RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-05446-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05446-01

Fecha
5 de febrero de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05446-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 26 de octubre de 2023, por la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia constitucional, por las razones aquí descritas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-05446-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

5 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 5 de febrero de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05446-01
Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia
confirmatoria de la decisión de primer grado que negó las pretensiones de la demanda
dentro de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en el que se reclamó el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por pago tardío de cesantías a una
docente afiliada al FOMAG.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a decidir la
impugnación presentada por la parte actora contra la Sentencia de 26 de
octubre de 2023, por la cual la Sección Quinta del Consejo de Estado
declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de relevancia
constitucional2.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Fallo de primera instancia e
impugnación.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 26 de septiembre de 2023, Nubia Stella Pérez Rojas, mediante
apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Boyacá, por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a
la administración de justicia, así como de los principios de seguridad
jurídica y (se trascribe) “perpetuatio jurisdictionis[,] desconocimiento del
precedente vertical” y situación más favorable al trabajador en caso de
duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho,

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo No. 80 de 2019 de esta Corporación.
2 “PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación elevada por la Fiduprevisora S.A. (Como Administradora del

Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio). // SEGUNDO: Declárase improcedente la acción de
tutela presentada por la señora Nubia Stella Pérez Rojas contra el Tribunal Administrativo de Boyacá, por los
motivos expuestos en esta providencia. (…)”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05446-01
Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

con ocasión de la Sentencia de 25 de julio de 2023, proferida por la
autoridad accionada en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho No. 15001-33-33-014-2022-00099-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la sentencia
proferida el día 7/25/2023, en el expediente rad. No.
15001333301420220009901, transgredió los derechos fundamentales: AL
DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA
SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, del la accionante, por considerar que las razones de la decisión no
se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso
administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en
las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda
del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el
reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la
demanda, de acuerdo a los postulados establecidos en los siguientes
expedientes: (…)”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos,
se destacan los siguientes:

4. 1) Nubia Stella Pérez Rojas trabaja como docente oficial y se vinculó
al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) después de
1990, por lo que, a su juicio, le debían reconocer y pagar las cesantías bajo
el régimen anualizado.

5. 2) El 15 de febrero de 2021, el Ministerio de Educación Nacional no
consignó al FOMAG las cesantías por los servicios que prestó la señora
Pérez Rojas en 2020.

6. 3) El 27 de julio de 2021, la parte actora solicitó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, por la no consignación oportuna de las cesantías, así como la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías.

7. 4) Mediante el acto administrativo No. 1.2.5.1.1-38 de 27 de agosto
de 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá negó lo solicitado.

2 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05446-01
Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

8. 5) Por lo anterior, la señora Pérez Rojas presentó demanda, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
para obtener la nulidad del aludido acto administrativo, tras considerar
que se desconoció la norma aplicable al caso en concreto, a saber, el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, junto con el principio de favorabilidad.

9. 6) Mediante Sentencia de 13 de marzo de 2023, el Juzgado 14
Administrativo de Tunja negó las pretensiones de la demanda. Como
fundamento de su decisión, indicó que, de conformidad con el principio
de inescindibilidad de la norma, el régimen especial de los docentes
excluía la aplicación de las normas del régimen general y que dicha
situación no generaba una vulneración al derecho a la igualdad. Señaló
que se apartó de la Sentencia SU-98 de 2018 de la Corte Constitucional
debido a que, de acogerse la misma, se afectaría la naturaleza del sistema
de reconocimiento de cesantías e intereses de las cesantías de los
docentes oficiales vinculados al FOMAG.

10. 7) La anterior decisión fue apelada por la demandante, quien
consideró que, no sólo la ley sino la jurisprudencia constitucional y del
Consejo de Estado, tanto de 2021 como de 2022, contemplaron la
aplicación, de manera pacífica, de la Ley 50 de 1990 a los docentes
oficiales, en igualdad de condiciones al resto de empleados públicos.

11. 8) En Sentencia de 25 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Boyacá confirmó la sentencia apelada, tras determinar que los supuestos
de la sanción moratoria solicitada resultaban incompatibles con el régimen
que cobija a los docentes oficiales, dada su naturaleza. Precisó que se
apartó de la Sentencia SU-98 de 2018, porque los supuestos fácticos eran
disímiles con el caso en concreto e indicó que la Sentencia SU-573 de 2019
de la Corte Constitucional estableció que el asunto no tenía trascendencia
constitucional por lo que no resultaba procedente estudiarlo desde la
perspectiva del principio de favorabilidad o igualdad.

12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que el
Tribunal accionado incurrió en violación directa de la Constitución por: (1)
la no aplicación del principio de favorabilidad y, con ello, el
desconocimiento del artículo 53 de la Constitución Política; y (2) la falta de
reconocimiento de la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 por la no consignación del auxilio de cesantías en el
respectivo fondo. Cargo que, además, adujo, se encuadraba en un
defecto sustantivo.

3 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05446-01
Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

13. Señaló, igualmente, que se desconoció el precedente, toda vez que,
tanto la Corte Constitucional3 como el Consejo de Estado4, reconocieron a
favor de los docentes oficiales el derecho a la sanción por mora en el
pago del auxilio de cesantías, es decir, aplicaron las disposiciones de la Ley
50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad y la ausencia de
regulación. Incluso, citó providencias de tribunales y juzgados
administrativos en las que también se reconoció ese derecho.

14. Manifestó que hubo una interpretación restrictiva sobre la aplicación
de la sanción moratoria por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá en
la decisión reprochada, puesto que (se trascribe) “a los maestros deben
tratarse en igualdad de condiciones, que al resto de empleados públicos
del país5”. En esa medida indicó que, el Ministerio de Educación Nacional
debía consignar las cesantías al FOMAG antes del 15 de febrero de cada
año, so pena de incurrir en mora.

15. Así las cosas, precisó que la Ley 50 de 1990 se aplicaba a los
docentes por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344 de 1996, y
los Decretos 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003. Además, señaló
que no se requería de una sentencia de unificación, sino de (se trascribe)
“una clara aplicación del contenido de la ley, los decretos y la
interpretación regularmente aceptada por el H. Consejo de Estado en
torno a la materia”.

16. Adicionalmente, afirmó que la tutela tenía relevancia constitucional
porque no se debatía un asunto de simple legalidad sino aspectos como la
ausencia de garantía de igualdad en el trato jurídico, los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima respecto de la existencia de varias
posturas de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado en lo relativo a
la aplicación de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías a los
docentes oficiales, y la trasgresión del derecho a la seguridad social y al

3 Sentencias de Unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019, SU-41 de 2020.
4 Sentencias de 6 de agosto de 2020, Rad. No. 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16); 24 de enero de 2019,

Rad. No. 76001-23-31-000- 2009-00867-01, No. Interno: 4854-2014; 29 de julio de 2019, Rad. No. 11001-0315-000-
2018-03499-01; 2 de diciembre de 2019, Rad. No. 08001-23-33-000-2014-00173-01 (1688-16); 10 de junio de 2020,
Rad. No. 08001-23-33-000-2014-00208-01; 22 de octubre de 2020, Rad. No. 08001-23-31-000- 2014-00254-01 (4960-
2017); 12 de noviembre de 2020, Rad. No. 08001-23-33-000- 2014-00132-01; 17 de junio de 2021, Rad. No. 08001-23-
31-000-2014-00815-01 y Rad. No. 08001-23-33-000-2015-00331-01; 4 de noviembre de 2021, Rad. No. 19001-23-33-
000- 2015-00445-02(0483- 20); 25 de noviembre de 2021, Rad. No. 08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002- 2021) y
Rad. No. 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020); 11 de noviembre de 2021, Rad. No. 080001-23-40- 000-2015-
90008-01 (2387-2020) y Rad No. 080001-23-40-000- 2014-90022-01 (5154- 2016); 20 de enero de 2022, Rad No.
080001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021); 28 de abril de 2022, Rad. No. 76001-23-33-000- 2013-00756-01 (2224-
2020); 9 de mayo de 2022, Rad. No. 080001-23-40-000-2017- 00795-01 (2659-2020); 19 de mayo de 2022, Rad. No.
47-001-23-33- 000-2019-00359-01 (4004-2021); 1 de julio de 2022, Rad. No. 47-001-23-33- 000-2019- 00376-01 (4462-
2021); 22 de agosto de 2022, Rad. No. 08-001-23-33-000- 2015-00509-01 (2140-2020); 22 de septiembre de 2022,
Rad. No. 08-001-23-33-000- 2015-90124-01 (2394-2020); 19 de enero de 2023, Rad. No. 76-001-23-31-000-2012-00212-
02 (4470-2021) y 26 de enero de 2023, Rad. No. 47001-23-33-000-2018-00231-01 (0871-2020).
5 En concordancia, expresó que (se trascribe) “(…) las cesantías anualizadas de los maestros oficiales se liquidan

de la misma forma, como se liquidan a los a los empleados públicos y privados del país, la única diferencia
radica en los intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF sobre el saldo acumulado”.

4 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05446-01
Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

principio de favorabilidad. En ese orden de ideas, señaló que la acción
constitucional no fue interpuesta como una instancia adicional.

1.2. Fallo de primera instancia e impugnación

17. Mediante Sentencia de 26 de octubre de 2023, la Sección Quinta del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito de relevancia constitucional. Para ello, manifestó
que el asunto trataba una cuestión solamente legal y de carácter
económico que no implicaba la protección de derechos fundamentales,
tras advertir que la Corte Constitucional en la Sentencia SU-573 de 2019
indicó que el asunto no requiere de la intervención del juez de tutela, so
pena de inmiscuirse en cuestiones que le corresponden definir a otras
jurisdicciones.

18. Por otra parte, adujo que en la decisión enjuiciada el Tribunal
accionado explicó que la Sentencia SU-98 de 2018 no era aplicable por
tratarse de supuestos fácticos diferentes a los de la demandante y la
Sección Segunda de esta Corporación unificó su jurisprudencia sobre la
improcedencia de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
y la indemnización de la Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al
FOMAG, en la Sentencia de 11 de octubre de 2023, Rad. 66001-33-33-001-
2022-00016-01.

19. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte actora
presentó escrito de impugnación, en el que indicó que, de un lado, no era
cierto que el Consejo de Estado no hubiera fijado ya un criterio pacífico
sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales6 y; por el
otro, en distintas providencias de tutela esta corporación había tenido por
superado el requisito de relevancia constitucional7.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido. 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusiones.

6 Rad. 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16); 76001-23-31-000-2009-00867-01 (4854-2014); 11001-03-15-000-2018-

04617-01; 11001-03-15-000-2018-04679-01; 11001-0315-000-2018-03499-01; 08001 23 33000 2014-00173-01 (1688-16);
08001-23-33-000-2014-00208-01; 08001-23-31-000-2014-00254-01 (4960-2017); 08001-23-33-000-2014-00132-01; 08001-
23-31-000-2014-00815-01 (4979–2017); 08001-23-33-000-2015-00331-01; 19001-23-33-000-2015-00445-02 (0483-20);
08001-23-33-000-2014-01127-01 (1002-2021); 40001-23-40-000-2017-00134-01 (2208-2020); 080001-23-40-000-2015-
90008-01 (2387-2020); 080001-23-40-000-2014-90022-01 (5154-2016); 080001-23-33-000-2017-00931-01 (1001-2021);
080001-23-33-000-2015-00075-01 (2660-2020); 76001-23-33-000-2013-00756-01 (2224-2020); 080001-23-40-000-2017-
00795-01 (2659-2020); 47001-23-33-000-2019-00359-01 (4004-2021); 47001-23-33-000-2019-00376-01 (4462-2021);
08001-23-33-000-2015-00509-01 (2140-2020); 08001-23-33-000-2015-90124-01 (2394-2020); 76001-23-31-000-2012-
00212-01 (4470-2021); 47001-23-33-000-2018-00231-01 (0871-2020).
7 Sin indicar radicados sino fechas.

5 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05446-01
Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial8

20. La Sala confirmará la Sentencia de tutela de primera instancia, a
través de la cual se declaró improcedente la acción de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

21. Para la Corte Constitucional, la relevancia constitucional protege el
carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, previene que la tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para reabrir debates legales. En
consecuencia, el juez debe analizar (se trascribe): “(i) que el asunto tenga
la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o
determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales” 9.

22. Además, ha sostenido que, cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales10.

23. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo, expresamente, que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para
el juez de tutela11 y que la solicitud de amparo no se presente con objeto
de obtener una nueva instancia12; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad13.

24. De la revisión del escrito de tutela, tal como lo expresó el juez
constitucional de primer grado, la Sala evidenció que la accionante (1) no

8 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la

Sentencia T-66 de 2019.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 215 de 2022.
10 Ibidem.
11 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El

primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el
asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la
carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
12 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia

procesal adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión
del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
13 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no
involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”

6 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05446-01
Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los
motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia constitucional y (2)
pretendió revivir un debate propio del juez natural. Así, buscó que, a través
de la acción de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es
decir, utilizarla como una instancia adicional.

25. Lo anterior obedece a que, si bien, la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional, en razón a que (se
trascribe) “al no tener los docentes la garantía de la prestación
claramente vulnera el derecho fundamental a la seguridad social, luego
entonces, se evidencia una clara vulneración de índole constitucional”, lo
cierto es que tal argumento no resulta suficiente para explicar por qué era
necesaria la intervención del juez de tutela, pues la aplicabilidad de la
sanción moratoria, prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de
1990, a docentes oficiales afiliados al FOMAG, es un asunto económico y
de simple legalidad.

26. Además, aunque la parte accionante encuadró sus reparos en varios
defectos, la Sala evidenció que reiteró los mismos argumentos que expuso
en el proceso ordinario, concretamente, en la demanda14 y en el recurso
de apelación contra la sentencia de primera instancia15. Tales argumentos

14 “Tanto el Honorable Consejo de Estado, como la Corte Constitucional, no habían tenido la oportunidad de

pronunciarse, antes del año 2018 de MANERA UNIFICADA sobre la aplicabilidad o no del contenido del artículo
99 de la ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, habiendo encontrado que no existe ninguna razón para que una
vez vencido el 15 de febrero de cada anualidad, las cesantías de los maestros de régimen anualizado no sean
consignadas al FOMAG, pues el régimen de cesantías de los docentes y los demás servidores públicos del país es
exacto, de hecho, el cambio de régimen retroactivo a régimen anualizado, fue efectuado desde el 29 de
diciembre de 1989 a los maestros, cuando el resto de servidores públicos del país fue realizado un año con
posterioridad. (…) A partir del artículo 13 de la Ley 344 de 1996, se establece el régimen anualizado de cesantías
para los servidores públicos del orden nacional e incluso claramente se determina QUE SIN IMPORTAR LO QUE
EXPRESE LA LEY 91 DE 1989 (…). Así mismo procedió la H. Corte Constitucional en sentencia de unificación SU-336
del 18 de mayo de 2017 (…) precisó que los docentes oficiales hacen parte de la categoría de empleados
públicos(…), concluyendo entonces que les es aplicable el régimen general en lo no regulado en el régimen
especial y específicamente advirtió, que cuando el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 establece que el pago de las
cesantías de los docentes oficiales se rige por la normatividad vigente y aquellas que se expidan en el futuro
para los empleados públicos del orden nacional, se refiere a la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de
2006, así como a la ley 50 de 1990 y ley 344 de 1996, que resultan aplicable a toda categoría de empleado
público nacional o territorial, incluyendo entonces claramente a los docentes, que contempla la posibilidad de
reconocer a favor de sus destinatarios, la sanción por el pago tardío de las cesantías ya sea por: 1. Su inoportuna
consignación antes del 15 de febrero de cada año, 2. El no pago de intereses antes del 30 de enero de cada
año o, 3. La demora en su reconocimiento y pago cuando ha sido solicitado su acumulado para ser utilizado
para compra de vivienda, pago de sus estudios o pago de hipoteca, como lo contempla la utilización de las
misma en la ley”.
15 “(…) la parte actora apeló la sentencia con fundamento en lo siguiente: Señaló que a partir de la sentencia

SU-098 de 2018 la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado se dirige a proteger los
derechos prestacionales de los docentes, los cuales durante mucho tiempo han sido vulnerados, pues el régimen
especial no puede contener condiciones menos favorables que el general.(…) Diferenció la sanción moratoria
que establecen las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 de la que estatuye la Ley 50 de 1990, y recalcó no existe
una razón que justifique que los docentes no tengan los mismos derechos que un servidor público, o que sus
prestaciones sociales sean canceladas extemporáneamente. (…) Insistió en que el precedente de las altas
cortes afirma la aplicabilidad de las sanciones reclamadas a favor de los docentes, de modo que no puede
hablarse de supuestos fácticos diferentes que impidan acudir a esa jurisprudencia. (…) Argumentó que la
sentencia SU-098 de 2018 descartó el criterio de especialidad que fundamentaba la negativa al reconocimiento
de las penalidades que ahora se reclaman y reiteró que la sanción moratoria no surge por no afiliar al docente
al Fomag, sino por la consignación extemporánea de sus cesantías anualizadas, así que ese supuesto de hecho
era irrelevante. (…) Enlistó múltiples providencias del Consejo de Estado que, según la parte demandante,
admiten la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales. (...)
Expresó que una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción moratoria generaría injustificadamente
un trato desigual de los docentes frente a otros trabajadores del Estado que sí gozan de la sanción como
garantía de la prestación (violación del derecho a la igualdad) (…)”

7 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05446-01
Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo de Boyacá, el
cual confirmó la sentencia apelada, tras concluir que (se trascribe):

“Hasta este momento histórico del recuento normativo, esta Corporación ha
considerado que la introducción del régimen anualizado de cesantías para
los docentes se produjo antes de la expedición de la Ley 50 de 1990, de
manera que para ellos esta no era la fuente legal de la prestación. Además,
que la Ley 344 de 1996, que extendió las previsiones de la Ley 50 de 1990 a los
grupos de trabajadores que aún gozaban del régimen retroactivo,
expresamente dejó a salvo la regulación especial de los docentes.
(…)
Lo anterior implica que, en principio, la sanción moratoria que prevé el
artículo 99-3 de la Ley 50 de 1990 se hizo extensiva a ese grupo de docentes
(quienes se vincularon en vigencia del Decreto 1252 de 2000), dada su
calidad de empleados públicos, conforme lo dilucidó el Consejo de Estado en
la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018.

No obstante, en criterio de la Sala, esta consagración normativa no es
suficiente para acceder a su reconocimiento, debido a que sus supuestos de
hecho son incompatibles con las competencias y los procedimientos
presupuestales previstos para la financiación de las cesantías de los docentes.
Dicho de otra forma, pese a que el Decreto 1252 de 2000 cobije a la parte
demandante porque se vinculó después de su expedición, lo cierto es que las
normas que organizan la manera como se presupuestan y transfieren los
recursos relativos a la prestación hacen que la penalidad sea de imposible
configuración.
(…)
Entonces, frente a los docentes no existe la obligación de consignar la
prestación en un solo momento (es gradual) y el giro de los recursos no está a
cargo del empleador, sino de una entidad ajena incluso al sector de
educación.

Por lo tanto, desde la perspectiva del principio de legalidad de las faltas y
sanciones, los supuestos de hecho de la sanción que reclama la demanda
son incompatibles con los procedimientos presupuestales que prevé la
legislación para la financiación y pago de las cesantías y sus intereses. Esto, sin
mencionar que los docentes no poseen cuentas individuales dentro del
Fomag (en virtud del principio de unidad de caja) y, por ende, la
administración de los recursos a su interior no sigue los mismos parámetros que
rigen a los fondos privados de cesantías.
(…)
El principal argumento de la apelación se refiere a la extensión de las
penalidades gracias a los principios de favorabilidad e igualdad, con
fundamento en la sentencia SU-098 de 2018. No obstante, esa providencia no
constituye precedente para este caso y, además, la naturaleza meramente
económica del asunto hace que no tenga trascendencia constitucional.
(…)
Adicionalmente, la Corte Constitucional modificó el criterio de la sentencia
SU-098 de 2018 con la sentencia SU-573 de 2019, que ya se mencionó. Esta
última decisión, para lo que interesa a este análisis, sostuvo que la discusión
relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 (i)
versa sobre una cuestión meramente legal, con una connotación de
contenido patrimonial, y (ii) no involucra la protección de derechos
fundamentales.
(…)

8 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05446-01
Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

Finalmente, no se desconoce que desde el año 2020 la Sección Segunda del
Consejo de Estado ha emitido algunas sentencias que extienden a favor de
docentes oficiales la sanción moratoria por la consignación extemporánea de
cesantías anualizadas (no hacen referencia a la indemnización por pago
tardío de los intereses a las cesantías), con fundamento en la sentencia SU-098
de 2018. Sin embargo, con los argumentos que acaban de exponerse, la Sala
se aparta respetuosamente de esa posición, con el cumplimiento de los
criterios de transparencia y suficiencia. Esto, sin perjuicio de resaltar que la alta
corporación no ha expedido una sentencia de unificación que zanje
definitivamente la discusión y cuyos efectos sean vinculantes y obligatorios
para todas las autoridades administrativas y jurisdiccionales.”

27. En virtud de lo anterior, así como en su momento lo manifestó la
Sección Quinta del Consejo de Estado en el fallo impugnado, debe
señalarse que no se evidenció la necesidad de la intervención del juez de
tutela en un asunto que ya fue resuelto por el juez natural, quien se
pronunció sobre los reparos que formuló la parte actora contra la
sentencia apelada. Se reitera que lo pretendido por la accionante fue
reabrir el debate jurídico y someterlo a una instancia adicional, pese a que
el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con
fundamento normativo y jurisprudencial, dejó claro que la sanción
moratoria, prevista en la Ley 50 de 1990, por la consignación
extemporánea de cesantías anualizadas o de sus intereses, no cobijaba a
los docentes oficiales, determinación que lo llevó a apartarse de la
Sentencia SU-98 de 2018 de la Corte Constitucional.

28. Aunado a lo anterior, no puede perderse de vista que, como lo
indicó el juez de tutela de primera instancia, recientemente, la Sección
Segunda del Consejo de Estado unificó su postura frente al tema que aquí
interesa y dispuso (se trascribe):

“Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de
cesantías regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente
en servicio activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de
1990 y, por ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de
protección social en favor del docente estatal.”16

29. Así las cosas, se recuerda que las diferencias interpretativas que
existieren entre el demandante y el juez natural de la causa no constituyen,
por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones
del juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión vía tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por
qué el asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una
tutela contra providencia judicial, pues este es un mecanismo

16 Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 2023.

9 de 10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05446-01
Demandante: Nubia Stella Pérez Rojas
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de segunda instancia
Decisión: Confirmar
______________________________________________________________________________________________________________

constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional17.

2.2. Conclusiones

30. La Sala procederá a confirmar la sentencia impugnada, tras
corroborar que no se superó el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 26 de octubre de 2023, por la cual
la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud
de amparo por falta de relevancia constitucional, por las razones aquí
descritas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que, para interponer cualquier
solicitud contra la misma, deberán dirigirla, dentro del término legal, al
correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin18.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

17 Sobre el carácter excepcional de la tutela contra providencia judicial: Corte Constitucional, Sentencias SU-659

de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
18 secgeneral@consejodeestado.gov.co

10 de 10

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.