Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05526-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05526-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05526-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
7 de diciembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05526-00
Demandante: Fundación Clínica del Norte
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., siete (7) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-05526-00
Demandante FUNDACIÓN CLÍNICA DEL NORTE
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO ANTIOQUIA Y JUZGADO
VEINTIUNO ADMINISTRATIVO DE MEDELLÍN
Temas Acción de tutela contra sentencia de tutela. Requisitos de procedencia
excepcional. Subsidiariedad. Situación de fraude. Barreras
administrativas procedimientos médicos.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la Fundación Clínica del Norte, de conformidad con lo dispuesto por
los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de septiembre de 20231, la Fundación Clínica del Norte instauró, mediante
apoderado judicial, acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y
el Juzgado 21 Administrativo de Medellín, por considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(sic para toda la cita) «1. Revoca la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Administrativo
Del Circuito De Medellín, confirmada por el Tribunal administrativo de Antioquia, debido a que
no se tuvo en cuenta que una vez valorada la paciente en nuestra institución FUNDACIÓN
CLÍNICA DEL NORTE, por especialista en ortopedia y traumatología este determina manejo
médico y nueva valoración con resultados de ayudas diagnosticas solicitadas, dadas las
condiciones clínicas del paciente, como son cirugía de espolón calcáneo y amputación de
artejo a nivel del metatarso, las cuales son causa de dolor crónico en el pie y que se podría
empeorar el dolor luego de cualquier procedimiento quirúrgico no pertinente.
Es así́ que nuestro especialista bajo su criterio medico decide que no es pertinente
realizar a la señora SILVIA ELENA MONTOYA MONTOYA, realizar los procedimientos
que solicita en la acción de tutela.
Se solicita devolver al paciente a la CLINICA LAS VEGAS, donde otro especialista bajo
su criterio ordenó los procedimientos y sea este quien los realice».
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
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Índice 2 en Samai.
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Demandante: Fundación Clínica del Norte
2.1. La señora Silvia Montoya Montoya presenta un cuadro clínico en el pie
derecho, caracterizado por dolor al caminar, sensación de ardor y edema.
El 20 de abril de 2023, la Nueva EPS remitió a Silvia Elena Montoya a la Clínica
Las Vegas para valoración con ortopedista. El diagnóstico fue Hallux Rigidus
en el pie derecho, y se ordenaron procedimientos como artroplastia por
interposición de huesos del metatarso, extracción de dispositivo implantado en
tarsianos o metatarsianos y transferencias miotendinosas de pie.
2.2. El 30 de junio de 2023, la Nueva EPS inició trámite interno para la autorización
del servicio en la red médica disponible.
El 6 de julio de 2023, la Nueva EPS autorizó los procedimientos y remitió a la
señora Montoya Montoya a la Fundación Clínica del Norte. La señora
manifestó que intentó comunicarse telefónicamente sin éxito y al acudir
personalmente a la clínica no fue atendida.
2.3. La señora Silvia Elena Montoya Montoya presentó acción de tutela contra la
Nueva EPS, con el objeto de que se le realizaran los tres procedimientos
autorizados artroplastia por interposición de huesos del metatarso, extracción
de dispositivo implantado en tarsianos o metatarsianos, y transferencias
miotendinosas de pie. En dicha acción de tutela consignó las siguientes
pretensiones:
(sic para toda la cita)
«PRIMERA: Que se declare que la Entidad Promotora de Salud NUEVA EPS, ha vulnerado
por omisión el principio de la Dignidad humana y mis derechos fundamentales a LA VIDA, A
LA IGUALDAD, A LA SALUD, LA SEGURIDAD SOCIAL, al no practicarme de manera
oportuna y eficaz una CIRUGIA por diagnóstico de HALLUX RIGIDUS en el pie derecho
ordenando los siguientes procedimientos: Artroplastia por interposición de huesos del
metatarso, extracción de dispositivo implantado en tarsianos o metatarsianos (cada
uno) y transferencias miotendinosas de pie
SEGUNDA: Que se ordene al ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD NUEVA EPS a
practicarme, en el menor tiempo posible, el procedimiento autorizado el pasado 6 de julio de
2023 en la FUNDACION CLINICA DEL NORTE o en la red medica que tengan a su disposición
con el fin de poder corregir mi problema en el pie y todo el tratamiento integral posterior a la
cirugía como son revisiones con ortopedista y si es del caso las terapias físicas».
2.4. El Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín conoció en primera instancia
el asunto, bajo el radicado Nro. 05001-33-33-021-2023-00344-00/01.
En auto del 18 de agosto de 2023, tal autoridad admitió la acción de tutela
presentada por la señora Silvia Elena Montoya Montoya contra la Nueva EPS
y vinculó al trámite a la IPS Fundación Clínica del Norte.
2.5. La IPS Fundación Clínica del Norte allegó memorial de contestación en el que
manifestó que había agendado cita de consulta de ortopedia a la señora Silvia
Elena Montoya Montoya con unos de sus especialista en ortopedia y en
consecuencia solicitó su desvinculación del proceso Nro. 05001-33-33-021-
2023-00344-00/01 por considerar que había desplegado las consultas
necesarias para satisfacer las pretensiones de la acción de tutela.
2.6. La Nueva EPS allegó memorial de contestación en el que manifestó se
encontraba en revisión del caso para determinar las razones de la presunta
demora y que posteriormente allegarían un concepto. Además, indicó que la
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Nueva EPS no presta servicios de salud, sino que realiza convenios o
contratos con las IPS avaladas por la Secretaría de Salud, como es el caso de
la Fundación Clínica del Norte.
Además, aseguró que la Nueva EPS no había vulnerado los derechos
fundamentales de la accionante, puesto que no existía acción u omisión que
se le puedan endilgar y no se presenta nexo causal con la presunta amenaza.
Finalmente, indicó que en caso de que se dirigiera una orden a dicha entidad,
debía dirigirse a la señora Adriana Patricia Jaramillo Herrera, en calidad de
gerente regional noroccidente de la Nueva E.P.S. en el departamento de
Antioquia, ya que era la funcionaria responsable.
2.7. Mediante fallo del 30 de agosto de 2023, el Juzgado Veintiuno Administrativo
de Medellín amparó los derechos fundamentales de la señora Silvia Elena
Montoya Montoya, por los siguientes argumentos:
«si bien está acreditado que la Fundación Clínica del Norte programó para fecha futura (31 de
octubre de 2023, a las 5:40 p.m.) los procedimientos médicos objeto de la tutela, esto no es
suficiente para declarar la carencia actual de objeto por hecho superado, puesto que en la
acción se pretende la realización de los procedimientos y, aunque estén programados, todavía
no se han realizado.
En este sentido, se tiene acreditado que la Fundación Clínica del Norte vulneró y vulnera el
derecho fundamental a la salud de Silvia Elena Montoya, razón por la cual tutelará el derecho
fundamental a la salud de Silvia Elena Montoya, en el sentido de ordenar a la Fundación
Clínica del Norte que, en efecto, realice a favor de la accionante los procedimientos médicos
de artroplastia por interposición de huesos del metatarso, extracción de dispositivo implantado
en tarsianos o metatarsianos (cada uno) y transferencias miotendinosas de pie, en la fecha
programada (31 de agosto de 2023, a las 5:40 p.m.) o en la fecha más cercana dentro de los
cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación de esta providencia (en caso de que surja un
imprevisto el 31 de agosto de 2023)».
Agregó que «En el presente caso no se configuran los supuestos para declarar un
tratamiento integral porque los procedimientos que son objeto de examen en la acción son
puntualmente los que ordenó el médico tratante y la accionante no demuestra que haya otros
procedimientos médicos pendientes ordenados por el médico tratante diferentes que deban
ser cubiertos por un tratamiento integral».
Finalmente, conminó a la Fundación Clínica del Norte para que mejore sus
canales de atención ya que uno de los problemas más recurrentes del servicio
de salud «es la imposición de barreras burocráticas que impiden el acceso efectivo a los
usuarios e incluso, extienden su sufrimiento».
2.8. La Fundación Clínica del Norte impugnó el fallo de primera instancia indicando
que no era posible materializar lo ordenado en la sentencia puesto que el
especialista que valoró a la paciente solicitó los siguientes estudios
complementarios:
«873431-RADIOGRAFIA DE TOBILLO AP LATERAL Y ROTACION INTERNA (POS)
873333-RADIOGRAFIA DE PIE AP Y LATERAL (POS), Tipo Tomografía
890380 CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA: ORTOPEDIA PIE, CONTROL EN UN MES (05/10/2023)
con el resultado de las ayudas diagnosticas anteriormente en mención.
Estas órdenes deben ser autorizadas por su EPS, y es su EPS la que debe direccionar que
IPS realizará las ayudas diagnosticas».
Por lo anterior, solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia.
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2.9. En sentencia del 19 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Quinta confirmó la sentencia de primera instancia. La autoridad
judicial consideró que el derecho a la salud debe ser garantizado para el
acceso efectivo a los servicios de salud, prestando al paciente un servicio
ininterrumpido, completo, diligente, oportuno y con calidad.
Indicó que en este caso, la actora buscó amparo constitucional para
procedimientos médicos ordenados por un especialista y autorizados por su
EPS, relacionados con una patología denominada Hallux Rigidus. Sostuvo
que, a pesar de contar con la orden médica y la autorización de la EPS, la
Fundación Clínica del Norte le asignó una cita con un profesional en ortopedia
en lugar de realizar los procedimientos indicados.
En virtud de tal argumentación, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta consideró que no existen motivos para revocar la orden de primera
instancia, por las siguientes razones:
«hay una historia clínica, un diagnóstico y una orden médica que respalda la pretensión de
amparo y en este caso, el juez constitucional es el que debe adoptar las medidas efectivas
para la tutela de quien acude al sistema judicial para lograr la protección de sus garantías
fundamentales y condiciones de acceso efectivo al sistema de salud, toda vez que la consulta
médica donde se ordenaron los procedimientos fue desde el 20 de abril de 2023, sin que a la
fecha se le hayan practicado».
Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Quinta concluyó que la Fundación Clínica del Norte vulneró el derecho a la
salud de la señora Silvia Elena Montoya Montoya al no realizar los
procedimiento ordenados por un especialista, ya que consideró que:
«la espera de más de cinco meses puede resultar excesiva para la persona que padece las
consecuencias de su patología, además que la garantía fundamental a la salud, debe ser
entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.
En consecuencia, al existir orden médica, autorización de servicios y antecedentes clínicos
que respaldan la orden dada por el juzgada de primera instancia, la conclusión no puede ser
otra que confirmar la decisión impugnada».
3. Fundamentos de la acción
La Fundación Clínica del Norte manifestó que la señora Silvia Elena Montoya
Montoya es una mujer de 55 años que en 1991 se sometió a una cirugía de espolón
y en 1997 experimentó la amputación del tercer dedo del pie derecho.
Sostuvo que si bien, el médico tratante de la Clínica Las Vegas consideró pertinente
la extracción de dispositivo implantado en tarsianos o metatarsianos (cada uno) y
transferencias miotendinosas de pie, el especialista en ortopedia y traumatología de
la Fundación Clínica del Norte solicitó estudios complementarios pues identificó la
patología denominada como Hallux Valgus. Agregó que en la historia clínica no se
evidencia que el referido especialista haya ordenado las cirugías que la señora
Silvia Elena Montoya Montoya buscaba realizar mediante la acción de tutela.
También indicó que en la contestación a la acción de tutela presentada por la señora
Silvia Elena Montoya Montoya y en la impugnación del fallo de primera instancia
manifestó que no se podían realizar los procedimientos ordenados por el
especialista de la Clínica Las Vegas, puesto que el especialista de la Fundación
Clínica del Norte debía valorar previamente a la paciente.
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Asimismo, se refirió al artículo 26 de la Ley 1164 de 2007, modificado por el artículo
104 de la Ley 1438 de 2011, que establece:
«Artículo 26. Acto propio de los profesionales de la salud. Es el conjunto de acciones
orientadas a la atención integral de salud, aplicadas por el profesional autorizado legalmente
para ejercerlas. El acto profesional se caracteriza por la autonomía profesional y la relación
entre el profesional de la salud y el usuario. Esta relación de asistencia en salud genera una
obligación de medio, basada en la competencia profesional».
También mencionó el artículo 105 de la Ley 1438 de 2011, que define la autonomía
profesional como la garantía de que el profesional de la salud pueda expresar con
libertad su opinión profesional.
Finalmente, sostuvo que el artículo 17 de la Ley 1751 de 2015 garantiza la
autonomía de los profesionales de la salud para tomar decisiones sobre el
diagnóstico y tratamiento de los pacientes, siempre enmarcadas en la
autorregulación, ética, racionalidad y evidencia científica.
Por lo expuesto, concluyó que «el tratamiento y/o manejo que requiera un paciente dependerá
del criterio del médico tratante, quien, en ejercicio de su autonomía, la cual se encuentra descrita en
el artículo 105 de la Ley 1438 de 2011 y el artículo 17 de la Ley 1751 de 2015, podrá adoptar las
decisiones relativas al diagnóstico y tratamiento de sus pacientes, lo que incluye la posibilidad de
expedir incapacidades, si así lo considera».
4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto del 3 de octubre de 2023, se requirió al accionante para que
indicara cómo se configuran en el caso los requisitos especiales de
procedencia excepcional de la acción de tutela contra sentencias de tutela.
4.2. La parte accionante allegó memorial en el cual aseguró que el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Quinta incurrió en defecto fáctico, debido a
que no se realizó una valoración acertada del material probatorio en el proceso
de tutela Nro. 05001-33-33-021-2023-00344- 00/01. Consideró que ordenaron
realizar los procedimientos a la Fundación Clínica del Norte basándose en una
orden que no se expidió en dicha institución.
Insistió que no se tuvo en cuenta la valoración realizada por el ortopedista de
la Fundación Clínica del Norte y que:
«dadas las condiciones clínicas del paciente, como son cirugía de espolón calcáneo y
amputación de artejo a nivel del metatarso, las cuales son causa de dolor crónico en el
pie y que se podría empeorar el dolor luego de cualquier procedimiento quirúrgico no
pertinente y en este caso en concreto realizar una cirugía ordenada por un especialista
de otra institución y la cual no se considera pertinente podría empeorar la condición de
la señora MONTOYA. Mas grave aun, obligar a un médico a realizar un procedimiento el cual
no considera pertinente para la salud de la paciente» (Negrillas originales del texto).
4.3. Mediante auto del 31 de octubre de 2023, se admitió la acción de tutela
interpuesta por la I.P.S. Fundación Clínica del Norte contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín;
se dispuso notificar en calidad de terceros a la Clínica Las Vegas, a la Nueva
EPS y a la señora Silvia Elena Montoya Montoya; y se ordenó efectuar las
notificaciones correspondientes.
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4.4. El Tribunal Administrativo de Antioquia allegó memorial en el que manifestó
que había proferido sentencia de segunda instancia dentro del proceso Nro.
05001-33-33-021-2023-00344-01 el 19 de septiembre de 2023, que había sido
notificada el 20 de septiembre de 2023 y enviada a la Corte Constitucional el
05 de octubre de 2023, sin que a la fecha hubiera sido excluida de revisión.
Además, allegó copia digital del expediente Nro. 05001-33-33-021-2023-
00344-01.
4.5. El Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín manifestó que no vulneró
los derechos fundamentales de la IPS Fundación Clínica del Norte, puesto que
en el fallo se hizo un estudio juicioso de las razones por las cuales dicha IPS
sí estaba vulnerado los derechos fundamentales de la señora Silvia Elena
Montoya Montoya.
Afirmó que una vez la Nueva EPS autorizó la realización de los procedimientos
en la IPS Fundación Clínica del Norte, dicha entidad «no podía pretender que la
acción se fallara de una forma distinta a proteger los derechos fundamentales
vulnerados, como efectivamente se hizo»2.
Adicionalmente, sostuvo que la acción de tutela contra providencias judiciales
no puede constituir una tercera instancia con base en los principios de cosa
juzgada y seguridad jurídica.
4.6. La Nueva EPS manifestó que adolece de falta de legitimación en la causa por
pasiva respecto de los hechos y pretensiones de la acción de tutela presentada
por la IPS Fundación Clínica del Norte. Afirmó que sus obligaciones legales se
limitan a realizar la afiliación de la población al Sistema de Seguridad Social
en Salud – SGSSS- y garantizar la prestación efectiva de los servicios de salud
en Plan de Beneficios adoptado mediante Resolución 2808 de 2022.
Sostuvo que la falta de legitimación por activa «exige que la persona contra quien
se incoa sea la autoridad o el particular que efectivamente vulneró o amenaza vulnerar el
derecho fundamental»3. Indicó que lo que busca la acción de tutela es que se
declare la nulidad de una providencia judicial y que la Nueva EPS no tiene
injerencia alguna en dicha decisión, puesto que sus funciones se limitan a lo
establecido en la Resolución 2808 de 2022.
Finalmente, indicó que no existe ninguna conducta atribuible a la Nueva EPS
respecto de la cual se pueda determinar la amenaza o violación de algún
derecho fundamental. Por lo que solicitó que se declarara su falta de
legitimación por activa y que se diera por terminado el trámite de la acción de
tutela respecto de la Nueva EPS .
4.7. La señora Silvia Elena Montoya Montoya a pesar de haber sido notificado
en debida forma4, guardó silencio.
4.8. La Clínica Las Vegas a pesar de haber sido notificado en debida forma5,
guardó silencio.
2
Samai, índice 22
3
Corte Constitucional, Sentencia T-1191 de 2003
4
Samai, índice 22.
5
Samai, índice 18.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19913, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
Con base en los antecedentes expuestos, la Sala determinará si se satisfacen los
requisitos para la procedencia de la tutela contra actuaciones proferidas en el marco
de procesos de tutela. En caso afirmativo, analizará si el Tribunal Administrativo de
Antioquia y el Juzgado Veintiuno Administrativo de Medellín incurrieron en defecto
fáctico al proferir las sentencias del 30 de agosto de 2023 y el 19 de septiembre de
2023.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias y
actuaciones de tutela
3.1. Uno de los requisitos generales de procedencia de la tutela contra decisiones
judiciales consiste en que la providencia reprochada no sea una decisión de
tutela. La razón de ser de este requerimiento es evitar que una y otra vez se
interpongan acciones de tutela que no permitan cerrar definitivamente un
asunto, en detrimento de la seguridad jurídica.
No obstante, la Corte Constitucional ha señalado que esta regla no es
absoluta. En la Sentencia SU-627 de 2015 esa alta corte unificó su
jurisprudencia señalando cuándo es procedente la tutela contra providencias
proferidas en el marco de la acción de tutela. Allí explicó que debía
diferenciarse entre dos supuestos: si la acción de tutela se interponía contra
una sentencia de tutela o contra una actuación previa o posterior a aquella
providencia.
En caso de que interponga contra una sentencia proferida por el juez de tutela
la regla general es la improcedencia. Si esta fue emitida por la Corte
Constitucional tal regla no admite excepción.
Sin embargo, si fue proferida por otro juez de la República la acción de amparo
puede proceder excepcionalmente, si además de los requisitos generales de
procedibilidad, se acredita que: (i) la acción de tutela presentada no comparte
identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre
de manera clara y suficiente que la decisión adoptada en la sentencia fue
producto de una situación de fraude (cometida por una de las partes, por las
dos o, incluso, con anuencia del juez); y (iii) no exista otro mecanismo judicial
eficaz para conjurar la situación.
Frente al fraude como causal de procedencia de la acción de amparo contra
sentencias de tutela, la Corte Constitucional en la Sentencia T–218 de 2012
explicó que:
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«el principio de cosa juzgada no puede entenderse en términos absolutos pues en ciertas
circunstancias, como cuando está de por medio el principio de fraus omnia corrumpit, puede
entrar en tensión con el principio de justicia material, a partir del cual es posible desvirtuar la
presunción de legalidad y acierto que tiene la decisión del juez».
Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que el principio Fraus omnia
corrumpit hace referencia a una situación fraudulenta que atenta contra la
recta impartición de justicia, la igualdad, el debido proceso y la solidaridad,
entre otros principios.
En consecuencia, la aplicación de este principio busca evitar que a través del
derecho se reconozcan y avalen situaciones originadas en hechos
fraudulentos que generen un perjuicio ilícito a terceros o a la comunidad.
3.2. Ahora bien, en la Sentencia SU-245 de 2021 la Corte Constitucional indicó que
«la acción de tutela contra sentencias de tutela procede de manera excepcional cuando se
configura el fenómeno de la cosa juzgada fraudulenta. Esta última se produce cuando una
acción de tutela no ha sido seleccionada para revisión por la Corte Constitucional y
finaliza el término de insistencia de los magistrados, el Procurador General de la Nación,
el Defensor del Pueblo y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. La
consecuencia de la exclusión de un caso de la revisión de la Corte es la firmeza jurídica del
último fallo que se haya adoptado en sede de instancia, el cual cobra entonces ejecutoria
formal y material. De este modo, la sentencia mediante la cual se ha resuelto el asunto
concreto hace tránsito a cosa juzgada constitucional» (Negrillas propias).
Asimismo, destacó que «el carácter definitivo de una sentencia de tutela se produce
únicamente cuando ha vencido el término para que esta sea seleccionada, o cuando se ha
producido la decisión de revisión dictada por este Tribunal y, por ese motivo, no es posible
hablar de cosa juzgada fraudulenta antes de que ocurran estos hechos, pues tal
estabilidad no se ha alcanzado y aún está pendiente la posibilidad de que esta Corte
Constitucional se pronuncie, revisando las decisiones de instancia» (Negrillas propias).
4. Análisis del caso
Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra que la acción de tutela Nro. 05001-
33-33-021-2023-00344-00/01 interpuesta por la señora Silvia Montoya Montoya
contra la Nueva EPS se encuentra surtiendo el trámite de revisión eventual ante la
Corte Constitucional. Así se desprende de la siguiente imagen, tomada de la página
web de la Corte Constitucional:
Esta circunstancia, de conformidad con las consideraciones expuestas en esta
providencia y en la Sentencia SU-245 de 2021, lleva a concluir que no es posible
hablar de cosa juzgada, pues aún está por surtirse el trámite eventual de revisión.
Como se indicó en la Sentencia SU-1219 de 2001, este es «un control específico e
idóneo de los fallos de instancia que violan de manera grosera la Constitución, esto es, son una
vía de hecho». Criterio reiterado en la Sentencia T-322 de 2019 en la que se indicó
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que «la solicitud de revisión ante la Corte sí constituye un mecanismo idóneo para evitar que una
decisión que contraviene los presupuestos constitucionales y/o legales, haga tránsito a cosa juzgada
constitucional».
Así las cosas, no es procedente entrar a realizar el estudio, en tanto que, se reitera,
es necesario que de manera previa la Corte Constitucional se pronuncie sobre la
selección del caso con el fin de que se considere que existe cosa juzgada
constitucional formal y material. Por las razones expuestas, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela promovida por la Fundación Clínica del Norte.
5. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la acción de
tutela propuesta por la Fundación Clínica del Norte.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela propuesta por la Fundación
Clínica del Norte, dadas las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada esta decisión, enviar a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRON
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