Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05727-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05727-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05727-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
18 de enero de 2024
Ra d ic a d o: 1 1 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 3- 0 5 72 7- 0 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., dieciocho (18) de enero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05727-01
Accionante: Eva Narcisa Torres Urbanes
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F.
Tema: Acción de tutela contra sentencia dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en la que se revocó la sentencia de primera instancia
en la cual se había accedido a las pretensiones de la demanda relacionadas con el
reconocimiento de una pensión de sobrevivientes.
FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA
ASUNTO
La Sala decide la impugnación interpuesta por las señoras Deyanira Eugenia
Rodríguez Barguil y Nur Tatiana Rodríguez Barguil en contra de la sentencia del 27
de octubre de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, a través de la cual negó el amparo solicitado.
ANTECEDENTES
La señora Eva Narcisa Torres Urbanes promovió acción de tutela para que se
protejan sus derechos fundamentales a la dignidad humana, al mínimo vital, al
debido proceso y al acceso a la administración de justicia, los cuales consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F.
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HECHOS
La actora afirmó que nació el 3 de diciembre de 1954, por lo que actualmente tiene
68 años de edad y es sujeto de especial protección constitucional, e indicó que
convivió con el señor José Hernando Rodríguez Romero de forma ininterrumpida
desde 1980 hasta el 27 de noviembre de 2016, cuando aquel falleció, esto es,
durante 36 años, lapso durante el cual se prestaron socorro, apoyo y ayuda mutua.
Que luego del fallecimiento de su compañero permanente, el 16 de enero de 2017
inició los trámites para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes ante la
UGPP, pero esta última lo negó por el conflicto suscitado con la esposa del señor
José Hernando Rodríguez Romero (Nur María Baguil) y ella, mediante la Resolución
RDP 011746 del 22 de marzo de 2017. Que, por lo anterior, interpuso los recursos
de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos de forma desfavorable a
través de las resoluciones RDP 022824 del 31 de mayo de 2017 y 025543 del 20
de junio de 2017, respectivamente.
Que junto con la señora Nur María Baguil (hoy fallecida) instauraron, de forma
conjunta, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (en adelante UGPP) y el 22 de febrero de 2022 el Juzgado
Dieciséis Administrativo del Circuito de Bogotá ordenó reconocer la pensión de
sobrevivientes tanto a ella como a la señora Nur María Baguil en cuantía de 50 %
para cada una.
Que la UGPP interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia y el 14 de marzo de 2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, revocó la sentencia de primera instancia y negó
las pretensiones de la demanda, porque consideró que las demandantes no
demostraron la convivencia simultánea exigida durante los últimos años de vida del
causante, decisión que le fue notificada el 14 de abril de 2023.
Considera que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección F, incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, debido a que no tuvo en
cuenta que demostró los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Ley 100
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de 1993, pues acreditó que perteneció al grupo familiar de su compañero
permanente, en tanto fue su beneficiaria en salud desde que inició su convivencia y
tenía la calidad de compañera permanente.
Que esa autoridad judicial también incurrió en desconocimiento del precedente,
pues desatendió la sentencia del 21 de enero de 2021 dictada por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en el expediente 73001-23-33-000-
2015-00165-01 (5095-2018), en la que se sostuvo que la convivencia no se refiere
exclusivamente a la habitación en el mismo lugar, sino a los elementos de
acompañamiento espiritual, moral y económico, al deber de apoyo y auxilio mutuo
y al factor volitivo de la pareja de mantener una familia.
Lo anterior porque no tuvo en cuenta que la intención del señor José Hernando
Rodríguez Romero fue la de velar por su bienestar, al tenerla como beneficiaria en
salud, proveerle lo necesario para su sustento y trasladarse al lugar donde vivían
para verificar sus necesidades y las de sus hijos, como lo demostró con los
testimonios.
Que aquella interpretó erróneamente lo que declaró, puesto que estimó que
reconoció que convivió con el señor José Hernando Rodríguez Romero hasta el
2015, sin tener en cuenta que para ese año aquel tenía 93 años de edad y padecía
varias enfermedades.
Que en la valoración de la testigo Mercedes Bedoya no se tuvo en cuenta que se
trata de una señora de 68 años que tuvo que adaptarse a hablar a través de una
cámara y que se le llamó varias veces la atención porque no se le escuchaba bien
y que las señoras Carmen Bedoya de Olivera y María Dominga Torres Urbanes
pusieron de presente que entre ella y el señor José Hernando Rodríguez Romero
existió un vínculo permanente de acompañamiento mutuo que se extendió hasta el
fallecimiento de este.
En suma, estima que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, tomó apartes de los testimonios, en lugar de analizarlos de
forma global y en conjunto, pese a que con ello se demostró la convivencia que tuvo
con el causante.
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PRETENSIONES
Solicitó dejar sin efectos la sentencia del 14 de marzo de 2023 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, en el
proceso con radicado 11001-33-35-016-2019-00083-01 y ordenarle a aquel que
dicte una nueva sentencia, en la que realice una valoración adecuada del
precedente judicial sobre la materia y de las pruebas y una correcta aplicación de
las normas.
ACTUACIÓN PROCESAL DEL A QUO
La acción de tutela de la referencia fue admitida el 5 de octubre de 2023 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante auto, que se
ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección F, como accionados; y a la UGPP y a los herederos
de la señora Nur María Baguil de Rodríguez, como terceros con interés.
POSICIÓN DE LOS ACCIONADOS
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, a través del magistrado ponente de la sentencia cuestionada, indicó que no se
configuraron los defectos alegados, pues para decidir el caso se tuvieron en cuenta
la Ley 100 de 1993 con las modificaciones que se introdujeron en la Ley 797 de
2003, en tanto era la norma que estaba vigente para el fallecimiento del causante,
y la totalidad de los documentos anexados al plenario.
Que en el caso de la señora Eva Narcisa Torres Urbanes se encontró una
inconsistencia, puesto que el 21 de julio de 2011 el causante firmó un documento
en el que consignó la existencia de una convivencia en «unión libre» con aquella
desde 1982; sin embargo, en el interrogatorio de parte la actora aseguró que la
relación fue desde 1980 y que la convivencia «como familia» se extendió sólo hasta
el 2015, esto es, un año antes del fallecimiento del causante.
Que también se halló demostrado que la hoy accionante y los testigos mencionaron
que la residencia de la señora Eva Narcisa Torres Urbanes estaba en la ciudad de
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Rioacha, mientras que la del señor José Hernando Rodríguez Romero (causante)
estaba en Cereté, ello supuestamente en atención a una riña que se presentó con
las hijas del mismo, afirmación frente a la cual no se aportó prueba más allá de los
señalamientos generales de los testigos.
Que el hecho de que el causante asumiera los gastos de sus hijos, realizara visitas
esporádicas a la señora Eva Narcisa Torres Urbanes o la tuviera afiliada en calidad
de beneficiaria en el sistema de salud, no evidencia la existencia de un vínculo
afectivo entre aquella y el señor José Hernando Rodríguez Romero ni que
mantuvieran un hogar en común.
Indicó que los jueces cuentan con la autonomía para aplicar el criterio
jurisprudencial que consideren correcto y que en la sentencia alegada como
desconocida se confirmó la providencia en la cual se negaron las pretensiones de
la demanda, por no encontrarse demostrada la convivencia real y efectiva.
Concluyó que la decisión adoptada no fue arbitraria, sino que obedece a lo
acreditado en el proceso y al criterio jurisprudencial aplicable, y que lo pretendido
por la parte accionante es acudir a la acción de tutela como si se tratara de una
tercera instancia, escenario para el cual no está previsto este mecanismo.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
La UGPP, por medio del subdirector de Defensa Judicial Pensional encargado y
representante judicial, solicitó que se declare la improcedencia de la tutela, puesto
que se está utilizando como una tercera instancia del trámite ordinario, para sustituir
una decisión judicial ejecutoriada y proferida por el juez natural de la causa.
Que la accionante no demostró un perjuicio irremediable o una afectación a su
mínimo vital, pues se encuentra activa en el sistema de salud desde el 2016, ni
acreditó la incursión por parte de la accionada en alguno de los defectos previstos
jurisprudencialmente.
Agregó que no se superó el requisito de subsidiariedad, debido a que no se probó
que se hubiera acudido al recurso extraordinario de revisión para controvertir la
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decisión judicial, y la tutela no es la vía adecuada para reclamar prestaciones
económicas.
Que en la sentencia discutida el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, realizó un estudio aplicando la normativa vigente,
concretamente de las leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, y de la totalidad de las
pruebas, lo que le permitió concluir que no estaba acreditada la convivencia en los
últimos 5 años entre las demandantes y el causante, pues existían varias
incongruencias en las pruebas testimoniales y documentales.
Concluyó que no existe una vía de hecho ni una vulneración de derechos
fundamentales, por lo que no se cumplen los requisitos de procedibilidad de la
acción de tutela.
Las señoras Deyanira Eugenia Rodríguez Barguil y Nur Tatiana Rodríguez
Barguil señalaron que comparten la postura de la accionante, en el sentido de que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
incurrió en una vía de hecho, pero consideran que la tutela también debió dirigirse
contra el Juzgado Dieciséis Administrativo de Oralidad de Bogotá, pues este último
se apartó del precedente judicial, al no atender a la proporcionalidad del tiempo
convivido.
Añadieron que sus padres convivieron desde la fecha en que contrajeron
matrimonio hasta el día del fallecimiento del causante, como se demostró con los
testimonios de los señores Jaime Mercado Santos y Honorio Guzmán y varias
pruebas documentales, entre ellas, el memorial suscrito por el señor José Hernando
Rodríguez Romero dirigido al jefe de prestaciones económicas de Cajanal en agosto
de 2006, copia de la certificación del 27 de octubre de 2014, copia de la declaración
extraproceso del 6 de diciembre de 2016 y de la Escritura Pública 926 del 10 de
junio de 2016.
En consecuencia, solicitaron amparar los derechos fundamentales vulnerados al
debido proceso, mínimo vital y seguridad social y concederles la prestación
solicitada.
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SENTENCIA IMPUGNADA
El 27 de octubre de 2023 la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado negó el amparo deprecado, porque advirtió que el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, no incurrió en una valoración
indebida o irrazonable de las pruebas o un desconocimiento de las normas o el
precedente vigente, sino que estimó que los elementos probatorios no fueron
suficientes para acreditar los requisitos legales para acceder a la pensión, conforme
a su autonomía funcional.
Agregó que la sentencia invocada por la accionante corresponde a un caso en el
cual el Consejo de Estado resolvió una solicitud de sustitución pensional, en el
sentido de confirmar la sentencia denegatoria de las pretensiones de la demanda
porque no se acreditó una convivencia real y efectiva al momento de la muerte del
causante.
Que el claro propósito de la actora es reabrir el debate para cuestionar la valoración
probatoria realizada, a pesar de que la tutela no es concebida como un juicio de
validez, sino de corrección.
IMPUGNACIÓN
Las señoras Deyanira Eugenia Rodríguez Barguil y Nur Tatiana Rodríguez Barguil
impugnaron la sentencia de tutela, para lo cual adujeron que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, incurrió en el
desconocimiento del precedente contenido en la sentencia del 26 de abril de 2018,
radicado 17001-23-31-000-2010-00295-01 (2564-14), pues si bien en esa
oportunidad se negaron las súplicas de la demanda, lo cierto es que claramente se
indicó que aun cuando los esposos se hubieran divorciado cuatro meses antes del
fallecimiento de este, ello no puede servir para desconocer que durante 30 años
hicieron una vida en común, en la que se prestaron apoyo y socorro mutuo.
Adicionalmente, expusieron que la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, en la
Sentencia 38385 del 6 de septiembre de 2011 sostuvo que la disolución y liquidación
de la sociedad conyugal no cambian la titularidad del derecho a la sustitución
pensional.
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De otra parte, adujeron que la autoridad judicial accionada cometió errores
sustanciales y de derecho, al no tener por probada la convivencia de los cónyuges
Nur María Baguil y José Hernando Rodríguez Romero, a pesar de los testimonios e
interrogatorios de parte y de la prueba documental, por lo cual solicitaron revocar la
sentencia impugnada y, en su defecto, amparar los derechos fundamentales
vulnerados y concederles la prestación reclamada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: I) procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y II)
caso concreto.
I. Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU034/18,
estas se enlistaron así:
“(i) Que el asunto objeto de estudio tenga una clara y marcada relevancia
constitucional, lo que excluye que el juez constitucional se inmiscuya en
controversias cuya resolución corresponde a los jueces ordinarios, imponiéndole
entonces la carga de exponer los motivos por los cuales la cuestión trasciende a la
esfera constitucional, por estar comprometidos derechos fundamentales.
(ii) Que se hayan desplegado todos los mecanismos de defensa judicial, tanto
ordinarios como extraordinarios, de que disponía el solicitante, a menos que se
pretenda conjurar la consumación de un perjuicio irremediable a sus derechos
fundamentales; exigencia enfocada a evitar que la tutela sea utilizada para sustituir
el medio judicial ordinario.
(iii) Que la acción de tutela se haya interpuesto dentro de un término razonable y
proporcionado a partir del evento que generó la vulneración alegada, es decir, que
se cumpla con el requisito de inmediatez; con el fin de que no se sacrifiquen los
1 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
2 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que sustentan la certidumbre sobre
las decisiones de las autoridades judiciales.
(iv) Que si se trata de una irregularidad procesal, tenga una incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión a la cual se atribuye la violación.
Empero, de acuerdo con la sentencia C-591 de 2005, si la irregularidad constituye
una grave lesión de derechos fundamentales, la protección de los mismos se
genera independientemente del efecto sobre la decisión y, por lo tanto, hay lugar a
la anulación del juicio (v. gr. prueba ilícita susceptible de imputarse como crimen de
lesa humanidad).
(v) Que el solicitante identifique de forma razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, y que hubiere alegado tal circunstancia al
interior del proceso en donde se dictó la sentencia atacada.
(vi) Que la acción no se dirija en contra de sentencias de tutela, con el fin de que no
se prolonguen indefinidamente las controversias en torno a la protección de los
derechos fundamentales; máxime si tales fallos están sometidos a un riguroso
proceso de selección ante la Corte, que torna definitivas las providencias excluidas
de revisión.”
Ahora, en cuanto a los defectos en que podría incurrirse en una decisión judicial, la
Corte Constitucional identificó los siguientes:
“a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
“b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
“c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
“d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
“f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.
“g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
“h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
“i. Violación directa de la Constitución.”
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En ese orden de ideas, al juez de tutela le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se discuten providencias
judiciales y, de encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto que
habilite el amparo constitucional.
II. Caso concreto
Las señoras Deyanira Eugenia Rodríguez Barguil y Nur Tatiana Rodríguez Barguil,
quienes fueron vinculadas como terceras con interés a la presente acción,
interpusieron recurso de impugnación, porque, a su juicio, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, desconoció las sentencias del
26 de abril de 2018 proferida por el Consejo de Estado, radicado 17001-23-31-000-
2010-00295-01 (2564-14), y 38385 del 6 de septiembre de 2011 dictada por la Corte
Suprema de Justicia, Sala Laboral, y las pruebas obrantes en el expediente que
daban cuenta de la convivencia entre los cónyuges Nur María Baguil y José
Hernando Rodríguez Romero.
Sobre el particular, debe mencionarse, en primer lugar, que la acción de la
referencia fue instaurada por la señora Eva Narcisa Torres Urbanes, quien alega la
condición de compañera permanente del señor José Hernando Rodríguez Romero.
Para fundamentar la tutela, aquella sostuvo que en la sentencia del 14 de marzo de
2023 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F,
incurrió en los defectos sustantivo, fáctico y desconocimiento del precedente
judicial, en tanto no aplicó correctamente las normas que rigen la materia ni el
precedente aplicable y tampoco valoró adecuadamente las pruebas que daban
cuenta de la convivencia que tuvo con el causante durante los últimos 5 años
previos al fallecimiento de este.
Así mismo, resulta necesario precisar que las ahora impugnantes intervinieron en
esta tutela, en atención a la vinculación de los herederos de la señora Nur María
Baguil de Rodríguez que se ordenó en el auto admisorio del 5 de octubre de 2023,
la cual se realizó por el interés que les podía asistir en las resultas de esta acción,
debido a que su progenitora actuó, junto con la señora Eva Narcisa Torres Urbanes,
como demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, cuya
sentencia de segunda instancia se discute en esta sede, de conformidad con el
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artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
Sin embargo, es necesario aclarar que la vinculación de las señoras Deyanira
Eugenia Rodríguez Barguil y Nur Tatiana Rodríguez Barguil tiene como finalidad
que manifiesten su posición respecto de los argumentos expuestos en el escrito
inicial presentado por la señora Eva Narcisa Torres Urbanes.
En esa medida, aquellas únicamente podían exteriorizar su acuerdo o desacuerdo
con lo solicitado por la aquí accionante, esto es, con los defectos en que
presuntamente se incurrió en la sentencia aquí discutida y que implicaron el
desconocimiento del derecho que, a juicio de la aquí actora, le asistía al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, pero no plantear una nueva
discusión en torno a la convivencia de su progenitora con el causante, pues ese
aspecto no es el objeto de esta acción.
En ese orden de ideas, se observa que los únicos disensos señalados por las
señoras Deyanira Eugenia Rodríguez Barguil y Nur Tatiana Rodríguez Barguil giran
en torno a la acreditación de la convivencia entre la señora Nur María Baguil de
Rodríguez y el señor José Hernando Rodríguez Romero y no a lo discutido a través
de este mecanismo, esto es, al derecho que le asiste a la señora Eva Narcisa Torres
Urbanes al reconocimiento pensional.
Por consiguiente, y teniendo en cuenta que la actora no impugnó la sentencia de
primera instancia, en la que la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado negó el amparo deprecado, se confirmará esa decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Confirmar la sentencia del 27 de octubre de 2023 proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual negó
el amparo deprecado, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
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Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo
186 del CPACA.
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