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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05735-00

Fecha
30 de noviembre de 2023
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2023-05735-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Germán Guevara Ochoa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Declarar no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá. 3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2023-05735-00

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

30 de noviembre de 2023

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05735-00
Demandante:Germán Guevara Ochoa

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2023-05735-00
Demandante: GERMÁN GUEVARA OCHOA
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL

Temas: Tutela contra providencia judicial que, en sede jurisdiccional de
consulta, confirmó sanción disciplinaria. Principio de non bis in idem.
Grado jurisdiccional de consulta en procesos disciplinarios

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por Germán Guevara Ochoa contra la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 29 de septiembre de 2023, en ejercicio de la acción de tutela, el señor Germán
Guevara Ochoa pidió la protección de los derechos fundamentales a la igualdad y a la
vida digna.

La Sala entiende que el actor estima que la vulneración se presenta con ocasión de la
sentencia del 19 de julio de 2023, dictada en sede jurisdiccional de consulta por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en el proceso disciplinario No.
11001110200020190618901.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

Tutelar el debido proceso y el principio del NON BIS IN IDEM, obligando al Consejo Superior de la
Judicatura a suspender la decisión de suspensión del ejercicio profesional en mi caso, por cuanto la
decisión hizo tránsito a cosa juzgada y se cumplió la sanción dentro del año de notificación y ejecutoria
inicial.

Igualmente solicito, con todo comedimiento, aplicar el PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN
ANALÓGICA, respecto de los otros argumentos y pretensiones aludidos, en el presente asunto
constitucional.

3. Hechos

Del escrito de tutela y del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

El 18 de septiembre de 2019, se radicó ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
una compulsa de copias realizada por el Juzgado 14 Civil del Circuito de Bogotá contra
Germán Guevara Ochoa, por estar ejerciendo la profesión de abogado pese a haber sido
sancionado disciplinariamente con suspensión.

Mediante sentencia del 28 de marzo de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina
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Radicado: 11001-03-15-000-2023-05735-00
Demandante:Germán Guevara Ochoa

Judicial de Bogotá declaró disciplinariamente responsable al abogado Germán Guevara
Ochoa, por la infracción del deber de respetar y cumplir las disposiciones legales que
establecen incompatibilidades para el ejercicio de la profesión, contenido en el numeral
14 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la realización de la falta descrita en el artículo
39, en concordancia en el artículo 29 numeral 4º ibidem a título de dolo, y lo sancionó
con suspensión del ejercicio de la profesión por el término de 12 meses.

La anterior decisión no fue apelada. En consecuencia, se remitió a la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, a efecto de que se surtiera el grado jurisdiccional de consulta.

Por sentencia del 19 de julio de 2023, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
confirmó la sentencia de primera instancia.

El actor aduce que la anterior decisión le fue comunicada el 4 de septiembre de 2023.

4. Fundamentos de la acción de tutela

El señor German Guevara Ochoa alega que la sentencia del 19 de julio de 2023, dictada
por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, vulneró el principio de non bis in idem,
conforme con el cual no podía ser juzgado dos veces por los mismos hechos.

Lo anterior, por cuanto, a su juicio, la sentencia del 28 de marzo de 2022 una vez le fue
notificada hizo tránsito a cosa juzgada. En ese entendido, adujo que en la fecha en que
le fue comunicada, esto es el 3 de mayo de 2022, empezó a acatarla y que, por lo tanto,
la terminación de la sanción tuvo lugar el 2 de mayo de 2023.

Adujo que cuando recibió el comunicado de la providencia dictada por la Comisión
Nacional de Disciplina judicial lo interpretaba como una nueva imposición de la sanción
y que no entendía el motivo por el que quedaba “nuevamente supeditado a estar bajo la
supervisión de la autoridad disciplinaria”.

Finalmente, el actor relacionó sentencias dictadas por la Corte Constitucional
relacionadas con el principio del non bis in idem y de la protección al ejercicio de la
profesión u oficio.

5. Trámite procesal

Por auto del 6 de octubre de 2023, el Despacho sustanciador, inadmitió la demanda de
tutela y ordenó al demandante que la subsanara, en el siguiente sentido: (ii) exponer de
manera clara y concisa los hechos u omisiones que generan la vulneración o amenaza
de los derechos fundamentales invocados; (iii) a partir de lo anterior, señalar cuáles son,
en concreto, las pretensiones de la demanda de tutela, y (iv) de cuestionar decisiones
judiciales, debería aportarlas, identificarlas y sustentar la causal específica de
prosperidad de la tutela contra providencias judiciales.

El 18 de octubre de 2023, el demandante presentó escrito de subsanación que no
cumplió a cabalidad los puntos a subsanar. Sin embargo, el Despacho sustanciador, en
aras de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia, la admitió por
auto del 23 de octubre de 2023, en el que, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad
de demandados, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial y a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
En cumplimiento de las anteriores órdenes, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 25 de octubre
de 20231.

1 Índice 9 de Samai.

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Demandante:Germán Guevara Ochoa

6. Intervenciones

El magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó que se declarara
improcedente la solicitud de amparo, con fundamento en que el actor no justificó las
razones por las que estima que la sentencia que emitió esa comisión incurrió en alguna
causal específica de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales.

Que pareciera que el actor no ejerció realmente la acción de tutela contra esa Comisión,
porque no gozaba de ninguna competencia que le permitiera intervenir en el proceso de
ejecución de las sanciones disciplinarias impuestas a los abogados en ejercicio de la
profesión.

En ese sentido, explicó que la competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
se limitaba a ejercer la función jurisdiccional disciplinaria en los asuntos asignados por
el artículo 257A de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 112 numeral
4º de la Ley 270 de 1996 y el artículo 59 numeral 1º de la ley 1123 de 2007. Que, por lo
tanto, para el caso concreto, esa corporación solo resolvió el grado jurisdiccional de
consulta de la sentencia sancionatoria proferida por la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bogotá, “el cual opera como expresión de la soberanía, encaminado a revisar
oficiosamente la sentencia de primera instancia que no fue apelada, cuando es desfavorable a
los intereses del disciplinable”.

Indicó que las sentencias de esa Comisión que se pronuncien sobre la responsabilidad
disciplinaria de los abogados únicamente pueden confirmar o revocar la declaratoria de
responsabilidad y confirmar, revocar o modificar, si es el caso, la dosimetría de la sanción
impuesta, pero bajo ninguna circunstancia estarían investidas de facultades para la
ejecución de la sanción. Que, conforme con el artículo 47 del Código Disciplinario del
abogado, la ejecución corresponde a la oficina de Registro Nacional de Abogados.

Finalmente, manifestó que la interpretación del actor era abiertamente contraria a la ley,
en la medida en que suponía que la sanción comenzaba a regir de manera instantánea
luego de la notificación de la decisión de primera instancia.

El magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá solicitó la
desvinculación del presente trámite de tutela, con fundamento en que la providencia
acusada que emitió esa corporación respetó los derechos y garantías procesales de los
intervinientes y, además, obedeció a la justa valoración probatoria. Por los
razonamientos anteriores, también consideró que la acción de tutela era improcedente.

A pesar de haber sido notificado, el Consejo Superior de la judicatura no rindió informe
sobre los hechos que motivaron la interposición de la presente acción de tutela.

II. CONSIDERACIONES

1. Cuestión previa sobre la legitimación en la causa por pasiva

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1º del Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela procede contra cualquier autoridad y,
excepcionalmente, contra particulares (artículo 42 del Decreto 2591 de 1991).

La Corte Constitucional2 ha señalado que la legitimación en la causa por pasiva en sede
de tutela se refiere a la aptitud legal que tiene la persona contra la que se dirige la acción
de tutela y quien está llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental, cuando ésta resulte demostrada.

2 Ver sentencias T-373 de 2015 y T-172 de 2019.

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Demandante:Germán Guevara Ochoa

En el presente asunto, la parte actora endilga la presunta vulneración de derechos
fundamentales a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por la presunta imposición
de doble sanción por los mismos hechos dentro del proceso disciplinario No.
11001110200020190618901.

Ahora, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá solicitó la desvinculación
de la presente acción de tutela, con sustento en que la decisión que dictó dentro del
proceso disciplinario adelantado contra el actor no vulneró derechos fundamentales.

Al respecto, la Sala debe advertir que no es procedente la desvinculación Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, teniendo en cuenta que es la autoridad que
decidió en primera instancia el proceso disciplinario 11001110200020190618901. Por lo
tanto, se declarará no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva que alegó.

2. Problema jurídico y solución

Antes de plantear el problema jurídico, la Sala pone de presente que el actor no identificó
explícitamente el supuesto defecto en el que habría incurrido la sentencia que cuestiona.
Sin embargo, los argumentos que expuso sugieren que se trata de una presunta violación
directa de la Constitución Política, pues el actor alega el desconocimiento del principio
del non bis in idem, el cual está incluido entre las garantías del derecho fundamental al
debido proceso previsto en el artículo 29 de la Carta Política.

En consecuencia, corresponde a la Sala determinar si procede la acción de tutela
presentada por el señor German Guevara Ochoa para dejar sin efectos la sentencia del
19 de julio de 2023, dictada por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en el proceso
disciplinario No. 11001110200020190618901, por violación directa de la Constitución
Política, al presuntamente vulnerar el principio de non bis in idem.

La Sala anticipa que la providencia acusada no incurrió en violación directa de la
Constitución Política, pues la Comisión Nacional de Disciplina Judicial la dictó en el
marco del grado jurisdiccional de consulta, sin que constituya un nuevo juicio para el
procesado.

Para llegar a esas conclusiones, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción
de tutela contra providencias judiciales, (ii) verificación del cumplimiento de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, y (iii)
análisis del caso concreto.

3. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales3 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos4 o vicios de fondo que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

4. Verificación del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala comenzará por verificar si la acción de tutela promovida por el señor Germán

3 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y
que no se cuestione un fallo de tutela.
4 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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Demandante:Germán Guevara Ochoa

Guevara Ochoa cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencia judicial.

La relevancia constitucional del asunto se encuentra acreditada, toda vez que la Sala
debe determinar si la sentencia del 19 de julio de 2023, dictada por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, incurrió en violación directa de la Constitución Política por
desconocer el principio del non bis in idem, principio que es una manifestación de la
seguridad jurídica y una afirmación de la justicia material. Al respecto, la Corte
Constitucional ha precisado que, en virtud del principio del non bis in idem “cualquier
persona cuenta con la seguridad de que las decisiones definitivas que se han proferido en los
procesos tramitados en su contra, con miras a establecer su responsabilidad penal o disciplinaria,
realizan la justicia en cada caso particular e impiden que los mismos hechos puedan ser objeto
de posteriores debates”5.

Siendo así, el presente asunto tiene evidente relevancia constitucional, pues está
directamente relacionado con la seguridad jurídica, la justicia material y con el derecho
fundamental al debido proceso, reconocido en el artículo 29 de la Constitución Política.

La demanda de tutela también cumple con el requisito de inmediatez, porque la
sentencia objeto de tutela se profirió el 19 de julio de 2023 y la acción de tutela fue
presentada el 29 de septiembre de 2023, es decir, han transcurrido dos meses y 10 días,
esto es, dentro del término razonable establecido por la Sala Plena de esta Corporación6.

Además, cumple con el requisito de subsidiariedad, habida cuenta de que contra la
sentencia de segunda instancia dictada en sede jurisdiccional de consulta el proceso
disciplinario, no procede ningún recurso.

Así mismo, advierte la Sala que el actor identificó de manera razonable los hechos
que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, esto es, expuso de
manera clara que la vulneración de los derechos fundamentales invocados proviene del
supuesto desconocimiento del principio de non bis in idem.

Tampoco se cuestiona un fallo de tutela, pues, como se dijo, el actor cuestiona la
decisión de segunda instancia dictada en sede jurisdiccional de consulta en un proceso
disciplinario.

5. Análisis del caso concreto

En el presente asunto, el señor Germán Guevara Ochoa sostuvo que la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial vulneró el principio de non bis in idem, porque, a su juicio,
la sentencia del 19 de julio de 2023 impuso nuevamente la sanción de suspensión del
ejercicio profesional por 12 meses contenida en la sentencia del 28 marzo 2022, que,
según dijo, había acatado desde el momento en que le fue notificada (3 de mayo de
2022).

Para resolver, conviene precisar que el principio de non bis in idem hace parte de las
garantías del debido proceso previstas en el artículo 29 de la Constitución Política. En
virtud de este principio, nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho y, por lo
tanto, implica “la interdicción para las autoridades competentes de aplicar doble sanción por
unos mismos hechos en los casos en que adviertan identidad de sujetos, circunstancias fácticas
y fundamentos” (sentencia C-554 de 2001).

En esa misma sentencia, la Corte precisó que el principio de non bis in idem se hace
extensivo a todo el universo del derecho sancionatorio, del cual forman parte las
categorías de derecho penal delictivo, el derecho contravencional, el derecho

5 Ver sentencias T-537 de 2002, T-162 de 1998, T-575 de 1993 y C-870 de 2002.
6 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Exp. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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disciplinario, el derecho correccional, el derecho de punición por indignidad política y el
régimen jurídico especial ético – disciplinario aplicable a ciertos servidores públicos
(pérdida de investidura de los Congresistas).

La Ley 1123 de 2007, Código Disciplinario del Abogado, establece como uno de sus
principios rectores el non bis in idem y señala en su artículo 9º “los destinatarios del
presente código cuya situación se haya resuelto mediante sentencia ejecutoriada o decisión que
tenga la misma fuerza vinculante, proferidas por autoridad competente, no serán sometidos a
nueva investigación y juzgamiento disciplinarios por el mismo hecho, aun cuando a este se le dé
una denominación distinta”.

Ahora, en el caso concreto, para determinar si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
incurrió en violación directa de la Constitución Política al trasgredir el principio
fundamental del non bis in idem, la Sala se referirá a los antecedentes que interesan al
caso. Veamos.

En la sentencia del 28 de marzo de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
resolvió declarar disciplinariamente responsable al abogado Germán Guevara Ochoa,
por la injustificada infracción del deber de respetar y cumplir las disposiciones legales
que establecen las incompatibilidades para el ejercicio de la profesión contemplado en
el numeral 14 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, dando lugar con su conducta a la
realización de la falta contenida en el artículo 39 en concordancia con el artículo 29
numeral 4o del CDA, ilicitud consumada a título de dolo.

En consecuencia, sancionó al abogado Guevara Ochoa con suspensión del ejercicio
provisional por el término de 12 meses. Adicionalmente, en la sentencia se ordenó:

(…)

TERCERO: Una vez en firme esta sentencia, por secretaría infórmese lo pertinente a la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura
para que se proceda a la anotación de la sanción en el registro del profesional y se libre la circular
que informe a las autoridades judiciales sobre la sanción impuesta al abogado, allegándose copia
de la actuación pertinente.

De lo actuado para la ejecución del fallo, se allegará copia con destino a este proceso.

CUARTO: Atendiendo las previsiones del código disciplinario y lo dispuesto en el Decreto 806 de
2020, NOFÍFIQUESE el fallo a los sujetos procesales, advirtiéndoles que contra este procede el
recurso de apelación.

QUINTO. ORDENAR que, si esta sentencia no es impugnada, por la secretaría se remita la
actuación a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria Superior a efecto se surta el grado de
consulta, al tenor de lo previsto en el parágrafo 1º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 en
concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007. (Destaca la Sala)

La anterior decisión fue comunicada al actor mediante correo electrónico del 3 de mayo
de 2022.

La sentencia del 28 de marzo de 2022 no fue impugnada. En consecuencia, en
cumplimiento de lo ordenado en esa decisión, la secretaria de la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bogotá remitió el expediente a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial para que se surtiera el grado de consulta.

En sede jurisdiccional de consulta, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por
sentencia del 19 de julio de 2023, confirmó la sentencia del 28 de marzo de 2022 y,
adicionalmente, dispuso:

SEGUNDO: EFECTUAR las notificaciones judiciales a que haya lugar indicando que contra
esta decisión no procede recurso alguno. Para el efecto se debe enviar a los correos
electrónicos de las partes copia integral de la providencia notificada, en formato PDF no
6

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modificable. Se presumirá́ que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador
acuse recibo. En este caso se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una
impresión del mensaje de datos y del respectivo acuse de recibo certificado por el servidor de
la Secretaría Judicial.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, remítase copia a la oficina del Registro Nacional de
Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, fecha a partir de la cual la sanción
empezará a regir.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias a la Comisión Seccional de instancia,
para que imparta el trámite que corresponda.

A partir de lo anterior, la Sala advierte que el trámite que se impartió al proceso
disciplinario en el que fue sancionado el señor Guevara Ochoa, atendió lo previsto en el
artículo 208 de la Ley 734 de 20027, aplicable por remisión del artículo 168 de la ley 1123
de 2007, que dispone: “Consulta. Las sentencias u otras providencias que pongan fin de
manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos
Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas con el superior sólo en lo
desfavorable a los procesados”.

Además, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dictó la sentencia del 19 de julio en
ejercicio de las competencias constitucionales y legales que le fueron otorgadas. Así, el
inciso 5º del artículo 257A de la Constitución Política, prevé que esa comisión será la
encargada de “examinar la conducta y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su
profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esta función se atribuya por la ley a un
Colegio de Abogados”, en concordancia con esa norma, el numeral 4º del artículo 112 de
la Ley 270 de 1996 dispone que tendrá entre sus funciones “conocer de los recursos de
apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en
primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la
Judicatura”.9

Es importante señalar que la Consulta fue instituida como una de las manifestaciones de
la doble instancia que tiene por objeto garantizar los derechos fundamentales del
procesado. La Corte Constitucional, en sentencia C-153 de 199510, al referirse a la
institución procesal de la consulta, indicó que opera por ministerio de la ley y que, por
consiguiente, la providencia objeto de consulta solo queda ejecutoriada una vez sea
resuelta la consulta. En los siguientes términos lo consideró:

La consulta, a diferencia del recurso de apelación, es una institución procesal en virtud de la cual el
superior jerárquico del juez que ha dictado un providencia, en ejercicio de la competencia funcional
de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que
medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo
corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica
y el juzgamiento justo. La competencia funcional del superior que conoce de la consulta es
automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o
de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida.

La consulta opera por ministerio de la ley y, por consiguiente, la providencia respectiva no
queda ejecutoriada sin que previamente se surta aquélla. Por lo tanto, suple la inactividad de
la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por ésta el recurso de
apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose
de entidades públicas.

7 Vigente para la época de los hechos, teniendo en cuenta que la Ley 1952 de 2019 (que derogó la Ley 734 de 2022),

entró en vigencia hasta el 29 de marzo de 2022, esto es, el día siguiente en que se expidió la sentencia de primera
instancia en el caso concreto.
8 Artículo 16. Aplicación de principios e integración normativa. En la aplicación del régimen disciplinario prevalecerán

los principios rectores contenidos en la Constitución Política y en esta ley. En lo no previsto en este código se aplicarán
los tratados internacionales sobre Derechos Humanos y deontología de los abogados, y lo dispuesto en los Códigos
Disciplinario Único, Penal, de Procedimiento Penal y de Procedimiento Civil, en lo que no contravenga la naturaleza
del derecho disciplinario.
9 El artículo 19 parágrafo transitorio 1o del acto Legislativo No. 02 de 2015: «Parágrafo Transitorio 1°. (...) Una vez

posesionados [los Magistrados], la Comisión Nacional de Disciplina Judicial asumirá́ los procesos disciplinarios de la
Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura...».
1010 Reiterada en sentencia C-968 de 2003.

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Demandante:Germán Guevara Ochoa

La consulta se consagra en los estatutos procesales en favor o interés de una de las partes. No se
señalan en la Constitución los criterios que el legislador debe tener en cuenta para regularla; sin
embargo, ello no quiere decir que esté habilitado para dictar una reglamentación arbitraria, es decir,
utilizando una discrecionalidad sin límites, pues los derroteros que debe observar el legislador para
desarrollar la institución emanan, como ya se dijo, precisamente de la observancia y desarrollo de
los principios, valores y derechos consagrados en la Constitución. (Destaca la Sala).

Por su parte, el artículo 205 de la Ley 734 de 2002, señala que “la sentencia de única
instancia dictada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y
las que resuelvan los recursos de apelación, de queja, la consulta, y aquellas no susceptibles de
recurso, quedaran ejecutoriadas al momento de su suscripción”.

Lo anterior permite concluir que la sentencia del 28 de marzo de 2022, dictada por la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, no adquirió firmeza hasta tanto se
surtió la sede de consulta con la sentencia del 19 de julio de 2023, dictada por la
Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que quedó ejecutoriada al momento de su
suscripción.

Conforme con lo anterior, la decisión emitida por la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial no vulneró el principio del non bis in idem, pues no corresponde a un nuevo
juzgamiento al procesado. Se trata del mismo proceso disciplinario y obedece al ejercicio
de la competencia funcional de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para revisar
oficiosamente la sanción que le había sido impuesta en sede de primera instancia,
producto de lo cual, decidió confirmarla.

Ahora, es pertinente precisar que en procesos disciplinarios que se adelantan contra los
abogados, la fecha de ejecutoria de la sentencia o de notificación no determina el inicio
de la ejecución de la sanción impuesta. El artículo 47 de la Ley 1123 de 2007, prevé que
la sanción comienza a regir a partir de la anotación efectuada por la oficina de Registro
Nacional de Abogados. La norma dice:

Artículo 47. Ejecución y registro de la sanción. Notificada la sentencia de segunda instancia, la oficina
de Registro Nacional de Abogados anotará la sanción impuesta. Esta comenzará a regir a partir de la
fecha del registro.

Para tal efecto, la Secretaría Judicial de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la
Judicatura, luego de la referida notificación hará entrega inmediata de copia de la sentencia a la oficina
de registro.

Para el caso concreto, la Sala verificó en el Sistema de Información del Registro Nacional
de Abogados que el inicio de la sanción de suspensión al abogado Germán Guevara
Ochoa se registró con fecha de inicio el 7 de septiembre de 2023 y fecha fin el 6 de
septiembre de 2024.

No constituye una violación del principio de non bis in idem la decisión del actor de
suspender voluntariamente su ejercicio profesional una vez le fue notificada la decisión
de primera instancia, en lugar de esperar la ejecución de la sanción con el registro
correspondiente que realiza la oficina de Registro Nacional de Abogados. Mas bien,
podría sugerir un desconocimiento por parte del abogado del procedimiento disciplinario
establecido legalmente.

En este punto, conviene precisar que el actor no cuestionó alguna actuación por parte
del Registro Nacional de Abogados y tampoco demostró que, por ejemplo, la misma
sanción se hubiese registrado dos veces. De hecho, actualmente, en el Sistema de
Información del Registro Nacional de Abogados solo aparece registrada la sanción que
fue confirmada en la sentencia del 19 de julio de 2023, dictada por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial.

Las anteriores razones son suficientes para que la Sala deniegue el amparo solicitado
por el señor Germán Guevara Ochoa.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2023-05735-00
Demandante:Germán Guevara Ochoa

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

III. FALLA

1. Denegar las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Germán
Guevara Ochoa, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Declarar no probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

3. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

5. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de
su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN

9

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