República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2023-05657-01
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
8 de febrero de 2024
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Radicación:11001-03-15-000-2023-05657-01
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., ocho (8) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05657-01
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
Demandado: Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior
de la Judicatura y otro
Tema: Improcedencia de la acción de tutela por cuanto la accionante cuenta
con el medio de control de nulidad y restablecimiento para debatir los
actos administrativos proferidos en el concurso de méritos
Convocatoria 27
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala la impugnación presentada por la accionante contra la sentencia del 7
de noviembre de 2023, proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo
de Estado, mediante la cual respectivamente, denegó el amparo solicitado, declaró la
carencia actual de objeto por hecho superado y negó la solicitud de pruebas.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política,
la señora Lina Clemencia Duque Sánchez promovió demanda en orden a que se le
tutelen sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a cargos públicos
por mérito los cuales considera vulnerados con la expedición de las Resoluciones
CJR22-0351 del 1º de septiembre de 2022 y CJR 23-0044 del 16 de enero de 2023
proferidas por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la
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Radicación:11001-03-15-000-2023-05657-01
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
Carrera Judicial mediante las cuales se le asignó un porcentaje inferior en la
calificación de las respuestas que presentó en el examen de conocimientos
correspondiente a la Convocatoria 27 «ya que las respuestas no corresponden a la
normatividad aplicable a los enunciados del examen en las preguntas 63-69-82-96-
116, por la configuración de un defecto sustantivo».
En garantía de los derechos fundamentales invocados, depreca se le ordene al
Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, emitir
el acto administrativo correspondiente, que corrija la asignación del puntaje publicado
en los mencionados actos administrativos y que se tengan como válidas las respuestas
que marcó para esas preguntas.
1.1.2. Los hechos
Se advierten como hechos relevantes de la acción de tutela, los siguientes:
i) La actora fue admitida dentro de la Convocatoria 27 de 2018 para participar en el
concurso de méritos para el ingreso a la carrera administrativa de magistrados y jueces
de la Rama Judicial en la que obtuvo un puntaje aprobatorio de 833,44 (222.10 prueba
de aptitudes y 611.34 en conocimientos), resultados que fueron consignados en
Resolución CJR 22-0351 del 1 de septiembre de 2022.
ii) Realizó el trámite de homologación del IX Curso de Formación judicial el cual ya
aprobó, lo que significa que también superó esa etapa de la fase 3 del concurso y está
pendiente de la publicación del puntaje de la prueba psicotécnica que, por no ser
eliminatoria, le da derecho a ser parte del registro del elegibles.
iii) El 21 de septiembre de 2022, presentó recurso de reposición contra la Resolución
CJR 22-0351 del 1 de septiembre de 2022 en el cual solicitó la exhibición del
cuadernillo de preguntas y la hoja de respuestas para poder sustentar las razones de
disenso contra el acto administrativo impugnado.
iv) El 15 de noviembre de 2022, luego de la jornada de exhibición de documentos,
presentó complementación del recurso de reposición, por medio del cual señaló las
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contradicciones que advirtió en las respuestas que según la accionada correspondían
a cada una de las preguntas pues en algunos casos, se evidenciaba la opción de más
de una respuesta, lo cual se dilucida a la luz del ordenamiento jurídico y en
consonancia con la jurisprudencia vigente al momento del examen.
v) En virtud de la anterior, los resultados se encuentran alterados y al aplicar la fórmula
con las respuestas corregidas, existen méritos para que se subiera su puntaje de
calificación, por lo que solicitó que se repusiera la decisión y se procediera a la
recalificación de las pruebas de conocimiento y aptitudes, así como también formuló
la entrega de la copia del cuadernillo de preguntas, con las tarjetas de sustento de
cada respuesta.
vi) Mediante Resolución CJR 23-044 del 16 de enero de 2023, se resolvieron de
manera masiva los diferentes recursos de reposición presentados por los concursantes
del Grupo 19 para el cargo de magistrados del Tribunal Administrativo contra la
Resolución CJR 22-0351 del 1 de septiembre dos 2022.
vii) Al cotejar el contenido de la Resolución CJR 23-00 44 del 16 de enero de 2023
con los argumentos que formuló en el recurso de reposición, resulta evidente la
violación al debido proceso administrativo, por lo que se configura un defecto
sustantivo, en la medida en que el contenido de las respuestas números 63-69-82-96-
116 que se indica por la entidad accionada era el correcto, contradice la legislación
colombiana y, en otros casos, las normas que lo sustentan son abiertamente
inaplicables, motivo por el cual la mencionada decisión contiene una evidente vía de
hecho administrativa.
viii) Las resoluciones mencionadas a pesar de ser actos administrativos de trámite o
preparatorios consolidan un perjuicio irremediable, ya que contienen un puntaje injusto,
toda vez que éste representa un lugar de clasificación en el registro de elegibles inferior
respecto a los demás participantes, por lo que se configura una seria desventaja, pues
el acto administrativo final debe consolidarse en estricto orden de méritos.
ix) En virtud de que el recurso de reposición le fue denegado, es decir, la entrega de
información sobre las preguntas del examen, por ser reservadas, presentó recurso de
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insistencia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para que le fuesen
suministradas y, en consecuencia, se profirió sentencia el 9 de diciembre de 2022, en
la que se ordenó su entrega.
x) Comoquiera que no se dio cumplimiento a dicha orden judicial, presentó incidente
de desacato en el mes de marzo de 2023, por medio del cual solicitó su cumplimiento,
trámite que se encuentra al despacho desde el 3 de marzo de 2023.
1.1.3. Fundamentos de derecho
En el libelo introductorio se exponen los siguientes:
1.1.3.1 Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de
trámite:
En sustento se exponen los argumentos que seguidamente se resumen:
i) Las Resoluciones CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022 y CJR23-OC44
del 16 de enero de 2023, se enmarcan en el requisito que señala la Corte
Constitucional para la procedencia de la acción de tutela frente a actos de trámite, esto
es, porque no ha concluido la actuación administrativa.
ii) Los mencionados actos administrativos de trámite que niegan la petición de
asignación de puntaje adicional contienen una decisión de relevancia jurídica pues
consolidan un puntaje que pone a la demandante en condiciones de desventaja en el
concurso de méritos con flagrante desconocimiento de normas y jurisprudencia.
iii) La acción de tutela es el único mecanismo judicial procedente para revisar el
contenido de estas decisiones porque si el registro de elegibles se consolida, de forma
flagrante se vulnera su derecho fundamental al debido proceso y se materializa el
perjuicio irremediable el que, a su turno, deviene en un acto de injusticia dado que se
imposibilita la real ubicación en el registro de elegibles y se merma su derecho a ser
nombraba en alguno de los cargos vacantes.
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1.1.3.2. Materialización de la violación al debido proceso por vía de hecho
administrativa:
En sustento se exponen los siguientes argumentos:
i) La motivación de los actos administrativos se hizo con desconocimiento de las
normas y la jurisprudencia que realmente aplicaban en las respuestas, incluso se
advierten en el contenido de éstas errores de transcripción de índole humano, situación
que implica la configuración de la vía de hecho judicial, lo que conlleva señalar que
caben las causales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales.
ii) Los yerros en que se incurre versan en el contenido de las respuestas que
considera la accionada eran las correctas y se relacionan con preguntas de
conocimiento respecto de asuntos de puro derecho, que dicho sea de paso cualquier
juez de tutela está en condiciones de resolver, pues basta con hacer un simple cotejo
para encontrar los flagrantes errores que se advierten en el contenido de lo que
supuestamente correspondía responder.
1.2. Intervenciones:
1.2.1. Del Consejo Superior de la Judicatura
La Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura,
solicitó que se declare improcedente la acción de la referencia, con base en lo
siguiente:
i) La acción de tutela no superó los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, en
primer lugar, se presentó seis meses después de haberse proferido el acto
administrativo que resolvió el recurso de reposición presentado por la señora Lina
Clemencia Duque Sánchez y, en segundo lugar, porque la actora puede acudir a los
medios judiciales idóneos para cuestionar los actos administrativos que consideró
vulneradores de sus derechos fundamentales.
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ii) Las inconformidades de la accionante en contra de las respuestas emitidas en la
prueba de conocimientos y aptitudes fueron resueltas mediante la Resolución
NCJR23-0044 de 16 de enero de 2023, en cuyo anexo se dieron a conocer las claves
de respuestas correctas con la correspondiente explicación y, en concreto respecto a
los ítems 63, 69, 82, 96 y 116 se indicó la pertinencia del enunciado para cada
pregunta, la clave de respuesta asignada y la justificación de las respuestas no válidas.
1.2.2. Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
La Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela y, para el efecto, expuso
que el 6 de octubre de 2023 se resolvió el incidente de desacato que presentó la
demandante, en el sentido de imponer una sanción de multa al señor Eduardo Aguirre
Dávila en condición de director de proyecto del contrato 096 de 2018 de la Universidad
Nacional de Colombia y se le ordenó suministrar la información solicitada por la actora
dentro del término de los tres días siguientes a la notificación de esa providencia.
1.2. 3. De la Universidad Nacional de Colombia
El director del proyecto contrato 096 de 2018 de la Universidad Nacional de Colombia
solicitó que se deniegue el amparo solicitado, con fundamento en los siguientes
aspectos:
i) La accionante no cumplió el requisito de inmediatez, pues allega su solicitud de
amparo más de ocho meses después de la publicación del acto que resolvió el recurso
de reposición. Además, la tutelante plantea en su escrito situaciones ya manifestadas
en el recurso de reposición y su adición que fueron resueltas mediante el acto
administrativo cuestionado
ii) A la accionante se le ha brindado respuesta de forma clara, completa y de fondo a
todos los reparos y solicitudes invocadas en ejercicio del citado recurso de reposición,
y su correspondiente ampliación.
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iii) En cuanto al reparo de la accionante quien realiza objeciones a los ítems 1, 6, 10,
11, 21, 23, 53, 59, 62, 63, 69, 76, 82, 94, 96, 106, 111, 112 y 116, se observa que
respecto de aquellos se marcaron las correspondientes respuestas y su contenido fue
examinado al interior del ANEXO 2 - RESPUESTA OBJECIONES que forma parte de
la Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023.
iv) La accionante puede acudir al control ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo para debatir la legalidad de los actos administrativos y, por ende, cuenta
con otro medio de defensa judicial sin que se advierta la existencia de un perjuicio
irremediable que la habilite para desplazar los mecanismos ordinarios.
v) No existe afectación del derecho al debido proceso puesto que se dio respuesta a
todas y cada una de sus solicitudes formuladas con motivo del recurso de reposición
interpuesto contra la Resolución CJR 22-0351 del 1 de septiembre de 2022, es decir,
la actora ha podido ejercer los medios de defensa puestos a su alcance, sin obstáculo
alguno para controvertir las situaciones suscitadas con motivo de la Convocatoria 27.
1.4. Sentencia impugnada
La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado mediante sentencia del 7 de
noviembre de 2023, denegó las pretensiones de amparo, declaró la carencia actual de
objeto frente a la mora judicial y no accedió a la práctica de pruebas con fundamento
en lo siguiente:
i) Al confrontar lo alegado por la señora Lina Clemencia Duque Sánchez en el recurso
de reposición que presentó en contra de la Resolución CJR22-0351 de 1 de septiembre
de 2022 con la respuesta contenida en la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero de
2023 se observa que la accionada resolvió cada uno de los requerimientos que la
actora presentó en el recurso de reposición y su ampliación.
ii) En ese sentido, en el acto administrativo cuestionado se hizo una explicación clara
y concreta respecto a cada uno de los reproches que presentó la demandante, cuestión
diferente es que el contenido de las explicaciones no fue favorable a sus intereses, lo
cual no puede considerarse como una trasgresión del derecho fundamental de
petición.
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iii) La Resolución CJR23-0044 del 16 de enero de 2023 y sus anexos fueron publicados
y notificados a través de la página web de la Rama Judicial como así lo estableció el
punto 5.2. del Acuerdo PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018 y, por ese motivo,
no se advierte la violación de derechos constitucionales fundamentales.
iv) Respecto de la mora en que presuntamente incurrió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección A, por no resolver el incidente de
desacato promovido por incumplimiento de la orden impuesta por esa corporación de
entregar documentos que se adoptó en el trámite de un recurso de insistencia, existe
carencia actual de objeto por hecho superado, en atención a que, durante el trámite
procesal de esta tutela, la autoridad judicial profirió la providencia mediante la cual
resolvió el mentado trámite incidental.
v) Finalmente, en la sentencia impugnada se decidió denegar la solicitud de
pruebas contenidas en el informe psicométrico, así como la entrega de las preguntas
63, 69, 82, 96 y 116 del examen de conocimientos y el cuadernillo de respuestas por
no cumplir con los parámetros del artículo 169 del Código General del Proceso.
1.5. impugnación
La accionante impugnó la sentencia de primera instancia. En síntesis, señaló lo
siguiente:
i) El a quo, en un giro inesperado y sin la debida motivación señaló que la vulneración
alegada correspondía a la violación del derecho de petición e inobservó que el aspecto
de inconformidad versaba en que no se hizo el análisis que correspondía frente a la
evidente vía de hecho administrativa que se configuró mediante los actos
administrativos enunciados toda vez que la calificación y respuestas que según se
indicó por la accionada correspondían a cada pregunta es errónea y afecta sus
derechos fundamentales.
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ii) Además, no se interpuso la acción constitucional por la existencia de una mora
judicial, ni se presentó en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ni
siquiera se pidió la vinculación de este órgano en el trámite de tutela.
iii) Lo que se planteó en la acción constitucional, era la imposibilidad de allegar el
contenido completo de las preguntas del examen de conocimientos del concurso de
méritos del Grupo 19 de la Convocatoria 27 adelantada por la Rama Judicial, ya que
en la exhibición se prohibió expresamente su transcripción y, por tal motivo, se le
solicitó al juez de tutela, que ordenara allegar la información frente a lo cual no hubo
ningún pronunciamiento.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019, según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso
Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto», esta Sala es competente para
conocer de la presente impugnación, interpuesta contra el fallo de tutela del 7 de
noviembre de 2023, proferido por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de
Estado.
2.2. Problema jurídico
En consonancia con los motivos de la impugnación, el problema jurídico se contrae a
establecer si la acción de tutela es el instrumento pertinente para realizar el cotejo
frente a las preguntas y respuestas presentadas por la accionante dentro del concurso
de méritos Convocatoria 27 que se adelanta para proveer cargos de jueces y
magistrados en la Rama Judicial y, en caso afirmativo, si era procedente para examinar
este mecanismo tutelar decretar las pruebas solicitadas al a quo en orden a obtener
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documentos obrantes en el proceso correspondiente al citado concurso de méritos,
Grupo 19.
2.3. Procedencia de la acción de tutela para controvertir decisiones adoptadas
en el marco de un concurso público
La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales de los ciudadanos, que tiene su origen en el artículo 86 de la
Constitución Política y se caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichas
características dan cuenta del ámbito restringido de procedencia de las peticiones
elevadas en ejercicio de esta acción, ya que el ordenamiento jurídico ha establecido
diversas acciones ordinarias encaminadas igualmente a la defensa de los derechos
que no se pueden pasar por alto.
Por ello el artículo 6 º numeral 1 º del Decreto 2591 de 1991 establece como causal de
improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 ha reiterado que el juez de tutela debe
analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando estrictamente el
carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que sólo tiene lugar
cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para
proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También tiene lugar el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no tener en cuenta estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
1Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205
de 2012, entre muchas otras.
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En la sentencia SU-553 de 2015, la Corte Constitucional se refirió de manera especial
a la procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos expedidos en el
marco de un concurso de méritos tendiente a proveer cargos en la Rama Judicial,
cuando el participante se vea expuesto al riesgo de que el registro o la lista de elegibles
pierda vigencia o siempre que no se pueda garantizar la protección de su derecho por
conducto de las vías judiciales existentes.
En ese sentido, es procedente la acción de tutela cuando se invoque la vulneración de
derechos fundamentales al interior de un concurso de méritos con motivo de la
expedición de actos de trámite que afecten derechos fundamentales dado que la
espera del acto definitivo para promover el medio de control que resulte procedente
ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo podría consumar el perjuicio
irremediable.
Lo anterior, en atención al trámite estrictamente reglado que envuelve esta clase de
concursos, el cual, según lo ha reiterado la Corte Constitucional2, se desarrollan dentro
de precisos límites para las autoridades encargadas de su administración y ciertas
cargas a los participantes. Ha precisado la citada corporación que, esta consideración,
es directamente aplicable al caso de los concursos de méritos que se realizan en el
poder judicial, en la medida en que:
«[L]a convocatoria en el concurso público de méritos es la norma que de manera
fija, precisa y concreta reglamenta las condiciones y los procedimientos que deben
cumplir y respetar tanto los participantes como la administración. Son reglas
inmodificables, que tienen un carácter obligatorio, que imponen a la
Administración y a los aspirantes el cumplimiento de principios como la igualdad y
la buena fe»3.
Además, resulta pertinente señalar que el concurso de méritos es el mecanismo que
permite evaluar, con garantías de objetividad e imparcialidad, la idoneidad y la
competencia de los servidores públicos; por tal motivo, ha de ser utilizado, como regla
general, para llevar a cabo la vinculación de los funcionarios al servicio público.
2 Sentencia SU067 de 2022
3 Sentencia T-682 de 2016.
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2.4. Hechos probados
2.4.1 La actora fue admitida dentro de la Convocatoria 27 de 2018 para participar en
el concurso de méritos para el ingreso a la carrera administrativa de magistrados y
jueces de la Rama Judicial en la que obtuvo un puntaje aprobatorio de 833,44 (222.10
prueba de aptitudes y 611.34 en conocimientos), resultados que fueron consignados
en Resolución CJR 22-0351 del 1 de septiembre de 2022.
2.4.2 El 21 de septiembre de 2022, presentó recurso de reposición contra la
Resolución CJR 22-0351 del 1 de septiembre de 2022 y el 15 de noviembre de 2022,
presentó complementación del mencionado medio de impugnación.
2.4.3 El 16 de enero de 2023, se expide la Resolución CJR 23-044 que resolvió de
manera masiva los diferentes recursos de reposición presentados por los concursantes
del Grupo 19 para el cargo de magistrados del Tribunal Administrativo contra la
Resolución CJR 22-0351 del 1 de septiembre dos 2022.
2.4.4 El 6 de octubre de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección A, resuelve el incidente de desacato presentado por la accionante
contra la Universidad Nacional en el proceso 25000-23-41-000-2022-01208-00 por
incumplimiento de la sentencia del 9 de diciembre de 2022 que decidió el recurso de
insistencia. En consecuencia, se dispuso, imponer sanción de multa equivalente a un
salario mínimo legal mensual vigente, de su propio peculio, a favor de la Nación,
Consejo Superior de la Judicatura y en contra del señor Eduardo Aguirre Dávila en su
condición de director de proyecto del contrato 096 de 2018 y se le ordenó que en un
término perentorio de tres días contados a partir de la notificación de esa providencia,
procediera a suministrar la información solicitada en el literal d) del derecho de petición
presentado por la accionante relacionada con la entrega de varios documentos, entre
ellos, el informe psicométrico del examen.
2.5. Análisis de la Sala. Caso concreto
Al revisar la actuación, se advierte que en la Resolución CJR23-0044 de 16 de enero
de 2023 que resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución CJR
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22-0351 del 1 de septiembre de 20224 se relacionaron en el anexo 2 las preguntas que
fueron objetadas por los recurrentes, entre ellas la accionante, y en cada una de estas
se indicó la pertinencia, la justificación de la clave asignada y la razón de las opciones
de respuesta no válidas, junto con las contestaciones de la totalidad de las
inconformidades expuestas respecto de los interrogantes números 63, 69, 82, 96 y
116.
En consecuencia, se aprecia que las inconformidades formuladas por la accionante
concretamente en relación con las respuestas que presentó respecto de los ítems 63,
69, 82, 96 y 116, fueron resueltas de forma suficientemente motivada a través de una
exposición que relaciona las razones legales y jurisprudenciales por las cuales se
determinó que la respuesta marcada fue errónea.
En ese sentido, la Sala comparte la apreciación de la Sección Tercera, Subsección B
en la sentencia impugnada al señalar que en la Resolución CJR23-0044 de 16 de
enero de 2023 se resolvieron los reparos presentados por la accionante, conclusión a
la cual se llegó al realizar de forma esquemática mediante un cuadro comparativo el
cotejo entre los argumentos de la actora expuestos en el recurso de reposición con la
respuesta consignada por el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de
Administración de la Carrera Judicial. 5
Con fundamento en lo precedente, se advierte que lo pretendido por la parte actora,
esto es, la solicitud tendiente a que se realice a través de la vía de amparo el cotejo
frente a las preguntas y respuestas presentadas dentro del concurso de méritos con la
finalidad de determinar si como lo indicó la autoridad accionada éstas fueron
incorrectas debe ser objeto de debate ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA contra las Resoluciones CJR 22-0351 del 1 de
septiembre de 2022 que consignó el puntaje y CJR 23-044 del 16 de enero de 2023
que resolvió el recurso de reposición.
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Que consignó el puntaje correspondiente a la prueba de aptitudes y de conocimientos
5 Folios 12 a 17 de la sentencia impugnada
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Radicación:11001-03-15-000-2023-05657-01
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
Esta pauta fue adoptada por esta Subsección en asuntos de características
semejantes mediante sentencia del 18 de octubre de 20236 en la cual se indicó lo
siguiente:
En relación con el desacuerdo de fondo con los resultados publicados en la
Resolución CSR19-0351 del 1.° de septiembre de 2022 y lo resuelto frente al recurso
de reposición en la Resolución CJR23-044 del 16 de enero de 2023, esta Subsección
advierte, como lo coligió la Sección Tercera, Subsección B de esta corporación en
primera instancia, que la acción de tutela no es procedente para solventar dicha
discusión, dado que el accionante cuenta con otros mecanismos de defensa judicial,
como lo son los medios de control de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho,
según el caso, para controvertir la legalidad de esos actos.
Además, la Sala observa que no se acreditó ningún elemento de prueba que permita
examinar la vía de amparo como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Conforme a lo expuesto, la Sala concluye respecto de este motivo de inconformidad
que como el a quo determinó que no existía violación del derecho de petición previsto
en el artículo 23 de la Constitución Política y negó las pretensiones de la acción de
tutela, resulta pertinente su rechazo toda vez que no se satisface el presupuesto de
procedencia que se hayan agotado los medios de defensa judicial.
Ahora bien, la actora insiste en la impugnación en la necesidad de practicar el recaudo
de pruebas que fue solicitada ante el a quo porque considera que son primordiales
para decidir la acción constitucional y ante la imposibilidad que tuvo de allegar al escrito
contentivo de la mentada vía de amparo el contenido completo de las preguntas del
examen de conocimientos del concurso de méritos del Grupo 19 de la Convocatoria
27 adelantada por la Rama Judicial, ya que en la exhibición se prohibió expresamente
su transcripción. De forma adicional, repara en el hecho de que el a quo no haya
efectuado algún pronunciamiento sobre el particular.
La Sala observa que la Sección Tercera, Subsección B, sí se pronunció respecto a
esta solicitud; sin embargo, la denegó en el acápite 2.2 de la providencia por considerar
que, de los documentos aportados con el escrito de demanda y las contestaciones
6 Radicado: 11001-03-15-000-2023-03903-01, accionante: Santiago Andrés Cardeño Restrepo,
accionados: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial y otro,
consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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Radicación:11001-03-15-000-2023-05657-01
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
presentadas por las autoridades demandadas y vinculadas se contaba con elementos
de prueba suficientes para proferir una decisión de fondo.
No obstante lo anterior, comoquiera que la acción de tutela resulta improcedente por
la existencia de otro medio de defensa judicial al cual puede acudir la actora, esto es,
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las Resoluciones
CJR 22-0351 del 1 de septiembre de 2022 que consignó el puntaje y CJR 23-044 del
16 de enero de 2023 que resolvió el recurso de reposición, no resulta necesario el
recaudo de pruebas referido en párrafos anteriores previo a decidir la vía de amparo.
3. Conclusión
Conforme a los anteriores argumentos la Sala concluye que debe modificarse la
sentencia impugnada para en su lugar, disponer, el rechazo por improcedencia de la
acción de tutela incoada por la señora Lina Clemencia Duque Sánchez toda vez que
tiene a su alcance el medio de defensa judicial nulidad y restablecimiento del derecho
previsto en el artículo 138 del CPACA contra las Resoluciones CJR 22-0351 del 1 de
septiembre de 2022 y CJR 23-044 del 16 de enero de 2023 proferidas por el Consejo
Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de la Carrera Judicial. Igualmente,
se ordenará, declarar la carencia actual de objeto por hecho superado en la forma
prevista por el a quo, comoquiera que este aspecto no fue materia de impugnación por
ninguna de las partes.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Modificar la parte resolutiva de la sentencia del 7 de noviembre de 2023,
proferida por la Sección Tercera, Subsección B, del Consejo de Estado en la acción
de tutela instaurada por la señora Lina Clemencia Duque Sánchez. En su lugar se
dispone:
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Radicación:11001-03-15-000-2023-05657-01
Demandante: Lina Clemencia Duque Sánchez
Rechazar por improcedente la acción de tutela y declarar la carencia actual de objeto
por hecho superado de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
Segundo: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G
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