Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05736-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2023-05736-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2023-05736-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
16 de noviembre de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2023-05736-00
Demandante: Roger David Alfaro Betín
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2023-05736-00
Demandante ROGER DAVID ALFARO BETÍN
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE, SALA SEGUNDA DE
DECISIÓN
Temas Tutela contra providencia judicial. Requisitos generales de
procedibilidad de la acción. La relevancia constitucional. Medio de
control de nulidad y restablecimiento. Sanción moratoria por
consignación tardía de las cesantías del artículo 99 de la Ley 50 de
1990 a docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por el señor Roger David Alfaro Betín, de conformidad con lo dispuesto
por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 28 de septiembre de 20231, el señor Roger David Alfaro Betín interpuso acción
de tutela, mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Sucre,
Sala Segunda de Decisión, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y al acceso a la administración
de justicia con la sentencia del 12 de julio de 2023 que revocó la decisión de primera
instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Nro.
70001-33-33-002-2022-00394-00/01. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia
proferida el día 19/7/2023 (sic), en el expediente rad. No.
70001333300220220039401, transgredió́ los derechos fundamentales: AL DEBIDO
PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE
AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD
SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS,
SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL
VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de
este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se
encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.
1 Samai, índice 2.
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2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales
que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de
octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante
diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como
fue solicitada en la demanda […]”
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En el año 2022, el señor Roger David Alfaro Betín presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG) y el Departamento de Sucre, con el fin de que se
declarara la nulidad del acto ficto configurado el día 20 de noviembre de 2021,
ante la falta de respuesta a una petición en la que se solicitó el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías y de
la indemnización por el pago tardío de los intereses de las mismas.
2.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Sincelejo conoció en
primera instancia el asunto, bajo el radicado Nro. 70001-33-33-002-2022-00394-
00. Mediante sentencia del 13 de diciembre de 2022, dicha autoridad judicial
concedió parcialmente las súplicas de la demanda, por considerar que “ La parte
demandante al haber ingresado como docente al Departamento de Sucre en el año 1998,
tiene derecho a que se le aplique la ley 50 de 1990, por tanto las cesantías causadas del año,
se consignaban a más tardar el 15 de febrero del año siguiente […]”, para finalmente
decidir que “no accederá a las pretensiones de la demanda referente a la indexación e
indemnización por el pago tardío del interés de cesantía, y accederá a la pretensión de la
sanción moratoria, por la no consignación oportuna de las cesantías de la parte demandante
antes del 15 de febrero de 2021, teniendo en cuenta que no se probó por parte de las entidades
demandada la consignación de la prestación […]”.
2.3. La anterior providencia fue apelada por parte del Departamento de Sucre.
Mediante sentencia del 12 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo de
Sucre, Sala Segunda de Decisión, revocó la decisión de primera instancia por
considerar que la sanción por mora por consignación tardía de las cesantías
no es aplicable para los docentes afiliados al FOMAG, pues estos tienen una
norma especial que regula la materia, que es la Ley 91 de 1989, y en ese
régimen no está contemplada dicha sanción, entre otras razones.
3. Fundamentos de la acción
3.1. La parte actora argumentó que se cumplieron los requisitos generales de
procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, incluyendo el de
relevancia constitucional, puesto que se pretende el amparo de derechos
fundamentales vulnerados ante la falta de reconocimiento de la sanción
moratoria y la protección de principios constitucionales como la seguridad
jurídica, la confianza legítima y la favorabilidad. Y agregó que “no se podrá
entender este recurso de amparo como una tercera instancia bajo ningún escenario, por
cuanto fue interpuesto, únicamente ante la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante”.
Seguido, argumentó que, al proferir la sentencia del 12 de julio de 2023, el
Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Segunda de Decisión, incurrió en
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violación directa de la Constitución, por el desconocimiento del artículo 53
constitucional, que consagra el principio de favorabilidad. Sobre ese punto,
mencionó que han existido otros casos en los cuales la Corte Constitucional
ha aplicado el régimen general a personas que están amparadas bajo un
régimen especial, sin que tal situación conlleve al desconocimiento del
principio de inescindibilidad. Es el caso de la aplicación de la norma sobre el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria de cesantías a los servidores
públicos por el pago tardío de las mismas en favor de los docentes del sector
oficial.
Luego manifestó que el Tribunal Administrativo de Sucre desconoció 22
sentencias del Consejo de Estado, en las cuales se establece que la Ley 50
de 1990 sí es aplicable a los docentes afiliados al FOMAG vinculados después
del 1 de enero de 1990 por disposición expresa de las Leyes 91 de 1989 y 344
de 1996 y los Decretos Nacionales 1582 de 1998, 1252 de 2000 y 3752 de
2003. Consecuentemente, sostuvo que de esas providencias se desprende la
obligación del Ministerio de Educación Nacional de consignar las cesantías a
dicho fondo a más tardar el 15 de febrero de cada año.
Por ende, manifestó que se pasaron por alto los principios de igualdad,
confianza legítima, seguridad jurídica y favorabilidad de los docentes, ante el
desconocimiento de tales decisiones judiciales, muchas proferidas entre el año
2021 y 2022 por la Sección Segunda del Consejo de Estado. Puntualmente,
se refirió a las siguientes sentencias proferidas por el Consejo de Estado,
Sección Segunda y respecto de algunas de estas efectuó una transcripción de
sus apartes:
N°. Fecha de la Providencia Expediente No. Magistrado (a) Ponente
1 SU del 6 de agosto de 2020 08001-23-33-000-2013-00666-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
2 Sentencia de 24 de enero de 2019 76001-23-31-000-2009-00867-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
3 Sentencia de 17 de junio de 2019 11001-03-15-000-2018- 04617-01 Nicolás Yepes Corrales
4 Sentencia de 28 de junio de 2019 11001-03-15-000-2018- 04679-01 Roberto Augusto Serrato Valdés
5 Sentencia de 29 de julio de 2019 11001-03-15-000-2018-03499-01 Nicolás Yepes Corrales
6 Sentencia de 2 de diciembre de 2019 08001-23-33-000-2014-00173-01 Rafael Francisco Suárez Vargas
7 Sentencia de 10 de junio de 2020 08001-23-33- 000-2014-00208-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
8 Sentencia de 22 de octubre de 2020 08001-23-31- 000-2014-00254-01 William Hernández Gómez
9 Sentencia de 12 de noviembre de 2020 08001-23-31- 000-2014-00132-01 William Hernández Gómez
10 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-31-000-2014-00815-01 Gabriel Valbuena Hernández
11 Sentencia de 17 de junio de 2021 08001-23-33- 000-2015-00331-01 César Palomino Cortés
12 Sentencia de 4 de noviembre de 2021 19001-23-33-000-2015-00445-02 William Hernández Gómez
13 Sentencia de 25 de noviembre de 2021 08001-23-33-000-2014-01127-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
14 Sentencia de 25 de noviembre de 2021 40001-23-40-000-2017-00134-01 William Hernández Gómez
15 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 08001-23-40-000-2015-90008-01 William Hernández Gómez
16 Sentencia de 11 de noviembre de 2021 08001-23-40-000-2014-90022-01 Gabriel Valbuena Hernández
17 Sentencia de 20 de enero de 2022 08001-23-33-000-2017-00931-01 Gabriel Valbuena Hernández
18 Sentencia de 3 de marzo de 2022 08001-23-33-000-2015-00075-01 William Hernández Gómez
19 Sentencia de 28 de abril de 2022 76001-23-33-000-2013-00756-01 Carmelo Perdomo Cuéter
20 Sentencia de 9 de mayo de 2022 08001-23-40-000-2017-00795-01 Rafael Francisco Suárez Vargas
21 Sentencia de 19 de mayo de 2022 47001-23-33-000-2019-00359-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
22 Sentencia de 1 de julio de 2022 47001-23-33-000-2019-00376-01 Sandra Liseth Ibarra Vélez
23 Sentencia de 22 de agosto de 2022 08001-23-33-000-015-00509-01 César Palomino Cortés
24 Sentencia de 22 de septiembre de 2022 08001-23-33-000-015-90124-01 César Palomino Cortés
25 Sentencia de 19 de enero de 2023 76001-23-31-000-2012-00212-02 William Hernández Gómez
26 Sentencia de 26 de enero 2023 47001-23-33-000-2018-00231-01 Rafael Francisco Suárez Vargas
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A su vez, aseveró que no se cumplen los requisitos establecidos para realizar
un cambio de jurisprudencia, pues lo único que se expresó es que existía
unidad de caja en el manejo de los recursos del FOMAG y que no existe
sentencia unificada, pese a la gran cantidad de sentencias expedidas por las
dos secciones que conforman la Sección Segunda del Consejo de Estado. Sin
embargo, la unidad de caja, sostuvo, solo implica que los recursos de salud
pueden utilizarse para pagar pensiones y cesantías de los docentes, pero no
desdibuja la obligación de consignación oportuna de las cesantías.
Igualmente, se refirió a las Sentencias de Unificación SU-098 de 2018, SU-
332 de 2019 y SU-041 de 2020, respecto de las cuales también efectuó una
transcripción de algunos de sus apartados.
Reconoció que, si bien en el pasado existían dos posiciones sobre la materia,
lo cierto es que después del estudio hecho en la Sentencia SU-098 de 2018 la
Corte Constitucional y el Consejo de Estado acogieron una interpretación
favorable, en el sentido de indicar que a los docentes oficiales sí les aplica la
Ley 50 de 1990 que castiga la falta de consignación oportuna de las cesantías.
Por ende, aseguró que es falso afirmar, como lo hacen las entidades
involucradas, que en la Sentencia SU-098 de 2018 se estudian supuestos
fácticos diferentes al presente.
Agregó que en el año 2006 jurisprudencialmente se argumentó que la
aplicación de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 y el régimen especial de los docentes contemplado en la Ley 91 de 1989
generaba una violación al principio de inescindibilidad. Sin embargo, aseguró
que tal principio no se transgrede, puesto que no se aplican de manera
fragmentada los contenidos normativos, de distintas fuentes, que más
favorecen al trabajador. Al contrario, el Consejo de Estado y la Corte
Constitucional han reconocido que existe un vacío normativo, dado que el
régimen de docentes no regula la figura de la sanción moratoria por la no
consignación de cesantías. Por esa razón, se debe acudir al régimen general,
es decir a la Ley 50 de 1990.
También, desestimó el argumento según el cual la sanción por mora
establecida en la Ley 50 de 1990 sólo opera para los docentes que no han sido
afiliados al FOMAG, mas no para aquellos que sí pertenecen a este. Al
respecto, la parte actora sostuvo que a partir del artículo 4 de la Ley 91 de
1989 los docentes vinculados con posterioridad al 1 de enero de 1990 serán
afiliados automáticamente al FOMAG, a fin de que el docente ya no reclamara
sus cesantías directamente a su patrono, sino a dicho fondo con los recursos
consignados por el empleador.
Finalmente, transcribió varias sentencias proferidas por tribunales y juzgados
administrativos del circuito en las que también se opta por el reconocimiento
de la sanción moratoria solicitada por la parte actora.
3.2. De otro lado, la parte actora expuso una serie de razones por las cuales
consideró que los docentes sí tienen derecho a la consignación oportuna de
cesantías y, consecuentemente, a la sanción moratoria cuando esta se realiza
extemporáneamente.
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Al respecto, efectuó un recuento normativo sobre la regulación de las
cesantías para docentes y sus distintos regímenes, en el cual incluyó la Ley 6
de 1945, el Decreto Ley 3118 de 1968, la Ley 91 de 1989 y la Ley 50 de 1990.
Con base es en este, afirmó que el Gobierno Nacional, las entidades
territoriales, las Cajas Departamentales y Nacionales de Previsión, el Fondo
Nacional del Ahorro y el Ministerio de Educación tienen la obligación de
consignar las cesantías al FOMAG antes del 15 de febrero de 2021,
independientemente de si trata de docentes vinculados antes del 31 de
diciembre de 1980, docentes nacionales pertenecientes al régimen anualizado
de cesantías desde 1968 o docentes vinculados después de 1990.
Seguido, aseguró que no existe ningún régimen especial de las cesantías para
docentes, puesto que “las cesantías anualizadas de los maestros oficiales, se liquidan de
la misma forma, como se liquidan a los a los empleados públicos y privados del país, la única
diferencia radica en los intereses a las cesantías, los cuales, se les cancela liquidando el DTF
sobre el saldo acumulado (…) pero esta es una situación no es una circunstancia novedosa
como lo quiere hacer ver la entidad demandada y la sentencia hoy en reproche, PUES ESTOS
INTERESES A LAS CESANTÍAS, YA SE LES PAGABA A LOS DOCENTES NACIONALES
DESDE 1968”.
Indicó que el supuesto régimen especial es inexistente, puesto que la Ley 91
de 1989 asignó la competencia de la consignación de los recursos al FOMAG
y las cuantías. Y sostuvo que el presunto régimen especial de docentes no es
más favorable, pues la liquidación de intereses es menor que la de los demás
servidores públicos.
Afirmó que el propósito del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, según el cual: “Los
docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para efectos de las
prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes aplicables a los
empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de
1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley” era dar
un tratamiento igualitario tanto a los maestros que ya eran nacionales afiliados
al Fondo Nacional del Ahorro.
En esa medida, sostuvo que a los docentes le son aplicables los Decretos
Nacionales 3118 de 1968, 3135 de 1968, 1848 de 1969, 1042 de 1978 y 1045
de 1978 y las demás normas expedidas con posterioridad, es decir la Ley 50
de 1990 y la Ley 344 de 1996, que consagran la obligación del patrono de
consignar las cesantías a los docentes oficiales en el FOMAG a más tardar el
15 de febrero de cada anualidad.
Reprochó que el FOMAG y la Fiduciaria La Previsora hayan asumido la
postura de que no existe obligación de consignar las cesantías antes del 15
de febrero de cada anualidad, solo para favorecer los intereses del Ministerio
de Educación Nacional.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto del 9 de octubre de 2023, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Roger David Alfaro Betín contra el Tribunal
Administrativo de Sucre; se ordenó vincular en calidad de terceros a la Nación,
Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), al Departamento de Sucre y al Juzgado Segundo
Administrativo de Sincelejo; se reconoció al abogado Yobany Alberto López
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Quintero como apoderado judicial de la parte demandante; y se dispuso
efectuar las notificaciones correspondientes.
4.2. El Ministerio de Educación Nacional2, realizó un análisis sobre los requisitos
generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial, indicó que era evidente que el accionante pretende que el
juez constitucional realice una nueva revisión del problema jurídico que ya fue
resuelto por el juez natural, por lo que intenta revivir un debate ya zanjado.
Precisó que la tutela en estudio no cumple con el requisito de la relevancia
constitucional y que además no hubo vulneración alguna de los derechos
fundamentales de la accionante; asimismo, señaló que el caso sub examine
no guarda identidad fáctica con la sentencia SU-098 de 2018, por lo cual no
debe ser vinculante.
En consecuencia, solicitó que se declare la improcedencia de la presente
acción constitucional.
4.3. El Tribunal Administrativo de Sucre3, adjuntó un cuadro en el que referenció
procesos similares al que hoy se estudia con la finalidad de rendir un informe
conjunto.
Señaló que al momento de dictar sentencia de segunda instancia en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho no existía un precedente o una
sentencia de unificación que obligara a los tribunales y juzgados a aplicar por
favorabilidad la sanción moratoria de que trata el artículo 99 de la Ley 50 de
1990 a los docentes afiliados al FOMAG.
Añadió que la situación fáctica del actor es diferente a la analizada en la
sentencia SU-098 de 2018 y a las sentencias del Consejo de Estado en las
que por favorabilidad se ha aplicado a los docentes la Ley 50 de 1990.
Precisó que la decisión cuestionada se fundó en un análisis de las pruebas
obrantes en el expediente y del régimen especial de cesantías de los docentes
afiliados al FOMAG, lo cual permitió llegar a la conclusión, en el ejercicio de la
autonomía judicial, que la sanción moratoria derivada de la no consignación
de las cesantías antes del 15 de febrero del año siguiente, no le era aplicable
al actor.
Finalmente consideró que debe declararse improcedente esta acción al
carecer de relevancia constitucional, pues el señor Roger David Alfaro Betín
pretende utilizarla como una tercera instancia.
4.4. La Fiduprevisora S.A.4 señaló que, de conformidad con el Decreto 1582 de
1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de
1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de
las cesantías. Sin embargo, aseveró que las cesantías de los docentes no se
administran en cuentas individuales, ya que esa modalidad de administración
corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías
creadas por la Ley 50 de 1990, dentro de las cuales no está el FOMAG. Este
2 Samai, índice 10.
3 Samai, índice 11.
4 Samai, índice 12.
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último, por el contrario, se creó mediante la Ley 91 de 1989 y se rige bajo el
principio de unidad de caja.
Explicó que en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes. Por
ende, “anualmente se realiza la actividad operativa de la liquidación de las cesantías,
ya que los recursos están inmersos en el FOMAG antes del 1 de febrero de cada
vigencia, bajo el principio de unidad de caja”. E indicó que la liquidación anual de
cesantías se comprueba con los comunicados que emite dirigidos a las
diferentes secretarías de educación certificadas y a los encargados de las
oficinas de prestaciones económicas de las entidades territoriales, sobre la
fecha de entrega del reporte de cesantías para pago de intereses en la primera
nómina de cada vigencia.
En consecuencia, aseveró que es imposible jurídicamente crear cuentas
individuales para cada uno de los afiliados del FOMAG, en virtud del principio
de unidad de caja y, en consecuencia, no es posible aplicar la figura de
“consignación de cesantías” pues los docentes tienen la posibilidad de retirar
sus cesantías cuando cumplan los requisitos establecidos para tal efecto. Por
lo tanto, no puede aplicarse la sanción moratoria establecida en el artículo 99
de la Ley 50 de 1990, pues esa figura se consagró para los eventos en que se
da consignación tardía en las cuentas individuales; lo cual no ocurre en el caso
de los docentes.
De otra parte, señaló que la decisión judicial cuestionada no desconoce el
precedente judicial, puntualmente la Sentencia SU-098 de la Corte
Constitucional, puesto que en ese caso la sanción moratoria reclamada
devenía del hecho de que el municipio de Cali no realizó la afiliación del
docente al FOMAG y, consecuentemente, tampoco efectuó el pago de las
cesantías.
En cambio, lo solicitado por la tutelante es la sanción moratoria por la
consignación extemporánea de sus cesantías en los plazos establecidos en la
Ley 50 de 1990 e indemnización por pago inoportuno de los intereses, frente
a lo cual, reiteró “es imposible que se cause una demora respecto de un hecho que la
administración no puede ejecutar en el régimen especial de los docentes, ya que resulta
imposible realizar una consignación ante la ausencia de cuentas individuales por cada
afiliado”.
Finalmente, aseveró que no se vulneraron los derechos fundamentales del
accionante, ya que la decisión judicial cuestionada aplicó los precedentes
judiciales vinculantes para la decisión adoptada. Por lo expuesto, solicitó su
desvinculación del trámite de la acción de tutela y la declaratoria de
improcedencia de esta.
4.5. El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo5, allegó copia del
expediente ordinario.
4.6. El Departamento de Sucre, a pesar de haber sido notificado en debida
forma6, guardó silencio.
5 Samai, índice 9.
6 Samai, índice 8.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencia judicial
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por ello, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción de
tutela interpuesta por el señor Roger David Alfaro Betín cumple a cabalidad con los
requisitos generales de procedibilidad, particularmente el de la relevancia
constitucional.
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
8 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que
el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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En caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia del 12
de julio de 2023, en el marco del medio de control tramitado bajo el radicado Nro.
70001-33-33-002-2022-00394-00/01, el Tribunal Administrativo de Sucre, Sala
Segunda de Decisión, incurrió en defecto sustantivo, desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución Política.
4. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Y aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que
son de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
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La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural11.
5. Análisis del caso
5.1. Con fundamento en lo expuesto previamente, la Sala considera que en el caso
no se satisface el requisito de relevancia constitucional, puesto que el asunto
versa sobre una discusión de carácter legal y económico.
En un caso con idéntica situación fáctica y jurídica, puntualmente en la
Sentencia SU-573 de 2019, la Corte Constitucional concluyó que la acción de
tutela carecía de relevancia constitucional, por las siguientes razones:
(i) El asunto propuesto versaba sobre una cuestión meramente legal, que no
impactaba la garantía de derechos fundamentales, sino patrimoniales,
pues se proponía que el juez de tutela determinara si a las cesantías
anualizadas de los docentes les resulta aplicable la Ley 91 de 1989 y el Decreto
1831 de 2005 o la Ley 50 de 1990, Ley 344 de 1996 y Decreto 1582 de 1998;
asunto que conlleva a establecer aspectos legales acerca de la calidad de la
vinculación de los docentes (territoriales, nacionales o nacionalizados) y sobre
el fondo administrador de cesantías en que debe efectuarse la afiliación para
que se cause la penalidad por no consignación oportuna de la prestación social.
Que, además, los argumentos buscaban «realizar el análisis de corrección de
la sentencia y, en consecuencia, identificar cuál es la interpretación que los
jueces de la jurisdicción contencioso administrativo deben acoger acerca del
alcance del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y de la Ley 344 de 1996,
reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, en cuanto al reconocimiento de una
penalidad por no consignación oportuna de las cesantías en el régimen
docente».
(ii) La discusión propuesta no involucraba la protección de derechos fundamentales
y la anomalía procesal alegada (presunto desconocimiento del precedente y del
principio de favorabilidad laboral) no era determinante ni tenía un efecto decisivo
en las sentencias cuestionadas y tampoco conllevaba a la afectación de un
derecho fundamental, por cuanto «las decisiones impugnadas en sede de tutela
no constituyen “desvíos del juez ordinario” ni decisiones carentes de motivación
y no dan cuenta prima facie de la inaplicación de una prerrogativa de carácter
constitucional».
(iii) Los demandantes pretendían reabrir la controversia legal resuelta tras obtener
una respuesta desfavorable a sus intereses, toda vez que los demandantes
acudían a la tutela bajo la supuesta configuración de dos defectos específicos
con el fin de que el juez constitucional accediera a las mismas pretensiones
incoadas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
La Sala considera que la tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, debido a que el asunto no trasciende el plano meramente legal;
y a que, de fondo, lo pretendido se limita a un móvil económico que no está
11 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
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directamente relacionado con la vulneración de derechos fundamentales.
Justamente, así lo reconoció la Corte Constitucional en la Sentencia SU-573
de 2019 al considerar que una de las razones por las que no se satisface el
requisito de relevancia constitucional es porque lo debatido no es más que una
cuestión meramente legal, que no impacta la garantía de derechos
fundamentales, sino patrimoniales.
5.2. De otra parte, aunque en el escrito de tutela la parte actora invocó la sentencia
de 19 de enero de 2023 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del
Consejo de Estado, como precedente para tener en cuenta, debe decirse que
tal decisión no constituye un precedente vinculante en el presente asunto,
como quiera que no comparte identidad fáctica ni jurídica con el asunto que
ocupa la atención de la Sala.
En la sentencia invocada como precedente, la Sección Segunda, Subsección
A del Consejo de Estado12 resolvió una controversia en la que se solicitaba el
reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de
2006, equivalente a un día de salario por cada día de retardo, contados a partir
del día siguiente al vencimiento de los setenta días hábiles cursados desde el
momento en que se radicó la solicitud de las cesantías parciales ante la
entidad demandada y hasta cuando se hizo efectivo el pago de la misma;
mientras que en el presente asunto la discusión gira en torno a la sanción
moratoria por consignación tardía de cesantías, prevista en el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990.
La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que13, “…un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con
el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso
pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso
del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado,
constituye la pretensión del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido
cambiada o ha evolucionado en una distinta o más específica que modifique algún
supuesto de hecho para su aplicación”.
5.3. Dicho lo anterior, se recuerda que cuando se controvierten decisiones
judiciales, la procedencia del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal
relevancia en materia constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo
una vulneración grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que, al cuestionar una decisión proferida
por un juez, mediante la acción de tutela, automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional, puesto que el asunto versa sobre una discusión de
carácter legal y económico
12 Expediente Nro. 73001-23-33-000-2018-00241-01 (1740-2021).
13 Corte Constitucional. SU-573 de 2017.
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En ese orden de ideas, se declarará la improcedencia de la acción de tutela
interpuesta por el señor Roger David Alfaro Betín por no cumplir a cabalidad con los
requisitos generales de procedibilidad de este mecanismo contra providencias
judiciales, concretamente el de relevancia constitucional.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Roger
David Alfaro Betín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. De no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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