Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05721-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05721-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2023-05721-00
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
27 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05721-00
Actor: JOHANI DEL CARMEN OSORIO PERALTA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Procedencia
excepcional / FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – El accionante pretende una
tercera instancia; se discute un asunto puramente económico y de alcance estrictamente
legal / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN – La Sección Segunda del Consejo de Estado
determinó que la sanción moratoria prevista en la Ley 50 de 1990 no es procedente en el
caso de los docentes oficiales, debido al régimen especial previsto en la Ley 91 de 1989.
Procede la Sala a pronunciarse, en primera instancia, en relación con la demanda
de tutela instaurada por la señora Johani del Carmen Osorio Peralta, de acuerdo
con el Decreto 333 de 20211.
I. A N T E C E D E N T E S
1. La demanda
El 29 de septiembre de 2023, la señora Johani del Carmen Osorio Peralta, por
conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Sucre, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la
igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a la administración
de justicia.
1 Que ingresó para fallo el 17 de octubre de 2023.
1
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05721-00
Accionante: Johani del Carmen Osorio Peralta
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
2. 2. Hechos relevantes
La docente Johani del Carmen Osorio Peralta labora con la entidad territorial
certificada en Educación del Departamento de Sucre, vinculada con posterioridad al
1 de enero de 1990. Advierte que, para el 15 de febrero de 2021, no le fueron
consignadas sus cesantías por parte del Ministerio de Educación Nacional (como
patrono) al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) por
sus servicios prestados en el 2020.
Al haber transcurrido 5 meses sin que le realizara la consignación efectiva en el
FOMAG además de su pago, solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria por
consignación tardía.
La entidad pública demandada en el proceso contencioso administrativo, remitió
una solicitud a la Fiduciaria la Previsora S.A. para que diera respuesta a la solicitud
como entidad encargada de los recursos del FOMAG, no sobre quien recae la
obligación de la consignación como patrono.
A través de sentencia del 30 de septiembre de 2022, el Juzgado Segundo
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Sincelejo “negó las súplicas de la
demanda, decisión frente a la cual la parte actora interpuso recurso de apelación
(sic)2”.
A través de fallo del 30 de marzo de 2023 -aquí cuestionado–, el Tribunal
Administrativo de Sucre “confirmó la sentencia de primera instancia (sic)3”.
3. Fundamentos de la demanda tutela
La parte actora manifestó que se debía dejar sin efectos la providencia, debido a
que se incurrió en defecto sustantivo, se violó la Constitución Política de 1991 en el
sentido de desconocer los principios de favorabilidad y seguridad jurídica;
2 El Juzgado Segundo Administrativo Oral del circuito accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda y quien presentó recurso de apelación fue la Nación – Ministerio de Educación Nacional -
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio “FOMAG” y Departamento de Sucre –
Secretaría de Educación Departamental.
3 El Tribunal Administrativo de Sucre revocó la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2022 por
el Juzgado Segundo Administrativo Judicial de Sincelejo y negó las pretensiones de la demanda.
2
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05721-00
Accionante: Johani del Carmen Osorio Peralta
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
desconoció los precedentes aplicables, vulnerando así los derechos fundamentales
a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y de acceso a la
administración de justicia.
Adujo que, se incurrió en un defecto sustantivo al sostener que se presentó un
desconocimiento del principio de favorabilidad, pues se presentó una falta de
reconocimiento de la sanción moratoria regulada bajo la Ley 50 de 1990 en la que
se estableció que los empleadores, donde se encuentran las entidades públicas, se
deben consignar las cesantías a más tardar, el 15 de febrero de cada año.
Así mismo, alegó conforme a la relación que existe entre el principio de unidad de
caja y las cesantías, que los docentes son empleados públicos sin ningún tipo de
distinción, por lo que sus prestaciones sociales deben ser pagadas en tiempo como
el caso del auxilio de cesantías sin que se impida la garantía de gozar su pago
oportuno, esto conforme a la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018.
En relación con lo anterior, solicitó que se tuvieran como fundamento los
pronunciamientos tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, los
cuales procedió a enlistar4.
Por último, realizó un análisis de los antecedentes históricos respecto de la
obligación del Ministerio de Educación de consignar las cesantías de los docentes
vinculados después del 1 de enero de 1990 al FOMAG; los que se vincularon antes
del 1 del mismo mes y año que ya venían con un régimen de cesantías de
liquidación anual conforme al Decreto – Ley 3118 de 1968 y los que se vincularon
después del 1° de enero de ese año, independientemente de que la entidad fuera
territorial o por la Nación.
4 Entre estos, se encuentran: SU 098 de 17 de octubre de 2018, SU-332 de 2019, SU 195 de 2012,
SU 336 de 2017, SU 448 de 2016, C-741 de 2012, T -730 de 2008, T-167 de 2011, SU 041 de 2020
y C-486 de 2016 de la Corte Constitucional, así como las sentencias del Consejo de Estado en los
procesos 2013-00666-01; 2009-00867-01; 2018- 04617-01; 2018-03499-01, 2014-00173-01; 2014-
00208-01; 2014- 00254-01; 2014-00132-01; 2014-00815-01; 2015-00331-01; 2015- 00445-02; 2014-
01127-01; 2017- 00134-01; 2015-90008-01; 2014-90022-01; 2017-00931-01; 2015-00075-01; 2013-
00756-01; 2017- 00795-01; 2019-00359-01; 2019-00376-01; 2015-00509-01; 2015-90124-01; 2012-
00212-02; -2018-0231- 01; 2018-00097-00; 2013-00734-00; 2022-00020-00, entre otros.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05721-00
Accionante: Johani del Carmen Osorio Peralta
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela
4.1. Mediante providencia de 5 de octubre de 2023, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a los magistrados Tulia Isabel Jarava Cárdenas, Viviana
Mercedes López Ramos y Rufo Arturo Carvajal Argoty, integrantes del Tribunal
Administrativo de Sucre; se vinculó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y al Departamento de Sucre como terceros con interés y se solicitó
comunicar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
4.2. El Tribunal Administrativo de Sucre solicitó declarar improcedente el amparo
solicitado, además, presentó informe de tutela indicando que no se ha presentado
trasgresión de los derechos mencionados, toda vez que no existe un precedente de
unificación que obligue a los Tribunales y a los Juzgados Administrativos a que se
aplicara la favorabilidad de la sanción moratoria que trata el artículo 99 de la ley 50
de 1990 a los docentes afiliados al FOMAG cuyas cesantías se reportan desde la
afiliación.
Sumado a lo anterior, no se puede aplicar la sentencia SU 098 de 2018 ni las
sentencias del Consejo de Estado toda vez que la situación fáctica es diferente a
estas sentencias, pues, sus cesantías se reportan al FOMAG desde su afiliación
conforme a la Ley 91 de 1989 que funciona bajo el concepto de unidad de caja
donde no procede una cuenta individual, dado que los recursos destinados para el
pago se giran de forma global y se incorporan de manera periódica mensual durante
todo el año.
4.3. La Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, manifestó
que el amparo debe ser declarado improcedente, así como desvincularla, por no
estar legitimados en la causa por activa en razón a que, las causales que se
indicaron por la parte actora no están llamadas a ser deducidas por el juez de tutela.
Sostuvo que, debido a que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los
docentes, por tanto, no se puede aplicar la Ley 50 de 1990 pues para este se creó
la ley de 1989 bajo el principio de unidad de caja. Por otro lado, los valores que
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05721-00
Accionante: Johani del Carmen Osorio Peralta
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
corresponden a las cesantías no son consignadas debido a que ya están
presupuestadas y se trasladan al fondo desde el primer mes de cada vigencia.
Sumado a lo anterior, las autoridades judiciales que conocieron del proceso
actuaron conforme a la normatividad establecida sin desconocer precedentes
judiciales relacionados con el tema objeto de la demanda de tutela como la
sentencia SU 098 de 2018 o las sentencias del Consejo de Estado ya que estas no
corresponden a las mismas que pretensiones que se reclaman.
4.4. El departamento de Sucre guardó silencio.
II. C O N S I D E R A C I O N E S
La Sala declarará la improcedencia de la presente tutela, por carecer de suficiente
relevancia constitucional, pues, respecto de casos similares, ya se ha pronunciado
en este sentido, según los actuales parámetros fijados por la Corte Constitucional
en múltiples oportunidades5, especialmente, en la sentencia SU-573 de 2019.
En ese sentido, se reafirma que la cuestión que ahora se plantea es netamente
económica y de naturaleza legal, como es el alegado reconocimiento de la
indemnización por pago tardío de intereses a las cesantías y la sanción moratoria6,
prestaciones accesorias al pago de esta prestación social, así como la fuente
normativa de su aplicación.
En efecto, como se ha sostenido en otras oportunidades7, la sanción moratoria por
no consignación oportuna de las cesantías no es un derecho fundamental ni está
ligada a la satisfacción de una garantía de naturaleza constitucional, de ahí que
5 Ver las Sentencias SU-215 de 2022, SU-103 de 2022, SU-128 de 2021 y SU-573 de 2019.
6 Ver Sentencia SU-573 de 2019, Consideraciones 55 a 57.
7 Consultar, entre otras sentencias, las siguientes: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de marzo de 2023, radicado No.
2022-06017-01; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de mayo de 2022, radicado No.
2022-00593-01; Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 17 de junio de 2022, radicado No.
2022-02567-00.
5
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05721-00
Accionante: Johani del Carmen Osorio Peralta
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
como se trata de un reconocimiento de fuente legal con carácter netamente
patrimonial, no amerita la intervención del juez de tutela.
A lo anterior se suma que la cuestión que ahora se debate ya fue discutida en la
sede ordinaria, en la que también se introdujeron la mayoría de precedentes aquí
fueron presentados como desconocidos y que fueron debidamente atendidos por el
Tribunal Administrativo de Sucre de la siguiente manera (transcripción literal, con
posibles errores incluidos):
6.3. Problema Jurídico:
Conocidos los extremos de la litis y el contenido de los Recursos de Apelación
que sirven como derrotero del ejercicio del Juez de Segunda Instancia17,
deberá la Sala determinar si (i) la señora Johani del Carmen Osorio Peralta , en
su calidad de docente afiliada al “FOMAG” tiene derecho al reconocimiento de
la sanción moratoria de que trata la Ley 50 de 1990, por la no consignación
oportuna de las cesantías del año 2020 y (ii) de haber lugar a ello, a cargo de
quién está el pago de la misma.
(…)
• Caso Concreto:
Pues bien, en el asunto está probado y no hay discusión sobre ello que la señora
Johani del Carmen Osorio Peralta es docente afiliada al “FOMAG” y que su
régimen de cesantías es el anualizado, pues, al expediente se aportó el Extracto
de Intereses a las Cesantías en donde se observa que éstos son consignados
en ese fondo desde el año 2004 al 2013 y del 2015 al 20208.
Además, que el FOMAG el 27 de marzo de 2021, liquidó los intereses a las
cesantías de la demandante en suma de $446.090, teniendo en cuenta para
ello, el valor de cesantías acumuladas desde el 2015 al 20209, según da cuenta
el Extracto de Intereses a las Cesantías, emanado del FOMAG.
También, que la señora Johani del Carmen Osorio Peralta presentó petición
ante la Nación – FOMAG- Departamento de Sucre y Secretaría de Educación
Departamental el 14 de septiembre de 2021, identificado con el radicado No.
SUC2021ER017333, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la
sanción e indemnización moratoria, por la no consignación oportuna de las
cesantías del año 2020 y sus respectivos intereses10:
(…)
De igual manera, que ese mismo día la parte demandante mediante petición
identificada con radicado SUC2021ER017334, le solicitó a la Secretaría de
Educación Departamental de Sucre11:
8 Ver en Samai documento denominado “DEMANDA(.pdf)” págs. 52 a 54.
9 Ver en Samai documento denominado “DEMANDA(.pdf)” págs. 52 a 54.
10 Ver en Samai documento denominado “DEMANDA(.pdf)” págs. 48 a 51.
11 Ver en Samai documento denominado “DEMANDA(.pdf)” págs. 54 y 55
6
Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05721-00
Accionante: Johani del Carmen Osorio Peralta
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
(…)
Pues bien, teniendo en cuenta el régimen normativo y la pauta marcada por la
jurisprudencia puesta de presente, considera la Sala que los docentes afiliados
al FOMAG cuentan con un régimen especial para la consignación y liquidación
de sus cesantías, que es el previsto en la Ley 91 de 1989, sin que proceda la
consignación de la citada prestación a cada docente en una cuenta individual,
pues, los recursos destinados para su pago son girados de forma global e
incorporados con una periodicidad mensual durante todo el año.
De manera que, los recursos comunes relacionados con el pago auxilio de
cesantías de los docentes a fecha 31 de diciembre del año de su causación
reposan en el FOMAG, no obstante, la liquidación individual de las cesantías de
cada docente es realizada por las secretarías de educación territorial en el
término establecido por el FOMAG, que para el auxilio de cesantías
correspondiente al año 2020, fue el 5 de febrero de 2021, según lo estipulado
en el Comunicado No. 008 del 11 de diciembre de 2020, liquidación que se
efectúa con el único fin de pagar los intereses de las cesantías mas no para
efectos de consignar esta prestación social en una cuenta individual antes del
15 de febrero del año siguiente, como sucede en el régimen anualizado de
cesantías de la Ley 50 de 1990, iterando que las cesantías de los docentes en
atención al principio de unidad de caja se reportan en el FOMAG de manera
conjunta.
Por ello y como quiera que las cesantías del demandante se vienen reportando
en el FOMAG desde su afiliación al precitado fondo, la Sala considera que no le
es aplicable la sanción moratoria derivada de la no consignación de las
cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente, que se encuentra prevista
en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.
En este punto se precisa, que en el presente caso no es vinculante la posición
fijada en la SU-098 de 2018 y en las sentencias del H. Consejo de Estado en
las que por favorabilidad se ha aplicado a los docentes la sanción moratoria de
que trata el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, por la omisión de los entes
territoriales de I) realizar su afiliación al FOMAG, trayendo ello, como
consecuencia que no se le reconozcan y consignen sus cesantías, y de II)
trasladar su auxilio de cesantías al FOMAG al momento de su vinculación, que
este Tribunal ha aplicado en casos semejantes, toda vez que, los supuestos
fácticos en el presente proceso son distintos, por pretenderse el reconocimiento
de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, por la no consignación del auxilio
de cesantías del demandante correspondiente al año 2020 antes del 15 de
febrero de 2021, quien es un docente afiliado al FOMAG, cuyas cesantías se
han venido reportando en el fondo en alusión desde el 2004 al 2013 y del 2015
al 202012, como da cuenta el Extracto de Intereses a las Cesantías, emanado
del FOMAG.
Al respecto, resulta relevante indicar que la H. Corte Constitucional en Sentencia
SU573-19, consideró que la ausencia de identidad fáctica impide aplicar un
precedente, en efecto dijo:
(…)
Por lo tanto, la demandante no es beneficiaria de la sanción moratoria contenida
en la Ley 50 de 1990, pues, tal penalidad no está instituida en el régimen
especial que regula el reconocimiento de las cesantías de los docentes, que no
es otro que el previsto en la Ley 91 de 1989 y el Acuerdo No. 39 de 1998, en el
12 Ver en Samai documento denominado “DEMANDA(.pdf)” págs. 52 a 54.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05721-00
Accionante: Johani del Carmen Osorio Peralta
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
cual, se administran los recursos conforme al principio de unidad de caja,
además, por no existir un precedente consolidado de obligatoria aplicación en
este asunto, que se itera es disímil a aquellos procesos en que la H. Corte
Constitucional, el H. Consejo de Estado y este Tribunal han aplicado por
favorabilidad la sanción cuyo reconocimiento persigue la parte demandante.
En atención a lo anterior, se REVOCARÁ la sentencia apelada, para en su lugar,
NEGAR las pretensiones de la demanda.
El anterior extracto permite identificar que varios de los argumentos presentados en
sede de tutela ya fueron resueltos anteriormente por el juez natural del asunto, por
lo que inmiscuirse en la decisión a la que llegó, luego de haberse detenido a analizar
cada uno de los argumentos presentados en sede de nulidad y restablecimiento del
derecho, exclusivamente por la inconformidad ante lo decidido, invadiría
inapropiadamente la esfera interpretativa y decisoria de quien argumentada y
razonadamente, bajo los criterios de la sana crítica, ya resolvió el asunto.
En cuanto a la SU-098 de 2018, esta resulta fáctica y jurídicamente diferente al caso
de la señora Osorio Peralta, pues versó sobre: i) un error interno que hizo que el
docente provisional nunca estuviese afiliado al FOMAG -lo que no ocurre aquí-; ii)
su vínculo con la respectiva secretaría de educación ya había finalizado -lo que no
ocurre aquí-; iii) ya se habían reconocido las cesantías y estaba a la espera de que
los recursos se trasladaran al fondo de cesantías.
Por lo demás, el Tribunal accionado se refirió a la SU-098 de 2018 y a las reglas
jurisprudenciales allí fijadas, pero advirtió que no podían aplicarse al asunto objeto
de estudio, porque la Corte Constitucional modificó el ámbito de aplicación de dicha
sentencia de unificación, pues la sentencia SU-573 de 2019 aclaró que la discusión
sobre la aplicación de la Ley 50 de 1990 versa sobre un debate meramente
económico y no involucra la protección de los derechos humanos.
Adicionalmente, la referida sentencia de unificación de 2019 señaló que existe una
diferencia evidente entre el FOMAG y la forma como se administran los recursos en
los fondos privados de cesantías, pues el primero se rige por el principio de unidad
de caja, lo que significa que, a diferencia de lo que ocurre en el modelo de los
fondos, no se efectúan consignaciones a cuentas individuales de los docentes, sino
que todos los recursos, provenientes, de hecho, del Sistema General de
Participaciones, son girados al FOMAG, para que este pague las prestaciones
correspondientes, una vez sean exigibles.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05721-00
Accionante: Johani del Carmen Osorio Peralta
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
De otra parte, si bien la sentencia del 29 de julio de 2019, dictada por la Subsección
C de la Sección Tercera de esta Corporación13, tiene ciertas similitudes con el caso
examinado, lo cierto es que no era una decisión vinculante, debido a que los fallos
proferidos en sede de tutela tienen efectos inter partes y no había sido proferida la
sentencia SU-573 de 2019. Igualmente, por tratarse de una decisión inter partes,
tampoco resulta vinculante el fallo de tutela proferido el 23 de marzo de 2023 por la
Sección Segunda, Subsección B, del Consejo de Estado14, al que también aludió la
parte actora.
Finalmente, el 11 de octubre de 2023, mientras se resolvía el presente caso, la
Sección Segunda de esta Corporación profirió la sentencia de unificación SUJ-032-
CE-S2-202315 en la que indagó si ¿Los docentes al servicio del Estado son
destinatarios de la sanción moratoria por la falta de consignación de las cesantías
anualizadas prevista en el artículo 99 (numeral 3) de la Ley 50 de 1990?
Luego de hacer un estudio general sobre las cesantías, sus diferentes regímenes,
y las diferentes sentencias y posturas jurisprudenciales al respecto, advirtió que,
hasta 2018, existió una postura pacífica, consistente en negar la sanción moratoria
a quienes, como docentes oficiales, la reclamasen, debido a las particularidades
específicas de la Ley 91 de 1989.
Sin embargo, la Sección Segunda señaló que, tras la SU-098 de 2018, que
reconoció esta sanción a favor de un docente oficial, se reabrió el debate sobre la
posibilidad de reconocer la regla prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, lo
que, eventualmente, fue aclarado por la SU-573 de 2019, providencia que delimitó
el reconocimiento de la sanción moratoria, por consignación inoportuna de las
cesantías, a los docentes oficiales, únicamente en aquellos casos en los que no se
hubiere afiliado al docente, en ningún momento, al FOMAG.
La Sección Segunda de esta Corporación, en la aludida sentencia del 11 de octubre
de 2023, ajustó su postura de conformidad con la sentencia SU-573 de 2019 y
señaló que los docentes oficiales afiliados al FOMAG no tienen derecho a reclamar
13 Expediente 2018-03499-01, M.P. Nicolás Yepes Corrales. Allí se revocó el fallo impugnado y, en
su lugar, se concedió el amparo solicitado por la parte actora, reclamación que, entre otras, se
sustentaba en la aplicación a los docentes oficiales de la sanción moratoria prevista en el artículo 99
de la ley 50 de 1990, en virtud del principio de favorabilidad.
14 Expediente 11001031500020230106300.
15 Radicado No. 66001-33-33-001-2022-00016-01 (5746-2022).
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05721-00
Accionante: Johani del Carmen Osorio Peralta
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
la sanción moratoria, dada la naturaleza jurídica, patrimonial y administrativa del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
Por tanto, al existir una postura unificada por parte de la Sección especializada en
este tipo de controversias, que, por lo demás, respalda plenamente la postura del
Tribunal accionado, se reafirma que no existe desconocimiento alguno del
precedente en el fallo aquí cuestionado.
Así las cosas, esta Subsección considera que no hay lugar a hacer un estudio de
fondo en el presente asunto, por cuanto carece de relevancia constitucional, de modo
que se declarará la improcedencia del amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
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Radicación número: 11001-03-15-000-2023-05721-00
Accionante: Johani del Carmen Osorio Peralta
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela (Sentencia de Primera Instancia)
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
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