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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05657-00

Fecha
7 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2023-05657-00

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA 1º) Niéganse las pretensiones de la acción de tutela en contra de la Resolución no. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 proferida por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura. 2º) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en lo atinente a la reclamada mora judicial de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 3º) Niégase la solicitud de pruebas presentada por la parte actora. 4º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 11001-03-15-000-2023-05657-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

7 de noviembre de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, siete (7) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2023-05657-00
Demandante: LINA CLEMENCIA DUQUE SÁNCHEZ
Demandado: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE CARRERA
JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA ACTO
ADMINISTRATIVO DE TRÁMITE PROFERIDO EN UN
CONCURSO DE MÉRITOS. MORA JUDICIAL. SE
NIEGAN LAS PRETENSIONES DE LA ACCIÓN DE
TUTELA CONTRA ACTO ADMINISTRATIVO Y SE
DECLARA LA CARENCIA ACTUAL DE OBJETO
FRENTE A LA MORA JUDICIAL.

Síntesis del caso: la actora cuestionó el acto administrativo de trámite proferido por
la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura por medio del cual resolvió de manera negativa el recurso de reposición
que presentó en contra de la Resolución que publicó los resultados de la prueba de
conocimientos y aptitudes en la Convocatoria 27. Reclamó la configuración de una
mora judicial frente a un trámite incidental de desacato.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentado por Lina
Clemencia Duque Sánchez en contra de la Unidad de Administración de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura (en adelante UACJ), la Universidad
Nacional de Colombia y la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para la protección de sus derechos fundamentales
del debido proceso y acceso a cargos públicos por mérito consagrados en los
artículos 29 y 40.7 de la Constitución Política.

2

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
Actora: Lina Clemencia Duque Sánchez
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

La actora promovió proceso de acción de tutela1 para lograr el amparo de sus
derechos constitucionales fundamentales mencionados, que consideró vulnerados
por ocasión de la Resolución no. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 proferida por
la UACJ, con fundamento en que en ese acto administrativo la autoridad
demandada le asignó un puntaje inferior en la calificación de las respuestas a la
prueba de conocimientos practicada en la Convocatoria 27 de 2018.

Como fundamento fáctico de la acción ejercida la demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) El Consejo Superior de la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16
de agosto de 2018, por medio del cual adelantó el proceso de selección y convocó
al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama
Judicial.

2) Lina Clemencia Duque Sánchez se inscribió en la Convocatoria 27 para optar por
el cargo de magistrada de Tribunal Administrativo y el 24 de julio de 2022 presentó
la prueba de conocimientos y aptitudes.

3) Mediante Resolución CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022 se publicaron los
resultados de la prueba y en esa oportunidad la actora obtuvo un puntaje de 833,44,
por lo cual superó la fase I del concurso de méritos, por consiguiente, se encuentra
en estado admitida y accedió a la fase correspondiente al curso de formación
judicial.

4) El 28 de abril de 2023 la demandante solicitó al CSJ: i) la exoneración del curso
de formación judicial para jueces y magistrados de la Rama Judicial para que se
adoptara como calificación de dicho curso la nota que obtuvo en la última calificación
de servicios obtenida como procuradora judicial para asuntos administrativos y ii) la
homologación del curso de formación judicial que aprobó en el marco de la

1
Mediante escrito presentado el 29 de septiembre de 2023.

3

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
Actora: Lina Clemencia Duque Sánchez
Acción de tutela

Convocatoria 22 para jueces y magistrados, convocada mediante Acuerdo No.
PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013.

5) Mediante Resolución no. EJR23-173 de 23 de junio de 2023, el CSJ negó la
exoneración del curso de formación judicial y concedió la homologación solicitada.

6) La actora presentó un recurso de reposición el 21 de septiembre de 2022,
complementado el 15 de noviembre del mismo año, en contra de la Resolución
CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022 en el que solicitó que le fuera modificado
el puntaje obtenido en la prueba de conocimientos con fundamento en que
respondió correctamente las preguntas 1, 6, 10, 11, 21, 23, 53, 59, 62, 63, 69, 76,
82, 94, 96, 106, 111, 112 y 116.

7) Con Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, la UACJ resolvió de
manera masiva los recursos de reposición presentados en contra del primer acto y
en lo referente a la aquí demandante confirmó “las decisiones contenidas en la
Resolución CJR22-0351 de 1º de septiembre de 2022 y en consecuencia no reponer
los puntajes obtenidos por los recurrentes relacionados en el ‘Anexo 1’, para el
cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo.”.

8) De manera paralela, la señora Lina Duque Sánchez presentó un derecho de
petición ante la Universidad Nacional de Colombia el 12 de septiembre de 2022 con
el fin de obtener documentación relacionada con el concurso de méritos y esa
autoridad respondió la petición con Oficio CONV27MS-001 de 21 de septiembre de
2022 que negó la entrega de algunos documentos requeridos por la demandante en
atención a su carácter reservado.

9) El 26 de septiembre de 2022 la demandante presentó un recurso de insistencia
que por reparto correspondió a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, quien con providencia de 9 de diciembre de 2022
ordenó al Director del Proyecto de Contrato no. 096 de 2018 de la Universidad
Nacional de Colombia que en el término de 5 días remitiera a la actora la copia del
informe psicométrico de la prueba de conocimientos que realizó el 24 de julio de
2022.

4

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
Actora: Lina Clemencia Duque Sánchez
Acción de tutela

10) La actora informó que, por la falta de cumplimiento a esa orden, el 2 de marzo
de 2023 presentó un incidente de desacato para lograr el acatamiento de lo
dispuesto por la autoridad judicial y, según se afirmó en la demanda, a la fecha de
presentación de la acción de tutela no se había decidido ese trámite incidental.

11) El 23 de mayo de 2023, la demandante presentó ante la Procuraduría General
de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial como requisito de
procedibilidad para demandar la nulidad de las Resoluciones CJR22-0351 de 1 de
septiembre de 2022 y CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 y obtener el
consecuente restablecimiento de sus derechos.

12) La audiencia de conciliación se celebró el 26 de junio de 2023 en la Procuraduría
29 Judicial II para asuntos administrativos quien la declaró fallida.

13) En esa oportunidad el comité de conciliación del CSJ señaló que las
resoluciones cuestionadas eran actos administrativos de trámite o preparatorios
frente a los cuales el control judicial resultaba improcedente.

2. Los fundamentos de la vulneración

La actora reclamó que la Resolución no. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023
proferidas por la UACJ vulneró sus derechos fundamentales porque no resolvió
debidamente los cargos planteados en su recurso de reposición y en consecuencia
calificó erróneamente las respuestas a las preguntas 63, 69, 82, 96 y 116 de la
prueba de conocimientos.

Para la demandante, ese acto administrativo adolece de un defecto sustantivo y no
resolvió de fondo los reproches que expuso en el recurso de reposición, en atención
a que las referidas preguntas versaron sobre asuntos de puro derecho que no
requieren la existencia de un dictamen pericial para ser analizadas de acuerdo con
el artículo 226 del Código General del Proceso y en dicha medida las respuestas
que la autoridad señaló como correctas frente a tales preguntas, contradijeron la
legislación colombiana y las normas que las sustentan son abiertamente
inaplicables.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
Actora: Lina Clemencia Duque Sánchez
Acción de tutela

La acción de tutela es procedente, porque el CSJ reconoció que se trata de un acto
de trámite y en dicha medida no existe otro mecanismo de defensa, porque no es
susceptible de control judicial; la actuación administrativa asociada con el concurso
no ha concluido y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no
es eficaz pues la decisión que en ese proceso se tome tardaría aproximadamente
dos años y para ese momento ya habrá lista de elegibles.

A pesar de ser un acto administrativo de trámite consolidó un perjuicio irremediable
porque calificó a la actora con un puntaje injusto y ello afecta su clasificación en el
registro de elegibles porque ocupará una posición inferior frente a otros
participantes, lo cual configura una seria desventaja para aspirar al cargo de
magistrada de Tribunal Administrativo.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“1. Que se amparen mis derechos constitucionales al Debido Proceso
Administrativo al configurarse una vía de hecho administrativa mediante
las Resoluciones CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022 y CJR23-0044
del 16 de enero de 2023 proferidas por el Consejo Superior de la
Judicatura, en las que se me asignó un puntaje inferior en la calificación
de las respuestas al examen de conocimientos practicado en la
convocatoria No 27, ya que las respuestas no corresponden a la
normatividad aplicable a los enunciados del examen en las preguntas 63-
69-82-96-116, por la configuración de un defecto sustantivo.

2. Que en garantía de los derechos fundamentales invocados se le ordene
al Consejo Superior de la Judicatura emitir el Acto Administrativo
correspondiente, corregir la asignación del puntaje publicado en las
mencionadas resoluciones y tener como válidas las respuestas que
marqué para tales preguntas.

3. Que se amparen los demás derechos fundamentales que se adviertan
vulnerados en el presente tramite constitucional.”. (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal

Mediante auto de 4 de octubre de 2023 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente e integrantes del Consejo Superior de la Judicatura y a la
directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura, así como la vinculación de las personas que se hubieren postulado

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
Actora: Lina Clemencia Duque Sánchez
Acción de tutela

al concurso de méritos para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama
Judicial – Magistrado Tribunal Administrativo, convocado por el Acuerdo PCSJA18-
11077 de 2018 (Convocatoria no. 27)2, a la rectora de la Universidad Nacional de
Colombia y al presidente y magistrados integrantes de la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, entregándoles copia
de la demanda y los anexos.

5. Actuación de las autoridades demandadas

La directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo
Superior de la Judicatura solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela porque la demanda no superó los requisitos de inmediatez y subsidiariedad,
lo primero porque la acción de tutela se presentó 6 meses después de haberse
proferido el acto administrativo que resolvió el recurso de reposición presentado por
la señora Lina Clemencia Duque Sánchez y, lo segundo, porque la actora puede
acudir a los medios judiciales idóneos para cuestionar los actos administrativos que
consideró vulneradores de sus derechos fundamentales.

Los reproches de la demandante en contra de las respuestas válidas de la prueba
de conocimientos y aptitudes fueron resueltos con la Resolución no. CJR23-0044
de 16 de enero de 2023 en cuyo anexo se dieron a conocer las claves de respuesta
correctas con la correspondiente explicación; frente a lo señalado por la actora en
relación con los ítems 63, 69, 82, 96 y 116 se indicó la pertinencia del enunciado
para cada pregunta, la clave de respuesta asignada y la justificación de las
respuestas no válidas.

La magistrada ponente de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca solicitó que se nieguen las pretensiones de la
acción de tutela con fundamento en que el 6 de octubre de 2023 resolvió el incidente
de desacato que presentó la demandante en el sentido de imponer una sanción de
multa al señor Eduardo Aguirre Dávila como director de proyecto del contrato no.

2
Ante la ausencia de algún medio de prueba que permitiera identificar a los aspirantes para el cargo
referido, sus datos personales o de contacto, se dispuso que la notificación de la providencia de la
referencia se hiciera por intermedio de la directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial
del Consejo Superior de la Judicatura con la publicación en la página web de la Rama Judicial o de
la convocatoria, con el fin de que los aspirantes que conforman la lista de elegibles de la convocatoria
que tengan interés en el asunto pudieran participar en el presente proceso.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
Actora: Lina Clemencia Duque Sánchez
Acción de tutela

096 de 2018 de la Universidad Nacional de Colombia y le ordenó la entrega de la
información solicitada por la actora dentro del término de los tres días siguientes a
la notificación de esa providencia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2)
cuestiones preliminares, y 3) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar
o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. Cuestiones preliminares

2.1 Delimitación del asunto

La Sala precisa que la demandante afirmó que la vulneración de sus derechos
fundamentales devino de una presunta calificación errónea de sus respuestas a las
preguntas 63, 69, 82, 96 y 116 de la prueba de conocimientos, por lo que en la

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
Actora: Lina Clemencia Duque Sánchez
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Resolución no. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 no se resolvió debidamente el
recurso de reposición que presentó en contra de la Resolución CJR22-0351 de 1 de
septiembre de 2022 y solicitó que le fuera modificado el puntaje obtenido en dicha
prueba.

En dicha medida, la Sala considera que, en caso de que se demuestre la vulneración
a la que hizo referencia la parte actora por ocasión del acto administrativo
cuestionado, ello comportaría una afectación de su derecho constitucional
fundamental de petición, no así de los derechos cuyo amparo invocó en la acción
de tutela (debido proceso y acceso a cargos públicos por mérito).

Adicionalmente, se advierte que, si bien la parte actora reclamó la vulneración de
sus derechos fundamentales por motivo del acto administrativo mencionado, a partir
de la lectura de la demanda se puede inferir que también reclamó la configuración
de una mora judicial por la presunta falta de decisión por parte de la Subsección A
de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el trámite
incidental de desacato que propuso el 2 de marzo de 2023.

En consecuencia, de acuerdo con los principios constitucionales que irradian la
acción de tutela, la Sala determinará si se presentó una vulneración de los derechos
fundamentales de la actora derivada de la expedición de la Resolución no. CJR23-
0044 de 16 de enero de 2023 y de una mora judicial por parte de la autoridad judicial
mencionada.

2.2 La solicitud de prueba

Con memorial presentado el 11 de octubre de 20233, la señora Lina Clemencia
Duque Sánchez solicitó que en el presente trámite de acción de tutela se decretara
como prueba el informe psicométrico cuya entrega ordenó la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en auto de 9 de
diciembre de 2022, previo requerimiento del director del proyecto de contrato no.
096 de la Universidad Nacional de Colombia, así como la entrega de las preguntas
63, 69, 82, 96 y 116 del examen de conocimientos y el cuadernillo de respuestas de
la actora, para efectos de determinar si las preguntas contienen errores a partir de

3
Con paso al despacho del 23 de octubre de este año.

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Actora: Lina Clemencia Duque Sánchez
Acción de tutela

los cuales sea posible determinar la existencia de una vía de hecho vulneradora de
sus derechos fundamentales.

Sin mayores elucubraciones la Sala considera que no hay lugar a decretar la prueba
solicitada en atención a que con ocasión de los documentos aportados con el escrito
de demanda y las contestaciones presentadas por las autoridades demandadas y
vinculadas, se cuenta con elementos de prueba suficientes para proferir una
decisión de fondo en el presente asunto.

Adicionalmente se precisa que esta vía no es la herramienta idónea para que se
decrete la entrega de la prueba documental referida en los términos en que fue
ordenado por parte de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca en auto de 9 de diciembre de 2022, por cuanto, si
a bien lo tiene, la actora puede acudir nuevamente ante el juez natural del desacato
que es quien cuenta con las potestades para lograr el cumplimiento de esa orden
proferida por ocasión del recurso de insistencia que presentó la actora4.

La controversia de la presente acción de tutela atañe, no al incumplimiento en la
entrega de la documentación e información requerida por la señora Lina Clemencia
Duque Sánchez sino en la presunta vulneración de su derecho fundamental de
petición, con ocasión de la Resolución no. CJR23-0044 de 16 de enero de 20235 y
del debido proceso por la presunta mora judicial en que incurrió la Subsección A de
la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, por lo cual no es
pertinente decretar la prueba solicitada y que el juez de tutela se inmiscuya en las
potestades propias del juez del desacato.

Sobre el particular este Despacho recuerda que, de una parte, el trámite de la acción
de tutela tiene como finalidad garantizar la protección de los derechos
fundamentales, cuando estos se ven amenazados y por la otra, el trámite incidental
de desacato busca que se logre el cumplimiento de una providencia, para el caso

4
Sobre la procedencia del incidente de desacato para lograr el cumplimiento de providencias
proferidas por ocasión de un recurso de insistencia ver la sentencia de 26 de agosto de 2021
proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Radicación no. -03-
15-000-2021-01821-01, MP William Hernández Gómez.
5
Por medio de la cual la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura resolvió los recursos de reposición presentados en contra de la Resolución CJR22-0351
de 1 de septiembre de 2022 que publicó los resultados de la prueba de aptitudes y conocimiento del
concurso de méritos para la provisión del cargo de Magistrado de Tribunal Administrativo.

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Actora: Lina Clemencia Duque Sánchez
Acción de tutela

particular de la decisión que decidió un recurso de insistencia, aquella providencia
que decidió de manera definitiva sobre la validez de restringir el acceso a
documentos.

En ese sentido, la decisión judicial que accedió a la entrega de documentos con un
carácter presuntamente reservado es susceptible de desacato y la consecuente
decisión sancionatoria que se profiera en ese trámite puede persistir a solicitud de
la demandante, hasta tanto se acredite de manera fehaciente la realización de todas
las actuaciones necesarias para que cese el incumplimiento a la orden judicial.

Así entonces, la prueba solicitada no cumplió con los parámetros del artículo 169
del Código General del Proceso para que proceda su decreto6, razón suficiente para
denegarla como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional a la Unidad de
Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y a la
Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales de
petición y debido proceso del actor, presuntamente vulnerados con: i) la expedición
de la Resolución no. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, acto administrativo que
decidió el recurso de reposición que presentó la actora en contra de aquel que
publicó los resultados de la prueba de conocimientos y aptitudes en el marco de la
Convocatoria 27 y ii) la presunta mora judicial en que incurrió la Subsección A de la
Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en adelantar un
trámite incidental de desacato formulado por la demandante.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala negará las
pretensiones de la acción de tutela por las razones que procederán a exponerse:

6
Artículo 169. Prueba de oficio y a petición de parte. Las pruebas pueden ser decretadas a
petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con
las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos será
necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las
partes. Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique
su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
Actora: Lina Clemencia Duque Sánchez
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3.1 Las pretensiones en contra de la Resolución no. CJR23-0044 de 16 de
enero de 2023.

1) La Sala considera procedente examinar de fondo si hay lugar a amparar el
derecho fundamental de petición del demandante por ocasión del acto
administrativo cuestionado, puesto que la Resolución no. CJR23-0044 de 16 de
enero de 2023 es un acto de trámite, como lo afirmó la parte actora; además, de ello
da cuenta el hecho de que en audiencia de conciliación celebrada el 26 de junio de
2023 la Procuraduría General de la Nación declaró fallido dicho trámite con
fundamento en la naturaleza del acto administrativo cuestionado, lo cual impide que
la parte actora pueda acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para
demandar su legalidad.

2) Sobre el particular, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido clara en
señalar que la acción de tutela procede contra actos administrativos de trámite
expedidos en el marco de los concursos de méritos cuando “(…) i) la actuación
administrativa de la cual hace parte el actor no haya concluido; ii) el acto acusado
defina una situación especial y sustancial que se proyecte en la decisión final; y iii)
ocasione la vulneración o amenaza real de un derecho constitucional fundamental
(…)”7.

3) En este evento, la señora Lina Clemencia Duque Sánchez superó la etapa I del
concurso de méritos, correspondiente a la prueba de conocimientos, por lo que para
ella la Convocatoria no. 27 no ha culminado; adicionalmente, la Resolución
cuestionada definió su puntaje en la prueba, situación que indudablemente incidirá
sobre la posición que eventualmente ocupe en una eventual publicación de lista de
elegibles para acceder al cargo de magistrada, máxime porque a ella ya le fue
homologado el curso de formación judicial, de modo que podrían resultar
comprometidos sus derechos fundamentales.

4) Una vez precisado lo anterior, la Sala examinará si la Resolución no. CJR23-0044
de 16 de enero de 2023 de la UACJ del Consejo Superior de la Judicatura vulneró
el derecho fundamental de petición de la actora porque no resolvió de fondo sus
cuestionamientos a las preguntas 63, 69, 82, 96 y 116 de la prueba de

7
Corte Constitucional, sentencia SU-067 de 24 de febrero de 2022, MP Paola Andrea Meneses
Mosquera.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
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Acción de tutela

conocimientos, en el marco de la Convocatoria 27.

5) Para tal efecto, la Sala confrontará lo alegado por la señora Lina Clemencia
Duque Sánchez en el recurso de reposición que presentó en contra de la Resolución
no. CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022 con la respuesta contenida en la
Resolución no. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023:

Argumentos de la actora en el recurso Respuesta de la UACJ en la Resolución
de reposición. no. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023.

Pregunta 63: “Esta pregunta es pertinente porque el medio de
prueba de confesión, se puede obtener de diversas
"CLAVE UNIVERSIDAD: C formas en la demanda, la contestación y otros actos
MI RESPUESTA: B procesales, así que es fundamental para el
administrador de justicia tener la suficiente claridad
En el enunciado de la pregunta se plantea que el para determinar cuándo se está frente a la confesión.
juez debe desestimar la declaración como prueba de
confesión cuando: La valoración probatoria de los diferentes medios de
prueba practicados en el curso de un proceso judicial
Versa sobre hechos que produzcan consecuencias es muy compleja, especialmente con aquellos medios
jurídicas favorables al confesante o adversa a la indirectos como la confesión, por lo cual es necesario
parte contraria. tener claridad para aplicarlo. (...)

La CLAVE de respuesta correcta es C, de acuerdo La opción B no resuelve de manera adecuada el
a lo señalado por la Universidad Nacional en la hoja enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
de respuestas. Tal respuesta, se deduce al porque este es uno de los requisitos de la
considerar que el enunciado no cumple con los CONFESIÓN establecido en el C.G.P., Art. 191 Núm.
requisitos de la confesión señalados en el artículo 3.
191 del Código General del Proceso, por tal motivo
se DESESTIMA la declaración como prueba de La opción C es la respuesta correcta porque esta
confesión. opción es diametralmente opuesta a la consagrada en
el Art. 191 Núm. 2 del C.G.P., toda vez que la
El sustento se configura porque el planteamiento de confesión debe reportarle consecuencias adversas al
la pregunta señala que el JUEZ DESESTIMARÁ, confesante y no favorables, tal como está en la opción.
esto es, no tendrá en cuenta como prueba de (...)”.
confesión lo aseverado por la contraparte en la
contestación de la demanda, a petición de una de
las partes, pues a pesar de que el enunciado señala
que se cumplen los requisitos para configurarse la
confesión, no hay lugar a conceder tal solicitud, en
razón a que la pregunta señala que el juez lo
desestimará. Precisamente, se desestima una
solicitud porque no cumple los requisitos de ley.

Por tal motivo, la pregunta ADMITE 2 OPCIONES
DE RESPUESTA, esto es, también la respuesta con
la CLAVE B, pues el Juez también tendría que
DESESTIMAR la declaración como prueba de
confesión en el siguiente caso:

CLAVE B. Recaiga sobre hechos respecto de los
cuales algún cuerpo legal exija otro medio de prueba

Lo anterior, porque el artículo 191 de la ley 1564 de
2012 señala que la confesión requiere que recaiga
sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
Actora: Lina Clemencia Duque Sánchez
Acción de tutela

otro medio de prueba y en el enunciado de la CLAVE
B se dice que recae sobre hechos respecto de los
cuales algún cuerpo legal exija algún medio de
prueba, frente a lo cual hay lugar a que el juez
desestime la declaración como medio de confesión,
precisamente porque en ese caso la ley si exigiría
un medio de prueba, por lo que no tendría cabida
tenerse como confesión.

En el enunciado de las respuestas de la pregunta 63
EXISTEN 2 RESPUESTAS CORRECTAS, pues se
está preguntando sobre la desestimación de la
prueba de confesión y solo se puede desestimar
cuando los enunciados no cumplen con los
requisitos del artículo 191 del CGP, como ocurre con
las CLAVES C y B (...)

Por lo expuesto, solicito que se tenga como válida la
respuesta que señalé, esto es la CLAVE B, ya que
la pregunta y los enunciados de las respuestas
permitían 2 respuestas correctas, como lo fueron la
B y la C.”.
Pregunta 69: Esta pregunta es pertinente teniendo en cuenta que
los jueces deben comprender y aplicar de forma
“CLAVE UNIVERSIDAD: B correcta en el proceso, la operancia del principio
MI RESPUESTA: D dispositivo en materia de fijación del objeto litigioso, el
cual está exclusivamente en cabeza de las partes. (...)
Se indicó que, ante la ausencia injustificada de las
partes, el juez realiza la Audiencia Inicial fijando los La opción B es la respuesta correcta porque el
hechos del objeto del litigio. proceso establecido normativamente en el Código
General del Proceso se caracteriza porque se
En tal enunciado no se planteó si se trataba de una adscribe al principio dispositivo en el que
Audiencia Inicial del procedimiento administrativo o exclusivamente las partes disponen o determinan la
del proceso civil. Si bien era una evaluación de forma y el momento en que plantean su litigio ante el
conocimientos generales, el error en el juez.
planteamiento de la pregunta se configura por la
omisión en señalar frente a cuál jurisdicción se Así las cosas, de la señalada disposición que las
estaba realizando la pregunta, toda vez que la partes ejercen en torno a la oportunidad en que deben
Audiencia inicial que consagra el Código General del presentar su problema ante el juzgador, y de la
Proceso es para la jurisdicción civil y por tanto no es correspondiente imposibilidad de que éste de oficio
una norma de carácter general, pues en la intente componer el litigio, se puede concluir que el
jurisdicción contencioso administrativo existe una objeto del litigio también es delimitado o fijado
norma especial que también reglamenta la exclusivamente por las partes.
Audiencia Inicial. Así mismo, ambas normas
contemplan consecuencias jurídicas distintas por la Conforme lo anterior, se ha establecido “que cuando
inasistencia injustificada de las partes a la Audiencia ninguna de las partes concurre a la audiencia inicial y
Inicial. no justifican su inasistencia dentro del término
correspondiente, se tiene que declarar la terminación
Con la pregunta se pretende establecer si las del proceso, pues no habría manera de fijar el objeto
facultades del Juez en la Audiencia inicial le del litigio (inciso segundo del numeral 4º del artículo
permiten fijar los hechos del litigio, a pesar de la 372 del Código General del Proceso), toda vez que ni
inasistencia injustificada de las partes. el juez ni los apoderados pueden suplir esa función
exclusiva de las partes.
En la clave de respuesta correcta de la Universidad
Nacional se señaló que era la B, esto es que el juez El juez orienta a las partes en la fijación del objeto del
quebrantaría el Derecho al fijar el litigio sin la litigio, pero no está facultado para variar los límites
presencia de las partes, toda vez que ello constituye trazados por ellas, porque tal labor corresponde al
una vulneración al Principio Dispositivo que le ejercicio del principio dispositivo que rige el proceso
confiere a las partes la iniciativa para fijar el litigio. civil; y para ello basta con asentar los temas
controvertidos, entendiéndose que aquéllas están
Como en el examen se estaba evaluando conformes con todos los demás. (...)
específicamente al grupo 19, que corresponde a la
Jurisdicción Contencioso Administrativo, al realizar La opción D no resuelve de manera adecuada el
el análisis de la ley 1437 de 2011, como norma enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
especial que regula la inasistencia injustificada de porque vulnera el principio dispositivo aplicado a la

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
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Acción de tutela

las partes a la Audiencia Inicial, no hay lugar a fijación del objeto de litigio, el cual no corresponde al
concluir de ninguna manera, que un juez de la juez. En efecto “[l]a fijación del objeto del litigio no está
Republica o Magistrado quebrante el Principio concebida para que las partes “ratifiquen” los hechos
dispositivo por fijar el litigio en una Audiencia Inicial. y pretensiones narrados en la demanda y la
contestación, ni para resumirlos; pues entonces esa
Ahora bien, si en gracia de discusión se tuviera que actuación no cumpliría ninguna función importante y
acudir a la normatividad del Código General del no sería más que una pérdida de tiempo; dado que
Proceso, que también contempla la inasistencia de esa “síntesis” debió hacerse desde un principio en la
las partes en la Audiencia Inicial del procedimiento narración de los hechos de la demanda y podría
civil, tampoco se podría llegar a tal conclusión, toda realizarla el juez con posterioridad.
vez que en ese proceso no habría lugar a la
realización de la audiencia por la inasistencia de las La fijación del litigio cumple una función de depuración
partes, pues así lo señala expresamente el numeral de la información contenida en esas esas narraciones
4 del artículo 372 del Código General del proceso. para conservar lo que resulte estrictamente necesario
para conformar el tema de la prueba, que siempre
Dicha clave de respuesta entregada por la debe estar dirigido a demostrar los supuestos de
Universidad Nacional no corresponde a lo señalado hecho previstos en la proposición normativa que rige
por el artículo 180 de la ley 1437 de 2011, sobre las el caso. Todo lo demás no es más que información
facultades del Juez durante la Audiencia Inicial (...) irrelevante, que distrae la atención sobre lo que
merece ser debatido y probado. La mayoría de costos
Por lo anterior, solicito tener como respuesta innecesarios que vulneran el principio de economía
correcta la señalada en la CLAVE D, esto es, que la procesal, en términos de tiempo y de recursos, se
decisión de fijar el litigio es legalmente eficaz, pues generan por no fijar adecuadamente el objeto del
se materializa el acceso a la administración de litigio”. (Sentencia SC780-2020, 10 de marzo de
justicia, toda vez que el juez en materia de lo 2020).
contencioso administrativo debe realizar la
Audiencia Inicial aunque las partes no asistan El solo acceso a la administración de justicia y a la
injustificadamente, pues el juez tiene la obligación contradicción en el proceso, no autoriza la fijación del
de continuar con el trámite procesal y fijar el litigio objeto del litigio por parte del juez. En efecto, el
con los hechos, pretensiones y excepciones proceso establecido normativamente en el Código
presentados por las partes en la demanda y en su General del Proceso se caracteriza porque se
contestación, lo que se configura a través del adscribe al principio dispositivo en el que
derecho de acción y contradicción. (...)”. exclusivamente las partes disponen o determinan la
forma y el momento en que plantean su litigio ante el
juez.

Así las cosas, de la señalada disposición que las
partes ejercen en torno a la oportunidad en que deben
presentar su problema ante el juzgador, y de la
correspondiente imposibilidad de que éste de oficio
intente componer el litigio, se puede concluir que el
objeto del litigio también es delimitado o fijado
exclusivamente por las partes.

Conforme lo anterior, se ha establecido “que cuando
ninguna de las partes concurre a la audiencia inicial y
no justifican su inasistencia dentro del término
correspondiente, se tiene que declarar la terminación
del proceso, pues no habría manera de fijar el objeto
del litigio (inciso segundo del numeral 4º del artículo
372 del Código General del Proceso), toda vez que ni
el juez ni los apoderados pueden suplir esa función
exclusiva de las partes.

El juez orienta a las partes en la fijación del objeto del
litigio, pero no está facultado para variar los límites
trazados por ellas, porque tal labor corresponde al
ejercicio del principio dispositivo que rige el proceso
civil; y para ello basta con asentar los temas
controvertidos, entendiéndose que aquéllas están
conformes con todos los demás.
Pregunta 82: Esta pregunta es pertinente porque es importante que
los aspirantes a jueces y magistrados estén
“CLAVE UNIVERSIDAD: C familiarizados con las implicaciones del mandato
constitucional que establece en su artículo 74 que “el

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
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Acción de tutela

MI RESPUESTA: B secreto profesional es inviolable”; durante el ejercicio
profesional de los aspirantes como jueces de tutela
En esta pregunta se indaga sobre la ESTRUCTURA (jueces constitucionales), deberán tener este insumo
PRINCIPAL DEL SECRETO PROFESIONAL y la claro. (...)
respuesta emitida por la Universidad Nacional fue
que es la clave C, esto es, la RELACIÓN La opción B no resuelve de manera adecuada el
PERSONAL. enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
porque Para que se active el secreto profesional que
La CLAVE C señalada por la Universidad Nacional se establece entre el psicólogo y su cliente no es
no dice RELACION PROFESIONAL sino relevante la información que se pretende obligar a
RELACIÓN PERSONAL, lo que configura un divulgar, sino la defensa de la relación personalísima
evidente error. que se establece entre el profesional y su cliente. El
profesional está obligado, por ende, a proteger toda la
El criterio de RELACIÓN PERSONAL nunca ha sido información que le sea confiada, sin que le sea dable
planteado por la Corte Constitucional como establecer diferenciaciones “El secreto profesional
estructura principal del secreto profesional, por nace de una relación de confianza que surge entre el
tanto, existe un evidente ERROR EN LA CLAVE DE profesional y su cliente a propósito de los asuntos
RESPUESTA CORRECTA SEÑALADA POR LA objeto de su relación: En el secreto profesional
UNIVERSIDAD NACIONAL. descansa parte muy importante de la confianza que
debe surgir y permanecer entre el profesional y su
En tal sentido, solicito tener como respuesta válida cliente a propósito de los asuntos objeto de su
la CLAVE B, esto es, por el CARÁCTER DE LA relación. Mal se podría asegurar el éxito de la gestión
INFORMACIÓN de conformidad con la ley del confiada a aquél si los temores de quien requiere sus
ejercicio de la profesión de psicología que establece servicios le impiden conocer en su integridad los
las características y obligaciones del secreto pormenores de la situación en que se ocupa… El
profesional en los artículos 10 y 23 (...) secreto profesional tiene como fundamentos
esenciales la tutela de la privacidad natural de la
Ahora bien, considerando las opciones de persona y la protección de la honra, el buen nombre y
respuesta, en especial la CLAVE B que señalaba la buena fama del depositante del secreto: Se reserva
que, por el carácter de la información, dicha para la privacidad o exclusividad, con un doble fin:
respuesta coincide con los parámetros de la Corte primero, para no dejar indefensa a la persona, al
Constitucional del secreto profesional.”. despojarla de la introspección necesaria para vivir
dignamente, con su privacidad natural. Y segundo, por
la honra, buen nombre y buena fama del depositante
del secreto, que deben quedar incólumes. Se habla de
reserva, lo cual indica que el conocimiento se guarda
para algo específico, que debe ser utilizado en la
confidencialidad y exclusividad propias del oficio. Se
viola el secreto cuando se divulga (…).” Sentencia
C301 de 2012 Corte Constitucional).

La opción C es la respuesta correcta porque es el
carácter personalísimo de la relación lo que determina
la aplicación del secreto profesional. “La Corte
Constitucional ha definido el secreto profesional como
la información reservada o confidencial que se conoce
por ejercicio de determinada profesión o actividad. En
este sentido, el secreto profesional es un derecho –
deber del profesional, pues de verse compelido a
revelar lo que conoce perderá la confianza de sus
clientes, su prestigio y su fuente de sustento. El
secreto profesional nace de una relación de confianza
que surge entre el profesional y su cliente a propósito
de los asuntos objeto de su relación…” Sentencia
C301 de 2012 Corte Constitucional.
Pregunta 96: Esta pregunta es pertinente porque la pregunta
ausculta el conocimiento de los magistrados sobre la
“CLAVE UNIVERSIDAD: B figura de la capacitación y los derechos de acceso a
ella para los servidores públicos en las entidades
MI RESPUESTA: A estatales. Temas que eventualmente pueden ser
sujetos de controversia en el control de legalidad de la
Se preguntó si un servidor público con 1 año de administración por parte de los funcionarios judiciales.
antigüedad tenía derecho a una ayuda económica Las nuevas disposiciones normativas si bien clarifican
para adelantar una maestría, frente a lo cual la la posibilidad para que los empleados provisionales

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
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CLAVE DE RESPUESTA DE LA UNIVERSIDAD puedan participar de la capacitación ofrecida por las
FUE B Existe un error en la clave B de respuesta instituciones públicas, ese derecho tiene unas
propuesta por la Universidad Nacional, toda vez que particularidades que la pregunta aborda y que pueden
esa respuesta señala que los provisionales solo ser objeto de los medios de control de lo contencioso
tienen derecho a cursos de educación no formal en administrativo.
virtud del derecho a la capacitación, a pesar de que
hubo una modificación de la ley que establecía tal La opción A no resuelve de manera adecuada el
limitación. enunciado y por ende es incorrecta porque el Plan
Institucional de Capacitación de las entidades
Precisamente, la ley 1960 de 2019 (...) permite que estatales “es el conjunto de acciones de capacitación
los servidores públicos puedan acceder a ayudas y formación que durante un periodo de tiempo facilita
económicas para estudios formales, como en el el desarrollo de competencias, mejoramiento de los
caso de una maestría, tal como lo plantea la procesos institucionales y fortalecimiento de la
pregunta. capacidad laboral de los empleados individualmente y
en equipo para conseguir los resultados y metas
Así lo ratificó el Consejo de Estado en Concepto de institucionales” (...), no se incluyen los programas de
la sala de consulta y servicio civil No 2455 educación formal a nivel de maestría, por lo tanto, no
de 2020 (...) es correcto asignar recursos para este fin para un
empleado en provisionalidad.
Por lo indicado, con el fundamento legal expuesto y
el pronunciamiento del Consejo de Estado, la La opción B es la respuesta correcta porque el artículo
respuesta correcta era la CLAVE A que señaló que 3 de la Ley 1960 de 2019 estipula “g.
había lugar a que la entidad accediera a las Profesionalización del servidor público. Los servidores
pretensiones conforme al programa institucional de públicos, independientemente de su tipo de
capacitación para los servidores públicos aun vinculación con el Estado, podrán acceder a los
estando en provisionalidad, pues como se programas de capacitación y bienestar que adelante
evidenció, la ley 1960 de 2019 permite la ayuda la entidad, atendiendo las necesidades y al
económica para capacitación laboral en programas presupuesto asignado. En todo caso, si el
formales, como lo es una maestría. presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los
empleados con derechos de carrera administrativa.”.
La CLAVE B presentada como correcta por la
Universidad Nacional contiene un error, sustentado La norma indicada le permite a los empleados
en una norma que ya fue modificada en el año 2019. provisionales acceder a los programas de
(...) capacitación y bienestar, pero de acuerdo con el
concepto 285061 de 2019 del Departamento
Por lo anterior, hay lugar a que se me reconozca la Administrativo de la Función Pública, que a su vez se
pregunta con la CLAVE A como correcta y se soporta en el artículo 4 del Decreto Ley 1567 de 1998,
proceda a la recalificación de la prueba con la el concepto de capacitación aquí señalado no
asignación del puntaje respectivo.”. involucra el concepto de educación formal, donde se
incluye los programas de maestría, pero sí la
educación no formal para el desarrollo de
competencias laborales. (...)”.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
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Pregunta 116 “Esta pregunta es pertinente porque el procedimiento
administrativo es uno de los temas recurrentes
“CLAVE UNIVERSIDAD: D sometidos al análisis de los funcionarios judiciales en
trámite de los medios de control surtidos ante la
MI RESPUESTA: A jurisdicción contencioso administrativa, los asuntos
derivados de lo ambiental y de manera particular el
En esta pregunta se pregunta la oportunidad del procedimiento sancionatorio ambiental, también es
ejercicio de la facultad sancionatoria de la sujeto de control por parte de los jueces y magistrados
administración en materia ambiental, para un caso de lo contencioso administrativo.
en el que se abre investigación sobre el hecho
reprochable, 15 años después. En los temas de análisis y de las instituciones jurídicas
en observación en la pregunta de marras, se
La respuesta correcta para la Universidad, lo fue, la encuentra el que los servidores públicos de la rama
contenida en el literal D, esto es, dictar auto de judicial tengan claros los conceptos de caducidad y en
apertura de investigación. Para la suscrita, el literal general, la diferencia de los procedimientos
A, esto es, decretar la caducidad de acción administrativos sancionatorios ordinario o general y
sancionatoria ambiental. aquellos que se encuentran regulados en normas
especiales, como el relacionado con el ambiente,
La anterior pregunta se cuestiona en la medida en objeto de la pregunta a evaluar y el cual está sometido
que no se especifica a efectos de determinar la a normas especiales en su trámite y definición.
norma aplicable en materia de caducidad de la
acción sancionatoria, la fecha de ocurrencia del La opción A no resuelve de manera adecuada el
hecho que se investiga, pese a que existió norma enunciado y por ende es una respuesta incorrecta
general que señalaba una caducidad de 3 años, porque la figura de la caducidad en materia del
esto es, el Art. 38 del otrora CCA vigente hasta el 1 procedimiento sancionatorio ambiental, es de 20 años,
de julio de 2012 y la especial, Ley 1333 de 2009, contrario al del procedimiento administrativo ordinario,
Art. 10, vigente a partir del 21 de julio, que fijó una que es de 3 años.
caducidad de 20 años.
La caducidad establecida en el procedimiento
Ante tal omisión de la fecha de ocurrencia de los sancionatorio ambiental, se encuentra regulada en el
hechos, la respuesta indicada por la recurrente artículo 10 de la Ley 1333 de 2009: “CADUCIDAD DE
también es correcta.”. LA ACCIÓN. La acción sancionatoria ambiental
caduca a los 20 años de haber sucedido el hecho u
omisión generadora de la infracción (…)”

El Procedimiento Administrativo Sancionatorio no
regulado por leyes especiales, como la de los temas
ambientales objeto de cuestionamiento, dispone de un
término de 3 anos, con sujeción a lo dispuesto en el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de
2011, en su artículo 52. (...)

La opción D es la respuesta correcta porque el artículo
17 de la ley 1333 de 2009, sobre la Indagación
Preliminar del procedimiento sancionatorio
administrativo en materia ambiental establece: “(…) la
indagación preliminar tiene como finalidad verificar la
ocurrencia de la conducta, determinar si es
constitutiva de infracción ambiental o si se ha actuado
al amparo de una causal eximente de responsabilidad.
El término de la indagación preliminar será máximo de
6 meses y culminará con el archivo definitivo o auto de
apertura de la investigación.

Como quiera que, para el caso en análisis, no se
configuran elementos fácticos y jurídicos para dictar
un auto de archivo, lo dable es continuar con el trámite
del procedimiento administrativo ordenando la
apertura formal de la investigación.”.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
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6) De acuerdo con lo expuesto, para la Sala es evidente que con el anexo 2 de la
Resolución no. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023, la UACJ resolvió cada uno de
los requerimientos que la señora Lina Clemencia Duque Sánchez presentó en el
recurso de reposición y su ampliación que presentó el 15 de noviembre de 2022,
por lo cual la autoridad demandada dio respuesta congruente de fondo a las razones
de reproche de la demandante en contra de las claves de respuesta mencionadas.

7) En el acto administrativo cuestionado se hizo una explicación clara y concreta
frente a cada uno de los reproches de la demandante frente a las preguntas del
examen, motivo por el cual es claro que la autoridad demandada respondió de fondo
los cargos del recurso de reposición y la ampliación a ese recurso, cuestión diferente
es que las respuestas a tales cuestionamientos no fueran favorables a los intereses
de la parte actora, lo cual no puede considerarse como una trasgresión de sus
derechos constitucionales fundamentales, en particular de su derecho de petición.

8) Es de mencionar que la Resolución no. CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 y
sus anexos fueron publicados y notificados a través de la página web de la Rama
Judicial8 como así lo estableció el punto 5.2. del Acuerdo no. PCSJA18-11077 de
16 de agosto de 2018, por lo que la actora fue debidamente notificada de esa
respuesta, en consecuencia, la Sala negará las pretensiones de la demanda que se
dirigieron a cuestionar ese acto administrativo.

3. La mora judicial en que presuntamente incurrió la autoridad judicial
demandada.

1) En cuanto a la mora, la Sala debe afirmar que, en diferentes oportunidades, la
Corte Constitucional9 resaltó la importancia de que los jueces dicten las providencias
dentro de los términos legales con el fin de evitar que se vulneren los derechos
fundamentales del debido proceso y del acceso a la administración de justicia.

8
https://www.ramajudicial.gov.co/web/unidad-de-administracion-de-carrera-judicial/resultado-
prueba-de-conocimientos-y-aptitudes

9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-052 de 22 de febrero de 2018.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
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Acción de tutela

2) Sin embargo, también señaló que, en la mayoría de los casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable a las actuaciones de los funcionarios
judiciales, sino a las dificultades que debe afrontar la Rama Judicial por el exceso
de carga laboral o de congestión judicial y la complejidad de los asuntos, entre otras,
lo cual justifica, de cierto modo, el retardo para adelantar alguna actuación.

3) En esa medida, se ha dicho que para establecer si una dilación es o no
injustificada es preciso tener en cuenta i) la complejidad del asunto, ii) la actividad
procesal del interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales y iv) el análisis
global del procedimiento.

4) Por su parte, el Consejo de Estado 10 manifestó que existen condiciones
estructurales en la Rama Judicial no imputables a los jueces que producen
congestión y lentitud en los despachos que dificultan la resolución oportuna de los
asuntos.

5) En conclusión, todo ciudadano tiene derecho a una pronta y oportuna resolución
de sus solicitudes; por lo cual, para que se estructure una violación del derecho
fundamental del debido proceso u otro por el incumplimiento de los términos
judiciales resulta imprescindible analizar i) si no existe un motivo razonable que
justifique dicha demora y ii) si la tardanza es imputable a la dilación en el
cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial.

6) En el presente asunto la parte actora afirmó que el 2 de marzo de 2023 presentó
un incidente de desacato a la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca para lograr el cumplimiento de la orden proferida
por esa autoridad judicial el 9 de diciembre de 2022 en la cual ordenó al director del
proyecto de contrato no. 096 de 2018 de la Universidad Nacional de Colombia que
remitiera a la actora la copia del informe psicométrico de la prueba de conocimientos
que realizó el 24 de julio de 2022.

7) Por su parte, esa autoridad judicial contestó la acción de tutela e informó que con
auto de 6 de octubre de 2023 resolvió el incidente de desacato presentado por la

10
Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicación: 11001-03-15-000-2014-
01444-00. MP Jorge Octavio Ramírez.

20

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
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Acción de tutela

demandante e impuso una sanción de multa equivalente a un salario mínimo legal
mensual vigente al señor Eduardo Aguirre Dávila, porque no acató la orden referida.

8) Por consiguiente, se declarará la carencia actual de objeto por hecho superado
en lo referente a la alegada mora judicial en atención a que durante el trámite
procesal de esta tutela la autoridad judicial profirió la providencia con la que resolvió
el trámite incidental de desacato propuesto por la demandante y esa decisión le fue
debidamente notificada el 10 de octubre de 2023 como pudo observarse en el
Sistema de Consulta de Procesos de la Rama Judicial y el aplicativo de consulta
SAMAI.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

FALLA

1º) Niéganse las pretensiones de la acción de tutela en contra de la Resolución no.
CJR23-0044 de 16 de enero de 2023 proferida por la Unidad de Administración de
Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura.

2º) Declárase la carencia actual de objeto por hecho superado en lo atinente a la
reclamada mora judicial de la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

3º) Niégase la solicitud de pruebas presentada por la parte actora.

4º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

5º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

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Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-05657-00
Actora: Lina Clemencia Duque Sánchez
Acción de tutela

6°) Una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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