Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05647-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05647-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05647-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Girón
13 de diciembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05647-01
Demandante: Diego Alejandro Rúa Giraldo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05647-01
Demandante: DIEGO ALEJANDRO RÚA GIRALDO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Falta de relevancia constitucional:
reiteración de argumentos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte demandante contra la sentencia
del 26 de octubre de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Quinta, que declaró
improcedente la acción de tutela.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 26 de septiembre de 20231, en ejercicio de la acción de tutela y por conducto de
apoderado judicial, el señor Diego Alejandro Rúa Giraldo pidió la protección de los
derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y de acceso a la
administración de justicia.
A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión de la providencia del
31 de julio de 2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que denegó las
pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de
1990.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA en la sentencia proferida el día
01/08/2023 (sic), en el expediente rad. No. 05001333301420220020500, transgredió́ los derechos
fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS
FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE
LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD,
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE
PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión
no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano
de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos
fundamentales de la accionada.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,
atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional
en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de
1 Índice 2 de Samai (11001031500020230564700).
1
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05647-01
Demandante: Diego Alejandro Rúa Giraldo
Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora
como fue solicitada en la demanda (…)
3. Hechos
Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
En el año 2007, el señor Diego Alejandro Rúa Giraldo fue vinculado como docente de la
secretaría de educación de Medellín.
El 15 de octubre de 2021, el señor Diego Alejandro Rúa Giraldo solicitó a la secretaría de
educación de Medellín el reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía
de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen
establecido en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses
de las cesantías.
Mediante acto administrativo No. 202130530442 del 25 de noviembre de 2021, la
secretaría de educación de Medellín denegó lo solicitado.
El actor interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio
de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y la secretaría de educación de Medellín, para que se declarara la nulidad del
acto administrativo No. 202130530442 del 25 de noviembre de 2021. A título de
restablecimiento del derecho, pidió que se ordenara el reconocimiento y pago de la
sanción moratoria prevista en el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990 y la
indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías.
La demanda se adelantó bajo el radicado 05001333301420220020500 y correspondió al
Juzgado Catorce Administrativo Oral de Medellín, que, por sentencia del 14 de marzo de
2023, denegó las pretensiones, porque los docentes están sometidos a un régimen
especial (Ley 91 de 1989) que no previó el reconocimiento de la sanción reclamada y que,
además, los docentes están expresamente excluidos de la aplicación de la Ley 50 de
1990 por disposición del artículo 13 de la Ley 344 de 1996.
Sobre las sentencias del Consejo de Estado y la sentencia SU-098 de 2018 y demás
sentencias de la Corte Constitucional invocadas en la demanda explicó que no había
identidad fáctica ni jurídica que permitiera la aplicación. Que, de hecho, el régimen
previsto en la Ley 50 de 1990 era incompatible con el régimen especial docente.
Inconforme con la decisión, la parte demandante apeló y el Tribunal Administrativo de
Antioquia, en sentencia del 31 de julio de 20232, la confirmó básicamente por las mismas
razones del juzgado de primera instancia. Precisó que, en todo caso, en el Consejo de
Estado no existía un criterio unificado sobre el tema y que tampoco había lugar a acudir
a la Ley 50 de 1990 dada la existencia de un régimen especial de cesantías.
4. Fundamentos de la acción de tutela
De manera preliminar, el demandante manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En especial, sobre la relevancia constitucional, citó la sentencia de tutela del
23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B, en el proceso 11001031500020230106300. En cuanto al fondo del asunto, alegó que
la sentencia acusada incurrió en los siguientes vicios de fondo:
2 Notificada el 1 de agosto de 2023.
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Demandante: Diego Alejandro Rúa Giraldo
En desconocimiento del precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, fijado
en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU-332 de 2019 y SU-041 de 2020, y
del Consejo de Estado establecido en las siguientes sentencias: del 6 de agosto de 20203,
24 de enero de 20194, 17 de junio de 20195, 28 de junio de 20196, 29 de julio de 20197, 2
de diciembre de 20198, 10 de junio de 20209, 22 de octubre de 202010, 12 de noviembre
de 202011, 17 de junio de 202112, 413, 2514 y 11 de noviembre de 202115, 20 de enero de
202216, 3 de marzo de 202217,28 de abril de 202218, 919 y 19 de mayo de 202220, 1 de julio
de 202221, 22 de agosto de 202222, 22 de septiembre de 202223, 1924 y 2625 de enero de
2023.
Que, además, desconoció sentencias dictadas por diferentes juzgados administrativos de
circuitos judiciales del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas,
reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.
5. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, ponente de la decisión
cuestionada, pidió que se denegaran las pretensiones porque la decisión cuestionada no
3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2013- 00666-01
(0833-16), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001-23-31- 000- 200900867- 01
(4854-2014), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 17 de junio de 2019. Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04617-01, C.P.
Nicolás Yepes Corrales.
6 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 28 de junio de 2019, Exp. 11001-03-15- 000-2018- 04679-01, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés.
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11001-0315- 000-2018- 03499-01, C.P.
Nicolás Yepes Corrales.
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2019, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01
(1688-16), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 10 de junio de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00208-
01(0324-2016), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31- 000-2014- 00254-
01(4960-2017), C.P. William Hernández Gómez.
11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 00132-
01, C.P. William Hernández Gómez.
12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01
(4979–2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00331-01), C.P. César Palomino
Cortés.
13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001-23-33- 000-2015- 00445-
02(0483-20), C.P. William Hernández Gómez.
14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp. 08001-23-33- 000-2014- 01127-
01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de
2021, Exp. 40001-23-40- 000-2017- 00134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2015- 90008-
01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre
de 2021, Exp. 080001-23- 40-000-2014- 90022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2017- 00931-01
(1001-2021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-23- 33-000-2015- 00075-01
(2660-2020), C.P. William Hernández Gómez.
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022, Exp. 76001-23-33- 000-2013- 00756-01
(2224-2020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-23- 40-000-2017- 00795-01
(2659-2020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00359-01
(4004-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-23- 33-000-2019- 00376-01
(4462-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra.
22 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33- 000-2015- 00509-01
(2140-2020), C.P. César Palomino Cortés.
23 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001-23-33- 000-2015- 90124-
01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.
24 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de enero de 2023, Exp 76001-23-31- 000-2012- 00212-02
(4470-2021) , C.P. William Hernández Gómez.
25 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 23 de enero de 2023, Exp 47001-23-33- 000-2018-0231- 01
(0871-2020), C.P. Rafael Francisco Gómez.
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Demandante: Diego Alejandro Rúa Giraldo
incurrió en ningún defecto y, por lo tanto, no se trasgredió ningún derecho fundamental
del actor.
Sobre las razones expuestas por el señor Rua Girado, explicó que «No existe fundamento
legal alguno que obligue a las entidades demandadas a acogerse, tratándose de docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al régimen de cesantías
consagrado en la Ley 50 de 1990, pues como ya se ha venido exponiendo a lo largo de esta
providencia, para esta población existe un régimen exceptuado que contempla lo relativo al
reconocimiento de las cesantías, no previendo una cuenta individual para el docente».
La juez Catorce Administrativa de Medellín dijo que los argumentos que fundamentan
la decisión se encuentran contenidos en la sentencia de 14 de marzo de 2023. Que,
además, existían 6 acciones de tutela promovidas por diferentes actores que perseguían
la protección de los mismos derechos.
La jefe jurídica de negocios especiales de la Fiduprevisora S.A. como vocera y
administradora del FOMAG pidió que se declarara improcedente la solicitud de amparo
por no cumplir con las causales generales y específicos de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial y solicitó ser desvinculada por carecer de competencia
frente a las pretensiones del demandante.
El jefe de la oficina jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional. Explicó que la Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019
declaró improcedentes acciones de tutela en las que también fueron cuestionadas
providencias que denegaron la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 por
tratarse de una controversia de naturaleza estrictamente legal y económica.
El Municipio de Medellín no se pronunció pese a que fue debidamente notificado.
6. Sentencia impugnada
El Consejo de Estado, Sección Quinta, mediante sentencia del 26 de octubre de 2023,
declaró improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito general de relevancia
constitucional. Pues el asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal y
de contenido económico que no impactaba la garantía de derechos fundamentales.
7. Impugnación
La parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia. Sostuvo que la acción
de tutela sí cumple el requisito de relevancia constitucional y fundamentó ese argumento
en decisiones dictadas por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en
providencias del 23 de marzo y 17 de abril26 de 2023.
Reiteró que sí existe una posición respecto de la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los
docentes para el reconocimiento de la sanción moratoria y citó nuevamente la sentencias
que considera como precedente aplicable.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela presentada por el señor
Diego Alejandro Rúa Giraldo para que se deje sin efectos la sentencia del 31 de julio de
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.
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2023, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia que confirmó la decisión de
denegar las pretensiones de reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en
la Ley 50 de 1990.
La Sala anticipa que la acción de tutela no cumple el requisito general de relevancia
constitucional, por cuanto se trata de una reiteración de los argumentos ya resueltos en
el proceso ordinario, esto es, que, a juicio del actor, la sanción moratoria prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990 procede en favor de los docentes. Por lo tanto, se
confirmará la decisión de primera instancia.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la relevancia constitucional y, finalmente,
(iii) analizará el caso concreto.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales27 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos28 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.
3. La relevancia constitucional
A partir de la sentencia del 11 de febrero de 2021, dictada en el proceso 11001-03-15-
000-2020-05131-0029, la Sección Cuarta del Consejo de Estado fijó cinco criterios para
determinar si un asunto tiene relevancia constitucional.
En concreto, esos criterios son (i) que el asunto objeto de estudio realmente involucre la
amenaza o vulneración de derechos fundamentales, (ii) que el interesado argumente de
manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos
fundamentales, (iii) que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela, (iv) que no se propongan nuevos argumentos que
no fueron expuestos en el proceso ordinario y (v) que la acción de tutela no se convierta
en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia
acusada.
En cuanto al quinto criterio, esto es, que no se ejerza la acción de tutela como una
instancia adicional del proceso ordinario, la Sala ha explicado que por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos
para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los
procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los
jueces competentes.
27 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios
y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de tutela;
la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que no se
cuestione un fallo de tutela.
28 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
29 M.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Diego Alejandro Rúa Giraldo
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de los argumentos expuestos en la solicitud de amparo, la Sala advierte
que coinciden con los propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Básicamente, en el proceso ordinario y en la acción de tutela, el señor Diego Alejandro
Rúa Giraldo insiste en que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 es aplicable
a los docentes oficiales. Además, cita sentencias tanto de la Corte Constitucional como
del Consejo de Estado que, a su juicio, respaldan esa tesis.
En efecto, en el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia
del 14 de marzo de 2023, dictada por el Juzgado Catorce Administrativo de Medellín
(resumido en la providencia de segunda instancia) se lee lo siguiente:
La apoderada de la parte demandante manifiesta que el despacho argumentó que los docentes por
encontrarse bajo un régimen especial no son sujetos de aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990
situación que asegura ya ha sido revaluada por la Corte Constitucional en sentencia SU-098 de 2018,
además de mencionar que el Consejo de Estado ha sido constante, afirmando que la postura
jurisprudencial vigente está direccionada a la protección de los derechos prestacionales que han sido
vulnerados por parte de las entidades públicas a los que se encuentran adscritos los docentes.
Por su parte, en la acción de tutela, el señor Diego Alejandro Rúa Giraldo igualmente
insistió en que la Ley 50 de 1990 es aplicable a los docentes públicos a efectos de
reconocer la sanción moratoria que prevé el artículo 99 de esa norma y, además de las
sentencias de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado que ya fueron invocadas
en la demanda y en el recurso de apelación, citó las sentencias del 17 y 28 de junio de
2019, 28 de abril de 2022, 19 de mayo de 2022, 1 de julio de 2022, 22 de agosto de 2022,
22 de septiembre de 2022 y 19 y 26 de enero de 2023.
No obstante, esa discusión ya fue resuelta por el Tribunal Administrativo de Antioquia, en
providencia del 31 de julio de 2023, que, en lo que interesa, consideró:
En consecuencia con lo anterior, es claro que no existe fundamento legal alguno que obligue a las
entidades demandadas a acogerse, tratándose de docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, al régimen de cesantías consagrado en la Ley 50 de 1990, pues como ya se ha
venido exponiendo a lo largo de esta providencia, para esta población existe un régimen exceptuado
que contempla lo relativo al reconocimiento de las cesantías, no previendo una cuenta individual para el
docente.
Inaplicabilidad de la Ley 50 de 1990 que fue expuesta por el Consejo de Estado en sentencia del 24 de
agosto de 2018 y radicado interno N° 1653 de 2016, en la cual, con ponencia de la Consejera Dra.
Sandra Lisset Ibarra manifiestó:
“En consecuencia, los educadores del sector público no les son aplicables los artículos 99, 102 y 104
de la Ley 50 de 1990, que contemplaron el plazo para la liquidación del valor liquidado anualmente
con anterioridad al 15 de febrero y la sanción moratoria para el empleador que incumpla esta
obligación, pues dichas normas fueron extendidas por disposición del artículo 1 del Decreto 1582 de
1998, únicamente a «los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de
diciembre de 1996 que se afilien a los fondos privados de cesantías», que como se expuso, no se
equiparan a los docentes vinculados a partir del 1° de enero de 1990, pues su nombramiento
efectuado por el representante de la entidad territorial no le otorga la calidad de ser un maestro de
dicho nivel, y sus prestaciones sociales como las cesantías, son administradas por el FOMAG, cuya
naturaleza jurídica es diferente a la de aquellos fondos privados creados por la Ley 50 de 1990 (…)
59. Así las cosas, le asiste razón al apoderado del FOMAG al manifestar que al demandante no le es
aplicable la penalidad pretendida, en razón a que debido a la fecha de su vinculación está regulado
en materia prestacional por las normas de los empleados públicos del orden nacional, por lo que no
es destinatario de la penalidad extendida por disposición expresa del artículo 1º del Decreto 1582 de
1998, a los servidores públicos del nivel territorial y vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996
que se afilien a los fondos privados de cesantías, requisitos que no cumple el docente, pues no reúne
la condición de territorial y tampoco se encuentra afiliado a un fondo privado administrador de
cesantías de aquellos creados por la Ley 50 de 1990; máxime cuando la finalidad del legislador fue
precisamente la creación del FOMAG para atender las prestaciones sociales de los docentes del
sector oficial, cuyos recursos provienen por disposición legal, de la Nación. ”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05647-01
Demandante: Diego Alejandro Rúa Giraldo
Como se ve, se trata de argumentos con los que el señor Diego Alejandro Rúa Giraldo
pretende continuar el debate jurídico que planteó en el proceso ordinario para determinar
el régimen aplicable a las cesantías. Y si bien el actor está alegando el desconocimiento
de nuevas sentencias, lo cierto es que las invoca con el mismo propósito con el que las
citó en la demanda y en el recurso de apelación del proceso ordinario.
En el escenario que propone el demandante, la Sala estaría obligada a examinar
nuevamente un asunto que ya fue resuelto por la autoridad judicial demandada en el
proceso ordinario, finalidad para la que no está previsto este mecanismo constitucional.
La acción de tutela tiene como fin la protección de derechos fundamentales, y no puede
utilizarse como instancia adicional de los procesos ordinarios, como ya lo ha precisado la
Sala en otras oportunidades30.
Ahora, frente a la sentencia de tutela del 23 de marzo de 2023, dictada por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230106300, que
el demandante cita para demostrar la relevancia constitucional de la acción de tutela, basta
decir que esa decisión fue impugnada y mediante auto del 16 de junio de 2023, la Sección
Primera del Consejo de Estado declaró la nulidad de lo actuado, a partir del auto que
admitió esa acción de tutela y el Consejo de Estado Sección Segunda Subsección B,
mediante sentencia del 17 de octubre denegó las pretensiones de la demanda de tutela.
De modo que no puede utilizarse como argumento para fundamentar la relevancia
constitucional en el presente asunto.
Sobre la sentencia del 17 de abril31 de 2023 dictada por el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B, en el proceso 11001031500020230096500, la Sala destaca que
esa decisión fue impugnada. Mediante sentencia del 17 de julio de 2023, la Sección
Tercera, Subsección C, del Consejo de Estado la revocó y, en su lugar, declaró
improcedente la acción de tutela. Por lo tanto, tampoco puede utilizarse esa decisión
como precedente.
Incluso, en un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, la Corte Constitucional, en
sentencia SU-573 de 2019, concluyó que la acción de tutela carecía de relevancia
constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales, pues se
proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías anualizadas de los docentes
les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto 1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990,
Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998, asunto que conlleva a establecer aspectos
legales acerca de la calidad de la vinculación de los docentes (territoriales, nacionales o
nacionalizados) y sobre el fondo administrador de cesantías en que debe efectuarse la
afiliación para que se cause la penalidad por no consignación oportuna de la prestación
social.
Que, además, los argumentos buscaban “realizar el análisis de corrección de la sentencia y,
en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los jueces de la jurisdicción contencioso
administrativo deben acoger acerca del alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley
344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una
penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen docente”
30 En el mismo sentido se ha pronunciado la Sala, entre otras,
en sentencias del 18 de mayo de 2023, Expediente
11001-03-15-000-2023-01500-00, Actora: Sandra Elena Espinosa López, C.P. Wilson Ramos Girón; del 25 de mayo de
2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02085-00, Actora: Rosa María Castañeda Valencia, C.P. Wilson Ramos Girón
y de la misma fecha, Expediente No11001-03-15-000-2023-00705-01. Actora: Luz Myriam García Camacho. C.P. Milton
Chaves García; y del 1º de junio de 2023, Expediente 11001-03-15-000-2023-02139-00, Actor: Alfonso Rueda
Rodríguez, C.P. Wilson Ramos Girón y Expediente 11001-03-15-000-2023-02069-00, Actora: Julia Inés Fernández
González, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de abril de 2023, Exp
11001031500020230096500.
7
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05647-01
Demandante: Diego Alejandro Rúa Giraldo
ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos fundamentales
y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del precedente y del principio
de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un efecto decisivo en las sentencias
cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación de un derecho fundamental, por
cuanto “las decisiones impugnadas en sede de tutela no constituyen “desvíos del juez ordinario”
ni decisiones carentes de motivación y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una
prerrogativa de carácter constitucional.”
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes acudían a la
tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos con el fin de que el juez
constitucional accediera a las mismas pretensiones incoadas en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho.
Lo anterior es suficiente para que la Sala confirme la sentencia impugnada que declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo presentada por el señor Diego Alejandro Rúa
Giraldo.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la presente
providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
8
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