Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05447-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05447-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05447-01
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
13 de diciembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-05447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá
Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional
Derechos Fundamentales Invocados: i) Seguridad social, ii) igualdad, iii) acceso
a la administración de justicia y iv) debido proceso
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
del 12 de octubre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, por medio de la cual negó la acción de tutela.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
2
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Sala Primera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, porque, a su juicio, al proferir la
sentencia de 25 de julio de 2023 en el proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 15001-33-33-014-2022-00083-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
Departamento de Boyacá, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) se declarara la nulidad del acto
administrativo núm. BOY2021EE029227 expedido por la Secretaria de Educación
del Departamento de Boyacá el 29 de agosto de 2021, por medio del cual se negó
el reconocimiento y pago de la sanción por mora, por la no consignación oportuna
de las cesantías en los términos de la Ley 50 de 28 de diciembre de 1990 1 y la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías contempladas en
la Ley 52 de 18 de diciembre de 19752.
4. El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja profirió sentencia
de primera instancia el 25 de enero de 2023, negando las pretensiones de la
demanda.
1
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.
3
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
5. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá profirió
sentencia de segunda instancia el 25 de julio de 2023, resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de enero de 2023,
mediante la cual el Juzgado Catorce Administrativo del Circuito Judicial de Tunja
negó las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en precedencia
SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. […]”.
6. El Tribunal Administrativo de Boyacá consideró lo siguiente:
“[…] 54. La sala confirmará el fallo de primera instancia, por cuanto, a la parte actora,
no le es aplicable las sanciones contenidas en la Ley 50 de 1990 y la Ley 52 de
1975, por las siguientes razones:
55.Primero, por cuanto la parte demandante está al amparo del régimen especial
contenido en la Ley 91 de 1989, que no contempla un plazo máximo para la
consignación de las cesantías ni de sus intereses a favor de los docentes oficiales.
56.En segundo lugar, las normas que contienen las penalidades que reclama la
demanda son incompatibles con el régimen que cobija a la parte accionante, porque
en el régimen especial (i) las cesantías de los docentes no se consignan, sino que
los recursos se transfieren gradualmente - de forma mensual - y no llegan a cuentas
individuales, por cuanto se encuentran afiliados al FOMAG como fondo común, (ii)
el giro de los recursos no lo realiza la entidad territorial certificada, que funge como
nominador, y tampoco el Ministerio de Educación, aunque es la entidad competente
para reconocer las prestaciones sociales de los docentes, sino el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público - un tercero- de manera directa, (iii) La ley 52 de 1975
se dirige a los trabajadores particulares, por lo que no se hace extensivo al personal
docente.
57.Y, en tercer lugar, la interpretación que expuso la sentencia SU-098 de 2018 no
es aplicable a este caso, debido a que (i) sus supuestos fácticos no son los mismos,
(ii) de acuerdo con la sentencia SU-573 de 2019, el asunto no cuenta con
trascendencia constitucional por contener discusiones meramente legales y
patrimoniales, sin que haya una afectación de derechos fundamentales, por lo tanto,
(iii) la sentencia se encuentra en el marco de los principios de favorabilidad e
igualdad.
58.Con el propósito de desatar los cuestionamientos planteados en el problema
jurídico y arribar a la tesis antes expuesta, la Sala abordará los siguientes aspectos:
el marco normativo del régimen de cesantías y sus intereses en favor de los
docentes; la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías
contemplada en la Ley 50 de 1990 así como la indemnización por el pago tardío de
los intereses a las cesantías; la disanalogía de la sentencia SU-098 de 2018; el
principio de favorabilidad e igualdad y; la nulidad de los actos administrativos. […]”.
4
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…]1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la
sentencia proferida el día 7/25/2023, en el expediente rad. No.
15001333301420220008301, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA
A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes:
3. CORTE CONSTITUCIONAL
RADICADO MAGISTRADOS
No. FECHA MAGISTRADO PONENTE
EXPEDIENTE
DECISIÓN
Exp. T- SENTENCIA DE
1 6.736.200 17 de octubre de Dra. GLORIA STELLA ORTIZ UNIFICACIÓN 098/2018
2018 DELGADO DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T- SENTENCIA DE
2 5904426 y otros 25 de julio de Dr. GLORIA STELLA ORTIZ UNIFICACIÓN 332/2019
2019 DELGADO DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T- SENTENCIA DE
3 7.182.312 y 6 de febrero de Dr. LUIS GUILLERMO UNIFICACIÓN 041/2020
otros 2020 GUERRERO PÉREZ DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
CONSEJO DE ESTADO
RADICADO
CONSEJEROS
No. EXPEDIENTE FECHA MAGISTRADO PONENTE
FIRMANTES
DECISIÓN
5
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
08001-23-33-
SENTENCIA DE
1 000-2013- 6 de agosto de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA UNIFICACIÓN DEL
00666-01
CONSEJO DE ESTADO
(0833-16)
76001-23-31-
Dr. CÉSAR PALOMINO
000-
CORTÉS - Dr.
2 200900867-01,
24 de enero de Dra. SANDRA LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
No.
2019 CUÉTER
Interno:
4854-2014
11001-03-15- Dr. JAIME ENRIQUE
3 000-2018- 17 de junio de 2019 Dr. NICOLAS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS –
04617-01 Dr. GUILLERMO
SANCHEZ LUQUE
11001-03-15- Dra. NUBIA MARGOTH
4 000-2018- 28 de junio de 2019 Dr. ROBERTO AUGUSTO PEÑA GARZÓN – Dr.
04679-01 SERRATO VALDÉS HERNANDO SANCHEZ
SÁNCHEZ
Dr. JAIME ENRIQUE
11001-0315-
5 29 de julio de Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS - Dr.
000-2018-
2019 GUILLERMO
03499-01
SÁNCHEZ LUQUE
08001 23 33 Dr. WILLIAM
6 000 2014 HERNÁNDEZ
00173-01 2 de diciembre de Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ GÓMEZ - Dr.
(1688-16) 2019 VARGAS GABRIEL
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
08001-23-33-
7 10 de junio de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS - Dr.
000-2014-
CARMELO PERDOMO
00208-01 CUÉTER
Dr. RAFAEL FRANCISCO
08001-23-31-
8 22 de octubre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2014-
2020 GABRIEL
00254-01
VALBUENA HERNÁNDEZ
(4960-2017)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
9 08001-23-33- 12 de noviembre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2014- 2020 GABRIEL VALBUENA
00132-01 HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
10 08001 23 31 17 de junio de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000 2014 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
00815 VARGAS
01 (4979–2017)
Dra. SANDRA LISSET
08001-23-33-
11 17 de junio de 2021 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ - Dr.
000-2015-
CARMELO PERDOMO
00331-01
CUÉTER
Dr. RAFAEL FRANCISCO
19001-23-33-
12 4 de noviembre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
2021 GABRIEL VALBUENA
00445-
HERNÁNDEZ
02(0483-
20)
08001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
13 000-2014- 25 de noviembre de Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS - Dr.
01127-01 2021 CARMELO PERDOMO
(1002-2021) CUÉTER
Dr. RAFAEL FRANCISCO
40001-23-40-
14 25 de noviembre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2017-
2021 GABRIEL
00134-01
VALBUENA HERNÁNDEZ
(2208-2020)
6
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
Dr. RAFAEL FRANCISCO
080001-23-40-
15 11 de noviembre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
2021 GABRIEL VALBUENA
90008-01
HERNÁNDEZ
(2387-2020)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-40-
16 11 de noviembre de Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000-2014-
2021 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
90022-01
VARGAS
(5154-2016)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-33-
17 20 de enero de 2022 Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000-2017-
HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
00931-01
VARGAS
(1001-2021)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
080001-23-33-
18 3 de marzo de 2022 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
GABRIEL VALBUENA
00075-01
HERNÁNDEZ
(2660-2020)
76001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
19 000-2013- 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER CORTÉS - Dra. SANDRA
00756-01 LISETH IBARRA
(2224-2020)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-40-
20 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ GÓMEZ - Dr. GABRIEL
000-2017-
VARGAS VALBUENA HERNÁNDEZ
00795-01
(2659-2020)
47-001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
21 000-2019- 19 de mayo de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS - Dr.
00359-01 CARMELO PERDOMO
(4004-2021) CUÉTER
22 47-001-23-33- 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO
000-2019- CORTÉS - Dr. CARMELO
00376-01 PERDOMO CUÉTER
(4462-2021)
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET
23 000-2015- 22 de Agosto de Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VELEZ – Dr.
00509-01 2022 CARMELO PERDOMO
(2140-2020) CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET
24 000-2015- 22 de Septiembre de Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VELEZ – Dr.
90124-01 2022 CARMELO PERDOMO
(2394-2020) CUÉTER
76001-23-31- DR. RAFAEL
25 000-2012- 19 de enero de 2023 Dr. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ FRANCISCO SUAREZ
00212-02 VARGAS – Dr. GABRIEL
(4470-2021) VALBUENA
HERNANDEZ
47001-23-33- DR. WILLIAM
26 000-2018-0231- 26 de enero 2023 DR. RAFAEL FRANCISCO GOMEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ –
01 (0871-2020) DR. GABRIEL
VALBUENA
HERNANDEZ
[…]”.
8. El actor en su escrito de tutela señaló que la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Boyacá incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial y en la causal de ii) violación directa de la Constitución.
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Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
Actuación
9. El Despacho sustanciador de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, a través de auto de 27 de septiembre de 2023: i) admitió la
acción de tutela; ii) ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Boyacá; y iii)
vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento de Boyacá en calidad de
terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que
rindieran informe sobre el particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. La Fiduciaria La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se
configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.
11. El Tribunal Administrativo de Boyacá señaló que:
“[…] 6.- En cuanto tiene que ver con la relevancia constitucional, sostuvo que el
Consejo de Estado, en reciente providencia, en un caso de idénticos contornos al
presente, sostuvo que se superaba el requisito de procedibilidad por
desconocimiento del precedente. Sumado a que, i) se agotaron todos los medios de
defensa ordinarios y extraordinarios, pues se controvirtió la situación en sede
administrativa y judicial, ii) se cumple con el requisito de inmediatez, iii) se justifica
de manera razonable los hechos que consideraron violatorios de los derechos
fundamentales y iv) el asunto no versa sobre una irregularidad procesal, así como
tampoco se radicó esta acción contra una sentencia de esa misma índole.
7.- Respecto de la relevancia constitucional, es de indicar que con la sentencia SU-
573 de 2019, la Corte Constitucional varió la posición que expuso en la sentencia
SU-098 de 2018 (la cual es el sustento principal de la parte actora), en el sentido de
señalar que carecen de relevancia constitucional las acciones de tutela interpuestas
contra las sentencias ordinarias que niegan el reconocimiento de la sanción
moratoria para los docentes oficiales. La alta corporación sintetizó este precedente,
así: […]”.
[…]
“[…] 10. De lo anterior se extrae que el accionante lo que persigue con la presente
tutela es reabrir un debate legal para discutir los asuntos de índole probatorio y/o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial; es decir, que el
Consejo de Estado actúe como una tercera instancia, desconociendo que, “la acción
de tutela contra providencias judiciales es concebida como un ‘juicio de validez’ y no
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Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
como un ‘juicio de corrección’ del fallo cuestionado, lo que se opone a que se use
indebidamente como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole
probatoria o de interpretación del derecho legislado”.
11. Bajo tal postura, en la Sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional señaló
que, dado que las providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Por lo tanto, no se puede utilizar
este instrumento como una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o
formas de interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. […]”.
12. El Departamento de Boyacá señaló que:
“[…]
REQUISITOS CASO EN CONCRETO
PROCEDENCIA
El juez constitucional no Frente a esta situación, se debe destacar que, no
puede entrar a estudiar puede siquiera considerarse la posibilidad que el
cuestiones que no tienen Consejo de Estado en sede de tutela, emita un
una clara y marcada nuevo pronunciamiento de fondo sobre los hechos
importancia debatidos. Adicional, que aún no se cuenta con
constitucional, so pena de decisión de unificación por parte del Máximo
involucrarse en asuntos que Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
corresponde definir a otras generando así inseguridad jurídica, traumatismos
jurisdicciones en sede judicial y administrativa. Ahora, en el
evento de contemplar dicho reconocimiento se
tendría una afectación nacional de transcendencia
(sic) económica.
En artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 señala:
“Deber de aplicación uniforme de las normas y la
jurisprudencia. Al resolver los asuntos de su
competencia, las autoridades aplicarán las
disposiciones constitucionales, legales y
reglamentarias de manera uniforme a situaciones
que tengan los mismos supuestos fácticos y
jurídicos. Con este propósito, al adoptar las
decisiones de su competencia, deberán tener en
cuenta las sentencias de unificación
jurisprudencial del Consejo de Estado en las que se
interpreten y apliquen dichas normas.”
Que se hayan agotado todos Al respecto, las actuaciones adelantadas en los
los medios -ordinarios y procesos judiciales se garantizó el debido proceso
extraordinarios- de defensa a todos los intervinientes y donde se emitió una
judicial al alcance de la sentencia perfectamente soportada en las
persona afectada, salvo que situaciones fácticas y jurídicas probadas dentro del
se trate de evitar la proceso.
consumación de un perjuicio
ius fundamental irremediable
[…]”.
9
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
Que se cumpla el requisito En el presente caso se cumple. Ahora, si bien se
de la inmediatez cumplió con el tiempo, los demás requisitos, en el
transcurso de la presente tutela, no se encuentra
hecho constitutivo de vulneración que amerite que
el Juez Constitucional intervenga para que cese la
conculcación de derechos, pues claro que no
existen supuestos fácticos, ni jurídicos, que soporte
la demanda por este aspecto
Cuando se trate de una La parte accionante no acredito que con las
irregularidad procesal, debe decisiones expedidas en primera y segunda
comprobarse que esta tiene instancia se transgredió derechos fundamentales
un efecto decisivo o propiamente, además que no acredito hacer parte
determinante en la sentencia de un sujeto de especial protección.
que se impugna y que afecta
los derechos fundamentales
de la parte actora
Que la parte actora Lo pretende el demandante- la existencia de una
identifique de manera decisión emitida conforme a derecho, que impide
razonable tanto los hechos además al Juez Constitucional de Tutela
que generaron la pronunciarse frente a los hechos debatidos en otro
vulneración como los proceso, como si fuera una demanda adicional
derechos vulnerados y que aparta totalmente de los principios de la confianza
hubiere alegado tal legítima y la seguridad jurídica, que deben estar
vulneración en el proceso presentes en todas las actuaciones judiciales, por
judicial, siempre que esto cuanto impiden que, una persona en abuso de su
hubiere sido posible. derecho proponga infinidad de demandas, hasta
obtener una decisión favorable, es por ello que, el
Juez Constitucional, amparado en la constitución y
la primacía de interés general, debe proteger de la
manera más amplia y efectiva los derechos de sus
administrados, so pena que ocurra un perjuicio
irremediable
Que no se trate de La decisión que se cuestiona se profirió dentro de
sentencias de tutela un medio de control de lo Contencioso
Administrativo en segunda instancia.
Ahora, si bien se cumplió con el tiempo, los demás
requisitos, en el transcurso de la presente tutela, no
se encuentra hecho constitutivo de vulneración que
amerite que el Juez Constitucional intervenga para
que cese la conculcación de derechos, pues claro
que no existen supuestos fácticos, ni jurídicos, que
soporte la demanda por este aspecto.
Así las cosas, se solicita denegar las pretensiones de la demanda, las cuales, como
ha insistido, no están debidamente soportadas, en la medida que el Fallo que
pretenden acatar, se encuentra suficientemente estudiado por el Honorable Tribunal
Administrativo de Boyacá, lo cual se reflejó en la sentencia emitida. […]”.
13. El Ministerio de Educación Nacional manifestó que:
“[…] Lo anterior permite concluir que la pretensión del accionante no es susceptible
de revisión constitucional en sede de tutela pues carece de mérito constitucional para
ser abordada y, especialmente, para infringir los principios de autonomía e
10
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
independencia judicial que cobija a los funcionarios que profirieron la decisión
atacada.
En cuanto al requisito de relevancia constitucional, en Sentencia SU 128/21 se
confirma lo expresado por la alta corte en SU-033 de 2018 la Sala Plena de lo cual
se destaca: […]”.
[…]
“[…] Si bien en su argumentación el accionante presenta la presunta vulneración del
derecho al debido proceso y la transgresión de algunos principios de naturaleza
constitucional, el actor no logra edificar una fundamentación clara sobre la concreta
relevancia constitucional y la necesidad de la intervención del juez de amparo para
hacer cesar las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados,
ello atendiendo que no basta con mencionar que se viola el debido proceso, sino que
debe asumirse una carga argumentativa mayor que demuestre una real y concreta
amenaza o vulneración a los derechos fundamentales.
Nótese que en este caso no se demuestra que las vulneraciones a las garantías
procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o
supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia; además,
tampoco se acreditó que exista una vulneración indirecta de los derechos
fundamentales de las personas naturales que tienen relación con la tardanza en la
respuesta a sus solicitudes, tal y como lo ha expuesto la jurisprudencia de la Corte.
[…]”.
14. El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Tunja allegó copia digital
del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 41001-
15001-33-33-014-2022-00083-01.
La sentencia impugnada
15. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante
sentencia del 12 de octubre de 2023, resolvió lo siguiente:
“[…] Primero: Negar la solicitud de desvinculación elevada por la Fiduprevisora S.A.,
en su condición de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio.
Segundo: Negar el amparo solicitado por el señor Edwin Páez Amaya, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]”.
16. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado consideró que:
“[…] Igualmente, precisó que la Sentencia SU098/18 no constituye un precedente
para el caso, pues en ella se extendió la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990
11
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
de una docente oficial con condiciones particulares distintas a las del demandante;
así, aclaró que en el asunto estudiado por la Corte Constitucional la accionante no
estaba afiliada al FOMAG ni a ningún otro fondo de cesantías por un error
administrativo de la entidad territorial, lo que conllevó el no traslado al FOMAG de
la obligación de depositar los dineros y, en consecuencia, no se pagaron las
cesantías anualizadas a la actora. […]”.
[…]
“[…] Ciertamente, en la primera sentencia referida la Corte Constitucional se
pronunció sobre las objeciones por inconstitucionalidad presentadas por el Gobierno
Nacional al Proyecto de Ley 114/09 Senado, 296/100 Cámara relativo al
reconocimiento de la pensión gracia a determinadas categorías de docentes. De
igual forma, en el segundo de los proveídos indicados aquella decidió la demanda
de inconstitucionalidad contra el artículo 89 de la Ley 1769 de 2015 atinente al
presupuesto de rentas y recursos de capital y la ley de apropiaciones para la
vigencia fiscal del 1.° de enero al 31 de diciembre de 2016.
Sobre estas decisiones resulta pertinente referir que, si bien en ambas se hizo
mención a que los docentes tienen la condición de empleados públicos, lo cierto es
que no se definió si les asistía el derecho a la sanción moratoria que la accionante
reclamó en el proceso contencioso administrativo y frente al cual insiste en esta
sede.
Ahora, en cuanto a las sentencias SU336/17 y SU098/18, esta Subsección evidencia
que en la primera el estudio se efectuó respecto a la aplicación de la Ley 244 de
1995 a favor de los docentes oficiales, mas no de la Ley 50 de 1990, y en cuanto a
la otra, si bien sí se analizó la procedencia de las disposiciones de esta última Ley,
concretamente de la sanción moratoria, ello únicamente se examinó en relación con
un docente oficial que no fue afiliado al FOMAG por parte del ente territorial, debido
a errores internos, lo cual implicaba la responsabilidad del segundo de los
mencionados por la totalidad de las prestaciones sociales respectivas, en los
términos del artículo 1.° del Decreto 3752 de 2003, situación fáctica que difiere de
la del actor, quien sí se encuentra afiliado a ese fondo. […]”.
[…]
“[…] Así mismo, esta Subsección considera que las demás providencias no son
sentencias de unificación, en los términos de los artículos 10 y 270 de la Ley 1437
de 2011, ni puede aceptarse que lo allí examinado sea la posición armónica o
uniforme del Consejo de Estado y que, por lo tanto, deba ser aplicada por las
autoridades judiciales de inferior jerarquía, máxime cuando aquellas, en virtud de su
autonomía e independencia judicial, estiman que no es la posición acorde con el
ordenamiento jurídico y justifican concretamente las razones para ello. […]”.
[…]
“[…] Sin embargo, se aprecia que en el asunto bajo estudio no se presenta la duda
alegada, pues para el accionado es claro que los docentes oficiales afiliados al
FOMAG no tienen derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria
consagrada en la Ley 50 de 1990, debido a que su régimen es especial y no es
posible aplicar normas de otros regímenes, máxime cuando no existe un conflicto
normativo, lo cual explicó minuciosamente en la decisión judicial que aquí se discute.
En consecuencia, esta Subsección no evidencia la configuración de los defectos
alegados en esta sede constitucional, sino que, por el contrario, advierte que el
12
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, adoptó la decisión que
aquí se controvierte, luego de analizar el desarrollo normativo y las diversas
posiciones jurisprudenciales sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria
de la Ley 50 de 1990 para los docentes oficiales afiliados al FOMAG, lo que le
permitió concluir que el accionante no tenía derecho al reconocimiento y pago de
aquella. Por consiguiente, se negará el amparo deprecado por el señor Edwin Páez
Amaya. […]”.
La impugnación
17. El actor impugnó la sentencia proferida por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado. En ese orden de ideas señaló lo siguiente3:
“[…] Así las cosas, la sentencia citada en precedencia analizó que el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 reglamentó la forma de liquidación de las cesantías; sin embargo,
si bien es cierto está prerrogativa legal se encontraba destinada para los
trabajadores cobijados por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo,
también lo es que posteriormente mediante la Ley 344 de 1996 extendió a los
servidores públicos las disposiciones concernientes a las cesantías. A su vez,
indicó que el alcance de la disposición del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es
amparar el auxilio de cesantías, siendo esta una prestación a la cual tienen derecho
los servidores públicos, según la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998,
encontrando que, de cara a la mora por la consignación de esta prestación social
de manera tardía, es procedente el reconocimiento de un día de salario por cada
día de retardo. Luego entonces, si al 15 de febrero de la siguiente anualidad no se
evidencia que los montos por concepto de cesantías son efectivamente puestos a
disposición en el fondo, el trabajador podrá solicitar el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Así como también se evidencia una posición pacífica respecto de la aplicación de
la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, ya que la postura está decantada
desde el año 2019 hasta la fecha, tal y como se observó en el recuento
jurisprudencial arrimado con el escrito de la acción de tutela, y que para efectos
ilustrativos también nos permitimos allegar al presente escrito, de la siguiente
manera:
CONSEJO DE ESTADO
RADICADO
CONSEJEROS FIRMANTES
No. EXPEDIENTE FECHA MAGISTRADO PONENTE
DECISIÓN
08001-23-33-
SENTENCIA DE
1 000-2013- 6 de agosto de Dra. SANDRA LISETH IBARRA UNIFICACIÓN DEL CONSEJO
00666-01 2020 DE ESTADO
(0833-16)
76001-23-31-
Dr. CÉSAR PALOMINO
000-
CORTÉS - Dr.
2 200900867-01,
24 de enero de Dra. SANDRA LISETH CARMELO PERDOMO
No.
2019 IBARRA CUÉTER
Interno:
4854-2014
3 Transcripción literal del texto del escrito de impugnación.
13
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
11001-03-15- Dr. JAIME ENRIQUE
3 000-2018- 17 de junio de Dr. NICOLAS YEPES RODRÍGUEZ NAVAS –
04617-01 2019 CORRALES Dr. GUILLERMO
SANCHEZ LUQUE
11001-03-15- Dra. NUBIA MARGOTH
4 000-2018- 28 de junio de Dr. ROBERTO AUGUSTO PEÑA GARZÓN – Dr.
04679-01 2019 SERRATO VALDÉS HERNANDO SANCHEZ
SÁNCHEZ
Dr. JAIME ENRIQUE
11001-0315-
5 29 de julio de Dr. NICOLÁS YEPES RODRÍGUEZ NAVAS - Dr.
000-2018-
2019 CORRALES GUILLERMO
03499-01
SÁNCHEZ LUQUE
08001 23 33 Dr. WILLIAM
6 000 2014 HERNÁNDEZ
00173-01 2 de diciembre Dr. RAFAEL FRANCISCO GÓMEZ - Dr.
(1688-16) de 2019 SUÁREZ VARGAS GABRIEL
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
08001-23-33-
7 10 de junio de Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS - Dr.
000-2014-
2020 CARMELO PERDOMO
00208-01 CUÉTER
Dr. RAFAEL FRANCISCO
08001-23-31-
8 22 de octubre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2014-
2020 GÓMEZ GABRIEL
00254-01
VALBUENA HERNÁNDEZ
(4960-2017)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
9 08001-23-33- 12 de noviembre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2014- de 2020 GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
00132-01 HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
10 08001 23 31 17 de junio de Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000 2014 2021 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
00815 VARGAS
01 (4979–2017)
Dra. SANDRA LISSET
08001-23-33-
11 17 de junio de Dr. CÉSAR PALOMINO IBARRA VÉLEZ - Dr.
000-2015-
2021 CORTÉS CARMELO PERDOMO
00331-01
CUÉTER
Dr. RAFAEL FRANCISCO
19001-23-33-
12 4 de noviembre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
2021 GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
00445-
HERNÁNDEZ
02(0483-
20)
08001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
13 000-2014- 25 de noviembre Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS - Dr.
01127-01 de 2021 CARMELO PERDOMO
(1002-2021) CUÉTER
Dr. RAFAEL FRANCISCO
40001-23-40-
14 25 de noviembre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2017-
de 2021 GÓMEZ GABRIEL
00134-01
VALBUENA HERNÁNDEZ
(2208-2020)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
080001-23-40-
15 11 de noviembre Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
de 2021 GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
90008-01
HERNÁNDEZ
(2387-2020)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-40-
16 11 de noviembre Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000-2014-
de 2021 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
90022-01
VARGAS
(5154-2016)
14
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-33-
17 20 de enero de Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000-2017-
2022 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
00931-01
VARGAS
(1001-2021)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
080001-23-33-
18 3 de marzo de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
2022 GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
00075-01
HERNÁNDEZ
(2660-2020)
76001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
19 000-2013- 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CORTÉS - Dra. SANDRA
00756-01 CUÉTER LISETH IBARRA
(2224-2020)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-40-
20 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO GÓMEZ - Dr. GABRIEL
000-2017-
SUÁREZ VARGAS VALBUENA HERNÁNDEZ
00795-01
(2659-2020)
47-001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
21 000-2019- 19 de mayo de Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS - Dr.
00359-01 2022 CARMELO PERDOMO
(4004-2021) CUÉTER
22 47-001-23-33- 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO
000-2019- CORTÉS - Dr. CARMELO
00376-01 PERDOMO CUÉTER
(4462-2021)
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET IBARRA
23 000-2015- 22 de Agosto de Dr. CÉSAR PALOMINO VELEZ – Dr.
00509-01 2022 CORTÉS CARMELO PERDOMO
(2140-2020) CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET IBARRA
24 000-2015- 22 de Septiembre Dr. CESAR PALOMINO VELEZ – Dr.
90124-01 de 2022 CORTÉS CARMELO PERDOMO
(2394-2020) CUÉTER
76001-23-31- DR. RAFAEL
25 000-2012- 19 de enero de Dr. WILLIAM HERNANDEZ FRANCISCO SUAREZ
00212-02 2023 GOMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL
(4470-2021) VALBUENA
HERNANDEZ
47001-23-33- DR. WILLIAM
26 000-2018-0231- 26 de enero 2023 DR. RAFAEL FRANCISCO HERNÁNDEZ GÓMEZ –
01 (0871-2020) GOMEZ DR. GABRIEL
VALBUENA
HERNANDEZ
[…]”.
[…]
“[…] Así entonces, se expone una postura pacífica en lo atinente a que a los
docentes no solo les es aplicable la sanción moratoria establecida en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, sino que también se vulneran derechos fundamentales al
momento de negar tal sanción en favor de los docentes, en virtud del principio de
favorabilidad. […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, es menester señalar en primer lugar que, no es posible que
exista Unidad de Caja entre el MEN y el FOMAG, porque si esto sucediera el
FOMAG podría disponer de los recursos de cesantías, salud, auxilios funerarios o
pensiones de los docentes para el pago de rubros destinados a infraestructura
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Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
educativa o para el giro de las Universidades Públicas o para diversas actividades
más que realiza el MEN, tales como el pago de subsidios a estudiantes de
universidades, compra de material de actividades curriculares, etc,; o en sentido
contrario, que se le permita al MEN disponer de los recursos destinados para el
pago de las prestaciones sociales de los docentes, para el cubrimiento de gastos
de infraestructura de instituciones educativas, pagos de salarios, de inversiones de
las universidades públicos, entre otros; situación que despeja la inquietud y
desvirtúa de pleno derecho el argumento expuesto por la decisión tutelada. Dicho
de otro modo, si existiera Unidad de Caja entre el MEN y el FOMAG significaría
que el Ministerio de Educación Nacional pueda utilizar recursos de pensiones,
cesantías parciales y/o definitivas, salud, auxilios funerarios entre otros para el
pago de sus rubros ordinarios; o que el FOMAG pueda disponer de rubros tales
como Programa de Alimentación Escolar (PAE), infraestructura educativa,
subsidios, salarios de los docentes, apropiaciones del Sistema General de
Participaciones, presupuesto para la educación básica secundaria, escuelas de
formación de calidad educativa, plataformas tecnológicas, implementación de
dispositivos electrónicos, presupuestos para la calidad, cobertura y fortalecimiento
de la Educación inicial, preescolar, básica y media, calidad y fomento de la
educación superior, fortalecimiento de la gestión y dirección del sector educación,
políticas de gratuidad en educación, políticas para el acceso a la educación a niños
con discapacidad; para el pago de prestaciones sociales, situación que no es viable
presupuestalmente.
Así entonces, es dable interpretar que bajo ese principio deprecado de Unidad de
Caja se pueden utilizar los recursos de salud para pagar pensiones y cesantías de
los docentes y lo contrario, así como también pueden utilizarse los recursos de
cesantías para asumir el pago de pensiones una vez son transferidos al FOMAG;
no obstante, esto no es óbice para que el pago de las cesantías de los docentes
vinculados con posterioridad al 01 de enero de 1990, no deba consignarse antes
del 15 de febrero de cada año por parte del patrono (MEN) al FOMAG […]”.
[…]
“[…] Así entonces, es claro que para la Corte Constitucional a lo largo de los años,
la jurisprudencia ha sido pacífica en el sentido de indicar que el auxilio de cesantías
es una obligación a cargo del empleador y a favor del trabajador y que en principio,
fue creada con la finalidad de proteger al trabajador en dado caso de pérdida del
empleo; ahora, su función consiste una figura jurídica que responde a una clara
orientación social en el desarrollo de las relaciones entre trabajador y empleador,
es decir, que debe ser vista como un mecanismo que busca en primer lugar,
contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben afrontar los
asalariados ante el cese de su actividad, y en segundo lugar, cubrir sus
necesidades de capacitación y vivienda. Es decir, que el derecho a las cesantías,
lo obtiene todo trabajador por el simple hechos de su vinculación laboral, así como
también participa de las notas distintivas de las demás prestaciones sociales, es
decir, que su cantidad sea proporcionada al tiempo de servicio prestado y que sean
oportunamente consignadas – transferidas al FOMAG a cargo del Ministerio de
Educación Nacional, situación que claramente no ocurrió en el presente caso,
siendo un asunto en el que se evidencia la vulneración de derechos fundamentales,
por parte del Estado como empleador en cabeza de la cartera Ministerial que tiene
la obligación legal de transferir los recursos […]”.
16
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 4, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Problemas jurídicos
20. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional.
21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
23. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María
Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María
Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.
26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto
28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
19
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional
29. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201412, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [14].
Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del (sic) rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].
12 Ut supra página 6.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
20
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Actor: Edwin Páez Amaya
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].
En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
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Actor: Edwin Páez Amaya
30. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró20:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
31. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumplen con satisfacer una carga
20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
22 Ibidem.
22
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Actor: Edwin Páez Amaya
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.
32. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:
“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental
42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal
45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica
65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
23 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
23
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Actor: Edwin Páez Amaya
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)
d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales
69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso
33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
24
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Actor: Edwin Páez Amaya
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
35. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, legua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se comentan. […]”.
36. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
25
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Actor: Edwin Páez Amaya
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad
social
37. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.
Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.
El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.
La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.
No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.
La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.
38. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:
“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado.
Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos” […]”.
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Actor: Edwin Páez Amaya
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
39. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
40. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.
Análisis del caso concreto
41. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 25 de julio de 2023 en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 150013333014202200083-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.
42. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
24 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
27
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
43. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.
Acervo y análisis probatorios
44. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
44.1. Copia del expediente digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 15001-33-33-014-2022-00083-01.
Solución del caso concreto
Análisis del posible incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional
45. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela señaló lo siguiente25:
“[…] Es decir que, se hace necesario que se analice la violación directa de la
Constitución, debido a la interpretación que realizaron los jueces de instancia, pues
generó el desconocimiento del artículo 53 Superior, el cual estableció derechos y
garantías mínimas a favor de los trabajadores que no se pueden desconocer, dentro
de los que se encuentra el principio de favorabilidad ya sea en la aplicación de
normas jurídicas o en la interpretación de las mismas, y en tal sentido, el operador
judicial deberá aplicar la situación más favorable para el trabajador. En este orden
de ideas, se evidencia que han existido otros caso en los cuales, la Corte
Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un
régimen especial, sin que conlleve tal situación al desconocimiento del principio de
inescindibilidad, como por ejemplo ha sido el caso de la aplicación de la norma sobre
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores
25 Transcripción literal del texto de la solicitud del amparo.
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Actor: Edwin Páez Amaya
públicos por el pago tardío de las mismas, a los docentes del sector oficial
(Sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU 336 de 2017 y SU 098 de 2018)
[…]”.
[…]
“[…] Honorables Consejeros, debe centrarse en establecer un tema importante: no
fueron tenidas en cuenta las ultimas 21 sentencias del Consejo de Estado, donde
esta alta jurisdicción contenciosa administrativa se hace la pregunta, ¿le es aplicable
sí o no, La Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de
Estado, al unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por
sus 6 Consejeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han expedido
sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido siempre positiva,
y aquí es donde se centra el debate, porque las demandadas insisten, en que NO
EXISTE la obligación de que la Nación deba consignar las cesantías al FOMAG,
situación que fue replicada en la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá que
ha sido tutelada en esta oportunidad, pero es claro que existe la obligación de sus
consignación antes del 15 de febrero de cada año, como están encaminadas las
pretensiones de este asunto, puntualmente, las cesantías del año 2020, de esta
manera garantizar las prestaciones a los trabajadores, eso es lo que estamos
pretendiendo acá. […]”.
[…]
“[…] Ahora bien, es claro que existían dos (2) posiciones, pero después del estudio
de la Corte Constitucional de 17 de octubre de 2018, en la expedición de la sentencia
SU-098 de 2018, es que el Consejo de Estado se ha acogido a la interpretación
favorable, en el sentido de indicar que si le resulta aplicable la Ley 50 de 1990 a los
docentes oficiales. Que sigan manifestando las entidades demandadas que la SU-
098 estudia otra situación jurídica, por otra situación fáctica, no resulta cierto, pues
es necesario dejar claro que que la ley 50 de 1990 CASTIGA LA FALTA DE
CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS EN EL FONDO DONDE ESTÉ AFILIADO
EL TRABAJADOR, NO LA FALTA DE AFILIACIÓN A UN FONDO, es por esto que
a los maestros deben tratarse en igualdad de condiciones, que al resto de
empleados públicos del país, no es por capricho de este apoderado, es basado en
el principio de igualdad, de legalidad y de favorabilidad, que, como iteradamente he
manifestado, proviene de la historia y de evolución normativa y jurisprudencial. […]”.
[…]
“[…] Honorables Consejeros que conocen esta RESPETUOSA acción de tutela,
obsérvese que la INTENCIÓN DE LA MISMA, es que se respete el establecimiento
de la ley, los alcances de la interpretación de más de 22 sentencias que al unísono
se han expedido sobre la materia en el H.C.E. SECCIÓN SEGUNDA, con ocasión
de la CONFIANZA QUE GENERÓ EN LOS DOCENTES OFICIALES vinculados con
posterioridad al 1 de enero de 1990, al haberse proferido gran cantidad de
sentencias entre el año 2021 y 2022 por parte de la sección segunda del H.C.E.,
que los conllevó a solicitarle a esta jurisdicción que sus cesantías del trabajo del año
2020, fueran trasladas al Fomag a más tardar el 15 de febrero del año 2021, derecho
que fue negado, habiéndose generado una cancelación de una sanción por mora
establecida en la ley 50 de 1990 y la ley 344 de 1996 […]”.
[…]
“[…] El desconocimiento de estas sentencias proferidas por el máximo órgano de
cierre de la jurisdicción contencioso administrativo, por parte del TRIBUNAL
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Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ en la decisión proferida el 7/25/2023, es una
abierta contradicción de la seguridad que el C.E. generó, traduciéndose en una
vulneración al principio de igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica, unidad,
coherencia del ordenamiento jurídico y falta de aplicación del principio de
favorabilidad a un caso concreto. […]”.
[…]
“[…] En caso similar el Honorable Tribunal Administrativo de Sucre, en providencia
del 21 de julio de 2022, teniendo como Magistrado ponente: Doctor Andrés Medina
Pineda, Radicación: No.70001-23-33-000-02018-00097-00, Demandado: NACION
– MIISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FOMAG, adoptó la teoría que en virtud
del principio de favorabilidad, es viable aplicar a los docenteslas disposiciones
contenida en la ley 50 de 1990, así: […]”.
[…]
“[…]PRECEDENTES JUDICIALES DE JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL
PAÍS EN LOS AÑOS 2022 Y 2023, QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA
SANCIÓN POR MORA A DOCENTES VINCULADOS DESPUES DEL 1 DE
ENERO DE 1990, POR LA FALTA DE CONSIGNACIÓN POR PARTE DEL
PATRONO – MEN – EL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 AL FOMAG Y QUE
CORRESPONDEN A SU LABOR COMO MAESTRO OFICIAL EN EL AÑO 2020
1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira, en sentencia expedida
el 23 de junio de 2022, en el exp. Rad. No. 66001-33-33-001-2022-00020-00,
Demandante: Docente John Jader Oyola Osorio Demandado: NACION – MEN,
determinó: […]”.
[…]
“[…] 2. En sentencia proferida el 9 de septiembre de 2002, por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Sincelejo, en el expediente rad. No. 70001-33-33- 002-
2022-00115-00, Demandante: Docente Eladio Segundo Terán Tovar. Demandado:
NACION – MEN, estableció: […]”.
[…]
“[…] 3. Así mismo el JUZGADO DIECINUEVE ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN, el veintiuno (21) de septiembre de 2022, en exp. No. 05001-33-33- 019-
2022-00085-00, Demandante: Docente JOSÉ ALEXÁNDER ESTRADA VILLA
Demandado: NACION – MEN, señaló: […]”.
[…]
“[…] 4. Reiteró el Juzgado 2do. Administrativo del Circuito de Buga, Rad. No. 76-
001-33- 33-002-2022-00095-00, en sentencia del 27 de septiembre de 2022,
Demandante: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO, Demandado: NACION –
MEN, que: […]”.
[…]
“[…] 5. El Juzgado 3ero Administrativo del Circuito de Buga, en providencia del
veintiocho (28) de septiembre de 2022, Radicado: 76111-33-33-003 – 2022-00066-
00, Demandante: Docente ROSA ZOHE RIVAS QUEVEDO, expresó: […]”.
30
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Actor: Edwin Páez Amaya
[…]
“[…] 6. En una decisión acorde con lo expresado por el H.C.E., de manera reiterativa,
el Juzgado 2do. Administrativo del Circuito de Bucaramanga, el 28 de septiembre
del año 2022, Radicado: 680013333002202200065-00, Demandante: Docente
FREDY RAMÍREZ BLANCO Demandados: NACIO – MEN, fue determinante en
puntualizar: […]”.
[…]
“[…] 7. EL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA. septiembre treinta (30) de dos mil veintidós (2022), Referencia:
Rad. 680013333009-2022-00109-00, Demandante: LAURA BERMUDEZ PRADA
Demandados: Nación–MEN, concretó: […]”.
[…]
“[…] 8. En sintonía con los demás despachos judiciales de Colombia, el juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdo, el 6 de octubre de 2022,
Radicado: 27001-33-33-002-2022-00072-00, Demandante: MABEL OBREGON
AGUIRRE, dispuso: […]”.
[…]
“[…] 9. Muy importante el estudio realizado por el Juzgado 5to. Adtivo del Circuito
de Quibdo, que en decisión del 25 de octubre de 2022, Radicado: 27001-33-33-005-
2022-00122-00, Docente Demandante: JULIANNE AMUD IBARGUEN
Demandados: Nación–Ministerio de Educación Nacional, prefijo: […]”.
[…]
“[…] 10.Desde la Jurisdicción del Valle del Cauca, el Juzgado 2do. Administrativo
del Circuito de Buga, el 16 de noviembre de 2022, Radicado: 76-147-33-33-002-
2022-00008-00, fue contudente en resolver el derecho a la sanción por mora de un
docente a quien no les consignaron sus cesantías el 15 de febrero de 2021, de su
trabajo como docente en el año 2020, así: […]”.
[…]
“[…] 11.Aporta una decisión muy clara el JUZGADO CINCUENTA Y UNO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, en sentencia del
diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023), Radicado:11001-3342-051-
2022-00098-00, Docente Demandante: CRISTIAN BERNARDO PARRADO
RINCÓN Demandado: Nación–MEN, describió su precisa decisión así: […]”.
46. De igual manera, el actor en su escrito de impugnación manifestó lo siguiente:
“[…] Así las cosas, la sentencia citada en precedencia analizó que el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990 reglamentó la forma de liquidación de las cesantías; sin embargo,
si bien es cierto está prerrogativa legal se encontraba destinada para los
trabajadores cobijados por las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo,
también lo es que posteriormente mediante la Ley 344 de 1996 extendió a los
servidores públicos las disposiciones concernientes a las cesantías. A su vez,
indicó que el alcance de la disposición del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 es
31
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
amparar el auxilio de cesantías, siendo esta una prestación a la cual tienen derecho
los servidores públicos, según la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998,
encontrando que, de cara a la mora por la consignación de esta prestación social
de manera tardía, es procedente el reconocimiento de un día de salario por cada
día de retardo. Luego entonces, si al 15 de febrero de la siguiente anualidad no se
evidencia que los montos por concepto de cesantías son efectivamente puestos a
disposición en el fondo, el trabajador podrá solicitar el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Así como también se evidencia una posición pacífica respecto de la aplicación de
la Ley 50 de 1990 a los docentes del sector oficial, ya que la postura está decantada
desde el año 2019 hasta la fecha, tal y como se observó en el recuento
jurisprudencial arrimado con el escrito de la acción de tutela, y que para efectos
ilustrativos también nos permitimos allegar al presente escrito, de la siguiente
manera:
CONSEJO DE ESTADO
RADICADO
CONSEJEROS FIRMANTES
No. EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO
PONENTE
08001-23-33-
SENTENCIA DE
1 000-2013- 6 de agosto de 2020 Dra. SANDRA LISETH UNIFICACIÓN DEL CONSEJO
00666-01 IBARRA DE ESTADO
(0833-16)
76001-23-31-
Dr. CÉSAR PALOMINO
000-
CORTÉS - Dr.
2 200900867-01,
24 de enero de 2019 Dra. SANDRA LISETH CARMELO PERDOMO
No.
IBARRA CUÉTER
Interno:
4854-2014
11001-03-15- Dr. JAIME ENRIQUE
3 000-2018- 17 de junio de 2019 Dr. NICOLAS YEPES RODRÍGUEZ NAVAS –
04617-01 CORRALES Dr. GUILLERMO
SANCHEZ LUQUE
11001-03-15- Dra. NUBIA MARGOTH
4 000-2018- 28 de junio de 2019 Dr. ROBERTO AUGUSTO PEÑA GARZÓN – Dr.
04679-01 SERRATO VALDÉS HERNANDO SANCHEZ
SÁNCHEZ
Dr. JAIME ENRIQUE
11001-0315-
5 29 de julio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES RODRÍGUEZ NAVAS - Dr.
000-2018-
CORRALES GUILLERMO
03499-01
SÁNCHEZ LUQUE
08001 23 33 Dr. WILLIAM
6 000 2014 HERNÁNDEZ
00173-01 2 de diciembre de Dr. RAFAEL FRANCISCO GÓMEZ - Dr.
(1688-16) 2019 SUÁREZ VARGAS GABRIEL
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
08001-23-33-
7 10 de junio de 2020 Dra. SANDRA LISETH CORTÉS - Dr.
000-2014-
IBARRA CARMELO PERDOMO
00208-01 CUÉTER
Dr. RAFAEL FRANCISCO
08001-23-31-
8 22 de octubre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2014-
GÓMEZ GABRIEL
00254-01
VALBUENA HERNÁNDEZ
(4960-2017)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
9 08001-23-33- 12 de noviembre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2014- GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
00132-01 HERNÁNDEZ
32
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
10 08001 23 31 17 de junio de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000 2014 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
00815 VARGAS
01 (4979–2017)
Dra. SANDRA LISSET
08001-23-33-
11 17 de junio de 2021 Dr. CÉSAR PALOMINO IBARRA VÉLEZ - Dr.
000-2015-
CORTÉS CARMELO PERDOMO
00331-01
CUÉTER
Dr. RAFAEL FRANCISCO
19001-23-33-
12 4 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
00445-
HERNÁNDEZ
02(0483-
20)
08001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
13 000-2014- 25 de noviembre de 2021 Dra. SANDRA LISETH CORTÉS - Dr.
01127-01 IBARRA CARMELO PERDOMO
(1002-2021) CUÉTER
Dr. RAFAEL FRANCISCO
40001-23-40-
14 25 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2017-
GÓMEZ GABRIEL
00134-01
VALBUENA HERNÁNDEZ
(2208-2020)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
080001-23-40-
15 11 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
90008-01
HERNÁNDEZ
(2387-2020)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-40-
16 11 de noviembre de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000-2014-
HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
90022-01
VARGAS
(5154-2016)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-33-
17 20 de enero de 2022 Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000-2017-
HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
00931-01
VARGAS
(1001-2021)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
080001-23-33-
18 3 de marzo de 2022 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
GÓMEZ GABRIEL VALBUENA
00075-01
HERNÁNDEZ
(2660-2020)
76001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
19 000-2013- 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CORTÉS - Dra. SANDRA
00756-01 CUÉTER LISETH IBARRA
(2224-2020)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-40-
20 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO GÓMEZ - Dr. GABRIEL
000-2017-
SUÁREZ VARGAS VALBUENA HERNÁNDEZ
00795-01
(2659-2020)
47-001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
21 000-2019- 19 de mayo de 2022 Dra. SANDRA LISETH CORTÉS - Dr.
00359-01 IBARRA CARMELO PERDOMO
(4004-2021) CUÉTER
22 47-001-23-33- 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH Dr. CÉSAR PALOMINO
000-2019- IBARRA CORTÉS - Dr. CARMELO
00376-01 PERDOMO CUÉTER
(4462-2021)
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET IBARRA
23 000-2015- 22 de Agosto de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO VELEZ – Dr.
00509-01 CORTÉS CARMELO PERDOMO
(2140-2020) CUÉTER
33
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET IBARRA
24 000-2015- 22 de Septiembre de Dr. CESAR PALOMINO VELEZ – Dr.
90124-01 2022 CORTÉS CARMELO PERDOMO
(2394-2020) CUÉTER
76001-23-31- DR. RAFAEL
25 000-2012- 19 de enero de 2023 Dr. WILLIAM HERNANDEZ FRANCISCO SUAREZ
00212-02 GOMEZ VARGAS – Dr. GABRIEL
(4470-2021) VALBUENA
HERNANDEZ
47001-23-33- DR. WILLIAM
26 000-2018-0231- 26 de enero 2023 DR. RAFAEL FRANCISCO HERNÁNDEZ GÓMEZ –
01 (0871-2020) GOMEZ DR. GABRIEL
VALBUENA
HERNANDEZ
[…]”.
[…]
“[…] Así entonces, se expone una postura pacífica en lo atinente a que a los
docentes no solo les es aplicable la sanción moratoria establecida en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, sino que también se vulneran derechos fundamentales al
momento de negar tal sanción en favor de los docentes, en virtud del principio de
favorabilidad. […]”.
[…]
“[…] Por lo anterior, es menester señalar en primer lugar que, no es posible que
exista Unidad de Caja entre el MEN y el FOMAG, porque si esto sucediera el
FOMAG podría disponer de los recursos de cesantías, salud, auxilios funerarios o
pensiones de los docentes para el pago de rubros destinados a infraestructura
educativa o para el giro de las Universidades Públicas o para diversas actividades
más que realiza el MEN, tales como el pago de subsidios a estudiantes de
universidades, compra de material de actividades curriculares, etc,; o en sentido
contrario, que se le permita al MEN disponer de los recursos destinados para el
pago de las prestaciones sociales de los docentes, para el cubrimiento de gastos
de infraestructura de instituciones educativas, pagos de salarios, de inversiones de
las universidades públicos, entre otros; situación que despeja la inquietud y
desvirtúa de pleno derecho el argumento expuesto por la decisión tutelada. Dicho
de otro modo, si existiera Unidad de Caja entre el MEN y el FOMAG significaría
que el Ministerio de Educación Nacional pueda utilizar recursos de pensiones,
cesantías parciales y/o definitivas, salud, auxilios funerarios entre otros para el
pago de sus rubros ordinarios; o que el FOMAG pueda disponer de rubros tales
como Programa de Alimentación Escolar (PAE), infraestructura educativa,
subsidios, salarios de los docentes, apropiaciones del Sistema General de
Participaciones, presupuesto para la educación básica secundaria, escuelas de
formación de calidad educativa, plataformas tecnológicas, implementación de
dispositivos electrónicos, presupuestos para la calidad, cobertura y fortalecimiento
de la Educación inicial, preescolar, básica y media, calidad y fomento de la
educación superior, fortalecimiento de la gestión y dirección del sector educación,
políticas de gratuidad en educación, políticas para el acceso a la educación a niños
con discapacidad; para el pago de prestaciones sociales, situación que no es viable
presupuestalmente.
Así entonces, es dable interpretar que bajo ese principio deprecado de Unidad de
Caja se pueden utilizar los recursos de salud para pagar pensiones y cesantías de
los docentes y lo contrario, así como también pueden utilizarse los recursos de
cesantías para asumir el pago de pensiones una vez son transferidos al FOMAG;
no obstante, esto no es óbice para que el pago de las cesantías de los docentes
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Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
vinculados con posterioridad al 01 de enero de 1990, no deba consignarse antes
del 15 de febrero de cada año por parte del patrono (MEN) al FOMAG […]”.
[…]
“[…] Así entonces, es claro que para la Corte Constitucional a lo largo de los años,
la jurisprudencia ha sido pacífica en el sentido de indicar que el auxilio de cesantías
es una obligación a cargo del empleador y a favor del trabajador y que en principio,
fue creada con la finalidad de proteger al trabajador en dado caso de pérdida del
empleo; ahora, su función consiste una figura jurídica que responde a una clara
orientación social en el desarrollo de las relaciones entre trabajador y empleador,
es decir, que debe ser vista como un mecanismo que busca en primer lugar,
contribuir a la mengua de las cargas económicas que deben afrontar los
asalariados ante el cese de su actividad, y en segundo lugar, cubrir sus
necesidades de capacitación y vivienda. Es decir, que el derecho a las cesantías,
lo obtiene todo trabajador por el simple hechos de su vinculación laboral, así como
también participa de las notas distintivas de las demás prestaciones sociales, es
decir, que su cantidad sea proporcionada al tiempo de servicio prestado y que sean
oportunamente consignadas – transferidas al FOMAG a cargo del Ministerio de
Educación Nacional, situación que claramente no ocurrió en el presente caso,
siendo un asunto en el que se evidencia la vulneración de derechos fundamentales,
por parte del Estado como empleador en cabeza de la cartera Ministerial que tiene
la obligación legal de transferir los recursos […]”.
47. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades
accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.
48. Además de lo anterior, para la Sala, a diferencia de lo sostenido por el actor en
su escrito de impugnación, en el caso sub examine, se plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente
probatorio y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.
49. Al respecto, la Corte Constitucional26 ha señalado:
26 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
35
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
“[…] Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada:
(i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada,
(ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho
fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto
no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial
[…]”.
50. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de
esta Corporación, en la sentencia proferida el 31 de agosto de 202327 señaló lo
siguiente:
“[…] De lo anterior se desprende que las pretensiones relacionadas con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no
vulneran derechos fundamentales, sino que corresponden a inconformidades de
mera legalidad que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la
intervención del juez de tutela. Dicha posición fue reiterada por esta Sala que,
mediante sentencia de 15 de julio de 202128, declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, en un asunto
en el que se pretendía dejar sin efectos unas providencias judiciales que denegaron
el reconocimiento de una sanción moratoria por el no pago oportuno de unas
cesantías […]”. […] “[…] Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en
la presente acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia constitucional, -
en los términos señalados en la jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que
haga imperiosa la intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor. En efecto, se
advierte que lo pretendido por el accionante con la presente solicitud es controvertir
la decisión judicial por medio de la cual se denegó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el retardo en el pago oportuno de unas cesantías, lo cual
conforme con el criterio establecido por la Corte Constitucional y reiterado por esta
Sala, anteriormente expuesto, no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional por tratarse de un asunto meramente económico, sobre el cual versan
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de
2023, proceso identificado con el núm. único de radicación: 110010315000202303984-00. C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón
28 5 Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Proceso identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA
MERCEDES PACHECO GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López”.
36
Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
inconformidades de mera legalidad que no ameritan la intervención del juez de
tutela. En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente asunto no
se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, que permita de
manera excepcional proceder al análisis de la acción constitucional, la Sala concluye
que tales inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional […]”.
51. De igual manera, esta Sección al resolver un caso donde se discutía el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria ocasionada por el retardo en la
consignación de las cesantías, consideró que no se acreditaba el cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. En ese orden de
ideas, expresó lo siguiente29:
“[…] La señora Pacheco González insiste en que sus derechos fundamentales
fueron vulnerados por la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2020 por la
Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, que negó el pago de la
sanción moratoria ocasionada por el retardo en la consignación de las cesantías
correspondiente a los años 1997 a 2003.
La Sala estima que le asiste razón al a quo cuando afirma que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional, el debate propuesto por la aquí accionante carece
de relevancia constitucional porque versa sobre un asunto meramente económico y
cuya falta de reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental, acorde
con lo indicado por la Corte Constitucional en la citada sentencia de unificación SU-
573, al revocar los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que habían confirmado la decisión de primera instancia en la que se negaron
los amparos.
La Sala recuerda que en el asunto analizado por la Corte, las accionantes solicitaron
el amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, que, en el marco de los procesos de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantados por las allí tutelantes, negaron
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna
de las cesantías prevista por el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la
Ley 344 de 1996.
Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía relevancia
constitucional y para el efecto explicó:
“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021,
C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01.
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Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.
52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia
planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de
un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima
de la autoridad judicial.
(…)
55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de
las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de
una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación
ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación
patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea
dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la
finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela […]”.
Cabe agregar que en la precitada sentencia de unificación 573 de 201930, la Corte
Constitucional consideró que el requisito de relevancia constitucional tiene tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales,
e (iii) impedir que la petición de amparo se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces […]”.
52. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
30 M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Núm. único de radicación: 110010315000202305447-01
Actor: Edwin Páez Amaya
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.
53. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente probatorios y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.
54. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente económico, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que de
esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.
55. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
probatoria y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.
56. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate probatorio y económico concluido que
escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor
alega la vulneración de sus derechos fundamentales indicados supra, el criterio de
la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino
mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
57. Los supuestos de vulneración al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la igualdad y a la seguridad social enunciados por el actor, no se
evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y
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Actor: Edwin Páez Amaya
restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez competente, en respeto de las
formas propias del proceso, y respetó el derecho de presentar y controvertir las
pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal
de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional.
58. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter probatorio
y económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de
la tutela contra una providencia judicial.
59. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el
actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente probatorio y
económico.
Conclusiones de la Sala
60. Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará la sentencia de tutela de 12 de
octubre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, por medio de la cual negó la acción de tutela para, en su lugar, declarar
la improcedencia de la solicitud de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de tutela de 12 de octubre de 2023 proferida
por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado para, en su
lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Actor: Edwin Páez Amaya
SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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