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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05548-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05548-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones señaladas en esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05548-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-05548-01
Referencia: Acción de tutela
Actor: JUAN PABLO RENDÓN RINCÓN

TESIS: SE CONFIRMA EL FALLO IMPUGNADO. LA ACCIÓN DE
TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO GENERAL
DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. RELIQUIDACIÓN PENSIÓN
INPEC.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA
SEGURIDAD SOCIAL Y AL MÍNIMO VITAL.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la

sentencia de 26 de octubre de 2023, proferida en primera instancia

por la SECCIÓN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró

improcedente la acción de tutela de la referencia por no cumplir el

requisito general de la relevancia constitucional.

1
En adelante SECCIÓN QUINTA.

2

Número único de radicación: 110010315000 2023 05548 01
Actor: JUAN PABLO RENDÓN RINCÓN

I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor JUAN PABLO RENDÓN RINCÓN, actuando en nombre

propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86

de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos

fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo

vital, los cuales estima vulnerados por la SECCIÓN SEGUNDA -

SUBSECCIÓN “D”- DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

CUNDINAMARCA al proferir en segunda instancia la sentencia de 8

de junio de 2023, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 110013335021-2020-00038-01.

I.2.- Hechos

Indicó que laboró en el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO

Y CARCELARIO -INPEC desde el 24 de octubre de 1996 hasta el 31

de diciembre de 2018, razón por la que la ADMINISTRADORA

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Número único de radicación: 110010315000 2023 05548 01
Actor: JUAN PABLO RENDÓN RINCÓN

COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES2 reconoció su

pensión de jubilación mediante la Resolución SUB-92468 de 9 de

junio de 2017.

Manifestó que solicitó a COLPENSIONES la reliquidación de su

pensión para que incluyera todos los factores salariales devengados

durante el último año de servicios a partir de la fecha de retiro de

conformidad con la Ley 32 de 3 de febrero de 19863, al ser

beneficiario del régimen de transición previsto en el acto legislativo

01 de 2005, no obstante, su petición fue denegada.

Precisó que, debido a lo anterior, promovió demanda en ejercicio del

medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la

finalidad de obtener la reliquidación de su pensión en los términos

aludidos, proceso que fue identificado con el número único de

radicación 110013335021-2020 00038-01 y atribuido para su

trámite en primera instancia al JUZGADO VEINTIUNO

ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ4 que,

mediante sentencia de 4 de noviembre de 2022, accedió

2
En adelante COLPENSIONES.
3
“Por la cual se adopta el Estatuto Orgánico del Cuerpo de Custodia y Vigilancia”.
4
En adelante el JUZGADO.

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Actor: JUAN PABLO RENDÓN RINCÓN

parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Expuso que COLPENSIONES interpuso el recurso de apelación

respectivo, el cual fue desatado por el TRIBUNAL que, a través de

sentencia de 8 de junio de 2023, revocó la decisión del a quo y, en

su lugar, denegó las pretensiones de la demanda, al estimar que no

le era aplicable la Ley 32 de 1986, dado que no había cotizado 500

semanas a la entrada en vigencia del Decreto Ley 2090 de 26 de julio

20035, que exige tal requisito para beneficiarse del régimen de

transición.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmó que su derecho al debido proceso fue vulnerado porque

conforme con el parágrafo transitorio 5 del acto legislativo 01 de

2005, los funcionarios del INPEC que, a la entrada en vigencia del

Decreto 2090 de 2003, estuvieran vinculados se deben pensionar con

base en el régimen previsto en la Ley 32 de 1986.

5
"Por el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y
señalan las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que
laboran en dichas actividades".

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Adujo que, además, la pensión debía reconocerse con base en todos

los factores salariales tomados como aporte al sistema general de

seguridad social, señalados en el certificado de valores pagados

emitido por su empleador de conformidad con lo señalado en la

sentencia de 28 de agosto de 2018, proferida por el Consejo de

Estado dentro del expediente identificado con el número único de

radicación 520012333000-2012-00143-01.

Afirmó que con fundamento en la sentencia de 27 de septiembre de

2018 proferida por el Consejo de Estado dentro del expediente

identificado con el número único de radicación 270012331-000-

2011-00242-00, los factores que constituyen el IBL para la

liquidación de la pensión de que trata la Ley 32 de 1986 serán los

dispuestos en el Decreto 446 de 1994.

Apuntó que hay una lesión a su mínimo vital y móvil por cuanto pasó

de ganar una suma determinada por concepto de salario a percibir

una suma inferior por la mesada reconocida.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

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“[…] • Se dé la nulidad del fallo proferido por el Magistrado
Ponente, Dr. ISRAEL SOLER PEDROZA, de la sección segunda,
subsección D, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por
vulnerar mis derechos fundamentales al debido proceso, a la
seguridad social y al mínimo vital la sentencia del 8 de junio de
2023.

• Que, en su lugar, se restablezca mi derecho, y se reconozca mi
pensión teniendo en cuenta el último año y con los factores
salariales que enuncia el Decreto 446 de 1994, tácitamente
descritos como SUELDO, SOBRESUELDO, BONIFICACIÓN POR
SERVICIOS PRESTADOS, PRIMA DE SERVICIOS, PRIMA DE
VACACIONES, SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN, AUXILIO DE
TRANSPORTE Y PRIMA DE NAVIDAD, según la presente
jurisprudencia y las normas que la apoyan […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó denegar el amparo, por cuanto el fallo

cuestionado estuvo ajustado a derecho, comoquiera que si bien el

actor está amparado por el régimen exceptuado aplicable a las

actividades de alto riesgo, en su caso debe acudirse al Decreto 2090

de 2003 que exigía para tal efecto la acreditación de 500 semanas

de cotización en ese tipo de labores, para aplicar la Ley 32 de 1986.

Explicó que como el actor no acreditó el cumplimiento de las semanas

indicadas, no podía reconocerse su pensión conforme a la norma en

cita con sustento en la sentencia de unificación SUJ-028-CE-S2-2022

proferida dentro del expediente 250002342000-2023-02380-01 de

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Actor: JUAN PABLO RENDÓN RINCÓN

28 de julio de 2022, que hizo referencia al régimen especial para

personal que desempeña actividades de alto riesgo.

I.5.2.- COLPENSIONES, vinculado en calidad de tercero con interés

directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificado en

debida forma, guardó silencio.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN QUINTA de esta Corporación, mediante sentencia de

26 de agosto de 2023, declaró improcedente la acción de tutela de

la referencia por falta del requisito general de relevancia

constitucional.

Indicó que los reproches esgrimidos por el tutelante no son

suficientes para encontrar acreditado el requisito aludido,

comoquiera que no gozan de una carga argumentativa que permita

deducir la lesión de los derechos fundamentales, además porque “[…]

no se observa una evidente tensión entre la decisión de denegar la

reliquidación de la pensión del actor y los derechos al debido proceso,

a la seguridad, y al mínimo vital y móvil […]”.

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Actor: JUAN PABLO RENDÓN RINCÓN

Explicó que advertía que lo que pretendía el actor era convertir la

acción de tutela en una tercera instancia “[…] con la finalidad de

debatir lo que ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial

acusada, a la cual no se le puede imponer el criterio interpretativo

del accionante en beneficio de sus intereses […]”.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

El actor impugnó la sentencia proferida en primera instancia

indicando que esta providencia no solo atenta “[…] a mí persona, sino

a todos los pensionados del Cuerpo de Custodia y Vigilancia, pues

acuden a los mecanismos más prontos y estrictos sin siquiera

estudiar de fondo el asunto a tratar […]”.

Adujo que el artículo 53 de la Constitución Política prevé que, en caso

de duda en la aplicación de las fuentes de derecho, debe observarse

la más beneficiosa al trabajador, por lo que no podía menospreciarse

la sentencia proferida por el JUZGADO “[…] que guardaba la relación

con la línea jurisprudencial que da el Consejo de Estado, y así

también se vulneró el debido proceso […]”.

Precisó que el Decreto 2090 de 2003 no puede tener mayor

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Actor: JUAN PABLO RENDÓN RINCÓN

relevancia que el acto legislativo 01 de 2005, dado que esta norma

debe ser aplicada de forma preferente, además en consideración a

las labores de alto riesgo que debió ejecutar mientras estuvo

vinculado al INPEC.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

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Actor: JUAN PABLO RENDÓN RINCÓN

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

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“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que
no tienen una clara y marcada importancia constitucional
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde
definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez
de tutela debe indicar con toda claridad y de forma
expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional
que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos

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fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,

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absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]
o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la

sentencia de 8 de junio de 2023, proferida por el TRIBUNAL,

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

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identificado con el número único de radicación 110013335021-2020-

00038-01.

En el proceso aludido el actor solicitó la reliquidación de su pensión

como exmiembro del INPEC, para que se incluyeran todos los

factores salariales que devengó en el último año de servicios, con

fundamento en la Ley 32 de 1986, por aplicación del acto legislativo

01 de 2005.

Las pretensiones del actor fueron denegadas comoquiera que en

criterio del TRIBUNAL no le era aplicable la Ley 32 de 1986, porque

para la entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003, no había

cotizado 500 semanas.

El disenso del actor radica en que, en su sentir, debía aplicarse la Ley

32 de 1986 con fundamento en el acto legislativo 01 de 2005 que

solo exige para tal efecto estar vinculado a la fecha de entrada en

vigencia del Decreto 2090 de 2003, sin condición del número de

semanas cotizadas.

En el curso de la primera instancia la SECCIÓN QUINTA de esta

Corporación declaró improcedente la solicitud de amparo por falta de

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relevancia constitucional, al establecer que la discusión planteada por

el actor carecía de argumentación sobre la vulneración a los derechos

deprecados, además porque se trataba de un asunto que ya había

sido resuelto en sede ordinaria.

En la impugnación, el actor indicó que la decisión del a quo

desconocía no solo su situación, sino la de todos los pensionados del

INPEC en su misma circunstancia, además que debe aplicarse por

favorabilidad y jerarquía normativa el acto legislativo 01 de 2005,

sobre el Decreto 2090 de 2003.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los

presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de

ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados

e incurrió en las irregularidades aducidas por el actor, al haber

proferido la sentencia de 8 de junio de 2023.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los

requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

especial, el requisito de la relevancia constitucional.

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De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

6
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
7
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia

[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra
decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de
2005.”

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constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [12].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela
no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [13]. Si

[12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”
[13] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”

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bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [14].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [15]; el derecho a presentar y controvertir las
pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

[14] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[15] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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Asimismo, en un reciente pronunciamiento, la Corte Constitucional

en sentencia SU- 215 de 2022, precisó que la exigencia de dicho

requisito tiene como finalidades las siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial[...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una

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providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico, (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales, y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Ahora bien, la Sala observa que el TRIBUNAL denegó la

reliquidación de la pensión del actor bajo el régimen previsto en la

Ley 32 de 1986 como exmiembro del INPEC, con base en el siguiente

análisis:

“[…] 3. Marco normativo aplicable.

3.1. Entre las leyes que se hallaban vigentes a la fecha en que
entró a regir el sistema integral de seguridad social de la Ley
100 de 1993 (1º de abril de 1994 para los empleados nacionales
y 30 de junio de 1995 para los de carácter territorial),
encontramos el régimen pensional especial previsto para los
empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-
INPEC-, dadas las características que comporta su labor; dicho
régimen especial se encuentra consagrado en la Ley 32 de 1986
y el Decreto 407 de 1994, modificado por el Decreto 2090 de

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2003.

La Ley 32 de 1986, frente a la pensión de jubilación señala:

“ARTÍCULO 96. Los miembros del Cuerpo de Custodia y
Vigilancia Penitenciaria Nacional tendrán derecho a gozar de la
pensión de jubilación al cumplir veinte (20) años de servicios,
continuos o discontinuos al servicio de la Guardia Nacional, sin
tener en cuenta la edad”

Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 407 de
1994, dicha norma en su artículo 168, previó:

[…]

En virtud de las normas anteriores, se expidió el Decreto 2090
de 2003, norma que derogó el Decreto 407 de 1994, y que en el
numeral 7º del artículo 2º estableció como actividad de alto
riesgo para la salud de los trabajadores, las ejercidas en el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, por el
personal dedicado a la custodia y vigilancia de los internos en
los centros de reclusión carcelaria, con excepción de los
administrados por la fuerza pública.

El artículo 6º ibidem, contempló un régimen de transición, que
dispone:

“Artículo 6°. Régimen de transición. Quienes a la fecha de
entrada en vigencia del presente decreto hubieren cotizado
cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán
derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas
exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta
les sea reconocida en las mismas condiciones establecidas en las
normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.

PARÁGRAFO. Para poder ejercer los derechos que se establecen
en el presente decreto cuando las personas se encuentren
cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en
adición a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, modificado por el
artículo 18 de la Ley 797 de 2003”.

Ahora bien, el parágrafo 5º del artículo 1º del Acto Legislativo
01 de 2005, señaló:

“Parágrafo transitorio 5º. De conformidad con lo dispuesto por

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el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 2090 de 2003,
a partir de la entrada en vigencia de este último decreto, a los
miembros del cuerpo de custodia y vigilancia Penitenciaria y
Carcelaria Nacional se les aplicará el régimen de alto riesgo
contemplado en el mismo. A quienes ingresaron con anterioridad
a dicha fecha se aplicará el régimen hasta ese entonces vigente
para dichas personas por razón de los riesgos de su labor, este
es el dispuesto para el efecto por la Ley 32 de 1986, para lo cual
deben haberse cubierto las cotizaciones correspondientes”
(Negrilla fuera de texto original).

De lo anterior se puede concluir, que a los miembros del cuerpo
de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional que
ingresaron con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
2090 de 2003, esto es, al 28 de julio de 2003, se les aplica el
régimen especial dispuesto en la Ley 32 de 1986, y quienes
ingresaron con posterioridad a la fecha en mención, son
beneficiarios de la pensión de vejez establecida en el citado
Decreto.

De lo anterior se puede concluir, que a los miembros del cuerpo
de custodia y vigilancia penitenciaria y carcelaria nacional que
ingresaron con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto
2090 de 2003, esto es, al 28 de julio de 2003, se les aplica el
régimen especial dispuesto en la Ley 32 de 1986, y quienes
ingresaron con posterioridad a la fecha en mención, son
beneficiarios de la pensión de vejez establecida en el citado
Decreto.

Sin embargo, para ser beneficiario de la norma anterior, no solo
se requiere acreditar haberse vinculado con anterioridad a la
entrada en vigencia del mencionado Decreto, sino que además
deben cumplirse los demás requisitos que señala el artículo 6°,
que contempla el régimen de transición, el cual consiste en que
quienes a la entrada en vigencia del Decreto (28 de julio de
2003) hubiesen aportado 500 semanas de cotización especial,
tendrán derecho a que “una vez cumplido el número mínimo de
semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la
pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las
actividades de alto riesgo”.

[…]

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Se advierte igualmente, que el Máximo Tribunal Constitucional
declaró la exequibilidad condicionada del artículo 6º del Decreto
2090 de 2003, a través de la Sentencia C-663 de 2007, en
cuanto a la interpretación de las semanas de cotización especial
a que hace referencia el citado artículo:

[…]

Los dos aspectos anteriores, esto es, que las 500 semanas que
exige el Decreto 2090 de 2003, pueden ser en cualquier
actividad de alto riesgo y que no hay que cumplir los requisitos
del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para aplicar la transición
de dicho decreto, fueron reiterados por el Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, en Sentencia de
Unificación del 28 de julio de 2022, la cual si bien analizó el
régimen especial del DAS, se trae a colación, por cuanto analizó
el régimen de transición del Decreto 2090 de 2003, y señaló:

[…]

4. Decisión del caso.

[…]

En el presente asunto el actor inició labores en el INPEC el 24 de
octubre de 1996, por lo que al 28 de julio de 2003, únicamente
acreditaba 347.04 semanas de cotización, por lo que, el actor no
cumple con el requisito de las 500 semanas previsto en el
artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 y por ende, no es
beneficiario del régimen de transición, circunstancia que
imposibilita la remisión al régimen pensional anterior, previsto
en la Ley 32 de 1986.

[…]

En el sub lite, se observa que a la fecha el actor tiene 49 años
de edad, ya que nació el 1 de agosto de 1973 (Fl. 9), es decir,
que el demandante no acredita los 55 años de edad que exige el
Decreto 2090 de 2003, y adicionalmente tampoco cumple con el
número de semanas requeridas para pensionarse, esto es,
1.300, pues para el 31 de diciembre de 2018 – fecha en la cual
se aceptó la renuncia presentada por el accionante, acumulaba
22 años, 2 meses y 7 días, es decir, solamente 1.140.8 semanas.

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En este orden de ideas, el demandante no tiene derecho a que
Colpensiones le reliquide la pensión de vejez con el régimen
pensional contemplado en la Ley 32 de 1986, y con inclusión de
los factores previstos en el Decreto 1045 de 1978, ni con el
previsto en el Decreto 2090 de 2003, por ende, se revocará la
decisión impugnada que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda […]”.

De acuerdo con lo expuesto en cita, la Sala advierte que el

TRIBUNAL no pasó desapercibido el texto del acto legislativo 01 de

2005, en cuanto adicionó el artículo 48 de la Constitución Política,

sino que por el contrario analizó dicha norma como parte del marco

jurídico de las pensiones de los empleados del INPEC, para concluir

que conforme con este y la jurisprudencia del Consejo de Estado los

exservidores de dicha entidad que pretendan beneficiarse del

régimen previsto en la Ley 32 de 1986, deben cumplir con los

requisitos especiales dispuestos en los artículos 6° del Decreto 2090

de 2003 y 36 de la Ley 100 de 1993.

A partir de dicha conclusión general el TRIBUNAL estableció que el

actor no era beneficiario del régimen de transición que permitiera la

aplicación de la Ley 32 de 1986, porque a la entrada en vigencia del

Decreto 2090 de 2003 no había cotizado 500 semanas.

Corolario a lo anterior, la Sala advierte que, en efecto, la acción de

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tutela de la referencia es improcedente por falta del requisito

general de la relevancia constitucional, porque a través de esta

lo que pretende el actor es cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional al

proceso ordinario, sin que en todo caso se vislumbre que la autoridad

accionada pudo haber actuado de forma abiertamente arbitraria o

desbordado los límites del principio de la autonomía judicial.

Lo anterior comoquiera que la divergencia planteada por el actor

subyace del hecho de que insiste en la aplicación exclusiva del acto

legislativo 01 de 2005, aspecto que ya fue resuelto de forma

admisible y razonable por parte de la autoridad judicial accionada.

Cabe anotar que, respecto de la obligatoriedad del cumplimiento de

los requisitos para la aplicación del régimen de transición previsto en

el Decreto 2090 de 2003, a efectos del reconocimiento de pensiones

conforme con la Ley 32 de 1986 y el alcance del acto legislativo 01

de 2005, en sentencia de 10 de diciembre de 201816, esta Sala

señaló:

16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de
diciembre de 2018, CP Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación 11001 03
1500020180352301.

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“[…] 89. De lo anterior se colige que el Decreto 2090 de 2003
ofrece un trato especial para el reconocimiento de las pensiones
de vejez de alto riesgo, que consisten en: i) edad de 55 años
para pensionarse, la cual se puede disminuir 1 año por cada 60
semanas de cotización especial, adicionales a las minimas
requeridas en el Sistema General, sin que la edad pueda ser
menor a 50 años y ii) el monto de cotización para efectos de
adquirir estas pensiones, y dice que será "el previsto en la Ley
100 de 1993, más diez (10) puntos adicionales a cargo del
empleador, sin que, conforme el parágrafo 5.0 del Acto
Legislativo 01 de 2005 y la interpretación desarrollada por la
Corte Constitucional en la citada sentencia, pueda equipararse a
la totalidad de un régimen especial o exceptuado, en la medida
que hace parte del régimen de prima media con prestación
definida de la Ley 100 de 1993.

90. Por tanto, como lo señaló el Tribunal accionado
cuando el Acto legislativo 01 de 2005 dispone que a
quienes se vincularon antes del 28 de julio de 2003 se les
aplica el régimen hasta ese entonces vigente por razón de
los riesgos de su labor, hace clara referencia a la
protección de las expectativas legítimas que ampara el
régimen de transición regulado en el artículo 6° del
Decreto Ley 2090 de 2003, que a su vez exige el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el
artículo 36 de la Ley 100 de 1993 […]”.

De igual forma, frente a dicho asunto, en el contexto de un proceso

ordinario, con ponencia de la Consejera Sandra Lisset Ibarra Vélez,

en sentencia de 23 de octubre de 202017, la SECCIÓN SEGUNDA de

esta Corporación precisó:

“[…] 62. En el sub judice se tiene que el actor inició labores en
el INPEC el 4 de abril de 1994, por lo que al 28 de julio de 2003,
fecha en la que entro a regir el Decreto 2090 de 2003,
únicamente acreditaba 486 semanas de cotización,

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda -Subsección B-,
sentencia de 23 de octubre de 2003, CP Sandra Lisset Ibarra Vélez, número único de radicación 47001-
23-33-000-2017-00025-01(4414-17).

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incumpliendo los supuestos de la norma para, en virtud del
régimen de transición del mencionado decreto, obtener el
derecho pensional bajo las disposiciones de la Ley 32 de 1986.

63. En este estado, para la Sala es importante recordar que lo
dispuesto en el parágrafo transitorio 5º del artículo 48 de la
Constitución Política, adicionado por el artículo 1º del Acto
Legislativo 01 de 2005, no desconoce lo dispuesto en el artículo
140 de la Ley 100 de 1993 ni en el Decreto 2090 de 2003, por
lo que el régimen de transición establecido en este decreto
seguirá produciendo efectos para la aplicación de la Ley 32 de
1986 para el reconocimiento pensional, para lo cual deben
haberse cubierto las cotizaciones correspondientes […]”.

Lo anterior significa que lo pretendido por el actor es que el juez de

tutela haga un nuevo examen de la situación fáctica y jurídica del

caso, con la finalidad de que se corrija el análisis que hizo la autoridad

judicial accionada y se acoja la interpretación que propone.

Cabe agregar que esta Sección, en otras oportunidades, ha declarado

improcedentes acciones de tutela cuando la cuestión litigiosa no

resulta ser de verdadera relevancia constitucional, debido a que se

centra en reabrir un debate judicial debidamente clausurado. Tal fue

el caso de la providencia de 9 de febrero de 201718, en la que se

indicó:

“[…] En el caso objeto de estudio, la Sala observa que no
se cumple con los requisitos arriba expuestos, lo cual
genera que la solicitud de amparo tutelar se torne

18
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001-03-15-000-2016-03249-00, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés.

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improcedente, toda vez que lo pretendido por la parte actora
es reabrir nuevamente el debate y/o la discusión jurídica sobre
cuestiones estrictamente legales que ya fueron discutidas y
falladas en el trámite del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, con radicado No. 11001-33-31-015-2011-
00427-00, por parte de los jueces de dicha causa, con
pleno desconocimiento de que el objeto del juicio de
amparo constitucional no es otro que la defensa de los
derechos fundamentales y no la revisión de la legalidad de
las decisiones de la justicia ordinaria […]”.(Resaltado fuera
del texto).

Igualmente, en providencia de 29 de agosto de 201819, sostuvo lo

siguiente:

“[…] En torno a la decisión de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, lo que se evidencia es su insistencia en
el argumento de la falta de competencia del funcionario que
decidió su retiro de la institución, aspecto que fue
precisamente el que revisó la Sección Segunda, Subsección “B”
del Consejo de Estado en sede de revisión, y frente a la cual
indicó de manera clara, que se trataba de un punto nuevo
que no había sido presentado en su momento en el escrito
de apelación, por lo que el recurso extraordinario no
estaba diseñado para convertirse en una tercera instancia.
Y se tiene que estos argumentos resultan válidos y
razonables.

Es por ello que no se advierte la existencia de una cuestión que
sea de verdadera relevancia constitucional que conlleve la
presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor,
sino la reiteración de planteamientos que, por lo menos en
sede de revisión ya fueron estudiados por el juez natural y que
no pueden volver a ser analizados ahora en sede de tutela, pues
esta acción constitucional tiene por objeto la protección

19
Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, número único
de radicación 11001 03 15 000 2018 02380 00, CP: María Elizabeth García González.

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inmediata de derechos de rango fundamental que se
encuentren vulnerados, lo cual no sucede en este caso
[…]” (Destacado de la Sala).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales del actor, sino

una divergencia dirigida a cuestionar una decisión judicial como si

este mecanismo se tratase de un recurso o instancia adicional, en

relación con aspectos legales que fueron resueltos de forma

admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de

tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que la interpretación y consideraciones que

efectúe la autoridad que conoce un asunto, se deben respetar por el

juez de tutela, quien no puede desconocer la decisión que adopte el

juez natural dentro del ámbito de sus competencias, lo cual sólo es

dable cuando se vulneran derechos fundamentales, lo que en el

presente caso no se encontró probado.

En consecuencia, comoquiera que el a quo declaró improcedente la

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acción de tutela de la referencia por no cumplir el requisito general

de la relevancia constitucional, la Sala confirmará el fallo impugnado,

como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo impugnado, por las razones

señaladas en esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

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Actor: JUAN PABLO RENDÓN RINCÓN

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 13 de diciembre de 2023.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia

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