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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05564-01

Fecha
13 de diciembre de 2023
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05564-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 26 de octubre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 36 Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01 Actor: Guillermo León Uribe Gallo

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-05564-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

13 de diciembre de 2023

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial/ falta del cumplimiento del
requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

Derechos Fundamentales Invocados: i) Seguridad social, ii) igualdad, iii) acceso
a la administración de justicia y iv) debido proceso

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de tutela
del 26 de octubre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual declaró improcedente la acción de tutela.

La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la
Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.

I. ANTECEDENTES

La solicitud

1. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Sala Tercera
de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al proferir

2

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

la sentencia de 18 de agosto de 2023, en el proceso adelantado en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 050013333024202200097-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, presentó demanda contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el
Departamento de Antioquia, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, con el fin de que: i) se declarara la nulidad del acto
administrativo núm. ANT2021EE035933 de 3 de septiembre de 2021, por medio del
cual se negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora, por la no
consignación oportuna de las cesantías en los términos de la Ley 50 de 28 de
diciembre de 19901 y la indemnización por el pago tardío de los intereses a las
cesantías contempladas en la Ley 52 de 18 de diciembre de 19752.

4. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín profirió sentencia
de primera instancia el 6 de diciembre de 2022, negando las pretensiones de la
demanda.

5. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia profirió
sentencia de segunda instancia el 18 de agosto de 2023, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia n.° 334 del 6 de diciembre de 2022,
proferida por el Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín, de
conformidad con lo expuesto en las consideraciones.

SEGUNDO: Sin condena en costas en esta instancia. […]”.

1
“Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”.
2
“Por la cual se reconocen los intereses anuales a las cesantías de los trabajadores particulares”.

3

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

6. La Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia consideró lo
siguiente:

“[…] La Sala considera, al igual que el a quo, que, de conformidad con el marco
normativo y jurisprudencial expuesto previamente, el demandante no tiene derecho
al reconocimiento y pago de la sanción por mora en la consignación de las
cesantías, establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, ni al reconocimiento y
pago de la indemnización, por el no pago de los intereses a las cesantías, que se
encuentra establecida en el artículo 1° de la Ley 52 de 1975, por las siguientes
razones:

i. Los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio cuentan con un régimen especial para el reconocimiento,
liquidación y pago de sus cesantías e intereses a las cesantías, consagrado
en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo n.° 39 de 1998.

ii. En el régimen especial de la Ley 91 de 1989, no se encuentra la obligación
de consignar las cesantías a más tardar el 14 de febrero de cada año,
tampoco se consagra la sanción por mora en la consignación de las
cesantías (artículo 99 de la Ley 50 de 1990) o la indemnización por el no
pago de los intereses a las cesantías (artículo 1° de la Ley 52 de 1975).

iii. Los fondos privados de cesantías creados a través de la Ley 50 de 1990 y
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio creado por la Ley
91 de 1989, tienen naturaleza y finalidades distintas, pues los recursos de
este último son manejados bajo el concepto de unidad de caja, sin que sea
procedente consignarle a cada docente, en una cuenta individual, sus
cesantías, ya que todos los recursos que ingresan al Fondo del Magisterio
son destinados a cubrir las prestaciones económicas cuando estas sean
exigibles.

iv. La liquidación de los intereses a las cesantías en el FOMAG se realiza sobre
el acumulado total de las existentes al 31 de diciembre de cada año; mientras
que, en los fondos privados, los intereses se calculan respecto a la suma
causada en el año anterior o en la fracción que se liquida.

v. Las conclusiones de la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional
no resultan aplicables al demandante, toda vez que esta decisión analizó
unos supuestos fácticos y jurídicos diferentes, se trataba de un docente
nombrado en provisionalidad, a quien se le terminó su vinculación, le
liquidaron sus prestaciones sociales definitivas y no estuvo afiliado al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; en este caso se trata de
un docente a quien no se le ha terminado su relación laboral y que se
encuentra afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio. […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. El actor solicitó en su escrito de tutela:

4

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

“[…]1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la
sentencia proferida el día 25/08/2023 (sic), en el expediente rad. No.
05001333302420220009700, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E
INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA
A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO
JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las
razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante
jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción
contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes
judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098
de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado
mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción
por mora como fue solicitada en la demanda, de acuerdo a los postulados
establecidos en los siguientes expedientes:

3. CORTE CONSTITUCIONAL

RADICADO MAGISTRADOS
No. FECHA MAGISTRADO PONENTE
EXPEDIENTE
DECISIÓN
Exp. T- SENTENCIA DE
1 6.736.200 17 de octubre de Dra. GLORIA STELLA ORTIZ UNIFICACIÓN 098/2018
2018 DELGADO DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T- SENTENCIA DE
2 5904426 y otros 25 de julio de Dr. GLORIA STELLA ORTIZ UNIFICACIÓN 332/2019
2019 DELGADO DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T- SENTENCIA DE
3 7.182.312 y 6 de febrero de Dr. LUIS GUILLERMO UNIFICACIÓN 041/2020
otros 2020 GUERRERO PÉREZ DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
CONSEJO DE ESTADO

RADICADO
CONSEJEROS
No. EXPEDIENTE FECHA MAGISTRADO PONENTE
FIRMANTES
DECISIÓN
08001-23-33-
SENTENCIA DE
1 000-2013- 6 de agosto de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA UNIFICACIÓN DEL
00666-01
CONSEJO DE ESTADO
(0833-16)
76001-23-31-
Dr. CÉSAR PALOMINO
000-
CORTÉS - Dr.
2 200900867-01,
24 de enero de Dra. SANDRA LISETH IBARRA CARMELO PERDOMO
No.
2019 CUÉTER
Interno:
4854-2014
11001-03-15- Dr. JAIME ENRIQUE
3 000-2018- 17 de junio de 2019 Dr. NICOLAS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS –
04617-01 Dr. GUILLERMO
SANCHEZ LUQUE

5

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

11001-03-15- Dra. NUBIA MARGOTH
4 000-2018- 28 de junio de 2019 Dr. ROBERTO AUGUSTO PEÑA GARZÓN – Dr.
04679-01 SERRATO VALDÉS HERNANDO SANCHEZ
SÁNCHEZ
Dr. JAIME ENRIQUE
11001-0315-
5 29 de julio de Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS - Dr.
000-2018-
2019 GUILLERMO
03499-01
SÁNCHEZ LUQUE
08001 23 33 Dr. WILLIAM
6 000 2014 HERNÁNDEZ
00173-01 2 de diciembre de Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ GÓMEZ - Dr.
(1688-16) 2019 VARGAS GABRIEL
VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
08001-23-33-
7 10 de junio de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS - Dr.
000-2014-
CARMELO PERDOMO
00208-01 CUÉTER
Dr. RAFAEL FRANCISCO
08001-23-31-
8 22 de octubre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2014-
2020 GABRIEL
00254-01
VALBUENA HERNÁNDEZ
(4960-2017)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
9 08001-23-33- 12 de noviembre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2014- 2020 GABRIEL VALBUENA
00132-01 HERNÁNDEZ

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
10 08001 23 31 17 de junio de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000 2014 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
00815 VARGAS
01 (4979–2017)
Dra. SANDRA LISSET
08001-23-33-
11 17 de junio de 2021 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ - Dr.
000-2015-
CARMELO PERDOMO
00331-01
CUÉTER
Dr. RAFAEL FRANCISCO
19001-23-33-
12 4 de noviembre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
2021 GABRIEL VALBUENA
00445-
HERNÁNDEZ
02(0483-
20)
08001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
13 000-2014- 25 de noviembre de Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS - Dr.
01127-01 2021 CARMELO PERDOMO
(1002-2021) CUÉTER

Dr. RAFAEL FRANCISCO
40001-23-40-
14 25 de noviembre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2017-
2021 GABRIEL
00134-01
VALBUENA HERNÁNDEZ
(2208-2020)
Dr. RAFAEL FRANCISCO
080001-23-40-
15 11 de noviembre de Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
2021 GABRIEL VALBUENA
90008-01
HERNÁNDEZ
(2387-2020)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-40-
16 11 de noviembre de Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000-2014-
2021 HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
90022-01
VARGAS
(5154-2016)
Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-33-
17 20 de enero de 2022 Dr. GABRIEL VALBUENA GÓMEZ - Dr. RAFAEL
000-2017-
HERNÁNDEZ FRANCISCO SUÁREZ
00931-01
VARGAS
(1001-2021)

6

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

Dr. RAFAEL FRANCISCO
080001-23-33-
18 3 de marzo de 2022 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
000-2015-
GABRIEL VALBUENA
00075-01
HERNÁNDEZ
(2660-2020)
76001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
19 000-2013- 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER CORTÉS - Dra. SANDRA
00756-01 LISETH IBARRA
(2224-2020)

Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ
080001-23-40-
20 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ GÓMEZ - Dr. GABRIEL
000-2017-
VARGAS VALBUENA HERNÁNDEZ
00795-01
(2659-2020)
47-001-23-33- Dr. CÉSAR PALOMINO
21 000-2019- 19 de mayo de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS - Dr.
00359-01 CARMELO PERDOMO
(4004-2021) CUÉTER

22 47-001-23-33- 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA Dr. CÉSAR PALOMINO
000-2019- CORTÉS - Dr. CARMELO
00376-01 PERDOMO CUÉTER
(4462-2021)
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET
23 000-2015- 22 de Agosto de Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VELEZ – Dr.
00509-01 2022 CARMELO PERDOMO
(2140-2020) CUÉTER
08001-23-33- Dr. SANDRA LISSET
24 000-2015- 22 de Septiembre de Dr. CESAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VELEZ – Dr.
90124-01 2022 CARMELO PERDOMO
(2394-2020) CUÉTER
76001-23-31- DR. RAFAEL
25 000-2012- 19 de enero de 2023 Dr. WILLIAM HERNANDEZ GOMEZ FRANCISCO SUAREZ
00212-02 VARGAS – Dr. GABRIEL
(4470-2021) VALBUENA
HERNANDEZ
47001-23-33- DR. WILLIAM
26 000-2018-0231- 26 de enero 2023 DR. RAFAEL FRANCISCO GOMEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ –
01 (0871-2020) DR. GABRIEL
VALBUENA
HERNANDEZ

[…]”.

8. El actor en su escrito de tutela señaló que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Antioquia incurrió en un i) defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente judicial y en la causal de ii) violación directa de la Constitución.

Actuación

9. El Despacho sustanciador de la Sección Quinta del Consejo de Estado, a través
de auto de 2 de octubre de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar
al Tribunal Administrativo de Antioquia; y iii) vinculó al Juzgado Veinticuatro
Administrativo del Circuito de Medellín, a la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a la Fiduciaria

7

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

La Previsora S.A. y al Departamento de Antioquia en calidad de terceros con
interés legítimo, concediéndoles el término de dos (2) días para que rindieran
informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. La Fiduciaria La Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora del
Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
solicitó que se le desvinculara del presente trámite de tutela, toda vez que se
configuró la falta de legitimación en la causa por pasiva.

11. El Tribunal Administrativo de Antioquia señaló que:

“[…] Dentro de la oportunidad concedida, me permito dar respuesta a la acción
constitucional de la referencia, señalando que se debe declarar la improcedencia de
la misma, teniendo en cuenta que no se cumple con el requisito de relevancia
constitucional.

Se cuestiona una decisión de segunda instancia proferida en un medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral, relacionada con el
reconocimiento de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 en favor
de los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio; al respecto, en la sentencia SU-573 de 2019 de la Corte Constitucional,
se indicó que la discusión sobre la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50
de 1990 versa sobre una cuestión meramente legal, con una connotación de
contenido patrimonial que no involucra la protección de derechos fundamentales, lo
que impide que el análisis del caso se realice bajo los principios de favorabilidad e
igualdad, en la medida que el asunto no trasciende la esfera de lo constitucional;
criterio que, además, ha sido acogido por el Consejo de Estado, declarando la
improcedencia de las tutelas por no superarse el requisito de relevancia
constitucional

Adicionalmente, en la sentencia cuestionada a través de esta tutela se destacó que
no existe una sentencia de unificación del Consejo de Estado, por lo tanto, en
aplicación de los principios de autonomía e independencia judicial, se acogió la
postura según la cual los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio tienen una regulación especial en la Ley 91 de
1989 para el reconocimiento, liquidación y pago de sus cesantías e intereses, por lo
que no tienen derecho a la sanción por mora en la consignación de sus cesantías,
en los términos de la Ley 50 de 1990; agregando que no resultaba aplicable la
sentencia SU-098 de 2018, por referirse a supuestos fácticos diferentes.

Finalmente, la parte accionante está utilizando la acción de tutela como una tercera
instancia, lo que refuerza la carencia de la relevancia constitucional desarrollada por
la Sala Plena del Consejo de Estado en la sentencia del 5 de agosto de 2014
(Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01), en donde se indica que la
tutela no puede constituir una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada. […]”.

8

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

12. El Departamento de Antioquia señaló que:

“[…] Es importante resaltar que la acción de tutela es una acción residual, subsidiaria
y en tratándose de decisiones judiciales, como lo ha expuesto la Corte
Constitucional, ha de demostrarse que el asunto ostenta una evidente relevancia
constitucional, circunstancia que NO se advierte en el presente caso pues NO se
vislumbra la vulneración a ningún derecho fundamental ni tampoco la violación
flagrante a la Carta Constitucional.

El legislador ha establecido un procedimiento especial encaminado a dirimir
conflictos a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en
el cual se observa que se respetó el debido proceso, sintetizado en la legalidad del
Juez, legalidad de la audiencia y legalidad de las formas y NO se vio desdibujado
con la decisión que se ataca, pues como se indicó los jueces competentes analizaron
la normativa y la jurisprudencia aplicable según la situación fáctica del accionante y
sustentó el motivo de la no aplicación de la sentencia de unificación alegada por la
parte activa.

En consecuencia, se actuó conforme las posibilidades jurídicas con las que cuenta
el operador judicial, por lo que no existe vulneración alguna a la Carta Constitucional,
cuando un Juez de la República dentro de su autonomía judicial y sustentado en el
ordenamiento jurídico considere fundadamente que no le asiste la razón a los
demandantes y niegue las pretensiones de la demanda.

De tal suerte, no puede afirmarse que por el simple hecho de no encontrarse el
accionante de acuerdo con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo de
Antioquia se vulnere automáticamente derechos fundamentales. […]”.

[…]

“[…] Puesto que tal como lo considerara la Corte Constitucional en la sentencia
referida y el Consejo de Estado en sentencia de unificación CE-SUJ2 No. 001/16, no
es plausible predicar violación al derecho a la igualdad en el régimen de cesantías
docentes con referencia a otros regímenes, porque ni siquiera es dable agotar el
primer elemento del juicio integrado de igualdad atinente a la existencia de un patrón
de igualdad o tertium comparationis. En este punto, se remite al artículo 13 de la Ley
344 de 1996, norma que de manera diáfana excluye de su aplicación a los docentes
que se rigen por la Ley 91 de 1989, lo que reafirma el carácter especial del régimen
de cesantías de esta ley, al señalar “(…) Sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91
de 1989 (…)” a partir del 31 de diciembre de 1996 se establece la liquidación
definitiva de cesantías por anualidad. Y que de ninguna manera podría considerarse
que con la entrada en vigor de la Ley 344 de 1996, se haya subrogado la Ley 91 de
1989. Ese carácter especial del régimen de cesantías docente lo hace incompatible
con la aplicación de la sanción moratoria del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la
indemnización del artículo 1 de la Ley 52 de 1975. […]”.

[…]

“[…] En este orden de ideas, el cargo por vulneración del derecho a la igualdad no
está llamado a prosperar por la sencilla razón de que, no sólo se trata de un régimen
especial, que comprende aspectos prestacionales (cesantías y vacaciones) y de
seguridad social (pensiones y salud), basado en sus propias reglas, principios e
instituciones, sino que además no existe el alegado impago de los intereses a las
cesantías; lo que sucede es que, simplemente la manera como se liquidan y pagan
aquellos es distinta a la regulada en la Ley 50 de 1990, sin que por ello se configure
discriminación alguna. […]”.

9

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

[…]

“[…] En el caso objeto de estudio, quedó plenamente probado en el plenario, que la
demandante tiene la calidad de docente oficial, con vinculación nacional, afiliada al
FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, y que su
régimen de cesantías es el anualizado, tal como se desprende del certificado
aportado por la parte actora.

Derivado de lo anterior, la docente demandante está sujeta al régimen de cesantías
previsto en la Ley 91 de 1989, que resulta incompatible con las figuras de la sanción
por mora en la consignación de cesantías y la indemnización por el no pago oportuno
de intereses a las cesantías dispuestas en la Ley 50 de 1990, la Ley 52 de 1975 y
en el Decreto 1176 de 1991, ello, bajo el principio de la inescindibilidad normativa,
como anteriormente se explicó.

En este orden de ideas, no es posible beneficiarse de sanciones dispuestas en el
régimen general de los empleados públicos, que atienden a términos de
consignación, entidades depositarias, y sujetos activos de la consignación de
cesantías diferentes a los reglados en su régimen docente que, en ocasiones, le es
más beneficioso. […]”.

[…]

“[…] Como conclusión final, se tiene que, el régimen de cesantías y de intereses a
las cesantías de los docentes oficiales, excluye la aplicación de regímenes aplicables
a otros servidores públicos, en particular, el de empleados públicos del nivel nacional
y territorial, como lo pretende la parte actora, con la aplicación de la sanción por mora
en la consignación de las cesantías, en los términos del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 y de una indemnización por no pago de intereses a las cesantías en virtud del
artículo 1° de la Ley 52 de 1975; sin que con ello se restrinjan o vulneren derechos
constitucionales del sector docente, y por ende, se puede predicar la ilegalidad del
acto administrativo que dio origen a la presente acción. […]”.

13. El Ministerio de Educación Nacional manifestó que:

“[…] Puntualizando, se puede indicar que, de acuerdo con el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela, ésta resulta improcedente cuando es utilizada
como mecanismo alternativo de los medios judiciales ordinarios de defensa previstos
por la ley. Sin embargo, en los casos en que existan medios judiciales de protección
ordinarios al alcance del actor, la acción de tutela será procedente si el juez
constitucional logra determinar que: (i) los mecanismos y recursos ordinarios de
defensa no son suficientemente idóneos y eficaces para garantizar la protección de
los derechos presuntamente vulnerados o amenazados; (ii) se requiere el amparo
constitucional como mecanismo transitorio, pues, de lo contrario, el actor se vería
frente a la ocurrencia inminente de un perjuicio irremediable frente a sus derechos
fundamentales; y, (iii) el titular de los derechos fundamentales amenazados o
vulnerados es sujeto de especial protección constitucional.”(Subraya y negrilla fuera
del texto original) […]”.

[…]

“[…] Si bien en su argumentación el accionante presenta la presunta vulneración del
derecho al debido proceso y la transgresión de algunos principios de naturaleza
constitucional, el actor no logra edificar una fundamentación clara sobre la concreta

10

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

relevancia constitucional y la necesidad de la intervención del juez de amparo para
hacer cesar las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados,
ello atendiendo que no basta con mencionar que se viola el debido proceso, sino que
debe asumirse una carga argumentativa mayor que demuestre una real y concreta
amenaza o vulneración a los derechos fundamentales, vale recordar que como lo
establece sentencia SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado.

Nótese que en este caso no se demuestra que las vulneraciones a las garantías
procesales y fundamentales invocadas comprometan gravemente la existencia o
supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia; además,
tampoco se acreditó que exista una vulneración indirecta de los derechos
fundamentales de las personas naturales que tienen relación con la tardanza en la
respuesta a sus solicitudes, tal y como lo ha expuesto la jurisprudencia de la Corte.
[…]”.

[…]

“[…] El defecto cuya remoción se persigue por vía de la acción de tutela debe
conllevar, en forma inmediata, la violación de uno o múltiples derechos
fundamentales, lo cual determina que sólo las decisiones judiciales cuyos efectos
trasciendan el campo de los anotados derechos, en detrimento de éstos, pueden ser
atacadas mediante la acción de tutela, no obstante, los jueces ante quienes se
solicita están obligados a examinar de manera rigurosa el caso para no desvirtuar
los principios de autonomía funcional de la jurisdicción y de la cosa juzgada. […]”.

14. El Juzgado Veinticuatro Administrativo del Circuito de Medellín allegó copia
digital del expediente del proceso adelantado en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de
radicación 05001-33-33-024-2022-00097-00.

La sentencia impugnada

15. La Sección Quinta del Consejo de Estado mediante sentencia del 26 de octubre
de 2023, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por el
Ministerio de Educación Nacional, el departamento de Antioquia y la Fiduciaria La
Previsora S.A.

SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Guillermo León Uribe Gallo contra el Tribunal Administrativo de Antioquia. […]”.

16. La Sección Quinta del Consejo de Estado consideró que:

“[…] La Sala advierte que en el sub examine no se cumple el presupuesto de la
referencia, para lo cual resulta pertinente recordar que en principio esta colegiatura
otorgaba relevancia constitucional a toda pretensión que, en sede de tutela,
estuviera relacionada con una controversia en torno al amparo de un derecho o

11

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

garantía de rango fundamental, como lo son las cesantías; no obstante, en asuntos
como el caso en concreto, se ha sostenido que las pretensiones que versen sobre
derechos de índole estrictamente económico, al no encontrarse ligados a la
satisfacción de una garantía de dicha naturaleza, se tornan improcedentes frente
al amparo constitucional12 .

El anterior lineamiento acogido por esta magistratura se ha construido en estricto
seguimiento de lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 del
año 201913, providencia cuyos elementos fácticos guardan identidad con el asunto
examinado, dado que versó sobre tres solicitudes de amparo contra decisiones
judiciales que no accedieron a la pretensión de reconocer sanción moratoria por el
pago tardío de cesantías. […]”.

[…]

“[…] En ese orden, es claro que a través de esta solicitud de amparo se pretende
que se dicte una decisión que deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del
proceso ordinario, para que, en su lugar, se ordene en favor del señor Guillermo
León Uribe Gallo el reconocimiento del monto equivalente a la sanción moratoria por
el presunto pago inoportuno de sus cesantías, lo cual deja en evidencia que el fin
perseguido consiste en hacer efectiva una prestación de índole estrictamente
patrimonial, cuya ausencia de reconocimiento no configura un menoscabo o
vulneración de alguna garantía fundamental.

En ese orden, conforme a los pronunciamientos de unificación de la Corte
Constitucional y del Consejo de Estado antes referidos, los cuales son aplicados por
esta judicatura, es claro, sin que resulte necesario analizar otros aspectos, que la
petición de tutela en estudio resulta improcedente por el incumplimiento del
presupuesto de la relevancia constitucional. […]”.

La impugnación

17. El actor impugnó la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de
Estado. En ese orden de ideas señaló lo siguiente3:

“[…] Así entonces, se evidencia que por parte del Consejo de Estado en un reciente
pronunciamiento del 23 de marzo de la presente anualidad ya analizó un caso con
una idéntica naturaleza al que nos ocupa, encontrando superados los requisitos de
procedibilidad de la tutela y de manera específica consideró que el juzgador de
segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente; razón por la cual,
solicito comedidamente en igual sentido se profiera sentencia de tutela dentro del
presente asunto, teniendo en cuenta la providencia mencionada. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, se evidencia que: i) en el presente asunto se agotaron todos los
medios de defensa ordinarios y extraordinarios que se tenían al alcance, pues se
controvirtió la presente situación en sede de la actuación administrativa, sino
también en la judicial, interponiendo todos los recursos que legalmente procedían;
por ejemplo, el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, ii) en
cuanto al requisito de inmediatez, el mismo se encuentra acreditado, pues basta con
observar la fecha de notificación del fallo de segunda instancia proferido por el

3 Transcripción literal del texto del escrito de impugnación.

12

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

Tribunal Administrativo de Boyacá y la fecha de radicación de la presente acción de
tutela, para poder evidenciar el término razonable para solicitar mediante esta acción
constitucional la protección de los derechos fundamentales, iii) se justificó de
manera razonable los hechos que consideraron violatorios de los derechos
fundamentales de mi poderdante, pues al analizar el escrito de acción de tutela es
notorio que si se realizó este ejercicio, pues se analizaron los argumentos que
propenden evidenciar una violación directa a la Constitución en que incurrieron los
fallos objetos de estudio, es decir, la falta de reconocimiento de la sanción moratoria
reglada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación del auxilio de
cesantías en el respectivo fondo, teniendo como argumento la configuración de los
defectos sustantivos que tiene directa relación con la violación directa de la
Constitución, ya que la solicitud de aplicación de la Ley 50 de 1990 encuentra su
sustento en el desconocimiento del principio de favorabilidad, y de igual forma se
analizaron los motivos por los cuales en el presente asunto se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, TODO EN CONSONANCIA, con la abundante
jurisprudencia que en el caso específico de los docentes de manera reiterada se ha
expresado y se plasmó en el líbelo de la acción de tutela y iv) el presente asunto no
versa sobre una irregularidad procesal, así como tampoco se radicó esta acción de
tutela contra una sentencia de esa misma índole.. […]”.

[…]

“[…] En consecuencia, en esta oportunidad el Honorable Consejo de Estado
consideró que el asunto si goza de relevancia constitucional, en tanto, se deberá
analizar si el fallo objeto del recurso de amparo desconoció los derechos
fundamentales de la accionante, al no tener en cuenta el régimen aplicable a los
docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio
de cesantías. […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, es importante que el Despacho tenga en cuenta que, al no estar
garantizados los recursos de las cesantías en el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, los docentes no tienen garantía de la prestación. En ese
orden de ideas, es menester señalar que el eje central del presente recurso de
amparo consiste justamente en esa vulneración que existe en contra de los
docentes, pues al no poder disponer del auxilio de cesantías, se está
transgrediendo el derecho fundamental de la seguridad social, y es que esta
prestación social es una modalidad de protección del trabajador cesante y su
familia, de conformidad con los artículos 42 y 48 de la Constitución Nacional. A su
turno, la Ley 50 de 1990, que regula el auxilio de cesantías para los trabajadores
del sector privado, dispone que existen tres mecanismos de liquidación diferentes,
así: El primero de ellos consiste en el sistema tradicional reglado por los artículos
249 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, aplicable a todos los
trabajadores vinculados por contrato laboral antes del 1° de enero de 1991; el
segundo de ellos, el sistema de liquidación definitiva anual y manejo e inversión a
través de los fondos de cesantías creados por la Ley, aplicable para los
trabajadores vinculados por contrato laboral a partir del 1° de enero de 1991 y
aquellos que se vinculen al nuevo sistema; y en tercer lugar, el sistema de salario
integral el cual se aplica a todos aquellos trabajadores nuevos y antiguos que
devenguen más de 10 SMLMSV y quienes pacten con su empleador el pago de un
salario integral que contenga además de la retribución ordinaria de servicios, el
pago periódico de otros factores salariales y prestacionales, incluida por supuesto
la cesantía. […]”.

[…]

13

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

“[…] Ahora, descendiendo al caso en concreto, es aplicable el régimen anualizado
de cesantías para los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es decir que,
se deberá afiliar y realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya que la
consignación es la única manera de garantizar el acceso a la prestación, pues tal
sistema solo puede ser equitativo si los trabajadores pueden contar con su pago
de forma oportuna para poder disponer del auxilio de cesantías en cualquiera de
los eventos en que se permite su utilización, es decir, ante el desempleo, financiar
educación superior, y adquisición, construcción, mejora o liberación de vivienda.

Corolario a lo anterior, una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción
moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros servidores
públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, y tal
distinción entre unos y otros, viola el derecho a la igualdad, pues los docentes del
señor oficial tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica dentro
de los trabajadores del Estado, siendo inconcebible negar el acceso a la aplicación
favorable deprecada, lo que evidentemente conlleva una relevancia constitucional
para que el presente asunto sea estudiado en sede de tutela.

En virtud de ello, se manifiesta que los docentes se encuentran en la categoría de
empleados públicos, razón por la cual, no es admisible la distinción con los demás
servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo,
como lo es, el auxilio de cesantías, así, una interpretación contraria, conllevaría
una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del
auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan
de esa prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya
que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros
servidores públicos. […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

18. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 4, por el
cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de
6 de abril de 20215 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de
20196, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

19. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales

4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.

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Actor: Guillermo León Uribe Gallo

fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

20. En el caso sub examine, corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es
procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales,
concretamente si se cumplió con el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional.

21. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra
providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la igualdad; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental a la seguridad social; vi) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente
a vii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y
cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

22. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.

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determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales

23. Esta Sección adoptó8 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 20059, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

24. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

25. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”10 que encaje en dichos parámetros.

26. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso

8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María

Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
9 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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jurisdiccional.

27. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela en el caso concreto

28. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida
por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito general de
procedibilidad de relevancia constitucional.

Acerca del requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional

29. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5 de agosto de
201412, al referirse al requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional, consideró lo siguiente:

“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa
para efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [13]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [14].

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P

Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
12 Ut supra página 6.
[13] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[14] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

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Actor: Guillermo León Uribe Gallo

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales
de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos
elementos necesarios [15].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar
en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del (sic) rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [16].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en
una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción de
tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia
constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [17]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos
que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa
al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada
en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha
reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el denominado debido proceso
constitucional, y otro que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [18].

[15] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones

judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[16] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal

Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará
la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 (“el contenido
del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial
trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la
Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de
los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia
de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.”
[17] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[18] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”

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En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [19]; el derecho a
presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso penal; el
principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de legalidad; el
derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la prohibición de
juicios secretos. […]”.

[…]

“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de manera
grave el equilibrio procesal entre las partes.

3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de prosperidad
de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de las altas Cortes,
tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia SU-917 de 2013:
[…]”. (Resaltado por la Sala).

30. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional consideró20:

“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”21

Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:

“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.

La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.

Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el

[19] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
20 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
21 Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Actor: Guillermo León Uribe Gallo

asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad social)
y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago oportuno
y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la conclusión de que
el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de postulados
constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”22

En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime teniendo
en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.

31. En ese orden de ideas, el requisito general de procedibilidad de relevancia
constitucional se acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez
constitucional se involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales
y ii) cuando el actor en su escrito de tutela cumplen con satisfacer una carga
argumentativa mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial demandada incurrió en algunas de las causales especiales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como
consecuencia la afectación de los derechos fundamentales.

32. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223
precisó, en relación con el alcance del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional, cuáles eran los deberes del juez constitucional:

“[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para interpretar,
aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión
meramente legal o de contenido estrictamente económico con connotaciones
particulares o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales. Finalmente, cuando la acción de
tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.

(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el

22 Ibidem.
23 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.

(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en literal
e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.

(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás proceda
la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica, pues
eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer algún derecho
fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela formuladas contra providencias
judiciales en las que se discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii)
pretensiones de reparación directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que
implican pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción
de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no
a reabrir la discusión definida ante los jueces ordinarios.

(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida pues
no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada con especial
rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la providencia atacada se
presenta una afectación desproporcionada a un derecho fundamental,
producto de una actuación arbitraria. Por este motivo, no basta con mencionar
una vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia,
(ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender
acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional
[…]”. (Resaltado por la Sala).

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

33. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

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“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará
de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

34. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del
citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda,
sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas
propias de cada juicio y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que
garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha
resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y
preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines
esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección
de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás
derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad

35. Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, legua, religión, opinión política o filosófica.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.

El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta
y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se comentan. […]”.

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36. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de igualdad
ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la seguridad
social

37. Visto el artículo 48 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se
prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca
la ley.

Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.

El Estado, con la participación de los particulares, ampliará progresivamente la
cobertura de la Seguridad Social que comprenderá la prestación de los servicios
en la forma que determine la ley.

La Seguridad Social podrá ser prestada por entidades públicas o privadas, de
conformidad con la ley.

No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad
Social para fines diferentes a ella.

La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones
mantengan su poder adquisitivo constante […]”.

38. De igual manera, la Corte Constitucional frente al derecho fundamental a la
seguridad social ha dicho lo siguiente:

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“[…] El artículo 48 de la Constitución Política consagra el derecho a la seguridad social
bajo una doble connotación: i) como derecho fundamental; y ii) como un servicio
público de carácter obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y control
del Estado.

Esta garantía fundamental “surge como un instrumento a través del cual se le
garantiza a las personas el ejercicio de sus derechos fundamentales cuando se
encuentran ante la materialización de algún evento o contingencia que mengüe su
estado de salud, calidad de vida y capacidad económica, o que se constituya en un
obstáculo para la normal consecución de sus medios mínimos de subsistencia a
través del trabajo”. Su fundamentalidad se sustenta en el principio de dignidad
humana en virtud del cual “resulta posible que las personas afronten con decoro las
circunstancias difíciles que les obstaculizan o impiden el normal desarrollo de sus
actividades laborales y la consecuente recepción de los recursos que les permitan
ejercer sus derechos subjetivos” […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia

39. Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.

40. Atendiendo a que, la Corte Constitucional24 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico
les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida
protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta
sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de
las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley
[…]”.

24 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto

24

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Análisis del caso concreto

41. El actor, a través de apoderado, presentó solicitud de tutela contra la Sala
Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, porque, a su juicio, al
proferir la sentencia de 18 de agosto de 2023 en el proceso adelantado en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
número único de radicación 050013333024202200097-01, vulneró sus derechos
fundamentales invocados supra.

42. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

43. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela y en la impugnación.

Acervo y análisis probatorios

44. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:

44.1. Copia del expediente digital del proceso adelantado en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único
de radicación 050013333024202200097-01.

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Solución del caso concreto

Análisis del posible incumplimiento del requisito general de procedibilidad de
relevancia constitucional

45. Para la Sala, el presente asunto no se encuentra comprendido dentro de los que
la jurisprudencia constitucional ha identificado como de clara relevancia
constitucional. El actor en su escrito de tutela señaló lo siguiente25:

“[…] Es decir que, se hace necesario que se analice la violación directa de la
Constitución, debido a la interpretación que realizaron los jueces de instancia, pues
generó el desconocimiento del artículo 53 Superior, el cual estableció derechos y
garantías mínimas a favor de los trabajadores que no se pueden desconocer, dentro
de los que se encuentra el principio de favorabilidad ya sea en la aplicación de
normas jurídicas o en la interpretación de las mismas, y en tal sentido, el operador
judicial deberá aplicar la situación más favorable para el trabajador. En este orden
de ideas, se evidencia que han existido otros caso en los cuales, la Corte
Constitucional aplicó el régimen general a personas que están amparadas bajo un
régimen especial, sin que conlleve tal situación al desconocimiento del principio de
inescindibilidad, como por ejemplo ha sido el caso de la aplicación de la norma sobre
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores
públicos por el pago tardío de las mismas, a los docentes del sector oficial
(Sentencias C-741 de 2012, C-486 de 2016, SU 336 de 2017 y SU 098 de 2018)
[…]”.

[…]

“[…] Honorables Consejeros, debe centrarse en establecer un tema importante: no
fueron tenidas en cuenta las ultimas 21 sentencias del Consejo de Estado, donde
esta alta jurisdicción contenciosa administrativa se hace la pregunta, ¿le es aplicable
sí o no, La Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG? Y el Consejo de
Estado, al unísono, en su sección segunda en sus diferentes salas, compuestas por
sus 6 Consejeros, cada uno de ellos en sus diferentes ponencias han expedido
sentencias haciéndose la misma pregunta y la respuesta ha sido siempre positiva,
y aquí es donde se centra el debate, porque las demandadas insisten, en que NO
EXISTE la obligación de que la Nación deba consignar las cesantías al FOMAG,
situación que fue replicada en la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia
que ha sido tutelada en esta oportunidad, pero es claro que existe la obligación de
sus consignación antes del 15 de febrero de cada año, como están encaminadas
las pretensiones de este asunto, puntualmente, las cesantías del año 2020, de esta
manera garantizar las prestaciones a los trabajadores, eso es lo que estamos
pretendiendo acá. […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, es claro que existían dos (2) posiciones, pero después del estudio
de la Corte Constitucional de 17 de octubre de 2018, en la expedición de la sentencia
SU-098 de 2018, es que el Consejo de Estado se ha acogido a la interpretación
favorable, en el sentido de indicar que si le resulta aplicable la Ley 50 de 1990 a los

25 Transcripción literal del texto de la solicitud del amparo.

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docentes oficiales. Que sigan manifestando las entidades demandadas que la SU-
098 estudia otra situación jurídica, por otra situación fáctica, no resulta cierto, pues
es necesario dejar claro que que la ley 50 de 1990 CASTIGA LA FALTA DE
CONSIGNACIÓN DE LAS CESANTÍAS EN EL FONDO DONDE ESTÉ AFILIADO
EL TRABAJADOR, NO LA FALTA DE AFILIACIÓN A UN FONDO, es por esto que
a los maestros deben tratarse en igualdad de condiciones, que al resto de
empleados públicos del país, no es por capricho de este apoderado, es basado en
el principio de igualdad, de legalidad y de favorabilidad, que, como iteradamente he
manifestado, proviene de la historia y de evolución normativa y jurisprudencial. […]”.

[…]

“[…] Honorables Consejeros que conocen esta RESPETUOSA acción de tutela,
obsérvese que la INTENCIÓN DE LA MISMA, es que se respete el establecimiento
de la ley, los alcances de la interpretación de más de 22 sentencias que al unísono
se han expedido sobre la materia en el H.C.E. SECCIÓN SEGUNDA, con ocasión
de la CONFIANZA QUE GENERÓ EN LOS DOCENTES OFICIALES vinculados con
posterioridad al 1 de enero de 1990, al haberse proferido gran cantidad de
sentencias entre el año 2021 y 2022 por parte de la sección segunda del H.C.E.,
que los conllevó a solicitarle a esta jurisdicción que sus cesantías del trabajo del año
2020, fueran trasladas al Fomag a más tardar el 15 de febrero del año 2021, derecho
que fue negado, habiéndose generado una cancelación de una sanción por mora
establecida en la ley 50 de 1990 y la ley 344 de 1996 […]”.

[…]

“[…] El desconocimiento de estas sentencias proferidas por el máximo órgano de
cierre de la jurisdicción contencioso administrativo, por parte del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la decisión proferida el 25/08/2023, es una
abierta contradicción de la seguridad que el C.E. generó, traduciéndose en una
vulneración al principio de igualdad, confianza legítima, seguridad jurídica, unidad,
coherencia del ordenamiento jurídico y falta de aplicación del principio de
favorabilidad a un caso concreto. […]”.

[…]

“[…] En caso similar el Honorable Tribunal Administrativo de Sucre, en providencia
del 21 de julio de 2022, teniendo como Magistrado ponente: Doctor Andrés Medina
Pineda, Radicación: No.70001-23-33-000-02018-00097-00, Demandado: NACION
– MIISTERIO DE EDUCACION NACIONAL – FOMAG, adoptó la teoría que en virtud
del principio de favorabilidad, es viable aplicar a los docenteslas disposiciones
contenida en la ley 50 de 1990, así: […]”.

[…]

“[…] PRECEDENTES JUDICIALES DE JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL
PAÍS EN LOS AÑOS 2022 Y 2023, QUE RECONOCEN EL DERECHO A LA
SANCIÓN POR MORA A DOCENTES VINCULADOS DESPUES DEL 1 DE
ENERO DE 1990, POR LA FALTA DE CONSIGNACIÓN POR PARTE DEL
PATRONO – MEN – EL 15 DE FEBRERO DEL AÑO 2021 AL FOMAG Y QUE
CORRESPONDEN A SU LABOR COMO MAESTRO OFICIAL EN EL AÑO 2020

1. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Pereira, en sentencia expedida
el 23 de junio de 2022, en el exp. Rad. No. 66001-33-33-001-2022-00020-00,
Demandante: Docente John Jader Oyola Osorio Demandado: NACION – MEN,
determinó: […]”.

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[…]

“[…] 2. En sentencia proferida el 9 de septiembre de 2002, por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Sincelejo, en el expediente rad. No. 70001-33-33- 002-
2022-00115-00, Demandante: Docente Eladio Segundo Terán Tovar. Demandado:
NACION – MEN, estableció: […]”.

[…]

“[…] 3. Así mismo el JUZGADO DIECINUEVE ADMINISTRATIVO ORAL DE
MEDELLÍN, el veintiuno (21) de septiembre de 2022, en exp. No. 05001-33-33- 019-
2022-00085-00, Demandante: Docente JOSÉ ALEXÁNDER ESTRADA VILLA
Demandado: NACION – MEN, señaló: […]”.

[…]

“[…] 4. Reiteró el Juzgado 2do. Administrativo del Circuito de Buga, Rad. No. 76-
001-33- 33-002-2022-00095-00, en sentencia del 27 de septiembre de 2022,
Demandante: CARLOS ULPIANO PLAZA ROMERO, Demandado: NACION –
MEN, que: […]”.

[…]

“[…] 5. El Juzgado 3ero Administrativo del Circuito de Buga, en providencia del
veintiocho (28) de septiembre de 2022, Radicado: 76111-33-33-003 – 2022-00066-
00, Demandante: Docente ROSA ZOHE RIVAS QUEVEDO, expresó: […]”.

[…]

“[…] 6. En una decisión acorde con lo expresado por el H.C.E., de manera reiterativa,
el Juzgado 2do. Administrativo del Circuito de Bucaramanga, el 28 de septiembre
del año 2022, Radicado: 680013333002202200065-00, Demandante: Docente
FREDY RAMÍREZ BLANCO Demandados: NACIO – MEN, fue determinante en
puntualizar: […]”.

[…]

“[…] 7. EL JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE
BUCARAMANGA. septiembre treinta (30) de dos mil veintidós (2022), Referencia:
Rad. 680013333009-2022-00109-00, Demandante: LAURA BERMUDEZ PRADA
Demandados: Nación–MEN, concretó: […]”.

[…]

“[…] 8. En sintonía con los demás despachos judiciales de Colombia, el juzgado
Segundo Administrativo Oral del Circuito de Quibdo, el 6 de octubre de 2022,
Radicado: 27001-33-33-002-2022-00072-00, Demandante: MABEL OBREGON
AGUIRRE, dispuso: […]”.

[…]

“[…] 9. Muy importante el estudio realizado por el Juzgado 5to. Adtivo del Circuito
de Quibdo, que en decisión del 25 de octubre de 2022, Radicado: 27001-33-33-005-
2022-00122-00, Docente Demandante: JULIANNE AMUD IBARGUEN
Demandados: Nación–Ministerio de Educación Nacional, prefijo: […]”.

[…]

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Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
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“[…] 10.Desde la Jurisdicción del Valle del Cauca, el Juzgado 2do. Administrativo
del Circuito de Buga, el 16 de noviembre de 2022, Radicado: 76-147-33-33-002-
2022-00008-00, fue contudente en resolver el derecho a la sanción por mora de un
docente a quien no les consignaron sus cesantías el 15 de febrero de 2021, de su
trabajo como docente en el año 2020, así: […]”.

[…]

“[…] 11.Aporta una decisión muy clara el JUZGADO CINCUENTA Y UNO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, en sentencia del
diecinueve (19) de enero de dos mil veintitrés (2023), Radicado:11001-3342-051-
2022-00098-00, Docente Demandante: CRISTIAN BERNARDO PARRADO
RINCÓN Demandado: Nación–MEN, describió su precisa decisión así: […]”.

46. De igual manera, el actor en su escrito de impugnación manifestó lo siguiente26:

“[…] Así entonces, se evidencia que por parte del Consejo de Estado en un reciente
pronunciamiento del 23 de marzo de la presente anualidad ya analizó un caso con
una idéntica naturaleza al que nos ocupa, encontrando superados los requisitos de
procedibilidad de la tutela y de manera específica consideró que el juzgador de
segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente; razón por la cual,
solicito comedidamente en igual sentido se profiera sentencia de tutela dentro del
presente asunto, teniendo en cuenta la providencia mencionada. […]”.

[…]

“[…] Así las cosas, se evidencia que: i) en el presente asunto se agotaron todos los
medios de defensa ordinarios y extraordinarios que se tenían al alcance, pues se
controvirtió la presente situación en sede de la actuación administrativa, sino
también en la judicial, interponiendo todos los recursos que legalmente procedían;
por ejemplo, el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, ii) en
cuanto al requisito de inmediatez, el mismo se encuentra acreditado, pues basta con
observar la fecha de notificación del fallo de segunda instancia proferido por el
Tribunal Administrativo de Boyacá y la fecha de radicación de la presente acción de
tutela, para poder evidenciar el término razonable para solicitar mediante esta acción
constitucional la protección de los derechos fundamentales, iii) se justificó de
manera razonable los hechos que consideraron violatorios de los derechos
fundamentales de mi poderdante, pues al analizar el escrito de acción de tutela es
notorio que si se realizó este ejercicio, pues se analizaron los argumentos que
propenden evidenciar una violación directa a la Constitución en que incurrieron los
fallos objetos de estudio, es decir, la falta de reconocimiento de la sanción moratoria
reglada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por la no consignación del auxilio de
cesantías en el respectivo fondo, teniendo como argumento la configuración de los
defectos sustantivos que tiene directa relación con la violación directa de la
Constitución, ya que la solicitud de aplicación de la Ley 50 de 1990 encuentra su
sustento en el desconocimiento del principio de favorabilidad, y de igual forma se
analizaron los motivos por los cuales en el presente asunto se vulneró el derecho
fundamental al debido proceso, TODO EN CONSONANCIA, con la abundante
jurisprudencia que en el caso específico de los docentes de manera reiterada se ha
expresado y se plasmó en el líbelo de la acción de tutela y iv) el presente asunto no
versa sobre una irregularidad procesal, así como tampoco se radicó esta acción de
tutela contra una sentencia de esa misma índole.. […]”.

26 Transcripción literal del texto.

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Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

[…]

“[…] En consecuencia, en esta oportunidad el Honorable Consejo de Estado
consideró que el asunto si goza de relevancia constitucional, en tanto, se deberá
analizar si el fallo objeto del recurso de amparo desconoció los derechos
fundamentales de la accionante, al no tener en cuenta el régimen aplicable a los
docentes por el pago de la sanción por la tardanza en la consignación del auxilio
de cesantías. […]”.

[…]

“[…] Ahora bien, es importante que el Despacho tenga en cuenta que, al no estar
garantizados los recursos de las cesantías en el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, los docentes no tienen garantía de la prestación. En ese
orden de ideas, es menester señalar que el eje central del presente recurso de
amparo consiste justamente en esa vulneración que existe en contra de los
docentes, pues al no poder disponer del auxilio de cesantías, se está
transgrediendo el derecho fundamental de la seguridad social, y es que esta
prestación social es una modalidad de protección del trabajador cesante y su
familia, de conformidad con los artículos 42 y 48 de la Constitución Nacional. A su
turno, la Ley 50 de 1990, que regula el auxilio de cesantías para los trabajadores
del sector privado, dispone que existen tres mecanismos de liquidación diferentes,
así: El primero de ellos consiste en el sistema tradicional reglado por los artículos
249 y siguientes del Código Sustantivo del Trabajo, aplicable a todos los
trabajadores vinculados por contrato laboral antes del 1° de enero de 1991; el
segundo de ellos, el sistema de liquidación definitiva anual y manejo e inversión a
través de los fondos de cesantías creados por la Ley, aplicable para los
trabajadores vinculados por contrato laboral a partir del 1° de enero de 1991 y
aquellos que se vinculen al nuevo sistema; y en tercer lugar, el sistema de salario
integral el cual se aplica a todos aquellos trabajadores nuevos y antiguos que
devenguen más de 10 SMLMSV y quienes pacten con su empleador el pago de un
salario integral que contenga además de la retribución ordinaria de servicios, el
pago periódico de otros factores salariales y prestacionales, incluida por supuesto
la cesantía. […]”.

[…]

“[…] Ahora, descendiendo al caso en concreto, es aplicable el régimen anualizado
de cesantías para los docentes vinculados después de 1990 y 1996, es decir que,
se deberá afiliar y realizar el pago oportuno del auxilio de cesantías, ya que la
consignación es la única manera de garantizar el acceso a la prestación, pues tal
sistema solo puede ser equitativo si los trabajadores pueden contar con su pago
de forma oportuna para poder disponer del auxilio de cesantías en cualquiera de
los eventos en que se permite su utilización, es decir, ante el desempleo, financiar
educación superior, y adquisición, construcción, mejora o liberación de vivienda.

Corolario a lo anterior, una interpretación restrictiva de la aplicación de la sanción
moratoria incurriría en un trato desigual de los docentes frente a otros servidores
públicos que gozan de la sanción como garantía del auxilio de cesantías, y tal
distinción entre unos y otros, viola el derecho a la igualdad, pues los docentes del
señor oficial tendrían un derecho limitado por tener una categoría específica dentro
de los trabajadores del Estado, siendo inconcebible negar el acceso a la aplicación
favorable deprecada, lo que evidentemente conlleva una relevancia constitucional
para que el presente asunto sea estudiado en sede de tutela.

En virtud de ello, se manifiesta que los docentes se encuentran en la categoría de
empleados públicos, razón por la cual, no es admisible la distinción con los demás

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Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

servidores públicos a que sus prestaciones sociales sean canceladas en tiempo,
como lo es, el auxilio de cesantías, así, una interpretación contraria, conllevaría
una restricción en la posibilidad de gozar de la garantía del pago oportuno del
auxilio de cesantías y, a su vez, de las protecciones ya mencionadas que se derivan
de esa prestación, lo que conlleva una connotación de relevancia constitucional, ya
que se está vulnerando el derecho a la igualdad de los docentes, respecto de otros
servidores públicos. […]”.

47. Al respecto, es preciso indicar que el asunto controvertido por el actor ya fue
objeto de estudio por la autoridad judicial accionada y la acción de tutela contra
providencia judicial no constituye una tercera instancia que permita reabrir el debate
resuelto por el juez natural, sino que tiene por objeto verificar si las entidades
accionadas incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales.

48. Además de lo anterior, para la Sala, a diferencia de lo sostenido por el actor en
su escrito de impugnación, en el caso sub examine, se plantea una afectación de
derechos fundamentales que tienen su origen en últimas en un debate estrictamente
probatorio y económico, el cual ya fue expuesto dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y fue decidido por el juez natural de la causa, por lo
que no le corresponde al juez constitucional hacer un pronunciamiento adicional,
toda vez que ello implicaría desconocer el principio de autonomía e independencia
judicial y desnaturalizaría el mecanismo constitucional convirtiéndolo en una
instancia adicional.

49. Al respecto, la Corte Constitucional27 ha señalado:

“[…] Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.

27 Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 27 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.

31

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia planteada:
(i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación patrimonial privada,
(ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de un derecho
fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez ordinario, por cuanto
no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima de la autoridad judicial
[…]”.

50. Asimismo, es preciso indicar que, en ese mismo sentido, la Sección Primera de
esta Corporación, en la sentencia proferida el 31 de agosto de 202328 señaló lo
siguiente:

“[…] De lo anterior se desprende que las pretensiones relacionadas con la
procedencia de la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías no
vulneran derechos fundamentales, sino que corresponden a inconformidades de
mera legalidad que versan sobre un reconocimiento patrimonial que no amerita la
intervención del juez de tutela. Dicha posición fue reiterada por esta Sala que,
mediante sentencia de 15 de julio de 202129, declaró la improcedencia de la acción
de tutela por no cumplir con el requisito de la relevancia constitucional, en un asunto
en el que se pretendía dejar sin efectos unas providencias judiciales que denegaron
el reconocimiento de una sanción moratoria por el no pago oportuno de unas
cesantías […]”. […] “[…] Precisado lo anterior, la Sala constata que lo planteado en
la presente acción de tutela no se refiere a un asunto de relevancia constitucional, -
en los términos señalados en la jurisprudencia constitucional aquí analizada-, que
haga imperiosa la intervención del juez de tutela, con miras a examinar la posible
vulneración de los derechos fundamentales invocados por el actor. En efecto, se
advierte que lo pretendido por el accionante con la presente solicitud es controvertir
la decisión judicial por medio de la cual se denegó el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria por el retardo en el pago oportuno de unas cesantías, lo cual
conforme con el criterio establecido por la Corte Constitucional y reiterado por esta
Sala, anteriormente expuesto, no cumple con el requisito general de relevancia
constitucional por tratarse de un asunto meramente económico, sobre el cual versan
inconformidades de mera legalidad que no ameritan la intervención del juez de
tutela. En las condiciones anotadas y en la medida en que en el presente asunto no
se invocó ni acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, que permita de
manera excepcional proceder al análisis de la acción constitucional, la Sala concluye
que tales inconformidades carecen del requisito general de la relevancia
constitucional […]”.

51. De igual manera, esta Sección al resolver un caso donde se discutía el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria ocasionada por el retardo en la
consignación de las cesantías, consideró que no se acreditaba el cumplimiento del

28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 31 de agosto de

2023, proceso identificado con el núm. único de radicación: 110010315000202303984-00. C.P. Nubia Margoth
Peña Garzón
29 Cita del texto original: “Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Proceso

identificado con el núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01. Actora: BOLIVIA MERCEDES
PACHECO GONZÁLEZ. M.P. Oswaldo Giraldo López”.

32

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional. En ese orden de
ideas, expresó lo siguiente30:

“[…] La señora Pacheco González insiste en que sus derechos fundamentales
fueron vulnerados por la sentencia proferida el 10 de septiembre de 2020 por la
Subsección B, Sección Segunda de esta Corporación, que negó el pago de la
sanción moratoria ocasionada por el retardo en la consignación de las cesantías
correspondiente a los años 1997 a 2003.

La Sala estima que le asiste razón al a quo cuando afirma que, de conformidad con
la jurisprudencia constitucional, el debate propuesto por la aquí accionante carece
de relevancia constitucional porque versa sobre un asunto meramente económico y
cuya falta de reconocimiento no compromete ningún derecho fundamental, acorde
con lo indicado por la Corte Constitucional en la citada sentencia de unificación SU-
573, al revocar los fallos de tutela proferidos por la Sección Quinta del Consejo de
Estado, que habían confirmado la decisión de primera instancia en la que se negaron
los amparos.

La Sala recuerda que en el asunto analizado por la Corte, las accionantes solicitaron
el amparo con el fin de controvertir las sentencias proferidas por la Subsección B,
Sección Segunda, del Consejo de Estado, que, en el marco de los procesos de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho adelantados por las allí tutelantes, negaron
el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la no consignación oportuna
de las cesantías prevista por el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la
Ley 344 de 1996.

Para resolver, la Corte Constitucional consideró que el asunto no tenía relevancia
constitucional y para el efecto explicó:

“[…] 51. Teniendo en cuenta lo dicho, y en consideración a la especial carga
interpretativa que debe asumir el juez de tutela cuando valora la procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales de Altas Cortes, para la Sala es claro
que en esta oportunidad el asunto sub examine carece de relevancia constitucional.
Los accionantes consideran que, con las sentencias proferidas en el marco de los
procesos de nulidad y restablecimiento del derecho, la autoridad judicial vulneró sus
derechos fundamentales, por cuanto les fue negada la pretensión de reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por no consignación oportuna de las cesantías,
prevista por el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998. En esa medida, adujeron que las
providencias impugnadas incurrieron en los defectos sustantivo y por
desconocimiento del precedente, dado que la accionada no interpretó las normas
legales “con un enfoque constitucional” y desconoció los pronunciamientos de la
Corte Constitucional y Consejo de Estado, según los cuales tenían derecho al pago
de la penalidad reclamada.

52. Sin embargo, las supuestas irregularidades advertidas por los actores no
cumplen con esta exigencia jurisprudencial, debido a que la controversia
planteada: (i) versa sobre un asunto meramente legal, con una connotación
patrimonial privada, (ii) que no tiene relación directa con la presunta afectación de
un derecho fundamental, y (iii) busca reabrir el debate concluido por el juez
ordinario, por cuanto no se advierte prima facie una actuación arbitraria o ilegítima
de la autoridad judicial.

30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de julio de 2021,

C.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación: 11001-03-15-000-2021-01425-01.

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Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

(…)

55. De otro lado, la sanción moratoria por no consignación oportuna de
las cesantías no es un derecho fundamental ni está ligada a la satisfacción de
una garantía de naturaleza constitucional. La jurisprudencia de esta Corporación
ha reconocido el carácter irrenunciable de las cesantías, como una prestación
patronal de rango legal cuya finalidad es “auxiliar a la persona que se queda
temporalmente sin trabajo” . Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea
dicha prestación, la tutela devendría procedente cuando se advierta que su falta de
pago conlleva la vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del
trabajador. En consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la
finalidad misma de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que
no las consigna al fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados,
es un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente patrimonial, que
no amerita la intervención del juez de tutela […]”.

Cabe agregar que en la precitada sentencia de unificación 573 de 201931, la Corte
Constitucional consideró que el requisito de relevancia constitucional tiene tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela
se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la tutela
a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales,
e (iii) impedir que la petición de amparo se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces […]”.

52. Ahora bien, precisado lo anterior, se advierte que a través de la sentencia de
unificación SU – 215 de 2022, señaló que la simple enunciación de la vulneración
de un derecho fundamental y la asociación de dicha afectación con la configuración
de un defecto es insuficiente para tener por acreditado el cumplimiento del requisito
general de procedibilidad de relevancia constitucional. A juicio del máximo Tribunal
de lo Constitucional es indispensable que el caso en cuestión: (i) tenga la “[…]
entidad de interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental […]; (ii) que el alcance de la controversia “[…]
no se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas […]”; y (iii) que en el
escrito de tutela se “[…] justifique razonablemente una afectación
desproporcionada a derechos fundamentales […]”.

53. La Sala considera que la discusión que se expone a través del escrito de tutela,
siguiendo lo expuesto por la Corte Constitucional en la sentencia antes transcrita,
no tiene trascendencia constitucional porque el núcleo de la controversia se
encuentra limitado a asuntos meramente probatorios y económicos cuya
competencia se encuentran en cabeza del juez de lo contencioso administrativo.

31 M.P.: Carlos Bernal Pulido.

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Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

54. Igualmente, el conflicto que subyace en esta oportunidad tiene un alcance de
contenido particular y meramente económico, esto es así porque la discusión y los
argumentos que se extraen de la acción de tutela, más que develar la necesidad de
protección de un derecho fundamental, buscan que el juez de tutela valide la tesis
jurídica del actor y, con ello, acceda a las pretensiones de la demanda, sin que de
esta discusión se pueda evidenciar una clara trascendencia o relevancia
constitucional.

55. Para la Sala, la controversia planteada por el actor es de naturaleza puramente
probatoria y económica; y no gira en torno al contenido, alcance y goce de los
derechos fundamentales indicados supra.

56. En ese orden de ideas, la Sala considera que la acción de tutela busca
cuestionar el criterio de interpretación probatoria de la autoridad judicial accionada,
es decir, el actor acude al juez constitucional buscando la corrección del criterio
jurídico del juez natural y reabrir un debate probatorio y económico concluido que
escapa de la órbita de competencia del juez constitucional. Si bien es cierto, el actor
alega la vulneración de sus derechos fundamentales indicados supra, el criterio de
la relevancia constitucional, no se determina con su mera enunciación, sino
mediante la acreditación expresa y razonable de una presunta amenaza o
vulneración de los mismos, lo cual no aconteció en el caso sub examine.

57. Los supuestos de vulneración al debido proceso, al acceso a la administración
de justicia, a la igualdad y a la seguridad social enunciados por el actor, no se
evidencian en el caso sub examine, toda vez que el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se adelantó ante el juez competente, en respeto de las
formas propias del proceso, y respetó el derecho de presentar y controvertir las
pruebas allegadas. Además, no concurre una situación de amenaza o alguna causal
de vulnerabilidad que amerite la actuación del juez constitucional.

58. En ese orden de ideas, para la Sala alegar un presunto desconocimiento de
principios o garantías superiores, en el marco de un debate de carácter probatorio
y económico, no es una circunstancia que habilite por sí misma la procedencia de
la tutela contra una providencia judicial.

35

Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

59. De conformidad con lo anteriormente expuesto, para la Sala no se cumple con
el requisito general de procedibilidad de relevancia constitucional dentro del marco
de la acción de tutela contra providencias judiciales, en la medida que, si bien el
actor enuncia la trasgresión de los derechos fundamentales indicados supra, esa
presunta afectación tiene su origen en un debate estrictamente probatorio y
económico.

Conclusiones de la Sala

60. Con fundamento en lo anterior, la Sala confirmará la sentencia de tutela del 26
de octubre de 2023 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por
medio de la cual declaró improcedente el amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela del 26 de octubre de 2023 proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm.
2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de esta sentencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Núm. único de radicación: 110010315000202305564-01
Actor: Guillermo León Uribe Gallo

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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