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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05681-00

Fecha
26 de octubre de 2023
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2023-05681-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela de la referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2023-05681-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

26 de octubre de 2023

Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y
otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05681-00
Demandante: LUIS HERNANDO ORTIZ ROSERO
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA,
SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial. Declara la
improcedencia por no cumplir el requisito de la
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante acta de reparto del 29 de septiembre de 2023, se radicó la acción
de tutela promovida por el señor Luis Hernando Ortiz Rosero, en contra del
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal
Administrativo del Caquetá, con la finalidad de que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso “…dentro de los componentes de la
equivocada valoración del material probatorio, desconocimiento de un estado
de derecho al repudiar la obediencia al imperio de la ley, conjuntamente con
la denegación de acceso a la administración de justicia.”

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con
ocasión de las providencias del 2 de octubre de 2014 y del 1° de marzo de
1

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otro
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2023 dictadas por las autoridades judiciales demandadas, con las que se
negaron las pretensiones de la demanda de reparación directa promovida por
la parte actora junto con otras personas en contra de la Nación, Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, proceso que se identificó con el
radicado 18001-23-33-000-2012-00049-01 (53650).

1.2. Pretensiones

En consecuencia, solicitaron lo siguiente:

PRIMERO.-) Que, se declare que los señores magistrados de la Sub Sección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado con ponencia del Dr. Martin
Bermúdez Muñoz y del tribunal contencioso administrativo del Caquetá con
ponencia de la Dra. María Teresa Leyes Bonilla han violado los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO dentro de los componentes de la
equivocada valoración del material probatorio, desconocimiento de un estado
de derecho al repudiar la obediencia al imperio de la ley, conjuntamente con la
denegación de acceso a la administración de justicia.

SEGUNDO.-) Que, como consecuencia de la anterior declaración se nos
tutelen los derechos fundamentales invocados.

TERCERO.-) Que se declare a la NACIÓN - MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, administrativamente responsables de
los perjuicios materiales, morales y fisiológicos (vida en relación) – Afectación
en las condiciones de la existencia (hoy afectación a derechos fundamentales)
causados a CARLOS ANDRÉS ORTIZ ROSERO (Victima), a su esposa EDIT
DEL ROSARIO LÓPEZ CORAL, a sus hijos CARLOS MIGUEL ORTIZ LÒPEZ
y CARLOS ANDRÉS ORTIZ LÓPEZ (menor); a su querido padre SEGUNDO
PEREGRINO ORTIZ; a sus queridos hermanos BERTHA ORTIZ ROSERO,
LUZ BEATRIZ ORTIZ ROSERO, LUIS HERNANDO ORTIZ ROSERO,
VICTORIA ALEJANDRINA ORTIZ ROSERO, EDUARDO SANTOS ORTIZ
ROSERO, RODRIGO HERNAN ORTIZ ROSERO, RUTH DEL CARMEN
ORTIZ ROSERO, IMELDA DEL CARMEN ORTIZ ROSERO y HECTOR
WILLINTONG ORTIZ ROSERO; a sus cuñadas (os) REBECA CECILIA
HENRIQUEZ CALDERON, AURA ESPERANZA LUNA GALLARDO,
SEGUNDO ADAN SAPUYES, JAIRO HERNANDO VELASQUEZ TABARES y
ADRIANA ISABEL PINZÒN MUÑOZ; a sus queridos sobrinos ROBERTO
CARLOS ORTIZ GIRALDO (discapacitado-antes interdicto), CLAUDIA
MILENA ARAUJO ORTIZ, ALVARO HERNANDO ORTIZ GIRALDO,
HERNANDO JOSE ORTIZ MEJIA, LUZ MARY ARAUJO ORTIZ, JOSE
FERNANDO ARAUJO ORTIZ, MARIA ISABEL ORTIZ MEJIA, MONICA
ELIZABETH VELASQUEZ ORTIZ, JESUS ALBERTO ORTIZ MEJIA,
RODRIGO HERNAN ORTIZ YEPES, LUZ MARIA ORTIZ YEPES, DIANA
MARIA ZAPUPES ORTIZ, DAGOBERTO VELASQUEZ ORTIZ, CARLA
SOFIA ORTIZ HENRIQUEZ, LUIS ALEJANDRO SAPUYES ORTIZ, JULIETH
PAOLA VELASQUEZ ORTIZ, DAYANA ANGELIN VELASQUEZ ORTIZ,
MARIA FERNANDA ORTIZ HENRIQUEZ (menor), ANDREA SOFIA
2

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VELASQUEZ ORTIZ (menor), SARA LUCIA ORTIZ HENRIQUEZ (menor) y
JANA VICTORIA ORTIZ ACOSTA (menor) y en general a toda la familia de la
víctima, por falla o falta de servicio del Ejercito Nacional de Colombia;
derivados todos ellos como consecuencia directa de las graves lesiones
sufridas por el primero de los actores (Carlos Andrés Ortiz Rosero), a quien
siendo oficial activo del Ejército Nacional de Colombia en el grado de Teniente
y sin que existiera justificación alguna y estando en vacaciones, un superior el
CORONEL MARIO ALBERTO HERNANDEZ LOPEZ, en su calidad de
comandante del Comando Operativo No 5 lo retuvo en el área (zona Rural),
negándose a evacuarlo muy a pesar de haberle notificado la orden
administrativa de sacarlo a vacaciones y fue precisamente en el periodo de
sus vacaciones que infortunadamente piso una mina anti personas con las
consecuencias por todos ahora lamentadas.

CUARTA.-) condenar, en consecuencia a LA NACION - MINISTERIO DE LA
DEFENSA NACIONAL – EJERCITO NACIONAL a pagar a los actores, o a
quien represente legalmente sus derechos y a título de reparación, los
perjuicios a ellos ocasionados de carácter material, moral – objetivos y
subjetivados – fisiológicos y daño vida en relación – afectación en las
condiciones de la existencia actuales y futuros; los cuales se estiman como
mínimo en una suma liquida de dinero de TRES MIL SETECIENTOS TRES
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA y
UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS M/L ($3.703.650.841,60), de
conformidad con lo que resulte probado en el curso del presente proceso.

QUINTA.-) La condena respectiva será actualizada de conformidad para con lo
señalado en los artículos 192 y 195 del C. P. A. C. A. y se reconocerán los
intereses legales desde la fecha de ejecutoria del fallo e indexación desde la
fecha de ocurrencia de los hechos hasta cuando se le dé cabal cumplimiento a
la sentencia que le ponga fin al proceso o hasta cuando quede ejecutoriado el
fallo que le dé fin al proceso.

SEXTA.-) La parte demandada, NACION - MINISTERIO DE LA DEFENSA
NACIONAL – EJERCITO NACIONAL, darán cumplimiento a la sentencia en
los términos de los Artículos 192, 193 y 195 del Código Contencioso
Administrativo, para lo cual se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Honorable
Corte Constitucional en Sentencia C-188, de fecha 29 de marzo de 1999, con
ponencia del Magistrado Doctor José Gregorio Hernández Galindo. El valor
del salario mínimo mensual aplicable en este asunto será el que estuviere
vigente para el momento de proferida la sentencia con la correspondiente
actualización al momento de hacerse efectiva la indemnización.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

1.3. Hechos

La parte accionante sostuvo que el señor Carlos Andrés Ortiz Rosero se
desempeñaba como teniente del Ejército Nacional y prestaba sus servicios

3

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en el Batallón de Contraguerrillas 1 “Muiscas” – Puesto de Mando
Adelantado de Guayabal, Caquetá.

Indicó que, en el mes de julio de 2010 la Dirección de Personal del Ejército
Nacional autorizó al teniente Ortiz Rosero para que disfrutara sus vacaciones
en el octavo turno correspondiente a agosto de 2010.

Mencionó que, las vacaciones fueron concedidas por el término de 30 días a
partir del 2 de agosto de 2010. No obstante, lo anterior, el coronel Mario
Alberto Hernández López, comandante del Comando Operativo 5 que
pertenecía al Batallón de Contraguerrillas 1 “Muiscas”, le ordenó al teniente
Ortiz Rosero permanecer en la zona de operaciones bajo el argumento de
que “lo necesitaba para un operativo”, a pesar de que “ello no era cierto”.

Agregó que, el 13 de agosto de 2010, mientras prestaba sus servicios al
mando de una contraguerrilla en jurisdicción del municipio de San Vicente del
Caguán (Caquetá), Carlos Andrés Ortiz Rosero activó accidentalmente una
“minas antipersonas”, lo cual provocó una explosión que ocasionó una
“…fractura del Calcáneo, conminuta en cuarto y Quinto dedos del piez (sic)
izquierdo falanges proximales, otras lesiones en el brazo izquierdo y
afectación del oído del mismo lado…”.

Consideró que, las lesiones padecidas por Carlos Andrés Ortiz Rosero
generaron una disminución de su capacidad laboral del 89.44%, lo que
conllevó a que el Ministro de Defensa lo retirar del servicio activo mediante
Resolución 0080 del 13 de enero 20121.

Señaló que, el daño antijurídico padecido por la víctima es imputable al
Estado porque para el momento en que ocurrió el accidente debía estar
disfrutando sus vacaciones y no en la zona de operaciones, como lo ordenó
el coronel Mario Alberto Hernández López en completo desconocimiento del
acto administrativo que le otorgó el derecho.

Precisó que, por lo anterior, junto con otros familiares, presentó una
demanda de reparación directa2 y que el Tribunal Administrativo del Caquetá
mediante sentencia del 2 de octubre de 2014, negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que el daño antijurídico no era imputable al Estado
puesto que las lesiones padecidas por la víctima directa se produjeron en
razón del servicio y como consecuencia de la acción directa del enemigo, la
víctima directa del daño aceptó los riesgos propios de la actividad militar al
ingresar voluntariamente al Ejército Nacional.

1
Esta información se indica en la providencia demandada.
2
Proceso que se identificó con el radicado 18001-23-33-000-2012-00049-01 (53650).

4

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Agregó que, en dicho proceso no estaba demostrada una falla en el servicio,
la interrupción o suspensión de las vacaciones de Carlos Andrés Ortiz
Rosero y, la consecuente, retención en la zona de operaciones obedeció a la
necesidad del servicio. Por lo anterior, existió una justa causa que no podría
constituir una falla en el servicio; no estaba acreditado que la víctima directa
hubiera sido expuesta a un riesgo excepcional frente a sus demás
compañeros y las pruebas que obran en el expediente evidencian que las
lesiones padecidas por la víctima directa obedecieron a un hecho exclusivo y
determinante de un tercero.

Manifestó que, presentó recurso de apelación en contra de la decisión
anterior, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B con
providencia del 1° de marzo de 2023 la confirmó, en los términos de la
imputación objetiva, el daño solo puede ser imputado a la acción u omisión
de las autoridades cuando estas hayan creado un riesgo excepcional
jurídicamente relevante para producirlo.

Añadió que, en dicho proveído en el proceso está demostrado que la
Dirección de Personal del Ejército Nacional autorizó a la víctima directa del
daño el disfrute del derecho de vacaciones para el mes de agosto de 2010.
No obstante, lo anterior, no obran pruebas que demuestren que el coronel
Mario Alberto Hernández López hubiera suspendido injustificada y
arbitrariamente este derecho. Tampoco fueron allegados medios probatorios
que dieran cuenta de las razones por las cuales Carlos Andrés Ortiz Rosero
permaneció en la zona de operaciones en vez de ser evacuado para que
disfrutara sus vacaciones.

Precisó que, dicha sentencia se notificó por vía electrónica y por estado el 29
de marzo de 2023.

1.4. Sustento de la vulneración

La parte actora consideró que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron el debido proceso por la equivocada valoración del material
probatorio conjuntamente con la inobservancia al principio del juez natural y
de la cosa juzgada; con lo cual se configuró un defecto fáctico.

Sostuvo que, el señor Carlos Andrés Ortiz Rosero fue víctima de una mina
antipersonas, pues estando en vacaciones, el coronel Mario Alberto
Hernández López sin ser el comandante del Ejército se negó a relevarlo y a
evacuarlo, muy a pesar de estar enterado del plan de vacaciones y del acto
administrativo que reconoció el derecho y ordenó su disfrute.

Consideró que, todo estaría dentro de lo normal, sino fuera porque el señor
Ortiz Rosero, al momento de su accidente en el cual por poco pierde la vida,
5

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tenía decretadas sus vacaciones por parte del comando del Ejército Nacional
(Dirección de Recursos Humanos), vacaciones que iniciaban desde el 1. ° de
agosto de 2010 y que se prolongarían por un mes.

Adujo que, el responsable directo de su permanencia en el área de contra
guerrilla fue el señor Hernández López, un coronel efectivo comandante en
ese momento del comando operativo 5, unidad operativa a la cual pertenecía
en donde prestaba sus servicios. Agregó que, dicho coronel a sabiendas de
que el teniente Ortiz Rosero “estaba en vacaciones” se negó a relevarlo y a
evacuarlo en los helicópteros ordenándole que permanezca en el área como
ellos llaman a los espacios de contraguerrilla.

Agregó que, el único que está autorizado para variar el periodo de disfrute de
vacaciones según los reglamentos vigentes para la época (directiva de
personal 0188 de 2009), es el comandante del Ejército, no el comandante de
una división, ni de una brigada, ni de un comando operativo, ni el de un
batallón.

El señor Ortiz Rosero manifestó que, al no poder salir a disfrutar sus
vacaciones, llamó personalmente al coronel Mario Alberto Hernández López,
para ponerle de presente la situación de las vacaciones y la respuesta fue
abusiva, prepotente, arrogante con un rotundo “no” como respuesta,
arguyendo que lo necesitaba para un operativo.

Indicó que, con el accionar por parte del comandante del comando operativo
5, unidad operativa a la cual pertenecía el batallón de contraguerrillas, el
coronel Hernández López, quien se negó a cumplir el acto administrativo a
través del cual se le concedieron las vacaciones al señor Ortiz Rosero, no
solo incrementó el peligro para la vida misma y la tranquilidad de los
demandantes, sino que además truncó y dio al traste con su carrera militar.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 2 de octubre de 2023 se admitió la acción de tutela y, en
consecuencia, se dispuso la notificación de los magistrados que integran el
integran el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y el Tribunal
Administrativo del Caquetá.

A su vez, se ordenó la vinculación del ministro de Defensa Nacional, Ejército
Nacional, así como al grupo familiar del demandante (Carlos Andrés Ortiz
Rosero, Edit del Rosario López Coral, Carlos Miguel Ortiz López y Carlos
Andrés Ortiz López; Segundo Peregrino Ortiz, Bertha Ortiz Rosero, Luz
Beatriz Ortiz Rosero, Victoria Alejandrina Ortiz Rosero, Eduardo Santos Ortiz
Rosero, Rodrigo Hernán Ortiz Rosero, Ruth del Carmen Ortiz Rosero, Imelda
del Carmen Ortiz Rosero y Héctor Willington Ortiz Rosero; Rebeca Cecilia
6

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Henríquez Calderón, Aura Esperanza Luna Gallardo, Segundo Adán
Sapuyes, Jairo Hernando Velásquez Tabares, Adriana Isabel Pinzón Muñoz;
Roberto Carlos Ortiz Giraldo, Hernando José Ortiz Mejía, Luz Mary Araújo
Ortiz, José Fernando Araujo Ortiz, Jesús Alberto Ortiz Mejía, Rodrigo Hernán
Ortiz Yepes, Luz María Ortiz Yepes, Diana María Zapuyes Ortiz, Dagoberto
Velásquez Ortiz, Carla Sofía Ortiz Henríquez, Luis Alejandro Sapuyes Ortiz,
Julieth Paola Velásquez Ortiz, Dayana Angelín Velásquez Ortiz, María
Fernanda Ortiz Henríquez, Andrea Sofía Velásquez Ortiz, Sara Lucía Ortiz
Henríquez y Jana Victoria Ortiz Acosta, quienes promovieron la demanda
ordinaria3.

1.6. Contestaciones

Surtidas las notificaciones, se recibieron las siguientes intervenciones:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B

Esta autoridad judicial manifestó que no participaría en la acción de tutela de
la referencia como parte ni como tercero y, que acataría estrictamente las
disposiciones que se adopten en ella.

Aclaró que las piezas del expediente del proceso ordinario fueron devueltas a
la autoridad de origen el 27 de abril de 2023, según consta en el índice 51 del
expediente digital en SAMAI.

1.6.2. Tribunal Administrativo del Caquetá

Esta autoridad judicial allegó el expediente objeto de demanda.

1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional

Esta entidad solicitó que se nieguen las pretensiones del accionante al
“resultar [que] esta acción [es] improcedente”, al considerar que las
autoridades judiciales demandadas realizaron un estudio tanto de las
pruebas que fueron allegadas en debida forma al expediente como de las
normas aplicables al presente caso, lo que motivó la decisión adoptada por el
superior.

Expuso que con las sentencias dictadas en el proceso ordinario no se
vulneró ningún derecho fundamental como lo quiere hacer ver la parte actora,
toda vez que se ha respetado todo lo contemplado en la ley para el caso en
estudio.

3
Los cuales intervinieron luego de su notificación.

7

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Destacó que, la acción de tutela no cumple con los requisitos para habilitar el
estudio de fondo, porque el actor no realizó un análisis de los requisitos
específicos de procedencia ni tampoco acreditó la presunta vulneración de
los derechos fundamentales invocados, sino que solo mencionó una
vulneración a derechos fundamentales por parte de lo fallado por las
autoridades judiciales accionadas, pero en ninguno de sus acápites
argumentó y justificó tal aseveración.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si se cumplen los presupuestos generales
de procedencia de la acción de tutela y, de ser así, si la autoridad judicial
demandada incurrió en el defecto específico invocado, al confirmar la
sentencia que negó las pretensiones indemnizatorias en el proceso de
reparación directa al considerar que la irregularidad imputada (el soldado
debía estar disfrutando de vacaciones cuando ocurrió la explosión de la
mina) no puede tenerse como causa jurídica del daño en el proceso 18001-
23-33-000-2012-00049-01 (53650).

Al respecto, se precisa que, si bien la parte accionante cuestionó tanto la
sentencia de primera como la segunda instancia dictadas en el proceso
ordinario, lo cierto es que, el siguiente análisis recaerá sobre la sentencia de
segunda instancia demandada, pues le puso fin a la controversia ordinaria.

2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio
de 20124, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y en ella
concluyó:

4
Sala Plena del Consejo de Estado, rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. M.P. María Elizabeth García González.

8

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…si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de
tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas
Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración
de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal
criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe
acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias
judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente.5

Conforme al anterior precedente, es claro que la corporación ha modificado
su criterio sobre la procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia,
conforme a él, es necesario estudiar las acciones de tutela que se presenten
contra providencia judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho
fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
por la jurisprudencia, como expresamente lo indica la decisión de unificación.

Así, para la Sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará
ese estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los “…fijados hasta
el momento jurisprudencialmente…”. En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la
procedencia de esta acción constitucional contra providencia judicial no
puede ser ajena a esas características.

La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo
–procedencia sustantiva– y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el
fondo del asunto –procedencia adjetiva–.6

En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces
para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto.

5
Ibídem.
6
Entre otras, en las sentencias T-949 de 16 de octubre de 2003, T-774 de 13 de agosto de
2004 y C-590 de 2005.

9

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Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos
expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen
vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado,
se requerirá:

i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal
entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y,
ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como
una tercera instancia que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.

2.4. Relevancia constitucional

En relación con la relevancia constitucional, la sala cita como antecedente la
sentencia de tutela del 29 de septiembre de 20227, mediante la cual se
declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de
relevancia constitucional ya que el actor no propuso ningún debate jurídico
en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía
era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la
causa.

La Corte Constitucional, al momento de estudiar los requisitos de
procedibilidad en sede de revisión, encontró que la acción de tutela carecía
de relevancia constitucional.

En el mencionado fallo de unificación la Corte explicó que, dado que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se interponga
un mecanismo de amparo constitucional contra una decisión judicial “…el
juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un
control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada’.

Asimismo, enfatizó en que, cuando se cuestiona una providencia de una alta
corte el análisis de procedencia debe ser más restrictivo teniendo en cuenta
que la decisión fue proferida por un órgano de cierre…”.

El alto tribunal constitucional consideró que la acción de tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección del

7
Referencia: Acción de Tutela. Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-01.
Demandante: Darío José Montero Guerrero. Demandados: Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B y Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala Oral A.

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fallo cuestionado. Por lo que, no se puede utilizar este instrumento como una
instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural.

A su vez, la citada corporación precisó que las finalidades de este requisito
son las siguientes:

(i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la
específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del
uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de
discusiones de naturaleza eminentemente legal8 (Énfasis de la sala).

El alto tribunal en mención, luego de abordar los criterios que debe reunir una
solicitud de amparo que reproche una decisión judicial para superar el
requisito de la relevancia constitucional, consideró que el mecanismo de
tutela no cumplía con este postulado, puesto que:

i) No tenía la identidad para interpretar, aplicar o desarrollar la Constitución
Política o desarrollar el alcance de un derecho fundamental,

ii) involucraba un debate eminentemente legal,

iii) planteaba una discusión preponderantemente económica y,

iv) no cumplía con la carga argumentativa y explicativa rígida porque no se
demostraba la grave violación de los derechos fundamentales invocados.

Bajo las anteriores consideraciones, se desarrollará el caso en particular.

2.5. Caso concreto

La parte actora sostuvo que sus garantías constitucionales las consideró
vulneradas con ocasión de las providencias del 2 de octubre de 2014 y del 1°
de marzo de 2023 dictadas por el Tribunal Administrativo del Caquetá y el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, con las que se negaron
las pretensiones de la demanda de reparación directa que promovió junto
con otras personas en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional, proceso que se identificó con el radicado 18001-23-33-000-
2012-00049-01 (53650) por el presunto daño padecido por el señor Carlos
Andrés Ortiz Rosero.

8
Sentencia SU 573 de 2019.

11

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Demandante: Luis Hernando Ortiz Rosero
Demandados: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y
otro
Rad: 11001-03-15-000-2023-05681-00

Específicamente, la parte actora invocó un defecto fáctico por la equivocada
valoración del material probatorio conjuntamente con la inobservancia al
principio del juez natural y de la cosa juzgada.

Por lo expuesto, se reitera que el siguiente análisis recaerá sobre la
sentencia de segunda instancia, pues con ella se puso fin a la controversia
ordinaria.

Para resolver, se precisa que, no se encuentra cumplido el requisito de la
relevancia constitucional por los siguientes motivos:

Dicho presupuesto general de la acción de tutela “…supone
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima
facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que
una simple relación con aquel…”9. De igual manera, se precisa el aludido
requisito tiene tres finalidades, a saber:

(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional10 y, por tanto, evitar que la acción
de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad11; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que
afecten los derechos fundamentales12 y, finalmente, (iii) impedir que la acción
de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las
decisiones de los jueces13.

Por tanto, en la controversia que se plantea en el marco de una acción de
tutela debe advertirse su trascendencia constitucional, pues de lo contrario, el
juez de esta vía tendría que inmiscuirse en cuestiones que desbordan su
competencia y podrían desnaturalizar el carácter excepcional y especial de la
solicitud de amparo.

En tal sentido, se encuentra que la parte demandante hizo referencia un
defecto fáctico, pues a su juicio, todo estaría dentro de lo normal, sino fuera
porque el señor Carlos Andrés Ortiz Rosero y, al momento de su accidente
en el cual por poco pierde la vida, tenía decretada sus vacaciones por parte
del comando del Ejército Nacional (Dirección de Recursos Humanos); sin
embargo, el coronel Mario Alberto Hernández López a sabiendas de que el
teniente Ortiz Rosero “estaba en vacaciones” se negó a relevarlo y a
evacuarlo en los helicópteros ordenándole que permanezca en el área como

9
Sentencia SU 573 de 2019.
10
“Sentencia C-590 de 2005.”
11
“Al respecto, ver las sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008...”.
12
“Sentencia C-590 de 2005.”
13
“Sentencia T-102 de 2006.”

12

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ellos llaman a los espacios de contraguerrilla.

No obstante, se observa que el tribunal demandado abordó los cargos de la
demanda contenciosa, de la siguiente manera:

17.- Al margen de lo anterior, aun si se tuvieran por ciertas las razones
invocadas en el recurso de apelación relativas a la suspensión injustificada del
derecho del soldado a disfrutar sus vacaciones, igualmente habría que negar
las pretensiones de la demanda. Si bien el escenario planteado por los
demandantes comportaría la existencia de irregularidades administrativas, lo
cierto es que ellas no pueden considerarse como la causa del daño.

18.- La suspensión del derecho de vacaciones de la víctima directa del daño
no supuso la causación de lesiones en la integridad personal del soldado. Esa
<irregularidad> no puede considerarse como la causa jurídica del daño porque
esa conclusión implicaría confundir la causa material o física con la causa
jurídica, que es la que se debe determinar para concluir si el daño es
imputable a una acción u omisión de las autoridades públicas.

19.- La causalidad no puede deducirse del simple ejercicio de suprimir
mentalmente el antecedente (si hubiese estado gozando de las vacaciones a
las que tenía derecho no habría activado la <mina antipersonas>) para deducir
que el daño es imputable a esa circunstancia, así se estime que ella es
irregular o constitutiva de una <falla en el servicio>. Una acción solo es causa
eficiente o adecuada del daño cuando normalmente lo produce.

A su vez, se observa que la parte actora, no especificó la forma en la que
consideraba debía valorarse el material probatorio para incidir en el sentido
de la decisión demandada. De modo que, falta la carga argumentativa
necesaria para estudiar el fondo del asunto.

Así las cosas, se encuentra que lo que busca es un cambio en la forma en
que la autoridad judicial acusada resolvió el asunto en segunda instancia, de
manera desfavorable.

Por tanto, este juez constitucional no puede atribuirse las facultades del
funcionario judicial de instancia, lo cual está prohibido, en tanto que
implicaría un menoscabo de los principios de autonomía judicial y de juez
natural.

Por consiguiente, para la sala el accionante pretende convertir esta acción de
tutela en una tercera instancia, pues no es suficiente que la parte interesada
refiera que con la decisión judicial se transgredieron determinados derechos
constitucionales, sino que es necesario que la afectación o transgresión
logre: i) cumplir con la carga de argumentativa derivada de una providencia

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judicial en abierta contradicción de los mandatos constitucionales y, ii) que
implique la intervención del juez constitucional.

De modo que, no se satisface el requisito de relevancia constitucional, en el
sentido riguroso que señaló la Corte Constitucional en las citadas sentencias
de unificación 573 de 2019, 103 y 215 de 2022.

Así, el asunto demandado a través de esta acción de tutela se circunscribe a
cuestionar el análisis valorativo alegado por la parte actora con la finalidad de
debatir lo que ya fue objeto de estudio por la autoridad judicial acusada.

Para la sala, lo cuestionado en esta solicitud de amparo carece de la carga
argumentativa suficiente en el defecto invocado, para justificar la relevancia
del caso, lo cual implica un ejercicio explicativo jurídico y lógico que le
permita al juez de esta sede advertir una prominente transgresión de sus
prerrogativas superiores con ocasión de la expedición de la providencia
dictada por la autoridad censurada y que, sea tal la trascendencia en el que
se deba intervenir.

Por lo que, un desacuerdo en relación con las conclusiones a las que arribó
la autoridad judicial de la causa no puede ser razón para que el juez
constitucional intervenga en la protección de los derechos fundamentales,
puesto que, aceptar lo contrario, sería invadir la órbita del competente
natural; máxime cuando la carga argumentativa de los defectos, cuando se
pretende cuestionar una sentencia del órgano de cierre, es aún más
exigente.

En ese orden, para el caso concreto, no es evidente la tensión entre
derechos fundamentales en contraste con lo decidido por la autoridad judicial
demandada, que amerite la intervención en sede constitucional.

Por consiguiente, la parte actora pretende la adopción de una decisión de
reemplazo y, ello no es razón suficiente para que el juez de la acción de
tutela intervenga en la protección de los derechos fundamentales, puesto
que, se insiste, lo contrario sería invadir la esfera competencia del juez
natural. En consecuencia, se declarará la improcedencia por falta de
relevancia constitucional.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

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FALLA

PRIMERO: Declárase la improcedencia de la acción de tutela de la
referencia por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

SEGUNDO: Notifíquese a las partes y a los intervinientes en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión al día siguiente de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx”

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