Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05486-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05486-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05486-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
9 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05486-00
Demandante: Sandra Milena España Gómez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., nueve (9) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05486-00
Demandante: SANDRA MILENA ESPAÑA GÓMEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –
REQUISITOS GENERALES DE PROCEDIBILIDAD.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la señora
Sandra Milena España Gómez contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, de
conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
La señora Sandra Milena España Gómez, mediante apoderado, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, por estimar vulnerados los
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, situación más
favorable al trabajador en caso de dudad en la aplicación e interpretación de las
fuentes formales de derecho, garantía a la seguridad social, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia, principio constitucional de la perpetuatio jurisdictionis,
seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial vertical. En
consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“2. (…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA; dejar sin efectos la
providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad
de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU
098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue
solicitada en la demanda (…).”
2. Hechos
De la demanda de tutela, se indican como hechos relevantes los siguientes:
La señora Sandra Milena España Gómez laboró como docente en la planta de
personal del municipio de Medellín después del 1 de enero de 1990.
La demandante afirmó que no fueron consignadas sus cesantías del año 2020 por
parte de Ministerio de Educación Nacional al Fondo de Prestaciones Sociales del
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Demandante: Sandra Milena España Gómez
Magisterio (en adelante FOMAG) en el término legal establecido, esto es, a más tardar
el 15 de febrero del 2021.
El 12 de agosto de 2021, la actora le solicitó al Ministerio de Educación el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las
cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen
establecido en la Ley 50 de 1990. Esa petición fue resuelta de forma negativa
mediante acto administrativo expedido el 23 de agosto de 2021.
Por lo anterior, la demandante ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación de Medellín, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto por el
cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley
50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.
El Juzgado Veinte Administrativo de Antioquia, en sentencia de 19 de diciembre de
2022, negó las pretensiones de la demanda, porque en virtud del régimen especial de
cesantías de los docentes, no es aplicable la sanción moratoria prevista en la Ley 50
de 1990. De igual forma, anotó que no se vulneró los principios de igualdad o
favorabilidad laboral, pues no se cumplieron los supuestos fácticos y jurídicos de la
jurisprudencia que el actor pretende se aplique.
La demandante apeló la mencionada decisión con fundamento en que, si bien los
docentes tienen un régimen especial, esa circunstancia no los excluye de la aplicación
del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como lo ha establecido la jurisprudencia proferida
por la Corte Constitucional y Consejo de Estado.
El Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia de 12 de julio de 2023, confirmó
la decisión de primera instancia. Lo anterior, porque, en el régimen prestacional
docente, no se contempló sanción moratoria por la consignación extemporánea del
auxilio de las cesantías o por el pago retardado de sus intereses. De modo que no era
posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 al actor, quien se encuentra cubierto por el sistema anualizado de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989, porque no existe norma jurídica que así lo contemple.
Además, advirtió que las providencias del Consejo de Estado y la sentencia SU-098
de 2018 se aplicó la sanción moratoria que contempla el artículo 99 de la Ley 50 de
1990, partiendo del supuesto que el docente no fue afiliado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio. Es decir, a partir de supuestos fácticos distintos
al presente asunto, y que, en todo caso, culminaron con la prescripción del derecho.
Argumentos de la acción de tutela
A juicio de la demandante, el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial, con fundamento en las razones que se pasan a señalar.
Resaltó que las secciones Primera y Tercera del Consejo de Estado, en sede de tutela,
al estudiar casos con similares supuestos fácticos, encontraron que los asuntos
cumplieron con los requisitos general de procedencia de tutela contra providencia
judicial, por lo que adelantaron estudio de fondo.
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Demandante: Sandra Milena España Gómez
Manifestó que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto sustantivo, porque
no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 19981 extendió el sistema de cesantías del
sector privado, esto es, la Ley 50 de 1990, a los empleados del sector público del nivel
territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996. Que, por lo tanto, los
empleados públicos del nivel territorial quedaron cobijados por la sanción moratoria
prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en virtud
de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa, a los
docentes se les debe aplicar las normas del régimen general pues es en el que se
establece la sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo.
De ahí que, se configure violación directa de la Constitución, específicamente del
artículo 53 superior, que ordena la aplicación de la situación más favorable para el
trabajador.
Respecto al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que se desatendió lo
señalado por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU-098 de 2018,
SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 y las sentencias del Consejo de Estado, en las
que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tienen derecho al
reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las
cesantías anuales, entre ellas citó como desconocidas las siguientes sentencias
proferidas por esta Corporación de 6 de agosto de 20202, 24 de enero de 20193, de
17 de junio de 20194, 28 de junio de 20195, 29 de julio de 20196, 2 de diciembre de
20197, 10 de junio de 20208, 22 de octubre de 20209, 12 de noviembre de 202010, 17
de junio de 202111, 4 de noviembre de 202112, 25 de noviembre de 202113, 11 de
1 Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó aplicable por
virtud del Decreto 1252 de 2000.
2 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-
2013- 00666-01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000-
200900867- 01 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15-000-2018-
04617-01), C.P. Nicolas Yepes Corrales.
5 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15-
000-2018-04679-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2019, Exp. 1001-0315- 000-2018-
03499-01, C.P. Nicolas Yepes Corrales.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009, Exp. 08001 23 33 000
2014 00173-01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-
2014- 00208-01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-
2014- 00254-01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33-
000-2014- 00132-01, C.P. William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000
2014 00815 01 (4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-
01), C.P. César Palomino Cortés.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33-
000-2015- 00445- 02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33-
000-2014- 01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda,
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05486-00
Demandante: Sandra Milena España Gómez
noviembre de 202114, 20 de enero de 202215, 3 de marzo de 202216, 28 de abril de
202217, 9 de mayo de 202218, 19 de mayo de 202219, 1 de julio de 202220, 22 de agosto
de 202221, 22 de septiembre de 202222, 19 de enero de 202323 y 26 de enero de
202324.
Anotó que las sentencias citadas no fueron tenidas en cuenta en la providencia objeto
de tutela, ni sobre ellas hubo ningún tipo de pronunciamiento al interior del proceso
ordinario.
Además, expresó que existe abundante jurisprudencia respecto al tema, por lo que no
se hacía necesario que el máximo órgano de lo contencioso administrativo profiriera
sentencia de unificación respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes
afiliados al FOMAG.
Finalmente, destacó que el tribunal demandado también desatendió sentencias
dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice,
junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990
a los docentes públicos.
3. Trámite previo
Mediante auto de 2 de octubre de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción
de tutela, ordenó notificar a la demandante y a los Magistrados que conforman la Sala
Sexta de Oralidad del Tribunal Administrativo de Antioquia. Adicionalmente, al titular
del Juzgado Veinte Administrativo Oral de Medellín, a la Nación –Ministerio de
Educación Nacional –Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG)-, al Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y a la
Fiduprevisora S.A., como terceros interesados. Y, a la Agencia Nacional de Defensa
sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P.
William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-
000-2015- 90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección
Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-
2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-
2017- 00931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-
2015- 00075-01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-
2013- 00756-01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-
2017- 00795-01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-
2019- 00359-01 (4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-
2019- 00376-01 (4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-
2015- 00509-01 (2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33-
000-2015- 90124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-
2012- 00212-02 (4470-2021), C.P. William Hernández Gómez.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 26 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-
2018- 0231-01 (0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.
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Demandante: Sandra Milena España Gómez
Jurídica del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 610 del Código
General del Proceso.
4. Oposiciones
El Tribunal Administrativo de Antioquia afirmó que no vulneró los derechos
fundamentales invocados por la actora, pues la sanción por no consignación regulada
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no resulta aplicable a los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FONPREMAG.
El Juzgado Veinte Administrativo de Medellín remitió el expediente, pero no se
pronunció sobre los hechos objeto de tutela.
5. Intervenciones
La FIDUPREVISORA S.A., en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó
declarar improcedente la acción de tutela y su desvinculación, por no estar legitimados
en la causa por pasiva.
Indicó que las circunstancias fácticas de la sentencia SU-098 de 2018 no
corresponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demanda,
porque, en el caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que
haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe
en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional25, para lo cual
25 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y
después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la
acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
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Demandante: Sandra Milena España Gómez
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales26 y específicas27 de procedencia de la
acción de tutela.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción de tutela la señora Sandra Milena España
Gómez cuestiona la sentencia de 12 de julio de 2023, mediante la que el Tribunal
Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia de 19 de diciembre de 2022, por
medio de la cual el Juzgado Veinte Administrativo de Antioquia negó las pretensiones
de la demanda. Lo anterior, con fundamento en que no era posible hacer extensiva la
sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la actora, quien se
encuentra cubierta por el sistema anualizado de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989.
A juicio de la parte actora la autoridad judicial demandada incurrió en defecto
sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente
judicial, en relación con la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes vinculados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
En ese orden, corresponde a esta Sala de decisión determinar si en el presente caso
se cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en particular, el de relevancia constitucional y, solo en caso
afirmativo, procederá a estudiar el fondo del asunto en los términos planteados en la
acción de tutela.
De la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales
El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e
independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.
constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se
admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros
fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca)
26 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra
providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional;
(ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance
de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental
irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar
los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable
tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal
vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi)
Que no se trate de sentencias de tutela.
27 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida
haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico,
(iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del
precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa
de la Constitución.
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Demandante: Sandra Milena España Gómez
En ese sentido, la Corte Constitucional1 ha señalado que la relevancia constitucional
tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de
las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de
tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 28, para que
un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes
elementos:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera
clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o
vulnera los derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.
(v)Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se
dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una
sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los
jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por
eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario,
pues ya fueron decididos por los jueces competentes.
(Subrayado de la Sala)
28 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado
número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero
Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05486-00
Demandante: Sandra Milena España Gómez
Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto, como se verá, la demandante insiste en los argumentos
propuestos en el proceso ordinario.
En el caso concreto, la Sala advierte que la señora España Gómez propone la misma
discusión jurídica que presentó en el trámite del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelantó contra, el Ministerio de Educación
Nacional, el FOMAG y el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de
Medellín.
Si bien la demandante alega que las providencias objeto de tutela vulneraron derechos
fundamentales e incurrieron en desconocimiento del precedente judicial, lo cierto es
que, pretende reabrir el debate surtido en el proceso con radicado 2022-00117-01, el
cual concluyó que no había lugar a acceder al reconocimiento y pago de la sanción
por mora establecida en la Ley 50 de 1990.
La Sala observa que la señora España Gómez demandó al Ministerio de Educación
Nacional – FOMAG, con el objeto de que se ordenara el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990 y la
indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.
La demanda del medio de control estuvo fundamentada en que, en virtud del principio
de favorabilidad en materia laboral, era procedente el reconocimiento de la sanción
moratoria prevista en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al personal
docente del sector oficial afiliado al FOMAG. Además, señaló que “en el mes de junio
o julio, se apropiaban recursos por parte de Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
destinados a cancelar las cesantías parciales de los docentes que las iban solicitando, con
destino a reparación de vivienda, compra de vivienda, liberación de hipoteca o el pago de sus
estudios, pero nunca al docente el 15 de febrero de cada anualidad, le fueron consignados
estos recursos a disposición de Fomag, para que en consecuencia estuviera a su
disposición.”.
Además, en esa oportunidad pidió que se aplicaran las sentencias C-486 de 2016,
SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020 de la Corte Constitucional y del
18 de julio de 2018, 6 de agosto de 2020, 24 de enero de 2019, 21 de febrero de 2019,
10 de junio de 2020, 12 de noviembre de 2020 y 17 de junio de 2021.
En la sentencia de primera instancia, el Juzgado Veinte Administrativo de Medellín
concluyó que el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, las Leyes 50 de 1990 y 52 de 1975
y el Decreto 1176 de 1991 no son aplicables a los docentes afiliados al FOMAG, por
cuanto tienen norma especial que regula la materia y la sanción moratoria por
consignación extemporánea de las cesantías de los docentes no está prevista en el
régimen especial aplicable a ellos esto es la Ley 91 de 1989. Además, sostuvo que
no existe identidad fáctica en relación con la sentencia SU–098 de 2018 o la
jurisprudencia del Consejo de Estado.
A partir de lo anterior, la Sala advierte que la señora España Gómez propone la misma
discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho donde es demandante. Si bien la actora alega que las providencias objeto de
tutela incurrieron en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconocimiento del precedente, lo cierto es que pretende reabrir el debate jurídico
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Demandante: Sandra Milena España Gómez
sobre si la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos de reconocer
la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma.
En efecto, en el recurso de apelación que presentó la parte demandante contra la
sentencia de primera instancia, la actora sostuvo que el hecho de que los docentes
estén bajo un régimen especial no significa que las entidades responsables de sus
prestaciones sociales estén exentas de la obligación de consignar los recursos de las
cesantías en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).
Afirma que esto ha llevado a que el fondo esté desfinanciado y siempre en déficit, lo
que resulta en restricciones en la periodicidad para el retiro parcial de las cesantías,
lo cual va en contra de la Constitución. También advirtió que tanto la Corte
Constitucional (sentencia SU-098 de 2018) y el Consejo de Estado ( sentencias de 6
de agosto de 202029, 24 de enero de 201930, 29 de julio de 201931, 2 de diciembre de
201932, 10 de junio de 202033, 22 de octubre de 202034, 12 de noviembre de 202035,
17 de junio de 202136, 4 de noviembre de 202137, 25 de noviembre de 202138, 11 de
noviembre de 202139, 20 de enero de 202240, 3 de marzo de 202241, 28 de abril de
202242 y 9 de mayo de 202243), han concluido que las cesantías de los docentes
deben consignarse en el FOMAG dentro del término legal, so pena de incurrir en la
sanción prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-
2013- 00666-01 (0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
30 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000-
200900867- 01 (4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de julio de 2019, Exp. 1001-0315- 000-2018-
03499-01, C.P. Nicolas Yepes Corrales.
32 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009, Exp. 08001 23 33 000
2014 00173-01 (1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas
33 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-
2014- 00208-01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-
2014- 00254-01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
35 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33-
000-2014- 00132-01, C.P. William Hernández Gómez.
36 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000
2014 00815 01 (4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-
01), C.P. César Palomino Cortés.
37 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33-
000-2015- 00445- 02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
38 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33-
000-2014- 01127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda,
sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P.
William Hernández Gómez.
39 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-
000-2015- 90008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección
Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-
2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
40 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-
2017- 00931-01 (1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-
2015- 00075-01 (2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-
2013- 00756-01 (2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
43 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-
2017- 00795-01 (2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05486-00
Demandante: Sandra Milena España Gómez
Además, expresó que una interpretación restrictiva de la sanción moratoria violaría el
derecho a la igualdad, pues los docentes afiliados al FOMAG tienen derecho a que
sus prestaciones sociales sean canceladas a tiempo, como cualquier otro empleado
público.
Por su parte, en la tutela, la señora España Gómez dijo que la sentencia de segunda
instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia incurrió en defecto
sustantivo y violación directa de la Constitución al no aplicar los principios de
favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa y hacer extensivo el régimen de
cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 (en principio sólo los empleados del sector
público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996), a los
docentes públicos.
De igual forma afirmó que también incurrió en desconocimiento del precedente porque
desconoció, además de las sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de
Estado invocadas en la demanda y el recurso de apelación, las sentencias del 29 de
julio de 2019, 2 de diciembre de 2019, 22 de octubre de 2020, 17 de junio de 2021, 27
de junio de 2021, 4 de noviembre de 2021, 25 de noviembre de 2021, 11 de noviembre
de 2021, 20 de enero de 2022, 3 de marzo de 2022, 28 de abril de 2022, 9 de mayo
de 2022, 19 de mayo de 2022, 1 de julio de 2022, 22 de agosto de 2022, 22 de
septiembre de 2022, 19 de enero de 2023 y 26 de enero de 2023, dictadas por la
Sección Segunda de esta Corporación.
Como se ve, al margen de que la demandante esté alegando el desconocimiento de
nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que las
citó en la demanda y en el recurso de apelación que formuló inconformidades contra
la sentencia dictada por el Juzgado Veinte Administrativo de Medellín, que denegó las
pretensiones de la demanda, esto es, intenta demostrar que sí debió hacerse
extensivo el régimen de cesantías previsto en la Ley 50 de 1990 al personal docente
para reconocer la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de esa norma.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
en providencia de 12 de julio de 2023, que en lo que interesa, consideró:
“De lo anterior entonces se desprende, que la sanción contemplada en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, no sólo aplica para los empleados del sector privado, sino que igualmente
aplica, para aquellas personas que se vincularon a partir de la vigencia de la Ley 344 de
1996 al sector público sin perjuicio de lo consagrado en la Ley 91 de 1989; y que de
conformidad con las normas transcritas con antelación, se tiene que si a la fecha que
contempla la norma, esto es, (15 de febrero de la siguiente anualidad) - artículo 99 de la
Ley 50 de 1990, no es consignado el monto por concepto de cesantías en el fondo al que
el empleado se encuentre afiliado, este puede reclamar el reconocimiento de la sanción
contemplada en la norma, correspondiente a un (1) día de salario por cada día de retardo.
(…)
(…) conforme lo dispone la Ley 91 de 1989, es a partir de la misma donde se encuentra a
cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio la cancelación de las
cesantías, régimen de cesantías que se encuentra consagrado en tal norma, y que
conforme lo consagró la Ley 344 de 1996, la Ley 50 de 1990, se hizo extensible para los
servidores públicos, sin perjuicio de lo consagrado o regulado en la Ley 91 de 1989;
además, que la misma Ley 91 contempló un régimen anualizado de cesantías docentes,
sin tratarse de un mismo régimen, pues es claro que la Ley 50 de 1990 parte de la
existencia de empleador, fondo privado de cesantías y un trabajador afiliado al fondo,
contemplando una consignación; mientras que en la Ley 91 de 1989, se parte únicamente
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Demandante: Sandra Milena España Gómez
de un Fondo, en este caso, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y
un docente, sin contemplar dicho supuesto, esto es, la consignación del primero.
(…)
Es importante también señalar, que el Máximo Órgano de lo Contencioso Administrativo
de igual manera ha sido claro en precisar que para que proceda la sanción que consagra
la Ley 50 de 1990, se debe partir necesariamente de la acreditación de una vinculación a
un fondo privado de cesantías, por tanto, en sentencia del veinte (20) de mayo de dos mil
veintiuno (2021), radicado No. 27001-23-33-000-2014-00009-01(1035-15), precisó que
para un empleado afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, no era procedente la aplicación
de dicha sanción.
(…)
Ahora, en igual sentido, la H. Corte Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018 al
analizar la aplicación de la sanción consagrada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 para
un docente, concluyó en aplicación del principio de favorabilidad, que la misma le era
ajustable; sin embargo ello se dio en tanto el docente nunca estuvo afiliado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, recayendo la responsabilidad en cabeza
de la Secretaría de Educación del ente territorial, en este caso, del Municipio de Santiago
de Cali.
(…)
Así las cosas, se puede concluir que las providencias dictadas por el H. Consejo de Estado
en las cuales se ha dado aplicación a la sanción moratoria que contempla el artículo 99 de
la Ley 50 de 1990, parten del supuesto que el docente no fue afiliado al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio, y en otros casos, se trata de sentencias en las
que se dio aplicación a dicha sanción con base en la sentencia SU-098 de 2018 que tal y
como se precisó previamente, cuando con supuestos fácticos distintos, y que en todo caso,
culminaron con la prescripción del derecho.”
Siendo así, tal como se expuso, aunque la demandante alega que la providencia
objeto de tutela vulneró derechos fundamentales e incurrió en defecto sustantivo,
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente, y citó, además
de las sentencias a las que recurrió en la demanda y el recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, sentencias nuevas de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, lo cierto es que lo que pretende es reabrir el debate respecto de si la Ley
50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos de reconocer la sanción
moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma, por lo que la acción de tutela carece
de relevancia constitucional.
En este punto, valga la pena destacar que, en un caso con idéntica situación fáctica y
jurídica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción
de tutela carecía de relevancia constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no impactaba
la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se proponía que el juez
de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los docentes les resulta aplicable la
Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto
1582 de 1998, asunto que conlleva a establecer aspectos legales acerca de la calidad de la
vinculación de los docentes (territoriales, nacionales o nacionalizados) y sobre el fondo
administrador de cesantías en que debe efectuarse la afiliación para que se cause la penalidad
por no consignación oportuna de la prestación social.
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la sentencia y,
en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la jurisdicción
contencioso administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99 de la Ley 50 de
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Demandante: Sandra Milena España Gómez
1990 y de la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al
reconocimiento de una penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen
docente”
ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos fundamentales y la
anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del precedente y del principio de
favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un efecto decisivo en las sentencias
cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación de un derecho fundamental, por cuanto
“las decisiones impugnadas en sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario” ni
decisiones carentes de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una
prerrogativa de carácter constitucional.”
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener una
respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a la tutela
bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que el juez
constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Por lo expuesto, se impone declarar improcedente la acción de tutela que ejerció la
señora Sandra Milena España Gómez contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela interpuesta por la señora Sandra
Milena España Gómez.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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