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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05481-01

Fecha
25 de enero de 2024
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05481-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05481-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

25 de enero de 2024

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-05481-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: MARCOS CORREA ARCHILA

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO QUE DECLARÓ
IMPROCEDENTE EL AMPARO SOLICITADO POR NO CUMPLIR EL
REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.
ASUNTO DE LEGALIDAD RESUELTO POR EL JUEZ ORDINARIO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL TRABAJO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 10 de noviembre de 2023, proferida en primera

instancia por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL

CONSEJO DE ESTADO1 que declaró improcedente la acción de

1
En adelante SECCIÓN TERCERA.

2

Número único de radicación: 110010315000 2023 05481 01
Actor: Marcos Correa Archila

tutela de la referencia por falta del requisito general de la relevancia

constitucional.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor MARCOS CORREA ARCHILA, actuando a través de

apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo

86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de

justicia, al trabajo y a los principios de favorabilidad, in dubio pro

operario y primacía de la realidad sobre las formas, los cuales estima

vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “”F”- DEL

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA al proferir la

sentencia de 9 de mayo de 2023, dentro del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 110013335026-2021-00228-01.

I.2.- Hechos

Indicó que prestó sus servicios en el DEPARTAMENTO

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www.consejodeestado.gov.co

3

Número único de radicación: 110010315000 2023 05481 01
Actor: Marcos Correa Archila

ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD -DAS2- desde el 1o. de marzo

de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2011, en el cargo de Detective

Agente Código 208 Grado 07, consecuencia de lo cual su empleador

efectuó la cotización especial de que trata el parágrafo 3 del artículo

2 de la Ley 860 de 4 de abril 20033, en relación con la pensión de

alto riesgo.

Manifestó que con ocasión de la supresión del DAS, a partir del 1o.

de enero de 2012, fue incorporado a la UNIDAD ADMINISTRATIVA

ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA – UAEMC4 en el empleo de

Oficial de Migración Código 3010 Grado 13, sin solución de

continuidad.

Expuso que en la UAEMC ha ejercido las mismas funciones de control

migratorio y extranjería que ejecutaba mientras estuvo vinculado al

DAS, no obstante, no se le ha efectuado la cotización especial de que

trata la norma referida, esto es, en los 10 puntos adicionales a cargo

de su empleador.

2
En adelante el DAS.
3
“Por el cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 30 de 1992”.
4
En adelante UAEMC.

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4

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Actor: Marcos Correa Archila

Agregó que solicitó a la UAEMC efectuar las cotizaciones en los

porcentajes faltantes, no obstante, dicha petición fue negada a

través de oficios núms. 20216110228721 de 13 de abril y

20216110294301 de 11 de mayo de 2021.

Comentó que, por lo anterior, promovió el medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho respectivo, con la finalidad de

discutir la legalidad de los actos administrativos aludidos y obtener

el pago de las cotizaciones correspondientes para la pensión de alto

riesgo.

Manifestó que el proceso referido fue identificado con el número

único de radicación 110013335026-2021-00228-00 y atribuido para

su trámite en primera instancia al JUZGADO VEINTISÉIS

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C5

que, mediante sentencia de 22 de junio de 2022, accedió a las

pretensiones de la demanda.

Indicó que la UAEMC interpuso recurso de apelación ante el

TRIBUNAL que, mediante sentencia de 9 de mayo de 2023, revocó

5
En adelante el JUZGADO.

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la decisión recurrida y, en su lugar, denegó las pretensiones de la

demanda, por cuanto estimó que su incorporación a aquella entidad

implicó la sustracción de las funciones de alto riesgo, por lo que no

era procedente el pago de la cotización especial, además que la

actividad de control migratorio no está fijada de forma taxativa en la

ley con dicha calidad.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que al proferir la providencia cuestionada el TRIBUNAL

incurrió en los defectos fáctico, sustantivo, desconocimiento

del precedente judicial y decisión sin motivación, comoquiera

que no tuvo en cuenta las sentencias C-853 de 2013 y C-093 de 2017

proferidas por la Corte Constitucional, conforme con las cuales la

aparición o eliminación del alto riesgo de una actividad misional no

puede derivarse de una decisión subjetiva del ejecutivo, sino ser el

producto de un estudio técnico.

Apuntó que, además dichos precedentes reconocen que: “[…]

indistintamente del nombre del empleo (detective y hoy oficial de

migración), o de la entidad nominadora (DAS o Migración Colombia),

es la actividad la que genera el alto riesgo, es decir, la actividad es

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la que genera el riesgo en la salud, no la denominación de la entidad

nominadora […]”.

Aseveró que el TRIBUNAL ignoró el contenido del parágrafo 3 del

artículo 2° de la Ley 860 de 2003 que prevé a cargo de su empleador

la obligación de pagar una cotización especial para pensión de alto

riesgo correspondiente a los 10 puntos adicionales, al continuar

ejerciendo las mismas funciones que tenía durante su vinculación al

DAS.

Argumentó que las sentencias que fueron aplicadas por el

TRIBUNAL no constituyen precedentes para su caso en la medida

en que en aquellas se estudió el régimen específico de carrera

administrativa del DAS, mientras que lo solicitado en el asunto ahora

debatido está estrictamente relacionado con la exposición a una

actividad generadora de alto riesgo reconocida en la Ley 860 de

2003.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

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Actor: Marcos Correa Archila

“[…] 1. Tutelar los derechos fundamentales de mi poderdante al
debido proceso, acceso a la justicia, trabajo y principios
constitucionales de favorabilidad, in dubio pro operario, condición
más beneficiosa, primacía de la realidad sobre las formas.

2. Invalidar, anular o declarar sin efectos la sentencia del 09 de
mayo de 2023 proferida en segunda instancia por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA –
SUBSECCION “F”, proferida en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió el suscrito apoderado
en representación del señor MARCOS CORREA ARCHILA contra La
Unidad Administrativa Especial Migración Colombia bajo número de
radicación 11001-33-35-026-2021-00228-01, y ordenar la
anulación de los actos acusados en el proceso ordinario.

3. Declarar la firmeza de la sentencia del 22 de junio de 2022
proferida por el JUZGADO VEINTISÉIS (26) ADMINISTRATIVO DE
ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió el señor MARCOS
CORREA ARCHILA contra La Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia u ordenar al Tribunal accionado que profiera
sentencia en las condiciones anotadas por el Juez Constitucional.

4. En consecuencia, ordenar a La Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia que, en los 30 días siguientes a la notificación
de la providencia reconozca, aplique y pague la cotización en alto
riesgo consagrada en el Decreto No. 2646 de 1994 y la Ley 860 de
2003, desde su incorporación a la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia y se le siga pagando sucesivamente la
prestación en los mencionados términos mientras permanezca el
vínculo laboral. conforme a las pretensiones de la demanda.

5. Así mismo, la demandada reconocerá, aplicará y pagará al
sistema de seguridad social integral en pensión, el monto de la
cotización especial de que trata el parágrafo 3º del Artículo 2º de
la Ley 860 de 2003, relacionado con la cotización especial, en favor
de mi defendido(a), como así lo dispone la ley 100 de 1993,
modificado por la ley 797 de 2003 que ordena pagar en cotización
especial para pensión, diez (10) puntos adicionales a cargo del
empleador en el entendido que los ex empleados del liquidado
D.A.S., continúan realizando actividades que por definición son de
alto riesgo, como lo son las actividades de control migratorio,
verificación y de extranjería, actualmente desempeñadas por la
parte demandante, y anteriormente ejercidas por la subdirección
de extranjería del liquidado Departamento Administrativo de
Seguridad – D.A.S […]”.

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Actor: Marcos Correa Archila

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que determinó que al actor no le era

aplicable la Ley 860 de 2003, en materia de cotización especial para

servidores del DAS, dado que si bien las actividades que aquel

ejecuta en la UAEMC son similares a las que ejercía en aquella

institución lo cierto era que por disposición del legislador estas ya no

tendrían la connotación de alto riesgo, razón por la cual a partir del

acto de incorporación a esa última entidad, no había lugar a la

cotización adicional solicitada en la demanda.

Explicó que su decisión fue suficientemente motivada, a partir de un

análisis crítico de las pruebas y la aplicación de las fuentes jurídicas

respectivas, por lo que no hay lugar a que se acceda al amparo

pretendido.

I.5.2.- La UAEMC solicitó declarar su falta de legitimación en la

causa por pasiva, comoquiera que no tiene competencia para

responder por las pretensiones del actor, dado que están dirigidas

contra una autoridad judicial.

Agregó que, en todo caso, la acción de tutela no puede ser utilizada

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como una tercera instancia, con la finalidad de discutir asuntos que

ya fueron resueltos por el juez natural del asunto.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, mediante sentencia de

10 de noviembre de 2023, declaró improcedente la acción de tutela

de la referencia por falta del requisito general de la relevancia

constitucional, comoquiera que en su sentir, advertía que: “[…] el

accionante acude a esta acción con el propósito de reabrir y continuar

el debate del proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del

derecho en el que fue dictado el fallo enjuiciado, y a partir del mismo

obtener una decisión favorable […]”.

Indicó que, frente al desconocimiento de las sentencias citadas en el

escrito introductorio había una falta de carga argumentativa, en la

medida en que el actor no hizo una explicación tendiente a exponer

por qué las mismas constituían precedentes aplicables a su caso,

“[…] concretamente omitió precisar si los hechos, fundamentos de

derecho, problemas jurídicos a resolver y ratio decidendi eran

similares y, por ende, aplicables a su asunto, pues simplemente se

limitó a citar extractos descontextualizados de las mismas, que se

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refieren tangencialmente a algunos de los elementos de la discusión,

y con ello se pretende afirmar que resultan vinculantes […]”.

Explicó que actualmente no existe una sentencia de unificación sobre

el asunto traído a colación por el accionante, esto es, la obligación

de que las entidades receptoras de ex funcionarios del DAS

continuaran realizando una cotización especial por riesgo en favor de

los mismos.

Expuso que las presuntas deficiencias alegadas respecto de la

decisión cuestionada corresponden, en realidad, a una discrepancia

valorativa sobre el resultado desfavorable del proceso que no es

susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial

de la acción de tutela, dado que siempre que se trate de

interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el llamado

a fijar aquella que mejor se ajuste al caso.

Por otro lado, denegó la solicitud de desvinculación presentada por

la UAEMC comoquiera que era claro su interés en las resultas de la

acción de tutela de la referencia, al haber sido la entidad demandada

en el proceso ordinario origen de la controversia.

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III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia

indicando que la presente acción de tutela sí es procedente,

comoquiera que se dirige contra una decisión que desconoce los

derechos fundamentales deprecados, sin que lo pretendido sea

utilizar este mecanismo como una tercera instancia.

Agregó que el TRIBUNAL desconoció “[…] la jurisprudencia de la

Honorable Corte Constitucional y la del Honorable Consejo de Estado

y aún de la misma ley que suprimió el extinto DAS, habida cuenta

que el artículo 3° del Decreto 4064 de 2011, norma posterior al

artículo 7 del Decreto 4057 de 2011, mantuvo incólume las

prestaciones de mi prohijado y, en razón a ello, es que a la fecha la

demandada le aplica y reconoce el decreto 1933 de 1989, referente

a sus prestaciones sociales, como vacaciones, primas y demás

emolumentos […]”.

Afirmó que la autoridad judicial accionada emitió un fallo “[…] con

desconocimiento de la ley aplicable, la cual está definida

exclusivamente en la Ley 860 de 2003, y no el decreto 2090 de 2003

[…]”.

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Destacó que el a quo acogió la errada interpretación del caso que

hizo el TRIBUNAL, sin tener en cuenta que esta autoridad siempre

hizo referencia a lo previsto en el Decreto 2090 de 26 de julio 20036,

mientras que lo solicitado era la aplicación de la ley 860 de esa

anualidad.

Insistió en que la Ley 860 de 2003 definió que la actividad que

ejercían los detectives son de alto riesgo, sin que para tal efecto

tenga incidencia la nomenclatura de la entidad o el empleo

respectivo.

Sostuvo que no es cierto que el Decreto 4057 de 31 de octubre 20117

hubiese eliminado el régimen de carrera especial de los funcionarios

del DAS, porque el artículo 3° del Decreto 4064 de ese mismo día y

año8 previó que los servidores vinculados a la UAEMC conservarían

los beneficios salariales y prestacionales que tenían en aquella

entidad, como es el caso del derecho a la pensión.

6
“Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades”.
7
Por el cual se suprime el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se reasignan unas
funciones y se dictan otras disposiciones.
8
“Por el cual se establecen equivalencias de empleos y se dictan otras disposiciones en materia salarial
y prestacional”.

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Adujo que las sentencias de constitucionalidad invocadas como

precedentes le son aplicables porque sirven como “[...] fundamento

y requisito orientador para determinar cómo se incluye o excluye una

actividad de alto riesgo, en donde también queda claro, que tanto el

legislador ordinario o extraordinario tienen la facultad para

determinar si una actividad es de alto riesgo, pero este proceso debe

de hacerse de forma objetiva, es decir, a través de un estudio técnico

[…]”.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

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La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

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En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y

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seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales

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especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del

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texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la

sentencia de 9 de mayo de 2023, proferida por el TRIBUNAL,

por medio de la cual revocó la decisión del a quo y, en su lugar,

denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número

único de radicación 110013335026-2021-00228 01.

El actor fue vinculado a la planta de personal de la UAEMC con

ocasión de la supresión del DAS, por lo que en el proceso aludido

solicitó que se ordenara a su actual empleador cotizar los 10 puntos

adicionales de que trata la Ley 860 de 2003, en relación con las

pensiones de alto riesgo.

El disenso del actor deviene del hecho de que, en su sentir, al

denegar sus pretensiones, el TRIBUNAL incurrió en los defectos

fáctico, sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y

decisión sin motivación, al mantener incólume la decisión

administrativa a través de la cual la UAEMEC se negó a efectuar el

aporte a las cotizaciones con la adición de los 10 puntos aludidos,

por cuanto, en su sentir, debía gozar de las mismas prestaciones que

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tenía durante su vinculación al DAS.

En el curso de la primera instancia la SECCIÓN TERCERA de esta

Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo por falta del

requisito general de la relevancia constitucional, al establecer que la

discusión planteada por el actor ya fue resuelta por la autoridad

accionada de manera admisible y razonada.

En la impugnación el actor adujo que su solicitud sí tenía relevancia

constitucional, dado que lo pretendido era la protección de las

garantías fundamentales deprecadas, además iteró sus argumentos

tendientes a demostrar que le asiste el derecho de que la UAEMC

efectué la cotización especial con un adicional de 10 puntos para

pensión de alto riesgo, conforme con la Ley 860 de 2003.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados

por el actor e incurrió en los defectos fáctico, sustantivo,

desconocimiento del precedente judicial y decisión sin motivación, al

proferir la sentencia de 9 de mayo de 2023 aludida.

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Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional9, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».10

9
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
10
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.

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Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación11, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [12]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [13].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [14].

11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
[12] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[13] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[14] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [15].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción

[15] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [16]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [17].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [18]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte

[16] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[17] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[18] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

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judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala advierte que la controversia

que el actor propone, además de implicar la reapertura de un litigio

que ya fue resuelto en sede ordinaria, recae sobre un asunto de

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carácter meramente legal.

En efecto, la divergencia surge de un aspecto netamente legal porque

se deriva del alcance que el actor pretende que se dé al parágrafo 3

del artículo 2° de la Ley 860 de 2003, frente al Decreto 2090 de

2003, en relación con las actividades de alto riesgo y el monto de la

cotización especial a pensión para dichas labores, al haber sido

vinculado a la UAEMC con ocasión a la supresión del DAS.

Dichos aspectos, además de que carecen de una perspectiva

constitucional, en la medida en que su solución deriva de la

interpretación de las normas aludidas, fueron resueltos por el

TRIBUNAL, así:

“[…] Para dar respuesta al problema jurídico debe indicar la Sala
que al demandante no resulta aplicable el contenido del
parágrafo 3º del artículo 2º de la Ley 860 de 2003, en materia
de cotización especial adicional para los servidores del DAS, toda
vez que, la actividad que este ejecuta en Migración Colombia,
luego de la supresión de la primera entidad empleadora aunque
puede ser similar, lo cierto es que el legislador dispuso que esta
no tendría la connotación de alto riesgo.

Respecto a la calificación jurídica de la actividad de alto riesgo,
necesariamente debe acudirse al contenido del Decreto 2090 de
2003, normativa que establece de forma taxativa las actividades
que afectan sustancialmente la salud del trabajador por
condiciones extremas en la prestación del servicio como
aspectos de entorno, ambientales, físicos y mentales de los
trabajadores, dentro de las cuales no se encuentra la actividad
de control migratorio que desempeña el demandante al interior

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de Migración Colombia.

Es pertinente señalar que aunque durante el lapso en que el
actor prestó sus servicios como Detective del suprimido DAS le
fueron pagadas las cotizaciones especiales por actividad de alto
riesgo, en razón a que por definición legal su función si era
considerada como tal, lo cierto es que luego de la incorporación
a la nueva entidad esa calificación con respecto a la actividad de
control migratorio cesó legalmente, conforme al estudio técnico
adelantado de forma previa a la creación de la planta de personal
de la entidad receptora.

Sobre este aspecto, la Corte Constitucional21 al realizar el
control al artículo 2º del Decreto 2090 de 2003, señaló que la
condición de la actividad de alto riesgo puede ser modificada por
el legislador atendiendo distintas variables como la desaparición
de las circunstancias que tornan la labor como de aquellas que
requiere la puntuación especial para efectos de la cotización
pensional, veamos:

“Estar incluido en la clasificación de actividades de alto riesgo no
constituye un derecho que ingrese al patrimonio del trabajador,
ni comporta la obligación de mantenerlo incólume dentro del
sistema pensional. Es un concepto sujeto a modificaciones por
parte del legislador ya sea en cumplimiento de sus funciones de
organizar la estructura de la entidad o porque objetivamente
desaparece el riesgo en la prestación del servicio. En
consecuencia, no puede predicarse un desmejoramiento de los
derechos del trabajador sobre un hecho o expectativa que no
constituye derecho.”

Como el eje central de la alzada se encuentra delimitado a la
cualificación jurídica de la actividad de alto riesgo, considera la
Sala que no podía extenderse esa categorización a la función
desarrollada por el demandante en Migración Colombia, en la
medida en que el artículo 8º del Decreto 4070 de 2011,
determinó que los empleados públicos del DAS continuarían en
el ejercicio de sus funciones y percibiendo la remuneración
mensual correspondiente a sus empleos, con la delimitación
temporal que corresponde al momento en que se produjera la
incorporación en la planta de personal que se adoptara para la
entidad receptora, situación que para el caso del demandante se
consolidó el 1º de enero de 2012.

Para esta Sala de decisión, la incorporación del actor a Migración
Colombia en condición de Oficial de Migración Código 3010
Grado 13, representó la sustracción de esa función en la

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calificación de alto riesgo, situación que configuraba
desaparición del peligro en la prestación del servicio, de manera
que no resulta admisible adelantar la cotización especial
pretendida en la medida en que la actividad de control migratorio
no se encuentra fijada de forma taxativa en la ley, y por ende
no existe razón jurídica para ordenar la continuidad en el pago
de esta.

Es claro que el proceso de supresión de la entidad estatal, y la
creación de aquella que asumió las funciones de control
migratorio respetó los derechos de carrera administrativa del
demandante, lo que representó que luego del acto de
incorporación se actualizara su registro como servidor de carrera
administrativa de Migración Colombia, pero esa circunstancia en
sí misma no representaba la continuidad de la aplicación del
régimen salarial, prestacional y de cotizaciones previsto para el
momento en el que fungía como Detective del DAS.

En este punto debe recordar la Sala que el artículo 3º del Decreto
4064 de 2011, por el cual se fijaron las equivalencias entre la
nomenclatura y clasificación de empleos del DAS y la
nomenclatura y clasificación de empleos públicos de la Rama
Ejecutiva del orden nacional, aplicable a Migración Colombia,
señaló expresamente que el personal incorporado, conservaría
los beneficios salariales y prestacionales que venían gozando en
la extinta entidad hasta su retiro de esta, con excepción de la
prima de riesgo, puesto que esta quedó incorporada en la
asignación básica y sería definitoria para la remuneración que
percibe el accionante y complementada con la bonificación por
compensación ante la existencia de diferencias. Frente a estos
emolumentos, cierto es que al ostentar la connotación de
salariales se tienen en cuenta para la liquidación de los aportes
a pensión.

También resulta relevante señalar que el Consejo de Estado22,
ha tenido la oportunidad de pronunciarse en torno a si luego de
la incorporación de los servidores del DAS a Migración Colombia
fueron desmejoradas sus condiciones laborales y
específicamente lo relacionado con la continuidad en el régimen
especial de pensiones que cubría al servidor antes de la
incorporación, en esa ocasión señaló la Corporación:

[…]
“Del régimen pensional

En el caso concreto, tal como se señaló en el acápite de hechos
probados, es claro que el señor RAMÍREZ MONTEJO estaba

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inscrito en el régimen pensional especial del D.A.S. contenido en
el Decreto 2091 de 2003 y que tenía la expectativa de
pensionarse de acuerdo con el mismo.

En ese sentido, se pone de presente que por no tratarse de un
derecho adquirido, no ha entrado al patrimonio del actor y por
lo tanto, ese régimen pensional puede ser objeto de modificación
por parte del legislador (como es en el caso concreto por tratarse
de un Decreto con fuerza material de ley), sin que se pueda
argumentar que no haya posibilidad alguna de hacer una
modificación.

(…) Luego, si bien es cierto que el actor tenía una expectativa
legítima de algún día pensionarse con ese régimen, no se puede
perder de vista que para el momento de la incorporación en la
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
tenía 33 años, por lo que la misma era bastante lejana, pues en
la norma se requería llegar a la edad de 55 años. Es por lo
anterior, que tampoco encuentra esta sala que se haya
vulnerado algún derecho constitucional.

Por su parte la Corte Constitucional en sentencia C-098 de
201323 , al adelantar el control de constitucionalidad al artículo
7º (parcial) del Decreto 4057 de 2011, “[p]or el cual se suprime
el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), se
reasignan unas funciones y se dictan otras disposiciones”,
determinó que el proceso de supresión adelantado en el DAS
respetó los derechos de los trabajadores que fueron objeto de
incorporación a otras entidades públicas, siendo enfática en
señalar que no existe obligación por parte del legislador de
mantener indefinidamente en el tiempo la aplicación de un
régimen que ha perdido vigencia por expresa disposición legal,
veamos:

En criterio de la Sala, con la expedición del Decreto 4057 de
2011, lo que operó materialmente fue la eliminación del régimen
de carrera especial y con ello la cotización especial adicional por
actividad de alto riesgo para Detectives del DAS por pérdida de
vigencia y por expresa disposición legal que imponía la aplicación
de los regímenes previstos sobre estos aspectos para las
entidades receptoras.

Considera la Sala que le asiste razón a la parte recurrente en la
medida en que en la providencia de primer grado realizó la
calificación jurídica de la actividad ejecutada por el actor en
Migración Colombia como de aquellas de alto riesgo,
competencia que es privativa del legislador.

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[…]

La Sala debe ser enfática en señalar que de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 7º del Decreto 4057 de 2011, a partir
del acto de incorporación del demandante a Migración Colombia,
la prima de riesgo que esta percibía en el DAS fue integrada y
reconocida en la asignación básica del nuevo cargo. De este
modo, no puede la parte demandante pretender el
reconocimiento de la cotización por un emolumento que no
percibe, sino que materialmente – atendiendo lo solicitado en la
demanda –, ya está pagado. De este modo, al formular una
solicitud en torno a su pago, implica que este se liquide doble
vez, situación que implica el desconocimiento de lo normado en
el artículo 128 de la Constitución Política […]”.

De las transcripciones en cita la Sala advierte que el TRIBUNAL sí

analizó el contenido de la Ley 860 de 2003, en cuanto en el parágrafo

3 de su artículo 2° está prevista la cotización especial para el personal

del DAS correspondiente a 10 puntos adicionales a cargo del

empleador, no obstante, determinó que dicha norma no le era

aplicable al actor, dado que luego de la supresión de aquella entidad,

la actividad que ahora ejecutaba en la UAEMC no estaba catalogada

por el legislador como de alto riesgo.

El TRIBUNAL estimó que para determinar la calificación jurídica de

la actividad de alto riesgo debía acudirse al Decreto 2090 de 2003,

norma en la que están previstas las funciones que afectan la salud

del trabajador por las condiciones de la prestación del servicio,

dentro de las cuales no está señalada las labores que el actor realiza

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en la UAEMC.

Así mismo, la autoridad judicial accionada determinó que conforme

con el artículo 3° del Decreto 4064 de 2011 el personal del DAS

incorporado a otras entidades conservaría los beneficios salariales y

prestacionales que venía percibiendo, con excepción de la prima de

riesgo, dado que esta quedó incorporada en la asignación básica y

complementada con la bonificación por compensación ante la

existencia de diferencias, por lo que el actor no podía pretender el

reconocimiento de la cotización por un emolumento que no percibe.

Lo anterior pone en evidencia que el TRIBUNAL fundamentó su

decisión de forma admisible y razonable y, en particular, que lo

pretendido por el actor con la presente acción de tutela es cuestionar

esa determinación como si este mecanismo se tratase de un recurso

o instancia adicional al proceso ordinario sin que, en todo caso, se

vislumbre que la autoridad accionada pudo haber actuado de forma

abiertamente arbitraria o desbordado los límites del principio de la

autonomía judicial.

La Sala reitera que la tutela contra providencias judiciales implica un

juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, lo

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que excluye el estudio situaciones como las planteadas por el actor,

al no advertirse una actuación abiertamente arbitraria por parte de

la autoridad accionada.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201719, en la que se

indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne
improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201820, sostuvo lo

siguiente:

“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección
inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

Aunado a lo anterior, se advierte que también se descarta la

configuración del defecto por desconocimiento del precedente

jurisprudencial, en relación con las sentencias que el actor citó, dado

que sus afirmaciones no cumplen con la carga argumentativa, porque

20
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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Número único de radicación: 110010315000 2023 05481 01
Actor: Marcos Correa Archila

se limitó a transcribir apartes de providencias que hacen alusión a

conceptos relacionados con los vistos en el caso bajo estudio, sin

precisar la relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo

resuelto en esas oportunidades y la controversia del presente asunto,

de forma que se demostrara que en efecto se trató de casos iguales

al suyo, en el que se hubiese pretendido el pago de la cotización

especial, luego de una reincorporación de personal como

consecuencia de la supresión del DAS.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa del

defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala21 ha indicado:

“[…]Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa
de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple. […]”. (Destacado fuera de texto)

21
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de
noviembre de 2022, CP Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001-03-15-
000-2022-04407-01.

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Número único de radicación: 110010315000 2023 05481 01
Actor: Marcos Correa Archila

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos que fueron resueltos de forma admisible por la

autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no puede

inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de tutela

un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso invadir la

competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado

En consecuencia, comoquiera que el a quo declaró improcedente la

acción de tutela de la referencia por falta del requisito general de la

relevancia constitucional, la Sala confirmará el fallo impugnado,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

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Número único de radicación: 110010315000 2023 05481 01
Actor: Marcos Correa Archila

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 25 de enero de 2024.

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Actor: Marcos Correa Archila

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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