Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05430-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05430-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05430-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
14 de marzo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000-2023-05430-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: PÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Y OTRO.
TESIS: CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR LAS RAZONES
AQUÍ EXPUESTAS. CARECE DE SUBSIDIARIEDAD. EL OBJETO DE LA ACCIÓN
DE TUTELA DE LA REFERENCIA ES QUE SE DE CUMPLIMIENTO AL FALLO DE
27 DE OCTUBRE DE 2022, ASUNTO QUE YA ESTÁ SIENDO ANALIZADO EN
EL INCIDENTE DE DESACATO 2022-02631-04, ADEMÁS, LAS
INCONFORMIDADES EN CUANTO AL ACTUAR DE LOS MAGISTRADOS DE
LAS SECCIONES TERCERA, SUBSECCIÓN “C” Y SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”
DEL CONSEJO DE ESTADO YA ESTAN EN CURSO PRECISAMENTE POR LAS
QUEJAS INTERPUESTAS POR LOS ACTORES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL
DE DISCIPLINA JUDICIAL Y LA COMISIÓN DE ACUSACIONES DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES. LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO
DE ESTADO NO OMITIÓ DAR TRÁMITE A LA SANCIÓN.
DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, A LA SALUD, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora
contra la sentencia de 12 de diciembre de 2023, mediante la cual
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Número único de radicación: 110010315000-2023-05430-01
Actores: PÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Y OTRO.
la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE
ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
I.1 La solicitud
Los señores PÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ y LUIS
CARLOS DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, actuando en nombre propio,
en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la
Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos
fundamentales a la vida, a la salud, al acceso a la administración
de justicia, a la igualdad y al debido proceso, los cuales, a su juicio,
les fueron vulnerados por la PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE
ESTADO, la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- y la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO al incurrir en una presunta negligencia en las
actuaciones surtidas dentro del incidente de desacato adelantado
para lograr el cumplimiento del fallo de 27 de octubre de 2022,
proferido dentro de la acción de tutela identificada con el número
único de radicación 110010315000-2022-02631-01.
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En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.
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Número único de radicación: 110010315000-2023-05430-01
Actores: PÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Y OTRO.
I.2 Hechos
Pese a la falta de claridad de los actores al exponer los hechos,
del escrito primigenio de la acción de tutela de la referencia, así
como del memorial de subsanación, la Sala extrae como
relevantes, los siguientes:
Indicaron que promovieron acción de tutela contra el Consejo de
Estado, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Fiscalía
General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca, la
Secretaría de Salud de Cundinamarca, la Alcaldía de Anolaima, la
EPS Ecoopsos, la EPS Convida, la E.S.E. Hospital San Antonio de
Anolaima, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la
Nación, la Personería de Anolaima, la Junta de Acción Comunal del
Centro Poblado de Reventones – Anolaima y la Junta de Acción
Comunal del Centro Poblado de Corralejas – Anolaima, por la falta
de apoyo para la reapertura de los centros de salud que se
encontraban cerrados en el Centro Poblado de Reventones, del
Municipio de Anolaima, lo que dificultaba recibir atención en salud.
Refirieron que la señora PÍA EUGENIA fue afectada por la
situación, comoquiera que no le fue posible ser atendida por
especialistas, ni tampoco le fueron aprobados los exámenes y
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procedimientos relacionados con oftalmología.
Relataron que a la acción de tutela le fue asignado el número único
de radicación 2022-02631-00 y le correspondió por reparto a la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO que, en sentencia de 17 de junio de 2022, declaró
improcedente la solicitud de amparo al considerar que para la
reconstrucción y/o reapertura del centro de salud los actores
contaban con la acción popular; además, frente a las demás
pretensiones relacionadas con la defectuosa atención de salud de
la señora PÍA EUGENIA, las denegó, al estimar que no se
encontraron vulnerados los derechos fundamentales.
Comentaron que la segunda instancia correspondió a la SECCIÓN
CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante fallo de
tutela de 27 de octubre de 2022, revocó la decisión del a quo y,
en su lugar, amparó el derecho fundamental a la salud de la señora
PÍA EUGENIA, por lo que ordenó a la EPS Ecoopsos a renovar las
autorizaciones otorgadas para la cita de oftalmología y los
exámenes de resonancia magnética de columna lumbosacra
simple y radiografía de hombro, así como cualquier otro servicio
prescrito por los médicos tratantes, confirmando en todo lo demás
el fallo impugnado e instando a la Alcaldía de Anolaima y a la
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Secretaría de Salud de Cundinamarca para que adelantaran las
gestiones necesarias para la construcción de una nueva sede para
el Centro de Salud de Reventones, de la siguiente manera:
“[…] AMPÁRASE el derecho fundamental a la salud de la
señora Pía Eugenia Domínguez Ramírez. En consecuencia,
ORDÉNASE a la EPS ECOOPSOS (i) que dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de la presente providencia
proceda a renovar las autorizaciones otorgadas previamente
para la cita de oftalmología y los exámenes de resonancia
magnética de columna lumbosacra simple y radiografía de
hombro y cualquier otro servicio prescrito por los médicos
tratantes hasta la fecha de emitirse esta providencia a las que
no haya podido asistir la accionante; (ii) que una vez
renovadas las autorizaciones proceda a asignar las citas
correspondientes dentro de un término prudencial y, por
último, (iii) que suministre a la accionante y, de ser necesario,
a un acompañante, el servicio de transporte, ida y regreso,
desde su lugar de residencia (Finca Buenos Aires, vereda El
Platanal del municipio de Anolaima) hasta el casco urbano del
municipio de Anolaima y a la ciudad de Bogotá, o a cualquier
otra ciudad donde la tutelante deba recibir los servicios
prescritos por los médicos tratantes. Segundo.- CONFÍRMASE
en lo demás el fallo impugnado, por las razones aquí
expuestas. Tercero.- ÍNSTASE a la Alcaldía Municipal de
Anolaima y a la Secretaría de Salud de Cundinamarca, para
que de manera coordinada, adelanten las gestiones
necesarias para la entrega del lote y la construcción de una
nueva sede para el Centro de Salud de Reventones […]”.
Adujeron que, ante el incumplimiento del fallo de tutela, el 3 de
noviembre de 2022 promovieron incidente de desacato, por lo que
además solicitaron remisión de copias del asunto a la Fiscalía
General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, con
el fin de que se investigaran las actuaciones surtidas.
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Afirmaron que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL
CONSEJO DE ESTADO ordenó dar apertura al trámite incidental,
y sólo hasta el auto de 3 de febrero de 2023, resolvió sancionar
con desacato a la señora MÓNICA ALEXANDRA MACÍAS
SÁNCHEZ como Agente Especial designada para la EPS Ecoopsos
con multa equivalente a dos (2) SMLMV, por lo que la conminó a
dar cumplimiento so pena de imponerle sanción de arresto por el
término de un (1) día.
Expusieron que durante en el trámite incidental, la EPS Ecoopsos
fue liquidada por la Superintendencia Nacional de Salud,
reasignando sus funciones a la Nueva EPS.
Manifestaron que la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”-
DEL CONSEJO DE ESTADO al conocer del grado jurisdiccional de
consulta, mediante providencia de 19 de julio de 2023 confirmó la
decisión del a quo.
Sostuvieron que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”-
DEL CONSEJO DE ESTADO ordenó el archivo de la actuación, sin
antes verificar el cumplimiento del fallo de tutela, pese a que no
se le ha realizado la cirugía de ojos ni los exámenes ordenados,
así como tampoco el suministro de los medicamentos.
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I.3. Fundamentos de derecho
A juicio de la parte actora, las accionadas continúan vulnerando
sus derechos fundamentales, pues estos siguen comprometidos al
no haberse materializado la sanción impuesta, pese al actuar
abusivo y negligente en su atención en salud.
Manifestaron que el trámite surtido por la SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN “C”- y SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL
CONSEJO DE ESTADO resulta vulnerador de sus derechos
fundamentales, máxime cuando su lentitud y demora al tramitar
el incidente de desacato llevó a que no fuera posible sancionar a
la EPS Ecoopsos, pues fue liquidada y, por tanto, nunca se dio
cumplimiento al fallo de tutela.
Destacaron que, a la fecha, la señora PÍA EUGENIA requiere una
cirugía en sus ojos debido a una avanzada miopía que padece y
cataratas en sus dos ojos, por lo que “[…] está a punto de quedar
ciega por la negligencia en el amparo de su derecho a la salud
[…]”, así como otras dolencias que no fueron atendidas por la EPS
Ecoopsos, la cual fue liquidada siendo reasignadas sus
obligaciones a la Nueva EPS.
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Finalmente, pusieron de presente que la Secretaria General del
Consejo de Estado, doctora DIANA LUCÍA SÁNCHEZ SERNA
omitió tramitar la sanción de arresto impuesta a la Agente Especial
de la EPS Ecoopsos, quien incurrió en desacato.
I.4. Pretensiones
La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales
invocados, los cuales considera vulnerados por las actuaciones
surtidas dentro del trámite incidental, toda vez que, a su juicio, la
demora en la resolución afectó el cumplimiento de la orden de
amparo de 27 de octubre de 2022.
I.5. Trámite procesal
La solicitud de amparo de la referencia fue presentada en principio
ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA contra la
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, LA SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B” y la SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN “C” DEL CONSEJO DE ESTADO, la COMISIÓN
DE ACUSACIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, LA
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL,
FISCALÍAS 2 SECCIONAL DE FACATATIVÁ y 514 LOCAL DE
BOGOTÁ y la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; no obstante,
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mediante auto de 21 de septiembre de 2023 el Magistrado
GERSON CHAVERRA CASTRO ordenó la remisión de la acción de
tutela a esta Corporación para su reparto, pero únicamente en lo
atinente a los cuestionamientos dirigidos al trámite incidental.
Para lo anterior, adujo que comoquiera que la acción de tutela se
dirige a cuestionar, de una parte, los proveídos proferidos por la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- y la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO
dentro de un trámite incidental para lograr el cumplimiento de la
orden de amparo emitida en la sentencia de 27 de octubre de
2022, esa Corporación carecía de competencia para conocer del
asunto.
Ahora, en cuanto a las inconformidades presentadas frente a las
quejas que se surten en las Fiscalías 2 Seccional de Facatativá y
514 Local de Bogotá, resaltó que dicho asunto correspondía a la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, como superior
funcional del Juzgado Penal del Circuito.
Así mismo, en cuanto a la queja presentada ante la COMISIÓN
DE ACUSACIONES DE LA CÁMARA DE PRESENTANTES,
sostuvo que dicho ente cumple funciones jurisdiccionales, por lo
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que el conocimiento de la acción de tutela frente a la mencionada
le compete a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, por lo
que ordenó remitir copia de la demanda de tutela y sus anexos al
Tribunal Superior de Cundinamarca para que asumiera el
conocimiento de la tutela en primera instancia frente a los
cuestionamientos endilgados a las Fiscalías Segunda Seccional de
Facatativá y 514 Local de Bogotá, así como frente a la COMISIÓN
DE ACUSACIONES DE LA CÁMARA DE PRESENTANTES.
Finalmente, en lo que respecta a la acción de tutela dirigida contra
la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y la COMISIÓN NACIONAL
DE DISCIPLINA JUDICIAL, aseveró que ello correspondía a esa
misma Corporación, de conformidad con los numerales 7 y 8 del
artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I.6. Defensa
I.6.1.- La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA informó que en Sala
Plena de esa Corporación del 18 de julio de 2023 se sometió a
reparto entre los miembros de cada una de las Salas Civil, Laboral
y Penal, el conocimiento de la etapa de investigación de la queja
disciplinaria interpuesta por los actores contra la Procuradora
General de la Nación, la doctora MARGARITA LEONOR CABELLO
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BLANCO, correspondiéndole al doctor OMAR ÁNGEL MEJÍA
AMADOR, bajo el radicado 11001023000020230081300, por lo
que dicho asunto se encuentra en trámite y la acción constitucional
de la referencia resulta improcedente.
Adujo que en una acción de tutela promovida ante esa Corporación
anteriormente por los actores por los mismos hechos, mediante
sentencia de 28 de septiembre de 2023, con ponencia del doctor
GERSON CHAVERRA CASTRO, fue denegado el amparo
solicitado al estimar que los quejosos no tienen la calidad de
sujetos procesales al interior del proceso disciplinario, de tal forma
que se tornan irrelevantes los cuestionamientos de los actores.
Así las cosas, refirió que no se advierte vulneración alguna de los
derechos fundamentales invocados.
I.6.2.- La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL
CONSEJO DE ESTADO, luego de rendir informe del trámite
surtido dentro del incidente de desacato objeto de reproche,
resaltó que las decisiones cuestionadas se emitieron con respeto
y acorde a las garantías de los derechos al debido proceso, a la
defensa y contradicción de las partes, por lo que no se advierte
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vulneración alguna de los derechos fundamentales o actuación
arbitraria o irrazonable.
Por último, puso de relieve que la finalidad de la parte actora es
la revisión de los trámites objeto de tutela, sin que se haya
sustentado la configuración de algún defecto en concreto, de tal
forma que la solicitud de amparo de la referencia resulta
improcedente.
I.6.3.- La EPS ECOOPSOS EN LIQUIDACIÓN, vinculada en
calidad de tercera con interés directo en el proceso, sostuvo que
el incidente de desacato objeto de controversia se encuentra
cerrado, comoquiera que se determinó cumplida la orden de
amparo proferida el 27 de octubre de 2022, de tal forma que se
levantó la sanción impuesta en su momento.
II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2023, la SECCIÓN
SEGUNDA declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar
que los autos que decidieron el trámite incidental no se encuentran
incursos en causal específica de procedibilidad, además, que para
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lograr el cumplimiento de la orden de amparo de 27 de octubre de
2022 existen instrumentos ante el juez de primera instancia.
De otra parte, el a quo aclaró que, aun cuando la acción de tutela
fue promovida inicialmente ante la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, mediante auto de 21 de septiembre de 2023 se ordenó
su remisión al CONSEJO DE ESTADO, en lo atinente a los
cuestionamientos efectuados al interior del trámite incidental.
Lo anterior, toda vez que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
adoptó decisiones respecto de la acción de tutela dirigida en contra
de esa Corporación, de la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL y de la COMISIÓN DE ACUSACIONES
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, de tal forma que el
asunto de conocimiento del CONSEJO DE ESTADO se delimitó a
las decisiones adoptadas durante el incidente de desacato.
III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La parte actora impugnó la sentencia proferida en primera
instancia, para lo cual argumentó lo siguiente:
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Adujeron que, contrario a lo advertido por el juez de primera
instancia, si se expusieron con claridad la vulneración de los
derechos fundamentales vulnerados por las autoridades judiciales
accionadas, esto es, la lentitud y demora en la resolución del
incidente de desacato, lo que impidió que se lograra la efectiva
sanción a la EPS Ecoopsos.
Sumado a lo anterior, aseveraron que la Secretaria General del
Consejo de Estado, la doctora DIANA LUCÍA SÁNCHEZ SERNA
no ofició presuntamente a la entidad competente de tramitar la
sanción de arresto, pese a que se incurrió en desacato.
Añadieron que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL
CONSEJO DE ESTADO, incurrió en defecto fáctico por carecer de
apoyo probatorio al negarse a abrir los incidentes de desacato
promovidos en días pasados, así como en violación directa de la
Constitución.
Recalcaron que, con la presente acción de tutela no se pretende
hacer cumplir ninguna orden de tutela sino la protección de los
derechos fundamentales que consideran vulnerados por las
prestadoras de salud, lo cual ha llevado a que se presenten
complicaciones en la salud visual de la señora PÍA EUGENIA.
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Así las cosas, solicitaron que se revoque la decisión del a quo y,
en su lugar, se amparen sus derechos fundamentales invocados.
IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591
de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción
de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,
en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril
de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo
de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que
regula la distribución de negocios entre las Secciones.
Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución
Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
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autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo
42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 2. Dicha
acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que
solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.
Caso concreto
En el presente asunto, la Sala advierte que lo pretendido por la
parte actora es cuestionar el trámite surtido tanto por la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- como por la SECCIÓN SEGUNDA
-SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO dentro del
incidente de desacato identificado con el número único de
radicación 110010315000-2022-02631-02.
La controversia tiene origen en el fallo de tutela de 27 de octubre
de 2022, proferido por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE
ESTADO que amparó el derecho fundamental a la salud de la
señora PÍA EUGENIA, por lo que ordenó a la EPS Ecoopsos a
renovar las autorizaciones otorgadas para la cita de oftalmología
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«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».
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y los exámenes de resonancia magnética de columna lumbosacra
simple y radiografía de hombro, así como cualquier otro servicio
prescrito por los médicos tratantes.
La parte actora al encontrar incumplida la orden de tutela
promovió incidente de desacato, en el cual la SECCIÓN TERCERA
-SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO en providencia
de 3 de febrero de 2023 impuso sanción a la señora MÓNICA
ALEXANDRA MACÍAS SÁNCHEZ, en su calidad de ex-Agente
Especial para la EPS ECOOPSOS, decisión confirmada dentro del
trámite jurisdiccional de consulta por la SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO en auto de 19
de julio de 2023.
A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas
por su presunta negligencia al tramitar el incidente de desacato
impidieron la imposición de la sanción a la señora MÓNICA
ALEXANDRA MACÍAS SÁNCHEZ, en su calidad de ex-Agente
Especial para la EPS Ecoopsos, así como el efectivo cumplimiento
de la orden de tutela, pues la mencionada prestadora de salud fue
liquidada.
Sumado a ello, destacó que la Secretaria General del Consejo de
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Estado omitió tramitar la sanción de arresto impuesta a la Agente
Especial de la EPS Ecoopsos, quien incurrió en desacato.
La acción de tutela de la referencia fue conocida en primera
instancia por la SECCIÓN SEGUNDA que, en sentencia de 12 de
diciembre de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo
al estimar que los autos que decidieron el trámite incidental no se
encuentran incursos en causal específica de procedibilidad,
además, que para lograr el cumplimiento de la orden de amparo
de 27 de octubre de 2022 existen instrumentos ante el juez de
primera instancia, a los cuales puede acudir la parte actora.
Inconforme con lo anterior, los actores impugnaron la decisión del
a quo, insistiendo en que si expusieron con claridad las falencias
en las que que incurrieron las autoridades judiciales accionadas,
así como su lentitud y demora en la resolución del incidente de
desacato, por lo que el actuar de estas resulta vulnerador de sus
derechos fundamentales invocados, máxime cuando la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO,
incurrió en el defecto fáctico y en violación directa de la
Constitución al negarse a abrir los incidentes de desacato
promovidos en días pasados con los radicados
11001031500020220263103 y 11001031500020220263104.
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Añadió que la Secretaria General del Consejo de Estado omitió
tramitar la sanción de arresto a la autoridad competente, pese a
que se incurrió en desacato.
En este punto la Sala destaca que aun cuando el a quo estudio la
solicitud de amparo contra providencia judicial, la Sala advierte
que lo pretendido por la parte actora con la presente acción de
tutela no es dejar sin efectos alguna providencia dictada dentro
del referido trámite incidental o cuestionar el contenido de alguna
de ellas, sino que se dirige a controvertir el presunto actuar
negligente de las autoridades judiciales accionadas dentro del
trámite del mismo.
Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico
que debe resolver consiste en determinar si en el presente caso
se debe confirmar, modificar o revisar la decisión de primer grado,
para lo cual, en primer lugar se debe estudiar si el caso cumple
con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de
tutela y, de ser así, ii) determinar si las autoridades judiciales
accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados
dentro del incidente de desacato identificado con el número único
de radicación 110010315000-2022-02631-02.
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Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia, en especial, el requisito de la
subsidiariedad.
El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por
el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo
86 de la Constitución Política», prevé como causal de
improcedencia que «existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en
que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un
carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente
cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales
para que sus peticiones sean examinadas, a menos que,
existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma
transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata
de sus derechos.
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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,
afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de
los derechos fundamentales no sería examinada por su juez
natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo
con las competencias establecidas por el legislador.
No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría
intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos
fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo
contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de
amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que
se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe
conocer del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del
texto).
Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente
acción de tutela es improcedente por incumplir con el
requisito general de la subsidiariedad, comoquiera que, si
bien lo pretendido en un primer momento es controvertir las
actuaciones surtidas dentro de un trámite incidental, lo que se
3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.
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evidencia es que lo que pretenden realmente los actores es que
se de cumplimiento a la orden de tutela de 27 de octubre de 2022.
En efecto, los actores alegan que las autoridades judiciales
accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados al
actuar de forma negligente y demorada en el trámite incidental,
lo que impidió materializar la sanción impuesta a la señora
MÓNICA ALEXANDRA MACÍAS SÁNCHEZ, en su calidad de ex-
Agente Especial para la EPS Ecoopsos, pues dicha EPS fue
liquidada mientras se surtía el grado jurisdiccional de consulta,
siendo reasignadas sus obligaciones a la Nueva EPS, lo que hizo
imposible que se diera cumplimiento al fallo de tutela.
Sumado a lo anterior, pusieron de presente que la señora PÍA
EUGENIA requiere una cirugía en sus ojos debido a una avanzada
miopía que padece y cataratas, por lo que “[…] está a punto de
quedar ciega por la negligencia en el amparo de su derecho a la
salud […]”, así como otras dolencias que no fueron atendidas por
la EPS Ecoopsos.
Ahora, revisadas las actuaciones en el aplicativo de consulta de
procesos SAMAI, se advierte que bajo el número único de
radicación 110010315000-2022-02631-04 se está surtiendo
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un nuevo trámite incidental promovido por la parte actora y en el
cual, mediante providencia de 4 de marzo de 2024, la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO, dio
apertura al mismo, por lo que ordenó notificar y correr traslado a
la Nueva EPS (sucesora de la EPS Ecoopsos), a la Alcaldía de
Anolaima y a la Secretaria de Salud de Cundinamarca, para que
presentaran informe del cumplimiento del fallo de tutela de 27 de
octubre de 2022.
En esa medida, se destaca que lo pretendido por la actora con la
presente solicitud de amparo, está siendo discutido dentro del
incidente de desacato identificado con el número único de
radicación 110010315000-2022-02631-04, el cual está en
curso, por lo que no es válido que la parte actora pretenda
desplazar los medios de defensa que tiene a su alcance con este
mecanismo constitucional de carácter excepcional.
Aunado a lo anterior, se advierte que las actuaciones reprochadas
tanto a los magistrados de la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN
“C”- y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL
CONSEJO DE ESTADO, por la demora en la resolución del trámite
incidental también están siendo objeto de análisis en otra sede,
toda vez que los actores presentaron varias quejas disciplinarias
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ante la COMISIÓN DE ACUSACIONES DE LA CAMARA DE
REPRESENTANTES y la COMISIÓN NACIONAL DE
DISCIPLINA JUDICIAL, contra los Consejeros JAIME ENRIQUE
RODRÍGUEZ NAVAS y CÉSAR PALOMINO CORTÉS, las cuales
se encuentran en curso.
En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela
ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se
emitan unas órdenes que evidentemente son competencia del juez
de conocimiento y que deben ser ventiladas dentro del incidente
de desacato, escenario idóneo para resolver la controversia aquí
planteada.
Ahora, en cuanto al reproche expuesto en el escrito de
impugnación, por medio del cual los actores alegaron que la
SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE
ESTADO, incurrió en defecto fáctico y en violación directa de la
Constitución por carecer de apoyo probatorio al negarse a abrir
los incidentes de desacato promovidos en días pasados, la Sala
pone de manifiesto que estos son hechos nuevos que no fueron
objeto de estudio por el juez de primera instancia, por lo que so
pena de pretermitir la doble instancia de la acción de tutela, se
relevará de dichos cargos.
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Finalmente, en lo referente a la alegada inconformidad, según la
cual la Secretaría General del Consejo de Estado omitió tramitar
la sanción impuesta a la Agente Especial de la EPS Ecoopsos, quien
incurrió en desacato, la Sala destaca que no tiene vocación de
prosperidad.
En efecto, revisadas las actuaciones surtidas en el trámite
incidental se advierte que, mediante oficio de 7 de septiembre de
2023, dirigido por la Secretaría General del Consejo de Estado a
la Directora Administrativa de la División de Fondos Especiales y
Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, se puso en conocimiento la sanción impuesta mediante
providencia de 3 de febrero y confirmada en auto de 19 de julio
de 2023, de la siguiente manera:
“[…] Respetada doctora Lina Yalile:
Con toda consideración y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 10 de la Ley 1743 de 2014 y la Ley 2213 de 2022,
me permito enviar copia digital de las providencias de 3 de
febrero y 19 de julio de 2023, proferidas por las secciones
Tercera - Subsección C y Segunda - Subsección B del Consejo
de Estado, respectivamente, en el proceso de la referencia,
mediante las cuales se impuso sanción a la señora Mónica
Alexandra Macías Sánchez, en calidad de Agente Especial de
la entidad Ecoopsos EPS en liquidación, consistente en multa
equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.
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De igual forma, hago constar que la señora Mónica Alexandra
Macías Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía No.
55169686 de Neiva, fue notificada mediante correo
electrónico, el 15 de agosto de 2023 y, por tanto, las
mencionadas providencias quedaron ejecutoriadas el 23 de
agosto de 2023, a las 5:00 pm.
Asimismo, que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1743
de 2014, en el plazo concedido para realizar el pago de la
sanción, esto es, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre
de 2023, no se allegó el comprobante de consignación. Envío
lo enunciado en 3 archivos adjuntos.
Atentamente,
Diana Lucía Sánchez Serna
Secretaria General […]”.
Aunado a lo anterior, la Sala no advierte la existencia de un
perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de
la referencia como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, dado que de los elementos de juicio obrantes en el
expediente no es posible establecer dicha circunstancia.
En las condiciones anotadas, la Sala confirmará la decisión del a
quo que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,
pero por las razones expuestas en precedencia, como en efecto se
dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera,
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administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito
y eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,
discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de marzo
de 2024.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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