Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05471-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05471-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05471-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
13 de diciembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05471-01
Demandante: Rubén Darío Garcia Restrepo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05471-01
Demandante: RUBEN DARIO GARCIA RESTREPO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional:
reiteración de argumentos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 26 de octubre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que
declaró improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 25 de septiembre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, el señor Rubén Darío García Restrepo pidió la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a
la administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
24 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó
las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley
50 de 1990.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA en la
sentencia proferida el día 25/05/2023 (SIC), en el expediente rad. No. 05001333300920220014500,
transgredió́ los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD
SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA
APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A
LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA,
AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar
que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia
constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional
en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de
Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora
como fue solicitada en la demanda (…)
1 Índice 1 de Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05471-01
Demandante: Rubén Darío Garcia Restrepo
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 13 de enero de 2006, el señor Rubén Darío García Restrepo fue vinculado como
docente de la secretaría de educación del Medellín.
El 8 de agosto de 2021, el señor Rubén Darío García Restrepo solicitó a la secretaría
de educación de Medellín el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación
tardía de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el
régimen establecido en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los
intereses de las cesantías.
Mediante acto administrativo No. 202130482446 del 29 de octubre de 2021 denegó lo
solicitado.
El actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y el municipio de Medellín, para que se declarara la nulidad del
acto administrativo No. 202130482446 del 29 de octubre de 2021. A título de
restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990 y la
indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.
La demanda se adelantó bajo el radicado 05001333300920220014500 y correspondió
al Juzgado Noveno Administrativo de Medellín, que, por sentencia del 12 de diciembre
de 2022, denegó las pretensiones, porque los docentes están sometidos a un régimen
especial (Ley 91 de 1989) que no previó el reconocimiento de la sanción reclamada.
Que no era posible extender la aplicación del régimen general porque eso afectaría el
principio de inescindibilidad de la ley.
Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en sentencia del 24 de mayo de 20232, la confirmó básicamente por las
mismas razones del juzgado de primera instancia. Sobre las sentencias del Consejo
de Estado y la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional invocadas en la
demanda explicó que no había identidad fáctica que permitiera la aplicación.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En especial, sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela del
23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, en el proceso 11001031500020230106300. En cuanto al fondo del asunto, alegó
que la sentencia acusada incurrió en los siguientes vicios de fondo:
En desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional,
fijado en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de
2020, y del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto
de 20203, 24 de enero de 20194, 29 de julio de 20195, 2 de diciembre de 20196, 10 de
2 Notificada el 25 de mayo de 2023.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-01
(0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867- 01
(4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01,
C.P. Nicolás Yepes Corrales.
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-
01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05471-01
Demandante: Rubén Darío Garcia Restrepo
junio de 20207, 22 de octubre de 20208, 12 de noviembre de 20209, 17 de junio de
202110, 411, 2512 y 11 de noviembre de 202113, 20 de enero de 202214, 3 de marzo de
202215,28 de abril de 202216, 917 y 19 de mayo de 202218, 1 de julio de 202219, 22 de
agosto de 202220 y 22 de septiembre de 202221.
Que, además, desconoció sentencias dictadas por diferentes juzgados administrativos
de circuitos judiciales del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas,
reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.
5. Intervenciones
La magistrada del Tribunal Administrativa de Antioquia, ponente de la decisión
cuestionada, dijo que la sentencia fue proferida con observancia del debido proceso y
aplicando las normas vigentes. Además, señaló que la acción de tutela no puede ser
utilizada como una instancia adicional al proceso ordinario.
El apoderado del Distrito Especial de Medellín pidió que se declarará improcedente
la acción de tutela porque el demandante no acreditó haber agotado el mecanismo
extraordinario de unificación de jurisprudencia. Que, de hecho, la Sección Segunda de
esta Corporación se encontraba en trámite de unificación de jurisprudencia sobre la
aplicabilidad de la Ley 50 de 1990 y que, en todo caso, la acción de tutela no está
prevista como una tercera instancia para discutir hechos que ya fueron resueltos en el
proceso ordinario.
La coordinadora de tutelas de la Fiduprevisora S.A. como vocera y administradora del
FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo por no cumplir con
las causales generales y específicos de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer de competencia frente a las
pretensiones del demandante.
Además, dijo que el caso del actor no podía ser estudiado a la luz de la Ley 50 de 1990
porque el FOMAG, fondo al que están afiliados los docentes oficiales, funciona bajo el
principio de unidad de caja y que, en todo caso, las sentencias de la Corte
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-
01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-
01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
00132-01, C.P. William Hernández Gómez.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01
(4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César Palomino
Cortés.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015-
00445- 02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014-
01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de
noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015-
90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de
noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-
01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-
01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-01
(2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-
01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-
01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-
01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-
01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015-
90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
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Demandante: Rubén Darío Garcia Restrepo
Constitucional y del Consejo de Estado citadas en el escrito de tutela tampoco
resultaban aplicables porque no compartían supuestos fácticos.
El jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional. Precisó que el señor García Restrepo proponía una discusión
estrictamente económica que excedía la competencia del juez de tutela.
El Juzgado Noveno Administrativo de Medellín no se pronunció pese a que, como
se vio, fue debidamente notificado.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 26 de octubre de 2023,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de
relevancia constitucional.
Explicó que las inconformidades planteadas por la parte actora recaen sobre una
discusión meramente legal y coinciden con las que ya fueron resueltas en el proceso
ordinario, pretendiendo utilizar la tutela como tercera instancia adicional. Señalo que
mediante sentencia del 11 de octubre de 2023, proferida por la Sección Segunda del
Consejo de Estado unificó jurisprudencia sobre la aplicabilidad de la sanción moratoria
establecida en la Ley 50 de 1990 a la cual no tienen derecho los docentes oficiales.
7. impugnación
La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Sostuvo que la acción
de tutela sí cumple el requisito de relevancia constitucional y fundamentó ese
argumento en decisiones dictadas por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en providencias del 23 de marzo y 17 de abril22 de 2023.
Reiteró que sí existe una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes para el reconocimiento de la sanción moratoria y citó, nuevamente,
sentencias de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 1923 y 2624 de enero de
2023.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Rubén Darío García Restrepo para que se deje sin efectos la sentencia del 26 de
octubre de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo del Antioquia, que confirmó la
decisión de denegar las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990.
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto se trata de una reiteración de los argumentos ya resueltos
en el proceso ordinario, esto es, que, a juicio del actor, la sanción moratoria prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 procede en favor de los docentes. Por lo tanto,
confirmará la decisión de primera instancia.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-
02 (4470-2021), C.P. William Hernández Gómez.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de enero de 2023, Exp 47001-23-33-000-2018-00231-01
(0871-2020) , C.P. William Hernández Gómez.
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Demandante: Rubén Darío Garcia Restrepo
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales25 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se
estudian de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos26 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0027, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre
la amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente
de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de
derechos fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se
acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan
nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción
de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue
proferida la providencia acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal
que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios
y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, el señor Rubén
Darío García Restrepo insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990 es aplicable a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte
Constitucional como del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 12 de diciembre de 2022, dictada por el Juzgado Noveno Administrativo de
Medellín, (resumido en la providencia de segunda instancia) se lee lo siguiente:
25 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales
ordinarios y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión
objeto de tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho
fundamental, y que no se cuestione un fallo de tutela.
26 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
27 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Rubén Darío Garcia Restrepo
La parte demandante interpone el recurso de apelación contra la decisión adoptada manifestando su
inconformidad pues el Juzgado en la sentencia explica que, al ser los docentes trabajadores de
régimen especial, no son sujetos de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, situación que
indica ya ha sido revaluada por la H. Corte Constitucional y el H. Consejo de Estado; además, de sus
posturas están direccionadas a la protección de los derechos prestacionales que durante mucho
tiempo han sido vulnerados por parte de las entidades públicas a los que se encuentran adscritos,
así mismo que su condición de servidores públicos de la Rama Ejecutiva, conlleva que sea viable el
reconocimiento de las pretensiones de la demanda.
(…)
Indica que debe revocarse la sentencia de primera instancia y en su lugar acceder a las pretensiones
de la demanda, por cuanto las entidades encargadas de consignar los recursos de las cesantías del
año 2020 para la actora al Fondo, han excedido los términos legales y los órganos de cierre tienen
una clara postura de la aplicación del contenido del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a favor de los
docentes, la cual se encuentra vigente.
Por su parte, en la acción de tutela, el señor Rubén Darío García Restrepo igualmente
insistió en que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos de
reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma y, además de las
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ya fueron invocadas
en la demanda y en el recurso de apelación, citó las sentencias del 17 y 28 de junio de
2019, 28 de abril de 2022, 19 de mayo de 2022, 1 de julio de 2022, 22 de agosto de
2022, 22 de septiembre de 2022 y 19 y 26 de enero de 2023.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
en providencia del 24 de mayo de 2023, que, en lo que interesa, consideró:
Se advierte que, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables al caso concreto, y la
Jurisprudencia en la materia, la sanción por no consignación regulada en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, no resulta aplicable a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio –FONPREMAG; además, tampoco es aplicable la indemnización que consagra el artículo
1° de la Ley 52 de 1975, en tanto los educadores oficiales en este aspecto, tiene regulación propia,
esto es, el Acuerdo No. 39 de 1998, mismo que no contempla el reconocimiento y pago de dicha
indemnización; razón por la cual se deberá confirmar la sentencia proferida en primera instancia.
Como se ve, se trata de argumentos con los que el señor Rubén Darío García Restrepo
pretende continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario para
determinar el régimen aplicable a las cesantías. Y si bien el actor está alegando el
desconocimiento de nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo
propósito con el que las citó en la demanda y en el recurso de apelación del proceso
ordinario.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede
utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios, como ya lo ha precisado
la Sala en otras oportunidades28.
Ahora, frente a la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso
11001031500020230106300, que el demandante cita para demostrar la relevancia
constitucional de la acción de tutela, basta decir que esa decisión fue impugnada y
mediante auto del 16 de junio de 2023, la Sección Primera del Consejo de Estado
declaró la nulidad de lo actuado, a partir del auto que admitió esa acción de tutela.
Como consecuencia de esa nulidad, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, el 17 de octubre de 2023 dictó nueva sentencia y denegó las
pretensiones de la demanda de tutela. De modo que no puede utilizarse como
28 En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras,en sentencias del 18 de mayo de 2023, Expediente
11001-03-15-000-2023-01500-00, Actora: Sandra Elena Espinosa López, C.P. Wilson Ramos Girón; del 25 de mayo
de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02085-00, Actora: Rosa María Castañeda Valencia, C.P. Wilson Ramos
Girón y de la misma fecha, Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García Camacho.
C.P. Milton Chaves García; y del 1º de junio de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02139-00, Actor: Alfonso
Rueda Rodríguez, C.P. Wilson Ramos Girón y Expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00, Actora: Julia Inés
Fernández González, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05471-01
Demandante: Rubén Darío Garcia Restrepo
argumento para fundamentar la relevancia constitucional ni para acceder a las
pretensiones en el presente asunto.
Sobre la sentencia del 17 de abril29 de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230096500, la Sala destaca
que esa decisión fue impugnada y con sentencia del 17 de julio de 2023, la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado la revocó y, en su lugar, declaró
improcedente la acción de tutela. Por lo tanto, los precedentes que cita el actor fueron
dejados sin efectos en decisiones posteriores.
Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los
docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50
de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a establecer
aspectos legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes (territoriales,
nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo administrador de cesantías en que debe
efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad por no consignación oportuna
de la prestación social.
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la sentencia
y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la jurisdicción
contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al
reconocimiento de una penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen
docente”
ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos
fundamentales y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del
precedente y del principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un
efecto decisivo en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación
de un derecho fundamental, por cuanto “las decisiones impugnadas en sede de tutela no
constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes de motivación y no dan cuenta
prima facie de la inaplicación de una prerrogativa de carácter constitucional.”
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a
la tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que
el juez constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la improcedencia de la solicitud de
amparo presentada por el señor Rubén Darío García Restrepo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.
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Demandante: Rubén Darío Garcia Restrepo
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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