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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05469-01

Fecha
18 de enero de 2024
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05469-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiduciaria La Previsora S.A. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de octubre de 2023 proferida por el Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la tutela presentada por la señora Nasly Yamile Hernández Correa contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05469-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

18 de enero de 2024

Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-01
Demandante: NASLY YAMILE HERNÁNDEZ CORREA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial - sanción moratoria por pago
tardío de las cesantías. Requisito de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación elevada por la parte actora contra el fallo
de 17 de octubre de 2023, por medio de la cual la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por no acreditar
el requisito de relevancia constitucional.

1. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La señora Nasly Yamile Hernández Correa, por medio de apoderado judicial, radicó
acción de tutela el 26 de septiembre de 2023, con el fin de que se le protejan sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad, de
acceso a la administración de justicia, «a la situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, al
principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica y al
desconocimiento del precedente judicial vertical».

Las referidas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión de la
sentencia de 31 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por medio de la cual se confirmó la decisión de 28 de octubre de 2022, en
la que el Juzgado 36 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín negó las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
presentó la tutelante contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y la ciudad de Medellín,
la cual se identificó con el radicado 05001-33-33-036-2022-00235-00/01.

1.2. Pretensiones

Las peticiones deprecadas son las siguientes:

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Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-01

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE
ANTIOQUIA en la sentencia proferida el día 31/08/2023, en el expediente rad. No.
05001333303620220023500, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE
AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD
SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de
este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales por parte del accionado.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por
mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados establecidos
en los siguientes expedientes: […].

1.3. Hechos

De la solicitud de tutela y de las pruebas allegadas al proceso, se advierten los
siguientes supuestos fácticos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia:

1.3.1. La señora Nasly Yamile Hernández Correa inició su labor como docente en
una «entidad territorial certificada en educación del Departamento de Antioquia»,
con posterioridad al año 1990 y se encuentra afiliada al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

1.3.2. El 19 de noviembre de 2021, la accionante solicitó al referido fondo el pago
de la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la falta
de consignación oportuna de sus cesantías correspondientes al año 2020, petición
que fue negada.

1.3.3. En atención a la anterior situación, la tutelante, por intermedio de apoderado
judicial, presentó demanda contra el acto administrativo que negó la solicitud, en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en la cual
solicitó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía
de las cesantías, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

1.3.4. Del referido proceso conoció en primera instancia, el Juzgado 36
Administrativo del Circuito Judicial de Medellín, autoridad judicial que, en sentencia
de 28 de octubre de 2022 negó las pretensiones deprecadas, al considerar que en
el régimen especial docente, Ley 91 de 1989, no existe la obligación jurídica de
realizar la consignación anual de las cesantías al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por lo tanto, aseguró que no le asistía derecho a dichos
servidores al reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación
extemporánea de éstas.

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Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-01

1.3.5. La demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
para lo cual, iteró los argumentos de la demanda e hizo hincapié en que no solo la
ley sino la abundante jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del
Consejo de Estado, han avalado la aplicación de la Ley 50 de 1990, a los docentes
oficiales, en igualdad de condiciones que a los demás empleados públicos.

1.3.6. El Tribunal Administrativo de Antioquia en fallo de 30 de agosto de 2023,
confirmó la providencia recurrida, para lo cual indicó que existía disparidad de
criterios al interior del Consejo de Estado respecto de la aplicación del artículo 99
de la Ley 50 de 1990, al sector docente oficial, luego, ante tal panorama, se relevaba
al juez de aplicar un precedente que no está unificado.

Asimismo, señaló que, para resolver el asunto en estudio, no era necesario acudir
al principio de favorabilidad, comoquiera que no se estaba ante dos normas que
ofrecieran un trato diferente o antinomias legales, pues, la Ley 91 de 1989, que
regula el régimen especial de los docentes, no contempló la sanción reclamada que
fue introducida por la Ley 50 de 1990, para los servidores públicos con excepción
del sector educativo.

Finalmente, precisó que la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional no
puede tenerse como precedente vinculante, pues el caso estudiado hacía referencia
a un educador que no fue afiliado a ningún fondo y no al reconocimiento de la
sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, para los afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La señora Nasly Yamile Hernández Correa alegó que la sentencia de 30 de agosto
de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto por
desconocimiento del precedente, para lo cual mencionó veintiséis sentencias
proferidas por el Consejo de Estado, las cuales están enlistadas en la página tres
del escrito de tutela que se encuentra en el expediente digital y que reposa en el
aplicativo Samai.

En relación con el mencionado yerro indicó que la decisión reprochada es «una
abierta contradicción de la seguridad que el C.E. generó, traduciéndose en una
vulneración al principio de igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica, unidad,
coherencia del ordenamiento jurídico y falta de aplicación del principio de
favorabilidad a un caso concreto»1.

Expuso que «si en gracia de discusión se llegase a hablar de la falta de requisitos
establecidos para realizar un cambio de jurisprudencia, pues la misma, debe ser
suficientemente argumentada, lo cual no aconteció en el presente caso, pues lo
único que se expresó [es] que existía UNIDAD DE CAJA EN EL MANEJO DE LOS
RECURSOS DEL FOMAG y que no existe sentencia unificada, despreciando la
masividad de sentencias expedidas por las 2 secciones que confirman la sección
2da del H.C.E».

1 Transcripción literal, por lo que puede contener errores.

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Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-01

Adicionalmente, adujo que el tribunal enjuiciado incurrió en los defectos sustantivo
y violación directa de la Constitución puesto que no hizo un análisis sistemático de
la normativa aplicable en torno a la prestación social de las cesantías para el sector
docente, circunstancia que conllevó a que se adoptara una decisión desfavorable y
contraria a lo consagrado por el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que se
ajustaba al caso concreto.

Explicó que, lo que determinó la Ley 91 de 1989, fue la afiliación obligatoria de los
trabajadores docentes vinculados después del 1° de enero de 1990 y la financiación
por parte de la Nación – Ministerio de Educación Nacional del pago de las cesantías,
antes del 15 de febrero de cada año.

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 29 de septiembre de 2023, el a quo constitucional admitió la
solicitud de amparo y ordenó notificar a la accionante y al Tribunal Administrativo de
Antioquia y le otorgó el término de dos días para que rindiera el informe de que trata
el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991.

Como terceros con interés, vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional
– Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al departamento de
Antioquia, al Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, al Ministerio
de Educación Nacional y a La Fiduprevisora, para que, si lo consideraban del caso,
se manifestaran en el presente trámite.

Finalmente, le comunicó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de
la presente acción y le reconoció personería al abogado Yobany Alberto López
Quintero como apoderado de la parte actora.

1.6. Intervenciones

Efectuadas las notificaciones correspondientes a través de mensajes enviados por
correo electrónico, se presentaron las siguientes manifestaciones2.

1.6.1. Ministerio de Educación Nacional

Por medio de memorial, solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela,
toda vez que la parte accionante centró la discusión en un debate de carácter legal
e indudablemente de naturaleza económico.

Además, precisó que la tutelante no agotó los mecanismos ordinarios y
extraordinarios de defensa previstos en la ley, y para tal efecto mencionó que no se
alegó el «incidente de nulidad», dentro del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con identificado con el radicado 05001-33-33-036-2022-00235-01.

2 Notificaciones que se encuentra en el índice 8 del aplicativo Samai del Consejo de Estado.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-01

1.6.2. Fiduciaria La Previsora S.A.

En su intervención, la referida entidad manifestó que en el presente caso se debe
declarar la improcedencia de la acción constitucional, con ocasión a que el Tribunal
Administrativo de Antioquia no transgredió los derechos fundamentales de la
accionante. Además, solicitó su desvinculación del presente trámite porque
considera que carece de legitimación en la causa por pasiva.

1.6.3. Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín

Por medio de apoderado judicial, solicitó que se declarara improcedente la solicitud
de amparo, entre otras razones, porque los docentes oficiales son obligatoriamente
afiliados al FOMAG, razón por la cual las cesantías del sector docente se rigen bajo
el principio de unidad de caja, y por lo tanto, no es posible aplicar el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 17 de octubre de 2023, la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, toda vez que se trató de
utilizar el referido mecanismo como una instancia adicional.

Expuso que «la cuestión que ahora se plantea es meramente económica y de
naturaleza legal, como es el alegado reconocimiento de la indemnización por pago
tardío de intereses a las cesantías y la sanción moratoria, prestaciones accesorias
al pago de esta prestación social, así como la fuente normativa de su aplicación».

Mencionó que «como se ha sostenido en otras oportunidades la sanción moratoria
por no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni
está ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, de ahí que
como se trata de un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente
patrimonial, no amerita la intervención del juez de tutela».

Finalmente, precisó lo siguiente:

(i) que la accionante centra la discusión en un tema netamente legal y económico; (ii)
que no se aportó suficiente material probatorio que acredite que la no consignación
de las cesantías afectó sus derechos fundamentales; (iii) que la sentencia en cuestión
no incurrió en desconocimiento del precedente judicial enlistado por la señora Nasly
Yamile Hernández Correa, dado que no comparten identidad fáctica y, en su mayoría,
tampoco elementos jurídicos y, además, (iv) que el Tribunal Administrativo de
Antioquia argumentó suficientemente por qué se apartó del precedente sentado en
algunas sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, se considera
que la solicitud de amparo incumple con el requisito de relevancia constitucional.

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1.8. Impugnación3

Mediante escrito enviado por correo electrónico el 27 de octubre de 2023, la parte
actora planteó su inconformidad con el fallo de primera instancia, para lo cual,
solicitó que se revocara la decisión de 17 de octubre de 2023, proferida por la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.

Mencionó que, no era cierto que no existiera una posición uniforme respecto de la
aplicación de la Ley 50 de 1990, a los docentes oficiales, pues, desde el año 2019
el Consejo de Estado, en atención a los criterios fijados por la Corte Constitucional
y dicha corporación, en sede de tutela, por principio de favorabilidad, en el caso de
que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no consigne el
mencionado auxilio, a más tardar el 14 de febrero de cada año, incurrirá en mora,
en los términos fijados en el artículo 99 de dicha norma.

Sostuvo que, la tutela cumplía con el requisito de la relevancia constitucional, en
atención a que esta corporación, en un caso similar, en fallo de 23 de marzo de
2023, lo encontró superado, además de encontrar configurado el yerro de
desconocimiento de precedente. A continuación, hizo referencia a la naturaleza de
la acción constitucional de amparo y a la procedencia de esta frente a las
providencias judiciales, para finalmente concluir que se cumplían en su caso todas
las exigencias establecidas por la Corte Constitucional para tal fin.

Expuso que la Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia de 19 de enero de 2023, dictada en un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, ratificó la postura de la corporación sobre la aplicación
de la Ley 50 de 1990, al personal del sector educativo.

También realizó un extenso pronunciamiento sobre el auxilio de cesantías, con el
que resaltó la importancia de su pago oportuno como protección al trabajador frente
a diversas eventualidades ocasionadas por el cese de sus actividades o para cubrir
necesidades de capacitación o vivienda, razón por cual, iteró el derecho que le
asistía a los docentes de la sanción moratoria por el pago extemporáneo de dicha
prestación, pues, al ser también empleados públicos, son beneficiarios de esta, en
los términos de la norma que lo regula para todos los trabajadores del Estado.

Finalmente, aseveró que no era admisible un trato desigual respecto del sector al
que pertenece, pues se le restringiría la posibilidad de gozar del pago oportuno de
sus cesantías y por contera de las garantías antes referidas.

1.9. Trámite en segunda instancia

Por medio de auto del 1º de diciembre de 2023, el magistrado ponente de la decisión
de segunda instancia puso en conocimiento la existencia de una de nulidad de
carácter saneable ante la falta de vinculación del Juzgado 36 Administrativo del
Circuito Judicial de Medellín [autoridad que conoció en primera instancia el proceso
ordinario reprochado por la parte accionante].

3 La sentencia fue notificada el 24 de octubre de 2023.

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A pesar de lo anterior, no intervino en la presente tutela.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sección es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de 17 de octubre de 2023 proferida por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, de conformidad con el Decreto
2591 de 1991, el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y
el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa

La Fiduciaria La Previsora S.A. en su intervención solicitó que se le desvinculara del
presente trámite, frente a lo cual no hubo pronunciamiento por el a quo
constitucional, razón por la cual se decide en esta instancia en el sentido de negarla,
en atención a que la integración de la entidad en este escenario es como tercero
con interés en tanto que hizo parte del proceso ordinario en el que se dictó la
decisión reprochada en esta oportunidad, y en ese orden, debe garantizarse su
comparecencia.

2.3. Problema jurídico

Corresponde determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la decisión
de primera instancia de 17 de octubre de 2023, proferida por la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado, en la que declaró improcedente la solicitud
de amparo presentada por la señora Nasly Yamile Hernández Correa por falta de
acreditación del presupuesto de la relevancia constitucional.

Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) de los requisitos
de procedibilidad adjetiva, en especial el de la relevancia constitucional y, de
superarse, junto con los demás, (iii) el caso concreto.

2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 4,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema5.

4 Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE

TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
5 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.

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Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales6.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional

La Sala advierte que, de conformidad con lo señalado por el a quo, en el sub
examine no se cumple el presupuesto de la referencia, para lo cual resulta
pertinente recordar que, en principio, esta colegiatura otorgaba relevancia
constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela, estuviera relacionada con
una controversia en torno al amparo de un derecho o garantía de rango
fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos como el caso en
concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre derechos de
índole estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la satisfacción de una
garantía de dicha naturaleza, se tornan improcedentes frente al amparo
constitucional8.

El anterior lineamiento acogido por esta magistratura se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de
20199, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto
examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones
judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocimiento de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías.

En el fallo en mención, el máximo tribunal Constitucional señaló que el carácter
irrenunciable de las cesantías está relacionado con su naturaleza como prestación
patronal de rango legal, cuya finalidad es el auxilio de la persona que se quede
temporalmente en situación de desempleo y, por tanto, «solo en la medida en que

6 Se dijo en la mencionada sentencia: «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia».
7 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8 Ver fallos del 20 de febrero de 2020, proferido en el trámite del proceso N°11001-03-15-000-2019-

04788-01, y 7 de mayo de 2020, dictado en el expediente 11001-03-15-000-2019-04762-01, ambos
con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-573, 27.11.19, M.P. Carlos Bernal Pulido.

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lo reclamado sea dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se
advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a
la seguridad social del trabajador».

De acuerdo con lo anterior, precisó la referida Corte en aquella sentencia unificadora
que todo pago adicional no correspondiente con la finalidad buscada por las
cesantías, sino relacionado con una penalidad impuesta al empleador por el no pago
o pago tardío de las mismas, cuenta con una naturaleza estrictamente patrimonial
cuyo reconocimiento, no requiere la acción del juez de tutela.

En efecto, con este precedente establecido por dicha autoridad judicial, el
reconocimiento y pago de las cesantías constituye un derecho de carácter
irrenunciable para el trabajador, y su falta de pago se traduce en la transgresión de
garantías constitucionales de rango fundamental, como bien podrían ser los
derechos al mínimo vital y a la seguridad social; no obstante, aclaró la Corte que no
ocurre lo mismo con la cuantía correspondiente a la penalidad de la sanción
moratoria cuando el empleador no consigna en tiempo tales cesantías, toda vez
que, tal monto tiene el carácter de ser una simple prestación adicional de naturaleza
eminentemente patrimonial que no da lugar a la intervención del juez
constitucional10.

La anterior posición es reiterada por la misma corporación en la SU-215 de 202211,
en la cual se unificaron los criterios respecto al requisito de la relevancia
constitucional en los casos de tutela contra providencia judicial, para lo cual se
indicó:

40. En síntesis, según la jurisprudencia de esta Corte, la relevancia constitucional
protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las competencias tanto del juez
de tutela como del ordinario, y previene que la tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Para determinar si este
requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales […]. (Énfasis de la Sala)

2.5.2. En la solicitud que ocupa a esta colegiatura, la señora Nasly Yamile
Hernández Correa busca que se dicte una decisión que deje sin efectos la sentencia

10 Así lo señaló el alto tribunal:

«La jurisprudencia de esta Corporación ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías,
como una prestación patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo”. Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación,
la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la vulneración del
derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En consecuencia, cualquier pago
adicional que no corresponda a la finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el
empleador que no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un
reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención
del juez de tutela».
11 Junio 16 de 2022.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Nasly Yamile Hernández Correa
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-01

de segunda instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado 05001-33-33-036-2022-00235-00/01, para que, en su
lugar, se ordene en su favor el reconocimiento del monto equivalente a la sanción
moratoria por el pago inoportuno de sus cesantías, lo que pone de presente que lo
pretendido en esta tutela es hacer efectiva una prestación de índole estrictamente
patrimonial, cuya ausencia de reconocimiento no configura un menoscabo o
vulneración de alguna garantía fundamental.

En ese orden, conforme a los pronunciamientos de unificación de la Corte
Constitucional antes referidos, los cuales son acogidos y aplicados por esta
judicatura, es claro, sin que resulte necesario analizar otros aspectos, que la petición
de amparo en estudio resulta improcedente por incumplimiento del presupuesto de
la relevancia constitucional, pues, se itera, el asunto en debate es de naturaleza
eminentemente económica con intereses claramente particulares o privados.

En todo caso, para la Sala es importante resaltar que la Sección Segunda del
Consejo de Estado, como órgano de cierre especializado en la materia objeto de
estudio, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción moratoria
establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la Ley 52
de 1975 a favor de los docentes afiliados al FOMAG. Para el efecto, mediante
sentencia de 11 de octubre de 2023, dispuso lo siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, comoquiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, al personal docente en servicio activo que no esté afiliado al
FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

De conformidad con lo anterior, pese a que el asunto que se debate en esta
oportunidad se enmarca en aquellos que carecen de relevancia constitucional para
ser estudiados a través de este tipo de acciones constitucionales, en todo caso, la
Sección Segunda del Consejo de Estado determinó en sede de unificación que los
docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho al reconocimiento de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías.

Lo anterior permite reforzar la postura de esta sala de que el presente asunto carece
de relevancia constitucional porque la controversia planteada por la parte actora se
refiere a un tema que fue resuelto en sede de unificación por la sección
especializada.

2.6. Conclusión

De acuerdo con lo argumentado, esta Sala de Decisión confirmará la decisión del a
quo que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo presentada por la
señora Nasly Yamile Hernández Correa contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, comoquiera que no se encontró satisfecho el requisito de relevancia
constitucional.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05469-01

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por la Fiduciaria La
Previsora S.A.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de octubre de 2023 proferida por el
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la tutela presentada por la señora Nasly Yamile Hernández
Correa contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

«Esta providencia fue generada con firma electrónica la cual tiene plena validez y efectos jurídicos
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012»

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