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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05568-00

Fecha
2 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05568-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A. SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por la señora Milca Irina Gómez Sierra. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05568-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

2 de noviembre de 2023

Demandante: Malca Irina Gómez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2023-05568-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., dos (02) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05568-00
Demandante: MALCA IRINA GÓMEZ SIERRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial – Sanción moratoria por pago
tardío de cesantías en casos de docentes oficiales – Improcedencia
por falta de relevancia constitucional

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela presentada por la señora Malca Irina
Gómez Sierra contra el Tribunal Administrativo de Antioquia

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito presentado el 28 de septiembre de 2023, la señora Malca Irina
Gómez Sierra, actuando por medio de apoderado judicial, ejerció acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de reclamar el amparo de sus
derechos fundamentales «(…) al debido proceso, a la seguridad social, situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, a la igualdad, acceso a la administración de justicia, principio
constitucional de la perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de
precedente judicial vertical (…)».

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia el 25 de
agosto de 2023, mediante el cual confirmó la providencia del 19 de diciembre de 2022,
dictada por el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín
que negó las pretensiones de la demanda del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con radicado 05001-33-33-009-2022-00124-00/01, promovido por la
accionante contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de

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Demandante: Malca Irina Gómez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Rad: 11001-03-15-000-2023-05568-00

Prestaciones Sociales del Magisterio y el departamento de Antioquia.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA; dejar sin efectos
la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo
la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte
Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la
Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones
ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada
en la demanda.

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La señora Gómez Sierra labora en la entidad territorial certificada de Educación
del departamento de Antioquia.

5. El 15 de febrero de 2021, no le fueron consignadas sus cesantías por parte del
Ministerio de Educación Nacional. Por ello, el 11 de agosto de 2021 solicitó ante el
Fomag el pago de estas, así como de la sanción por mora.

6. Mediante acto administrativo del 18 de septiembre de 2021, la entidad negó la
petición de reconocimiento y pago de la sanción por mora por la no consignación
oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50 de 1990 y la indemnización
consagrada en las leyes 52 de 1975, 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de 1991.

7. En consecuencia, presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fomag y el departamento de Antioquia, con el objeto de que (i) se declarara
la nulidad del acto administrativo en mención; (ii) se reconocieran y pagaran las
cesantías anualizadas que se causaron en el año 2020; al igual que (iii) la sanción
moratoria establecida en la Ley 50 de 1990, desde el 15 de febrero de 2021 hasta el
día en que se efectuara la consignación de la prestación, y (iv) la indemnización que
prevé la Ley 52 de 1975 por el pago extemporáneo de los intereses sobre las
cesantías.

8. En primera instancia, el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito
Judicial de Medellín, en sentencia del 9 de diciembre de 2022, negó las pretensiones
de la demanda.

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9. En segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Antioquia a través del fallo
del 25 de agosto de 2023 confirmó la decisión del a quo, al considerar que:

no resulta aplicable extender la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990 a los docentes respecto al pago de las cesantías a más tardar el
14 de febrero de cada año, en consideración a las siguientes premisas: i) la
naturaleza y finalidades del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES
DEL MAGISTERIO, ii) su régimen se maneja bajo el principio de unidad de caja y
los recursos del FOMAG, en virtud de la Ley 1955 de 2019, son transferidos por el
Sistema General de Participaciones, en atención a lo dispuesto en la Ley 715 de
2001, por lo tanto, no están previstas cuentas individuales para que se consignen
las cesantías a cada docente, ello con el fin de lograr mayor eficiencia en la
administración y pago de las obligaciones definidas por la ley , iii) la situación
fáctica tratada en la sentencia SU-098 de 2018 difiere del asunto bajo estudio y iv)
aplicación al principio de inescindibilidad o conglobamento, es decir, valerse de
manera íntegra del cuerpo normativo al que pertenece el docente.

1.4. Fundamentos de la vulneración

10. El apoderado judicial del tutelante indicó que, el Tribunal Administrativo de
Antioquia no aplicó el régimen de cesantías pertinente al caso concreto, dado que él
pertenecía al sistema anualizado consagrado en las leyes 50 de 1990; 91 de 1989 y
344 de 1996, de manera que el no pago oportuno de dicha prestación generaba la
sanción moratoria y una vulneración al ordenamiento jurídico.

11. Por lo tanto, adujo que el tribunal incurrió en violación directa de la
Constitución y en un defecto sustantivo, ya que, en virtud del valor normativo
superior, los jueces deben aplicar las disposiciones consagradas en la Constitución y
su desarrollo jurisprudencial en todo momento.

12. Agregó que, la interpretación y aplicación de las normas relacionadas con el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías
a los docentes, y con base en la jurisprudencia, era dable concluir que: i) el pago
oportuno de las cesantías es una garantía de todos los trabajadores que es protegida
por la Constitución, ii) los docentes oficiales son empleados públicos, teniendo en
cuenta las funciones que desarrollan, el régimen de carrera al que se encuentran
sometidos y la vinculación mediante nombramiento «por lo tanto tienen derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías».

13. Adicionalmente, señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en el
desconocimiento del precedente al no tener en cuenta la sentencia SU-098 del 17
de octubre de 2018 de la Corte Constitucional, en ella se estableció que la Ley 50 de
1990 era aplicable a los docentes adscritos al Fomag y, en consecuencia, tenían el
derecho al reconocimiento de la sanción moratoria que deviene de la consignación
tardía de las cesantías anuales.

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14. Asimismo, argumentó que la providencia en cuestión desconoció más de 201
sentencias proferidas entre los años 2020, 2021, 2022 y 2023 por la Sección Segunda
del Consejo de Estado en las que se accedió a las pretensiones de los demandantes
al aplicar la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag y por tener en cuenta la

1 • Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
06.08.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2013- 00666-01,
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
24.01.19. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 76001-23- 31-000- 2009-00867- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
17.06.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-04617-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
29.07.19. M.P. Nicolás Yepes Corrales. Exp. 11001-03-15- 000-2018-03449-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del
28.06.19. M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
02.12.19. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
10.06.20. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00208-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00132-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.10.20. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2014- 00254-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-31-000-2014- 00815-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23-31-000-2015-00331-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
25.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 40001-23-40-000-2017-00134-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
04.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 19001-23-33-000-2015-00445-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23-40-000-2015-90008-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
11.11.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-40-000-2014-90022-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
20.01.22. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001-23-33-000-2017-00931-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
03.03.22. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00075- 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
17.06.21. M.P. Gabriel Valbuena Hernández. Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.01.23. M.P. William Hernández Gómez. Exp. 76001-23-31-000-2012-00212-02.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
28.04.22. M.P. Carmelo Perdomo Cuéter. Exp. 76001-23- 33- 000-2013- 00756-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
26.01.23. M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas. Exp. 47001-23-33-000-2018-00231-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
01.07.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00376-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
19.05.22. M.P. Sandra Lisset Ibarra. Exp. 47-001-23- 33-000- 2019- 00359-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.08.22. M.P.

César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33- 000-2015- 00509-01.
• Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia del
22.09.22. M.P. César Palomino Cortés. Exp. 08001-23- 33-000- 2015-90124- 01.

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Demandante: Malca Irina Gómez Sierra
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
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condición más favorable respecto de los derechos laborales de los mismos.

15. Indicó que su caso cumplía con el requisito de relevancia constitucional, por
cuanto la sanción moratoria conlleva el pago o consignación oportuna del auxilio de
cesantías, necesariamente tiene un alcance al derecho fundamental a la seguridad
social. Aunado a lo anterior, expuso que esta acción de tutela en ningún momento se
interponía como una tercera instancia.

1.5. Trámite de la acción de tutela

16. La magistrada ponente en auto del 10 de octubre de 2023: i) admitió la
demanda; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Antioquia, y iii) vinculó en calidad de terceros con interés, al Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, a la Nación, Ministerio de
Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al
departamento de Antioquia.

17. Así mismo, le reconoció la personería para actuar al abogado Yobany Alberto
López, en calidad de apoderado judicial de la señora Gómez Sierra

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes contestaciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Antioquia
18. Por medio de correo electrónico remitido el 17 de octubre de 2023, la magistrada
ponente de la decisión cuestionada remitió copia digital del expediente ordinario y
señaló que en la sentencia «se encuentran debidamente planteados los argumentos
de hecho y de derecho que la sustentan; por lo tanto, puede afirmarse que no se ha
vulnerado derecho fundamental alguno».

1.6.2. Ministerio de Educación Nacional

19. A través de documento allegado el 19 de octubre de 2018, el jefe de la Oficina
Asesora Jurídica mencionó que lo que el accionante pretendía era que se realiza una
nueva revisión del problema jurídico que se sometió a la jurisdicción contenciosa
administrativa el cual ya fue resuelto con el debido cumplimiento de las formas propias
del procedimiento y con decisiones que ostentan fuerza de cosa juzgada y presunción
de acierto y legalidad, proferidas por el respectivo juez natural del asunto.

20. Expuso que la sentencia SU-098 de 2018 era inaplicable al caso concreto, pues
las reglas jurisprudenciales allí fijadas no correspondían con las sustentaban la

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pretensión del actor. Por el contrario, indicó que compartía lo establecido en la SU-573
de 2019, pues los criterios adoptados en la sentencia de 2018 respondían a unos
hechos particulares en los que los maestros no fueron afiliados al Fomag y por tal
motivo era procedente la aplicación de los presupuestos de la Ley 50 de 1990; mientras
que en la SU-573 de 2019 se estableció la improcedencia de la mencionada norma
cuando los docentes sí se encontraban afiliados al Fomag. Aunado a lo anterior, adujo
que se evidenció en este último caso, el examen de procedencia no superaba el factor
de relevancia constitucional.

21. Así las cosas, refirió que no se evidenciaba violación alguna de los derechos
fundamentales del accionante, por lo cual debía declararse la improcedencia de la
acción de tutela.

1.6.3. Fiduprevisora S.A.

22. En documento remitido el 19 de octubre de 2023, la coordinadora de tutelas de
la entidad, actuando en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio mencionó que, en el
Fomag no hay cuentas individuales para los docentes y los valores que corresponden
a las cesantías no se consignan, pues están presupuestados y se trasladan al fondo
desde el primer mes de cada vigencia.

23. Por ende, no podría configurarse la sanción moratoria contemplada en la Ley
50 de 1990, artículo 99, para el escenario del Fomag, ya que lo que castiga la ley en
mención es la consignación inoportuna de las cesantías y, al estar vedada la
posibilidad de la consignación de las cesantías de los docentes del Fomag, se descarta
algún tipo de sanción.

24. Precisó que las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la
Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas
en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para la
accionante y que reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se cuestionó
una afiliación inoportuna al Fomag que haya devenido en el retardo de la consignación
de las cesantías. En este caso, la demandante reclamó la consignación extemporánea
de sus cesantías en los plazos establecidos en la Ley 50 de 1990 e indemnización por
pago inoportuno de los intereses, frente a lo cual, es imposible que se cause una
demora respecto de un hecho que la administración no puede ejecutar en el régimen
especial de los docentes, ya que resulta inviable realizar una consignación ante la
ausencia de cuentas individuales por cada afiliado.

25. En consecuencia, indicó que la acción constitucional resultaba improcedente,
toda vez que las autoridades judiciales del proceso ordinario actuaron conforme a la
normativa y la jurisprudencia establecida. Por lo cual, manifestó que no era dable

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afirmar que se hubiera presentado una transgresión a las garantías fundamentales de
la actora.

26. Adicionalmente, esta entidad solicitó que se declarara la improcedencia de la
solicitud de amparo y se procediera a su desvinculación por no estar legitimada en la
causa por pasiva.

27. Pese a que el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín fue notificado en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

28. El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada
por la señora Malca Irina Gómez Sierra, de conformidad con lo dispuesto por los
artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral
5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de
2021.

2.2. Solicitud de desvinculación

29. La Fiduprevisora S.A. solicitó la desvinculación de este trámite constitucional
porque, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva, sin embargo, esta
petición será negada, en tanto, la vinculación al proceso se realizó en calidad de
tercero, y no como la autoridad contra la cual se encuentra dirigido el reparo señalado
por la parte actora, en atención al interés que le asiste en las resultas del presente
trámite.

2.3. Problema jurídico

30. Corresponde a la Sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad
adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial, en especial el
relacionado con la relevancia constitucional?

31. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, la Sala analizará lo siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales al
«(…) debido proceso, a la seguridad social, situación más favorable al trabajador en
caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho, a la

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igualdad, acceso a la administración de justicia, principio constitucional de la
perpetuatio jurisdictionis, seguridad jurídica, al desconocimiento de precedente judicial
vertical (…)» de la señora Milca Irina Gómez Sierra, con ocasión de la sentencia
del 25 de agosto de 2023 que negó el reconocimiento y pago de la sanción
moratoria por el pago tardío de las cesantías?

32. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencia judicial; (ii) los requisitos de procedibilidad adjetiva y, en caso de
superarlos; (iii) el estudio del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

33. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 2012 2
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela
contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala
Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su procedencia4.

34. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros
para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv)
subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios,
siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se
dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice
el fondo del asunto.

35. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en
la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para
la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo
o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente
en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

36. Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María

Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Relevancia constitucional5

37. Para el caso en concreto, la Sala anticipa que declarará la improcedencia del
mecanismo de amparo, dado que carece de relevancia constitucional al no cumplir con
las reglas establecidas por la Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 20226.

2.5.2. Sentencia SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional – unificación de
criterios en materia de relevancia constitucional

38. La Corte Constitucional, al momento de estudiar los citados requisitos en sede
de revisión, encontró que la acción de tutela formulada por RTI S.A.S. contra la Sección
Cuarta del Consejo de Estado carecía de relevancia constitucional.

39. En este fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las providencias
judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial:

(…) el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica,
sino que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las
decisiones de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización
del principio de igualdad.

40. Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción
de tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de interpretación de
las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como un eje fundamental
para:

5 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,

M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00004-00; Sentencia
20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-05354-00; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00;
Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-
000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20,
Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00.
6 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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(…) lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues
así se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su
competencia y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la
Constitución.

41. Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

(…) (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de
los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción
como una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal7
(Énfasis de la Sala).

42. De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico8; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional9”.

(…)

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

(…)

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal.”10 En este orden, se reitera
que el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo
trascienda la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales”11
En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos
a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

(…)

7 Sentencia SU-573 de 2019.
8 Sentencia SU-103 de 2022.
9 Sentencia SU-103 de 2022.
10 Sentencia SU-103 de 2022.
11 Sentencia SU-128 de 2021.

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Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto12, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no
debe representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un
escenario para definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección
legal13. (Resaltado de la Sala)

43. Tras abordar los criterios que debe reunir una solicitud de amparo que reproche
una decisión judicial para superar el requisito de la relevancia constitucional, la Corte
Constitucional esbozó que el mecanismo de tutela formulado por RTI S.A.S. no
cumplía con este postulado. Lo anterior, porque (i) no tenía la identidad para
interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o desarrollar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) involucraba un debate eminentemente legal; (iii) planteaba
una discusión preponderantemente económica; y, (iv) no cumplía con la carga
argumentativa y explicativa rígida porque no se demostraba la grave violación de los
derechos fundamentales invocados.

2.6. Caso en concreto

44. Al revisar el escrito introductorio, los memoriales de contestación al amparo
constitucional y las pruebas incorporadas al trámite, la sala colige que la acción de
tutela debe ser declarada improcedente por cuanto no supera el requisito de relevancia
constitucional expuesto en líneas anteriores.

45. La controversia propuesta por la señora Gómez Sierra no tiene relevancia
constitucional, al tratarse de un asunto que versó sobre el reconocimiento de la sanción
moratoria por el presunto pago extemporáneo de las cesantías en un proceso judicial
que resultó desfavorable a sus intereses.

46. Adicionalmente, desde el ámbito argumentativo, los reparos que son expuestos
en el escrito introductorio, pese a hacer una enunciación de garantías constitucionales,
no exponen con suficiencia razones de peso que justifiquen la intromisión del juez
constitucional. Aunado a lo anterior, no se evidencia a primera vista una vulneración
de los derechos fundamentales por parte de la autoridad judicial accionada.

47. Lo anterior, toda vez que el caso obedece a una situación con presupuestos
fácticos análogos a los estudiados por la Sala Plena de la Corte Constitucional en la
sentencia SU-573 del 2019, mediante la cual declaró la improcedencia de tres
acciones constitucionales seleccionadas para revisión por revestir de una naturaleza
eminentemente legal y patrimonial. En dicho falló se indicó:

12 Sentencia SU-573 de 2019.
13 Ibid.

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Por tanto, solo en la medida en que lo reclamado sea dicha prestación, la tutela
devendría procedente cuando se advierta que su falta de pago conlleva la
vulneración del derecho al mínimo vital y a la seguridad social del trabajador. En
consecuencia, cualquier pago adicional que no corresponda a la finalidad misma
de las cesantías, sino a una penalidad para el empleador que no las consigna al
fondo o las paga al trabajador en los términos solicitados, es un reconocimiento de
fuente legal con carácter netamente patrimonial, que no amerita la intervención del
juez de tutela. Además, según se deriva de los antecedentes de los casos
acumulados, no es prima facie admisible considerar que la falta de reconocimiento
de aquella pretensión económica pueda comprometer su mínimo vital, en la
medida en que los tres accionantes mantienen vigente su vínculo laboral con el
Departamento del Atlántico –como se refiere, igualmente, en el apartado que
sigue-

48. En efecto, los argumentos del accionante, independientemente bajo qué yerros
fueron articulados, están encaminados a determinar si la sanción moratoria por la
consignación tardía de las cesantías, prevista en el numeral 3.º del artículo 99 de la
Ley 50 de 1999 es aplicable a su condición de docente afiliado al Fomag, es decir que
pretende que se dirima un asunto de mera legalidad y de naturaleza económica.

49. Además, la decisión de la autoridad judicial accionada no se encuadra en un
comportamiento arbitrario, defecto sustantivo, violación directa a la Constitución o en
un desconocimiento del precedente judicial, pues estuvo motivada en las normas
relevantes y aplicables a los docentes oficiales, así como la jurisprudencia vigente.

50. Del mismo modo, se pone de presente que formular un simple desacuerdo con
una decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unas garantías
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento del juez de tutela
revista necesariamente relevancia constitucional. Esto, pues la competencia de este
juez se restringe a la protección efectiva de las garantías constitucionales y no a
problemas de carácter económico, legal o patrimonial o a estudiar una mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.

51. De conformidad con lo anterior, la pretensión del accionante refleja un
inconformismo con las conclusiones a las que llegó la autoridad judicial accionada, lo
cual, per se no implica una trasgresión de los derechos fundamentales.

52. Finalmente, se destaca que a partir de la sentencia de unificación SUJ-032 del
11 de octubre de 2023, la Sección Segunda del Consejo de Estado como órgano de
cierre en la materia, unificó jurisprudencia sobre la procedencia de aplicar la sanción
moratoria establecida en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y la indemnización de la
Ley 52 de 1975 a favor de los docentes afiliados al Fomag, al efecto indicó:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción moratoria
prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como quiera que es
incompatible con el sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de
1989. Sin embargo, el personal docente en servicio activo que no esté afiliado a

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FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por ende, la sanción moratoria del
artículo 99, como un mínimo de protección social en favor del docente estatal.

53. Así las cosas, aunado a los argumentos expuestos, el asunto que se debate en
esta oportunidad carece de relevancia constitucional, por cuanto la Sección Segunda
del Consejo de Estado determinó en sede de unificación que los docentes estatales
afiliados al Fomag no tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías. Por tanto, el asunto que se discute ya fue definido por el
juez natural de la causa y, en tal sentido, no es competencia del juez constitucional
estudiar la controversia en cuestión.

2.7. Conclusión

54. Por las razones expuestas, se declarará la improcedencia de acción de tutela
porque no se encontró satisfecho el requisito general de la relevancia constitucional,
toda vez que la parte actora pretende que el juez constitucional realice nuevamente el
estudio zanjado en el proceso ordinario, contrario a proponer la vulneración de los
derechos fundamentales sobre los que invocó su protección.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:

PRMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Fiduprevisora S.A.

SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela promovida por
la señora Milca Irina Gómez Sierra.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

CUARTO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

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ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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