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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05532-00

Fecha
10 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05532-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada la sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05532-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

10 de noviembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00
Accionante: MUNICIPIO DE VILLAMARÍA
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS – SALA SEGUNDA DE DECISIÓN Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por el Municipio de Villamaría, a
través de apoderado judicial, contra la sentencia de 30 de junio de 2020, proferida
por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, y las providencias de
10 de febrero y 9 de junio de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo de
Caldas – Sala Segunda de Decisión.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El Municipio de Villamaría, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo
de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le atribuyó a la
sentencia de 30 de junio de 2020, proferida por el Juzgado Sexto Administrativo del
Circuito de Manizales, y a las decisiones de 10 de febrero y 9 de junio de 2023,
proferidas por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Segunda de Decisión,
dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
identificado con el número único de radicación 17001-33-39-006-2016-00072-
00/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00
Accionante: Municipio de Villamaría

2.1. Relató que en el año 2016 la empresa de transporte Socobuses S.A. presentó
demanda de acción popular en contra de los municipios de Manizales y Villamaría
por la presunta vulneración del derecho colectivo a la moralidad administrativa.

2.2. Indicó que el argumento principal del actor popular consistió en que el 30 de
mayo de 2015 se efectuó en los municipios de Villamaría y Manizales una
reestructuración oficiosa del servicio de transporte, conforme al artículo 34 del
Decreto núm. 170 de 5 de febrero de 20011, hoy compilado por el Decreto núm.
1079 de 26 de mayo de 20152, sin realizar el proceso de licitación pública.

2.3. Señaló que el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Manizales,
mediante sentencia de 30 de junio de 2020, amparó los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y a la libre competencia, por lo que dispuso en el ordinal
cuarto de la parte resolutiva de la providencia: (i) mantener con la capacidad
transportadora congelada, de conformidad con el Decreto núm. 128 de 15 de junio
de 20063; (ii) reestructurar el servicio público colectivo de pasajeros; y (iii) licitar
todas las rutas que presten el servicio público de transporte de pasajero.

2.4. Señaló que la providencia de primera instancia fue objeto de apelación y que, a
través de sentencia de 10 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Caldas
– Sala Segunda de Decisión modificó el numeral cuarto de la decisión recurrida y
en su lugar dispuso lo siguiente:

«[…] CUARTO: En consecuencia, ORDÉNASE a los MUNICIPIOS DE
MANIZALES y VILLAMARÍA a que procedan, en el siguiente orden a: (i)
permanecer con la capacidad transportadora congelada, de conformidad
con los preceptos legales vigentes, vale decir, el Decreto 0128 de 2006 y
el Decreto 154 de 2016; Lo anterior, hasta tanto la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Manizales, o quien haga sus veces, adelante los estudios que
determinen la demanda de movilización, es decir, las tomas de información
por encuestas origen –destino, establecidas dentro del “Manual para
determinar las necesidades de movilización de pasajeros para el transporte
terrestre colectivo Metropolitano, Distrital y/o Municipal” expedido por el
Ministerio de Transporte con la Resolución 000225269 del 8 de noviembre de
1999; ii) proceder a licitar las rutas que presten el Servicio Público de
Transporte Colectivo y Terrestre de Pasajeros, que fueron asignadas de
manera directa en vigencia de la Ley 336 de 1996 y sus decretos
reglamentarios, así como en vigencia del Decreto 170 de 2001, conservando
las modificaciones de que fueron objeto con la reestructuración llevada a cabo
en el año 2015.

PARÁGRAFO: Las administraciones locales accionadas deberán proceder, en
el término de seis (6) meses, a realizar las licitaciones públicas de las rutas de
servicio de transporte conforme a lo precisado en el anterior ordinal […]».
(Negrilla fuera del texto)

1 «Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Colectivo Metropolitano,

Distrital y Municipal de Pasajeros».
2 «Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte».
3 «Por medio del cual se suspende el ingreso de vehículos por incremento para el servicio público de

transporte colectivo e individual de pasajeros en el municipio de Manizales».

3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00
Accionante: Municipio de Villamaría

2.5. Precisóque contra el fallo de segunda instancia presentó las solicitudes de
corrección y aclaración, las cuales fueron resueltas mediante la providencia de 9
de junio de 2023.

2.6. Indicó
que las providencias tuteladas vulneraron su derecho fundamental al
debido proceso al incurrir, presuntamente, en los defectos fáctico, de
desconocimiento del precedente y de violación directa de la Constitución.

2.7. Respecto al desconocimiento del precedente, señaló que la sentencia tutelada
no tuvo en cuenta la ratio decidendi de las sentencias de 26 de noviembre de
20084, de 25 de marzo de 20105, de 29 de julio de 20106 y de 12 de agosto de
20107, proferidas por la Sección Primera del Consejo de Estado, y según las
cuales las entidades territoriales están facultadas para reestructurar, con base en
el interés general, las rutas del servicio público de transporte, sin necesidad de
llevar a cabo el procedimiento de licitación pública.

2.8. En cuanto a la violación directa de la Constitución, adujo que se desconoció el
artículo 287 superior, que regula sobre la autonomía territorial, porque en el fallo
objeto de tutela se le impuso al Municipio de Villamaría la obligación de aplicar los
Decretos núms. 128 de 2006 y 154 de 2016, expedidos por el Municipio de
Manizales.

2.9. Sobre el defecto fáctico, indicó que la autoridad judicial accionada realizó una
deficiente valoración de los actos administrativos que «otorgaron la facultad para
operar la ruta de servicio a las empresas transportadoras», por cuanto el análisis
de estas pruebas debió realizarse respetando el precedente judicial establecido
por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que permite la reestructuración
oficiosa de rutas.

2.10. Finalmente,
agregó que el fallo de segunda instancia ordenó realizar el
procedimiento de licitación de las rutas adjudicadas después de la Ley 336 de 20
de diciembre 19968, pero incurrió en una contradicción porque señaló «que se
deb[ían] conservar las modificaciones efectuadas en la reestructuración llevada a
cabo en el 2015».
III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 26 de noviembre

de 2008. C.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Rad. núm.: 2002-00480-01.
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 25 de marzo de

2010, C.P. Antonio Velilla Moreno. Rad. núm.: 25000-23- 24-000-2002-00538-01.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 29 de julio de

2010 C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. núm.: 25000-23-24-000-2001-90499-01.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 12 de agosto de

2010 C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Planeta. Rad. núm.: 25000-23-24-000-2002-00629-01.
8 «Por la cual se adopta el estatuto nacional de transporte».

4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00
Accionante: Municipio de Villamaría

«[…] PRIMERO: Se tutele el derecho fundamental al debido proceso, el cual
fue conculcado por los despachos judiciales accionados, por cuanto se actuó
bajo vías de hecho.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se dejen sin efectos las
decisiones tomadas por parte de dichos despachos […]». [Negrilla original del
texto]

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 2 de octubre de 2023, el Despacho a cargo de la sustanciación
del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, vinculó como terceros
con interés en las resultas del proceso al Municipio de Manizales y a las
sociedades Socobuses S.A., Cooperativa Unitrans S.A., Auto Legal S.A., Expreso
Sideral S.A., Transportes Gran Caldas S.A. y Flota Metropolitana S.A.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a las autoridades judiciales accionadas y a los
vinculados, se allegaron los siguientes informes:

5.1. ElMunicipio de Manizales, por intermedio de apoderada judicial, rindió
informe en el que expuso, en primer lugar, que existió un desconocimiento del
precedente judicial porque el Consejo de Estado ha definido en forma pacífica que
la reestructuración oficiosa del servicio público de transporte puede realizarse «a
las rutas que se encuentren en ese momento prestándose, independientemente
de si su otorgamiento devino de permisos, de contratos de concesión o de
permisos de operación derivados de una licitación pública».

5.2. En segundo lugar, señaló que la orden contenida en el ordinal cuarto de la
sentencia de acción popular, consistente en que los Municipios de Manizales y
Villamaría deben «permanecer con la capacidad transportadora congelada, de
conformidad con los preceptos legales vigentes, vale decir, el Decreto 0128 de
2006 y el Decreto 154 de 2016»; desconocía que los citados actos administrativos
[Decretos 0128 de 2006 y 154 de 2016] «fueron expedidos por parte del Municipio
de Manizales [y] dentro de las motivaciones de los mismos no se indicó que se
proferían en virtud de convenio alguno y por lo tanto, sus efectos, como todo acto
de autoridad, solo pueden aplicarse dentro del territorio de jurisdicción del
respectivo ente territorial, es decir, al Municipio de Manizales».

5.3. La sociedad Socobuses S.A., a través de apoderado judicial, se opuso
las
pretensiones de la acción de tutela porque no cumplía con los requisitos
generales de procedencia de relevancia constitucional, subsidiariedad e
inmediatez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00
Accionante: Municipio de Villamaría

5.4. Respectoal requisito de inmediatez, sostuvo que la acción de tutela fue
radicada después de transcurridos seis (6) meses desde la notificación del fallo de
acción popular.

5.5. En cuanto a la relevancia constitucional, indicó que «lo que busca el tutelante
es debatir nuevamente el fondo del asunto, tratando de generar una “tercera
instancia”».

5.6. Frente a la subsidiariedad, manifestó que no se «agotó la solicitud de eventual
revisión conforme a lo establecido en el artículo 272 de la ley (sic) 1437 de 2011,
que tenía a su alcance para discutir la vulneración del precedente».

5.7. Finalmente, agregó que no es cierto que se esté cercenando la autonomía del
Municipio de Villamaría porque la orden de licitar las rutas otorgas de manera
provisional, dada por el Tribunal Administrativo de Caldas, «se dio en virtud del
Convenio Interadministrativo número 070313 de fecha 13 de marzo de 2007,
mediante el cual el Municipio de Villamaría otorgó al Municipio de Manizales todas
las facultades alusivas a la regulación del servicio de transporte público urbano
entre» ambos municipios.

5.8. La sociedad Autolegal S.A., a través de apoderada judicial, manifestó que las
decisiones judiciales objeto de tutela trasgredieron «el ordenamiento jurídico y el
amplio precedente decantado por el Consejo de Estado», ya que no distinguieron
entre las rutas otorgadas mediante permisos, licitaciones públicas y contratos de
concesión.

5.9. En cuanto a la trasgresión del precedente judicial, señaló que las autoridades
judiciales no aplicaron las sentencias de 11 de agosto de 20119 y 10 de agosto de
202310 del Consejo de Estado, según las cuáles «la reestructuración de rutas
oficiosa, como la que se efectuó en Manizales en el año 2009, toma las rutas que
se prestaban en el momento sin que fuera requisito que estuvieren licitadas».

5.10. Asimismo,indicó que los fallos objeto de este mecanismo constitucional
vulneraron el principio de autonomía territorial porque el Municipio de Villamaría
quedó sometido a unos actos administrativos expedidos por el Municipio de
Manizales, «sin mediar la voluntad de acogerse a ellos bajo el principio de
colaboración administrativa».

5.11. La sociedad Transporte Gran Caldas S.A., a través de apoderado judicial,
sostuvo que el acto de reestructuración «se emitió bajo las bases legales del

9 Consejo de Estado. Sección Primera. Exp. 17001-23-31-000-2010-00227-01, M.P. María Elizabeth García

González; 11 de agosto de 2011.
10 Consejo de Estado. Sección Primera. Exp. 17001-23-31-000-2010-00216-01, M.P. Nubia Margoth Peña

Garzón; 10 de agosto de 2023.

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Accionante: Municipio de Villamaría

artículo 34 del Decreto 170 de 2001, es decir, incorporando un estudio técnico en
condiciones normales de demanda».

5.12. La sociedad Flota Metropolitana S.A., actuando a través de apoderada
judicial, indicó que el fallo objeto de tutela desconoció el derecho al debido
proceso de la accionante porque el acto administrativo acusado gozaba de
legalidad y se logró comprobar que estuvo «fundamentado en un estudio previo
que sirvió de soporte para reestructurar el servicio oficiosamente».

5.13. La sociedad Cooperativa Unitrans S.A., actuando a través de apoderado
judicial, sostuvo que coadyuvó las pretensiones de la acción de tutela.

5.14. Sin embargo, precisó que no hubo una afectación a la autonomía territorial del
Municipio de Villamaría toda vez que el ente territorial «autorizó expresamente
que todo lo que tuviese que ver con la materia de transporte se podía adelantar
por el municipio de Manizales», de conformidad con el Convenio
interadministrativo núm. 070313 de 13 de marzo de 2007, suscrito entre ambas
entidades territoriales.

5.15. La sociedad Expreso Sideral S.A., actuando a través de apoderado judicial,
manifestó que se desconoció el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado
y se violó la autonomía territorial en el caso sub examine.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 199111, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 201512, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 202113, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
201914.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Previamente a la definición de los problemas jurídicos a resolver la Sala, se debe
precisar que el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos
fundamentales a la sentencia de 30 de junio de 2020, proferida por el Juzgado
Sexto Administrativo del Circuito de Manizales, y a las providencias de 10 de febrero
y 9 de junio de 2023, proferidas en segunda instancia por el Tribunal Administrativo

11 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
12 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho».
13 «Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela».
14 «Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado».

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Accionante: Municipio de Villamaría

de Caldas – Sala Segunda de Decisión. Sin embargo, la Sección sólo analizará si
las decisiones de 10 de febrero y 9 de junio de este año vulneraron los derechos
fundamentales de la parte actora porque estas fueron las que finiquitaron la litis e
hicieron tránsito a cosa juzgada.

8. Teniendo en cuenta lo anterior y de acuerdo con la situación fáctica planteada la
Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia. Y, si ello es así, se deberá determinar:

b) Si la sentencia de 10 de febrero de 2023 y el auto de 9 de junio de 2023,
proferidos por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Segunda de
Decisión Oral, dentro del medio de control de protección de derechos e
intereses colectivos con radicado número 17001-33-39-006-2016-00072-02,
vulneraron los derechos fundamentales de la parte accionante, al haber
incurrido presuntamente en un defecto fáctico, en un desconocimiento del
precedente y en una violación directa de la Constitución.

9. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201215, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación

15 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia

de 31 de julio de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Accionante: Municipio de Villamaría

clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi)
que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas
en la sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial16, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución17.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»18 que encaje en
dichos parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

16. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado:
11001-03-15-000-2012-02201-01.

16 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado

Jorge Iván Palacio Palacio.
17 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera

absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento
establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación
del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por
demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y
ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera
directa a las normas establecidas en la Constitución Política.
18 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado

Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.

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VI.4. El caso concreto

17. El Municipio de Villamaría, por intermedio de apoderado judicial, solicitó el
amparo de su derecho fundamental al debido proceso, cuya vulneración le
atribuyó a la sentencia de 30 de junio de 2020, proferida por el Juzgado Sexto
Administrativo del Circuito de Manizales, y a las providencias de 10 de febrero y 9 de
junio de 2023, proferidas por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Segunda de
Decisión, dentro del medio de control de protección de derechos e intereses
colectivos identificado con el número único de radicación 17001-33-39-006-2016-
00072-00/02.

VI.4.1. Del requisito general de procedencia de relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia de la relevancia constitucional, cabe
recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que el asunto gira en
torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental19 y no cuando
guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de contenido económico
que deberán ser definidos por otras jurisdicciones20.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales21, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces22.

20. Así, en cuanto a la relevancia constitucional de una controversia, la Sala Plena
del Consejo de Estado, en sentencia de unificación23, sostuvo lo siguiente:

«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en
una tercera instancia.

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

19 Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado

Ponente: Dr. Jaime Córdoba Triviño.
20 Corte Constitucional, Sentencias SU-439 de 13 de julio de 2017 (M.P. Alberto Rojas Ríos) y T-458 de 29 de

agosto de 2016 (M.P. Luis Ernesto Vargas Silva).
21 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para

efectos de atacar y/o cuestionar el contenido de una decisión judicial.
22 Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio

Sierra Porto). En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
23 Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge

Octavio Ramírez Ramírez.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05532-00
Accionante: Municipio de Villamaría

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple
tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo
constitucional […]». (Negrilla fuera del texto)

21. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 202224
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

«[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige
advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental.

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal.

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás

24 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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Accionante: Municipio de Villamaría

proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]». (Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto)

22. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
2023.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que asunto tenga relevancia constitucional deben concurrir los
siguientes elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se
pueda concluir que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii)
que la discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
respecto de la mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales25.

24. Previa indicación de las anteriores premisas se tiene que, en el caso objeto de
estudio, la parte actora cuestiona la sentencia de 10 de febrero de 2023 y el auto
de 9 de junio del mismo año, proferidos por el Tribunal Administrativo de Caldas –
Sala Segunda de Decisión, al considerar que en dichas decisiones se incurrió en
un defecto fáctico, en un desconocimiento del precedente y en una violación
directa de la Constitución.

25. Como fundamento del desconocimiento del precedente, el municipio accionante
señaló que se dejó de aplicar la ratio decidendi de las sentencias de 26 de
noviembre de 200826, de 25 de marzo de 201027, de 29 de julio de 201028 y de 12

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de

2015 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad.
núm.: 2016-002244-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016
(C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Rad. núm.: 2016-03249-00).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 26 de noviembre

de 2008. C.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Rad. núm.: 2002-00480-01.

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Accionante: Municipio de Villamaría

de agosto de 201029, proferidas por esta Sección, y según las cuales las entidades
territoriales están facultadas para reestructurar, con base en el interés general, las
rutas del servicio público de transporte, sin necesidad de llevar a cabo el
procedimiento licitatorio.

26. En cuanto a la violación directa de la Constitución, precisó que el fallo de acción
popular desconoció el artículo 287 constitucional que consagra el principio de
autonomía territorial, en razón a que se le ordenó al municipio accionante aplicar
dentro de su territorio los Decretos núm. 128 de 2006 y 154 de 2016, expedidos
por el Municipio de Manizales.

27. Respecto al defecto fáctico, señaló que la autoridad judicial accionada realizó
una deficiente valoración de los actos administrativos que «otorgaron la facultad
para operar la ruta de servicio a las empresas transportadoras», por cuanto el
análisis de estas pruebas debió realizarse respetando el precedente judicial
establecido por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, que permite la
reestructuración oficiosa de rutas licitadas.

28. Además, puso de presente que el fallo de segunda instancia incurrió en una
contradicción por cuanto ordenó la licitación de las rutas adjudicadas después de
la Ley 336 de 1996, pero conservando las modificaciones efectuadas en la
reestructuración llevada a cabo en el 2015.

29. Precisado lo anterior, la Sala debe advertir que, en cumplimiento del precedente
contenido en la sentencia de unificación SU – 215 de 2022, la sola mención de la
vulneración de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la
configuración de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el
cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional.

30. Al respecto, el máximo Tribunal Constitucional señaló que además de la
obligación de identificar cuáles eran los derechos fundamentales vulnerados y por
qué se configuró el defecto alegado, el extremo accionante debe hacer una
exposición a partir de la cual se evidencie que el caso en cuestión: (i) tiene la «[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]»; (ii) que el alcance de la controversia
«[…] no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]», y (iii) que se «[…]
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales […]».

27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia del 25 de marzo de

2010, C.P. Antonio Velilla Moreno. Rad. núm.: 25000-23- 24-000-2002-00538-01.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 29 de julio de

2010 C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. núm.: 25000-23-24-000-2001-90499-01.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 12 de agosto de

2010 C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Planeta. Rad. núm.: 25000-23-24-000-2002-00629-01.

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Accionante: Municipio de Villamaría

31. En ese orden de ideas, y siguiendo el precedente precisado por la Corte en la
referida sentencia, esta Sección considera que la controversia planteada en esta
ocasión carece de relevancia constitucional porque la discusión expuesta por la
entidad accionante no gira en torno al alcance, aplicación y/o desarrollo de un
derecho fundamental, sino frente a la mera inconformidad con la decisión
adoptada por el juez natural del asunto.

32. En este aspecto, la Sala debe precisar que, si bien la parte actora aduce que
fue desconocido su derecho fundamental al debido proceso, lo cierto es que no
existe un desarrollo argumentativo en el que se expliquen las razones por las que
considera que se afectó en forma desproporcionada el núcleo esencial de ese
derecho, con ocasión de la expedición de la providencia aquí enjuiciada.

33. De allí que esta Sala considera que la parte accionante no está poniendo de
relieve que en la providencia censurada se haya incurrido en una arbitrariedad
judicial, sino que los motivos que fundamentan su inconformidad se sustentan en
una controversia de índole legal.

34. En efecto, se puede apreciar que, en la sentencia de 10 de febrero de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas – Sala Segunda de Decisión, se
expusieron los motivos por los que se encontraban vulnerados los derechos
colectivos a la moralidad administrativa, a la libre competencia, los derechos de los
usuarios y al ambiente sano. En dicha providencia se sostuvo:

«[…] El concurso, como la modalidad de entrega del servicio de transporte
público a particulares que mejor se aviene a la maximización de principios
rectores de este sector de la economía como el de libre concurrencia y la
iniciativa privada, encuentra su antecedente en la Ley 336 de 1996, en cuyo
artículo 19 se establece que “El permiso para la prestación del servicio
público de transporte se otorgará mediante concurso en el que se garanticen
la libre concurrencia y la iniciativa privada sobre creación de nuevas
empresas, según lo determine la reglamentación que expida el Gobierno
Nacional.” Desde entonces ya se avizoraba que el concurso público debía ser
la regla para la adjudicación de nuevas rutas, mientras que la excepción
estaba reservada a casos en los que la urgencia del servicio o la
transitoriedad de la demanda permitía proceder de manera directa, eso sí,
previendo en todo caso que la vigencia del permiso cesaría una vez
superadas las situaciones que dieran lugar al mismo. Así lo dispuso el artículo
20 ibidem, a saber:

Artículo 20. La autoridad competente de transporte podrá expedir permisos
especiales y transitorios para superar precisas situaciones de alteración del
servicio público ocasionadas por una empresa de transporte en cualquiera de
sus Modos, que afecten la prestación del servicio, o para satisfacer el
surgimiento de ocasionales demandas de transporte. Superadas las
situaciones mencionadas, los permisos transitorios cesarán en su vigencia y
la prestación del servicio quedará sujeta a las condiciones normalmente
establecidas o autorizadas, según el caso.

Dicha norma se encargó de prever que, una vez cesada la vigencia del
permiso transitorio, el servicio quedaría sujeto a las condiciones ya

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Accionante: Municipio de Villamaría

establecidas para la prestación del mismo en circunstancias de
normalidad, que no es otra que el concurso o la licitación.

Resulta igualmente necesario traer a colación el Decreto 170 de 20016 cuyo
objeto es precisamente “reglamentar la habilitación de las Empresas de
Transporte Público Colectivo Terrestre Automotor de Pasajeros del radio de
acción Metropolitano, Distrital y/o Municipal y la prestación por parte de éstas,
de un servicio eficiente, seguro, oportuno y económico, bajo los criterios
básicos de cumplimiento de los principios rectores del transporte, como el de
la libre competencia y el de la iniciativa privada, a las cuales solamente se
aplicarán las restricciones establecidas por la ley y los Convenios
Internacionales.” Su aplicación se da de acuerdo con los lineamientos
establecidos en las Leyes 105 de 1993 y 336 de 1996.

Conviene centrar especialmente la atención en las siguientes previsiones
legales del decreto en referencia:

Artículo 25. Autorización de nuevos servicios. A partir de la vigencia del
presente decreto las rutas y frecuencias a servir se adjudicarán por un término
no mayor de cinco (5) años. En los términos de referencia del concurso se
establecerán objetivos de calidad y excelencia en el servicio, que en caso de
ser cumplidos por la empresa le permitan prorrogar de manera automática y
por una sola vez el permiso hasta por el término inicialmente adjudicado. Los
objetivos de calidad y excelencia estarán determinados por parámetros como
la disminución de la edad del parque automotor, la optimización de los
equipos de acuerdo con la demanda, la utilización de tecnologías limpias y
otros parámetros que contribuyan a una mejora sustancial en la calidad y
nivel de servicio inicialmente fijados.

Artículo 26. Licitación pública. La autorización para la prestación del
servicio público de transporte colectivo de pasajeros del radio de acción
metropolitano, distrital y municipal en una ruta o sistema de rutas será el
resultado de una licitación pública, en la que se garantice la libre
concurrencia y la iniciativa privada para la creación de nuevas empresas.

Significa lo anterior que, a partir de la vigencia de dicho Decreto, las
nuevas rutas y frecuencias que resultaren necesarias para satisfacer la
demanda del servicio de transporte Público Colectivo Terrestre
Automotor de Pasajeros (sic) debían ser adjudicadas mediante licitación
pública, por el término inicial de 5 años – prorrogable por una sola vez –
y bajo el cumplimiento de altos estándares de calidad con el fin de
garantizar que entre varios participantes u oferentes se eligiera el mejor,
pensando no solamente en el usuario sino en el medio ambiente, pues
no de otra manera se entiende que dentro de tales parámetros se exija
incluir la edad del parque automotor y la utilización de tecnologías
limpias.

(…)

Resulta necesario igualmente, hacer referencia al Decreto 3422 de 2009 con
el fin de aclarar, desde ahora, que el mismo se aplica en el marco de la
implementación de los Sistemas Estratégicos de Transporte Públicos (SETP),
no siendo ese el escenario en que se produjeron las decisiones
administrativas en torno a las cuales gira la presente controversia. En gracia
de discusión, esta norma tampoco tiene el sentido y alcance que pretenden
darle las empresas de transporte en sus sendas apelaciones comoquiera que,

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Accionante: Municipio de Villamaría

para la adopción del SEPT, “La autoridad de transporte competente deberá
oficiosamente, sustentado en los respectivos estudios técnicos, reestructurar
el servicio, respetando los criterios de equidad y proporcionalidad de las
empresas en el mercado” (Artículo 10), entendiendo por reestructurar o
reorganizar el servicio, “suprimir, modificar, recortar, fusionar, empalmar o
prolongar las actuales rutas, sin que para ello existan limitaciones de longitud,
recorrido y/o nivel de servicio. Así mismo, modificar las frecuencias, horarios y
clase, capacidad transportadora y número de vehículos” (Parágrafo 1°).

Luego entonces, la reestructuración debe darse con rutas preexistentes y
éstas - tomando como referencia la Ley 336 de 1996 y el Decreto 170 de
2001 -, no son otras que aquellas que ya habían sido adjudicadas antes de la
entrada en vigencia de dichas normas o las que están operando como
resultado de una licitación.

Así mismo, el artículo 11 del Decreto 3422 establece que “La autoridad de
transporte competente que no adopte la reorganización del servicio que trata
el artículo anterior, deberá adjudicar el servicio mediante licitación pública
cumpliendo las condiciones señaladas en el estatuto general de contratación
de la administración pública.” Así las cosas, lo que esta norma quiere
significar es que, si en el proceso de implementación de un Sistema
Estratégico de Transporte Público no se acoge la opción de reorganización
del servicio, se tendrá que acudir a la adjudicación del mismo mediante
licitación pública; lo que de ninguna manera se puede entender como una
posibilidad de desconocer la obligación de licitar las rutas nuevas surgidas a
partir del año 2001 – e incluso, desde el año 1996 con la expedición de la Ley
336 -. Las rutas nuevas se licitan y una vez adjudicadas, pueden ser objeto de
posterior reestructuración en el marco de la puesta en marcha del SETP o
independientemente del mismo. Este es también el sentido que debe dársele
a lo dispuesto en el capítulo IV del Decreto 170 de 2001, a saber:

(…)

Huelga entonces reiterar que, la reestructuración del servicio no puede
servir como instrumento para soslayar la exigencia de licitar las rutas
nuevas o para perpetuar las rutas entregadas provisionalmente.

Ahora bien, conforme a los elementos probatorios encontrados en el cartulario
se ha podido verificar que, desde la entrada en vigencia del Decreto 170 del 5
de febrero de 2001, el municipio de Manizales ha otorgado directamente (sin
licitación) permisos para operar las siguientes rutas:

(…)

También se ha podido verificar por la Sala que entre el año 1996 y el año
2001 se asignaron rutas a través de un mecanismo directo, esto es, sin
licitación, las cuales fueron reestructuradas en el año 2015. Las rutas
anteriores a 1996 fueron asignadas mediante permiso porque así lo
autorizaba la ley y no se exigía licitación.

Para la Sala resulta claro que a partir del 5 de febrero de 2001 -e incluso
desde antes como bien se advirtió por el a quo - las rutas nuevas con
vocación de permanencia se debían someter a un proceso de licitación;
y los permisos para operar las rutas nuevas provisionales o transitorias
se debieron finiquitar por el municipio tan pronto como cesó el supuesto
de hecho que dio lugar a los mismos. No se comprende la razón por la

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Accionante: Municipio de Villamaría

cual un permiso concedido para resolver una necesidad temporal se
hubiese extendido en el tiempo sin que la administración municipal
procediera a replantear la naturaleza de tal servicio para adecuarlo a las
exigencias y parámetros legales; es decir, si con el trascurrir de los
meses la autoridad en materia de transporte observa que el permiso
originalmente conferido para atender una necesidad transitoria muta o
se transforma en permanente, lo que se espera de conformidad con la
ley es que se adelante un proceso licitatorio para adjudicarla y no, como
se hizo en este caso, acudir a una reestructuración para entregar tales
rutas de manera directa y con carácter indefinido.

El proceso de reestructuración fue llevado a cabo por el municipio de
Manizales el 30 de abril de 2015 y del mismo dan cuenta los siguientes actos
administrativos: Resoluciones Nº 168 (folios 194 a 202, C. 1); 163, 164, 166,
167, 169, 171, 174, 175, 193, 205, 207, 208 (folios 233 a 291, C. 1A); 199,
200, 201, 202, 147, 145, 155, 156, 157, 169, 173, 174, 208 (folios 432 a 564,
C. 1B); 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156,
157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173,
174, 176, 203, 204, 205, 206, 207 y 208 (medios magnéticos obrante en folios
615 y 618, C. 1B); 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202 (medio
magnético en folio 616, C. 1B).

Ciertamente, las rutas otorgadas de manera directa entre el año 1996 y el
año 2001 - entre ellas las provisionales o transitorias -, quedaron
inmersas en el proceso de reestructuración realizado en el año 2015, el
cual quedó materializado en los actos ya reseñados. Ha de tenerse en
cuenta que la reestructuración llevada a cabo el 30 de abril de 2015 dejó
sin efectos las rutas que se encontraban vigentes antes de esa fecha y
que fueron incluidas en dicha reestructuración.

Así mismo, conviene aclarar que hay rutas adjudicadas antes de 1996 y que
pueden no haber sido reestructuradas en el año 2015; éstas continúan
vigentes y frente a las mismas no hay discusión porque en su momento no se
exigía de licitación para su otorgamiento.

Ahora bien, corresponde determinar entonces si el incumplimiento de la Ley
(sic) 170 de 2001 deriva en una transgresión a los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y la libre competencia, establecidos en el artículo 4º
de la Ley 472 de 1998. Para abordar el derecho colectivo a la moralidad
administrativa, el a quo tomó como parámetro la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de agosto de 2007,
expediente con radicado 88001-23-31-000-2004-00009-01, de conformidad
con la cual, según dice, se puede establecer un nuevo elemento para
determinar su trasgresión, cual es la vulneración de un principio
constitucional; vale decir, además del incumplimiento de la ley, el actor
popular deberá probar un actuar subjetivo del funcionario público o, a falta de
esto último, la violación de un principio de índole constitucional. Así se lee en
el siguiente apartado de la providencia impugnada:

(…)

Se encuentra establecido que las administraciones municipales de Manizales
y Villamaría soslayaron el imperativo normativo contenido en la Ley 170 de
2001 – incluso en la Ley 336 de 1996 - y con éste, los principios rectores del

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transporte, como el de la libre competencia y el de la iniciativa privada
establecidos en el artículo 1° de la ley [sic] 170 en mención.

El elemento subjetivo, por su parte, se puede determinar a partir de la
declaración del señor Mauricio Gallego Arango, quien (sic) fungió como
Inspector de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de Manizales desde el año
2004 hasta el 2010.

(…)

De dicho testimonio emerge claro el motivo por el cual se ha acudido a
la adjudicación directa de rutas durante los últimos años en los
municipios de Manizales y Villamaría; como ya se vio, se trata de un
motivo no solamente desprovisto de fundamento legal sino también de
un criterio objetivo que conlleve a decisiones convenientes para la
comunidad en general.

Cuando la ley obliga a licitar un servicio público como el de transporte,
precisamente busca que las decisiones en tal sentido estén libres de
consideraciones subjetivas orientadas a favorecer o no perjudicar intereses
particulares; no existe justificación para privilegiar a las empresas locales
abstrayéndolas de la carga de competir en el mercado con otros actores del
mismo. Lo que más se aviene al interés general es precisamente la licitación
pública porque con ello se favorece la libre competencia y con ésta, la
pluralidad, participación, igualdad y no discriminación, transparencia y calidad
en el proceso de selección propiamente dicho, máxime cuando se trata de un
servicio tan esencial para la vida de la colectividad como lo es el transporte
público, que por su misma naturaleza no puede ser objeto de un simple
proceso de asignación directa o de concesión por fuera de los más
elementales marcos que impone la cláusula del Estado social y democrático
de derecho.

Así las cosas, teniendo claro el sentido y alcance del derecho a la moralidad
administrativa, ha de concluirse que en este caso sí existe vulneración del
mismo en tanto y comoquiera que, el incumplimiento del mandato legal ha
tenido como móvil el beneficio de terceros, esto es, de las empresas privadas
de transporte involucradas en este proceso.

(…)

3.2. Goce de un ambiente sano y derechos de los consumidores y usuarios.

Acudiendo a la naturaleza preventiva del presente medio de control, el a quo
resolvió amparar los derechos colectivos a “el goce de un ambiente sano” y
“los derechos de los consumidores y usuarios” por considerar que a la fecha
el municipio de Manizales no ha realizado los estudios técnicos que
determinan si la sobreoferta de vehículos de transporte colectivo de pasajeros
persiste. En el fallo recurrido se expusieron las consecuencias negativas de la
sobreoferta de vehículos en términos ambientales y de tarifa del servicio para
el consumidor final; de igual manera, se expusieron los fundamentos fácticos
para considerar que actualmente tales derechos se encuentran amenazados.

Se ha podido establecer que el municipio de Manizales, con la emisión
del Decreto Nº 128 datado del 15 de junio de 2006, resolvió “Suspender
el ingreso de vehículos por incremento para el servicio público colectivo
e individual de pasajeros al Municipio de Manizales, hasta tanto la

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Accionante: Municipio de Villamaría

Secretaría de Tránsito y Transporte del Municipio de Manizales, o quien
haga sus veces, determine las condiciones técnicas y operativas en que
deba prestarse el servicio para incrementar el parque automotor.”

El municipio de Manizales fundamentó la anterior declaración en el estudio
técnico adelantado por la Universidad Nacional de Colombia, que lleva por
nombre “INFORME FINAL FASE I” y el cual arrojó, entre otras, la conclusión
según la cual existe “Sobreoferta de servicio de transporte público dada la
baja ocupación de los vehículos”.

El a quo concluyó, en concordancia con los conceptos técnicos rendidos por
los señores José Fernando Botero Calderón, Diego Alexander Escobar
García, Jorge Iván Osorio Mejía y Carlos Alberto Moncada y la línea de
directrices adoptada por el Gobierno Nacional, que i) La administración local
se equivoca al considerar que con el estudio de reestructuración del servicio
llevado a cabo en el año 2015 se cumplió la condición resolutoria a la cual se
ha encontrado sometida la ejecutoriedad del Decreto 0128 de 2006, esto es:
“hasta tanto la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, o quien
haga sus veces, determine las condiciones técnicas y operativas en que deba
prestarse el servicio para incrementar el parque automotor público”; ii) Para el
juez de primera instancia, las condiciones técnicas a las que se alude en esa
declaración de voluntad de la administración, no puede ser otra que la dada
por el ordenamiento jurídico, en cabeza del ejecutivo como autoridad
reglamentaria, es decir: las tomas de información por encuestas origen –
destino.

Observa la Sala que el testigo Diego Alexander Escobar García, al
preguntársele por la esencia del estudio de reestructuración llevado a cabo
por el municipio de Manizales en el año 2015, respondió que “ese estudio no
es de demanda, es cartográfico en relación con una realidad de por dónde
van unas rutas, cómo la gente utiliza estas rutas, pero en ningún momento
relacionan como esas rutas están moviendo personas. […]”

(…)

El ingeniero Diego Alexander Escobar García precisó que: “Manizales con
una matriz origen –destino del año 2001, con una actualización del año 2005;
más no matriz origen destino nueva, y con una actualización de índice
sociodemográfico a las zonas de análisis de transporte del año 2009,
entonces ya en el año 2017 no tenemos nada en Manizales para soportar que
existe o no existe sobreoferta.”

En cuanto a la presencia de sobreoferta del servicio, el ingeniero Diego
Alexander Escobar García adujo: “(...) Aquí en Manizales está más que
escrito que el transporte público está disminuyendo, hemos pasado de
228.000 pasajeros diarios en el año 2007 o 2008, en este momento estamos
por los 190.000 o 192.000, está disminuyendo”.

A partir del testimonio rendido por el ingeniero José Fernando Botero
Calderón se pudo establecer que dicha sobreoferta persiste con el correr de
los años, a pesar del Decreto en mención; ello, por cuanto “Hasta el año 2006
es claro que la ciudad de Manizales tenía una sobreoferta del 20% y que la
ciudad tenía unas rutas, tenía no me acuerdo exactamente de los números
pero tenía unas 61 o 62 rutas de transporte operando, de las cuales el 37%
eran rutas ilegales, es decir, la ciudad no tenía acto administrativo que
soportara el 37% de las rutas, sobraban el 20% de los vehículos y el 20% de

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los recorridos. Esos números salen de los estudios de movilidad fase 0 y fase
1 de la Universidad Nacional de Colombia y el estudio de reestructuración de
rutas que hizo la empresa Transmilenio con quienes suscribimos un convenio
interadministrativo para que hicieran la reestructuración. Al reestructurar las
rutas en el año 2007 se disminuyó el recorrido en el 20% y quedaron
recorriendo los buses 131.000 kms.”

Sumado a lo anterior, el mismo municipio de Villamaría en su recurso de
alzada indica que, ante la necesidad del “congelamiento” del parque
automotor, la administración municipal de Manizales, en virtud de la
autoridad emanada del convenio suscrito entre Manizales y Villamaría,
decidió nuevamente proceder a la suspensión de ingreso de vehículos
por incremento mediante el Decreto 154 de 2016, el cual contiene un
régimen de transición precisamente para no afectar con la nueva
decisión los trámites que venían surtiéndose con antelación a la
vigencia de ese acto administrativo.

Ahora bien, independientemente de la actual vigencia del Decreto Nº 128
datado del 15 de junio de 2006 -o de su pérdida de fuerza ejecutoria por
cumplimiento de una condición resolutoria -, lo cierto es que existen
unos hechos que indican una sobreoferta del servicio público de
transporte colectivo de pasajeros en la ciudad de Manizales y Villamaría
• tal y como lo hizo ver e a quo en su momento - a saber: “(a)
disminución de demanda de pasajeros del servicio público, (b)
restricción vehicular del parque automotor de servicio público de
transporte, (c) disminución de longitud de las rutas o lo que es lo mismo
disminución del recorrido de los buses, y (d) entrada en funcionamiento
de otro sistema de transporte como lo es el cable aéreo, y (e)
mejoramiento de la infraestructura vial de la ciudad.”

De ahí la orden impartida en primera instancia para que se mantenga la
capacidad transportadora congelada en ambos municipios.

Lo anterior, como bien lo dijo la primera instancia, hasta tanto las
administraciones municipales implicadas adelanten estudios basados
en el “Manual para determinar las necesidades de movilización de
pasajeros para el transporte terrestre colectivo Metropolitano, Distrital
y/o Municipal” expedido por el Ministerio de Transporte con la
Resolución 0002252 del 8 de noviembre de 1999, la cual, en efecto,
obliga a las autoridades de tránsito a adelantar estudios técnicos que
determinen la demanda existente o potencial, con el fin de adoptar las
medidas conducentes a satisfacer las necesidades básicas de
movilización en el territorio de su jurisdicción y garantizar la eficiencia
del sistema, en condiciones de oportunidad, calidad y seguridad para
los usuarios, a través de las tomas de información por encuestas origen
– destino; manual que debe observarse en estos casos tal y como lo
establece el artículo 27 del Decreto 170 de 2001:

(…)

Una sobreoferta del servicio de transporte ciertamente conlleva mayores
niveles de contaminación ambiental debido a la cantidad de emisiones
tóxicas de los automotores en circulación. A ello se suma el incremento
en las tarifas que los usuarios del servicio de transporte deben asumir,
pues ciertamente, “al transitar más vehículos de los necesarios, las
empresas operadoras aumentan sus costos fijos, lo que tiene una

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relación directamente proporcional con el aumento de la tarifa que se
paga por la prestación del servicio”. Es igualmente cierto que el exceso
de oferta implica una mayor congestión vehicular y por ende menor
eficiencia en el servicio en razón al tiempo que toma hacer las rutas en
tales condiciones. De ahí la vulneración de los derechos colectivos al
goce de un ambiente sano y los derechos de los consumidores y
usuarios declarada en la sentencia de primera instancia.

(…)

Al respecto conviene precisar que, aunque esta Sala de Decisión comparte la
orden de que se mantenga congelada la capacidad transportadora en lo que
al servicio público de transporte colectivo de pasajeros en ambas
municipalidades refiere, ello deberá cumplirse al amparo de los preceptos
legales vigentes, vale decir, el Decreto 0128 de 2006 y el Decreto 154 de
2016, cuyo decaimiento o ilegalidad, no ha sido declarada hasta el momento
por autoridad competente.

Dicha medida se deberá mantener hasta tanto la Secretaría de Tránsito y
Transporte de Manizales, o quien haga sus veces, adelante los estudios que
determinen la demanda de movilización, es decir, las tomas de información
por encuestas origen –destino, establecida dentro del “Manual para
determinar las necesidades de movilización de pasajeros para el transporte
terrestre colectivo Metropolitano, Distrital y/o Municipal” expedido por el
Ministerio de Transporte con la Resolución 000225269 del 8 de noviembre de
1999 […]». (Cursiva original del texto y Negrilla fuera del texto)

35. En igual medida, se observa que, en el auto de 9 de junio de 2023, que resolvió
la solicitud de aclaración de la sentencia, la autoridad judicial accionada expuso lo
siguiente:

«[…] El ente territorial solicita “aclarar el alcance que el fallo le da a los
Decreto 0128 de 2006 y el Decreto 154 de 2016 frente al Municipio de
Villamaría, toda vez que dichos decretos no fueron proferidos por el alcalde
de Villamaría quien ostenta la calidad de autoridad en materia de transporte
dentro de su territorio.”

Al respecto conviene recordar que, la parte resolutiva de la sentencia en
referencia, dispuso lo siguiente:

Primero: Se modifica el ordinal cuarto y parágrafo del fallo de primera
instancia, los cuales quedarán así:

CUARTO: En consecuencia, ORDÉNASE a los MUNICIPIOS DE MANIZALES
y VILLAMARÍA a que procedan, en el siguiente orden a: (i) permanecer con la
capacidad transportadora congelada, de conformidad con los preceptos
legales vigentes, vale decir, el Decreto 0128 de 2006 y el Decreto 154 de
2016; Lo anterior, hasta tanto la Secretaría de Tránsito y Transporte de
Manizales, o quien haga sus veces, adelante los estudios que determinen la
demanda de movilización, es decir, las tomas de información por encuestas
origen –destino, establecidas dentro del “Manual para determinar las
necesidades de movilización de pasajeros para el transporte terrestre
colectivo Metropolitano, Distrital y/o Municipal” expedido por el Ministerio de
Transporte con la Resolución 000225269 del 8 de noviembre de 1999; ii)
proceder a licitar las rutas que presten el Servicio Público de Transporte

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Colectivo y Terrestre de Pasajeros, que fueron asignadas de manera directa
en vigencia de la Ley 336 de 1996 y sus decretos reglamentarios, así como
en vigencia del Decreto 170 de 2001, conservando las modificaciones de que
fueron objeto con la reestructuración llevada a cabo en el año 2015.

PARÁGRAFO: Las administraciones locales accionadas deberán proceder,
en el término de seis (6) meses, a realizar las licitaciones públicas de las rutas
de servicio de transporte conforme a lo precisado en el anterior ordinal.

(…)

A juicio de la Sala, no ofrece motivo de duda la orden impartida al municipio
de Manizales y al Municipio de Villamaría en el ordinal cuarto de la sentencia,
pues independientemente de quien haya proferido los Decretos 0128 de 2006
y 154 de 2016, es claro que con sustento en los mismos, ambos entes
territoriales deben “permanecer con la capacidad transportadora congelada”
hasta tanto “la Secretaría de Tránsito y Transporte de Manizales, o quien
haga sus veces, adelante los estudios que determinen la demanda de
movilización […]” Por lo tanto, se niega la aclaración del fallo solicitada por el
municipio de Villamaría […]». (Cursiva original del texto)

36. Las citas anteriores permiten evidenciar que la discusión que se puso de relieve
a través de la presente acción de tutela, según lo dicho por la Corte, no tiene
relevancia constitucional porque la entidad accionante pretende utilizar este
mecanismo constitucional como una tercera instancia.

37. En este punto, resulta necesario señalar que todos los cargos que sustentan la
presente acción de tutela fueron debidamente estudiados por el juez de lo
contencioso administrativo en la sentencia y en el auto tutelado, sin que se pueda
apreciar que en dichas decisiones se hubiese incurrido en una arbitrariedad. Por lo
tanto, en criterio de la Sala, la intención del aquí accionante es reabrir la discusión
que fue debidamente zanjada por la autoridad judicial.

38. Por todo lo mencionado ut supra, se estima que la discusión que se expone a
través del escrito de tutela, según lo dicho por la Corte, no tiene trascendencia
constitucional porque el núcleo de la controversia se encuentra limitado a asuntos
de mera legalidad cuya competencia se está en cabeza del juez de lo contencioso
administrativo.

39. En este contexto, es importante señalar que exigir el cumplimiento del requisito
de relevancia constitucional no implica desconocer los derechos sustanciales por
la formalidad, sino que es un presupuesto indispensable para que el juez de tutela
pueda ahondar en el fondo del asunto, ya que el mecanismo de amparo contra
providencias judiciales no busca proporcionar a los sujetos procesales de un juicio
ordinario con una tercera instancia, sino un mecanismo de protección y garantía
de sus derechos fundamentales, eventualmente lesionados por un

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pronunciamiento judicial. De aquí que su procedencia sea excepcional30, toda vez
que lo contrario atentaría contra la autonomía de los funcionarios judiciales, la
seguridad jurídica y el principio de cosa juzgada31.

40. Porlos anteriores razonamientos, la presente acción de tutela carece de
relevancia constitucional, motivo por el cual se declarará su improcedencia, como
en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de este fallo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada la sentencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Sentencia de 17 de noviembre

de 2016, radicación No. 11001-03-15-000-2016-02862-00. Actor: Rosa Gómez Effer (C.P. Dr. Guillermo
Vargas Ayala).
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 3 de noviembre

de 2016, radicación: 11001-03-15-000-2016-02244-00. Actor: Claudia Consuelo Mc’Lauchlin Cobaleda (C.P.
Dr. Guillermo Vargas Ayala).

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