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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05660-00

Improcedente el amparo: no cumple con el requisito general de

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05660-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05660-00

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

26 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05660-00
Accionante: TRÁNSITO DE PALERMO S.A.
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – SE DECLARA
IMPROCEDENTE EL AMPARO – No cumple con el requisito general de
procedencia de relevancia constitucional.

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada, a través de apoderado judicial, por
la sociedad Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta contra el
Tribunal Administrativo del Huila.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La sociedad Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta 1, por
intermedio de apoderado judicial, solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
igualdad en conexidad con el principio de legalidad, cuya vulneración le atribuyó a
la sentencia de 11 de abril de 2023, proferida por la Sala Tercera de Decisión del
Tribunal Administrativo del Huila, dentro del medio de control de protección de
derechos e intereses colectivos identificado con el número único de radicación
41001-33-33-005-2020-00161-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones
que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo
siguiente:

2.1. Mencionó que el señor Yeison Fabián Méndez Losada presentó la demanda de
acción popular con número único de radicación 41-001-33-33-005-2020-00161-

1 En adelante sociedad Tránsito de Palermo S.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-05660-00
Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

00/01, contra del Municipio de Palermo y de la sociedad Tránsito de Palermo S.A.,
por la presunta vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa,
a la libre competencia económica y a la defensa del patrimonio público, con ocasión
de la indebida administración de los recursos recaudados por concepto de
infracciones de tránsito en el Municipio de Palermo, entre los años 2008 y 2020, en
tanto que no fueron destinados a financiar los planes de tránsito, de educación, de
dotación de equipos, de combustible y de seguridad vial.

2.2. Adujoque el conocimiento del asunto le correspondió al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Neiva, autoridad judicial que mediante sentencia de 15
de diciembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

2.3. Señaló que el 12 de enero de 2022 el señor Yeison Fabián Méndez Losada apeló
la decisión de primera instancia y que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal
Administrativo del Huila, a través del fallo de 11 de abril de 2023, revocó la
sentencia apelada y en su lugar amparó los derechos colectivos a la moralidad
administrativa y a la defensa del patrimonio público.

2.4. Enfatizó que el ad quem le ordenó al Municipio de Palermo y a la sociedad
Tránsito de Palermo S.A. que garanticen las actuaciones necesarias para lograr que
el total del recaudo por concepto de multas y sanciones de tránsito que ingresen al
ente territorial, «[…] se destinen específicamente para los conceptos de planes de
tránsito, transporte y movilidad, educación, dotación de equipos, combustible,
seguridad vial, operación e infraestructura vial del servicio de transporte público
de pasajeros, transporte no motorizado, y gestión del sistema de recaudo de las
multas, conforme lo dispone el artículo 160 de la Ley 769 de 2002 […]».

2.5. Puntualizó que la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila
incurrió en defecto sustantivo al omitir analizar en el fallo de segunda instancia el
artículo 160 de la Ley 769 de 6 de julio de 20022, al no tener en cuenta que la norma
señala que el recaudo por concepto de multas y sanciones por infracciones de
tránsito se puede destinar a la gestión del sistema de recaudo de las multas y no
únicamente a la gestión de planes y proyectos del sector movilidad.

2.6. Expuso que la autoridad judicial de segunda instancia omitió estudiar lo señalado
en los artículos 58, 59 y 69 de la Ley 2197 de 25 de enero 20223, en lo relacionado
con que «[…] [l]as autoridades de tránsito podrán delegar en entidades privadas el
aporte de pruebas de infracciones de tránsito, el recaudo de las multas
correspondientes, la tramitación de especies venales y todos los trámites

2 «Por la cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones». 13 de
septiembre de 2002. D.O. No. 44.932.
3 «Por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan

otras disposiciones». 25 de enero de 2022. D.O. No. 51.928.

3

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Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

previstos en las normas legales y reglamentarias, salvo la valoración de dichas
pruebas […]»4.

2.7. Adicionalmente, afirmó que el artículo 595 de la Ley 2197 de 2022 no modificó el
artículo 160 de la Ley 769 de 2002, sino que señaló una destinación adicional que
se le puede dar a los recursos provenientes de las multas de tránsito.

2.8. En ese mismo sentido, agregó que la autoridad judicial no tuvo en cuenta el
concepto de 1° de julio de 20206, emitido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del
Consejo de Estado, en el que se analizó el alcance del artículo 5 de la Ley 1843 de
14 de julio de 20177, y se señaló que: «[…] las autoridades de tránsito quedaron
investidas para contratar con particulares, (…) los bienes y servicios que les
faciliten realizar directamente el cobro de las multas […]», y se introdujo la
posibilidad de utilizar los recursos recaudados por las multas de tránsito para la
gestión del sistema de recaudo.

2.9. Finalmente, refirió que hubo una violación directa de la Constitución y a la ley
porque el Tribunal accionado desconoció la naturaleza jurídica de las sociedades de
economía mixta y les impuso, vía jurisprudencial, obligaciones no previstas en la
Constitución Política y en la ley, lo cual desencadenó en un desconocimiento de sus
derechos fundamentales.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO
PROCESO, A LA IGUALDAD, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA A (sic) Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que (sic)
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA
TERCERA DE DECISIÓN, en sentencia del 11 de abril de 2023 incurrió en
defecto material o sustantivo y violación directa a la ley y a la Constitución,
pues, omitiendo el principio de interpretación uniforme y consistente del
ordenamiento jurídico desconoció durante el debate procesal, los artículo 7,
135, 159 y 169 de la ley (sic) 769 de 2002, los artículos 59 y, 60 de la ley (sic)
2197 de 2002 los artículos 38,68, 96, 97, 98, 100, 105, 110,111,112,114 de la
ley 489 de 1998, artículos 461 del código del comercio (sic), los artículos 1 y
11 del decreto (sic) 111 de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto de la
Nación) y lo establecido en el (sic) artículos 150 numeral 7, 300, 313 de la
Constitución Política.

4 Ley 2197 de 2022. Artículo 58. 25 de enero de 2022 (Colombia).
5 «ARTÍCULO 59. Las entidades territoriales podrán destinar hasta un 50% de los recursos provenientes de

las multas y sanciones por infracciones de tránsito para la ejecución de acciones y medidas que permitan
realizar labores de control operativo y regulación de tránsito en los territorios, con el propósito de verificar el
cumplimiento de las normas de seguridad vial».
6 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Radicación 11001-03-06-000-2019-00182-00, C.P.

Édgar González López; Concepto de 1 de julio de 2020.
7 «Por medio de la cual se regula la instalación y puesta en marcha de sistemas automáticos,

semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones y se dictan otras
disposiciones». 14 de julio de 2017. D.O. No. 50.294.

4

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Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

SEGUNDO: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia del 11 de abril de
202, proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL
HUILA, SALA TERCERA DE DECISIÓN dentro de proceso de acción popular
con radicado No. 41001-33-33-005-2020-00161-01.

TERCERO: ORDENAR al TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL HUILA, SALA TERCERA DE DECISIÓN, que en el término de esta
providencia, profiera una nueva sentencia dentro del proceso de acción
popular No. 41001-33-33-005-2020-00161-01, teniendo en cuenta los
lineamientos establecidos por la ley y la jurisprudencia que versa sobre la
presente Litis (sic), como lo hiciera el juzgado quinto administrativo (sic) de
Neiva Huila, en sentencia del 15 de diciembre de 2015 y observando el
concepto No. 22-2023 emitido por el procurador judicial (sic) 153 de la
Procuraduría General de la Nación […]». (Negrilla original del texto)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 2 de octubre de 2023, el Despacho a cargo de la
sustanciación del proceso admitió la presente acción de tutela. Asimismo, se
vincularon en calidad de terceros con interés en las resultas del proceso al señor
Yeison Fabián Méndez Lozada, al Municipio de Palermo – Huila y al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Neiva.

V. INTERVENCIONES

5. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a los
vinculados, se advierte que se allegó el siguiente informe y respuesta:

5.1. El Tribunal Administrativo del Huila, a través de uno de sus magistrados,
rindió informe en el que puntualizó que el Tribunal no vulneró ni desconoció los
derechos fundamentales de la parte accionante y que la sentencia cuestionada
contiene las razones fácticas y jurídicas que fundamentaron la decisión adoptada.

5.2. El señorYeison Fabián Méndez Losada manifestó que, a su juicio, no se
cumplía con el requisito general de procedencia de inmediatez, teniendo en
cuenta que la providencia objeto de la presente acción de amparo es del «11 de
abril de 2022» [sic]. Por tal motivo solicitó despachar de manera desfavorable las
pretensiones elevadas a través de este mecanismo constitucional.

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Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19918, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20159, modificado por el artículo 1º del Decreto núm. 333
de 6 de abril de 202110, y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de
201911.

VI.2. Problemas jurídicos

7. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá determinar:

b) Si el Tribunal Administrativo del Huila vulneró los derechos fundamentales
de la parte actora, con ocasión de la sentencia de 11 de abril de 2023,
proferida dentro del medio de control de acción popular con radicado
número 41001-33-33-005-2020-00161-00/01.

8. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

9. LaSala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 201212, cambió su postura inicial y decidió asumir el

8 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 19

de noviembre de 1991.
9 «Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho». 26 de mayo

de 2015.
10 «Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela». 6 de
abril de 2021.
11 «Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado». 1 de abril de 2019.
12 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Radicación: 2009-01328-01(IJ), C.P.

María Elizabeth García González; 31 de julio de 2012.

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estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

10. Ahora bien, la sentencia C-59013 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

11. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa
judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del
principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta
tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la
identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el
proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las
excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 201514.

12. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al
juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial15, la sentencia C-590
de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico,
procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin
motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución16.

13. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

13 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005, exp. No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño;

8 de junio de 2005.
14 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-627 de 2015, M.P. Mauricio González Cuervo. 1 de octubre

de 2015.
15
Corte Constitucional. Sala Novena de Revisión. Sentencia T-619 de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
3 de septiembre de 2009.
16 Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera

absoluta, de jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento
establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o
da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o
inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes
y, ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y
jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado
por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de
manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política.

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providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”17 que encaje en dichos
parámetros.

14. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso,
seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

15. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado
número 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

16. La sociedad Tránsito de Palermo S.A., por intermedio de apoderado judicial,
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a
la administración de justicia y a la igualdad en conexidad con el principio de
legalidad, cuya vulneración le atribuyó a la sentencia de 11 de abril de 2023,
proferida por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Huila,
dentro del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos
identificado con el número único de radicación 41001-33-33-005-2020-00161-
00/01.

17. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
en especial, el requisito de relevancia constitucional. Para lo cual, luego de
abordar la relevancia constitucional, se analizará que: i) no hay limitación al
alcance de un derecho fundamental, ii) la autoridad judicial no profirió una
decisión arbitraria y, iii) el asunto gira en torno a lo que fue discutido dentro del
proceso popular.

VI.4.1. Requisito general de procedibilidad de la relevancia constitucional

18. En cuanto atañe al requisito de procedencia adjetiva concerniente a la relevancia
constitucional, cabe recordar que este se entiende cumplido cuando se acredita que

17Corte Constitucional. Sala Segunda de Revisión. Sentencia T- 225 de 2010, M.P. Mauricio González
Cuervo; 23 de marzo de 2010.

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el asunto gira en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental18
y no cuando guarda relación con asuntos de carácter meramente legal o de
contenido económico que deberán ser definidos por otras jurisdicciones19.

19. Ahora bien, en las acciones de tutela contra providencias judiciales20, el referido
requisito se cumple siempre que se evidencie, a primera vista, la afectación o
vulneración de las garantías constitucionales o el núcleo esencial de los derechos
fundamentales y se descarte el uso del mecanismo de amparo como una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces21.

20. Así, en virtud a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de
los requisitos generales de procedencia de la acción de amparo, sostuvo la Sala
Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación22, que:

«[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada
por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se
convierta en una tercera instancia.

El primer elemento dice (sic) relación con la carga argumentativa del actor
para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia
constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta,
entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir
este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su
decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es
menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su
pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se
cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional […]». (Negrilla fuera del texto)

21. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202223
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

«[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance
de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una
18 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-590 de 2005, exp. No. D-5428, M.P. Jaime Córdoba Triviño;

8 de junio de 2005.
19 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencias SU-439 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos; 13 de julio de
2017 y T-458 de 2016, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva; 29 de agosto de 2016.
20 Donde sin lugar a dudas se exige una carga argumentativa lo suficientemente sólida y consistente para
efectos de cuestionar el contenido de una decisión judicial.
21 Corte Constitucional. Sala Séptima. Sentencia T-102 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto; 16 de
febrero de 2006. En igual sentido, ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.
22 Consejo de Estado. Sala Plena. Expediente No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez;

5 de agosto de 2014.
23 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo; 16 de junio de

2022.

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discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico con
connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)

a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho
fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la resolución
del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución Política o el
núcleo esencial de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la administración de justicia.
(…)

b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso y al
acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la solicitud de
amparo está construida sobre lo que el demandante considera es una mejor
interpretación de una norma de naturaleza legal y, en particular, sobre la
pretensión de que se acoja su lectura con respecto a la exención definida en
literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)

c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la controversia es
exclusivamente económico pues esta no involucra el interés general sino uno
estrictamente privado o particular. Esto no significa, claro está, que jamás
proceda la tutela contra sentencias en un asunto de naturaleza económica,
pues eventualmente en este tipo de casos se puede llegar a comprometer
algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones de tutela
formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional
del asunto siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está
dirigida a obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la
discusión definida ante los jueces ordinarios.
(…)

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y
explicativa rígida pues no se demuestra una grave violación de los
derechos fundamentales […]». (Negrilla original del texto y subrayado fuera
del texto)

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22. Valgadestacar que el anterior criterio fue reiterado por la Sala Séptima de
Revisión de la Corte Constitucional en reciente sentencia T-075 de 22 de marzo de
202324.

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la
discusión planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad
respecto de la mera legalidad de la decisión analizada o sobre cuestiones de
apreciación judicial que no involucre derechos fundamentales25.

24. De acuerdo con la jurisprudencia, no basta con que la parte actora invoque el
texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de uno o
varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada; dicho atentado
debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la protección que la
Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos superiores.

25. En atención a lo anotado, se tiene que, en el escrito de tutela, la parte actora
alegó, en síntesis, que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al haber incurrido en un defecto sustantivo y en una violación
directa de la Constitución, al no tener en cuenta que, de conformidad con el
artículo 160 de la Ley 769 de 2002, los recursos recaudados por concepto de
multas y sanciones de tránsito pueden ser destinados, indistintamente, a la
gestión del sistema de recaudo de las multas o a los planes de tránsito, transporte
y movilidad, educación, dotación de equipos, combustible, seguridad vial,
operación e infraestructura vial del servicio de transporte público de pasajeros.

26. En ese sentido la sociedad accionante señaló:

«[…] De la lectura se (sic) la sentencia emitida por el tribunal administrativo
(sic) del Huila, sala tercera (sic) de decisión, se evidencia que SOLO se
analizó el PRIMER Y TERCER COMPONENTE JURÍDICO de la destinación
específica del artículo 160 de la ley (sic) 769 de 2002. OMITIÓ analizar el
componente SEGUNDO (sic) y fue sobre el cual encontró fundadas sus
razones para expedir un fallo en el sentido de acoger las pretensiones del
demandante, no garantizando el tribunal el principio de unidad de

24 Corte Constitucional. Sala Séptima de revisión. Sentencia T-075 de 2023, M.P. Paola Andrea Meneses

Mosquera; 22 de marzo de 2023.
25 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección primera. Rad. núm.: 2015-00283-01,

C.P. Guillermo Vargas Ayala; 8 de octubre de 2015. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-002244-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 3 de noviembre
de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-
01063-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17 de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad. núm.: 2016-02862-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; 17
de noviembre de 2016. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Rad.
núm.: 2016-03249-00, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; 9 de febrero de 2017.

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interpretación del derecho, su aplicación uniforme en garantía de los derechos
de la Sociedad de Economía Mixta Tránsito de Palermo S.A.

3. NORMA OMITIDA POR EL TRIBUNAL (LEY 2197 DE 2022) EN LA
SUSTENTACIÓN JURÍDICA DE LA SENTENCIA

El tribunal, (sic) NO INCLUYÓ en su análisis lo señalado en el artículo 58, 59
y 69 de la Ley 2197 del 25 de enero del 2022 norma expedida con
anterioridad a la fecha (11 de abril de 2023) de expedición del fallo aquí
discutido (…)
(…)

4. VICIOS O YERROS NORMATIVOS EN QUE INCURRIÓ EL TRIBUNAL Y
QUE CONSTITUYEN DEFECTO MATERIAL O SUSTANTIVO EN LA
SENTENCIA

El artículo 58 de la Ley 2197 de 2022, modifica expresamente el artículo 7 de
la ley (sic) 769 de 2002, permite y reitera la delegación en; (sic) “entidades
privadas… el recaudo de las multas correspondientes…”

El artículo 59 de la Ley 2197 de 2022 -en su forma- no se expresa como una
modificación del artículo 160 de la Ley 769, sino que se expresa como una
disposición frente a la destinación de los recursos provenientes de las
multas de tránsito.
(…)

[E]l artículo 69 de la ley (sic) 2197 de 2002 derogan todas las disposiciones
que sean contrarios (sic) a ella, es decir el artículo 4 de la ley (sic) 1843 de
2017, artículo (sic) 306 de la ley (sic) 1955 de 2019, normas que uso (sic) el
Tribunal para su análisis en relación con la destinación especifica de los
dineros recaudados por multas de tránsito del artículo 160 de la ley (sic) 769
de 2002, análisis por demás, parcializado e incompleto pues se indicó:

“… En este sentido, el artículo 160 de la Ley 769 de 2002 estable
la destinación específica del recaudo por concepto de multas y
sanciones de infracciones de tránsito para la ejecución de planes
y proyectos del sector movilidad, y enuncia en forma delimitada
los conceptos sobre los cuales recae la destinación de dichos
recaudos.26

Olvido (sic) el tribunal hacer referencia al texto del mismo artículo 169 que
dice; (sic)

“y los particulares en quienes se delegue y participen en la
administración, liquidación, recaudo y distribución de las multas.”27

El anterior texto legal, obviado por el Tribunal cerro (sic) la visión e
interpretación jurídica en relación con el concepto de destinación especifica
(sic) y no hubiese dicho equívocamente que el dinero recaudado por multas
de tránsito solo se destinataria (sic)

26 Sentencia segunda instancia pág. 12. Tribunal administrativo del Huila Sala tercera de decisión.
27 Sentencia segunda instancia pág. 12. Tribunal administrativo del Huila Sala tercera de decisión.

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Radicación: 11001-03-15-000-2023-05660-00
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“… para la ejecución de planes y proyectos del sector movilidad, y enuncia
en forma delimitada los conceptos sobre los cuales recae la destinación de
dichos recaudos…”28

Es evidente que se analizó solo una parte del texto, como se hizo a largo del
escrito de sentencia de segunda instancia, y no en su conjunto como le
impone el deber de impartir justicia, bajo los principios de unidad de materia,
legalidad e imparcialidad.

El Tribunal Administrativo del Huila, no se refirió en absoluto a la ley (sic)
2197 de 25 de enero de 2022 porque simplemente desconocía la Ley (sic)
vigente, su análisis normativo careció de rigurosidad, por desconocimiento en
el tema que se decidió […]». (Negrilla y subrayado original del texto)

27. En criterio de la Sala, la presente acción de tutela no cumple con el requisito
general de procedencia de relevancia constitucional, por las siguientes razones:
(i) el debate planteado no se hizo desde una óptica constitucional y (ii) la parte
actora pretende utilizar este mecanismo como una tercera instancia y busca
reabrir la discusión que fue resuelta por el juez de lo contencioso administrativo.

28. A partir de la expedición de la sentencia de unificación SU-215 de 2022, esta
Sección ha venido sosteniendo, en forma pacífica, que para que un asunto supere
el requisito general de la relevancia constitucional es indispensable que la
discusión planteada en sede de tutela se haga desde una óptica constitucional,
para ello es necesario que el accionante motive suficientemente las razones por
las que considera que la decisión judicial le ocasiona una «afectación
desproporcionada a sus derechos fundamentales».

29. En este caso, se aprecia que la discusión expuesta por la parte actora gira en
torno a la interpretación que el Tribunal Administrativo del Huila hizo al artículo
160 de la Ley 769 de 2002. En criterio de la accionante, la autoridad judicial
realizó un análisis restrictivo sobre la destinación que cada ente territorial debe
otorgarle a los recursos recaudados por concepto de multas y sanciones por
infracciones de tránsito.

30. Sin embargo, en este asunto no se evidencia que el juez hubiese realizado una
interpretación restrictiva de la norma, sino que por el contrario realizó un estudio
integral del artículo 160 de la Ley 769 de 2002, el artículo 4 de la Ley 1843 de
2017, el artículo 306 de la Ley 1955 de 201929 y las sentencias C-385 de 200330 y
C-308 de 199431 de la Corte Constitucional, lo que le permitió concluir lo
siguiente:

28 Sentencia segunda instancia pág. 12. Tribunal administrativo del Huila Sala tercera de decisión.
29 «Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022». 25 de mayo de 2019. D.O. No. 50.964
30 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-385 de 2003, M.P. Alfredo Beltrán Sierra; 13 de mayo de

2003.
31 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia C-308 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell; 7 de julio de

1994.

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«[…] Bajo tales parámetros, se concluye que el recaudo por concepto de
multas e infracciones de tránsito, pertenecen al tesoro público del ente
territorial con jurisdicción en el lugar de comisión de la infracción. Asimismo, a
través de la misma Ley 769 de 2002 (artículo 160) el legislador estableció la
destinación específica del mentado recaudo, frente a la cual enlistó los
conceptos de “planes de tránsito, transporte y movilidad, educación, dotación
de equipos, combustible, seguridad vial, operación e infraestructura vial del
servicio de transporte público de pasajeros, transporte no motorizado, y
gestión del sistema de recaudo de las multas”.

Por este camino, existe un principio de legalidad de la destinación de recursos
públicos, conforme la cual, la Honorable Corte Constitucional mediante
Sentencia C-308 de 1994, MP, (sic) Antonio Barrera Carbonell, se pronunció
bajo las siguientes palabras:

“Si, como se ha visto, la Federación manejaba y maneja recursos públicos, no
hay duda que la destinación excepcional de parte de ellos a objetivos no
previstos originariamente por la ley, requería de la autorización oficial para
que se pudieran realizar válidamente inversiones en actividades como las
señaladas. En virtud del principio de legalidad, la destinación de
recursos públicos a objetivos no previstos por la ley es contraria a
derecho y no puede cumplirse por ningún organismo o persona que
administre recursos públicos, y mucho menos por personas privadas
que los administren como colaboradores del Estado. El principio de
legalidad es demasiado inflexible para condescender con el manejo a
discreción de los recursos públicos, bien sea por las autoridades
oficiales o por los particulares.” (Negrilla de la Sala)
(…)

En tal medida, retomando la respuesta de fecha 16 de marzo 2018 otorgada
por Tránsito Palermo S.A. con asunto “Recaudo y Ejecución Multas por
Infracciones de Tránsito 2010 – 2017”32, se avizora la siguiente información
de recaudo y destinación de recursos ejecutados por dicho organismo de
tránsito, correspondientes a los años 2015 a 2017, así:

Para mayor ilustración, se traslada la información de dichas respuestas, en
los correspondientes años:

32 Expediente Electrónico cargado en SAMAI, índice 3, archivo 3, páginas 20 – 24.

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Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

En ese sentido, en la medida que el asunto se trata de una acción
constitucional y que el a quo consideró que no contaba con los suficientes
elementos de prueba para la concesión del amparo de los derechos
colectivos, la Sala procederá a revocar la decisión de primera instancia para
proceder a su amparo, pues, conforme lo analizado, de las simples
respuestas efectuadas por las accionadas, se desprende que no existe
concordancia entre el recaudo y ejecución de los recursos obtenido por
concepto de multas y sanciones de comparendos de tránsito del municipio de
Palermo […]». (Negrilla y subraya del texto)

31. Según lo anterior y como lo concluyó el Tribunal, solo una parte de los dineros
recaudados para los años 2015, 2016 y 2017 fueron destinados a los conceptos
específicos contemplados en el artículo 160 de la Ley 769 de 2002, sin que se le
haya informado a la autoridad judicial la destinación o ejecución del porcentaje
restante.

32. Por lo que no se aprecia que la autoridad judicial hubiese emitido una decisión
arbitraria en el asunto objeto de tutela o desconocido los derechos fundamentales
de la parte actora. En ese sentido, lo que se advierte es que el juez hizo un
análisis exhaustivo de las normas y de las pruebas allegadas al proceso, a partir
de las cuales fundamentó su decisión.

33. En este punto, vale la pena señalar que la acción de «tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección del fallo
cuestionado».

34. Significalo anterior, en palabras de la Corte Constitucional, que este
«mecanismo de amparo constitucional» no puede ser «utilizado indebidamente
como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de
interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial»; ya que en «el
marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones de los
jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos». En esa
medida, «[s]i luego de agotar dichos recursos persiste una clara arbitrariedad

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Accionante: Tránsito de Palermo S.A. Sociedad de Economía Mixta

judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra providencias
judiciales»33.

35. Conforme a lo anotado, la Sala declarará improcedente la presente acción de
tutela por no cumplir con el requisito general de procedencia de la relevancia
constitucional, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta
decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la presente acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: En caso de no ser impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

33 Corte Constitucional. Sala Plena. Sentencia SU- 026 DE 2021, exp. No. 7.826.947, M.P. Cristina Pardo

Schlesinger; 5 de febrero de 2021.

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