Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05611-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2023-05611-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05611-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05611-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
25 de enero de 2024
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
Consejera Ponente: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veinticinco (25) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Demandante: ELSA IRENE VARGAS VIZCAÍNO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con la pretensión de que se declare una
relación laboral encubierta o subyacente. Defectos de decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente judicial
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Elsa Irene Vargas Vizcaíno, quien actúa mediante
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, en la que pide el
amparo constitucional de sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad
social, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la defensa, a
la igualdad y al mínimo vital y móvil, así como al principio de la primacía de la
realidad sobre las formas, supuestamente vulnerados con la sentencia de 12 de
mayo de 2023, mediante la cual revocó la decisión favorable de primera instancia
y, en su lugar, negó las pretensiones tendientes al reconocimiento de un contrato
realidad formuladas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado No. 08001-33-33-010-2019-00240-01.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La accionante relató que laboró como auxiliar de enfermería a cargo del Ejército
Nacional en el Comando del departamento del Atlántico, específicamente en las
instalaciones del Dispensario Médico – Cantón Militar de Malambo, Atlántico,
mediante sucesivos contratos de prestación de servicio entre el 1 de septiembre
de 2017 al 31 de diciembre de 2018.
Indicó que el 6 de marzo de 2019 solicitó al Ejército Nacional el pago de las
prestaciones durante el tiempo que se ejecutaron los contratos de prestación de
servicio, en razón a que cumplió con labores propias de un empleado de planta,
sin obtener respuesta alguna.
Afirmó que, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, presentó demanda contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, con el fin de que se anulara el acto ficto o presunto negativo por
la falta de respuesta a la petición de 6 de marzo de 2019, y a título de
restablecimiento del derecho que se declarara la configuración de un contrato
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
realidad y se cancelaran las prestaciones sociales dejadas de percibir durante la
existencia de la vinculación contractual.
Sostuvo que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla en
fallo de 27 de agosto de 2021, i) declaró no probada la excepción de mérito
planteada por la entidad demandada, ii) declaró la nulidad del acto administrativo
ficto o presunto negativo, iii) declaró la existencia de la relación laboral entre el 1
de septiembre de 2017 al 31 de diciembre de 2018 y iv) ordenó reconocer y pagar
las prestaciones laborales a las que tenía derecho la parte actora.
Por último, manifestó que contra la anterior decisión la parte demandada
interpuso recurso de apelación. El Tribunal Administrativo del Atlántico por medio
de sentencia de 12 de mayo de 2023 revocó la decisión del a quo y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda porque no demostró el elemento de la
subordinación.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se amparen los
derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la igualdad y al mínimo vital
y móvil, así como el principio de la primacía de la realidad sobre las formas,
supuestamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico con la
sentencia de 12 de mayo de 2023, por medio de la cual se revocó el fallo favorable
de primera instancia y, en su lugar, negó las pretensiones tendientes al
reconocimiento de la relación laboral por no demostrarse el elemento de la
subordinación.
En primer lugar, se refirió a los requisitos generales de procedencia de la acción
de tutela en los casos en los que se reproche la constitucionalidad de una
providencia judicial, y afirmó que “(i) el asunto tiene relevancia constitucional; (ii)
se agotaron los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al
juez de tutela y; (iii) la irregularidad procesal en la cual incurrió el Tribunal
Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión Oral - Sección “B” de desconocer el
precedente constitucional, legal y jurisprudencial relacionado con la presunción de
subordinación en el caso de las auxiliares de enfermería tuvo incidencia directa en
la decisión que resultó lesiva de los derechos y principios fundamentales de la
señora ELSA IRENE VARGAS VIZCAÍNO, a quien le desconocieron sus derechos
al trabajo y la seguridad social con la decisión proferida por el Tribunal, quien
además es madre cabeza de hogar y cumplir la tutela con el principio de
inmediatez”.
Luego, indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos de
decisión sin motivación y desconocimiento del precedente judicial, pues en
el fallo objetado se omitieron las sentencias de unificación de 9 de septiembre de
20211, de 17 de octubre de 20182, de 17 de mayo de 20183, de 26 de octubre de
20174 y de 21 de abril de 20165 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así
como la T-388 de 20206 de la Corte Constitucional.
Afirmó que en el presente asunto se demostraron cada uno de los elementos del
contrato laboral, pues i) en ejecución de los contratos de prestación de servicios
No. 327-DGSM/ESN de 1 de septiembre de 2017 y 090-DGSM/ESM 1015-2018
1
Radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-01, C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.
2
Radicado No. 68001-23-33-000-2014-00483-01, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández.
3
Radicado No. 52001-23-31-000-2002-00991-01, C.P.: William Hernández Gómez.
4
Radicado No. 81001-23-33-000-2013-00118-01, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
5
Radicado No. 13001-23-31-000-2012-00233-01, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
6
M.P.: Diana Fajardo Rivera.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
de 17 de enero de 2018, la señora Elsa Irene Cargas Vizcaíno desarrolló su labor
como auxiliar de enfermería de manera personal, ii) recibió una remuneración por
la prestación del servicio y, por último, iii) la subordinación, para lo cual refirió que
en los contratos de prestación de servició se encuentra establecida la obligación
de “prestar sus servicios médicos dentro de las instalaciones del Establecimiento
de Sanidad Militar 1010”, lo que, en su sentir, resultaba suficiente para configurar
la presunción del mencionado elemento.
Resaltó que la demandante ejerció sus labores “como auxiliar de enfermería en las
instalaciones del Establecimiento de Sanidad Militar 1010 del Batallón de
Ingenieros No. 2 “Gral. Francisco Javier Vergara y Velazco”, permiten por si solo
acreditar el elemento de la subordinación, porque, la naturaleza de dicha función y
la forma como fue desarrollada por la tutelante, esto es, en forma continuada, le
imponía atender las órdenes de un superior, de acuerdo con lo establecido por el
Consejo de Estado en la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de
2021 y la Corte Constitucional en sentencia T-388 de 3 de septiembre de 2020”.
Finalmente, manifestó que el Tribunal Administrativo del Atlántico contrarió las
sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional a través de las
cuales se ha reconocido la existencia de un contrato realidad disfrazado bajo la
modalidad de un contrato de prestación de servicios, de conformidad con el
artículo 53 de la Constitución Política en el que se establece el principio de
primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por los sujetos de las
relaciones laborales.
3. Pretensiones
La parte accionante formuló las siguientes:
“PRIMERO: Con fundamento en los hechos narrados y en las normas constitucionales
citadas, solicito a los H. Consejeros, que se amparen los derechos fundamentales de la
señora ELSA IRENE VARGAS VIZCAÍNO al trabajo, la seguridad social, igualdad, debido
proceso, acceso a la administración de justicia, contradicción y defensa y los principios
mínimos fundamentales a la primacía de la realidad sobre las formalidades establecidas por
los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social y la protección
especial a la mujer señalados en este libelo genitor.
SEGUNDO: Que se deje sin valor y efectos jurídicos la sentencia del 12 de mayo de 2023
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión Oral – Sección “B”, a
través de la cual se decidió revocar la sentencia proferida el día 27 de agosto de 2021 por el
Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla y negar las pretensiones de
la demanda.
TERCERO: Que se ordene al Tribunal Administrativo del Atlántico - Sala de Decisión Oral -
Sección “B”, que profiera una providencia de reemplazo en la que se aplique y dé una
valoración adecuada del precedente jurisprudencial del Consejo de Estado contenido en la
sentencia de unificación del 25 de agosto de 2016, la sentencia del 21 de abril de 2016 y la
sentencia SUJ-025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, de acuerdo con las reglas
jurisprudenciales vigentes a la fecha de presentación de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho”.
4. Pruebas relevantes
En correo electrónico de 5 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo del
Atlántico remitió el link de acceso al medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho que promovió la señora Elsa Irene Vargas Vizcaíno contra la Nación,
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional (radicado No. 08001-33-33-010-
2019-00240-01).
5. Trámite procesal
Por auto de 2 de octubre de 2023, el despacho de la magistrada sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
así como al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla, a la
Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios Nos. 107742 a 107748
de 4 de octubre de 2023, 115865 de 17 de octubre de 2023 y 123017 de 27 de
octubre de 2023, con el fin de notificar a las partes7.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Atlántico
En escrito de 5 de octubre de 2023, la magistrada ponente pidió que se declarara
la improcedencia de la acción de tutela por no configurarse los requisitos
generales de procedencia. En su defecto, solicitó que se nieguen las pretensiones
de la solicitud por no demostrarse la vulneración de los derechos fundamentales
de la demandante.
Afirmó que en el presente asunto no se configuró ninguno de los requisitos
generales, como tampoco las causales específicas de procedencia ni se ha
configurado una “vía de hecho por defecto fáctico”, más aún cuando la
argumentación del escrito de amparo está encaminada a mostrar su desacuerdo
con la providencia de segunda instancia. Agregó que la accionante tendría a su
alcance el recurso extraordinario de revisión, para perseguir las mismas
pretensiones que plantea en la acción de tutela.
De otro lado, sostuvo que en la sentencia objetada se señalaron las pruebas
aportadas tanto por la parte actora como por las entidades accionadas, de las
cuales se logró demostrar los elementos de la prestación personal del servicio y la
remuneración o forma de pago, mas no se probó la subordinación.
Indicó que, en oficio de 30 de agosto de 2017 expedido por el jefe del
Establecimiento de Sanidad Militar No. 1010 y dirigido al Subdirector
Administrativo del Establecimiento de Sanidad Militar No. 1015, se solicitó
autorización con el fin de celebrar un contrato de prestación de servicios con la
señora Elsa Vargas Vizcaíno, para apoyo en el Cantón Militar Malambo, “en razón
a que no cuenta con personal suficiente para cumplir las exigencias”, con lo cual
se configuró la excepción contenida en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80
de 1993, para esa tipología contratos con personas naturales, pues en razón a la
falta de personal no podía cumplir con la demanda del servicio de salud.
Resaltó que no se acreditó que, para las actividades contratadas, existían
personas vinculadas a la planta de personal de la entidad demandada, con
conocimientos especializados para atenderlas para los periodos en que fue
contratada.
Señaló que la parte actora no demostró, a través de documentos pertinentes,
cuáles fueron las funciones generales y específicas de la entidad demandada, no
anexó la planta de personal y el manual de funciones y requisitos, o su
7
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes
direcciones de correo electrónico: Eirenevargas1618@gmail.com; Nilsonmiguel58@hotmail.com,
ventanillad01tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminatl@cendoj.ramajudicial.gov.co;
sgtadminatl@notificacionesrj.gov.co; ventanillad05tadmatl@cendoj.ramajudicial.gov.co,
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacionesDGSM@sanidadfuerzasmilitares.mil.co;
DGSM@sanidadfuerzasmilitares.mil.co, ceoju@buzonejercito.mil.co, adm10bqlla@cendoj.ramajudicial.gov.co,
usuarios@mindefensa.gov.co; notificaciones.tutelas@mindefensa.gov.co, disan.juridica@buzonejercito.mil.co y
disan.juridica@buzonejercito.mil.co.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
equivalente, en aras de precisar si las labores desempeñadas por la accionante
correspondían a las propias de los servidores públicos de planta.
Relató que lo relativo al cumplimiento de horarios y turnos fue aceptado por la
entidad demandada en el proceso ordinario, empero, conforme lo ha establecido la
jurisprudencia del Consejo de Estado esa circunstancia per se, no acredita el
elemento de la subordinación.
Afirmó que la actora suscribió dos convenios con la parte demandada, cuyos
objetos contractuales y obligaciones específicas fueron distintos, lo cual denota
que la necesidad del servicio para cada de uno de ellos, fue temporal, por lo que
concluyó que no se acreditó el elemento de la subordinación.
Por último, manifestó que las providencias de “4 de febrero y 25 de agosto de
2016”, si bien en el texto de la tutela se citaron apartes de esas decisiones, no se
señalaron los datos de identificación de esas providencias, en aras de consultar su
contenido completo y analizar su aplicabilidad. Igualmente, respecto al fallo de 21
de abril de 2016, hace referencia a la presunción de subordinación en el caso de
las enfermeras, sin embargo, esa postura ha sido relativizada, en el sentido de
que ello no implica que la parte interesada omita aportar elementos tendientes a
acreditar la dependencia y en lo atinente a la sentencia de unificación SUJ-025-
CE-S2-2021 de 9 de septiembre de 2021 de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, se ocupó consolidar su criterio en cuanto (i) al alcance de la expresión
“término estrictamente indispensable” contenido en el numeral 3° del artículo 32 de
la Ley 80 de 1993; (ii) la delimitación del término de solución de continuidad en
contratos de prestación de servicios que ocultaron un contrato laboral declarado, a
efectos de terminar la prescripción de derechos y (iii) la improcedencia de la
devolución de los aportes a la seguridad social en salud efectuados por el
contratista, puntos que no fueron motivo de estudio en la decisión objetada.
6.2. Respuesta del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Barranquilla
En escrito de 6 de octubre de 2023, el titular del despacho informó que está presto
a cumplir las órdenes emitidas en la sentencia de tutela, más aún cuando lo que
se reprocha es el fallo de segunda instancia que resultó desfavorable a la
demandante.
6.3. El Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y la Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional, guardaron silencio, aun cuando se les notificó en
debida forma el auto admisorio de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Delimitación del debate y planteamiento del problema jurídico
2.1. En el escrito de tutela la demandante invoca los defectos de decisión sin
motivación y desconocimiento del precedente judicial, sin embargo, solo expuso
argumentos respecto del segundo, razón por la cual el debate se abordará frente a
este último.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
2.2. Precisado lo anterior, le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal
Administrativo del Atlántico con la sentencia de 12 de mayo de 2023, por medio de
la cual se revocó la decisión del Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de
Barranquilla que accedió a las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en el sentido de declarar la existencia de un contrato
realidad y el pago de las respectivas prestaciones y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda, vulneró los derechos fundamentales al trabajo, a la
seguridad social, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la
defensa, a la igualdad y al mínimo vital y móvil, así como al principio de la
primacía de la realidad sobre las formas, y si incurrió en el defecto por
desconocimiento del precedente judicial, pues se desatendieron las sentencias
de unificación de 9 de septiembre de 20218, de 17 de octubre de 20189, de 17 de
mayo de 201810, de 26 de octubre de 201711 y de 21 de abril de 201612 de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, así como la T-388 de 202013 de la Corte
Constitucional, relacionadas con el análisis del elemento subordinación en el
estudio del contrato realidad.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos14 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos15, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en
virtud del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 201216, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
201417, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200518.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
8
Radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-01, C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.
9
Radicado No. 68001-23-33-000-2014-00483-01, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández.
10
Radicado No. 52001-23-31-000-2002-00991-01, C.P.: William Hernández Gómez.
11
Radicado No. 81001-23-33-000-2013-00118-01, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
12
Radicado No. 13001-23-31-000-2012-00233-01, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
13
M.P.: Diana Fajardo Rivera.
14
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
15
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
16
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
17
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
18
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico19; (ii) Defecto procedimental absoluto20; (iii)
Defecto fáctico21; (iv) Defecto material o sustantivo22; (v) Error inducido23; (vi)
Decisión sin motivación24; (vii) Desconocimiento del precedente25 y (viii) Violación
26
directa de la Constitución .
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo27 y de la Corte
Constitucional28.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
La Sala encuentra que los requisitos generales de procedencia están cumplidos
en el asunto bajo estudio, por cuanto (i) goza de relevancia constitucional, en tanto
se debe determinar si la revocatoria del fallo favorable de primera instancia en el
19
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
20
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
21
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se
sustenta la decisión.
22
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
23
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
24
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de
sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
25
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
26
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de 2023 y
SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
27
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01), Sentencia
del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia del 24 de
noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia del 27 de
noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
28
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos y
SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que había declarado la
existencia de una relación laboral a favor de la demandante limita el alcance y
goce de sus derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la igualdad y al
mínimo vital y móvil, así como al principio de la primacía de la realidad sobre las
formas, por lo que no se observa que la solicitud de amparo se presente como una
instancia adicional o se plantee un asunto de mera legalidad, sino que se plantea
un posible desconocimiento del precedente judicial de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, para lo cual cumple con una carga argumentativa suficiente.
Igualmente, (ii) la última providencia objetada fue dictada en un recurso de
apelación, por lo que la demandante no cuenta con otro mecanismo de defensa
29
judicial; (iii) la solicitud de amparo se instauró dentro de los seis (6) meses
establecidos como plazo razonable precisado por esta Corporación y la Corte
Constitucional30; (iv) los hechos y las pretensiones fueron desarrollados de manera
clara y (v) la acción no es contra un fallo de la misma naturaleza.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en desconocimiento del
precedente judicial
4.2.1. La accionante manifiesta que el Tribunal Administrativo del Atlántico con la
sentencia de 12 de mayo de 2023, por medio de la cual se revocó la decisión del
Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla que accedió a las
pretensiones del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el
sentido de declarar la existencia de un contrato realidad y el pago de las
respectivas prestaciones y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda,
vulneró los derechos fundamentales al trabajo, a la seguridad social, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la igualdad y al
mínimo vital y móvil, así como al principio de la primacía de la realidad sobre las
formas, toda vez que incurrió en el defecto por desconocimiento del
precedente judicial, pues se desatendieron las sentencias de unificación de 9 de
septiembre de 202131, de 17 de octubre de 201832, de 17 de mayo de 201833, de 26
de octubre de 201734 y de 21 de abril de 201635 de la Sección Segunda del Consejo
de Estado, así como la T-388 de 202036 de la Corte Constitucional, relacionadas
con el análisis del elemento subordinación en los casos en los que se debate la
existencia de una relación laboral subyacente cuando están de por medio
enfermeras o auxiliares de enfermería.
4.2.2. En torno al defecto por desconocimiento del precedente judicial, es
necesario precisar que la Corte Constitucional ha dicho que la aplicación del
precedente judicial implica que37: «un caso pendiente de decisión debe ser fallado
de conformidad con el (los) caso (s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes
que definen el caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho
que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la
29
La última providencia objetada se profirió el 12 de mayo de 2023, cuya notificación se surtió el 1 de septiembre de
2023 y la acción de tutela se instauró el 28 de septiembre de 2023, es decir, dentro del plazo razonable de los seis
(6) meses.
30
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A. Demandado:
Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de 2019, Corte
Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
31
Radicado No. 05001-23-33-000-2013-01143-01, C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas.
32
Radicado No. 68001-23-33-000-2014-00483-01, C.P.: Gabriel Valbuena Hernández.
33
Radicado No. 52001-23-31-000-2002-00991-01, C.P.: William Hernández Gómez.
34
Radicado No. 81001-23-33-000-2013-00118-01, C.P.: Sandra Lisset Ibarra Vélez.
35
Radicado No. 13001-23-31-000-2012-00233-01, C.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.
36
M.P.: Diana Fajardo Rivera.
37
Sentencia T-158 de 2006.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta o más
específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación»
El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
Para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, por
desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas38:
1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció15.
2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias entre
el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para apartarse del
precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del precedente
judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento del precedente
si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de la
decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que el
juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto39.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.
4.2.3. Previo al estudio del defecto por desconocimiento del precedente judicial
alegado por la demandante, la Sala realizará una breve reseña de las actuaciones
relevantes en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en
el que se dictó la providencia objeto de reproche constitucional.
La accionante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional, con el fin de que anulara el acto ficto o presunto
negativo sobre la reclamación presentada el 6 de marzo de 2019, en la que se
pidió el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales en virtud de la
configuración del contrato realidad durante el tiempo que laboró como auxiliar de
enfermería y que, como consecuencia, se cancelaran las prestaciones y demás
emolumentos dejados de percibir durante el tiempo en que perduró el vínculo
mediante sucesivos contratos de prestación de servicios.
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Barranquilla en sentencia de 27
de agosto de 2021, declaró no probada las excepciones de mérito de falta de
causa para demandar, declaró la nulidad del acto ficto o presunto negativo, la
existencia del contrato realidad entre la demandante y la parte demandada y
ordenó el pago de las prestaciones sociales y las diferencias que surjan por virtud
de los derechos prestacionales que impliquen variación del ingreso base para
cotización de los aportes a la seguridad social en pensión y salud. Esa decisión se
sustentó en que se demostraron los tres elementos de una relación laboral, como
lo son la prestación personal del servicio, la remuneración y la subordinación.
38
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
39
Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se
haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es
necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que
se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de
indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso
(su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación
del precedente, por vía analógica” (se destaca).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
La Nación -Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, Dirección de
Sanidad del Ejército Nacional, pidió que se revocara la decisión apelada, al
considerar que no estaba probado el elemento de la subordinación de la
accionante por el despliegue de las labores propias del contrato que celebró, a lo
que agregó que no se aportaron pruebas de que la actora estuviese sometida a
ordenes permanentes. Adicionalmente, señaló que la verificación del
cumplimiento del objeto contractual es una labor de coordinación.
El Tribunal Administrativo del Atlántico en fallo de 12 de mayo de 2023, revocó la
sentencia del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, para lo
cual procedió a establecer los hechos probados a partir de las pruebas aportadas40
al proceso. A continuación, se refirió a cada uno de los elementos de la relación
laboral en el presente asunto y resaltó que, a partir de las pruebas allegadas por
la parte demandada, no se cumplió con el elemento subordinación, bajo los
siguientes argumentos:
“En efecto, el oficio de requerimiento de esa actividad, denota que la entidad accionada no contaba
con personal suficiente para atender a los usuarios; es decir, se configuró la excepción contenida
en el numeral 3° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, para la celebración de contratos de
prestación de servicio con personas naturales.
Sin embargo, en el expediente no reposa prueba tendiente a demostrar que, para las actividades
contratadas, también había personas vinculadas a la planta de la entidad demandada, con
conocimiento especializados, en los periodos contratados a fin de ejecutar las actividades
convenidas.
Para lo anterior, se requiere que la parte interesada detallara y acreditara, a través de documento
pertinente, las funciones generales y específicas de la entidad demandada; adicionalmente,
anexara la planta de personal y el manual de funciones y requisitos, o su equivalente, en aras de
precisar si las labores desempeñadas por la demandante correspondían a las propias de los
servidores públicos de planta.
Respecto al escrito fechado el 21 de septiembre de 2018, se refiere a una solicitud de la señora
Cindy Martínez Machado para ausentarse de sus labores, persona que es ajena a este asunto y de
la cual se desconoce si era contratista o de planta.
En cuanto a la capacitación para el diligenciamiento de formatos de estadística, en la constancia
se señaló que dichos formatos sirvieron de soporte para el pago de cada profesional de la salud;
además, se observa que corresponde al cumplimiento de las obligaciones específicas del
contratista, específicamente la de efectuar los reportes y entregar estadísticas de acuerdo a las
necesidades requeridas por la dirección del ESM 1010.
En lo relativo al cumplimiento de horarios y turnos, fue aceptado por la entidad accionada; sin
embargo, como ya se acotó, esa circunstancia, per se, no acredita el elemento de la
subordinación.
A partir de las actividades asignadas y contenidas en los contratos de prestación de servicio
anteriormente relacionadas, si bien señala que la contratista debía prestar el servicio conforme a
las indicaciones del contratante, en modo alguno permiten presumir nexo de sujeción o
subordinación, máxime cuando no obran elementos de convicción que reflejen dicha dependencia
a través del cumplimiento de órdenes provenientes de otros funcionarios, como llamados de
atención o memorandos por incumplimientos de horario o jornada de trabajo u oficios tendientes a
regir la forma en que se desarrollaban los objetos convenidos, o inclinados a probar las
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la señora Vargas Vizcaíno cumplí a con las
actividades.
Destaca la sala que, los objetos contractuales y obligaciones específicas de la contratista en cada
uno de los convenios, fueron distintos, lo cual denota que la necesidad del servicio fue temporal.
(…)
En ese orden, esta corporación concluye que se carece de suficiente, pertinente y conducente
material probatorio que permita deducir la relación jurídica sustancial que la señora Vargas
Vizcaíno afirmó haber tenido con la entidad demandada, carga probatoria que le correspondía a la
parte actora, acorde con el mandato del artículo 167 del Código General del proceso.
40
Contrato No. 327 – DGSM/ESN 1015-2017, CONTRATO No. 090-DGSM-ESM 1015-2018, la constancia expedida
el 13 de diciembre de 2018 por el director del Establecimiento de Sanidad Militar No. 1010, oficio de 30 de agosto de
2017 dirigido al subdirector administrativo del Establecimiento de Sanidad Militar No. 1015, escrito de 21 de
septiembre de 2018 dirigido al director administrativo del Establecimiento de Sanidad Militar No. 1010, constancia de
1 de junio de 2018 del director del Establecimiento de Sanidad Militar No. 1010 y cuadros de disponibilidad de
enfermería de los meses de marzo, abril, junio, octubre, noviembre y diciembre de 2018.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
Así, se requería que la parte accionante probara de manera inconcusa la relación laboral (sic)
realidad, pues tenía la carga probatoria en punto a desentrañar la verdadera relación existente; es
decir, aportar o pedir las probanzas tendientes a acreditar los elementos que estructuraran el
vinculo reclamado, esto es, la necesidad permanente, la prestación personal del servicio, la
retribución económica respectiva, y que la actividad se ejecutó bajo una continuada subordinación
y dependencia.
(…)
De lo anterior, se observa que el Tribunal Administrativo del Atlántico consideró
que en el curso del proceso ordinario no se demostró el elemento de la
subordinación, porque los documentos aportados resultaron insuficientes para
probar la existencia de una relación laboral continua y subordinada, pues no
ofrecieron elementos de juicio relacionados con órdenes dictadas por algún
superior, no se demostró la existencia de un cargo de planta que ejerciera las
mismas funciones y, además, se evidenció que el vínculo contractual fue para
satisfacer una necesidad del servicio de manera temporal.
4.2.4. Precisado lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto la
autoridad judicial accionada no incurrió en desconocimiento del precedente
judicial alegado, tal como se expone a continuación:
En primer lugar, se advierte que la sentencia de 17 de mayo de 2018 dictada en el
curso de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho41 en el que se
pretendía el reconocimiento de una relación laboral subyacente de una persona
que laboró como enfermera en el municipio de Pasto y en la que se negaron las
pretensiones por no demostrarse el elemento subordinación por deficiencia
probatoria, lo que resulta similar al presente asunto, pues en el caso de la
accionante el Tribunal Administrativo del Atlántico no evidenció el mismo
elemento del contrato de trabajo, toda vez que no se aportaron pruebas que
demostraran que el vínculo no fue por una necesidad del servicio de naturaleza
temporal, que existiera un cargo de planta que ejerciera las mismas funciones ni
que recibía algún tipo de orden en su labor.
Por otra parte, respecto a los fallos de 21 de abril de 2016, de 26 de octubre de
2017 y de 17 de octubre de 2018 proferidos por la Sección Segunda del Consejo
de Estado en los que se reconoció la existencia de una relación laboral de unas
enfermeras que fueron vinculadas mediante contrato de prestación de servicio, en
los que se demostró cada uno de los elementos del contrato laboral, se concluyó
que en los casos de personas que se desempeñan como enfermeras o auxiliar de
enfermería se podía considerar una posible presunción del elemento
subordinación en razón a la naturaleza de la labor que se ejerce, la cual, por lo
general se desarrollan sin autonomía e independencia. Sin embargo, en el
presente asunto el tribunal evidenció que la entidad demandada demostró que se
había configurado la excepción contenida en el numeral 3° del artículo 32 42 de la
Ley 80 de 1993, toda vez que no se contaba con personal suficiente para atender
a los usuarios, por lo que no resultaba procedente aplicar la mencionada
presunción, más aún cuando la autoridad judicial accionada evidenció que el
vínculo fue temporal, es decir no se prolongó en el tiempo, además que el tribunal
accionado encontró que los objetos contractuales eran diferentes. Por
41
Radicado No. 08001-33-33-010-2019-00240-01.
42
La citada disposición establece: “De los Contratos Estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos
generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el
derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad, así como
los que, a título enunciativo, se definen a continuación. (…) 3o. Contrato de Prestación de Servicios. Son contratos
de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la
administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales
cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos
especializados. En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán
por el término estrictamente indispensable”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
consiguiente, la parte interesada debía cumplir con una carga mínima probatoria,
lo que no ocurrió.
Aunado a lo anterior, se debe resaltar que las decisiones mencionadas en el
párrafo anterior se profirieron con anterioridad a la sentencia de unificación de 9
de septiembre de 2021 de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
De otro lado, respecto a la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se advierte que en esta no se
desarrolló alguna regla jurisprudencial en la que se disponga que en los casos
que se discute la existencia de una relación laboral subyacente de una enfermera
o auxiliar de enfermería, se deba presumir el elemento subordinación como lo
afirma la demandante. Todo lo contrario, establece que es una carga de la parte
interesada demostrar dicho elemento (lugar de trabajo, horario de labores,
dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar y que las actividades o
tareas a desarrollar correspondan a las que tienen asignadas los servidores de
planta), razón por la cual la autoridad judicial accionada no incurrió en
desconocimiento del precedente judicial.
Por último, la sentencia T-388 de 2020 de la Corte Constitucional, si bien se
relaciona con el contrato realidad de una auxiliar de enfermería, lo cierto es que
no se trata de los mismos supuestos fácticos y jurídicos, pues en dicha decisión la
accionante era una madre cabeza de familia que gozaba de estabilidad laboral
reforzada, lo que la señora Elsa Irene Vargas Vizcaíno no demostró al presentar
la solicitud de amparo, por lo que dicho fallo no resulta aplicable.
Así las cosas, se evidencia que la accionante en el curso del proceso ordinario no
cumplió con la carga de probar la existencia de empleos de planta o que su
autonomía o independencia al ejercer su labor se viera afectada por órdenes de
un superior mediante los diferentes elementos de convicción como los
testimonios. Además, no aportó prueba adicional a los contratos en los que se
evidenciara que las funciones desarrolladas las realizara otro empleado de planta.
En vista de lo anterior, es claro que la autoridad judicial accionada no incurrió en
desconocimiento del precedente judicial, pues, i) en los casos que se declaró el
contrato realidad en favor de personas que laboraron como enfermeras o auxiliar
de enfermería, si bien en la mayoría de estos se presumió el elemento
subordinación, lo cierto es que no se puede descartar que de acuerdo a las
particularidades de cada asunto y en el marco del debate probatorio existieran
casos en lo que no había lugar a declarar el contrato realidad por falencias
probatorias, ii) la sentencia de unificación de 9 de septiembre de 2021 no
establece una regla en la que disponga la presunción de subordinación en casos
de enfermeras o auxiliares de enfermería y que iii) las decisiones que invoca la
accionante como supuestamente desatendidas son anteriores a la precitada
sentencia de unificación.
En consecuencia, la Sala observa que la demandante no demostró que la
autoridad judicial accionada incurriera en el defecto por desconocimiento del
precedente judicial, por lo que se negarán las pretensiones de la acción de tutela.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05611-00
Actora: Elsa Irene Vargas Vizcaíno
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por la
señora Elsa Irene Vargas Vizcaíno, quien actúa por conducto de apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, por las razones aquí
expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.