Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05468-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05468-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05468-00
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
17 de noviembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ (E)
Bogotá D.C., diecisiete (17) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05468-00
Accionante: María del Socorro Coronell Esmeral y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Requisitos /
SUBSIDIARIEDAD / TUTELA CONTRA SENTENCIA DE TUTELA – Presupuestos
de procedencia / MORA JUDICIAL – No se configuró.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por las señoras María del Socorro
Coronell Esmeral y Nayibe Ladeus Gómez contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar, el Juzgado Séptimo Laboral de Cartagena y Ecopetrol S.A.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 25 de septiembre de 2023, las señoras María del Socorro Coronell Esmeral y
Nayibe Ladeus Gómez, en nombre propio, instauraron demanda de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar, el Juzgado Séptimo Laboral de Cartagena y
Ecopetrol S.A., con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a
la salud, seguridad social, vida digna, debido proceso y mínimo vital. Estimaron que
tales prerrogativas fueron vulneradas (i) por Ecopetrol S.A., al no acceder a una
solicitud de sustitución pensional compartida a causa de la muerte del señor Pedro
Joaquín Gómez Pedraza; (ii) por el Tribunal Administrativo de Bolívar, con ocasión
de la sentencia del 1 de junio de 2023 que negó una solicitud de tutela2 que las
accionantes formularon contra Ecopetrol S.A.; y, (iii) por el Juzgado Séptimo Laboral
de Cartagena por mora judicial en la admisión de una demanda ordinaria laboral3
contra Ecopetrol S.A. para reclamar la sustitución pensional.
1
Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
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Identificada con número de radicado 13001-33-33-002-2023-00197-00/01.
3
Identificada con número de radicado 13001-31-05-007-2023-00160-00.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05468-00
Accionante: María del Socorro Coronell Esmeral y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.- La parte actora pretende que, en virtud del amparo, se les conceda de forma
provisional una pensión por sustitución en partes iguales causada por la muerte del
señor Pedro Joaquín Gómez Pedraza, se ordene un trámite preferencial a la
demanda ordinaria laboral a cargo del Juzgado Séptimo Laboral de Cartagena, se
exhorte a Ecopetrol para que se abstenga de cobrar la mesada pensional y al
magistrado Jean Paul Vásquez Gómez, del Tribunal Administrativo de Bolívar, “a que
se abstenga de vulnerar los derechos fundamentales de los sujetos de especial
protección constitucional”.
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas, se tiene que:
4.- Con ocasión de la muerte del señor Pedro Joaquín Gómez Pedraza, ocurrida el
6 de enero de 2023, las señoras María del Socorro Coronell Esmeral en su condición
de cónyuge supérstite del señor Gómez Pedraza y Nayibe Ladeus Gómez en calidad
de compañera permanente, conciliaron que de común acuerdo dividirían la
sustitución pensional en partes iguales para cada una. Así, el 8 de marzo de 2023
se presentaron dos solicitudes separadas de sustitución pensional ante Ecopetrol
S.A., entidad que mediante oficio n°. 46054 del 10 de abril de 2023 decidió no
reconocer la pensión de manera compartida. Para tal fin, indicó la posible existencia
de un conflicto pendiente de resolver ante la jurisdicción ordinaria laboral.
5.- Con motivo de la respuesta negativa, el 12 de abril de 2023 la parte actora
presentó una acción de tutela contra Ecopetrol. El Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Cartagena concedió la medida previa de reactivación del servicio de
salud y, en fallo del 25 de abril de 2023, amparó de manera transitoria los derechos
fundamentales invocados. Sin embargo, en sentencia del 1 de junio de 2023, el
Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la decisión de primera instancia y, en su
lugar, declaró improcedente la solicitud. Advirtió que no se había acreditado la
existencia de un acuerdo conciliatorio en los términos previstos en la Ley 640 de
2001 y que la tutela no procede para solicitar el pago de prestaciones atinentes a la
seguridad social, pues para ello están previstos otros medios judiciales. La parte
actora solicitó aclaración de la sentencia en cuanto a la supuesta falta de un acuerdo
conciliatorio, pero dicha solicitud fue desestimada por el Tribunal Administrativo de
Bolívar en auto del 27 de junio de 2023.
6.- Con ocasión de la revocatoria del fallo que accedió al amparo, Ecopetrol S.A.
solicitó el reintegro de la mesada de mayo de 2023, cancelada a las accionantes.
7.- El 5 de junio de 2023, la señora Coronell Esmeral formuló demanda laboral
contra Ecopetrol S.A., sin que a la fecha de la presentación de la tutela -2 meses
después- el Juzgado Séptimo Laboral de Cartagena hubiere resuelto su admisión.
8.- La parte actora sostiene que la accionada vulneró sus derechos fundamentales
invocados, porque las autoridades han desconocido su voluntad de compartir la
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05468-00
Accionante: María del Socorro Coronell Esmeral y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
pensión de vejez del señor Pedro Joaquín Gómez Pedraza en partes iguales. A
diferencia de un conflicto que deba ser dirimido por una autoridad judicial, las
accionantes esgrimieron que existió un acuerdo conciliatorio desconocido por las
entidades encargadas del reconocimiento pensional. Además, la posibilidad de
reconocer pensiones compatibles entre la cónyuge supérstite y la compañera
permanente ha sido reconocida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.
Asimismo, reprochan que la demora del Tribunal Administrativo de Bolívar en
resolver la solicitud de aclaración conllevó a que Ecopetrol S.A. iniciara acciones de
cobro para la devolución de una mesada pensional.
9.- Además de lo expuesto, en el escrito de tutela se manifiesta que la señora
María del Socorro Coronell Esmeral tiene 88 años de edad, discapacitada y con
múltiples enfermedades crónicas como hipertensión, insuficiencia cardiaca,
insuficiencia venosa, dermatitis, ganoartrosis, problemas de movilidad reducida,
diabetes, obesidad e hiperlipidemia. Advierte que, con ocasión de la respuesta
negativa de Ecopetrol a la solicitud de reconocimiento de pensión por sustitución, la
señora Coronell Esmeral quedó desafiliada en salud.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
10.- Mediante auto de 6 de octubre de 2023 se dispuso admitir la acción de tutela,
negar la medida provisional solicitada y notificar de su presentación a las autoridades
accionadas. También se comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su cargo.
11.- Además, se requirió al Tribunal Administrativo de Bolívar para que remitiera, en
medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 13001-
33-33-002-2023-00197-00/01, asimismo, al Juzgado Séptimo Laboral de Cartagena
para que remita, en medio magnético, copia del expediente identificado con el
número de radicado 13001-31-05-007-2023-00160-00.
(i) Tribunal Administrativo de Bolívar4
12.- La autoridad judicial afirmó que la solicitud de tutela no satisface el requisito de
relevancia constitucional, ya que pretende revivir el debate ya agotado y se centra
en apreciaciones y críticas sobre la decisión formulada en Sala. Reiteró los
argumentos expuestos en la decisión cuestionada. Agregó que las presuntas
vulneraciones al debido proceso en sede de tutela pueden ser conocidas por la Corte
Constitucional en sede de revisión. Aportó copia digital del expediente de tutela.
13.- Las demás autoridades accionadas fueron notificadas en debida forma y
guardaron silencio.
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Expediente digital, intervención contenida en 4 folios.
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Accionante: María del Socorro Coronell Esmeral y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión previa
14.- La Sala advierte que, si bien la solicitud de tutela incluye como accionado a
Ecopetrol S.A., los hechos que se consideran lesivos de derechos fundamentales
giran en torno a actuaciones o decisiones judiciales bajo conocimiento de las
autoridades accionadas. Ello es así porque (i) la solicitud de reconocimiento de
sustitución pensional fue objeto de debate en la acción de tutela resuelta por el
Tribunal Administrativo de Bolívar y, asimismo, se planteó en demanda ordinaria
laboral bajo conocimiento del Juzgado Séptimo Laboral de Cartagena, y (ii) las
solicitudes de reintegro de mesada pensional se dan con ocasión de la sentencia del
1 de junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que revocó la
decisión estimatoria que dio lugar al reconocimiento y pago de esa suma.
15.- Por lo tanto, para efectos de tomar la decisión, únicamente se valorarán las
actuaciones judiciales reprochadas, es decir, (i) la sentencia del 1 de junio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que resolvió la impugnación de la
acción de tutela interpuesta por las solicitantes contra Ecopetrol S.A., y (ii) la
supuesta mora judicial del Juzgado Séptimo Laboral de Cartagena en el trámite de
la demanda ordinaria laboral interpuesta por las solicitantes contra Ecopetrol S.A.; lo
anterior, además, es consecuencia del requisito general de subsidiariedad de la
acción de tutela, pues los reproches formulados ante Ecopetrol S.A. deben agotarse
a través de las instancias previstas en el ordenamiento jurídico.
D. La acción de tutela contra providencias judiciales
16.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los
requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los
derechos fundamentales, son los siguientes 5 : (i) que la cuestión que se discuta
resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los
medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de
una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera
razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que
esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.
5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
17.- Por otro lado, con respecto a la procedencia excepcionalísima de la solicitud de
amparo contra providencias proferidas en procesos de tutela, la Corte Constitucional
en la sentencia SU - 627 de 2015 indicó lo siguiente:
«Para establecer la procedencia de la acción de tutela, cuando se trata de un proceso
de tutela, se debe comenzar por distinguir si ésta se dirige contra la sentencia proferida
dentro de él o contra una actuación previa o posterior a ella.
Si la acción se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede.
Esta regla no admite ninguna excepción cuando la sentencia ha sido proferida por la
Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisión de Tutela.
En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe
promoverse ante la Corte Constitucional.
Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la República la
acción de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y
por tanto, se esté ante el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y
cuando, además de cumplir con los requisitos genéricos de procedibilidad de la
tutela contra providencias judiciales, (i) la acción de tutela presentada no
comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se
demuestre de manera clara y suficiente, que la decisión adoptada en la sentencia
de tutela fue producto de una situación de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii)
no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la
situación» (se destaca).
18.- En línea con lo anterior, en sentencia T-322 de 2019 la Corte Constitucional
expuso que:
«(…) quien pretenda la revocatoria de una sentencia de tutela que ha hecho tránsito a
cosa juzgada constitucional debido a su no selección, debe cumplir con una exigente
carga argumentativa dirigida a demostrar (i) que el juez de tutela incumplió un deber
básico de conducta que se opone a los requerimientos medulares que se anudan a la
tarea de administrar justicia, manifiesta en una actuación dolosa o extremadamente
negligente y (ii) que la sentencia cuestionada no puede ser admitida debido a que
resulta evidentemente incorrecta, implicando además -en principio- una afectación
grave del patrimonio público. La Corte advierte que esta conclusión se desprende del
análisis conjunto de las diferentes providencias que, de una u otra forma, se han
ocupado de la materia. En adición a ello, es posible identificar un grupo de eventos
que, en principio, pueden ser considerados indicios de que se ha configurado una
situación fraudulenta.
En este sentido la parte interesada debe demostrar, con base en fundamentos
claros, ciertos, serios y coherentes la situación de fraude alegada, la incidencia
en la decisión adoptada, la evidente violación de un derecho fundamental y que
la afectación sea significativa y trascendental (trasgredir de manera grave el
patrimonio público). En este sentido, no serán de recibo razones o interpretaciones
que obedezcan al disgusto o inconformismo del solicitante por la sentencia atacada.
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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05468-00
Accionante: María del Socorro Coronell Esmeral y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Ese presupuesto tiene fundamento en el principio de seguridad jurídica y cosa juzgada
constitucional» (negrilla del original).
E. Mora judicial
19.- Sobre el particular, esta Corporación ha sido categórica en advertir que el juez
de tutela en cada caso específico deberá valorar si la conducta del funcionario o de
la corporación judicial es injustificada y negligente, toda vez que “no toda dilación en
proferir una decisión judicial genera la llamada mora judicial ni vulnera derechos
fundamentales”6. Lo anterior, en atención a que se presentan causas imprevisibles
o externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan
con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Existen, por ejemplo,
condiciones estructurales, tales como la excesiva carga laboral, la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios
judiciales adopten decisiones oportunas7.
20.- Así pues, se advierte que para determinar si la autoridad judicial demandada
ha incurrido en una mora judicial injustificada, y previo a verificar si tal mora se
proyecta como afrenta a un derecho constitucional iusfundamental, se debe analizar:
(i) la complejidad del asunto; (ii) la actividad procesal del interesado; (iii) la conducta
de la autoridad judicial competente; (iv) el análisis global de procedimiento; y (iv) el
turno en el que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.
F. Análisis del caso concreto
21.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formularan
las actuaciones judiciales bajo análisis, así como el escrito de tutela, esta Sala no
encuentra que las autoridades judiciales accionadas hayan transgredido los
derechos fundamentales invocados por la parte actora.
22.- En cuanto a los reproches formulados contra la sentencia de tutela del 1 de
junio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, se advierte que el
asunto objeto de estudio no cumple con los requisitos de procedencia excepcional
de la acción de tutela contra fallos de la misma naturaleza. Aun cuando no guarda
identidad procesal con la acción de amparo radicada con número 13001-33-33-002-
2023-00197-00/01 y la parte actora ya no cuenta con otro mecanismo para resolver
la situación conflictiva que subyace al pedimento, lo cierto es que no se configura la
cosa juzgada fraudulenta, toda vez que de la lectura integral de la decisión
cuestionada se observa que se fundamenta en argumentos válidos y razonables, sin
que se observe una argumentación caprichosa o parcializada, contraria al
6
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 22 de octubre de 2020, radicado 11001-03-15-000-2020-
04601-00. M.P. Milton Chaves García.
7
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado 11001-03-15-000-2016-
01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
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Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
ordenamiento jurídico, que se proyecte como una afrenta del objetivo previsto por el
legislador al establecer las bases y ritualidad del procedimiento de tutela.
23.- En efecto, la autoridad judicial manifestó de manera diáfana las razones que le
sirvieron de fundamento:
«(…) la Sala considera que la acción de tutela es un mecanismo residual y subsidiario,
que no puede invocarse de forma principal a los mecanismos ordinarios, pues para
ello la ley establece el proceso laboral, salvo que se presente la acción de tutela
como mecanismo transitorio o definitivo para evitar la ocurrencia de un perjuicio
inminente, grave e irremediable, situación que no se avizora en el caso de amarras,
ya que se viene garantizando la prestación de los servicios de salud a las accionantes.
37. Adicionalmente, la tutela es improcedente para solicitar el pago y reconocimiento
de prestaciones que deriven del derecho a la seguridad social, pues existen otros
medios y recursos judiciales para que la autoridad competente, bien sea el juez
ordinario laboral o contencioso administrativo decida de fondo sobre la situación, no
obstante, puede proceder como mecanismo transitorio solo cuando se cumplen una
serie de requisitos que, revisado el expediente, no se observa su cumplimiento: (1) las
accionantes no han acudido a la justicia ordinaria para obtener la protección de sus
derechos; (2) no acreditaron las razones por las cuales acudir a la justicia ordinaria es
ineficaz, pues solo se aduce como obstáculo el tiempo que puede tardar el proceso; y
(3) la Sala no puede inferir las condiciones económicas de las accionante o su núcleo
familiar, pues en los documentos que presenta como medios de prueba, no reposa
constancia del mismo.
38. Por otro lado, el Juez de primera instancia hizo alusión a un acuerdo conciliatorio
suscrito por las accionantes el pasado 30 de enero de 2023; sin embargo, verificada
las pruebas dentro del expediente, la Sala observa que el documento hace referencia
a una solicitud de reconocimiento pensional ante Ecopetrol, sin que se determine un
acuerdo entre la señora María del Socorro Coronell Esmeral y Nayibe Ladeus Gómez,
incurriendo el a-quo en una indebida valoración probatoria (…)» (negrilla del original).
24.- Por demás, al consultar el aplicativo de la Secretaría de la Corte Constitucional,
se advierte que en auto del 28 de julio de 2023 la Sala de Selección de Tutelas
Número Siete decidió no seleccionar para revisión el expediente de tutela número
13001-33-33-002-2023-00197-00/01, bajo radicado T-9473584. Los anteriores
argumentos resultan suficientes para declarar improcedente la acción de tutela en
relación con la sentencia del 1 de junio de 2023.
25.- Al revisar la supuesta mora judicial esgrimida por la parte actora contra el
Juzgado Séptimo Laboral de Cartagena en la demanda ordinaria laboral identificada
con número de radicado 13001-31-05-007-2023-00160-00, la Sala advierte la
autoridad judicial accionada ha adelantado las actuaciones pertinentes a la admisión
de la demanda. Según el aplicativo de consulta de procesos de la Rama Judicial, el
11 de agosto de 2023 el Juzgado inadmitió la demanda y el 8 de septiembre siguiente
el expediente ingresó al Despacho para estudiar la subsanación de la demanda
7
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05468-00
Accionante: María del Socorro Coronell Esmeral y otro
Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
presentada por la parte demandante. Dicha actuación procesal se dio, inclusive, 17
días antes de la presentación de la acción de tutela de la referencia -25 de
septiembre de 2023-. En esa medida, no existe una mora judicial que amerite la
intervención del juez constitucional.
26.- En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
impetrada por María del Socorro Coronell Esmeral y Nayibe Ladeus Gómez.
27.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR improcedente el amparo constitucional solicitado, en los
términos expuestos en la parte motiva de la presente sentencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS NICOLÁS YEPES CORRALES
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE8
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
8
VF
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