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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05467-01

Cosa juzgada constitucional: se configura en este caso porque se constató que

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05467-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia de tutela dictada el 26 de octubre de 2023 por la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Néstor Hubeimar Candela Reyes, pero por las razones aquí anotadas. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-05467-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05467-01
Demandante: NÉSTOR HUBEIMAR CANDELA REYES
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN PRIMERA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL – Se configura en este caso porque se constató que
el demandante instauró dos acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos,
situación que él mismo puso de presente en esta nueva solicitud de amparo, sin que puedan
aceptarse como válidas las razones que justifican tal duplicidad de acciones.; además, la
Corte Constitucional excluyó de revisión el fallo proferido en el primer proceso de tutela.

La Sala1 decide la impugnación presentada por el señor Néstor Hubeimar Candela
Reyes contra la sentencia del 26 de octubre de 2023, proferida por la Sección
Segunda, Subsección A, de esta Corporación, que declaró improcedente el amparo
solicitado, por incumplimiento del requisito de inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 28 de septiembre de 2023, el señor Néstor Hubeimar Candela Reyes, a través
de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Primera, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso, a participar en la conformación, ejercicio y control político y a la tutela
judicial efectiva, con ocasión de la sentencia proferida por la autoridad judicial
accionada, el 11 de marzo de 2021, la cual se notificó el 8 de abril de la misma
anualidad, dentro del proceso de pérdida de investidura con radicado 15001 2333
000 2020 01680 01. Al respecto formuló las siguientes pretensiones:

Amparar y tutelar los derechos fundamentales del señor Néstor Hubeimar
Candel Reyes al participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político (art 40 CP) numerales 2 “tomar parte en elecciones, plebiscitos,
refrendos, consultas populares y otras formas de participación democrática” y
numeral 7 “acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los

1
Se advierte que, el 28 de noviembre de 2023, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente para elaborar el proyecto de sentencia de segunda instancia correspondiente.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05467-01
Demandante: Néstor Hubeimar Candela Reyes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

colombianos, por nacimiento o por adopción, que tengan doble nacionalidad.
La ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de
aplicarse” debido proceso (art. 29 CP), a la tutela judicial efectiva (art. 229).

Dejar sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida por la sección
primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado el
pasado once (11) de marzo de dos mil veintiuno (2021) y notificada el día ocho
(8) de abril de dos mil veintiuno (2021), dentro del medio de control de pérdida
de investidura radicado bajo el numero 15001 2333 000 2020 01680 01.

Ordenar a la Sección 1 del Consejo de Estado y emitir el expediente a la
Sección 5 para su eventual revisión del fallo modifica o existen con el propósito
de garantizar el agotamiento de las diferentes instancias judiciales establecidas
en el ordenamiento jurídico colombiano

Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la sección 1ª de la Sala de lo
contencioso Administrativo del Consejo de Estado que proceda a dictar una
nueva providencia, ajustada a la Constitución la Lay y respetuosa de los
derechos fundamentales y derechos políticos reconocidos en el bloque de
constitucionalidad garantizando en los tratados internacionales del señor
Néstor Hubeimar Candela Reyes

Adoptar las demás medidas de protección constitucional que se consideren
necesarias.

1.2. Hechos

El señor Candela Reyes aspiró al cargo de alcalde municipal de Tinjacá, Boyacá,
para el periodo 2020-2023, contienda en la que obtuvo la segunda votación, razón
por la cual adquirió el derecho a ocupar una curul en el Concejo de dicho municipio.
En consecuencia, la Comisión Escrutadora Municipal de Tinjacá le informó al
accionante que en un término de 24 horas debía manifestar por escrito si aceptaba
o no la curul, de conformidad con el artículo 25 de la Ley 1909 de 2018, en
concordancia con el artículo 263 de la Constitución Política. El demandante dio una
respuesta afirmativa.

De acuerdo con el actor, el 30 de diciembre de 2019, informó al Concejo de Tinjacá
que no tomaría posesión del cargo, por tanto, la presidenta de dicha corporación
elevó una consulta ante el Consejo Nacional Electoral, con el fin de que indicara
que era lo procedente ante esa situación. El 1º de enero de 2020 se instaló y
tomaron posesión los concejales de Tinjacá.

El demandante arguyó que, con base en los argumentos expuestos con
anterioridad, la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Tinjacá presentó demanda
en ejercicio del medio de control de pérdida de investidura, por haber incurrido en
la causal prevista en el numeral 3 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, como
consecuencia de no asistir a la sesión de instalación y posesión como concejal.

Dicha demanda fue admitida el 9 de julio de 2020 por el Tribunal Administrativo de
Boyacá. Al proceso se le asignó el radicado 15001-2333-000-2020-01680-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05467-01
Demandante: Néstor Hubeimar Candela Reyes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Mediante sentencia del 5 de agosto de 2020, el Tribunal Administrativo de Boyacá
negó las pretensiones de la demanda, pero el Consejo de Estado, Sección Primera,
la revocó y, en su lugar, declaró la pérdida de investidura del señor Néstor Hubeimar
Candela Reyes, a través de fallo del 11 de marzo de 2021.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora manifestó que la autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia
del 11 de marzo de 2021, incurrió en violación directa de la Constitución Política y
de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, porque, en su criterio,
«vía interpretación, otorgó un alcance extensivo, el cual no estaba establecido en
el artículo 112 de la constitución», dado que la causal de pérdida de investidura
invocada en la demanda presentada por la Mesa Directiva del Concejo Municipal
de Tinjacá, sólo procede contra las personas que han sido electas por voto popular
como miembro de una corporación edilicia, bajo el supuesto de que estos
funcionarios son los que tienen el deber de tomar posesión del cargo.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 28 de septiembre de 2023, el despacho sustanciador del
proceso en primera instancia admitió la demanda y dispuso que aquel se notificara
a los magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo de la
Sección Primera del Consejo de Estado.

2.2. A través de memorial radicado el 5 de septiembre de 2023, la autoridad judicial
accionada solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia,
bajo el supuesto de que la misma no cumple con el requisito de inmediatez. Explicó
que la providencia enjuiciada se notificó el 5 de abril de 2021, mientras que la acción
de tutela se promovió el 27 de septiembre de 2023, es decir, por fuera del plazo de
seis meses establecido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.

Además, adujo la accionada que, respecto de las pretensiones formuladas por el
señor Candela Reyes, operó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional porque
la Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado, mediante sentencia del
1 de marzo de 2022, resolvió una acción de tutela con identidad de partes, objeto y,
dentro del expediente con radicado 11001-03-15-000-2021-06857-01, en el cual se
surtió el trámite de revisión ante la Corte Constitucional2.

2
Mediante memorial del 8 de junio de 2023, la Corte Constitucional informó que «el expediente de
tutela de la referencia NO fue seleccionado para revisión. Esta decisión se adoptó a través del Auto
de Sala de Selección del 19 de agosto de 2022 notificado por estado el 2 de septiembre de 2022».

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05467-01
Demandante: Néstor Hubeimar Candela Reyes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

3. Fallo impugnado

La Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, en sentencia del 26
de octubre de 2023, declaró improcedente la solicitud de amparo porque no cumplió
con el requisito de inmediatez, toda vez que se interpuso vencidos los seis meses
determinados por la jurisprudencia para controvertir providencias judiciales
mediante esta acción constitucional, sin que se acreditaran circunstancias
especiales que justifiquen la demora, las cuales ni siquiera fueron invocadas por la
parte actora.

4. Impugnación

La parte demandante presentó escrito de impugnación, en el que solicitó se revoque
la decisión recurrida y se acceda a la solicitud de amparo, toda vez que, a su juicio,
no es posible aplicar a la presente solicitud de amparo la regla de inmediatez, como
lo hizo el a quo, puesto que «la decisión judicial impugnada – reitero- afecta de
forma permanente los derechos fundamentales de mi poderdante».

Además, el accionante manifestó que no se encuentra probado el fenómeno de la
cosa juzgada constitucional en la solicitud de amparo de la referencia, dado que
argumenta haber expuesto nuevos hechos en la presente acción, lo cual bajo su
criterio crea un problema jurídico distinto.

I. CONSIDERACIONES

1. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el
fallo proferido el 26 de octiubre de 2023 por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo, por no cumplir con el requisito de inmediatez.

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo constituye una
actuación temeraria, de conformidad con lo informado por la autoridad judicial
accionada en la contestación de la demanda. De ser así, la tutela se declarará
improcedente. De no existir una actuación temeraria, la Sala deberá examinar si se
cumplen los requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra
providencia judicial y, de cumplirse, entrará a definir si el Consejo de Estado,
Sección Primera vulneró o no los derechos fundamentales reclamados por la parte
demandante.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05467-01
Demandante: Néstor Hubeimar Candela Reyes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2. Análisis de la Sala

2.1. De la cosa juzgada constitucional en materia de tutela

La cosa juzgada es una institución que impide prolongar de manera indefinida
discusiones ante la jurisdicción. Es un reflejo de la garantía de seguridad jurídica,
que promueve el respeto por las decisiones judiciales y la estabilidad de las
situaciones consolidadas al amparo del derecho. No se justifica ni tiene razón de
ser un Estado en el que las decisiones judiciales, una vez agotadas las instancias y
los recursos previstos por el legislador, puedan someterse a revisión permanente y
a perpetuidad de los jueces por la mera inconformidad de las partes, al punto de
generar decisiones contradictorias o pretender a toda costa obtener una decisión
favorable a sus intereses.

En principio, la cosa juzgada pone punto final a las controversias que deciden un
litigio o un asunto contencioso, sin perjuicio de circunstancias que la relativizan; tal
es el caso de algunas decisiones derivadas del recurso extraordinario de revisión,
de la tutela contra providencia judicial o el mismo debilitamiento de la cosa juzgada
constitucional en el control abstracto de constitucionalidad, o de procesos que
solamente hacen tránsito a cosa juzgada formal en los términos previstos en el
artículo 304 del Código General del Proceso3.

A pesar de que esta figura no es absoluta, en cada caso se debe examinar si, en
efecto, relucen los elementos que la configuran, esto es, si en dos procesos —uno
en firme y el otro pendiente de decisión— confluyen (ii) identidad jurídica de partes,
(ii) identidad de causa e (iii) identidad de objeto, según se desprende del artículo
303 del Código General del Proceso, que consagra los tres elementos concurrentes
de la cosa juzgada.

De manera que el juez ante quien se eleva una demanda en la que se alude a un
caso anterior entre las partes, debe determinar si el asunto que le ha sido
presentado para su resolución ya fue decidido por él o por otra autoridad judicial y
si, como consecuencia de ello y de la intangibilidad de una decisión ejecutoriada, le
esté vedado un nuevo juicio.

3
ARTÍCULO 304. SENTENCIAS QUE NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA. No constituyen cosa
juzgada las siguientes sentencias:
1. Las que se dicten en procesos de jurisdicción voluntaria, salvo las que por su naturaleza no sean
susceptibles de ser modificadas.
2. Las que decidan situaciones susceptibles de modificación mediante proceso posterior, por
autorización expresa de la ley.
3. Las que declaren probada una excepción de carácter temporal que no impida iniciar otro proceso
al desaparecer la causa que dio lugar a su reconocimiento.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05467-01
Demandante: Néstor Hubeimar Candela Reyes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Este fenómeno también se da en el contexto constitucional, bien cuando se ejerce
el control de constitucionalidad abstracto4 o en decisiones relativas a la acción de
tutela. Particularmente, en relación con la cosa juzgada en materia de tutela, la
Corte Constitucional expuso:

Tal como lo ha advertido la Corte, en materia del recurso de amparo el
fenómeno bajo alusión se estructura en nuestro ordenamiento como un
límite legítimo al ejercicio del derecho de acción, de manera que imposibilita
“acudir de forma repetida e indefinida a los jueces de tutela, cuando el asunto
ya ha sido resuelto en la jurisdicción constitucional, respetando así el carácter
eminentemente subsidiario del mecanismo.

Asimismo, se ha precisado la consecuencia jurídica derivada del acaecimiento
de la cosa juzgada, y en ese sentido se ha indicado que en esos eventos el
juez constitucional se encuentra llamado a declarar la improcedencia de
la acción de tutela que ya ha sido resuelta previamente y de fondo por
parte de otro o el mismo operador judicial, siempre que haya cobrado
ejecutoria dicha decisión. Esto último ocurre cuando (i) se ha emitido un fallo
por parte de la Corte Constitucional, o (ii) este Alto Tribunal ha decidido no
seleccionar el expediente para proferir un pronunciamiento, lo que conduce a
dejar en firme la última sentencia de instancia.

Como se observa, el aspecto determinante para la identificación de una cosa
juzgada constitucional corresponde al “ejercicio múltiple”, ya sea sucesivo o
simultáneo, de la acción de tutela. Esto se relaciona, en la práctica, con la
denominada “concurrencia de triple identidad”, referente, tal como lo ha
indicado la jurisprudencia de este Tribunal, al mismo objeto, causa pretendi y
partes; a lo que se aúna la existencia de un pronunciamiento judicial en firme,
en los términos que han sido expuestos anteriormente5.

Dicha línea fue reiterada en reciente sentencia de unificación:

De igual manera, ha sostenido que se predica la existencia de cosa juzgada
constitucional cuando se adelanta un nuevo proceso con posterioridad a la
ejecutoria de un fallo de tutela y, entre el nuevo proceso y el anterior, se
presenta identidad jurídica de partes, objeto y causa.
2.2.2. Ahora bien, por regla general, un fallo de tutela queda amparado por la
figura de la cosa juzgada constitucional en los eventos en los que la Corte
Constitucional decide excluir de revisión un fallo o, si el mismo es seleccionado,
esta se configura cuando queda ejecutoriada la providencia que expida este
Tribunal.
2.2.3. No obstante, esta Corporación ha desvirtuado la configuración de la cosa
juzgada en casos excepcionalísimos, entre ellos, los hechos nuevos. La
anterior circunstancia puede dar lugar a levantar la cosa juzgada constitucional,
así se verifique la identidad de partes, objeto y pretensiones. 6

2.1. Análisis de la cosa juzgada en el caso concreto

El señor Hubeimar Candela Reyes, a través de apoderado judicial, interpuso acción
de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Primera, en la que cuestionó la

4
Sobre este existe una robusta teoría constitucional de los diferentes tipos de cosa juzgada
(absoluta, relativa, material, formal, aparente, etc.) que se da cuando se realiza control abstracto de
constitucionalidad; al respecto, puede consultarse la sentencia C-757 de 2014.
5
Corte Constitucional, sentencia T-659 de 2017.
6
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05467-01
Demandante: Néstor Hubeimar Candela Reyes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

sentencia proferida por dicha autoridad judicial el 11 de marzo de 2021 dentro del
proceso de pérdida de investidura con radicado 15001-2333-000-2020-01680-01.

La autoridad judicial accionada, en el informe rendido durante el trámite de la
presente solicitud de amparo, indicó que, el 8 de octubre de 2021, el accionante
interpuso otra tutela con identidad de partes, de objeto y causa, la cual fue tramitada
bajo el radicado 11001-03-15-000-2021-06857-00.

Revisado el expediente de tutela 2021-06857-00, la Sala encuentra probados los
siguientes hechos relevantes: i) se profirió fallo de primera instancia el 25 de
noviembre de 2021, decisión que fue impugnada por el accionante; ii) el 1º de marzo
de 2022 se dictó sentencia de segunda instancia; iii) mediante memorial del 8 de
junio de 2023, la Corte Constitucional informó que, «a través del Auto de Sala de
Selección del 19 de agosto de 2022 notificado por estado el 2 de septiembre de
2022», se resolvió excluir del trámite de revisión el referido expediente.

Además, esta Sala, al hacer un comparativo entre el expediente de tutela 2021-
06857-00 y la solicitud de amparo de la referencia, concluye que, en efecto, en
ambas demandas concurren los elementos objetivos para la configuración de la
cosa juzgada: identidad de partes, de objeto y de causa, al punto de ser evidente
la similitud en el texto de ambos libelos, pese a que fueron presentados por distintos
apoderados judiciales. A continuación, se ilustra sobre la similitud entre ambas
solicitudes de amparo:

Expediente de tutela 2021-06857-00
Partes Objeto Causa
Demandante: Néstor «1. AMPARAR los derechos El accionante argumentó que
Hubeimar Candela Reyes fundamentales del señor NÉSTOR la Sección Primera del
HUBEIMAR CANDELA REYES al Consejo de estado vulneró
Demandado: Consejo de debido proceso (art. 29 CP), a la sus derechos fundamentales
Estado, Sección Primera tutela judicial efectiva (art. 229 «al debido proceso (art. 29
CP), a participar en la CP), a la tutela judicial efectiva
conformación, ejercicio y control (art. 229 CP), a participar en la
del poder político (art. 40-1 CP), el conformación, ejercicio y
derecho a ejercer y disponer control del poder político (art.
libremente del derecho personal 40-1 CP) y el derecho
reconocido por el artículo 112 personal reconocido en el
Constitucional artículo 112 constitucional»,
con ocasión de la sentencia
DEJAR SIN EFECTO la sentencia del 11 de marzo de 2021,
de segunda instancia proferida por proferida dentro del proceso
la sección primera de la Sala de lo de pérdida de investidura con
Contencioso Administrativo del radicado 15001 2333 000
Consejo de Estado, el pasado 2020 01680 01.
once (11) de marzo de dos mil
veintiuno (2021) y notificada el día En la solicitud de amparo se
ocho (8) de abril de dos mil endilgaron los siguientes
veintiuno (2021), dentro del medio defectos a la providencia
de control de pérdida de enjuiciada:
investidura radicado bajo número
15001 2333 000 2020 01680 01 Americana sobre Derechos
Humanos el precedente «que
sobre la materia ha establecido

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05467-01
Demandante: Néstor Hubeimar Candela Reyes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Como consecuencia de lo anterior, la honorable Corte
ordenar a la Sección 1ª de la Sala Interamericana de Derechos
de lo Contencioso Administrativo Humanos» y Violación directa
del Consejo de Estado que de la constitución – articulo
proceda a dictar una nueva 112 de la constitución-, el cual
providencia, ajustada a la se argumentó de la siguiente
Constitución y la Ley y respetuosa manera:
de los derechos fundamentales del
señor NESTOR HUBEIMAR Ä juicio del accionante, la
CANDELA REYES. violación de la constitución se
configuró cuando la autoridad
Adoptar las demás medidas de judicial adujo que:
protección constitucional que se
consideren necesarias. (…) el candidato debe
manifestar oportunamente la
aceptación dentro de las 24
horas siguientes a la
declaratoria de elección del
cargo uninominal, por escrito y
sin posibilidad de retracto ante
la comisión escrutadora
competente» pues los
derechos políticos solo
pueden ser reglamentados,
restringidos y limitados
exclusivamente por una ley en
sentido material y formal. Así
las cosas, la reglamentación
del derecho personal
reconocido por el artículo 112
constitucional es de reserva
legal.

(ii) El Consejo Nacional
Electoral al expedir la
Resolución 2276 de 20197,
carecía de competencia
constitucional, en tanto no
puede delimitar el ejercicio de
un derecho fundamental como
el reconocido en el artículo
112 de la Constitución,
arrogándose una atribución de
expresa reserva legal;
además, de que refiere una
“limitación expresa a la
posibilidad de retracto del
candidato los designados-
llamados por mandato [de
dicha disposición
constitucional]”.

iii) Se desconoció la reserva
estatutaria en materia de
regulación de derechos
fundamentales, contenida en
el artículo 152 constitucional.

iv) De acuerdo con la
jurisprudencia constitucional y
del Consejo de Estado, el bien
jurídico tutelado a través del
trámite de pérdida de
investidura, “tiene que ver con
el rompiendo ´el pacto político
existente entre el elector y el
elegido, elemento
fundamental de la democracia
representativa´; lo cual, en el
caso bajo estudio no se
configura”.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05467-01
Demandante: Néstor Hubeimar Candela Reyes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Expediente de tutela 2023-05467-00
Partes Objeto Causa
Demandante: Néstor Amparar y tutelar los derechos El accionante promovió la
Hubeimar Candela Reyes fundamentales del señor Néstor solicitud de amparo de la
Hubeimar Candel Reyes al referencia por estimar
Demandado: Consejo de participar en la conformación, vulnerados sus derechos
Estado, Sección Primera ejercicio y control del poder político fundamentales al debido
(art 40 CP) numerales 2 “tomar proceso (art 29 CP); a
parte en elecciones, plebiscitos, participar en la conformación,
refrendos, consultas populares y ejercicio y control político (art
otras formas de participación 40 CP), y a la tutela judicial
democrática” y numeral 7 “acceder efectiva (art 229 CP), con
al desempeño de funciones y ocasión de la sentencia
cargos públicos, salvo los proferida por la autoridad
colombianos, por nacimiento o por judicial accionada, el 11 de
adopción, que tengan doble marzo de 2021 dentro del
nacionalidad. La ley reglamentará proceso de pérdida de
esta excepción y determinará los investidura con radicado
casos a los cuales ha de aplicarse” 15001 2333 000 2020 01680
debido proceso (art. 29 CP), a la 01.
tutela judicial efectiva (art. 229).
Al igual que en el expediente
Dejar sin efecto la sentencia de de tutela analizado con
segunda instancia proferida por la anterioridad, el accionante
sección primera de la Sala de lo argumentó que la providencia
Contencioso Administrativo del objeto de tutela incurrió en
Consejo de Estado el pasado once violación directa de la
(11) de marzo de dos mil veintiuno Constitución – articulo 112
(2021) y notificada el día ocho (8) superior-, violó la Convención
de abril de dos mil veintiuno Americana sobre Derechos
(2021), dentro del medio de control Humanos y el precedente
de pérdida de investidura radicado «que sobre la materia ha
bajo el numero 15001 2333 000 establecido la honorable Corte
2020 01680 01. Interamericana de Derechos
Humanos»
Ordenar a la Sección 1 del
Consejo de Estado y remitir el La Sala encuentra que los
expediente a la Sección 5 para su argumentos expuestos en la
eventual revisión del fallo modifica presente solicitud de amparo,
o existen con el propósito de sobre los defectos endilgados
garantizar el agotamiento de las a la providencia cuestionada
diferentes instancias judiciales por el accionante son
establecidas en el ordenamiento idénticos a los planteados en
jurídico colombiano el expediente de tutela 2021-
06857-00, al punto que en
Como consecuencia de lo anterior, ambas demandas se le
ordenar a la sección 1ª de la Sala atribuye el defecto a las
de lo contencioso Administrativo consideraciones «86 a 92»
del Consejo de Estado que expuestas por la sala en el
proceda a dictar una nueva fallo enjuiciado, con base en lo
providencia, ajustada a la cual expuso lo siguiente:
Constitución la Lay y respetuosa
de los derechos fundamentales y La Sección Primera del
derechos políticos reconocidos en Consejo de Estado incurrió en
el bloque de constitucionalidad desconocimiento del
garantizando en los tratados precedente al afirmarlo
internacionales del señor Néstor siguiente:
Hubeimar Candela Reyes
(…) el candidato debe
Adoptar las demás medidas de manifestar oportunamente la
protección constitucional que se aceptación dentro de las 24
consideren necesarias. horas siguientes a la
declaratoria de elección del
cargo uninominal, por escrito y
sin posibilidad de retracto ante
la comisión escrutadora
competente» pues los
derechos políticos solo
pueden ser reglamentados,
restringidos y limitados

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05467-01
Demandante: Néstor Hubeimar Candela Reyes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

exclusivamente por una ley en
sentido material y formal. Así
las cosas, la reglamentación
del derecho personal
reconocido por el artículo 112
constitucional es de reserva
legal.

El Consejo Nacional Electoral
carecía de competencia para
expedir la Resolución 2276 de
2019 “Por medio de la cual se
establecen medidas para la
aplicación del artículo 25 de la
Ley 1909 de 2018”, por cuanto
se trata de una limitación
expresa a la posibilidad de
retracto del candidato
designado-llamado.

El Consejo Nacional Electoral,
al expedir la precitada la
Resolución 2276 de 2019,
vulneró el principio de reserva
de ley estatutaria por
introducir una limitación al
derecho fundamental del
retracto respecto de los
designados-llamados por
mandato expreso del artículo
112 de la Constitución
Política.

La interpretación de la causal
de pérdida contenida en el
numeral 3° del artículo 48 de
la Ley 617 de 2000 efectuada
por el Consejo de Estado, en
el fallo controvertido,
comporta una interpretación
extensiva y contraria al
principio de legalidad y
taxatividad pues esta
conducta fue estatuida por el
legislador con el fin de juzgar
la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el
elegido, como elemento
fundamental de la democracia
representativa, presupuesto
que, no se acreditó en el
proceso de la referencia.

De lo anterior, la Sala concluye que los únicos elementos aparentemente
diferenciadores en ambas solicitudes de amparo es que en la tutela de la referencia
(i) se incluye la pretensión de «Ordenar a la Sección 1 del Consejo de Estado y
[r]emitir el expediente a la Sección 5 para su eventual revisión del fallo modifica o
existen con el propósito de garantizar el agotamiento de las diferentes instancias
judiciales establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano» y (ii) que los
derechos fundamentales invocados como vulnerados difieren de aquellos cuya
protección se reclamó en la acción de tutela anterior, con lo cual cumple, además,

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05467-01
Demandante: Néstor Hubeimar Candela Reyes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

con la exigencia establecida por la Corte Constitucional 7 de informarle a esta
Subsección sobre la existencia de una acción de tutela promovida, estudiada y
resuelta por esta Corporación.

Sin embargo, de la lectura de dicha pretensión y los argumentos expuestos por el
accionante, no se puede concluir que exista una variación real respecto de los
cargos discutidos en el expediente de tutela 2021-06857-00 y de los derechos
fundamentales supuestamente violados; por el contrario, lo que se advierte es que
igualmente busca que se deje sin efectos la sentencia del 11 de marzo de 2021,
dictada por la Sección Primera de esta Corporación y que se protejan las
prerrogativas del debido proceso (art. 29), la tutela judicial efectiva (art. 229) y a
participar en la conformación, ejercicio y control del poder político (art. 40),
discusión que fue debidamente agotada en la otra acción de tutela, sin que la sola
mención a dos de los numerales contenidos en ese artículo 40 superior,
específicamente 2 y 7, comporte un cambio sustancial en el objeto, como se afirmó
en la impugnación, pues, en últimas, ello simplemente se refiere a algunas formas
de garantizar ese mismo derecho fundamental.

Bajo este contexto, es claro que el demandante ya había instaurado una acción de
tutela en contra de la misma autoridad judicial aquí demandada, bajo supuestos
fácticos y jurídicos idénticos a los aquí planteados y también con el fin de dejar sin
efectos el fallo del 11 de marzo de 2021, dictado por la Sección Primera del Consejo
de Estado, por lo que se configura, entonces, el fenómeno de la cosa juzgada, sin
que puedan aceptarse como hechos nuevos que justifiquen la interposición de una
nueva solicitud de amparo la inclusión de una curiosa pretensión de traslado del
expediente de pérdida de investidura a otra Sección, a fin de que surta una supuesta
revisión del fallo, y la simple alusión a dos de los eventos en que, según el texto
constitucional, se puede hacer efectivo el derecho a la conformación, ejercicio y
control del poder político. De hecho, la acción de tutela identificada con radicado
11001-03-15-000-2021-06857-00/01 surtió el proceso de selección ante la Corte
Constitucional y no resultó escogida para revisión, de acuerdo con lo decidido auto
del 19 de agosto de 2022 8.

De modo que se confirmará la sentencia de primera instancia, en cuanto declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, pero por haberse configurado la
cosa juzgada constitucional. En este punto, la Sala estima pertinente resaltar que,
aunque es cierto que también se encuentra acreditado que la solicitud de amparo

7 Sentencia SU-168 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado
8 Expediente con radicado T8844723. Ver oficio de exclusión enviado por la Secretaría General de

la Corte Constitucional con destino al proceso de tutela con radicado 11001-03-15-000-2021-06857-
01. Documento con certificado BA0B68C6C4530190 BF9AEFF1CE46C630 4CB629E2EBBD8E1B
346D920096933E99, visible en el índice 00013 del expediente cargado en el aplicativo Samai.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05467-01
Demandante: Néstor Hubeimar Candela Reyes
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

no cumple con el requisito de inmediatez, como bien concluyó el a quo, no se puede
obviar que, de hallarse probada la cosa juzgada, es deber del juez de tutela
anteponer el estudio y la decisión acerca de dicho fenómeno jurídico al de los
requisitos generales y específicos de procedencia de la tutela contra providencias,
dadas las implicaciones procesales que conlleva.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia de tutela dictada el 26 de octubre de 2023 por
la Sección Segunda, Subsección A, del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Néstor Hubeimar
Candela Reyes, pero por las razones aquí anotadas.

SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN NICOLÁS YEPES CORRALES (E)

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la
derecha o dirigiéndose el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.asp
x.

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