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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05640-01

Fecha
6 de marzo de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2023-05640-01

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

F A L L A: 32 Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01 Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer la acción de tutela de la referencia, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia, separarlo del conocimiento del asunto. Por secretaría general, informar esta decisión a la Oficina de Sistemas para que haga la compensación correspondiente. Segundo. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 26 de octubre de 2023, que dictó el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela. En su lugar, se dispone: denegar el amparo solicitado por la señora Yenny Piedad Polanco Peña, conforme a la parte considerativa que antecede. Tercero. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 11001-03-15-000-2023-05640-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

6 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento y pago de la sanción
moratoria a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG). Aplicación por favorabilidad de la Ley 50 de 1990.
No se configura el defecto sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial ni la violación directa de la Constitución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 26 de octubre de 2023, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Quinta,
declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La señora Yenny Piedad Polanco Peña, por medio de apoderado, promueve acción de
tutela contra la providencia del 31 de julio de 2023, que dictó el Tribunal Administrativo
de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, mediante la que confirmó el fallo del 31 de
enero de 2023, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Medellín.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

1.2. Pretensiones

La accionante formula las siguientes súplicas:

i) Se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social,
a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, así como los principios de la perpetuatio jurisdictionis y la
seguridad jurídica.

ii) En consecuencia, se deje sin efectos la sentencia del 31 de julio de 2023, emitida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, dentro del
proceso de nulidad y restablecimiento con radicación 05001 33 33 006 2023 00077 02
y, en su lugar, se ordene proferir una nueva decisión en la que se atienda la
multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria ha edificado tanto la Corte Constitucional como la Sección Segunda
del Consejo de Estado, así:

3. CORTE CONSTITUCIONAL

Nº. RADICADO
EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS

SENTENCIA DE
1 Exp. T- 17 de octubre de 2018 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO UNIFICACIÓN 098/2018
6.736.200 DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T-5904426 SENTENCIA DE
2 y otros 25 de julio de 2019 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO UNIFICACIÓN 332/2019
DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T- SENTENCIA DE
3 7.182.312 y 6 de febrero de 2020 Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ UNIFICACIÓN 041/2020
otros DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

Nº. RADICADO
EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS
FIRMANTES
SENTENCIA DE
1 08001-23-33-000- 6 de agosto de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA UNIFICACIÓN DEL
2013-00666-01 CONSEJO DE ESTADO
(0833-16)
76001-23-31-000- Dr. CÉSAR PALOMINO

3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

2 2009-00867-01 24 de enero de 2019 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – D r.
[…] 4854-2014 CARMELO PERDOMO
CUÉTER
11001-03-15-000- Dr. JAIME ENRIQUE
3 2018-04617-01 17 de junio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS D r.
GUILLERMO SÁNCHEZ
LUQUE
11001-0315-000- Dr. NUBIA MARGOTH
4 2018-04679-01 28 de junio de 2019 Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS PEÑA GARZÓN - D r.
HERNANDO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
11001-0315-000- Dr. JAIME ENRIQUE
5 2018-03499-01 29 de julio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS D r.
GUILLERMO SÁNCHEZ
LUQUE
Dr. WILLIAM
6 08001 23 33 000 2 de diciembre de 2019 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNÁNDEZ GÓMEZ D r.
2014 00173-01 GABRIEL VALBUENA
(1688-16) HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
7 08001-23-33-000- 10 de junio de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – D r.
2014-00208-01 CARMELO PERDOMO
CUÉTER
08001-23-31-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
8 2014-00254-01 22 de octubre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
(4960-2017) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-33-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
9 2014-00132-01 12 de noviembre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-31-000- Dr. WILLIAM
10 2014-00815-01 17 de junio de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ -
(4979-2017) Dr. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS-
Dr. SANDRA LISSET
11 08001-23-33-000- 17 de junio de 2021 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ – Dr.
2015-00331-01 CARMELO PERDOMO
CUÉTER
19001-23-33-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
12 2015-00445-02 4 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(0483-20) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
13 08001-23-33-000- 25 de noviembre de 2021 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – D r.
2014-01127-01 CARMELO PERDOMO
(1002-2021) CUÉTER
40001-23-40-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
14 2017-00134-01 25 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(2208-2020) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-40-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
15 2015-90008-01 11 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(2387-2020) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-40-000- Dr. WILLIAM
16 2014-90022-01 11 de noviembre de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ -
(5154-2016) Dr. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS-
08001-23-33-000- Dr. WILLIAM
17 2017-00931-01 20 de enero de 2022 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ -
(1001-2021) Dr. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS-
08001-23-33-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
18 2015-00075-01 3 de marzo de 2022 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(2660-2020) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr CÉSAR PALOMINO
19 76001-23-33-000- 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER CORTÉS – D ra.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

2013-00756-01 SANDRA LISETH IBARRA
(2224-2020) VÉLEZ
Dr. WILLIAM
20 08001-23-40-000- 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNÁNDEZ GÓMEZ D r.
2017-00795-01 GABRIEL VALBUENA
(2659-2020) HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
21 47001-23-33-000- 19 de mayo de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – D r.
2019-00359-01 CARMELO PERDOMO
(4004-2021) CUÉTER
Dr. CÉSAR PALOMINO
22 47001-23-33-000- 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – D r.
2019-00376-01 CARMELO PERDOMO
(4462-2021) CUÉTER
Dr. SANDRA LISSET
23 08001-23-33-000- 22 de agosto de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ – Dr.
2015-00509-01 CARMELO PERDOMO
(2140-2020) CUÉTER
Dr. SANDRA LISSET
24 08001-23-33-000- 22 de septiembre de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ – Dr.
2015-90124-01 CARMELO PERDOMO
(2394-2020) CUÉTER
76001-23-31-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
25 2012-00212-02 19 de enero de 2023 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(4470-2021) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
26 47001-23-33-000- 26 de enero de 2023 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNÁNDEZ GÓMEZ D r.
2018-00231-01 GABRIEL VALBUENA
(0871-2020) HERNÁNDEZ

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la accionante a través de su apoderado señala los
siguientes:

i) Labora en la entidad territorial certificada en educación del departamento de
Antioquia y su ingreso se dio después de 1990; en consecuencia, tiene derecho al
reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado e intereses.

ii) El 15 de febrero de 2021, la Nación (Ministerio de Educación Nacional) no trasladó
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG) las cesantías
correspondientes al año 2020.

iii) Transcurridos cinco meses sin que se realizara la consignación efectiva, solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, que fue negado mediante Oficio 202130360687 del 23 de agosto de 2021,
por la Alcaldía de Medellín.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

iv) Contra ese acto impetró medio de control de nulidad y restablecimiento que se
surtió ante el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín que, a través
de sentencia del 31 de enero de 2023, denegó las súplicas de la demanda.

v) Al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, le correspondió
el conocimiento del asunto en segunda instancia y, el 31 de julio de 2023 profirió fallo
confirmando la providencia del a quo, decisión que no se apareja con el contenido de
la ley ni de la abundante jurisprudencia constitucional y del órgano de cierre de la
jurisdicción contencioso-administrativa.

1.4. Fundamentos jurídicos

La accionante alega que con la providencia objeto de censura se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, y los
principios de la perpetuatio jurisdictionis y de seguridad jurídica, así como el
precedente vertical, por las siguientes razones:

i) En el presente asunto se configura la violación directa de la Constitución por la
inaplicación del principio de favorabilidad. De acuerdo con la Sentencia SU-098 de
2018, en virtud de los postulados de igualdad y de in dubio pro operario no se debe
excluir al sector oficial docente de lo previsto en la Ley 50 de 1990, ya que por tener el
carácter de servidores públicos son beneficiarios de la sanción moratoria. Además, el
problema jurídico es de índole constitucional, porque acarrea el pago o consignación
oportuna del auxilio de cesantía, que necesariamente tiene un alcance al derecho a la
seguridad social.

ii) Los argumentos de la sentencia censurada señalan a) que no existe norma jurídica
que contemple la sanción moratoria a favor de los educadores, b) que no hay un
precedente consolidado que obligue a acatarlo; y c) que acceder a lo pretendido
implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en lo que respecta

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

a la administración de los recursos —principio presupuestal de unidad de caja—
desconociendo el propósito del legislador.

iii) Pues bien, los dos primeros razonamientos ya fueron superados por la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las veintidós
sentencias proferidas en sus Subsecciones, en las que se estableció que la Ley 50 de
1990, sí se aplica a los docentes, por disposición de las leyes 91 de 1989 y 344 de
1996, y los decretos 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.

iv) El Consejo de Estado acogió una interpretación favorable, en el sentido de indicar
que la Ley 50 de 1990 cobija a los docentes oficiales, como lo señaló la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018. Ahora, que el Tribunal estime que
esa providencia estudia otra situación fáctica y jurídica, no resulta cierto, toda vez que
la norma ibidem castiga la no consignación de la cesantía en el fondo no la falta de
afiliación, es por ello, que los maestros deben tratarse en igualdad de condiciones que
al resto de empleados públicos del país.

v) Causa extrañeza que el Tribunal dicte una decisión que afecta derechos
fundamentales, toda vez que con una justificación objetiva, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, en los años 2021, 2022 y 2023 resolvió unificar en sus dos
Subsecciones la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los
educadores vinculados después del 1.º de enero de 1990, lo que significa que el
empleador, en este caso el Ministerio de Educación Nacional debía trasladar antes del
15 de febrero de 2021, las cesantías correspondientes a 2020.

vi) Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que esta corporación ha determinado
—en distinta jurisprudencia— que se deben emplear los criterios vigentes para la fecha
de ocurrencia de los hechos; por consiguiente, se deben respetar las leyes y los
precedentes existentes al momento de causación del derecho reclamado.

vii) Así mismo, la obligación tanto del Gobierno nacional como de las entidades
territoriales, las cajas nacional y departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro de
trasladar los dineros respectivos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) —nacionalizados, territoriales o nacionales—, no está en

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

discusión, ya que esta fue la intención y la orden impartida desde la expedición de la
Ley 91 de 1989; sin embargo, en el asunto sub examine se indicó que existe unidad
de caja, lo que no es cierto, porque los recursos ya fueron consignados efectivamente
a la entidad. Si bien, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, establece la unidad de caja
de los recursos del fondo para el pago de las prestaciones sociales no significa que se
predique este principio de los recursos del Ministerio de Educación y del FOMAG.

viii) El Tribunal concluyó que la jurisprudencia del Consejo de Estado no era aplicable,
pues las materias allí analizadas trataban de docentes no afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), mientras que, en el sub judice, la
educadora sí lo estaba, argumento errado comoquiera que los supuestos fácticos
sobre los cuales se emitieron los fallos de la alta corporación se efectuaron sobre la
base de la procedencia de la consignación para docentes afiliados al fondo.

ix) Con todo, expresar tal situación es como permitir que las entidades territoriales
vincularan docentes sin autorización de la Nación (Ministerio de Educación Nacional)
y luego se responsabilizara a esa entidad por el impago de las cesantías, cuando fue
lo que expresamente se prohibió en el artículo 6.º de la Ley 60 de 1993. No puede
vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal que fueron
aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación, sin que
previamente estuviera aprobado por la Nación, pues precisamente existía una
vinculación automática al FOMAG para que se trasladaran las cesantías causadas
anualmente como lo prevé la Ley 91 de 1989 a todos los educadores, como ocurre en
su caso, que se vinculó después del 1.º de enero de 1990.

x) A los docentes le son aplicables los decretos 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848
de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978 y las demás normas expedidas en el futuro —
así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como son las leyes 50 de 1990 y 344 de 1996,
que expresamente señalan la obligación del empleador de consignar las cesantías de
los docentes oficiales en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.

1.5. Actuación procesal

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

La acción de tutela se admitió mediante providencia del 2 de octubre de 2023, que
ordenó notificar a los magistrados de la Sala Tercera de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación
a la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio), al distrito de Medellín y al Juzgado Sexto Administrativo Oral
del Circuito de Medellín, como terceros interesados en las resultas de este proceso,
para que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran
el respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Tribunal Administrativo de Antioquia. La magistrada Gloria María
Gómez Montoya al dar contestación a la demanda señala que dentro del radicado
05001 33 33 006 2022 00077 02 se profirió sentencia el 31 de julio de 2023 y en ella
se encuentran debidamente planteados los argumentos de hecho y de derecho que la
sustentan, por tanto, puede afirmarse que no se ha vulnerado derecho fundamental
alguno.

1.6.2. Del Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín. El juez
Julián Edgardo Moncaleano Cardona solicita se declare la improcedencia de la acción
o en subsidio se deniegue el amparo reclamado, toda vez que el medio de control se
adelantó con pleno respeto de las garantías procesales de las partes. Las decisiones
adoptadas fueron debidamente notificadas con observancia del debido proceso y el
acceso a la administración de justicia, según las reglas establecidas en la «Ley 472 de
1998». Así mismo, el proveído cuestionado estuvo debidamente motivado y la
valoración probatoria allí contenida condujo a su expedición.

1.6.3. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, por
medio de apoderada, pide se declare improcedente la tutela, en razón a que la
accionante no acreditó haber agotado el mecanismo extraordinario de unificación de
jurisprudencia y porque el Consejo de Estado con el fin de garantizar los principios de
seguridad jurídica y confianza legítima admitió demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en la que unificará lo relativo a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para
docentes oficiales, y finalmente, porque este mecanismo no está previsto como una

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Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

tercera instancia que permita demostrar hechos que no fueron discutidos en el proceso
ordinario de carácter laboral.

1.6.4. De la Nación (Ministerio de Educación Nacional). El señor Walter Epifanio
Asprilla Cáceres, jefe de la Oficina Asesora Jurídica aduce que no se encuentra
satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, ya que si bien es cierto la
accionante alega la presunta vulneración del derecho al debido proceso y de algunos
principios de naturaleza constitucional, también lo es que debe cumplir con una carga
argumentativa suficiente que demuestre que el asunto que se discute goza de una
marcada importancia constitucional. Advirtió que le corresponde al extremo activo de
la litis probar la existencia de una eventual transgresión de las garantías
fundamentales que invoca.

1.6.5. De la FIDUPREVISORA, S. A. La señora Aideé Johanna Galindo Acero,
coordinadora de tutelas, solicita declarar improcedente la acción y la desvinculación
de la entidad, toda vez que las autoridades que conocieron del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho obraron según lo establecido en la normativa,
sin que pueda alegarse el desconocimiento de los pronunciamientos relacionados con
el tema objeto de la demanda. Tampoco es dable aducir la transgresión de las
garantías fundamentales de la demandante, pues las decisiones censuradas se
expidieron con plena observancia del debido proceso; es decir, las actuaciones
judiciales se surtieron en debida forma y atendiendo los procedimientos legales.

1.7. La sentencia que se impugna

El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante fallo del 26 de octubre de 2023, negó
la solicitud de desvinculación presentada por la FIDUPREVISORA S. A., en calidad de
vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) y declaró improcedente la acción de tutela, por los
siguientes motivos:

i) En el presente asunto la controversia planteada por la señora Yenny Piedad
Polanco Peña versa sobre una cuestión de interpretación meramente legal, que no
impacta la salvaguarda de derechos fundamentales, sino patrimoniales, por cuanto

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Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

considera que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, en la
providencia del 31 de julio de 2023, los vulneró tras confirmar la decisión de primera
instancia.

ii) Lo anterior, lo atribuye al hecho de que se denegaron las pretensiones de la
demanda dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que
promovió en su condición de docente, con el propósito de obtener el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, así como
la indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías, según el artículo
1.º de la Ley 52 de 1975.

iii) De modo que el objeto del debate se centra en que, a juicio de la accionante, la
normativa que regula la liquidación anual de las cesantías de los servidores públicos
también aplica a los educadores oficiales y, por ello, se le debía consignar en el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) a más tardar el 14 de
febrero de 2021 dicha prestación, correspondiente al servicio que prestó durante el
año anterior.

iv) Entonces, dado que la discusión es simplemente legal y de carácter económico,
pues la inconformidad de la accionante se limita al pago de derechos patrimoniales,
esto es, la sanción moratoria e intereses anuales a las cesantías, más allá de estar
orientado a la protección de los derechos al debido proceso, a la seguridad social, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia; por consiguiente, la situación
descrita es «de competencia exclusiva del juez ordinario»”, sin que al fallador de tutela
le corresponda zanjar aspectos como los formulados.

v) Se advierte que en la providencia cuestionada se explicó que la aplicación de la
penalidad establecida en la Ley 50 de 1990 al sector docente desconocería el régimen
especial en la Ley 91 de 1989, para la administración, liquidación y pago de las
cesantías para estos funcionarios. Además, se concluyó que no era posible aplicar el
precedente fijado por la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018, ya que
los supuestos fácticos del caso allí analizado eran diferentes a los de la accionante.

vi) En ese orden de ideas, se debe declarar improcedente la solicitud de tutela toda

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Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

vez que el reclamo de la parte actora carece de relevancia constitucional, en atención
a que lo pretendido es convertir este mecanismo de amparo en una instancia adicional
al proceso ordinario para que se resuelva un litigio que se reduce a un debate, se
reitera, legal y económico.

1.8. Impugnación

La accionante a través de su apoderado impugna la providencia anterior, para que se
revoque y, en su lugar, se concedan las pretensiones, al respecto aduce lo siguiente:

i) En su caso se encuentra acreditado el requisito de relevancia constitucional, puesto
que se justificaron de manera razonable los hechos considerados como vulneradores
de los derechos fundamentales invocados, y se dejó en evidencia el yerro en que
incurrió el Tribunal demandado, al no reconocer la sanción moratoria alegada, ni
aplicar el principio de favorabilidad.

ii) Ahora, no es cierto que no exista una posición unificada al interior del Consejo de
Estado con respecto a la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, pues
esta posición está decantada desde el año 2019, según se dejó consignado en el
escrito inicial. Además, en procesos similares se ha aplicado el principio de
favorabilidad, según el cual, es necesaria la aplicación de la norma ibidem en materia
de sanción moratoria por la consignación extemporánea de las cesantías anualizadas.

iii) Debe tomarse en cuenta que el auxilio de cesantías implica una protección tanto
para el trabajador como para su núcleo familiar, toda vez que se constituye en una
ayuda económica para suplir necesidades como la vivienda y la educación superior y,
además, busca que el trabajador tenga un respaldo que no comprometa los recursos
necesarios para su mínimo vital. Por tanto, al no reconocerse el pago de la sanción
moratoria se vulnera el derecho fundamental a la seguridad social debido a que es la
que garantiza la consignación oportuna de dicha prestación.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

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Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela proferido por
la Sección Quinta de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

El consejero doctor Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta encontrarse inmerso en la
causal de impedimento prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de
Procedimiento Penal, comoquiera que sostiene una relación de amistad íntima y
entrañable con la magistrada Gloria María Gómez Montoya, ponente en la decisión
objeto de cuestionamiento, lo que no le permite conocer sobre el asunto de la
referencia.2

El régimen de impedimentos se fundamenta en la necesidad de preservar la integridad
moral del funcionario que reconoce la existencia de situaciones de hecho que pueden
comprometer su criterio en la decisión y, de otra parte, constituye una garantía de
imparcialidad y transparencia de la administración de justicia en los juicios que emite
en los casos puestos a su conocimiento.

Ahora bien, las causales de impedimento establecidas en la ley poseen el carácter de
taxativas y de aplicación restrictiva, son una excepción al cumplimiento de la función
jurisdiccional, se encuentran debidamente delimitadas, y no pueden ampliarse
discrecionalmente al criterio del juez o de las partes.

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.
2 Mediante proveído del 15 de febrero de 2024, se ordenó el sorteo de un conjuez para resolver el

impedimento, en razón a que no existe en este momento quorum decisorio.
El 21 de febrero de 2021, la Presidencia de la Sección Segunda en cumplimiento de esa providencia,
procedió al sorteo, que le correspondió al doctor Nerio José Alvis Barranco, a quien se le comunicó la
designación el 28 de febrero de 2024.

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En materia de acción de tutela, los impedimentos se rigen por las causales del Código
de Procedimiento Penal por remisión del artículo 39 del Decreto 2591 de 1991, el cual
prevé lo siguiente:

Artículo 39. Recusación. En ningún caso será procedente la recusación. El juez
deberá declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del
Código de Procedimiento Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela deberá
adoptar las medidas procedentes para que se inicie el procedimiento disciplinario,
si fuere el caso.

Conforme con los anteriores lineamientos, para que sea posible que el juez
constitucional se aparte del conocimiento de determinado asunto, debe producirse la
manifestación por parte del propio funcionario judicial, esto es, por la vía del
impedimento, con fundamento en las causales establecidas en el Código de
Procedimiento Penal.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional3 ha especificado que el atributo de
imparcialidad de los funcionarios judiciales forma parte del debido proceso y, por ende,
el régimen de impedimentos y recusaciones tiene como fundamento el artículo 29 de
la Constitución, en cuanto deben procurar la protección de tal garantía constitucional.

También ha sostenido que la imparcialidad judicial, debe ser considerada desde la
propia administración de justicia, pues solo así se garantizaría que las actuaciones en
esta sede «estén ajustadas a los principios de equidad, rectitud, honestidad y
moralidad sobre los cuales descansa el ejercicio de la función pública (art. 209 C.P.)».4

La Corte Constitucional ha explicado claramente la definición del atributo de
imparcialidad: «esta se predica del derecho de igualdad de todas las personas ante la
ley (Art. 13 C.P.), garantía de la cual deben gozar todos los ciudadanos frente a quien
administra justicia. Se trata de un asunto no sólo de índole moral y ética, en el que la
honestidad y la honorabilidad del juez son presupuestos necesarios para que la
sociedad confíe en los encargados de definir la responsabilidad de las personas y la
vigencia de sus derechos, sino también de responsabilidad judicial».5

3 Sentencia C-496 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa.

4 Ibidem.
5 Sentencia 365 de 2000, M. P. Vladimiro Naranjo Mesa.

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En el presente caso, el magistrado Jorge Iván Duque Gutiérrez manifiesta su
impedimento para conocer de la acción de tutela y, para tal efecto, invoca la causal
contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que
establece lo siguiente:

Art. 56. Causales de impedimento. Son causales de impedimento:

[…]

5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.

[…]

Lo anterior, al sostener una relación de amistad íntima y entrañable con la doctora
Gloria María Gómez Montoya, ponente en la decisión objeto de la litis, esto es, la
sentencia del 31 de julio de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Tercera de Oralidad, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicación 05001 33 33 006 2022 00077 00 [02].

En ese escenario, la Sala declarará fundado el impedimento bajo análisis, puesto que,
una vez confrontada la causal invocada con la razón que expuso el magistrado Jorge
Iván Duque Gutiérrez, es dable colegir que la discusión que llegue a darse en la acción
de tutela puede comprometer la decisión del consejero.

Así las cosas, se le separará del conocimiento del asunto de la referencia, en procura
de garantizar los principios de independencia e imparcialidad de la administración de
justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora
Yenny Piedad Polanco Peña contra la sentencia del 31 de julio de 2023, que profirió el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, dentro del proceso de

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nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001 33 33 006 2022 00077
00 [02].

2.4. Marco normativo y jurisprudencial

De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la
cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional6 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,

6 T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.

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convergieron en la Sentencia C-590 de 20057, donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el
amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,8 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,9 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o

7 Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,

expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.5. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 3 de marzo de 2022, la señora Yenny Piedad Polanco Peña, por medio de
apoderada, interpuso demanda contra la Nación (Ministerio de Educación Nacional),
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de
Medellín para que se declarara nulo el Oficio 20230360687 del 23 de agosto de 2021,
mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la sanción por mora prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.10

2.4.2. El 31 de enero de 2023, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Medellín profirió fallo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001 33 33 006 2022 00077 00, en el que resolvió lo siguiente:11

PRIMERO: NO SE DECLARA la excepción de caducidad, por las razones expuestas
en la parte motiva.

SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de «falta de legitimación en la causa
por pasiva» por parte del Distrito de Medellín, y NO SE DECLARA PROBADA la misma
excepción respecto de la NACIÓN-MINISTERIO DE EDUCACIÓN-FONDO DE
PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta decisión.

TERCERO: SE NIEGAN las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la
parte motiva.

CUARTO: Sin costas en esta instancia.

[…]

10 Índice 12, del expediente electrónico.
11 Índice 12, del expediente electrónico.

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2.4.3 El 31 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Oralidad, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la decisión anterior, dispuso lo siguiente:12

PRIMERO. SE DECLARA FUNDADO EL IMPEDIMENTO manifestado por la Magistrada
Dra. Beatriz Elena Jaramillo Muñoz, en el proceso de la referencia.

SEGUNDO. CONFIRMAR la sentencia No. 006 del 31 de enero de 2023 (sic) el Juez
Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin costas en esta instancia procesal.

[…]

2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.6.1. Examen de procedencia de la acción de tutela

2.6.1.1. «Se cumple el requisito de relevancia constitucional». Es de precisar, sobre el
particular, que este despacho ponente, en anteriores oportunidades,13 venía
acogiendo el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019, en la que se indicó que
la discusión relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, no
comportaba un asunto de relevancia constitucional «i) por versar sobre [una materia]
meramente legal con una connotación patrimonial privada, ii) no tener una relación
directa con la presunta afectación de un derecho fundamental y iii) buscar reabrir el
debate concluido por el juez ordinario».

Sin embargo, a partir del fallo del 26 de octubre de 2023 emitido dentro del expediente
de tutela 11001 03 15 000 2023 03988 01, este despacho modificó la anterior posición
y adoptó la postura mayoritaria de la Sala respecto del cumplimiento del referido
requisito, atendiendo a la expedición de la Sentencia de Unificación SUJ 032 CE S2 2023
del 11 de octubre de 2023, por parte de la Sección Segunda de esta corporación.

Así las cosas, la Sala considera que en el caso concurre la exigencia de relevancia

12 Índice 12, del expediente electrónico.
13 Procesos de tutela con radicado 11001 03 15 000 2023 02216 00, 11001 03 15 000 2023 01500 01 y

11001 03 15 000 2023 04027 00, entre otros.

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constitucional para analizar la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados, por desconocimiento a. de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías anualizadas a los docentes oficiales afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y junto con ello,
b. de los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica, eventos que de hallarse acreditados conducirían a encontrar
lesionados los intereses de la parte actora.

2.6.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto
se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión propuesta
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento con radicación 05001 33 33
006 2022 00077 02.

2.6.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», porque la decisión objeto de
reproche constitucional data del 31 de julio de 2023, se notificó electrónicamente a las
partes el 1.º de agosto de 2023,14 y la presente acción de tutela se radicó en la
ventanilla virtual de esta corporación el 26 de septiembre de 2023,15 es decir, dentro
del término de los seis meses que señaló el Consejo de Estado como prudencial para
el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.6.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

2.6.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.6.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que

14 Índice 12, del expediente electrónico.
15 Índice 2, del expediente electrónico.

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habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la sentencia del 31 de julio de 2023,
que emitió el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad.

2.6.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.6.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o
claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.16

2.6.2.2. El defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de precedente
judicial

La Corte ha sostenido que se configura un defecto sustantivo en la modalidad de
desconocimiento de precedente judicial cuando se desacata aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de

16 Corte Constitucional.
Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.

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escrutinio en materia de 1) patrones fácticos y 2) problemas jurídicos, y en las que en
su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.

En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para
identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: 1) la ratio
decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente; 2) se trata de un problema jurídico
similar o de una cuestión constitucional semejante y 3) los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia son análogos o plantean un punto de derecho
idéntico al que se debe resolver posteriormente.17

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes, en los que se tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia
previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias
fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el
precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o
en el marco constitucional.18

Para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción,19 y en los casos
en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.20

Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo

17 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.
18 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
19 Corte Constitucional. Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
20 Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.

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permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.

En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan
las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».21

De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin
debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso, a la
igualdad y a la buena fe.22

2.6.2.3. De la violación directa de la Constitución Política

La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».

La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.

21 Corte Constitucional.Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
22 Corte Constitucional.Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-
634 de 2011, entre otras.

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Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,23 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
concurrían el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación, la Corte
Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente
prohíbe al superior funcional «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único», suponía la materialización del defecto sustantivo.24 Al respecto la
Corte manifestó:

[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].

Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:

[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].

Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en
la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

23 Sentencia de 12 de diciembre de 2000, magistrado ponente Jairo Charry Rivas
24 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.

24

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

[…] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional25 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,
dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.26

2.6.2.4. Desarrollo jurisprudencial de la procedencia del reconocimiento de la
sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, por la consignación inoportuna
del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

En un primer momento, la Sección Segunda de esta corporación consideró que los
docentes no estaban amparados por las disposiciones que regulan la liquidación anual
de las cesantías contempladas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de
tales previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de
1996, que en el artículo 13 ordenó el uso de las normas vigentes en materia de
cesantías, pero hizo la salvedad de que sería «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley
91 de 1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.

25 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.
26 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicado 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso

25

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

Postura que también había sido desarrollada por la Corte, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia C-928 de
200627 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a favor de los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
no era igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó que no se
infringía el derecho a la igualdad porque «simplemente la manera como se liquidan y
pagan aquellos28 es distinta a la regulada en la [norma ibidem], sin que por ello se
configure discriminación alguna».

Posteriormente, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-098 de 2019, al resolver
sobre la procedencia de la sanción moratoria reclamada por un educador oficial que
no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG)
refirió que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen
especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y
menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta
un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor
[provecho] para el empleado, pues esta será la que se ajuste a los postulados del
artículo 53 de la Carta Política»; por lo cual, en esa oportunidad consideró que «los
despachos judiciales accionados desconocieron que aunque [el precepto] que
establece la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías en los términos
que contempla el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, y el Decreto 1252 de
2000, no esté expresamente consagrada a favor de los miembros del Magisterio, en
virtud del principio de interpretación conforme a la Constitución y favorabilidad en
materia laboral, les correspondía aplicar la interpretación más beneficiosa para el
trabajador, esto es, que los docentes sí son destinatarios de la norma que consagra la
referida sanción, pues esta es la interpretación que más se ajusta a la Constitución».

Con fundamento en el anterior pronunciamiento, las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad fijado en sede

27 Corte Constitucional. Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
28 Aludiendo a diferentes prestaciones, entre ellas, las cesantías.

26

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

constitucional, para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes,
al amparo de lo preceptuado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.29

Sin embargo, a través de la Sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional declaró
improcedentes las acciones de tutela impetradas contra fallos del Consejo de Estado
sobre este asunto e indicó que la regla jurisprudencial establecida en la Sentencia SU-
098 de 2018, solo constituye precedente en el evento en que se omita la afiliación del
docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), de
manera que en los casos en los que se pretende la sanción por la falta de consignación
de las cesantías de los beneficiarios de esa entidad, no existe una providencia de
unificación con efectos vinculantes que pueda aplicarse a las situaciones con similitud
fáctica y jurídica.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente, con el fin de unificar o
sentar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria de la
Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG, en virtud de lo establecido en el
artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 del 11 de octubre de 2023, radicación 66001 33 33 001 2022 00016 01 (5746-

2022), en la que se dispuso lo siguiente:

156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron
la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías
a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo
caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la
consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema
especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida
en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de
la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción
moratoria derivada del incumplimiento del empleador.

158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción

29 Ver sentencias del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001 23 33 000 2014 00132 01 (1689-

2018); del 28 de abril de 2022, radicado 76001 23 33 000 2013 00756 01 (2224-2020), entre otras.

27

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes
de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron
providencias en las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente
contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación
con el derecho de los docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción
moratoria regulada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la
consignación del auxilio de cesantías, tal y como se expuso en el auto del 24 de
agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia
SU-573 de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia
llevan a la Sala a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla
de interpretación aquí definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y
razonado de los sistemas administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir
que el primero resulta incompatible con la sanción moratoria por la falta de
consignación oportuna de las cesantías.

2.6.2.5. Los defectos alegados

La señora Yenny Piedad Polanco Peña alega la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia y los principios de
la perpetuatio jurisdictionis y la seguridad jurídica, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, al dictar la sentencia del 31 de julio de 2023.

Igualmente, porque desobedeció la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado en la que se determinó que a los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) se les puede aplicar la Ley
50 de 1990, en virtud de una interpretación favorable a las prerrogativas de las que
goza el trabajador y, por ello, tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 ejusdem, derivada de la consignación tardía de la
cesantía anual. Así mismo, incurrió en defecto sustantivo al desconocer el artículo 53

28

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

constitucional y en violación directa de la Constitución.

Pues bien, el Tribunal en la providencia objeto de reproche para examinar el asunto
puesto a su consideración en virtud de la alzada formulada contra el fallo del 31 de
enero de 2023, que denegó las pretensiones de la demanda, hizo el siguiente
pronunciamiento:

En primera medida, advierte la Sala que no existe un criterio unificado al interior
del órgano de cierre de esta [j]urisdicción frente al tema aquí abordado, y los
pronunciamientos que han determinado la procedibilidad de la sanción deprecada
se han proferido en asuntos en los que han mediado supuestos que difieren de las
circunstancias en las que se enmarca la situación jurídica de la demandante es
decir en el caso [sub lite] no se alega, mucho menos se acredita, que la parte
demandante no se hubiera afiliado al FOMAG (incumplimiento a la obligación de
afiliación), tampoco se acredita que no se hubiera liquidado la cesantía anual.

Es decir, contrario a lo esgrimido en la alzada, se itera que la SU-098 de 2018 no
resulta aplicable para resolver la controversia planteada, al tener origen en una
situación fáctica y jurídica distinta a la valorada en esta oportunidad. […]

[…]

Se advierte que la situación cierta tratada en la [S]entencia SU-098 de 2018
concierne a un docente nombrado provisionalmente quien permaneció vinculado
desde el año 2003 pero fue afiliado al FOMAG solo hasta el año 2007.

Evidentemente, si no se produce la afiliación al FOMAG, el docente provisional en
realidad no estuvo cubierto por un régimen especial de prestaciones, y la omisión
a ese deber atribuible al ente territorial justifica aplicar normas del régimen general
ante el vacío de sanción de parte del régimen especial.

Así las cosas, si bien la SU en comento establece como regla jurisprudencial que
a los docentes es posible aplicarles el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 sobre la
sanción moratoria por no consignación de cesantías, la cual es exigible al ente
territorial por omisión en la afiliación, dicha regla no es aplicable a este caso porque
la parte demandante siempre ha estado afiliada al FOMAG, goza de un régimen
especial dentro del cual no existe una obligación para la entidad territorial de
consignar las cesantías, quien además certifica haber ejecutado el reporte
oportuno de las cesantías y sus intereses dentro de la anualidad siguiente a la que
es objeto de requerimiento […]

Siguiendo los anteriores derroteros, la Sala extrae que, la autoridad demandada al
confirmar la decisión que denegó el reconocimiento de la sanción reclamada por la
accionante y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías
prevista en la Ley 52 de 1985, no desconoció la jurisprudencia traída como referente,
por el contrario, fue clara en señalar el por qué no era aplicable a los docentes oficiales

29

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG),
cumpliendo con la carga argumentativa que le corresponde.

Si bien, la parte actora aduce que en el caso se desobedecieron las Sentencias de
Unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, lo cierto es que
ninguno de estos pronunciamientos se instituye en precedente judicial para el asunto,
porque i) en la Sentencia SU-098 de 2018, tal como lo refirió el Tribunal, solo se
examinó lo atinente al reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes no
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG), y ii) en
las Sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, se examinó el reconocimiento y
pago de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías definitivas prevista por
la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, y no así lo relativo a la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50
de 1990.

Así mismo, es dable indicar que las sentencias del Consejo de Estado traídas como
antecedente por la accionante no constituyen jurisprudencia en vigor, ya que aunque
en una de ellas se acogió lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990,30 no lo es menos que en otras se estudiaron las
circunstancias fácticas de docentes no afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG),31 como lo relacionado con la liquidación de
cesantías,32 y en la mayoría se trató lo concerniente al término de prescripción de la
sanción moratoria.33

De esta forma, puede concluirse, entonces, que para el momento en que se profirió la
providencia aquí censurada no existía criterio consolidado ni sentencia de unificación
a aplicar sobre el particular y que, por tanto, la autoridad judicial, en ejercicio de sus
facultades de autonomía e independencia judicial, reconocidas en los artículos 228 y
230 de la Constitución Política, podía optar por la posición que consideraba más
apropiada para resolver el asunto, tal como ocurrió, ya que luego de revisar las

30 Expediente 0871 2020.
31 Expedientes 4854 2014, 2224 2020 y 4004 2021.
32 Expediente 0483 2020.
33 Expedientes 0833 2016, 1002 2021, 2208 2020, 2387 2020, 5154 2016, 1001 2021, 4462 2021 y

2394 2020.

30

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

posiciones jurisprudenciales desarrolladas en la materia, consideró —en cumplimiento
de los principios de transparencia y de razón suficiente que exigen del operador jurídico
una especial carga argumentativa—,34 que en el caso no había lugar al reconocimiento
y pago de la penalidad suplicada.

En igual sentido, en el asunto tampoco se advierte desacatado el principio de
favorabilidad laboral, toda vez que la autoridad accionada se encargó de explicar que
los educadores solo cuenta con una fuente normativa que es la contenida en la Ley 91
de 1989, en la cual se establece, tanto el reconocimiento de la prestación y de sus
intereses, como su forma de liquidación, y que dicho precepto no admite diversas
interpretaciones ni tampoco se encuentra enfrentada con otra que gobierne el régimen
docente. Adicionalmente, que de acuerdo con esa norma, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) es una cuenta especial de la Nación a
la que le corresponde manejar las prestaciones sociales de los maestros a través de
una fiducia, y no contempla la posibilidad de que cada afiliado tenga una cuenta
individual, como ocurre en las sociedades administradoras de fondos privados de
cesantías —artículos 99, numeral 6, de la Ley 50 de 1990 y 2.º del Decreto 1582 de
1998—.

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
debidamente motivada y justificada, y que, por tanto, no le asiste razón a la accionante
al aducir que le era aplicable el régimen de la Ley 50 de 1990, relacionado con la
sanción moratoria por el depósito tardío de las cesantías anuales dispuesta para el
régimen general de los servidores públicos, pues, se itera, dentro del régimen especial
de docentes —Ley 91 de 1989—, se establece una forma diferente de liquidación y
pago bajo un procedimiento propio.

Además, se avizora que el criterio acogido por el Tribunal coincide con la regla
jurisprudencial fijada recientemente por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en la que

34 En las sentencias SU-027 de 2020 y T-072 de 2022, la Corte Constitucional señaló que «[e]l principio

de transparencia exige que el juez haga «referencia al precedente que abandona, lo que significa que
no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido» y el principio de
razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera
que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior
jerarquía».

31

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

se prevé que los docentes estatales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) no tienen derecho a la sanción moratoria dispuesta en
el ordinal 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debido a su incompatibilidad con el
sistema de administración de cesantías creado en la Ley 91 de 1989.

Así las cosas, se tiene que las conclusiones a las que arribó el Tribunal no comportan
para la Sala una actuación incursa en vía de hecho que vulnere los derechos
fundamentales de la parte actora, ya que luego de analizar tanto el desarrollo
normativo en la materia como la diferente jurisprudencia proferida en torno al
reconocimiento de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990 y la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en la Ley
52 de 1975, presentó una argumentación razonable del por qué en el caso no era
posible su concesión a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

3. Conclusión

La Sala concluye que en la providencia del 31 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Oralidad, que confirmó el fallo del 31 de
enero de 2023, dictado por el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de
Medellín, no se incurrió en los defectos aducidos por la parte actora.

En tal sentido, la Sala procederá a revocar el ordinal segundo de la sentencia de la
Sección Quinta del Consejo de Estado, por medio de la cual declaró improcedente la
acción de tutela y, en su lugar, se denegará el amparo que solicita la señora Yenny
Piedad Polanco Peña.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

32

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05640 01
Demandante: Yenny Piedad Polanco Peña

Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el consejero doctor
Jorge Iván Duque Gutiérrez para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta decisión y, en consecuencia,
separarlo del conocimiento del asunto. Por secretaría general, informar esta decisión
a la Oficina de Sistemas para que haga la compensación correspondiente.

Segundo. Revocar el ordinal segundo de la sentencia del 26 de octubre de 2023, que
dictó el Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela. En su lugar, se dispone: denegar el amparo solicitado por la señora
Yenny Piedad Polanco Peña, conforme a la parte considerativa que antecede.

Tercero. Ejecutoriada esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Con impedimento Firmado electrónicamente

NERIO JOSÉ ALVIS BARRANCO
Conjuez
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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