1989 y porque
los supuestos fácticos exigidos por aquella norma no pueden evidenciarse en el caso
de los docentes, a quienes no se les consigna las cesantías en cuenta individual.

En esos términos, la Subsección advierte que el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión núm. 2, al confirmar la decisión de negar el reconocimiento de

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dicha sanción, no desconoció precedente alguno, pues de manera razonada expuso
los argumentos por los cuales consideró que en el caso de la accionante no había
lugar al reconocimiento de dicha penalidad, comoquiera que dentro del régimen
especial de docentes se estableció una forma diferente de liquidación y pago, bajo un
procedimiento propio, de las cesantías, criterio que coincide con la regla
jurisprudencial fijada por el máximo órgano de lo contencioso administrativo en la
Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en la que,
se itera, se dispuso que los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho
a la sanción moratoria dispuesta en el ordinal 3.° del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989.

Sobre esto último, valga precisar, que, si bien es cierto que la sentencia hoy
cuestionada fue proferida antes de haberse expedido el proveído de unificación
mencionado, también lo es que para ese momento no existía una posición
consolidada en el Consejo de Estado, por lo que la autoridad judicial accionada, en
ejercicio de sus facultades de autonomía e independencia judicial, reconocidas en los
artículos 228 y 230 de la Constitución Política, podía optar por la posición que
consideraba más apropiada para resolver el asunto sometido a su conocimiento,
conforme al ordenamiento jurídico, y exponer las razones para ello, lo cual, como se
vio, ocurrió en el presente asunto.

Ahora, se observa que la accionante, en el escrito de tutela, citó un gran número de
proveídos, los cuales no constituyen jurisprudencia en vigor, pues aunque en uno de
ellos se acogió lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en la
Ley 50 de 1990,17 no lo es menos que en otros se analizaron las circunstancias
fácticas de docentes no afiliados al FOMAG,18 como lo relacionado a la liquidación de
cesantías,19 y en la mayoría se trató lo relativo al término de prescripción de la
sanción moratoria,20 de aquí que se deba dar la razón al Tribunal accionado cuando

17 Expediente 0871-2020.
18 Expedientes 4854-2014, 2224-2020 y 4004-2021.
19 Expediente 0483-20.
20Expediente 0833-2016, 1002-2021, 2208-2020, 2387-2020, 5154-2016, 1001-2021, 4462-2021 y
2394-2020.

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afirmó que para el momento que se profirió la sentencia en juicio no existía posición
consolidada ni sentencia de unificación a aplicar sobre el particular.

Sumado a lo expuesto, el Tribunal tampoco estaba obligado a realizar un juicio de
comparación con la sentencia del 29 de julio de 2019 proferida en el proceso con
radicado 11001-03-15-000-2018-03499-01, comoquiera que esta fue emitida en sede
de tutela, por lo cual, en principio, no tienen efectos más allá del caso objeto de
controversia, es decir, inter partes.

Igualmente, en relación con las Sentencias SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-
041 de 2020, se advierte que la Corte Constitucional, con respecto a la primera,
únicamente analizó la procedencia de la aplicación de la sanción moratoria a un
docente oficial que no fue afiliado al FOMAG por parte del ente territorial, debido a
errores internos, lo cual implicaba la responsabilidad del último de los mencionados
por la totalidad de las prestaciones sociales correspondientes, en los términos del
artículo 1.° del Decreto 3752 de 2003, y, en cuanto a las dos últimas, estudió el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
definitivas, prevista por la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006,
pero el pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna de las
cesantías de que trata la Ley 50 de 1990, situaciones que difieren del caso de la
accionante y, en esa medida, no es exigible su aplicación.

Así las cosas, la Sala no evidencia la configuración del desconocimiento del
precedente judicial invocado, que habilite la procedencia del amparo deprecado, sino
que, por el contrario, observa que la decisión adoptada por la autoridad accionada se
encuentra debidamente motivada y, además, coincide con la regla jurisprudencial
fijada recientemente por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en los casos en
que se discute el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías a los docentes afiliados al FOMAG, por lo que no advierte la vulneración de
los derechos fundamentales invocados.

2.6.4. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional, en sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas

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inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera
contradicción entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de
hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso;
3) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las
autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación
contra legem— o claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del
precedente judicial —horizontal o vertical— sin justificación suficiente o 5) se
abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta
de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las
partes en el proceso.11

2.6.5. Violación directa de la Constitución Política

En la sentencia SU 495 de 2020,21 la Corte Constitucional señaló los parámetros
para la configuración de la mentada causal en los siguientes términos:

«[…] 78. Violación directa de la Constitución. El defecto específico de violación de la
Constitución se entendía subsumido como una de las variantes del defecto sustantivo.
Sin embargo, la sentencia T-084 de 2010 empezó a dotarlo de autonomía al considerar
que la inaplicación de la “norma de normas” merece un lugar particular en la acción de
tutela contra providencias judiciales. En tal sentido, destacó lo dispuesto en el artículo
4° de la Carta y el poder normativo directo de ella:

“7.2.8. Violación directa de la Constitución, causal de procedencia de la acción de
tutela que se estructura cuando el juez ordinario adopta una decisión que
desconoce, de forma específica, postulados de la Carta Política. A este respecto,
debe insistirse en que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce
valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados
eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una
decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando
desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.

21 Ibidem pie de página 6.

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79. Con sustento en lo expuesto la jurisprudencia ha afirmado que, aunque se
produce la misma distorsión, el desconocimiento de la Constitución puede darse, al
menos, por dos vías. De un lado, cuando las reglas o principios que deben ser
extraídos de su texto son, por completo, desobedecidos o no son tomados en
cuenta en el razonamiento jurídico explicita, ni implícitamente. De otra parte, cuando
las reglas y los principios son tomados en consideración, al menos implícitamente, pero
se les da un alcance insuficiente, como así quedó planteado en la sentencia T-084 de
2010.

80. Sin embargo, ellos no son los únicos supuestos en los cuales las decisiones
jurisdiccionales terminan por violar la Constitución, pues también se ha reconocido que
el hecho de no acudir a la excepción de inconstitucionalidad también puede dar lugar a
ello. En efecto, “(…) siempre que un juez se encuentra ante una norma que contraría lo
estipulado por la Constitución, éste tiene el deber de inaplicar dicha norma bajo la
excepción de inconstitucionalidad realizando un trabajo argumentativo en el cual
determine claramente que el contenido normativo de la regla resulta contrario a la
Constitución Política”.

81. En consecuencia, el hecho de que una providencia incurra en violación
directa de la Constitución es un defecto autónomo y específico, que determina la
procedencia de la acción de tutela. Puede darse, entre otros, cuando (i) se ignora por
completo principios o reglas constitucionales; (ii) se le da un alcance insuficiente a
determinada disposición de la Constitución; o (iii) se omite aplicar la excepción de
inconstitucionalidad, en aquellos eventos en los cuales ello sea procedente […]».

2.6.6. Estudio del desconocimiento del principio de favorabilidad

La señora Yolanda Yaneth Corredor Casas afirmó que el Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, en la providencia cuestionada, incurrió en los
defectos de violación directa de la Constitución Política y de defecto sustantivo, al
desconocer el artículo 53 del texto superior, según el cual debe aplicarse la situación
más favorable al trabajador, en caso de duda en la interpretación de las fuentes
formales del derecho.

Sin embargo, debe precisarse que, contrario a lo afirmado por la accionante, en el
presente asunto la autoridad accionada no desconoció ningún precepto
constitucional, sino que, al analizar el principio de favorabilidad, determinó que en el
presente asunto no existía ninguna duda sobre la aplicación normativa, comoquiera
que los docentes oficiales solo se rigen por la ley 91 de 1989, que establece de
manera clara el reconocimiento de la prestación y de sus intereses la cual no admite
diversas interpretaciones y no se encuentra enfrentada a alguna otra que regule el
régimen docente, conclusión que no resulta arbitraria ni contraria al ordenamiento
jurídico.

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Finalmente, debe aclararse que el Tribunal no confundió el régimen de cesantías de
los docentes, sino que, todo lo contrario, a partir de un análisis minucioso del marco
normativo de la prestación precitada en favor de los docentes afiliados al FOMAG, fue
que determinó que las particularidades administrativas con que funciona la
consignación de dicha prestación al interior del régimen especial aplicable a los
docentes en la Ley 91 de 1989, son incompatibles y, por tanto, no podían
encuadrarse en los supuestos de hecho que establece el ordinal 3.° del artículo 99
de la Ley 50 de 1990, tal y como se explicó en acápites previos.

De todo lo expuesto, se concluye que la corporación accionada, al expedir la
sentencia controvertida, no incurrió en ninguna de las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, por lo que se
negará el amparo solicitado por la señora Yolanda Yaneth Corredor Casas.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, la Sala
concluye que no se estructuraron las causales específicas de procedibilidad aquí
estudiadas y, en ese sentido, negará el amparo solicitado por la señora Yolanda
Yaneth Corredor Casas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar el amparo solicitado por la señora Yolanda Yaneth Corredor Casas,
a través de la acción de tutela instaurada en contra del Tribunal Administrativo de
Boyacá, Sala de Decisión núm. 2, de conformidad con los argumentos expuestos en
la parte motiva de esta providencia.

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Segundo: En caso de no ser impugnada la anterior decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.
A.R.F.

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