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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05642-00

Fecha
15 de febrero de 2024
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05642-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Denegar el amparo que solicita la señora Aydeé Castaño Monsalve, conforme a la parte considerativa que antecede. Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2023-05642-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

15 de febrero de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho. Reconocimiento y pago de sanción moratoria
a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG). Aplicación por favorabilidad de la Ley 50 de 1990. No se
configura el defecto sustantivo, desconocimiento del precedente judicial ni la
violación directa a la Constitución.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La señora Aydeé Castaño Monsalve, por medio de apoderado, interpone acción de
tutela contra la sentencia del 31 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, que confirmó el fallo del 19 de
diciembre de 2022, dictado por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín.

1.2. Pretensiones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

La accionante formula las siguientes súplicas:

i) Se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social,
a la situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e
interpretación de las fuentes formales de derecho, a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia, así como los principios de la perpetuatio jurisdictionis y la
seguridad jurídica.

ii) En consecuencia, se deje sin efectos la sentencia del 31 de julio de 2023, emitida
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento con radicación 05001 33 33 020 2022 00108 01 y, en su
lugar, se ordene proferir una nueva decisión en la que se atienda la multiplicidad de
precedentes judiciales que sobre el reconocimiento y pago de la sanción moratoria ha
edificado tanto la Corte Constitucional como la Sección Segunda del Consejo de
Estado, así:

3. CORTE CONSTITUCIONAL

Nº. RADICADO
EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS

SENTENCIA DE
1 Exp. T- 17 de octubre de 2018 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO UNIFICACIÓN 098/2018
6.736.200 DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T-5904426 SENTENCIA DE
2 y otros 25 de julio de 2019 Dra. GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO UNIFICACIÓN 332/2019
DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL
Exp. T- SENTENCIA DE
3 7.182.312 y 6 de febrero de 2020 Dr. LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ UNIFICACIÓN 041/2020
otros DE LA CORTE
CONSTITUCIONAL

CONSEJO DE ESTADO

Nº. RADICADO
EXPEDIENTE FECHA DECISIÓN MAGISTRADO PONENTE MAGISTRADOS
FIRMANTES
SENTENCIA DE
1 08001-23-33-000- 6 de agosto de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA UNIFICACIÓN DEL
2013-00666-01 CONSEJO DE ESTADO
(0833-16)
76001-23-31-000- Dr. CÉSAR PALOMINO
2 2009-00867-01 24 de enero de 2019 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – D r.
[…] 4854-2014 CARMELO PERDOMO
CUÉTER
11001-03-15-000- Dr. JAIME ENRIQUE
3 2018-04617-01 17 de junio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS D r.
GUILLERMO SÁNCHEZ

3

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

LUQUE
11001-0315-000- Dr. NUBIA MARGOTH
4 2018-04679-01 28 de junio de 2019 Dr. ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS PEÑA GARZÓN - D r.
HERNANDO SÁNCHEZ
SÁNCHEZ
11001-0315-000- Dr. JAIME ENRIQUE
5 2018-03499-01 29 de julio de 2019 Dr. NICOLÁS YEPES CORRALES RODRÍGUEZ NAVAS D r.
GUILLERMO SÁNCHEZ
LUQUE
Dr. WILLIAM
6 08001 23 33 000 2 de diciembre de 2019 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNÁNDEZ GÓMEZ D r.
2014 00173-01 GABRIEL VALBUENA
(1688-16) HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
7 08001-23-33-000- 10 de junio de 2020 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – D r.
2014-00208-01 CARMELO PERDOMO
CUÉTER
08001-23-31-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
8 2014-00254-01 22 de octubre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS - Dr.
(4960-2017) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-33-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
9 2014-00132-01 12 de noviembre de 2020 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-31-000- Dr. WILLIAM
10 2014-00815-01 17 de junio de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ -
(4979-2017) Dr. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS-
Dr. SANDRA LISSET
11 08001-23-33-000- 17 de junio de 2021 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ – Dr.
2015-00331-01 CARMELO PERDOMO
CUÉTER
19001-23-33-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
12 2015-00445-02 4 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(0483-20) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
13 08001-23-33-000- 25 de noviembre de 2021 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – D r.
2014-01127-01 CARMELO PERDOMO
(1002-2021) CUÉTER
40001-23-40-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
14 2017-00134-01 25 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(2208-2020) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-40-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
15 2015-90008-01 11 de noviembre de 2021 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(2387-2020) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
08001-23-40-000- Dr. WILLIAM
16 2014-90022-01 11 de noviembre de 2021 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ -
(5154-2016) Dr. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS-
08001-23-33-000- Dr. WILLIAM
17 2017-00931-01 20 de enero de 2022 Dr. GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ GÓMEZ -
(1001-2021) Dr. RAFAEL FRANCISCO
SUÁREZ VARGAS-
08001-23-33-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
18 2015-00075-01 3 de marzo de 2022 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(2660-2020) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr CÉSAR PALOMINO
19 76001-23-33-000- 28 de abril de 2022 Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER CORTÉS – D ra.
2013-00756-01 SANDRA LISETH IBARRA
(2224-2020) VÉLEZ
Dr. WILLIAM
20 08001-23-40-000- 9 de mayo de 2022 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNÁNDEZ GÓMEZ D r.
2017-00795-01 GABRIEL VALBUENA

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

(2659-2020) HERNÁNDEZ
Dr. CÉSAR PALOMINO
21 47001-23-33-000- 19 de mayo de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – D r.
2019-00359-01 CARMELO PERDOMO
(4004-2021) CUÉTER
Dr. CÉSAR PALOMINO
22 47001-23-33-000- 1 de julio de 2022 Dra. SANDRA LISETH IBARRA CORTÉS – D r.
2019-00376-01 CARMELO PERDOMO
(4462-2021) CUÉTER
Dr. SANDRA LISSET
23 08001-23-33-000- 22 de agosto de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ – Dr.
2015-00509-01 CARMELO PERDOMO
(2140-2020) CUÉTER
Dr. SANDRA LISSET
24 08001-23-33-000- 22 de septiembre de 2022 Dr. CÉSAR PALOMINO CORTÉS IBARRA VÉLEZ – Dr.
2015-90124-01 CARMELO PERDOMO
(2394-2020) CUÉTER
76001-23-31-000- Dr. RAFAEL FRANCISCO
25 2012-00212-02 19 de enero de 2023 Dr. WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ SUÁREZ VARGAS- Dr.
(4470-2021) GABRIEL VALBUENA
HERNÁNDEZ
Dr. WILLIAM
26 47001-23-33-000- 26 de enero de 2023 Dr. RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS HERNÁNDEZ GÓMEZ D r.
2018-00231-01 GABRIEL VALBUENA
(0871-2020) HERNÁNDEZ

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la accionante a través de su apoderado señala los
siguientes:

i) Labora en la entidad territorial certificada en educación del departamento de
Antioquia y su ingreso se dio después de 1990; en consecuencia, tiene derecho al
reconocimiento y pago de cesantías por el régimen anualizado e intereses.

ii) El 15 de febrero de 2021, la Nación (Ministerio de Educación Nacional) no trasladó
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ( FOMAG) las cesantías
correspondientes al año 2020.

iii) Transcurridos cinco meses sin que se realizara la consignación efectiva, solicitó el
reconocimiento y pago de la sanción por mora establecida en el artículo 99 de la Ley
50 de 1990 y en la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Segunda,
que fue negado mediante Oficio 202130441128 del 7 de octubre de 2021, por el líder
de Proyecto de Antioquia.

iv) Contra ese acto impetró medio de control de nulidad y restablecimiento que se

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

surtió ante el Juzgado Veinte Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín que,
a través de sentencia del 19 de diciembre de 2022, denegó las súplicas de la demanda.

v) Por su parte, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, al
que le correspondió el conocimiento del asunto en segunda instancia profirió fallo el
31 de julio de 2023, confirmando la providencia del a quo, decisión que no se apareja
con el contenido de la ley ni de la abundante jurisprudencia constitucional y del órgano
de cierre de la jurisdicción contenciosa.

1.4. Fundamentos jurídicos

La accionante alega que con la providencia objeto de censura se vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes
formales de derecho, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia, y los
principios de la perpetuatio jurisdictionis y de seguridad jurídica, así como el
precedente vertical, por las siguientes razones:

i) En el presente asunto se configura la violación directa de la Constitución por la
inaplicación del principio de favorabilidad. De acuerdo con la Sentencia SU-098 de
2018, en virtud de los postulados de igualdad y de in dubio pro operario no se debe
excluir al sector oficial docente de lo previsto en la Ley 50 de 1990, ya que por tener el
carácter de servidores públicos son beneficiarios de la sanción moratoria. Además, el
problema jurídico es de índole constitucional, porque acarrea el pago o consignación
oportuna del auxilio de cesantía, que necesariamente tiene un alcance al derecho a la
seguridad social.

ii) Los argumentos de la sentencia censurada señalan a) que no existe norma jurídica
que contemple la sanción moratoria a favor de los educadores, b) que no hay un
precedente consolidado que obligue a acatarlo; y c) que acceder a lo pretendido
implicaría introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), en lo que respecta

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

a la administración de los recursos —principio presupuestal de unidad de caja—
desconociendo el propósito del legislador.

iii) Pues bien, los dos primeros razonamientos ya fueron superados por la
jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las veintidós
sentencias proferidas en sus Subsecciones, en las que se estableció que la Ley 50 de
1990, sí se aplica a los docentes, por disposición de las Leyes 91 de 1989 y 344 de
1996, y los Decretos 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de 2003.

iv) El Consejo de Estado acogió una interpretación favorable, en el sentido de indicar
que la Ley 50 de 1990 cobija a los docentes oficiales, como lo señaló la Corte
Constitucional en la Sentencia SU-098 de 2018. Ahora, que el Tribunal estime que
esa providencia estudia otra situación fáctica y jurídica, no resulta cierto, toda vez que
la norma ibidem castiga la no consignación de las cesantías en el fondo no la falta de
afiliación, es por ello, que los maestros deben tratarse en igualdad de condiciones que
al resto de empleados públicos del país.

v) Causa extrañeza que el Tribunal dicte una decisión que afecta derechos
fundamentales, toda vez que con una justificación objetiva, el Consejo de Estado,
Sección Segunda, en los años 2021, 2022 y 2023 resolvió unificar en sus dos
Subsecciones la jurisprudencia en torno a la aplicación de la Ley 50 de 1990 para los
educadores vinculados después del 1.º de enero de 1990, lo que significa que el
empleador, en este caso el Ministerio de Educación Nacional debía trasladar antes del
15 de febrero de 2021, lo correspondiente a las cesantías del año 2020.

vi) Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que esta corporación ha determinado
—en distinta jurisprudencia— que se deben emplear los criterios vigentes para la fecha
de ocurrencia de los hechos; por consiguiente, se deben respetar las leyes y los
precedentes existentes al momento de causación del derecho reclamado.

vii) Así mismo, la obligación tanto del Gobierno nacional como de las entidades
territoriales, las cajas nacional y departamentales y el Fondo Nacional del Ahorro de
trasladar los dineros respectivos al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del

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Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

Magisterio (FOMAG) —nacionalizados, territoriales o nacionales—, no está en
discusión, ya que esta fue la intención y la orden impartida desde la expedición de la
Ley 91 de 1989; sin embargo, en el asunto sub examine se indicó que existe unidad
de caja, lo que no es cierto, porque los recursos ya fueron consignados efectivamente
a la entidad. Si bien, el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, establece la unidad de caja
de los recursos del fondo para el pago de las prestaciones sociales no significa que se
predique este principio de los recursos del Ministerio de Educación y del FOMAG.

viii) El Tribunal concluyó que la jurisprudencia del Consejo de Estado no era aplicable,
pues las materias allí analizadas trataban de docentes no afiliados al Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), mientras que, en el sub judice, la
educadora sí lo estaba, argumento errado comoquiera que los supuestos fácticos
sobre los cuales se emitieron los fallos de la alta corporación se efectuaron sobre la
base de la procedencia de la consignación para docentes afiliados al fondo.

ix) Con todo, expresar tal situación es como permitir que las entidades territoriales
vincularan docentes sin autorización de la Nación (Ministerio de Educación Nacional)
y luego se responsabilizara a esa entidad por el impago de las cesantías, cuando fue
lo que expresamente se prohibió en el artículo 6.º de la Ley 60 de 1993. No puede
vincularse ningún docente al magisterio por fuera de las plantas de personal que fueron
aprobadas desde 1993, momento en que se descentralizó la educación, sin que
previamente estuviera aprobado por la Nación, pues precisamente existía una
afiliación automática al FOMAG para que se trasladaran las cesantías causadas
anualmente como lo prevé la Ley 91 de 1989 a todos los educadores, como ocurre en
su caso, en el que la actora se vinculó después del 1.º de enero de 1990.

x) A los docentes le son aplicables los Decretos 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848
de 1969, 1042 de 1978 y 1045 de 1978 y las demás normas expedidas en el futuro —
así lo determinó la Ley 91 de 1989—, como son las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996,
que expresamente señalan la obligación del empleador de consignar las cesantías de
los docentes oficiales en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) a más tardar el 15 de febrero de cada anualidad.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante providencia del 3 de noviembre de 2023, que
ordenó notificar a los magistrados de la Sala Sexta de Oralidad del Tribunal
Administrativo de Antioquia, como demandados. Así mismo, se dispuso la notificación
a la Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio), al municipio de Medellín y a la Secretaría de Educación de
Medellín (Antioquia), que fungieron como accionados dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que se tramitó con el radicado 05001 33 33 020
2022 00108 00 [01] como terceros interesados en las resultas de este proceso, para
que dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el
respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Tribunal Administrativo de Antioquia. El magistrado Gonzalo Zambrano
Velandia solicita se le niegue vocación de prosperidad al amparo deprecado, por lo
siguiente:

i) Se advierte que pese a que no existe una posición unificada del Consejo de Estado
frente al tema, lo que genera una disparidad de pronunciamientos, el Tribunal en
providencias anteriores y dictadas con ponencia de la doctora Martha Nury Velásquez
Bedoya se discutió y acordó un criterio al respecto, en idénticos términos a los
expresados en la sentencia cuestionada, motivados en el ordenamiento jurídico y en
el análisis e interpretación al que los funcionarios judiciales están obligados de
conformidad con la normativa que impera frente a una situación fáctica determinada.

ii) En el presente asunto por tratarse de una docente, es imperiosa su afiliación al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) como lo dispone la
Ley 91 de 1989, de ahí que su régimen de cesantías se encuentre regulado por ese
precepto y por otros de carácter especial dirigido a esta población, no contando la
señora Aydeé Castaño Monsalve con una cuenta individual como opera en los fondos
privados; por el contrario, el trámite de consignación de cesantías es general, es decir,

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Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

existe por parte de la entidad territorial una liquidación anual que debe ser reportada a
la Oficina Regional del fondo que, a su vez, verificada la información debe remitirla a
la entidad fiduciaria que administre los recursos, en los que se encontrarán disponibles
cuando el educador lo solicite, lo que se encuentra claramente descrito en el Acuerdo
39 de 1998.

iii) Por consiguiente, no existe soporte legal que obligue a las entidades demandadas
a acogerse, tratándose de docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), a lo previsto en la Ley 50 de 1990, pues como ya se
expuso, para esos servidores hay un régimen exceptuado que contempla lo relativo al
reconocimiento de las cesantías, no previendo una cuenta individual.

iv) Así mismo, en el asunto es inaplicable la Ley 50 de 1990, como lo señaló el
Consejo de Estado en sentencia del 24 de agosto de 2018, radicado interno 1653 2016,
con ponencia de la consejera doctora Sandra Lisset Ibarra Vélez.

v) Ahora, en lo relativo a los intereses a las cesantías según el Acuerdo 39 de 1998,
su consignación debe efectuarse en el mes de marzo de cada anualidad, que en el
caso de la accionante así se hizo, como se acreditó en el extracto aportado al proceso.

vi) En este orden de ideas, la providencia que se acusa de vulnerar el derecho al
debido proceso se profirió con el fundamento normativo adecuado y con las pruebas
que obran en el expediente, es decir, de forma legal.

1.6.2. La Nación (Ministerio de Educación Nacional). El señor Walter Epifanio
Asprilla Cáceres, jefe de la Oficina Asesora Jurídica aduce que no se encuentra
satisfecho el requisito general de relevancia constitucional, ya que si bien es cierto la
accionante alega la presunta vulneración del derecho al debido proceso y de algunos
principios de naturaleza constitucional, también lo es que debe cumplir con una carga
argumentativa suficiente que demuestre que el asunto que se discute goza de una
marcada importancia constitucional. Advirtió que le corresponde al extremo activo de
la litis probar la existencia de una eventual transgresión de las garantías
fundamentales que invoca.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

1.6.3. De la FIDUPREVISORA, S. A. La señora Aideé Johanna Galindo Acero,
coordinadora de tutelas, solicita declarar improcedente la acción de tutela, toda vez
que las autoridades que conocieron del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho obraron según lo establecido en la normativa, sin que pueda alegarse el
desconocimiento de los pronunciamientos relacionados con el tema objeto de la
demanda. Tampoco es dable aducir la transgresión de las garantías fundamentales de
la accionante, pues las decisiones censuradas se expidieron con plena observancia
del debido proceso; es decir, las actuaciones judiciales se surtieron en debida forma y
atendiendo los procedimientos legales.

1.6.4. El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín, por
medio de apoderada, rinde informe en los siguientes términos:

i) La solicitud de amparo resulta improcedente, ya que no se configuran los defectos
que ha previsto la jurisprudencia constitucional cuando la acción de tutela se dirige
contra una providencia judicial, en especial, el desconocimiento del precedente judicial,
por el contrario frente al tema de la aplicación parcial del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 al régimen docente y del artículo 1.º de la Ley 52 de 1975, existe un criterio
vinculante emitido por el órgano de cierre de la jurisdicción contencioso-administrativa.

ii) En efecto, el 11 de octubre de 2023, el Consejo de Estado dictó sentencia de
unificación con radicación SUJ-032-CE-S2-2023, en la que se precisó que los docentes
estatales que pertenecen al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), como ocurre con la accionante, no tienen derecho a la sanción moratoria
establecida en la Ley 50 de 1990 ni al reconocimiento de la indemnización por el pago
tardío de los intereses del 12 %, comoquiera que es incompatible con el sistema de
administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

iii) Así las cosas, conforme con el numeral cuarto del aludido fallo, se debe dar
aplicación inmediata a lo allí resuelto, toda vez que constituye precedente obligatorio
en los términos de los artículos 10 y 102 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos
en discusión tanto en la vía administrativa como judicial; por consiguiente, se deben

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

negar las pretensiones de la demanda y condenar en costas a la parte actora.

1.7. Manifestación de impedimento

El consejero de Estado, Jorge Iván Duque Gutiérrez, considera estar incurso en la
causal contemplada en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal,
que atribuye al hecho de sostener una relación de amistad íntima y entrañable con la
magistrada Martha Nury Velásquez Bedoya, quien suscribió la decisión objeto de
cuestionamiento, lo que le impide conocer sobre el asunto de la referencia.

Mediante proveído del 4 de diciembre de 2023, se ordenó el sorteo de un conjuez para
resolver el impedimento, en razón a que no existe en este momento quorum decisorio.

La Presidencia de la Sección Segunda, el 7 de diciembre de 2023 en diligencia
realizada virtualmente por el consejero Juan Enrique Bedoya Escobar y la secretaria
general de esta corporación, en cumplimiento de la anterior providencia, procedió al
sorteo de conjuez, que le correspondió al doctor Nerio José Alvis Barranco.

Por auto del 25 de enero de 2024, se declaró fundado el impedimento manifestado por
el doctor Duque Gutiérrez; en consecuencia, se dispuso separarlo del conocimiento
del asunto, en procura de garantizar los principios de independencia e imparcialidad
de la administración de justicia, establecidos en el artículo 5.º de la Ley 270 de 1996.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para asumir el conocimiento del presente asunto, de acuerdo
con el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada» y conforme al

12

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

inciso segundo del artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,1 que dispone que «las tutelas
que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda
instancia se someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de
lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual
haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el presente caso se cumplen los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales para
efecto de estudiar por «vía de excepción» los cuestionamientos que plantea la señora
Aydeé Castaño Monsalve contra la sentencia del 31 de julio de 2023, que profirió el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 05001 33 33 020 2022 00108
00 [01].

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un
mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública».

El Decreto 2591 de 1991 reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40,
estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin
embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-543 de 1992, pues consideró que atentaban contra los principios de la

1 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado.

13

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Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

cosa juzgada y de la seguridad jurídica, además de que transgredían la autonomía e
independencia judicial y las normas de competencia que fija la Constitución.

No obstante lo anterior, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad
para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela
procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas,
actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión
pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional2 ha evolucionado en torno a la
consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente,
convergieron en la Sentencia C-590 de 20053, donde la Corte concentró y diferenció
las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la
oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión
sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado
a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad
procesal, que se señale, de manera clara, el efecto determinante que tiene en la
sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los
derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre
que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto
orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o
sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente,
violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el

2T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567

de 1998, SU-047 de 1999, T-382 de 2001, T-1031 de 2001, T-441 de 2003, T-462 de 2003, T-589 de
2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004.
3Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.

14

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,4 unificó su jurisprudencia
en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en
presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido
proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados
por la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de
agosto de 2014,5 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o
ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportunamente, es decir,
con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los
presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 22 de marzo de 2022, la señora Aydeé Castaño Monsalve, por medio de
apoderada, interpuso demanda contra la Nación (Ministerio de Educación Nacional),
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de
Medellín (Antioquia), para que se declarara nulo el Oficio 202130441128 del 6 de
octubre de 2021, mediante el cual le negó el reconocimiento y pago de la sanción por
mora prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.6

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García
González. Expediente radicado 11001 03 15 000 2009 01328 01(IJ).
5 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez,

expediente radicado 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
6 Índice 16, del expediente electrónico.

15

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

2.4.2. El 19 de diciembre de 2022, el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito de
Medellín profirió fallo dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 05001 33 33 020 2022 00108 00, en el que resolvió lo siguiente:7

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por los motivos expuestos en la
parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte demandante, las cuales serán liquidadas
por secretaría. Como agencias en derecho se fija la suma de UN MILLÓN
SETECIENTOS DOS MIL OCHENTA PESOS ($1.702.280).

[…]

2.4.3 El 31 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de
Oralidad, al desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la decisión anterior, dispuso lo siguiente:8

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Veinte Administrativo
Oral del Circuito de Medellín el día 19 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: REVOCAR el ordinal segundo de la sentencia proferida por el Juzgado
Veinte Administrativo Oral del Circuito de Medellín, y en su lugar, no se condena
en costas.

TERCERO: NO SE CONDENA EN COSTAS Y AGENCIAS EN DERECHO en segunda
instancia, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

[…]

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Examen de procedencia de la acción de tutela

2.5.1.1. «Se cumple el requisito de relevancia constitucional». Es de precisar, sobre el
particular, que este despacho ponente, en anteriores oportunidades,9 venía acogiendo
el criterio previsto en la Sentencia SU-573 de 2019, en la que se indicó que la discusión
relativa a la aplicabilidad de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, no comportaba

7 Índice 16, del expediente electrónico.
8 Índice 2, del expediente electrónico.
9 Procesos de tutela con radicados 11001 03 15 000 2023 02216 00, 11001 03 15 000 2023 01500 01

y 11001 03 15 000 2023 04027 00, entre otros.

16

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Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

un asunto de relevancia constitucional «i) por versar sobre [una materia] meramente
legal con una connotación patrimonial privada, ii) no tener una relación directa con la
presunta afectación de un derecho fundamental y iii) buscar reabrir el debate concluido
por el juez ordinario».

Sin embargo, a partir del fallo del 26 de octubre de 2023 emitido dentro del expediente
de tutela 11001 03 15 000 2023 03988 01, este despacho modificó la anterior posición
y acogió la postura mayoritaria de la Sala respecto del cumplimiento del referido
requisito, atendiendo a la expedición de la Sentencia de Unificación SUJ 032 CE S2 2023
del 11 de octubre de 2023, por parte de la Sección Segunda de esta corporación.

Así las cosas, la Sala considera que en el caso concurre el requisito de relevancia
constitucional para analizar la presunta vulneración de los derechos fundamentales
invocados, por desacato a. de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado en torno al reconocimiento de la sanción moratoria por la no
consignación oportuna de las cesantías anualizadas a los docentes oficiales afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y junto con ello,
b. de los principios de favorabilidad en materia laboral, perpetuatio jurisdictionis y
seguridad jurídica, eventos que de hallarse acreditados conducirían a encontrar
lesionados los intereses de la parte actora.

2.5.1.2. En el presente caso se «cumple con el requisito de subsidiariedad» en cuanto
se censura la sentencia de segunda instancia que puso fin a la discusión propuesta
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento con radicación 05001 33 33
020 2022 00108 01.

2.5.1.3. Se «cumple con el requisito de inmediatez», porque la decisión objeto de
reproche constitucional data del 31 de julio de 2023, se notificó electrónicamente a las
partes el 1.º de agosto de 2023,10 y la presente acción de tutela se radicó en la
ventanilla virtual de esta corporación el 2 de octubre de 2023,11 es decir, dentro del
término de los seis meses que señaló el Consejo de Estado como prudencial para el

10 Índice 13, del expediente electrónico 05001 33 33 020 2022 00108 01.
11 Índice 2, del expediente electrónico.

17

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.5.1.4. En el caso «no se cuestiona una irregularidad procesal».

2.5.1.5. Dentro de la demanda de tutela «se identificaron razonablemente los hechos
y argumentos frente a los que se alega vulneración».

2.5.1.6. El asunto «no se refiere a una sentencia de tutela», toda vez que la decisión
que se cuestiona se profirió dentro del trámite de un proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se
presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que
habilitan el uso de la acción de tutela para rebatir la sentencia del 31 de julio de 2023,
que emitió el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Oralidad.

2.5.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.5.2.1. Desarrollo jurisprudencial del defecto sustantivo

La Corte Constitucional en Sentencia C-590 de 2005, señala que el «defecto material
o sustantivo» se presenta en casos en que se resuelve con base en normas
inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción
entre los fundamentos y la decisión.

De acuerdo con el desarrollo jurisprudencial que se ha dado en el tema, una
providencia judicial incurre en «defecto material o sustantivo» cuando la autoridad
jurisdiccional: 1) aplica una disposición que perdió vigencia por cualquiera de las
razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; 2) aplica un
precepto manifiestamente inaplicable al caso, verbigracia porque el supuesto de hecho
del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; 3) a pesar
del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades
judiciales, realiza una interpretación contraevidente —interpretación contra legem— o

18

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

claramente irrazonable o desproporcionada; 4) se aparta del precedente judicial —
horizontal o vertical— sin justificación suficiente; o 5) se abstiene de aplicar la
excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución,
siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el
proceso.12

2.5.2.2. El defecto sustantivo en la modalidad de desconocimiento de precedente
judicial

La Corte ha sostenido que se configura un defecto sustantivo en la modalidad de
desconocimiento de precedente judicial cuando se desacata aquella sentencia o
conjunto de sentencias que presentan similitudes con un caso nuevo objeto de
escrutinio en materia de 1) patrones fácticos y 2) problemas jurídicos, y en las que en
su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve
también para solucionar el nuevo caso.

En la providencia T-794 de 2011, la Corte indicó los criterios a tener en cuenta para
identificar el desconocimiento de precedente judicial, de la siguiente forma: 1) la ratio
decidendi del fallo que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial
relacionada con el caso a decidir posteriormente; 2) se trata de un problema jurídico
similar o de una cuestión constitucional semejante y 3) los hechos del asunto o las
normas juzgadas en la sentencia son análogos o plantean un punto de derecho
idéntico al que se debe resolver posteriormente.13

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de
precedentes, en los que se tiene en cuenta la autoridad que profiere la providencia
previa, a saber, el precedente horizontal, que hace referencia a aquellas sentencias
fijadas por autoridades de la misma jerarquía o el mismo operador judicial y el
precedente vertical, que se relaciona con los lineamientos sentados por las instancias
superiores encargadas de unificar jurisprudencia dentro de la respectiva jurisdicción o

12 Corte Constitucional. Sentencias T-193 de 1995, T-1625 de 2000, T-462 de 2003, T-292 de 2006, T-
087 de 2007, T-436 de 2009, T-161 de 2010, SU-448 de 2011, y T-830 de 2013, entre otras.
13 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-1317 de 2001 y T-292 de 2006.

19

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
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en el marco constitucional.14

Para la mayoría de los asuntos, el precedente vertical que deben seguir los
funcionarios judiciales lo determina la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de
Estado, como órganos de cierre dentro de su respectiva jurisdicción,15 y en los casos
en los que no son susceptibles de revisión por las autoridades mencionadas, son los
tribunales los encargados de establecer criterios hermenéuticos para los operadores
judiciales inferiores.16

Así las cosas, para los jueces es de obligatorio cumplimiento acoger las decisiones
que profieren los órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones, cuando éstas
constituyan precedentes y/o sus propias sentencias en casos idénticos; regla que solo
permite excepción, cuando el caso presenta situaciones no analizadas con
anterioridad en otros fallos judiciales.

En esa medida, las autoridades judiciales se pueden apartar de los precedentes
judiciales en atención a su autonomía y a su independencia, siempre que se cumplan
las siguientes reglas: «(i) Debe hacer referencia al precedente que abandona, lo que
significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca
hubiera existido (principio de transparencia). (ii) En segundo lugar, debe ofrecer una
carga argumentativa seria, mediante la cual explique de manera suficiente y razonada
los motivos por los cuales considera que es necesario apartarse de sus propias
decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior jerarquía (principio de
razón suficiente)».17

De esta forma, concluye la Corte que el desconocimiento del precedente judicial, sin
debida justificación, configura un defecto sustantivo, pues su respeto es una obligación
de todas las autoridades judiciales en virtud de los principios al debido proceso, a la
igualdad y a la buena fe.18

14 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011 y T-209 de 2011.
15 Corte Constitucional. Sentencias T-123 de 1995, T-766 de 2008 y T-794 de 2011.
16 Corte Constitucional. Sentencias T-211 de 2008, T-161 de 2010 y T-082 de 2011.
17 Corte Constitucional. Sentencias T-794 de 2011, T-082 de 2011.
18 Corte Constitucional. Sentencias T-049 de 2007, T-288 de 2011 y T-464 de 2011, T-794 de 2011, C-

634 de 2011, entre otras.

20

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
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2.5.2.3. De la violación directa a la Constitución Política

La Corte Constitucional ha precisado que el defecto por la violación directa de la
Constitución se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales
de velar por el cumplimiento del mandato establecido en el artículo 4.º de la
Constitución Política: «la Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las
disposiciones constitucionales».

La procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales por violación
directa a la Constitución, en principio fue concebida como un defecto sustantivo.

Así, por ejemplo, en la Sentencia SU-1722 de 2000,19 en la que se estudiaron acciones
de tutela interpuestas contra providencias de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia, en las cuales se les agravó la pena a los apelantes únicos argumentando que
concurrían el grado jurisdiccional de consulta y el recurso de apelación, la Corte
Constitucional señaló que desconocer la disposición constitucional que expresamente
prohíbe al superior funcional «agravar la pena impuesta cuando el condenado sea
apelante único», suponía la materialización del defecto sustantivo.20 Al respecto la
Corte manifestó:

[…] En los casos que son objeto de revisión, la Corte aprecia un defecto sustantivo,
en la medida en que las decisiones impugnadas se fundan en la sumisión de la no
reforma en peor frente al principio de legalidad, lo cual resulta evidente inaplicable.
En este sentido, el error superlativo en que incurrieron las autoridades
demandadas consistió en el desconocimiento del principio constitucional
consagrado en el inciso 2º del artículo 31 de la Constitución […].

Con posterioridad, en la Sentencia T-949 de 2003, la Corte incluyó la violación directa
de la Constitución como una causal de procedibilidad de la acción de tutela de carácter
independiente y autónomo. En esa oportunidad se pronunció así:

19 Sentencia de 12 de diciembre de 2000, magistrado ponente Jairo Charry Rivas
20 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicación 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

«[…] todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la
eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad
jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales)
es constitucionalmente admisible, solamente, cuando el juez haya determinado de
manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir,
una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos
suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico
o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación,
(v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución […].

Finalmente, la anterior interpretación se consolidó en la Sentencia C-590 de 2005, en
la que la Corte al estudiar una acción pública de inconstitucionalidad contra la
disposición del Código de Procedimiento Penal, que aparentemente proscribía la
acción de tutela contra fallos dictados por la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia, incluyó definitivamente a la violación directa de la Constitución
como un defecto autónomo que justifica la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente:

« […] la violación directa de la Constitución opera en dos circunstancias: uno (i),
cuando se deja de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto, dos
(ii), al aplicar la ley al margen de los dictados de la Constitución […].

Ahora bien, la jurisprudencia constitucional21 ha estimado que procede la tutela contra
providencias judiciales por violación directa de la Constitución cuando: (i) en la solución
del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (iii) el juez en sus resoluciones vulneró derechos fundamentales y no tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

En conclusión, es factible que una providencia judicial sea susceptible de cuestionarse
por medio de la acción de tutela cuando desconozca o aplique indebida e
irrazonablemente los postulados previstos por la Constitución, pues a las autoridades
judiciales no les es dable en su labor apartarse de las disposiciones previstas en ella,

21 Sentencias T-809 de 2010 M.P. Juan Carlos Henao Pérez, T-747 de 2009 M.P. Gabriel Eduardo

Mendoza Martelo, T-555 de 2009 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-071 de 2012. M.P. Jorge Ignacio
Pretelt Chaljub, entre otras.

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
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dado que el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce un valor normativo
superior a los preceptos contenidos en la Carta Política.22

2.5.2.4. Desarrollo jurisprudencial de la procedencia del reconocimiento de la
sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, por la consignación inoportuna
del auxilio de cesantías a los docentes afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)

En un primer momento, la Sección Segunda de esta corporación consideró que los
docentes no estaban amparados por las disposiciones que regulan la liquidación anual
de las cesantías contempladas en la Ley 50 de 1990, comoquiera que la aplicación de
tales previsiones con destino a los empleados territoriales surgió de la Ley 344 de
1996, que en el artículo 13 ordenó el uso de las normas vigentes en materia de
cesantías, pero hizo la salvedad de que sería «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley
91 de 1989» lo que se traduce en que lo allí dispuesto no cobijó al personal docente.

Postura que también había sido desarrollada por la Corte, al estudiar la
constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, pues en Sentencia C-928 de
200623 señaló que la forma de realizar el cálculo y pago de las cesantías a favor de los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
no era igual al establecido en la Ley 50 de 1990. Además, puntualizó que no se
infringía el derecho a la igualdad porque «simplemente la manera como se liquidan y
pagan aquellos24 es distinta a la regulada en la [norma ibidem], sin que por ello se
configure discriminación alguna».

Posteriormente, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-098 de 2019, al resolver
sobre la procedencia de la sanción moratoria reclamada por un educador oficial que
no fue afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)
refirió que el «hecho de que los docentes se encuentren amparados por un régimen
especial, no implica el desconocimiento de su calidad de trabajadores del Estado, y

22 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 31 de julio de 2014, radicado 2014 00861 00

magistrada ponente María Claudia Rojas Lasso
23 Corte Constitucional. Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
24 Aludiendo a diferentes prestaciones, entre ellas, las cesantías.

23

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

menos aún si se trata de la aplicación de una norma de carácter laboral que comporta
un beneficio, caso en el cual prevalece la interpretación que reporte el mayor
[provecho] para el empleado, pues esta será la que se ajuste a los postulados del
artículo 53 de la Carta Política»; por lo cual, en esa oportunidad consideró que «los
despachos judiciales accionados desconocieron que aunque [el precepto] que
establece la sanción moratoria por la no consignación de las cesantías en los términos
que contempla el numeral 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, el artículo 13 de la
Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998, y el Decreto 1252 de
2000, no esté expresamente consagrada a favor de los miembros del Magisterio, en
virtud del principio de interpretación conforme a la Constitución y favorabilidad en
materia laboral, les correspondía aplicar la interpretación más beneficiosa para el
trabajador, esto es, que los docentes sí son destinatarios de la norma que consagra la
referida sanción, pues esta es la interpretación que más se ajusta a la Constitución».

Con fundamento en el anterior pronunciamiento, las Subsecciones A y B de la Sección
Segunda del Consejo de Estado acogieron el criterio de favorabilidad fijado en sede
constitucional, para resolver las controversias relacionadas con el reconocimiento de
sanción moratoria por la consignación tardía de las cesantías anuales a los docentes,
al amparo de lo preceptuado en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.25

Sin embargo, a través de la Sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional declaró
improcedentes las acciones de tutela impetradas contra fallos del Consejo de Estado
sobre este asunto e indicó que la regla jurisprudencial establecida en la Sentencia SU-
098 de 2018, solo constituye precedente en el evento en que se omita la afiliación del
docente al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), de
manera que en los casos en los que se pretende la sanción por la falta de consignación
de las cesantías de los beneficiarios de esa entidad, no existe una providencia de
unificación con efectos vinculantes que pueda aplicarse a las situaciones con similitud
fáctica y jurídica.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, recientemente, con el fin de unificar o

25 Ver sentencias del 12 de noviembre de 2020, expediente 08001 23 33 000 2014 00132 01 (1689-

2018); del 28 de abril de 2022, radicado 76001 23 33 000 2013 00756 01 (2224-2020), entre otras.

24

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

sentar jurisprudencia en relación con el reconocimiento de la sanción moratoria de la
Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG, en virtud de lo establecido en el
artículo 271 de la Ley 1437 de 2011, profirió la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-
S2-2023 del 11 de octubre de 2023, radicación 66001 33 33 001 2022 00016 01 (5746-

2022), en la que se dispuso lo siguiente:

156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las leyes
50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no extendieron
la sanción moratoria causada por la falta de consignación del auxilio de cesantías
a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley 91 de 1989 y, en todo
caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción moratoria por la
consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se trata de un sistema
especial que establece unas normas acordes con su funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo al
FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la medida
en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las garantías de
la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la sanción
moratoria derivada del incumplimiento del empleador.

158. En ese sentido, la regla de unificación jurisprudencial es la siguiente:

Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal.

159. En definitiva, la afiliación del docente oficial será el factor determinante para
establecer si hay lugar o no a la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que a los no afiliados se les debe garantizar una mínima derivada del
sistema general de liquidación anualizada de la prestación económica.

160. Con todo, es conveniente aclarar que es cierto que algunos de los integrantes
de la Sección Segunda, Subsecciones A y B, a partir del 2019, suscribieron
providencias en las que se adoptaron tesis distintas sustentadas en el precedente
contenido en la sentencia SU-098 de 2018 de la Corte Constitucional, en relación
con el derecho de los docentes afiliados al FOMAG a ser beneficiarios de la sanción
moratoria regulada por el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 por el retardo en la
consignación del auxilio de cesantías, tal y como se expuso en el auto del 24 de
agosto de 2023, por el cual la Sección avocó conocimiento del asunto.

161. Sin embargo, el nuevo pronunciamiento de la Corte emitido en la sentencia
SU-573 de 2019 y la revisión de los supuestos jurídicos relevantes en la materia
llevan a la Sala a unificar su criterio en la presente sentencia y a acoger la regla
de interpretación aquí definida. Es así, por cuanto el análisis detallado, lógico y
razonado de los sistemas administrados por FOMAG y por las AFP permite concluir

25

Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

que el primero resulta incompatible con la sanción moratoria por la falta de
consignación oportuna de las cesantías.

En suma, se colige que la posición actual de la Sección Segunda de esta corporación
consiste en que los docentes estatales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) no tienen derecho a la sanción moratoria que prevé el
ordinal 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, toda vez que es incompatible con el
sistema de administración de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989.

2.5.2.5. Los defectos alegados

La señora Aydeé Castaño Monsalve alega la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la situación más favorable
al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales
de derecho, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia y los principios de
la perpetuatio jurisdictionis y la seguridad jurídica, por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Sexta de Oralidad, al dictar la sentencia del 31 de julio de 2023.

Igualmente, porque desobedeció la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado en la que se determinó que a los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) se les puede aplicar la Ley
50 de 1990, en virtud de una interpretación favorable a las prerrogativas de las que
goza el trabajador y, por ello, tiene derecho al reconocimiento y pago de la sanción
moratoria prevista en el artículo 99 ejusdem, derivada de la consignación tardía de la
cesantía anual. Así mismo, incurrió en defecto sustantivo al desconocer el artículo 53
constitucional y en violación directa de la Constitución.

Pues bien, el Tribunal en la providencia objeto de reproche para examinar el asunto
puesto a su consideración en virtud de la alzada formulada contra el fallo del 19 de
diciembre de 2022, que denegó las pretensiones de la demanda, hizo el siguiente
pronunciamiento:

Así las cosas, para resolver el asunto materia de estudio, debe en primer lugar,
advertir esta Sala que pese a que no existe una posición unificada del Consejo de
Estado frente al tema que hoy se estudia, presentándose una disparidad de

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

pronunciamientos, los suscritos y quienes conformamos la Sala Sexta de Oralidad
de esta Corporación, en providencias anteriores y proferidas con ponencia de la
Dra Martha Nury Velásquez Bedoya se discutió y acordó un criterio al respecto, en
los mismos términos hoy contemplados en esta sentencia, motivados y
fundamentados en el ordenamiento jurídico y en el estudio e interpretación que
como funcionarios judiciales estamos obligados a hacer de la normatividad que
impera frente a una situación fáctica determinada.

Ahora con fundamento en la documentación obrante en el expediente el Tribunal
determinó que la señora Aydeé Castaño Monsalve es una docente nacional, vinculada
con posterioridad al 1.º de enero de 1990 y como se registra en el certificado aportado
con la demanda se encuentra afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) desde 1994; por tanto, tiene derecho a la liquidación anual de las
cesantías y al reconocimiento de un interés sobre el saldo de ese auxilio existente al
31 de diciembre de cada año.

Así mismo, indicó la autoridad demandada que como lo resolvió el Consejo de Estado
en sentencia del 24 de agosto de 2018, lo dispuesto en los artículos 99, 102 y 104 de
la ley 50 de 1990, es inaplicable a los docentes que se rigen por la Ley 91 de 1989,
como ocurre con la accionante, sobre el particular efectuó las siguientes
consideraciones:

En consecuencia con lo anterior, es claro que no existe fundamento legal alguno
que obligue a las entidades demandadas a acogerse, tratándose de docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al régimen de
cesantías consagrado en la Ley 50 de 1990, pues como ya se ha venido
exponiendo a lo largo de esta providencia, para esta población existe un régimen
exceptuado que contempla lo relativo al reconocimiento de las cesantías, no
previendo una cuenta individual para el docente.

Inaplicabilidad de la Ley 50 de 1990 que fue expuesta por el Consejo de Estado
en sentencia del 24 de agosto de 2018 y radicado interno N° 1653 de 2016, en la
cual, con ponencia de la Consejera Dra. Sandra Lisset Ibarra manifestó:

«En consecuencia, los educadores del sector público no les son aplicables los
artículos 99, 102 y 104 de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la
liquidación del valor liquidado anualmente con anterioridad al 15 de febrero y la
sanción moratoria para el empleador que incumpla esta obligación, pues dichas
normas fueron extendidas por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de
1998, únicamente a «los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a
partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de
cesantías», que como se expuso, no se equiparan a los docentes vinculados a
partir del 1° de enero de 1990, pues su nombramiento efectuado por el
representante de la entidad territorial no le otorga la calidad de ser un maestro
de dicho nivel, y sus prestaciones sociales como las cesantías, son

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

administradas por el FOMAG, cuya naturaleza jurídica es diferente a la de
aquellos fondos privados creados por la Ley 50 de 1990.

(…)

59. Así las cosas, le asiste razón al apoderado del FOMAG al manifestar que al
demandante no le es aplicable la penalidad pretendida, en razón a que debido
a la fecha de su vinculación está regulado en materia prestacional por las
normas de los empleados públicos del orden nacional, por lo que no es
destinatario de la penalidad extendida por disposición expresa del artículo 1º
del Decreto 1582 de 1998, a los servidores públicos del nivel territorial y
vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996 que se afilien a los fondos
privados de cesantías, requisitos que no cumple el docente, pues no reúne la
condición de territorial y tampoco se encuentra afiliado a un fondo privado
administrador de cesantías de aquellos creados por la Ley 50 de 1990; máxime
cuando la finalidad del legislador fue precisamente la creación del FOMAG para
atender las prestaciones sociales de los docentes del sector oficial, cuyos
recursos provienen por disposición legal, de la Nación».

Siguiendo los anteriores derroteros, la Sala extrae que, la autoridad demandada al
confirmar la decisión que denegó las pretensiones de la demanda no desconoció la
jurisprudencia traída como referente, por el contrario, fue clara en señalar el por qué
no era aplicable a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), cumpliendo con la carga argumentativa que le
corresponde.

Si bien, la parte actora aduce que en el caso se desobedecieron las Sentencias de
Unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, lo cierto es que
ninguno de estos pronunciamientos se instituye en precedente judicial para el asunto,
pues: i) en la Sentencia SU-098 de 2018, tal como lo refirió el Tribunal, solo se examinó
lo atinente al reconocimiento de la sanción moratoria para los docentes no afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), y ii) en las
Sentencias SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, se analizó el reconocimiento y pago
de la sanción moratoria por pago tardío de las cesantías definitivas prevista por la Ley
244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, y no así lo relativo a la sanción
moratoria por la no consignación oportuna de las cesantías establecida en la Ley 50
de 1990.

Así mismo, es dable indicar que las sentencias del Consejo de Estado traídas como
antecedente por la accionante no constituyen jurisprudencia en vigor, ya que aunque

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

en una de ellas se acogió lo referente al reconocimiento de la sanción moratoria
prevista en la Ley 50 de 1990,26 no lo es menos que en otras se estudiaron las
circunstancias fácticas de docentes no afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG),27 como lo relacionado con la liquidación de
cesantías,28 y en la mayoría se trató lo concerniente al término de prescripción de la
sanción moratoria.29

De esta forma, puede concluirse, entonces, que para el momento en que se profirió la
providencia aquí censurada no existía criterio consolidado ni sentencia de unificación
a aplicar sobre el particular y que, por tanto, la autoridad judicial, en ejercicio de sus
facultades de autonomía e independencia judicial, reconocidas en los artículos 228 y
230 de la Constitución Política, podía optar por la posición que consideraba más
apropiada para resolver el asunto, tal como ocurrió, ya que luego de revisar los criterios
jurisprudenciales desarrollados en la materia, estimó —en cumplimiento de los
principios de transparencia y de razón suficiente que exigen del operador jurídico una
especial carga argumentativa—,30 que en el caso no había lugar al reconocimiento y
pago de la penalidad suplicada.

En igual sentido, en el asunto tampoco se advierte desacatado el principio de
favorabilidad laboral, toda vez que la autoridad accionada se encargó de explicar que
los educadores solo cuentan con una fuente normativa que es la contenida en la Ley
91 de 1989, en la cual se establece, tanto el reconocimiento de la prestación y de sus
intereses, como su forma de liquidación, y que dicho precepto no admite diversas
interpretaciones ni tampoco se encuentra enfrentada con otra que gobierne el régimen
docente. Adicionalmente, que de acuerdo con esa norma, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) es una cuenta especial de la Nación a

26 Expediente 0871 2020.
27 Expedientes 4854 2014, 2224 2020 y 4004 2021.
28 Expediente 0483 2020.
29 Expedientes 0833 2016, 1002 2021, 2208 2020, 2387 2020, 5154 2016, 1001 2021, 4462 2021 y

2394 2020.
30 En las sentencias SU-027 de 2020 y T072 de 2022, la Corte Constitucional señaló que «[e]l principio

de transparencia exige que el juez haga «referencia al precedente que abandona, lo que significa que
no puede omitirlo o simplemente pasarlo inadvertido como si nunca hubiera existido» y el principio de
razón suficiente, que «explique de manera suficiente y razonada los motivos por los cuales considera
que es necesario apartarse de sus propias decisiones o de las adoptadas por un juez de igual o superior
jerarquía».

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

la que le corresponde manejar las prestaciones sociales de los maestros a través de
una fiducia, y no contempla la posibilidad de que cada afiliado tenga una cuenta
individual, como ocurre en las sociedades administradoras de fondos privados de
cesantías —artículos 99, numeral 6, de la Ley 50 de 1990 y 2.º del Decreto 1582 de
1998—.

Conforme a lo expuesto, la Sala encuentra que la providencia aquí discutida está
debidamente motivada y justificada, y que, por tanto, no le asiste razón a la accionante
al aducir que le era aplicable el régimen de la Ley 50 de 1990, relacionado con la
sanción moratoria por el depósito tardío de las cesantías anuales dispuesta para el
régimen general de los servidores públicos, pues, se itera, dentro del régimen especial
de docentes —Ley 91 de 1989—, se establece una forma diferente de liquidación y
pago bajo un procedimiento propio.

Además, se avizora que el criterio acogido por el Tribunal coincide con la regla
jurisprudencial fijada recientemente por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
la Sentencia de Unificación SUJ-032-CE-S2-2023 del 11 de octubre de 2023, en la que
se prevé que los docentes estatales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG) no tienen derecho a la sanción moratoria dispuesta en
el ordinal 3.º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debido a su incompatibilidad con el
sistema de administración de cesantías creado en la Ley 91 de 1989.

Así las cosas, se tiene que las conclusiones a las que arribó el Tribunal no comportan
para la Sala una actuación incursa en vía de hecho que vulnere los derechos
fundamentales de la parte actora, ya que luego de analizar tanto el desarrollo
normativo en la materia como la diferente jurisprudencia proferida en torno al
reconocimiento de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990 y la
indemnización por el pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en la Ley
52 de 1975, presentó una argumentación razonable del por qué en el caso no era dable
su concesión a los docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG).

3. Conclusión

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Radicado: 11001 03 15 000 2023 05642 00
Demandante: Aydeé Castaño Monsalve

La Sala concluye que en la providencia del 31 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Sexta de Decisión, que confirmó el fallo del 19 de
diciembre de 2022 dictado por el Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial
de Medellín, no se incurrió en los defectos aducidos por la accionante.

En tal sentido, la Sala procederá a negar el amparo que solicita la señora Aydeé
Castaño Monsalve.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Denegar el amparo que solicita la señora Aydeé Castaño Monsalve,
conforme a la parte considerativa que antecede.

Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente decisión, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Con impedimento Firmado electrónicamente

NERIO JOSÉ ALVIS BARRANCO
Conjuez
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
MAM

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