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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05430-01

Fecha
14 de marzo de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05430-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05430-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-05430-01
Referencia: Acción de tutela
Actores: PÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Y OTRO.

TESIS: CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, PERO POR LAS RAZONES
AQUÍ EXPUESTAS. CARECE DE SUBSIDIARIEDAD. EL OBJETO DE LA ACCIÓN
DE TUTELA DE LA REFERENCIA ES QUE SE DE CUMPLIMIENTO AL FALLO DE
27 DE OCTUBRE DE 2022, ASUNTO QUE YA ESTÁ SIENDO ANALIZADO EN
EL INCIDENTE DE DESACATO 2022-02631-04, ADEMÁS, LAS
INCONFORMIDADES EN CUANTO AL ACTUAR DE LOS MAGISTRADOS DE
LAS SECCIONES TERCERA, SUBSECCIÓN “C” Y SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B”
DEL CONSEJO DE ESTADO YA ESTAN EN CURSO PRECISAMENTE POR LAS
QUEJAS INTERPUESTAS POR LOS ACTORES ANTE LA COMISIÓN NACIONAL
DE DISCIPLINA JUDICIAL Y LA COMISIÓN DE ACUSACIONES DE LA
CÁMARA DE REPRESENTANTES. LA SECRETARÍA GENERAL DEL CONSEJO
DE ESTADO NO OMITIÓ DAR TRÁMITE A LA SANCIÓN.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A LA VIDA, A LA SALUD, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, A LA IGUALDAD Y AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora

contra la sentencia de 12 de diciembre de 2023, mediante la cual

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Número único de radicación: 110010315000-2023-05430-01
Actores: PÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Y OTRO.

la SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN “A” DEL CONSEJO DE

ESTADO1 declaró improcedente la solicitud de amparo.

I. ANTECEDENTES

I.1 La solicitud

Los señores PÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ y LUIS

CARLOS DOMÍNGUEZ RAMÍREZ, actuando en nombre propio,

en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la

Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos

fundamentales a la vida, a la salud, al acceso a la administración

de justicia, a la igualdad y al debido proceso, los cuales, a su juicio,

les fueron vulnerados por la PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE

ESTADO, la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- y la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE

ESTADO al incurrir en una presunta negligencia en las

actuaciones surtidas dentro del incidente de desacato adelantado

para lograr el cumplimiento del fallo de 27 de octubre de 2022,

proferido dentro de la acción de tutela identificada con el número

único de radicación 110010315000-2022-02631-01.

1
En adelante la SECCIÓN SEGUNDA.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-05430-01
Actores: PÍA EUGENIA DOMÍNGUEZ RAMÍREZ Y OTRO.

I.2 Hechos

Pese a la falta de claridad de los actores al exponer los hechos,

del escrito primigenio de la acción de tutela de la referencia, así

como del memorial de subsanación, la Sala extrae como

relevantes, los siguientes:

Indicaron que promovieron acción de tutela contra el Consejo de

Estado, el Ministerio de Salud y Protección Social, la Fiscalía

General de la Nación, la Gobernación de Cundinamarca, la

Secretaría de Salud de Cundinamarca, la Alcaldía de Anolaima, la

EPS Ecoopsos, la EPS Convida, la E.S.E. Hospital San Antonio de

Anolaima, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la

Nación, la Personería de Anolaima, la Junta de Acción Comunal del

Centro Poblado de Reventones – Anolaima y la Junta de Acción

Comunal del Centro Poblado de Corralejas – Anolaima, por la falta

de apoyo para la reapertura de los centros de salud que se

encontraban cerrados en el Centro Poblado de Reventones, del

Municipio de Anolaima, lo que dificultaba recibir atención en salud.

Refirieron que la señora PÍA EUGENIA fue afectada por la

situación, comoquiera que no le fue posible ser atendida por

especialistas, ni tampoco le fueron aprobados los exámenes y

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procedimientos relacionados con oftalmología.

Relataron que a la acción de tutela le fue asignado el número único

de radicación 2022-02631-00 y le correspondió por reparto a la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE

ESTADO que, en sentencia de 17 de junio de 2022, declaró

improcedente la solicitud de amparo al considerar que para la

reconstrucción y/o reapertura del centro de salud los actores

contaban con la acción popular; además, frente a las demás

pretensiones relacionadas con la defectuosa atención de salud de

la señora PÍA EUGENIA, las denegó, al estimar que no se

encontraron vulnerados los derechos fundamentales.

Comentaron que la segunda instancia correspondió a la SECCIÓN

CUARTA DEL CONSEJO DE ESTADO que, mediante fallo de

tutela de 27 de octubre de 2022, revocó la decisión del a quo y,

en su lugar, amparó el derecho fundamental a la salud de la señora

PÍA EUGENIA, por lo que ordenó a la EPS Ecoopsos a renovar las

autorizaciones otorgadas para la cita de oftalmología y los

exámenes de resonancia magnética de columna lumbosacra

simple y radiografía de hombro, así como cualquier otro servicio

prescrito por los médicos tratantes, confirmando en todo lo demás

el fallo impugnado e instando a la Alcaldía de Anolaima y a la

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Secretaría de Salud de Cundinamarca para que adelantaran las

gestiones necesarias para la construcción de una nueva sede para

el Centro de Salud de Reventones, de la siguiente manera:

“[…] AMPÁRASE el derecho fundamental a la salud de la
señora Pía Eugenia Domínguez Ramírez. En consecuencia,

ORDÉNASE a la EPS ECOOPSOS (i) que dentro de los cinco
(5) días siguientes a la notificación de la presente providencia
proceda a renovar las autorizaciones otorgadas previamente
para la cita de oftalmología y los exámenes de resonancia
magnética de columna lumbosacra simple y radiografía de
hombro y cualquier otro servicio prescrito por los médicos
tratantes hasta la fecha de emitirse esta providencia a las que
no haya podido asistir la accionante; (ii) que una vez
renovadas las autorizaciones proceda a asignar las citas
correspondientes dentro de un término prudencial y, por
último, (iii) que suministre a la accionante y, de ser necesario,
a un acompañante, el servicio de transporte, ida y regreso,
desde su lugar de residencia (Finca Buenos Aires, vereda El
Platanal del municipio de Anolaima) hasta el casco urbano del
municipio de Anolaima y a la ciudad de Bogotá, o a cualquier
otra ciudad donde la tutelante deba recibir los servicios
prescritos por los médicos tratantes. Segundo.- CONFÍRMASE
en lo demás el fallo impugnado, por las razones aquí
expuestas. Tercero.- ÍNSTASE a la Alcaldía Municipal de
Anolaima y a la Secretaría de Salud de Cundinamarca, para
que de manera coordinada, adelanten las gestiones
necesarias para la entrega del lote y la construcción de una
nueva sede para el Centro de Salud de Reventones […]”.

Adujeron que, ante el incumplimiento del fallo de tutela, el 3 de

noviembre de 2022 promovieron incidente de desacato, por lo que

además solicitaron remisión de copias del asunto a la Fiscalía

General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, con

el fin de que se investigaran las actuaciones surtidas.

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Afirmaron que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL

CONSEJO DE ESTADO ordenó dar apertura al trámite incidental,

y sólo hasta el auto de 3 de febrero de 2023, resolvió sancionar

con desacato a la señora MÓNICA ALEXANDRA MACÍAS

SÁNCHEZ como Agente Especial designada para la EPS Ecoopsos

con multa equivalente a dos (2) SMLMV, por lo que la conminó a

dar cumplimiento so pena de imponerle sanción de arresto por el

término de un (1) día.

Expusieron que durante en el trámite incidental, la EPS Ecoopsos

fue liquidada por la Superintendencia Nacional de Salud,

reasignando sus funciones a la Nueva EPS.

Manifestaron que la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”-

DEL CONSEJO DE ESTADO al conocer del grado jurisdiccional de

consulta, mediante providencia de 19 de julio de 2023 confirmó la

decisión del a quo.

Sostuvieron que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”-

DEL CONSEJO DE ESTADO ordenó el archivo de la actuación, sin

antes verificar el cumplimiento del fallo de tutela, pese a que no

se le ha realizado la cirugía de ojos ni los exámenes ordenados,

así como tampoco el suministro de los medicamentos.

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I.3. Fundamentos de derecho

A juicio de la parte actora, las accionadas continúan vulnerando

sus derechos fundamentales, pues estos siguen comprometidos al

no haberse materializado la sanción impuesta, pese al actuar

abusivo y negligente en su atención en salud.

Manifestaron que el trámite surtido por la SECCIÓN TERCERA -

SUBSECCIÓN “C”- y SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL

CONSEJO DE ESTADO resulta vulnerador de sus derechos

fundamentales, máxime cuando su lentitud y demora al tramitar

el incidente de desacato llevó a que no fuera posible sancionar a

la EPS Ecoopsos, pues fue liquidada y, por tanto, nunca se dio

cumplimiento al fallo de tutela.

Destacaron que, a la fecha, la señora PÍA EUGENIA requiere una

cirugía en sus ojos debido a una avanzada miopía que padece y

cataratas en sus dos ojos, por lo que “[…] está a punto de quedar

ciega por la negligencia en el amparo de su derecho a la salud

[…]”, así como otras dolencias que no fueron atendidas por la EPS

Ecoopsos, la cual fue liquidada siendo reasignadas sus

obligaciones a la Nueva EPS.

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Finalmente, pusieron de presente que la Secretaria General del

Consejo de Estado, doctora DIANA LUCÍA SÁNCHEZ SERNA

omitió tramitar la sanción de arresto impuesta a la Agente Especial

de la EPS Ecoopsos, quien incurrió en desacato.

I.4. Pretensiones

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales

invocados, los cuales considera vulnerados por las actuaciones

surtidas dentro del trámite incidental, toda vez que, a su juicio, la

demora en la resolución afectó el cumplimiento de la orden de

amparo de 27 de octubre de 2022.

I.5. Trámite procesal

La solicitud de amparo de la referencia fue presentada en principio

ante la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA contra la

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO, LA SECCIÓN

SEGUNDA, SUBSECCIÓN “B” y la SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN “C” DEL CONSEJO DE ESTADO, la COMISIÓN

DE ACUSACIONES DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, LA

COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL,

FISCALÍAS 2 SECCIONAL DE FACATATIVÁ y 514 LOCAL DE

BOGOTÁ y la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; no obstante,

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mediante auto de 21 de septiembre de 2023 el Magistrado

GERSON CHAVERRA CASTRO ordenó la remisión de la acción de

tutela a esta Corporación para su reparto, pero únicamente en lo

atinente a los cuestionamientos dirigidos al trámite incidental.

Para lo anterior, adujo que comoquiera que la acción de tutela se

dirige a cuestionar, de una parte, los proveídos proferidos por la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- y la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO

dentro de un trámite incidental para lograr el cumplimiento de la

orden de amparo emitida en la sentencia de 27 de octubre de

2022, esa Corporación carecía de competencia para conocer del

asunto.

Ahora, en cuanto a las inconformidades presentadas frente a las

quejas que se surten en las Fiscalías 2 Seccional de Facatativá y

514 Local de Bogotá, resaltó que dicho asunto correspondía a la

Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, como superior

funcional del Juzgado Penal del Circuito.

Así mismo, en cuanto a la queja presentada ante la COMISIÓN

DE ACUSACIONES DE LA CÁMARA DE PRESENTANTES,

sostuvo que dicho ente cumple funciones jurisdiccionales, por lo

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que el conocimiento de la acción de tutela frente a la mencionada

le compete a los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, por lo

que ordenó remitir copia de la demanda de tutela y sus anexos al

Tribunal Superior de Cundinamarca para que asumiera el

conocimiento de la tutela en primera instancia frente a los

cuestionamientos endilgados a las Fiscalías Segunda Seccional de

Facatativá y 514 Local de Bogotá, así como frente a la COMISIÓN

DE ACUSACIONES DE LA CÁMARA DE PRESENTANTES.

Finalmente, en lo que respecta a la acción de tutela dirigida contra

la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y la COMISIÓN NACIONAL

DE DISCIPLINA JUDICIAL, aseveró que ello correspondía a esa

misma Corporación, de conformidad con los numerales 7 y 8 del

artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I.6. Defensa

I.6.1.- La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA informó que en Sala

Plena de esa Corporación del 18 de julio de 2023 se sometió a

reparto entre los miembros de cada una de las Salas Civil, Laboral

y Penal, el conocimiento de la etapa de investigación de la queja

disciplinaria interpuesta por los actores contra la Procuradora

General de la Nación, la doctora MARGARITA LEONOR CABELLO

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BLANCO, correspondiéndole al doctor OMAR ÁNGEL MEJÍA

AMADOR, bajo el radicado 11001023000020230081300, por lo

que dicho asunto se encuentra en trámite y la acción constitucional

de la referencia resulta improcedente.

Adujo que en una acción de tutela promovida ante esa Corporación

anteriormente por los actores por los mismos hechos, mediante

sentencia de 28 de septiembre de 2023, con ponencia del doctor

GERSON CHAVERRA CASTRO, fue denegado el amparo

solicitado al estimar que los quejosos no tienen la calidad de

sujetos procesales al interior del proceso disciplinario, de tal forma

que se tornan irrelevantes los cuestionamientos de los actores.

Así las cosas, refirió que no se advierte vulneración alguna de los

derechos fundamentales invocados.

I.6.2.- La SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL

CONSEJO DE ESTADO, luego de rendir informe del trámite

surtido dentro del incidente de desacato objeto de reproche,

resaltó que las decisiones cuestionadas se emitieron con respeto

y acorde a las garantías de los derechos al debido proceso, a la

defensa y contradicción de las partes, por lo que no se advierte

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vulneración alguna de los derechos fundamentales o actuación

arbitraria o irrazonable.

Por último, puso de relieve que la finalidad de la parte actora es

la revisión de los trámites objeto de tutela, sin que se haya

sustentado la configuración de algún defecto en concreto, de tal

forma que la solicitud de amparo de la referencia resulta

improcedente.

I.6.3.- La EPS ECOOPSOS EN LIQUIDACIÓN, vinculada en

calidad de tercera con interés directo en el proceso, sostuvo que

el incidente de desacato objeto de controversia se encuentra

cerrado, comoquiera que se determinó cumplida la orden de

amparo proferida el 27 de octubre de 2022, de tal forma que se

levantó la sanción impuesta en su momento.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia de 12 de diciembre de 2023, la SECCIÓN

SEGUNDA declaró improcedente la solicitud de amparo al estimar

que los autos que decidieron el trámite incidental no se encuentran

incursos en causal específica de procedibilidad, además, que para

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lograr el cumplimiento de la orden de amparo de 27 de octubre de

2022 existen instrumentos ante el juez de primera instancia.

De otra parte, el a quo aclaró que, aun cuando la acción de tutela

fue promovida inicialmente ante la CORTE SUPREMA DE

JUSTICIA, mediante auto de 21 de septiembre de 2023 se ordenó

su remisión al CONSEJO DE ESTADO, en lo atinente a los

cuestionamientos efectuados al interior del trámite incidental.

Lo anterior, toda vez que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

adoptó decisiones respecto de la acción de tutela dirigida en contra

de esa Corporación, de la COMISIÓN NACIONAL DE

DISCIPLINA JUDICIAL y de la COMISIÓN DE ACUSACIONES

DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, de tal forma que el

asunto de conocimiento del CONSEJO DE ESTADO se delimitó a

las decisiones adoptadas durante el incidente de desacato.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

La parte actora impugnó la sentencia proferida en primera

instancia, para lo cual argumentó lo siguiente:

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Adujeron que, contrario a lo advertido por el juez de primera

instancia, si se expusieron con claridad la vulneración de los

derechos fundamentales vulnerados por las autoridades judiciales

accionadas, esto es, la lentitud y demora en la resolución del

incidente de desacato, lo que impidió que se lograra la efectiva

sanción a la EPS Ecoopsos.

Sumado a lo anterior, aseveraron que la Secretaria General del

Consejo de Estado, la doctora DIANA LUCÍA SÁNCHEZ SERNA

no ofició presuntamente a la entidad competente de tramitar la

sanción de arresto, pese a que se incurrió en desacato.

Añadieron que la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL

CONSEJO DE ESTADO, incurrió en defecto fáctico por carecer de

apoyo probatorio al negarse a abrir los incidentes de desacato

promovidos en días pasados, así como en violación directa de la

Constitución.

Recalcaron que, con la presente acción de tutela no se pretende

hacer cumplir ninguna orden de tutela sino la protección de los

derechos fundamentales que consideran vulnerados por las

prestadoras de salud, lo cual ha llevado a que se presenten

complicaciones en la salud visual de la señora PÍA EUGENIA.

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Así las cosas, solicitaron que se revoque la decisión del a quo y,

en su lugar, se amparen sus derechos fundamentales invocados.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación,

de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591

de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción

de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política,

en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril

de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo

de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de negocios entre las Secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los

derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten

vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier

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autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo

42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 1991 2. Dicha

acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que

solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de

defensa judiciales, salvo que se utilice como mecanismo

transitorio con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso concreto

En el presente asunto, la Sala advierte que lo pretendido por la

parte actora es cuestionar el trámite surtido tanto por la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- como por la SECCIÓN SEGUNDA

-SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO dentro del

incidente de desacato identificado con el número único de

radicación 110010315000-2022-02631-02.

La controversia tiene origen en el fallo de tutela de 27 de octubre

de 2022, proferido por la SECCIÓN CUARTA DEL CONSEJO DE

ESTADO que amparó el derecho fundamental a la salud de la

señora PÍA EUGENIA, por lo que ordenó a la EPS Ecoopsos a

renovar las autorizaciones otorgadas para la cita de oftalmología

2
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política».

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y los exámenes de resonancia magnética de columna lumbosacra

simple y radiografía de hombro, así como cualquier otro servicio

prescrito por los médicos tratantes.

La parte actora al encontrar incumplida la orden de tutela

promovió incidente de desacato, en el cual la SECCIÓN TERCERA

-SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO en providencia

de 3 de febrero de 2023 impuso sanción a la señora MÓNICA

ALEXANDRA MACÍAS SÁNCHEZ, en su calidad de ex-Agente

Especial para la EPS ECOOPSOS, decisión confirmada dentro del

trámite jurisdiccional de consulta por la SECCIÓN SEGUNDA -

SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE ESTADO en auto de 19

de julio de 2023.

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales accionadas

por su presunta negligencia al tramitar el incidente de desacato

impidieron la imposición de la sanción a la señora MÓNICA

ALEXANDRA MACÍAS SÁNCHEZ, en su calidad de ex-Agente

Especial para la EPS Ecoopsos, así como el efectivo cumplimiento

de la orden de tutela, pues la mencionada prestadora de salud fue

liquidada.

Sumado a ello, destacó que la Secretaria General del Consejo de

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Estado omitió tramitar la sanción de arresto impuesta a la Agente

Especial de la EPS Ecoopsos, quien incurrió en desacato.

La acción de tutela de la referencia fue conocida en primera

instancia por la SECCIÓN SEGUNDA que, en sentencia de 12 de

diciembre de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo

al estimar que los autos que decidieron el trámite incidental no se

encuentran incursos en causal específica de procedibilidad,

además, que para lograr el cumplimiento de la orden de amparo

de 27 de octubre de 2022 existen instrumentos ante el juez de

primera instancia, a los cuales puede acudir la parte actora.

Inconforme con lo anterior, los actores impugnaron la decisión del

a quo, insistiendo en que si expusieron con claridad las falencias

en las que que incurrieron las autoridades judiciales accionadas,

así como su lentitud y demora en la resolución del incidente de

desacato, por lo que el actuar de estas resulta vulnerador de sus

derechos fundamentales invocados, máxime cuando la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO,

incurrió en el defecto fáctico y en violación directa de la

Constitución al negarse a abrir los incidentes de desacato

promovidos en días pasados con los radicados

11001031500020220263103 y 11001031500020220263104.

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Número único de radicación: 110010315000-2023-05430-01
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Añadió que la Secretaria General del Consejo de Estado omitió

tramitar la sanción de arresto a la autoridad competente, pese a

que se incurrió en desacato.

En este punto la Sala destaca que aun cuando el a quo estudio la

solicitud de amparo contra providencia judicial, la Sala advierte

que lo pretendido por la parte actora con la presente acción de

tutela no es dejar sin efectos alguna providencia dictada dentro

del referido trámite incidental o cuestionar el contenido de alguna

de ellas, sino que se dirige a controvertir el presunto actuar

negligente de las autoridades judiciales accionadas dentro del

trámite del mismo.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico

que debe resolver consiste en determinar si en el presente caso

se debe confirmar, modificar o revisar la decisión de primer grado,

para lo cual, en primer lugar se debe estudiar si el caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela y, de ser así, ii) determinar si las autoridades judiciales

accionadas vulneraron los derechos fundamentales invocados

dentro del incidente de desacato identificado con el número único

de radicación 110010315000-2022-02631-02.

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Así las cosas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos

generales de procedencia, en especial, el requisito de la

subsidiariedad.

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por

el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo

86 de la Constitución Política», prevé como causal de

improcedencia que «existan otros recursos o medios de

defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como

mecanismo transitorio para evitar un perjuicio

irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en

concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en

que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que,

existiendo tales mecanismos, esta acción se instaure en forma

transitoria, en aras de obtener una protección urgente e inmediata

de sus derechos.

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Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de

los derechos fundamentales no sería examinada por su juez

natural idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo

con las competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia

de un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que

se dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe

conocer del fondo del asunto.»3 (Subrayas y negrillas fuera del

texto).

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por incumplir con el

requisito general de la subsidiariedad, comoquiera que, si

bien lo pretendido en un primer momento es controvertir las

actuaciones surtidas dentro de un trámite incidental, lo que se

3 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván
Palacio Palacio.

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evidencia es que lo que pretenden realmente los actores es que

se de cumplimiento a la orden de tutela de 27 de octubre de 2022.

En efecto, los actores alegan que las autoridades judiciales

accionadas vulneraron sus derechos fundamentales invocados al

actuar de forma negligente y demorada en el trámite incidental,

lo que impidió materializar la sanción impuesta a la señora

MÓNICA ALEXANDRA MACÍAS SÁNCHEZ, en su calidad de ex-

Agente Especial para la EPS Ecoopsos, pues dicha EPS fue

liquidada mientras se surtía el grado jurisdiccional de consulta,

siendo reasignadas sus obligaciones a la Nueva EPS, lo que hizo

imposible que se diera cumplimiento al fallo de tutela.

Sumado a lo anterior, pusieron de presente que la señora PÍA

EUGENIA requiere una cirugía en sus ojos debido a una avanzada

miopía que padece y cataratas, por lo que “[…] está a punto de

quedar ciega por la negligencia en el amparo de su derecho a la

salud […]”, así como otras dolencias que no fueron atendidas por

la EPS Ecoopsos.

Ahora, revisadas las actuaciones en el aplicativo de consulta de

procesos SAMAI, se advierte que bajo el número único de

radicación 110010315000-2022-02631-04 se está surtiendo

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un nuevo trámite incidental promovido por la parte actora y en el

cual, mediante providencia de 4 de marzo de 2024, la SECCIÓN

TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO, dio

apertura al mismo, por lo que ordenó notificar y correr traslado a

la Nueva EPS (sucesora de la EPS Ecoopsos), a la Alcaldía de

Anolaima y a la Secretaria de Salud de Cundinamarca, para que

presentaran informe del cumplimiento del fallo de tutela de 27 de

octubre de 2022.

En esa medida, se destaca que lo pretendido por la actora con la

presente solicitud de amparo, está siendo discutido dentro del

incidente de desacato identificado con el número único de

radicación 110010315000-2022-02631-04, el cual está en

curso, por lo que no es válido que la parte actora pretenda

desplazar los medios de defensa que tiene a su alcance con este

mecanismo constitucional de carácter excepcional.

Aunado a lo anterior, se advierte que las actuaciones reprochadas

tanto a los magistrados de la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN

“C”- y la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL

CONSEJO DE ESTADO, por la demora en la resolución del trámite

incidental también están siendo objeto de análisis en otra sede,

toda vez que los actores presentaron varias quejas disciplinarias

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ante la COMISIÓN DE ACUSACIONES DE LA CAMARA DE

REPRESENTANTES y la COMISIÓN NACIONAL DE

DISCIPLINA JUDICIAL, contra los Consejeros JAIME ENRIQUE

RODRÍGUEZ NAVAS y CÉSAR PALOMINO CORTÉS, las cuales

se encuentran en curso.

En ese orden de ideas, se destaca que mal podría el juez de tutela

ordenar un amparo constitucional con el propósito de que se

emitan unas órdenes que evidentemente son competencia del juez

de conocimiento y que deben ser ventiladas dentro del incidente

de desacato, escenario idóneo para resolver la controversia aquí

planteada.

Ahora, en cuanto al reproche expuesto en el escrito de

impugnación, por medio del cual los actores alegaron que la

SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE

ESTADO, incurrió en defecto fáctico y en violación directa de la

Constitución por carecer de apoyo probatorio al negarse a abrir

los incidentes de desacato promovidos en días pasados, la Sala

pone de manifiesto que estos son hechos nuevos que no fueron

objeto de estudio por el juez de primera instancia, por lo que so

pena de pretermitir la doble instancia de la acción de tutela, se

relevará de dichos cargos.

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Finalmente, en lo referente a la alegada inconformidad, según la

cual la Secretaría General del Consejo de Estado omitió tramitar

la sanción impuesta a la Agente Especial de la EPS Ecoopsos, quien

incurrió en desacato, la Sala destaca que no tiene vocación de

prosperidad.

En efecto, revisadas las actuaciones surtidas en el trámite

incidental se advierte que, mediante oficio de 7 de septiembre de

2023, dirigido por la Secretaría General del Consejo de Estado a

la Directora Administrativa de la División de Fondos Especiales y

Cobro Coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración

Judicial, se puso en conocimiento la sanción impuesta mediante

providencia de 3 de febrero y confirmada en auto de 19 de julio

de 2023, de la siguiente manera:

“[…] Respetada doctora Lina Yalile:

Con toda consideración y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 10 de la Ley 1743 de 2014 y la Ley 2213 de 2022,
me permito enviar copia digital de las providencias de 3 de
febrero y 19 de julio de 2023, proferidas por las secciones
Tercera - Subsección C y Segunda - Subsección B del Consejo
de Estado, respectivamente, en el proceso de la referencia,
mediante las cuales se impuso sanción a la señora Mónica
Alexandra Macías Sánchez, en calidad de Agente Especial de
la entidad Ecoopsos EPS en liquidación, consistente en multa
equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes.

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De igual forma, hago constar que la señora Mónica Alexandra
Macías Sánchez, identificada con cédula de ciudadanía No.
55169686 de Neiva, fue notificada mediante correo
electrónico, el 15 de agosto de 2023 y, por tanto, las
mencionadas providencias quedaron ejecutoriadas el 23 de
agosto de 2023, a las 5:00 pm.

Asimismo, que, de acuerdo con el artículo 10 de la Ley 1743
de 2014, en el plazo concedido para realizar el pago de la
sanción, esto es, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre
de 2023, no se allegó el comprobante de consignación. Envío
lo enunciado en 3 archivos adjuntos.

Atentamente,

Diana Lucía Sánchez Serna
Secretaria General […]”.

Aunado a lo anterior, la Sala no advierte la existencia de un

perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela de

la referencia como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio

irremediable, dado que de los elementos de juicio obrantes en el

expediente no es posible establecer dicha circunstancia.

En las condiciones anotadas, la Sala confirmará la decisión del a

quo que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia,

pero por las razones expuestas en precedencia, como en efecto se

dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera,

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administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, pero por las

razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito

y eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para

su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída,

discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de marzo

de 2024.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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