Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05452-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05452-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05452-01
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
7 de diciembre de 2023
Demandante: Juana Patricia Ochoa Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05452-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente (E): LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Paipa, Boyacá, siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05452-01
Demandante: JUANA PATRICIA OCHOA RODRÍGUEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ – SALA DE
DECISIÓN 2
Temas: Tutela contra providencia judicial – Sanción moratoria por pago
tardío de cesantías en casos de docentes oficiales – Confirma
improcedencia por falta de relevancia constitucional
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia
del 20 de octubre de 2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado
que declaró la improcedencia de la solicitud de tutela.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
Con escrito presentado el 25 de septiembre de 20231, la señora Juana Patricia
Ochoa Rodríguez, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 2, con el fin de
reclamar el amparo de sus derechos fundamentales «[…] al debido proceso, a la
seguridad social, situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, acceso a la administración
de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al
desconocimiento de precedente judicial vertical […]».
La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de
Decisión 2, el 26 de julio de 2023, mediante la cual confirmó la providencia dictada
por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja del 12 de
diciembre de 2022, en la que negó las pretensiones del medio de control de nulidad y
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Por medio de la ventanilla virtual, acción identificada con número 9022.
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Demandante: Juana Patricia Ochoa Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05452-01
restablecimiento del derecho, iniciado por la actora contra la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en
adelante Fomag) y el departamento de Boyacá – Secretaría de Educación,
identificado con el radicado 15001-33-33-008-2022-00112-00/01.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:
[…]
Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOYACÁ; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por
mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos
en los siguientes expedientes: […]2.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
La señora Juana Patricia Ochoa Rodríguez labora con la entidad territorial certificada
de educación del departamento de Boyacá.
El 15 de febrero de 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte del
Ministerio de Educación Nacional. Por ello, solicitó ante el Fomag el pago de estas,
así como de la sanción por mora.
Por medio del acto administrativo BOY2021EE029417 del 29 de agosto de 2021, fue
negado el reconocimiento y pago de la sanción por mora y la indemnización por el
pago tardío de los intereses a las cesantías.
En consecuencia, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fomag y el departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, con el objeto de
que (i) se declarara la nulidad del acto administrativo en mención, (ii) se reconocieran
y pagaran las cesantías anualizadas que se causaron para el año 2020, (iii) se
pagara la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero
de 2021 hasta el día en que se efectuara la consignación de la prestación, y (iv) se
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Transcripción literal que puede contener errores.
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pagara la indemnización que prevé la Ley 52 de 1975 por el pago extemporáneo de
los intereses sobre las cesantías.
En primera instancia, el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Tunja, en sentencia del 12 de diciembre de 2022, negó las pretensiones de la
demanda, tras argumentar que el régimen que regula las cesantías a favor de los
docentes oficiales es especial por cuanto no contempla un plazo máximo para pagar
la prestación ni sanciones por su incumplimiento, como si lo hace la Ley 50 de 1990.
En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 2, a
través del fallo del 26 de julio de 2023, confirmó la decisión del a quo, al considerar
que:
Por su parte, la Ley 50 de 1990, que contempla la sanción moratoria por la
consignación de las cesantías con posterioridad al 14 de febrero de cada año, no
es aplicable al régimen docente por haber sido expedida con posterioridad a la
Ley 91 de 1989 y porque los supuestos fácticos exigidos por aquella norma no se
evidencian en el caso de los docentes, a quienes no se les consignan las
cesantías en cuenta individual.
[…]
Finalmente, la Sala indicará que la sentencia SU 098 de 2018 proferida por la
Corte Constitucional no constituye precedente aplicable a este caso, por contener
presupuestos fácticos disímiles a los aquí analizados. Por su parte, el Consejo
de Estado no ha proferido sentencia de unificación frente al problema jurídico
analizado y no resulta aplicable abordar el caso bajo los principios de
favorabilidad e igualdad por no darse los presupuestos para el efecto.
Bajo las mismas consideraciones, la Sala no accederá al reconocimiento de la
indemnización por el no pago de los intereses a las cesantías contenida en la Ley
52 de 1975, dado que su reconocimiento y liquidación se encuentra contemplado
en la Ley 91 de 1989, la cual no estableció plazo para su consignación, y como
quiera que el trámite propio de la transferencia de recursos del sistema general
de participaciones justifica que los mismos sean pagados con posterioridad al
mes de enero de cada anualidad.
Dicha providencia fue notificada electrónicamente el 31 de julio de 2023.
1.4. Fundamentos de la vulneración
El apoderado judicial de la tutelante indicó que, el Tribunal Administrativo de Boyacá
– Sala de Decisión 2 no aplicó el régimen de cesantías pertinente al caso concreto,
dado que ella pertenecía al sistema anualizado consagrado en las leyes 50 de 1990;
91 de 1989 y 344 de 1996, de manera que el no pago oportuno de dicha prestación
generaba la sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento jurídico.
Por lo tanto, adujo que el tribunal incurrió en violación directa de la Constitución y
defecto sustantivo, ya que, en virtud del valor normativo superior, los jueces deben
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aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y su desarrollo
jurisprudencial en todo momento.
Agregó que, la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de
cesantías a los docentes, y con base en la jurisprudencia, era dable concluir que: i) el
pago oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es
protegida por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos,
teniendo en cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se
encuentran sometidos y la vinculación mediante nombramiento «por lo tanto tienen
derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías».
Adicionalmente, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente al no tener en cuenta la sentencia SU-098 del 17
de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en ella se estableció que la Ley 50 de
1990 era aplicable a los docentes adscritos al Fomag y, en consecuencia, tenían el
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación
tardía de las cesantías anuales.
Asimismo, argumentó que la providencia en cuestión desconoció más de 203
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• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2013- 00666-01,
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001-23- 31-000- 2009-00867- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
17.06.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-04617-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-03449-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
28.06.19. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00208-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00132-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00254-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-31-000-2014- 00815-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23-31-000-2015-00331-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001-23-40-000-2017-00134-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001-23-33-000-2015-00445-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23-40-000-2015-90008-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-40-000-2014-90022-01.
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Demandante: Juana Patricia Ochoa Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 2
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sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones de los
demandantes al aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag y por
tener en cuenta la condición más favorable respecto de los derechos laborales de los
docentes oficiales.
Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por cuanto
la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de
cesantías, necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad
social. Aunado a lo anterior, expuso que esta acción de tutela en ningún momento
fue interpuesta como una tercera instancia.
1.5. Trámite de la acción de tutela
La magistrada ponente de la Sección Primera del Consejo de Estado, en auto del 28
de septiembre de 2023: i) admitió la demanda; ii) ordenó notificar a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 2 y iii) vinculó, en calidad
de terceros con interés, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fomag, al
departamento de Boyacá – Secretaría de Educación, a la Fiduprevisora S.A., y al
Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja.
Así mismo, le reconoció la personería para actuar al abogado Yobany Alberto López,
en calidad de apoderado judicial de la señora Ochoa Rodríguez.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
20.01.22. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-33-000-2017-00931-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
03.03.22. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00075- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001-23-31-000-2012-00212-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001-23- 33- 000-2013- 00756-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
26.01.23. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 47001-23-33-000-2018-00231-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00376-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00359-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.08.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00509-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33-000- 2015-90124- 01.
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1.6.1. Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 2
Por medio de correo electrónico remitido el 3 de octubre de 2023, el magistrado
ponente expuso que el asunto objeto de la acción de tutela no cumplía con el
requisito de la relevancia constitucional, ya que versaba sobre prerrogativas
eminentemente legales y de carácter económico, como son la sanción moratoria por
la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas y la indemnización por el
pago tardío de los intereses a las cesantías.
Asimismo, adujo que los conceptos laborales no tenían una relación directa con un
derecho fundamental, y, en ningún momento la parte actora había afirmado que se
encontraba en riesgo su mínimo vital.
Por otro lado, mencionó que, si en gracia de discusión se encontraban satisfechos
los requisitos generales de procesabilidad, no encontraba configurados los defectos
alegados, dado que en la providencia acusada se desestimó el presunto
desconocimiento del principio de favorabilidad en materia laboral, así como el
derecho a la igualdad.
Además, indicó que se adelantó un amplio análisis legal y jurisprudencial no solo de
la normatividad aplicable al docente respecto de sus cesantías anualizadas, de
acuerdo con su fecha de vinculación, sino también de los elementos necesarios para
la configuración de la sanción moratoria y su incompatibilidad con el régimen docente
oficial, los intereses a las cesantías y la indemnización por su pago tardío,
competencias y dinámica presupuestal.
Respecto del desconocimiento del precedente, expresó que la «[…] H. Corporación de
Cierre de esta jurisdicción no ha proferido sentencia de unificación frente al reconocimiento
de sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990 a favor de los docentes oficiales, que se
asumió la posición de la Sala Plena de esta Corporación en sesión del 15 de marzo de 2023,
considerándose además que si bien algunas sentencias del Consejo de Estado han avalado
ese reconocimiento, se apartó de dicha tesis con el cumplimiento de los criterios de
transparencia y suficiencia, amén de que a la fecha de expedición de este fallo, no existe
sentencia de unificación que implique el desconocimiento del precedente vertical».
En consecuencia, puso de presente que lo pretendido por la parte actora era utilizar
la acción tutelar como una tercera instancia, por lo cual solicitó que se declarara la
improcedencia del mecanismo o, en su defecto, se negara, en ausencia de
vulneración ius fundamental alguna.
1.6.2. Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja
A través de documento allegado el 2 de octubre del presente año, la juez relató lo
sucedido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho e indicó que se dio
trámite legal y se agotó el debido proceso al interior de este.
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Por otro lado, adujo que la accionante no había argumentado la vulneración de sus
derechos fundamentales en el escrito tutelar, sino que se centró en exponer su
inconformidad frente a la sentencia de segunda instancia, por lo cual, resultaba
improcedente al no ser esta una tercera instancia destinada a reabrir debates ya
concluidos.
Aunado a ello, señaló que «[…] no se cumplió con el requisito de haberse agotado los
medios extraordinarios de defensa y no se explicó que con la acción de tutela se pretenda
evitar un perjuicio irremediable».
Además, sobre la relevancia constitucional advirtió que en el fallo del tribunal se
explicaron claramente las razones por las cuales tal requisito no se encontraba
acreditado en el caso de la señora Ochoa Rodríguez, como se expone a
continuación:
[…] al señalar que debe tenerse en cuenta que la sentencia SU 573 de 2019
modificó el criterio contenido en la SU 098 de 2018, indicando que la discusión
relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990 no
involucra la protección de derechos fundamentales y versa sobre una cuestión
meramente legal, con una connotación de contenido patrimonial, criterio que fue
acogido por el Consejo de Estado en sede de tutela, igualmente porque si bien
algunas sentencias del Consejo de Estado han avalado el reconocimiento de la
sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías
anualizadas docentes, esa Sala se apartó de dicha tesis con el cumplimiento de
los criterios de transparencia y suficiencia, por cuanto a la fecha de expedición
del fallo, no existe sentencia de unificación que implique el desconocimiento del
precedente vertical.
Finalmente, expuso que se hacía visible la existencia de una falta de legitimación en
la causa por pasiva, como quiera que la parte actora se encontraba alegando la
presunta vulneración de sus derechos fundamentales con ocasión de la sentencia de
segunda instancia.
1.6.3. Fiduprevisora S.A.
Mediante escrito enviado el 3 de octubre de 2023, la coordinadora de tutelas de la
entidad, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mencionó que, en el
Fomag no hay cuentas individuales para los docentes y los valores que
corresponden a las cesantías no se consignan, pues están presupuestados y se
trasladan al fondo desde el primer mes de cada vigencia.
Por ende, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de
1990, artículo 99, para el escenario del Fomag, ya que lo que castiga la ley en
mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la
posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del Fomag, se
descarta algún tipo de sanción.
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Precisó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte
Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas en las
que se fundan las pretensiones de la demanda que resulto desfavorable para la
accionante y que reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se cuestiona
una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en el retardo de la
consignación de las cesantías. En este caso, la demandante reclamó la consignación
extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e
indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, es imposible
que se cause una demora respecto de un hecho que la administración no puede
ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta inviable realizar una
consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.
En consecuencia, indicó que la acción constitucional resultaba improcedente, toda
vez que las autoridades judiciales del proceso ordinario actuaron conforme a la
normativa y jurisprudencia establecida. Por lo cual, manifestó que no era dable
afirmar que se hubiera presentado una transgresión a las garantías fundamentales
de la actora.
Adicionalmente, solicitó que fuera desvinculada por no estar legitimado en la causa
por pasiva.
1.6.4. Gobernación de Boyacá
En memorial remitido el 4 de octubre del año en curso, la apoderada del
departamento señaló que, la sanción moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990 no es aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fomag, en razón a
que a estos servidores los ampara un régimen jurídico especial en materia de
reconocimiento y pago de cesantías que no contempla tal sanción, máxime cuando el
trámite tal como está establecido en la norma especial se cumplió en su integridad,
puesto que la liquidación para el año 2021 se realizó dentro de los 20 primeros días
hábiles del mes de enero y se remitió al fondo en medio electrónico el 4 de febrero
de 2021 y en medio de físico el día 5 siguiente y así mismo, los recursos se
empezaron a aprovisionar desde el mes de enero de 2021.
Por otro lado, respecto de la sentencia SU-098 de 2018 proferida por la Corte
Constitucional, explicó que en ella se resolvió una acción de tutela de un docente
nombrado en provisionalidad que nunca fue afiliado al Fomag, y que solicitó al ente
territorial el reconocimiento y pago de sus cesantías conforme la Ley 50 de 1990. En
sede judicial ordinaria se accedió parcialmente a las pretensiones, por lo que el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Consejo de Estado consideraron que
era inaplicable la Ley 50 de 1990 al docente demandante. En consecuencia, puso de
presente que el criterio expuesto en esta no resultaba vinculante para el caso
presente, pues no guardaba identidad fáctica ni jurídica.
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En cuanto a los requisitos de procedencia de la acción de tutela mencionó que «[…]
no puede siquiera considerarse la posibilidad que el Consejo de Estado en sede de tutela,
emita un nuevo pronunciamiento de fondo sobre los hechos debatidos», al no contener una
clara y marcada importancia constitucional, además de haber garantizado el debido
proceso a todos los intervinientes y haber dictado una decisión soportada en
situaciones fácticas y jurídicas probadas al interior del proceso.
Por lo tanto, solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda, puesto que tal
como lo sustentó el tribunal «[…] en ejercicio de los criterios de transparencia y suficiencia
se apartó de las decisiones emitidas por el Consejo de Estado, empero a que por parte del
Órgano de Cierre de lo Contencioso Administrativo no se ha expedido una sentencia de
unificación que zanje esta discusión y no, que por medio de acciones de tutela se pretenda el
reconocimiento de “derechos” que cuentan con vacíos legales e interpretativos vulnerando la
seguridad jurídica, además de la transcendencia económica que impactaría los recursos del
nivel nacional».
1.6.5. Ministerio de Educación Nacional
Por medio de correo electrónico recibido el 5 de octubre del 2023, el jefe de la
Oficina Asesora Jurídica mencionó que la accionante no edificó una fundamentación
clara sobre la concreta relevancia constitucional y la necesidad de la intervención del
juez de amparo para hacer cesar las presuntas vulneraciones a los derechos
fundamentales invocados, ello atendiendo que no basta con mencionar que se viola
el debido proceso, sino que debe asumirse una carga argumentativa mayor que
demuestre una real y concreta amenaza o vulneración a los derechos
fundamentales.
De igual forma, adujo que no se demostró que las presuntas vulneraciones a las
garantías procesales comprometieran gravemente su existencia o supervivencia. Por
el contrario, presentó como debate procesal una controversia de naturaleza
estrictamente económica, un litigio que involucra intereses privados, situación que
excede la competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia
constitucional.
Así las cosas, refirió que no se evidenciaba violación alguna de los derechos
fundamentales de la accionante, por lo cual debía declararse la improcedencia de la
acción de tutela.
1.7. Fallo impugnado
La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 20 de octubre de 2023,
declaró la improcedencia de la solicitud de tutela, al advertir que las pretensiones
relacionadas con la procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de
las cesantías no vulneran derechos fundamentales, sino que corresponden a
inconformidades de mera legalidad, que versan sobre un reconocimiento patrimonial
que no amerita la intervención del juez de tutela.
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Así las cosas, señaló que conforme con el criterio establecido por la Corte
Constitucional y reiterado por la Sala, no se cumplió con el requisito de relevancia
constitucional por tratarse de un asunto meramente económico, además de no lograr
acreditar la existencia de un perjuicio irremediable.
1.8. Impugnación
Con escrito enviado por correo electrónico el 1º de noviembre de 20234, la parte
actora impugnó la sentencia de primera instancia.
El apoderado judicial de la parte tutelante manifestó que la acción constitucional sí
revestía relevancia constitucional, pues existía un pronunciamiento en sede de tutela
de la Sección Segunda, Subsección “B” del Consejo de Estado del 23 de marzo de
2023, en el que se «[…] analizó un caso con una idéntica naturaleza al que nos ocupa,
encontrando superados los requisitos de procedibilidad de la tutela y de manera específica
consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió en desconocimiento del
precedente»; sin embargo, no indicó el radicado del proceso.
Asimismo, argumentó que: «[…] de acuerdo a la Sentencia SU 098 de 2018, en virtud del
principio de igualdad, in dubio pro operario y de conformidad con la Ley 244 de 1995
adicionada por la Ley 1071 de 2006 no se debe excluir al sector oficial docente de la
aplicación de la Ley 50 de 1990, pues al tener los mismos carácter de servidores públicos,
son beneficiarios de la sanción moratoria prevista en dichas disposiciones a modo de
correctivo, represivo e inclusive preventivo para garantizar el pago oportuno de la prestación
social. Es por ello, que no es de recibo para esta parte procesal que se afirme que el
presente asunto no tiene relevancia constitucional, por cuanto al no tener los docentes la
garantía de la prestación claramente vulnera el derecho fundamental a la seguridad social,
luego entonces, se evidencia una clara vulneración de índole constitucional. Es decir, que la
única forma de garantizar el auxilio de cesantías es con la respectiva consignación efectiva».
Reiteró que, para el caso concreto de la tutelante, era aplicable el régimen
anualizado de cesantías para los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es
decir que, se debía afiliar y realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías.
Además, insistió en que «[…] una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción
moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros servidores públicos
que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, y tal distinción entre unos y
otros, viola el derecho a la igualdad, pues los docentes del señor oficial tendrían un derecho
limitado por tener una categoría específica dentro de los trabajadores del Estado, siendo
inconcebible negar el acceso a la aplicación favorable deprecada, lo que evidentemente
conlleva una relevancia constitucional para que el presente asunto sea estudiado en sede de
tutela».
4
La sentencia de primera instancia fue notificada el 27 de octubre de 2023.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
El Consejo de Estado es competente para conocer de la impugnación presentada por
la señora Juana Patricia Ochoa Rodríguez contra la sentencia del 20 de octubre de
2023 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 de 2021 y el
artículo 25 del Acuerdo de la Sala Plena del Consejo de Estado No. 080 de 12 de
marzo de 2019.
2.2. Solicitud de desvinculación
Pese a que la Fiduprevisora S.A. y el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Tunja solicitaron en sus escritos de contestación su desvinculación de
este trámite constitucional, el juez de primera instancia no se pronunció frente a ello,
razón por la cual se resolverán a continuación.
A juicio de los mencionados, carecen de legitimación en la causa por pasiva, sin
embargo, la petición será negada, en tanto, su vinculación al proceso se realizó en
calidad de tercero, y no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el
reparo señalado por la parte actora, en atención al interés que le asiste en las
resultas del presente trámite.
2.3. Problema jurídico
Le corresponde a la Sala decidir si confirma, modifica o revoca la sentencia del 20 de
octubre de 2023 de la Sección Primera del Consejo de Estado, para lo cual deberá
resolver los siguientes problemas jurídicos:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela contra
providencia judicial, en especial el relacionado con la relevancia
constitucional?
De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema:
• ¿El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión 2 vulneró los
derechos fundamentales al «[…] debido proceso, a la seguridad social, situación
más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho, a la igualdad, acceso a la administración de justicia,
principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al
desconocimiento de precedente judicial vertical […]» de la señora Juana Patricia
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Ochoa Rodríguez, con ocasión de la sentencia del 26 de julio de 2023 que
confirmó la negativa del reconocimiento y pago de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías?
Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el
criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva y; (iii) estudio del
caso concreto.
2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema6 y declaró su procedencia7.
Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y
iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento
de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado,
sin que se analice el fondo del asunto.
Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en
la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y
de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida
directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el
debate de instancia.
Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María
Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7
Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
12
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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad
2.5.1. Relevancia constitucional8
Para el caso en concreto, la Sala anticipa que confirmará la sentencia del 20 de
octubre de 2023 mediante la cual la Sección Primera de la corporación declaró la
improcedencia por carecer de relevancia constitucional puesto que no cumple con las
reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20229.
2.5.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional
La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede de
revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.
En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias judiciales
hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de amparo
constitucional contra una decisión judicial:
[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”.
Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que
la decisión fue proferida por un órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en
términos de seguridad jurídica, sino que también son fundamentales en la
búsqueda de uniformidad de las decisiones de los jueces de menor jerarquía y,
por esta vía, en la materialización del principio de igualdad.
Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:
[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
8
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00;
Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia
13.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00;
Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
9
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.
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competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.
Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:
[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de
la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal10 (Énfasis de la Sala).
De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:
En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico11; es decir, la
cuestión “debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia
constitucional12”.
[…]
En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.
[…]
Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”13 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”14
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.
[…]
Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto15, lo que implica verificar
que en efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o
10
Sentencia SU-573 de 2019.
11
Sentencia SU-103 de 2022.
12
Sentencia SU-103 de 2022.
13
Sentencia SU-103 de 2022.
14
Sentencia SU-128 de 2021.
15
Sentencia SU-573 de 2019.
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violatoria de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias
judiciales no debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni
es un escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de
corrección legal16. (Resaltado de la Sala)
Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche una
decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los
derechos fundamentales invocados.
2.6. Caso concreto
Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la Sala colige que la acción de
tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de
relevancia constitucional expuesto en líneas anteriores.
La controversia propuesta por la señora Ochoa Rodríguez no tiene relevancia
constitucional, al tratarse de un asunto que versó sobre el reconocimiento de la
sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías en un proceso judicial
que resultó desfavorable a sus intereses.
Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos en el
escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías constitucionales, no
exponen con suficiencia, razones de peso que justifiquen la intromisión del juez
constitucional. Máxime por cuanto no se evidencia prima facie vulneración de los
derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.
Lo anterior, toda vez que el caso obedece a una situación con presupuestos fácticos
análogos a los estudiados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la
sentencia SU-573 del 2019, mediante la cual declaró la improcedencia de tres
acciones constitucionales seleccionadas para revisión por revestir de una naturaleza
eminentemente legal y patrimonial. En dicho falló se indicó:
Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma
de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al
fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento
16
Ibid.
15
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de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la
intervención del juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de
los casos acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de
reconocimiento de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo
vital, en la medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo
laboral con el Departamento del Atlántico –como se refiere, igualmente, en el
apartado que sigue-.
En efecto, los argumentos de la accionante, independientemente bajo qué yerros
fueron articulados, están encaminados a determinar si la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías, prevista en el numeral 3.º del artículo 99 de la
Ley 50 de 1999 es aplicable a su condición de docente afiliada al Fomag, es decir
que pretende que se dirima un asunto de mera legalidad y de naturaleza económica.
Además, la decisión de la autoridad judicial accionada no se encuadra, en un
comportamiento arbitrario, defecto sustantivo, violación directa a la Constitución o en
un desconocimiento del precedente judicial, pues consideró las normas relevantes y
aplicables a los docentes oficiales así como la jurisprudencia vigente, a partir de lo
cual concluyó que no era procedente seguir el criterio señalado en la sentencia SU-
098 de 2018, por cuanto en dicha providencia se analizó un asunto de presupuestos
fácticos y jurídicos diferentes al puesto bajo su examen, con lo que se observa que
introdujo una carga argumentativa suficiente y razonable sobre dicho aspecto.
Del mismo modo, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva a que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. Esto, pues la competencia de este
juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
Conforme lo anterior, la pretensión del accionante refleja un inconformismo con las
conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo cual, per se no implica
una trasgresión de los derechos fundamentales.
Finalmente, se destaca que a partir de la sentencia de unificación SUJ-032 del 11 de
octubre de 2023, la Sección Segunda del Consejo de Estado como órgano de cierre
en la materia, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la
Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al Fomag, al efecto indicó:
Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como quiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, el personal docente en servicio activo que no esté afiliado a
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.
16
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Así las cosas, aunado a los argumentos expuestos, el asunto que se debate en esta
oportunidad carece de relevancia constitucional, por cuanto la Sección Segunda del
Consejo de Estado determinó en sede de unificación que los docentes estatales
afiliados al Fomag no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías. Por tanto, el asunto que se discute ya fue definido por
el juez natural de la causa y, en tal sentido, no es competencia del juez constitucional
estudiar la controversia en cuestión.
2.7. Conclusión
Por las razones expuestas, se confirmará la sentencia objeto de impugnación, toda
vez que no se satisface el requisito de relevancia constitucional.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la ley,
FALLA:
PRMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por la Fiduprevisora
S.A. y el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Tunja.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 20 de octubre de 2023 proferida por la
Sección Primera del Consejo de Estado que declaró la improcedencia de la acción
de tutela interpuesta por la señora Juana Patricia Ochoa Rodríguez.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en los términos previstos en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
17
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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
18
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